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Es muy conocida, y repetida, la frase lapidaria con la que Niceto Alcalá Zamora resumió en un debate parlamentario, en diciembre de 1918, la intrínseca contradicción que anidaba en el planteamiento político del nacionalismo catalán. «No se puede ser a la vez Bolívar en Cataluña y Bismarck en España». El historiador Borja de Riquer señaló lo exagerado de aquella frase en ese momento inicial, cuando el regionalista Cambó en modo alguno aspiraba a la independencia. Sin embargo, fue el propio Cambó quien le dio verdadera entidad al reconocer en sus memorias lo certero de la crítica, «fue una estocada personal de gran efecto… que en el fondo expresaba una gran verdad». En todo caso, como el mismo Riquer destaca, es posible que Alcalá Zamora acertase de lleno cuando apuntó en otra ocasión que «hegemonía y autonomía son dos cosas absolutamente incompatibles». Es más bien el intento imposible de avanzar sobre esta contradicción el que ha guiado los pasos del llamado nacionalismo moderado catalán a lo largo de las últimas décadas hasta llevarlo al borde de su extinción.

Con otros matices, pero con gran claridad, exponía la misma idea Josep Tarradellas en sus memorias, publicadas al comienzo de los años noventa: «Los catalanes no renunciaremos nunca a nuestros derechos, nuestras instituciones y libertades. Y no renunciaremos a ellos dentro de España. La primera aspiración abarca el programa que se ha dado en llamar para Cataluña. La segunda nos impone la labor que ha de hacerse desde Cataluña. Son los dos movimientos pendulares de nuestra vida secular». Y pocas líneas después, como previendo el panorama actual, afirmaba: «Nuestra dramática trayectoria exige unos temperamentos políticos que hayan renunciado a la frivolidad y al arribismo, atentos al doble movimiento de nuestra vida nacional, y muy rigurosos en combatir los entorpecimientos que podrían llevarnos a la atonía o a la disonancia estridente con España».

El intento más acabado para integrar de manera coherente esta compleja dualidad lo ha encarnado en nuestra historia reciente Miquel Roca i Junyent. Al calor del debate sobre la muy conocida Ley de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), aprobada en julio 1982 con el impulso de la mayoría gubernamental de UCD y el apoyo del partido socialista, publicó Roca un libro revelador para comprender bien sus postulados de entonces: ¿Por qué no? Una propuesta catalana para la modernización del Estado. La obra fue prologada por Jordi Pujol, que incluyó entre sus reflexiones esta frase crucial: «Ser catalán es nuestro modo y nuestro camino para ser españoles». Europeísmo, atlantismo, economía de mercado y sociedad del bienestar podrían ser el resumen de la propuesta de Roca para toda España, un enfoque propio de cualquier partido de centroderecha occidental. El reto, hoy plenamente alcanzado, parecía realmente ambicioso cuando nuestra democracia apenas daba sus primeros pasos; el nacionalismo catalán se ofrecía así como un instrumento modernizador y reformista. La idea era muy clara, la solución del problema catalán pasaba por la modernización «del Estado» español. Y la articulación práctica de ese proyecto político no se hizo esperar, el Partido Reformista Democrático nació en 1985 para defender en toda España ese programa reformista.

Ese paso decidido hacia la participación activa en la política española dio evidentes réditos electorales un año más tarde en Cataluña aunque, sin embargo, el Partido Reformista Democrático cosechó un rotundo fracaso en el resto de España. La dificultad quedaba manifiesta: la constante reclamación de mayor autonomía era incompatible con la hegemonía en un proyecto nítidamente español. Pero la otra cara del resultado también parecía clara: el electorado nacionalista catalán valoraba que sus votos pudiesen resultar útiles para configurar la marcha del conjunto del Estado. Lo cierto es que la coalición de Convergencia i Unió (CiU) aproximó significativamente sus cifras a las del partido socialista, que le había más que doblado en votos y escaños apenas cuatro años antes. En su primera comparecencia pública para analizar los resultados obtenidos en las elecciones generales de 1986 Pujol afirmó refiriéndose a su propósito de ganar a los socialistas: «Invertir los resultados era difícil, pero ha quedado claro que estamos ya en un plano de igualdad. Nos falta un empujón, que intentaremos dar en los próximos cuatro años». Lo que el nacionalismos catalán no quiso o no supo entender entonces es que ese gran salto en el respaldo popular lo había obtenido, precisamente, por presentarse ante su electorado como una fuerza con proyección en el conjunto de España, por saber hacer compatibles la legítima defensa de los intereses propios con la búsqueda del interés general. Su nuevo peso en las Cortes resultó decisivo a partir de ese momento para orientar la política española y su discurso político fue dialécticamente muy eficaz durante años a la hora de presentarse como una coalición pragmática, moderada y con sentido del Estado.

En no mucho tiempo, frente a una España vetusta y anquilosada fue abriéndose paso otra moderna y reformista. La entrada en el euro (1999) supuso la plena culminación de la vocación europeísta de la España democrática; la integración en la estructura militar de la OTAN (1997), con el respaldo prácticamente unánime de las Cortes Generales, significó el abandono definitivo de cualquier tentación aislacionista o neutralista; el despliegue del Estado del bienestar con el respaldo de una economía en crecimiento nos colocó al mismo nivel de nuestros más admirados vecinos del norte. Los avances para Cataluña también fueron muy notables, tanto en términos de autogobierno como de mejora de la situación económica general. Por destacar un tema que ocupa un lugar central en el debate actual, el modelo de financiación autonómico resultó profundamente transformado por los acuerdos de 1997 y 2001, claramente orientados por las demandas expresadas en los años anteriores por los dirigentes nacionalistas de la Generalitat.

La paradoja es que ese nuevo protagonismo en la política española corrió en paralelo a la pérdida de su espacio electoral en Cataluña. Los gobiernos minoritarios de 1993, con Felipe González al frente, y de 1996, con José María Aznar, dieron una posición central a los escaños de CiU que, sin duda, la coalición no supo poner en valor ante su electorado. Mientras en España salía adelante una gran agenda reformista, en Cataluña los socialistas se arrimaban a Esquerra Republicana buscando aislar la posición de los convergentes, y estos no supieron reaccionar. Los nacionalistas, enfrentados a su más íntima contradicción, se dejaron arrastrar por el discurso de sus adversarios; abandonaron sin orden ni argumentos convincentes las posiciones que habían venido manteniendo durante los años anteriores, renunciaron a la defensa de los muchos logros en cuya consecución habían trabajado durante años. De la exaltación de las virtudes del modelo de financiación pactado en 2001 se pasó a su posterior crítica feroz. De manera más confusa aún, la defensa del Estatuto de 1979 se tornó en solicitud de su derogación, tomando como base un discurso ajeno visiblemente forzados por su propia debilidad. Convergencia adoptó desde los primeros años de este siglo una estrategia contradictoria inevitablemente abocada al fracaso. Asumió como propias las críticas que, en realidad, impugnaban los éxitos alcanzados con su participación y esfuerzo. Esa autoenmienda a la totalidad acabó de la única manera posible, legitimando el discurso de sus adversarios en detrimento de su propia identidad política.

Los resultados saltan a la vista. De los 70 escaños mantenidos en el parlamento de Cataluña hasta 1995, pasaron a 46 en 2003. De los 15/16 escaños que CiU mantuvo en el Congreso de los Diputados entre 1986 y 2000, solo le quedaron 10 en 2004. El PSC les duplicó de nuevo en votos y escaños en unas generales, mientras el PP se aproximó a sus resultados como nunca antes lo había hecho; ERC pasó de uno a ocho escaños. En diciembre de 2003 perdieron el gobierno de la Generalitat tras veintitrés años con Pujol como presidente. Nadie, entre los suyos, fue capaz de atribuirle ninguna responsabilidad por el deterioro progresivo de su posición política.

El análisis que la coalición nacionalista hizo sobre lo ocurrido no pudo ser más equivocado. No supieron aparecer como protagonistas de la entrada en el euro, de la desaparición del servicio militar, de la reforma fiscal ni de los netos avances obtenidos en el autogobierno y su financiación. Bien al contrario, optaron por distanciarse con aspavientos del Partido Popular con el que habían pactado todo, en el parlamento de Cataluña y en las Cortes Generales. Durante los años anteriores, Pujol había vetado la incorporación de ministros nacionalistas al Gobierno de la nación. Roca o Durán Lleida pudieron haber sido magníficos ministros que, al margen de sus concretas tareas, hubieran dado cuerpo a esa voluntad declarada de construir Cataluña haciendo una España mejor.

En febrero de 1991 se publicó en las páginas de esta revista una larga entrevista con Jordi Pujol. Antonio Fontán le formuló una pregunta directa sobre la disposición, la preparación, la vocación de CiU para participar en el futuro en un gobierno español. La respuesta no tuvo matices: «Lo de participar en el Gobierno, siempre. Esto lo digo con toda rotundidad que sí» (sic). Posiblemente no fue sincero, y tan solo buscó una respuesta del gusto de su insigne interlocutor. Tampoco fue jamás claro su respaldo a la «operación reformista» de Roca, con la que siempre fue reticente. Tal vez fueran consideraciones de tipo personal —el temor a verse eclipsado por una figura convergente con gran proyección nacional— o tal vez valoraciones políticas —el temor a que esa proyección debilitase el componente nacionalista de su formación política y abriera el paso a otras más nítidamente independentistas—. Tal vez fue el agotamiento derivado del paso del tiempo y de su dilatado ejercicio del poder lo que le hizo cambiar tan profundamente de discurso. Lo cierto es que Pujol escogió protagonizar su declive electoral antes que arriesgarse en actualizar el discurso nacionalista y hacerlo coherente con la España moderna del siglo XXI. En definitiva, escogió legitimar el antiguo discurso independentista antes que pelear por la reivindicación del catalanismo moderno e integrador del que se hizo gala en los primeros pasos de la democracia. Y, aunque no sea lo más importante, en el camino destruyó los fundamentos del partido político que unas décadas antes había creado.

Los veintitrés años de pujolismo tan solo han servido a la postre para construir un relato y un sentimiento catalanes por contraste y oposición al resto de los españoles. Hacerlo de otra manera hubiese exigido una actualización del discurso nacionalista, para la que hubo oportunidad pero faltó voluntad o inteligencia. Agotado u olvidado el discurso «para España», solo resta ya el más puro localismo. En la naturaleza de ese nacionalismo primitivo está la necesidad de hacer coincidir, en algún momento, nación y estado, y a ese objetivo ha terminado supeditándose todo lo demás. Por eso no puede sorprender ahora su rápida evolución hacia posiciones soberanistas o independentistas.

El actual presidente de la Generalitat, en su discurso de investidura de 2010, lo planteó con toda claridad: «En esa transición nacional que queremos ahora hacer en Cataluña, hacia la consolidación del derecho a decidir, hay una primera etapa que es el pacto fiscal catalán». Es decir, ya no estamos hablando de mejorar la financiación, lo que se reclama es el apoyo para cubrir una última etapa antes de llegar al destino final perseguido, la independencia. Una confesión que debe ser creída y tomada en consideración, y que por sí misma cierra el paso a cualquier colaboración o acuerdo. Pujol ha actualizado también su discurso: los catalanes serán en el futuro residuales o independientes, afirma ahora. Puesto que ya han quedado rotos los puentes entre Cataluña y España, solo queda luchar por la segregación, ese es hoy el único argumento. Da lo mismo que ese paso vaya contra la marcha de los tiempos, que en la Europa de la integración resulte anacrónico un movimiento de secesión. Tampoco importan los costes sociales o económicos que esa ruta pueda suponer, la utopía nacionalista se sobrepone cualquier realidad que se le oponga. Arrumbado Bismarck solo queda espacio para Bolívar.

El camino tomado no tiene vuelta atrás, al menos para sus protagonistas. Se confunden quienes creen que es posible reconstruir el acuerdo con los que lo han dinamitado. No hay margen para el diálogo cuando la discrepancia se proyecta sobre la esencia del acuerdo que define un marco de convivencia. No es posible, sobre todo, cuando desde el plano de las ideas se pasa a la concreta deslealtad institucional. La «minoría catalana» que con su trabajo y sus votos avaló la Constitución española de 1978 y el Estatuto de 1979, y que con ellos asumió la soberanía del pueblo español y la indisoluble unidad de la nación española, lamentablemente ya no existe. En política, las palabras y los hechos cuentan; el cinismo no tiene un hueco en la historia. No tienen retorno ante su propio electorado tras haber cruzado ampliamente la línea de la prudencia y de la templanza hasta situarse en la «disonancia estridente con España», volviendo a las palabras de Tarradellas. Ni el electorado catalán, ni el resto de los españoles, pueden esperar que les saquen de la encrucijada los mismos que les han conducido al borde del abismo. No sería creíble. Sin duda alguna, en los próximos tiempos veremos a una minoría radical correr hacia el desastre, no perdamos un minuto tampoco en tratar de convencerles.

Lo que ahora se reclama es una alternativa, nuevas caras y discursos que sepan retomar la mejor tradición catalanista, la que aspira a trabajar por una España mejor para así construir la Cataluña anhelada. Un catalanismo que comprenda y asuma que España es un espacio de convivencia, de igualdad, de libertades y de pluralismo político, absolutamente respetuoso con la diferencia y la singularidad. Que entienda que nuestro proyecto común apunta hacia una mayor integración europea, el reforzamiento del vínculo trasatlántico y una presencia determinante en el Mediterráneo, y que todo eso solo es posible desde la fortaleza que trae consigo la unidad interna. Un catalanismo político al que no haya que recordarle la importancia de los pactos, de las normas y de las instituciones. Los «ciudadanos de Cataluña»  aquella afortunada expresión utilizada por Tarradellas desde el balcón de la Generalitat— deben apartar cuanto antes de su camino a esos irresponsables que, movidos tanto por la ensoñación como por el interés más particular, han puesto en riesgo el futuro de tantos. _


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