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La presencia de Rodolfo Chikilicuatre como profesor en las aulas del Instituto Cervantes de Belgrado, días antes de su actuación en el festival de Eurovisión, y el intento de los representantes legales de España por hacer valer ante un tribunal de Tampa (Florida) nuestros derechos de propiedad sobre el fabuloso tesoro de 500.000 monedas de oro y plata expoliado frente a nuestras costas, son hechos de reciente actualidad que mueven a reflexionar sobre el inquietante balance que arroja el actual «poder cultural» de nuestro Estado.

Entre ambos episodios fluye una misma estrategia de promoción del ridículo como imagen nacional. No somos nadie, y además nos gusta que fuera nos vean así, ya sea en Eurovisión o en un tribunal norteamericano, instancias ambas a las que acudimos a mendigar una sonrisa compasiva ante nuestra paupérrima condición de nación sin pasado y sin capacidad ni voluntad de futuro. Hemos dejado de ser la patria de Cervantes para ser la patria del «chiki-chiki», onomatopeya asaz elocuente de la fruición con la que todos nos meten mano en el concierto internacional, ya sean unos cazatesoros sin escrúpulos o unos sangrientos piratas somalíes.

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Si Marc Fumaroli hubiera conocido episodios similares en Francia a la hora de desentrañar los usos y costumbres del «Estado cultural» en el país vecino, habría tenido pocas dudas del acierto de su ensayo sobre la «nueva religión moderna» (Marc Fumaroli, El Estado cultural, El Acantilado, 2007). A la vista de tales episodios, es evidente que España podría encarnar hoy a la perfección uno de los principales diagnósticos de Fumaroli cuando escribe que el Estado ha abandonado su alta función como protector del patrimonio que ha recibido en herencia y se limita a promover productos de incalificable gusto e improbable calidad artística, ya sea en la televisión o en los museos, bajo la coartada de la democratización del acceso a la cultura y la lucha contra el «consumo cultural».

Se podría debatir también sobre el grado en que se cumplen en nuestro país las advertencias de Fumaroli acerca del dominio de unas élites o camarillas que imponen el discurso cultural y monopolizan las subvenciones, para extender una red funcionarial y clientelar de las artes y las letras similar a la que el autor denuncia en Francia. Y se podría reflexionar sobre el transformismo del mundo de la cultura, antaño tendente a la rebeldía y a la desconfianza genética ante el poder, y que hoy se ha convertido en España en la correa de transmisión de una ideología oficial que demoniza y excluye a todo aquel que no acate las consignas del republicanismo buenista, asimétrico y plurinacional.

El sentido «voluntarista y misionero» del que se ha dotado a la cultura desde los despachos burocráticos la convierte, al decir del autor, en el catecismo de una «nueva religión moderna». Fumaroli señala a esta «nueva religión» como una poderosa plataforma de adoctrinamiento, enemiga del individuo, de su capacidad y talento, porque es por naturaleza uniformizadora e igualitarista, es decir, tendente a cultivar la mediocridad y a ensalzar la necedad como meta espiritual.

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El ensayo de Fumaroli, dedicado a la memoria de Raymond Aron, es un alegato a favor de una cultura entendida desde el punto de vista liberal, la que promueve la singularidad de cada individuo, el estímulo de su creatividad y de su capacidad de disfrute de las artes, y su posibilidad de crecimiento personal y promoción social mediante el saber. Desde esta perspectiva liberal, el ensayista francés clama contra una cultura de «fórmulas repetitivas, de eslóganes, de tópicos ideológicos», reducida a «propaganda ideológica» y a «matraca política».

Es del todo improbable que cuando Fumaroli denuncia en su ensayo que hoy la «cultura de la política cultural es la máscara insinuante del poder», pudiera imaginar un gesto tan ilustrativo como el de algunos de nuestros artistas al proponer la imitación de las cejas del actual jefe del Gobierno como seña de identidad entre adeptos a esta férrea alianza entre cultura y poder. Una alianza destinada a instaurar en España una hegemonía política, social y cultural, y que tiene las manos completamente libres para hacerlo, pues si el poder político está sometido al control democrático, a la crítica de los medios de comunicación y a la posibilidad de la alternancia, el poder cultural es hoy incontrolable, incuestionable e intocable.

Quienes temerariamente se atreven en España a rebatir las consignas del aparato cultural y a proponer un discurso alternativo, son tachados de carcas sin remisión. Y es que en España tampoco estaríamos nada lejos de sufrir las llagas que Fumaroli escarba con su dedo para el caso francés, cuando denuncia la instauración de una cultura «comisariada», sometida a los filtros ideológicos del poder y fiscalizada para medir su fidelidad al discurso imperante.

No cabe duda de que la reflexión de Fumaroli sobre la cultura como herramienta de propaganda encuentra en nuestro país inquietantes confirmaciones en el discurso con pretensiones totalizadoras que practican, muchas veces a dúo, los poderes socialista y nacionalista a nivel nacional y autonómico. Pertrechados de una ingente financiación a costa de los contribuyentes, con pleno dominio de la educación y la televisión públicas, que son también instrumentos del «Estado cultural», nuestros burócratas de izquierda y nacionalistas han convertido la cultura en una poderosa fuente de dogmatismo y dirigismo en dos cuestiones convergentes.

Me refiero, en primer lugar, a la propagación de una historia mutilada y falseada de la guerra civil, mediante la cual la izquierda y los nacionalismos se arrogan un plus de legitimidad democrática, demonizando como heredera del franquismo a la única opción política mayoritaria que puede disputarles el terreno. Y, en segundo lugar, a la instauración de un discurso que identifica a España —y a todo lo español, incluido el idioma oficial— como fuente de opresión de las singularidades históricas y culturales de las supuestas tierras prometidas «anexionadas» por Franco a consecuencia de la contienda del 36.

Si digo que son cuestiones convergentes es porque hoy salta a la vista la comunión de intereses de socialistas y nacionalistas a la hora de etiquetar todo lo español como reaccionario, antiguo y católico, para proponerse como adalides de un cantonalismo que se pretende progresista, moderno y laico. Una reciente muestra de esta descabellada operación ha sido el ridículo posicionamiento del Gobierno ante el bicentenario de la Guerra de la Independencia, declarándose partidario de los «afrancesados» e identificando falsamente a los defensores de la nación y de la libertad frente al invasor como una sarta encolerizada de aristócratas y curas del Antiguo Régimen.

El derroche de medios, recursos e instituciones empleados, bajo el sello de «política cultural», en la elaboración y difusión de estos engendros propagandísticos que ponen en cuestión la nación española, parece imposible de contrarrestar a día de hoy. Pero lo más inquietante es que este derroche se haga en nombre de la cultura y con el dinero de los contribuyentes, cuando es una realidad que la complicidad de la izquierda y los nacionalismos en esta estrategia política de deconstrucción de España se está llevando por delante lo que la cultura española tiene de verdadera riqueza, que es su universalidad y diversidad, atesorada durante siglos de convivencia en común.

La aniquilación de la cultura española, entendida como el fruto más excelso de la continuidad histórica de nuestra nación y su proyección universal, se ha convertido en el objetivo preferente de los planes educativos, lingüísticos y culturales de este nuevo cantonalismo. El arma de la inmersión lingüística, en la que los derechos de una determinada lengua regional prevalecen sobre el derecho constitucional de cada español a utilizar y conocer la lengua oficial española, tiene un papel clave en esta estrategia. Y al mismo tiempo señala su más aterradora paradoja: que nuestros escolares no puedan conocer en su idioma materno las creaciones de Antonio Machado, García Lorca, Max Aub o Cernuda, por citar algunos autores de los que la izquierda siempre se ha apropiado, supone condenarles a un ostracismo mayor al que pudo arrojarles nunca el franquismo. Lo cual vuelve a demostrar la necesidad de acometer urgentemente, como hizo Fumaroli en Francia, un debate sobre el tratamiento de la infección totalitaria que representa el «Estado cultural» en España.


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