Gabriel Elorriaga Pisarik

Hablar de desigualdad y de pobreza en España es lo mismo que hablar del paro, de sus causas y de sus remedios.

Durante 2015 España afronta cuatro citas con las urnas. El nuevo marco político exige una reflexión equilibrada. Consciente de su compromiso con la actualidad, Nueva Revista ofrece una interpretación del resultado de los comicios andaluces, ponderando sus implicaciones en las próximas campañas y eventos electorales.

Como actores importantes de la política, los partidos nacionalistas pueden cumplir también un relevante papel estatal. Por el contrario, el autor del artículo, diputado del Congreso español, muestra en este recorrido por el nacionalismo, que los partidos catalanes se han deslizado por la senda de construir una identidad en contraste con el resto de los españoles.

Artículo sobre la necesidad de los gobiernos intermedios que supla las mayores carencias de nuestro modelo de organización territorial.

En las elecciones municipales existen multitud de factores que no tienen tanta relevancia en consultas electorales a gran escala. Sin embargo, ello no impide ensayar una segunda lectura de los resultados electorales ni reflexionar sobre su significado nacional.

En los próximos meses cobrará relevancia el debate sobre la posibilidad de sustituir la actual Ley de la Ciencia, vigente desde 1986, por un nuevo texto en el que al parecer ya se está trabajando. Gabriel Elorriaga, portavoz del grupo parlamentario popular en la Comisión de Ciencia e Innovación, y el catedrático César Nombela nos explican en profundidad las claves de este cambio y algunas cuestiones que debería contemplar la nueva ley.

El pasado 10 de septiembre, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la creación de una comisión para el estudio de una posible modificación de nuestro sistema electoral. Cristalizaba así en el Parlamento un debate antiguo que, en realidad, engloba varios temas y que parte de perspectivas parcialmente distintas para unas y otras fuerzas políticas.Desde el arranque de nuestro actual sistema democrático, el ejercicio del voto por parte de los ciudadanos españoles residentes en el extranjero ha planteado diversos problemas técnicos. Algunos cambios normativos y diversas instrucciones de la Junta Electoral no han podido superar completamente los retos que plantea la correcta confección del censo electoral de estos compatriotas, ni las dificultades existentes para el adecuado control de la recepción y el traslado físico de sus votos a través de los distintos servicios de correos extranjeros; tampoco su efectiva representación parece bien resuelta. A pesar de todo, la Ley Orgánica del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, aprobada en 2004, confirmó la práctica consolidada estableciendo que «los españoles residentes en el exterior tienen derecho a ser electores y elegibles, en todos y cada uno de los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadanía residente en el Estado español, en los términos previstos en la normativa de aplicación».Otro hecho bien conocido ha modificado notablemente las condiciones en las que opera el sistema electoral. La entrada de millones de personas a lo largo de la última década (ahora residen en España casi cuatro millones y medio de extranjeros, un 10% de la población, según datos oficiales) ha transformado nuestra realidad. El Código Civil exige, con carácter general, diez años de residencia legal y continuada en España para optar a la nacionalidad española, plazo que se reduce a cinco años en el caso de los que tengan reconocida la condición de refugiados y a dos para los originarios de Iberoamérica, Filipinas o Guinea Ecuatorial. Muchos extranjeros han accedido ya a la nacionalidad española por este cauce, unos 400.000 desde 1995, y por tanto han obtenido su derecho al voto. Es importante destacar que más de la mitad se han nacionalizado en los últimos cuatro años, lo que muestra la rápida aceleración del proceso (se convirtieron en españoles 38.328 extranjeros en 2004, 42.826 en 2005, 62.335 en 2006 y 71.806 en 2007). Las cifras seguirán creciendo a medida que se vaya cumpliendo una década desde los grandes procesos de regularización.Por ejemplo, en las últimas elecciones autonómicas madrileñas más de 100.000 extranjeros nacionalizados españoles pudieron votar; y ya eran casi 150.000 un año después, en las generales de 2008. Sobre un censo de casi cuatro millones y medio, ese poco más del 2% puede parecer irrelevante, pero la experiencia nos demuestra que es una cifra más que suficiente para cambiar el sentido del resultado electoral en una convocatoria autonómica, o para alterar la asignación de un escaño en el Congreso. En todo caso, como antes se decía, es una influencia que se irá acentuando dado el contraste entre el estancamiento...

Los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña afirman su determinación de intervenir en todas las decisiones políticas que afecten a sus derechos y a sus intereses; se declaran titulares del derecho al autogobierno que les confiere una voluntad nacional expresada repetidamente a través de su historia; declaran que Cataluña es una nación...». Así comienza el documento, aprobado por el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSCP-SOE) el pasado mes de marzo, que contiene las bases del nuevo Estatuto de Autonomía que se proponen impulsar.Se trata, a qué dudarlo, de un nuevo paso en las posiciones siempre polémicas del PSC de Maragall, que le aproxima aún más al nacionalismo al que trata de sustituir en el gobierno catalán y que, al tiempo, lo aleja drásticamente de las posiciones mantenidas por el PSOE en las últimas décadas.EL NACIONALISMO DE PUJOLHace ahora poco más de doce años, en uno de los primeros números de esta Nueva Revista, a comienzos de 1991, se publicaba una extensa y muy interesante entrevista con Jordi Pujol. Resulta provechoso releerla ahora, buscando coincidencias entre aquel discurso, el que fue perfilando en los años siguientes y el que escuchamos hoy en boca del nuevo líder de CIU, Artur Mas. Tan provechoso como contrastarla con el discurso pasado y presente del PSC y del partido socialista.De un lado, ofrecía Pujol una explicación convencional de su política nacionalista: Cataluña necesita una cierta dosis de voluntarismo para existir; tenemos que reforzar nuestra identidad nacional. Como es habitual, en ese discurso se mezclaban lamentos por el papel reservado a Cataluña en España -«Nos quieren como locomotora pero no nos dejan ser los maquinistas»-, con algún soliloquio hamletiano cargado de sincera autocrítica sobre el proyecto anhelado para Cataluña -«¿Bismark o Bolívar? Somos las dos cosas a la vez, ese es nuestro drama», reconoce Pujol en la entrevista, «ahí sí que no tiene la culpa nadie»-.En otro plano, Pujol manifestaba su insatisfacción con el modelo autonómico -«Cataluña no acaba de encajar, esto no funciona»-. El origen del problema lo situaba con nitidez en la «generalización» autonómica. Mala para Cataluña, en opinión de Pujol, fue un «contrasentido histórico». Asumía, sin embargo, la responsabilidad de su fuerza política en la configuración inicial del modelo, y ofrecía una explicación que conviene recordar: «Nos equivocamos, pero mi partido entonces era débil; aceptamos esto un poco a regañadientes, un poco por la ilusión».El problema concreto era, entonces, en parte de competencias y en parte financiero, según Pujol. El Estatuto daba para mucho más, no se reclamaba su reforma sino otra lectura más proclive a sus aspiraciones. Para tranquilizar a los lectores, con tanta rotundidad como escasa capacidad de anticipación, Pujol afirmaba en 1991: «Probablemente no se desmembrará ningún Estado europeo, tampoco la URSS; en 1918 había una cultura de desmembración, ahora de miedo a la desintegración».En 1994 se celebró, en la entonces recién creada Comisión General de las Comunidades autónomas del Senado, el primer debate sobre la situación del Estado de las Autonomías. La solemne intervención de Pujol, convertido desde...

Aparte de que seguridad y defensa son hoy, de facto, conse­cuencia de alianzas y convergencias internacionales, la solu­ción a los problemas del sistema de Defensa nacional -la con­creción del derecho y el deber constitucionales de "defender a España" - pasa por articular los cuadros profesionales de lamilicia con una auténtica "cultura civil de la defensa ".