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En las diez elecciones generales de los treinta años de Monarquía ParElamentaria, la inmensa mayoría de los españoles, a la hora de votar, ha optado habitualmente por una de las dos formaciones de estructura y vocación nacional que se presentaban como tales en todo el país. Al principio fueron la Unión de Centro Democrático y el PSOE. Después, tras varias recomposiciones del centro y de la derecha, esos dos partidos son desde 1989 los populares y los socialistas. A lo largo de los tres decenios democráticos, la suma de ambas fuerzas ha llegado siempre a alcanzar el ochenta o el noventa por ciento de los miembros de las dos Cámaras.

Ya en el primer Congreso de los Diputados, el de la legislatura constituyente, elegido en junio del 77, UCD y PSOE, con doscientos ochenta y dos de los trescientos cincuenta escaños de la Cámara, ocupaban las cuatro quintas partes del hemiciclo. Lejos de bajar, ese número ha continuado aumentando en las siguientes oportunidades, hasta llegar ahora, en 2008, a trescientos veintitrés. Son los actuales ciento sesenta y nueve diputados gubernamentales y los ciento cincuenta y cuatro «populares», llamados a constituir la oposición de los próximos cuatro años: oposición, pero también la «alternativa».

En el Senado ocurre algo semejante, si bien con distinta repercusión en el funcionamiento del gobierno de la nación, ya que igual que en la mayor parte de las democracias parlamentarias, monárquicas o republicanas, la que se suele llamar Cámara Baja (en España, el Congreso) es la que otorga y puede retirar su confianza, y con ella la de la nación, al presidente y a sus ministros. Por eso, los políticos y los informadores, los estudiosos y la generalidad de los ciudadanos prestan particular atención a la composición y funcionamiento de ese brazo de las Cortes Generales.

En el Congreso de los Diputados de estas elecciones de marzo ambos partidos han aumentado su número de escaños respecto a la legislatura anterior. Los socialistas tienen cinco más que en 2004 y los populares han ganado seis. Pero la situación no es igual que hace cuatro años. Entonces, el Gobierno y su partido tenían asegurada la mayoría para cualquier cuestión que les interesara mucho gracias a sus acuerdos con Izquierda Unida y con los separatistas republicanos de Cataluña, que les daban trece votos más en caso de necesidad. Los tres grupos juntos formaban el «tripartito de Madrid», versión estatal del «Pacto del Tinel» que había dado a los socialistas catalanes la presidencia de la Generalidad de Barcelona y a los republicanos y a los antiguos comunistas de allí una generosa participación en el ejecutivo autonómico.

Pero ahora esos cómodos aliados del PSOE han perdido ocho escaños y, para lograr mayoría en una votación importante, los socialistas habrán de optar por negociar en cada caso los apoyos que les puedan hacer falta: bien entre los dispersos juncos del polícromo cesto que debería ser —si se hubieran observado con seriedad los reglamentos— el llamado «grupo mixto», bien con los partidos nacionalistas de Cataluña o del País Vasco, que no respaldarán fácilmente, ni ellos ni sus electores, algunos de los proyectos anunciados por los actuales ministros, que se proponen implantar en toda España un «laicismo confesional» al amparo del poder, o fomentar la permisividad del aborto o legalizar la eutanasia.

Cualquiera de estas dos estrategias tendrá probablemente onerosas contrapartidas, y en no pocas ocasiones con perjuicio de los intereses políticos generales de la nación. Cuidar de éstos en el servicio del Estado es la función del Parlamento en España, como en todos los demás países de la Unión Europea.

En las democracias modernas, los gobiernos (el «poder ejecutivo») son una delegación del Parlamento: aquí, de nuestras Cortes Generales, que, según la Constitución del 78 (artículo 66) «representan al pueblo español», en el que (artículo 3.2) reside la soberanía nacional y «del que  emanan los poderes del Estado»[[wysiwyg_imageupload:746:height=172,width=150]].

 El Ejecutivo ordinariamente está obligado a negociar con la oposición las decisiones parlamentarias

que requieren por ley determinadas mayorías especiales, como son los nombramientos para ciertos altos organismos del Estado —Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial y algunos otros más—, las reformas constitucionales, o de Estatutos de autonomía, las leyes orgánicas, etc. Pero, si la oposición es «alternativa», como ocurre ahora, cuando los socialistas gobiernan con el cuarenta y ocho por ciento de los diputados del Congreso y los populares tienen algo más del cuarenta y cuatro, hay suficientes razones de prudencia política y de respeto a la ciudadanía para que el Gobierno no legisle ni se proponga hacerlo en determinados asuntos de orden nacional o autonómico que afecten o lesionen directa o indirectamente a los «derechos y deberes fundamentales» (Título Primero de la Constitución) o a disposiciones del Título Preliminar, sin que haya existido un mínimo de conformidad, aceptación o tolerancia, por parte de esa oposición.

Si en algún caso no se ha observado esa regla, el Gobierno tiene el deber político de reconducir la situación, y la oposición la obligación de exigir que así se haga. Porque los gobiernos democráticos son «delegaciones» del Parlamento y las Cámaras, y los partidos no pueden estar en cada legislatura sometiendo al Estado y a los ciudadanos a un ajetreo difícilmente soportable por cualquier pueblo.

No faltan casos en que se ha prescindido de respetar esos derechos y deberes que enumera la Constitución, eludiendo su observancia. Por ejemplo lo que se dice en el artículo 3.1 de la Constitución: «Todos los españoles tienen el deber de conocer y usar la lengua española oficial del Estado» (artículo 3.1). También en la suprema norma legal de España se enuncian «el derecho a la vida (art. 15)», la libertad ideológica, religiosa, etc., de los ciudadanos, las creencias religiosas de la sociedad y el mantenimiento de relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones (art. 16). «El derecho a la educación y el de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones» (art. 27), etc.

Aunque, al cabo de más treinta años de democracia y diez elecciones generales, sean pocos los parlamentarios que conservan asiento en las Cámaras, o hayan vuelto a ellas después de alguna legislatura en que hacían otras cosas, los partidos que han tenido responsabilidades de poder son dos y prácticamente los mismos desde el principio, porque para estas cuestiones que se suelen llamar de Estado hay una manifiesta continuidad entre los populares de ahora y la UCD de la «primera transición».

Sin embargo se han producido discontinuidades de difícil justificación que han creado problemas que no había, o han desconcertado instituciones y perturbado cuestiones importantes de la vida social. Algunas de las cuestiones, tan debatidas en torno al Consejo General del Poder Judicial, tienen una evidente dependencia de los cambios que impuso para elegir a sus miembros una mayoría parlamentaria socialista. Y los cambios en las leyes generales de educación han perturbado el curso de los estudios de media generación de españoles —y sobre todo de los docentes—, a los que en pocos años se les ha hecho pasar de una ley a otra hasta la actualmente vigente, que en menos de cuatro años también ha experimentado modificaciones.

De estos casos ha habido más. Artículos de un cuerpo legal tan sólido y fundamental como el Código Civil han sido objeto de modificaciones en la legislación sobre el matrimonio y la familia con una interpretación excesiva y gramaticalmente incorrecta de los artículos 15 y 32 de la Constitución sobre el derecho a la vida, antes mencionado, y el de hombre y mujer a contraer matrimonio.

Se dice ahora desde los partidos y desde los medios que no es la hora de una oposición «todo terreno» y de una crispación parlamentaria. Pero realmente, en comparación con los debates que se producen en otros parlamentos de tan antigua tradición como los Comunes británicos o en alguno que es casi igual de moderno que el nuestro, como el italiano, en que algunas veces las peleas han sustituido a los discursos, el de Madrid de 2004 a 2007 ha sido un mar en calma y casi una balsa de aceite.

Ahora han de abordarse cuestiones de urgencia y casi dramáticas, como la defensa de la sociedad contra el terrorismo en que lo principal es la unidad de todos los partidos en torno a las medidas que tenga que tomar el Gobierno. Otras, si no tan apremiantes, también han de ser abordadas con voluntad de llegar a los acuerdos posibles aunque no se logren, pero con lealtad. Eso puede ocurrir con ciertas reformas estatutarias y con la distribución de competencias y recursos presupuestarios entre las autonomías. Pero habrá cuestiones en que no sea posible armonizar criterios y posturas encontradas. No se pueden olvidar asuntos como los enumerados unas líneas más arriba en los que habrá enfrentamientos dialécticos y políticos de alcance histórico entre concepciones de los asuntos públicos que se apoyan en principios filosóficos y políticos diferentes sobre el concepto de España, que no se debe disolver en un federalismo o confederacionismo «adanista» que ignora siglos de vida española, el concepto de la persona y la vida, de la familia, de la religión y del respeto que se le debe, y de valores ampliamente compartidos por los españoles a los que los poderes públicos no deben desatender.


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