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Cuando, en la madrugada del último día de plazo para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, las autoridades económicas fueron dando el visto bueno a la documentación preparada, pensarían probablemente que, al final —y como dice el adagio popular—, peor había sido pensarlo que pasarlo. Una legislatura donde el presupuesto había sido más que nunca la ley económica más importante, daba a su fin. Y en el último presupuesto, las cosas habían sido más fáciles de lo que cualquiera hubiera imaginado. Probablemente, y por eso de continuar con la economía-ficción que permite ciertas libertades, la plana mayor del Ministerio de Economía y Hacienda se encontraría esa mañana desayunando, después de la visita al Congreso, en el viejo edificio de Alcalá. Allí, con cierto aire nostálgico, como quien sabe que se acaba una etapa, se haría memoria de los cuatro presupuestos de la legislatura más larga. Desde el primero, donde había que aprender a mandar a golpe de recorte, pasando por los Presupuestos de 1998 —objeto del examen más importante de la economía española contemporánea— y terminado con los del 2000, que quieren ser broche de una época y preparación de la siguiente. ¿Por qué las cosas han sido más fáciles de lo que cabía esperar? Mucho habría que comentar sobre las capacidades de la sociedad española cuando se le permite que actúe. Sin quitar méritos a una gestión excepcional, que no se puede oscurecer atribuyendo las mejoras a la coyuntura económica internacional (que se lo cuenten si no a Italia o a Alemania), lo cierto es que la reacción de la sociedad a los estímulos del crecimiento ha sido mejor de lo que cualquiera hubiera esperado. El comportamiento de los salarios o la participación popular en la política de privatizaciones son algunas de las sorpresas más agradables de estos cuatro años. Se trata de un factor que no se debe minusvalorar. Italia, por continuar las comparaciones con los vecinos, trató de aplicar también el «círculo virtuoso» de cerrojazo fiscal y dar paso a la demanda interna, con escaso éxito, tan escaso que estuvo a punto de dejarles fuera del euro. Si a la buena gestión presupuestaria y al buen comportamiento de la sociedad, unimos la liberalización de los sectores (probablemente a un ritmo más lento del que gusta a los economistas, pero en definitiva liberalizaciones), la prima de riesgo positiva de nuestra incorporación al euro y una crisis internacional que nos ha afectado poco, y en gran medida de forma beneficiosa, como por ejemplo en el precio del petróleo (hasta hace poco), el resultado es un cuadro de mandos de la economía española con unos indicadores en una situación francamente envidiable. Como decía Martine Aubry, presentando a la Asamblea Francesa las cifras de empleo del tercer trimestre del año 1999, sólo hay un país en Europa que todavía está creando más empleo que Francia: España. Con estos mimbres resulta más sencillo elaborar un Presupuesto para el 2000 que aune el rigor fiscal (ya estamos en el 0’8 % del PIB de déficit, es decir, a sólo un escalón del equilibrio presupuestario), con el billón de gasto social, una cantidad que mira de reojo a los comicios de marzo. En el Presupuesto hay de todo: desde el «sorpaso» a las propuestas de la oposición en materia de pensiones, incluyendo el fondo de solidaridad de sesenta mil millones, hasta los ochocientos mil millones en políticas activas de empleo. En ese conjunto, hay sin embargo un aspecto que no se ha destacado suficientemente, y es el esfuerzo en I+D. El incremento en este concepto es sustancial, del 10%, superando la barrera del 1% del PIB. Un empeño sostenido en esta materia, asegurándose que las ayudas se asignan de forma apropiada, es una necesidad ineludible para una sociedad que quiere ser líder en el siglo que comienza. Con estos precedentes, la labor de la oposición es, sin duda, más compleja. La crítica de «insolidarios» en el debate de enmiendas a la totalidad de los Presupuestos parece más una posición ideológica que una crítica al contenido. Más interesante será sin duda el debate de enmiendas parciales, que tendrá al mismo tiempo carácter de presentación del programa electoral. Por las noticias de los periódicos, el partido socialista realiza interesantes propuestas, como la reducción adicional de las cotizaciones, la creación de un fondo en el Inem para cuando aumente el paro, o la vuelta a los precios máximos de las gasolina, mientras el sector no esté realmente liberalizado. Junto a esas propuestas, hay otras que ya tienen menos sentido, como la eliminación del tratamiento de las plusvalías, o la supresión de las ventajas tributarias que tienen los pequeños empresarios. Sorprende que un partido que ha estado en el gobierno tanto tiempo, todavía piense que los que ganan las plusvalías son señores con casa en la Moraleja y cuatro coches; y que los empresarios, pequeños o grandes, son los explotadores que no merecen ningún tipo de ayuda fiscal. El resultado de esas propuestas, las «buenas» y las «malas», es la elevación de un billón más del gasto social. Y probablemente eso es lo peor. Detrás de esa petición de más gasto social, existe la convicción de que se es más social cuantos más ceros haya en los departamentos sociales de la cosa pública. Como si por tener, por ejemplo, más funcionarios en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la pobreza hubiera disminuido en nuestro país. O como si fuera más social gastarnos más dinero en fomentar las jubilaciones anticipadas —ya que se engloban en el Presupuesto de la Seguridad Social— que en I+D, que forma parte de la actividad productiva, pero del que depende el empleo de futuras generaciones. Tal vez una de las cosas mejores que le ha pasado a la economía española en estos años es que hemos pasado de que la Administración Pública absorbiera el 86% de la financiación que ofrecía el sector privado en 1993, a que en 1998 ese porcentaje fuera del 20%. Detrás de esas cifras hay un enorme esfuerzo de reducción del déficit que ha permitido elevadas cifras de inversión empresarial y las correspondientes cifras de creación de empleo. Ese es el gran patrimonio de esta legislatura, que no deben dilapidar los gestores de la nueva etapa que comenzará después de las elecciones.


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