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A lo largo de veinte años, los que han transcurrido desde la muerte de Franco y la entronización de Don Juan Carlos I como rey, se han producido un buen número de alineamientos, desalineamientos y realineamientos de la opinión pública en torno a los protagonistas individuales y colectivos del espacio público. La gente ha cambiado de opinión abundantemente y con trayectorias notablemente quebradas en muchos casos (ojo: no siempre a peor; hay caminos de ida y vuelta en la consideración de la opinión sobre algunos protagonistas de la transición, de los que Adolfo Suárez, hoy notablemente re-valorizado, podría ser el más claro exponente). Solo hay, de forma clara, un personaje que mantiene una tasa de afecto popular elevada e incluso creciente a lo largo de todo el período. Es el Rey. Y, sin embargo, sobre la aparente estabilidad de su valoración pública se ha operado un cambio en sus componentes de enorme trascendencia. El Rey, cuya media de valoración en la opinión pública española ha variado poco en esos años, ha visto en cambio cómo disminuía de forma notabilísima la desviación típica de esa valoración. Dicho fuera del tecnicismo estadístico: un Rey al que, al principio, veneraban unos pocos, la mayoría aceptaba con más disciplina que entusiasmo, y otra minoría abiertamente rechazaba, se convierte en un Rey al que todos (en sentido estadístico, naturalmente) quieren.

En veinte años se ha conseguido que se hiciera realidad el propósito enunciado en el mismo mensaje de la entronización, el de llegar a ser «un Rey de todos».

Las páginas siguientes se dedican a analizar la forma en que se produce ese proceso y los componentes que laten tras el aprecio universal al Rey que las encuestas manifiestan, así como a plantear las cuestiones que el futuro puede deparar a este respecto.

Noviembre del 75: opinión pública y reinstalación monárquica

La literatura histórica sobre el último período del franquismo y la transición (entre las aportaciones más recientes, las de Pilar y Alfonso Fernández-Miranda y la de Javier Tusell) señala como uno de los rasgos característicos del proceso de sucesión diseñado por Franco y su entorno la profunda ambigüedad que lo rodea. Múltiples testimonios de los protagonistas (López Rodó en La larga marcha hacia la Monarquía, entre los principales) incluso apuntan a la condición contingente y altamente polémica que tuvo la designación de Don Juan Carlos como sucesor, frente a otros posibles candidatos que cumplían los requisitos de la Ley de Sucesión. No es ningún misterio que una parte de las familias del Régimen era decididamente antimonárquica, y que, desde luego, la mayoría respondía más bien a un monarquismo sui generis, de condición claramente reactiva: más que monárquicos convencidos, eran antirrepublicanos fervorosos. Por otra parte, son conocidas las posiciones que la mayor parte de la entonces clandestina oposición de izquierdas mantenía sobre la restauración monárquica: las ahora rememoradas declaraciones de Santiago Carrillo a Oriana Fallad, en las que tildaba al futuro monarca de «pelele» de Franco serían un epítome de ese clima de recelo y hostilidad hacia una Monarquía y hacia un Rey de quien se temía que pudiera responder al diseño continuísta de la llamada entonces «Monarquía del 18 de julio».

No es, por tanto, de extrañar, que la opinión pública careciera de demasiadas señales de valor acerca de la Monarquía y el Monarca cuando se produce su entronización. Ciertamente, la opinión pública no recibe al Rey con hostilidad; hay más bien, como arriba señalábamos, una expectativa benevolente en la mayoría, flanqueada por dos actitudes minoritarias: una de incondicionalidad, y otra de rechazo.

En todo caso, al comienzo del Reinado estaba suficientemente extendida la demanda de libertad y democracia entre la mayoría de los ciudadanos. Una encuesta realizada por el Instituto Consulta en diciembre de 1975, apenas unas semanas después de la entronización, señala claramente el sentido de esa demanda:

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Al Rey tocaba, en unas condiciones de indefinición del terreno que hoy resultan arduas de imaginar para quienes no las vivieron, primero, interpretar una demanda de cambio que, aunque los datos anteriores pudieran llevar a equívoco, era mucho más indeterminada e imprecisa de lo que hoy se antoja; y, segundo y principal, ingeniar una forma de seguir el camino a la democracia que sorteara los campos minados en que ese trayecto era pródigo. Ahora que la metáfora de Fernández-Miranda sobre la transición como función teatral ha cobrado actualidad (El Rey el empresario, el Presidente de las Cortes el autor, El Presidente del Gobierno el actor), habría que pensar también en los zapadores de ese proyecto, los que evitaron que un mal paso hiciera saltar todo por los aires. Entre ellos, sin duda, el Rey.

El papel del Rey en los meses decisivos que discurren entre su entronización y las primeras elecciones democráticas es un aspecto sobre el que hoy tienen la palabra, sobre todo, los historiadores. Evidentemente -y la literatura tanto de análisis histórico como la de tipo memorialístico lo pone de manifiesto- fue precisa la combinación de mucha inventiva y de no menor discreción para dar a la reforma un rumbo preciso, el que mejor se identificaba con las corrientes de opinión mayoritarias (es decir, una transformación democrática plena), y un ritmo sostenible, entre el inmovilismo de unos y la impaciencia de otros. A la luz de lo que más tarde se ha ido sabiendo, es obvio que si hubo mucha virtud en la operación, no fue pequeña la contribución de la fortuna. En los dieciocho meses que van de la muerte de Franco a las elecciones del 15 de junio de 1977, el proceso estuvo a punto de embarrancar o de irse a pique en más ocasiones de las que entonces se llegaron a conocer. Visto a la luz retrospectiva de los años, parece aun más milagroso que llegara a prosperar una operación tan amenazada desde tantos sitios. Y si es evidente que bajo ese éxito también subyace el peso de la conformidad del grueso de la opinión con el curso de cambio hacia la democracia, parece bastante necio negar que, hija de todos, la transición se reconoce en unos padres más que en otros. Negar -como hacen ahora algunos- un lugar de privilegio al Rey en ese proceso es aliar a la mezquindad con la ignorancia. No solo es una villanía, sino algo peor: es un error.

Elaboración constitucional e imagen del Rey

Parece evidente que el papel del Rey cambia radicalmente una vez que el proceso democrático queda encauzado. De un papel con un alto componente de inventiva política como el desempeñado entre diciembre de 1975 y, como mínimo, junio de 1977, se pasa a un papel mucho más pautado después de ese proceso electoral (donde el protagonismo bascula hacia los representantes elegidos democráticamente), un papel que queda definitivamente conformado tras la aprobación del texto constitucional en diciembre de 1978, cuyo título II (y, especialmente, sus artículos 62 a 64) acotan el espacio de actuación de la Corona en el régimen democrático.

Esos dieciocho meses que transcurren entre las elecciones de junio del 77 y la ratificación constitucional en diciembre del siguiente año son, como recordarán quienes los vivieron, tiempos especialmente difíciles y tensos desde muchos puntos de vista. Años en las que la construcción política pura consumía enormes energías de la clase política, pero en los que, al tiempo, la economía y la seguridad (sobre todo, el lacerante aguijón del terrorismo, cuya capacidad mortífera era por entonces máxima) constituían factores de gran tensión añadida a la convivencia. Ciertamente, las urnas habían sumergido al sistema y a sus actores en un baño purificador, pero no dejaba de estar extendida la sensación de que el Jordán electoral no había lavado todos los pecados originales -supuestos o reales- de unos y otros.

De esta forma, la redefinición profunda del mapa político que había operado el proceso electoral, situaba en el arco de las Cortes a dos bloques ligeramente desiguales que rápidamente se instituyeron en la práctica como constituyentes. Uno, nucleado por la UCD (166 escaños) que podía alternativamente buscar apoyos complementarios (AP, la minoría catalana, independientes de centro-derecha) y otro en el que el PSOE era hegemónico (116 diputados), susceptible también de recabar apoyos (comunistas del PCE, vascos) para la defensa ocasional de causas de oposición.

Es en este equilibrio en el que tiene lugar la discusión del texto constitucional. Si los resultados de junio de 1977 tienen alguna escondida virtud histórica (como en otro lugar he señalado), no es otra que la de haber obligado a una metodología consensualista en la discusión del texto constitucional, piedra angular del edificio democrático que, a partir de aquella fecha, se comienza a construir.

En el reparto de papeles que se deduce de aquella geometría parlamentaria, «toca» al PSOE la defensa en la discusión constitucional de la forma republicana del Estado. Se trata de una cuestión que se resuelve con bastante tacto por parte de todos. La tradición republicana era constitutiva en las fuerzas de la izquierda parlamentaria, tanto en el PSOE como en el PCE. Sin embargo, en el caso de este último, el proceso de moderación que se le requirió como contrapartida para acceder a la legalización antes de las elecciones le había llevado a comprometerse a no hacer cuestión de la forma de Estado.

El objetivo final, a la altura de la discusión constitucional, era el de no perder demasiado la cara en relación con el objetivo histórico de la instauración de la República o, cuando menos, el de plebiscitación de la forma de Estado, fórmula de encuentro de posiciones que se había utilizado con profusión en la fase pre-transicional y en la propia transición, sin, al tiempo, desatar una pendencia política excesiva. El sistema seguido, la defensa testimonial de un voto particular en el El Rey y la gente n de la Constitución por parte de Luis Gómez Llórente cumple el objetivo retórico que perseguía, y es también aceptada sin aspavientos (ni utilizaciones partidistas) por parte de la mayoría partidaria de la Monarquía en esas Cortes. Rechazado aquel voto particular, se entiende que la posición de la mayoría plasmada en la fórmula aprobada ha sido debidamente plebiscitada con el conjunto del texto constitucional sujeto a referéndum. Es obligado decir que, superado aquel trance, la postura de las fuerzas de tradición republicana y del PSOE a la cabeza de ellas ha sido de extrema lealtad y de completa colaboración con la Corona. Es este también un rasgo inédito de este proceso político, y una de tantas facetas que lo distinguen -positivamente- de otros tramos de nuestra experiencia histórica en los que la cuestión Monarquía/República ha funcionado como una suerte de clave taquigráfica de un conflicto político profundo, y como banderín de enganche -de inmediata eficacia- de las dos Espartas, prestas siempre a abalanzarse la una sobre la otra.

Sin embargo, en la interpretación de quien esto escribe, y a la luz de los no demasiado datos de opinión que sobre el particular existen, en estos primeros años de trayecto democrático el proceso de acatamiento primero y aceptación después de la Monarquía por parte de la izquierda constituye mucho más un fenómeno de las élites y las cúpulas partidarias que de las bases sociales y electorales de los mismos. En otras palabras: durante estos años todavía subsiste una considerable brecha en la aceptación del Rey y de la Monarquía entre las gentes de cultura política de izquierda y las de centro y derecha. Probablemente, la Monarquía aceptada por los dirigentes no había terminado de hacer evidente su funcionalidad política a los ojos de las bases de la izquierda, cuyo corazón (por seguir la metáfora de la dualidad platónica) seguía siendo republicano, por más que -entre los más sensatos- la cabeza ya hubiera devenido, si no monárquica, sí al menos accidentalista.

Un Rey en febrero: los efectos del intento de golpe de Estado sobre la imagen del Rey

Si el período comprendido entre las primeras elecciones y la aprobación de la Constitución registró numerosas tensiones y convulsiones políticas, visto en perspectiva resulta más tranquilo que el que le siguió. En efecto, después de las elecciones de 1979, UCD entra en una crisis de hondo calado que, a la postre, resultaría letal para la formación que había pilotado la transición a la democracia. Desde el propio episodio fundacional -la investidura sin debate de Adolfo Suárez- la primera legislatura se convierte en una corona de espinas para el Gobierno y el partido que lo sustenta: la situación económica, el azote del terrorismo, las dificultades de encauzamiento y ritmo de la devolución del autogobierno a las Comunidades históricas y la generalización de un sistema de autonomías en todo el resto de España, y, sobre todo, la crisis interna de liderazgo y el permanente estado de querella comensalística en que se desenvuelve la UCD configuran un cuadro sombrío en medio del cual se suceden episodios políticamente comprometedores (elecciones catalanas y vascas, referéndum de iniciativa autonómica en Andalucía, moción de censura contra Adolfo Suárez…). El proceso de imparable desgaste político parece culminar cuando, pocos días antes de la celebración del Congreso de UCD, Adolfo Suárez anuncia su dimisión.

Entre ese momento y el 23 de febrero de 1981 se producen otros dos acontecimientos relevantes. Uno, que el proceso sucesorio interno de Adolfo Suárez al frente de UCD y del Gobierno se desenvuelve de la misma forma caótica que se había producido su dimisión: transmitiéndose la sensación de división y vacío de poder (ausencia de liderazgo efectivo), cuya más contundente expresión plástica es el desarrollo del propio Congreso de Palma de Mallorca. Otro, más concreto, los sucesos de la Casa de Juntas de Guernica, en los que un nutrido grupo de cargos electos de Herri Batasuna intentó boicotear un acto del Rey.

Lo que este largo excurso pretende traer a la memoria es el contexto en el que se produce el intento del 23-F en relación con la importancia objetiva que en su afortunado malbaratamiento tuvo el papel desempeñado por el Rey. No se trata solo de que el poder ejecutivo y el poder legislativo se encontraran literalmente secuestrados e incapacitados para oponerse con eficacia a la intentona sediciosa; es que, además, en términos de eficacia política y legitimidad, atravesaban una de las peores coyunturas de todo el período posterior a la restauración de la democracia.

De nuevo a reserva de la más matizada luz que la historia acabe arrojando sobre ese episodio, lo que de él hoy conocemos hace que se valore de forma extraordinariamente importante la contribución regia. No creo que sea exagerada la hipótesis – o más bien el preteriblede que, sin esa intervención, el golpe hubiera triunfado de una u otra manera (al modo de Tejero o en alguna variante menos tosca). No se puede imaginar qué resortes alternativos hubieran, en efecto, neutralizado en primer lugar los focos potenciales de extensión de la rebelión (el control preventivo de las Capitanías Generales), y reducido más adelante los focos efectivos de aquella (tanto Tejero y sus agregados dentro del Congreso, como, sobre todo, Miláns del Bosch y sus carros en las calles de Valencia), si el Rey no se hubiera puesto el uniforme de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y los teléfonos no hubieran funcionado.

Lo cierto es que en la opinión pública persiste un crédito social muy amplio sobre el papel del Rey a este respecto, como lo prueba la práctica unanimidad de la opinión que se muestra en el cuadro adjunto:

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La aparente reducción del consenso suscitado por esta frase en el estudio de 1995 se relaciona con el mayor peso en la muestra de entrevistados que, careciendo de referencia personal del 23-F, se abstienen de contestar a la pregunta. Ese mayor peso no solo deriva del propio paso del tiempo, sino que también tiene que ver con el hecho de que la encuesta de 1995 se dirige a personas de 15 años en adelante. De hecho, si en la encuesta de 1995 eliminamos las respuestas de los que tenían menos de 15 años en 1981, el número de entrevistados muy o bastante de acuerdo con la anterior proposición se eleva por encima del 82%.

Pero, además, no solo es interesante ver la densidad de consenso en torno a la proposición anterior, sino su grado de fragmentación u homogeneidad entre las distintas categorías de la población. A este respecto, una variable susceptible de indicar de forma muy plástica hasta qué punto existe o no esa fractura es ver cómo varía la adhesión a esa proposición en relación con la intención de votar a los principales partidos. El cuadro adjunto lo refleja.

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Por tanto, es seguro afirmar que no solo el crédito obtenido por el Rey con su decisiva intervención es muy importante, sino que también resulta virtualmente universal, en cuanto a que no hay ningún electorado significativo que escape a ese reconocimiento, y que además lo es en proporciones abrumadoras. Desde este punto de vista, es más que probable que este episodio haya constituido -al menos para las cohortes que lo vivieron- un punto de no retorno en su adhesión afectiva al Rey.

Cuando los perfiles de aquel desdichado episodio comienzan a difuminarse en la memoria, la consideración del poso que el mismo parece haber dejado en el ánimo colectivo reaviva la vigencia de ese refrán (tan recordado en estos meses de memoria de la transición ) que nos enseña que «no hay mal que por bien no venga». Y si la vergüenza colectiva que nos tocó pasar sirvió, por una de esas paradojas en que la Historia es tan pródiga, para desactivar duraderamente la espoleta de la intervención de los militares en la política y para consolidar la imagen y el aprecio de los españoles por su Rey, podríamos hasta darla por bien empleada.

Consolidación democrática e imagen del Rey

La superación «civil» de la intentona del 23-F se culmina en la victoria mediante mayoría universal del PSOE en las elecciones de octubre de 1982, que lleva pareja, además, una completa modificación del sistema de partidos. El que había sido eje de la transición, la UCD, desaparece de la escena política y la formación que ocupaba su marginal flanco derecho, AP, se transforma en la principal referencia de oposición, aunque a infranqueable distancia de los socialistas.

La contundencia del resultado electoral, junto con el efecto vacuna que provoca el 23-F, dan lugar a que la vida pública requiera menos protagonismo de la Corona -fuera del ejercicio de las funciones simbólicas que le están atribuidas y del intenso despliegue de su capacidad de presencia y alta representación que juega en la escena internacional y, muy especialmente, en el ámbito de la Comunidad Iberoamericana-. Son años en los que España se inserta de forma definitiva en su espacio natural de integración (la antigua Comunidad Económica Europea, hoy convertida en Unión Europea) y años en que progresa el papel de España como inspirador y animador de una aún débilmente institucionalizada Comunidad Iberoamericana.

La forma en que la opinión pública valora al Monarca en este período de mayor asentamiento institucional, aprobada y «rodada» la Constitución y exenta (hasta fecha relativamente reciente) la vida pública de tensiones institucionales de gravedad extrema, la podemos rastrear a través de una serie de encuestas, en su mayor parte realizadas por el cis, y complementadas por una recientísima de DEMOSCOPIA. Algunas de las conclusiones principales que es posible establecer sobre la base de estos estudios se muestran, con gran plasticidad, en el cuadro que sigue.

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Las consecuencias que esta información permite establecer son, a mi juicio, claras. Existe un consenso aprobatorio de intensidad muy amplia, casi abrumadora cabría decir (sobre todo a la vista de la hondura de las divisiones políticas de los españoles en estos momentos sobre todas las demás cuestiones), acerca de la funcionalidad del Rey. Quizá la propia hondura de esas divisiones en las restantes cuestiones explique en parte que este ámbito quiera ser preservado de polémicas. Pero, al mismo tiempo, se observa que -por decirlo en términos coloquiales y, desde luego, muy poco técnicos- la opinión pública tiene la sensación de que el Rey «se lo ha currado». Ese consenso aprobatorio concierne de forma clara mucho más al «hacer» del Rey que al «ser» de la Monarquía. Intentando dar estructura gramatical a lo que los datos nos indican, estaríamos autorizados a decir que «puesto que el Rey ha probado la adaptabilidad de la Monarquía, ha detenido el golpe de Estado, ha hecho posible la democracia, y se ha ganado la simpatía de todos, se ha convertido en una garantía de orden y estabilidad para todos los españoles».

En ese contexto, volvemos a la idea que al principio de este trabajo avanzábamos. Lo más notable de esta situación – a su vez tanto más notable cuanto más contrasta con un entorno de opinión pública bastante enrarecido- es que se trata de un consenso sin apenas fracturas políticas. El papel central que en la moderación de la convivencia atribuye la opinión al Rey queda reflejado en el cuadro que sigue, en el que podemos apreciar hasta qué punto se ha llevado a cumplimiento el desiderátum de convertirse en un «Rey de todos»:

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No es necesario, puesto que está en la mente de todos, aportar excesiva carga comparativa de otros ámbitos del espacio público o incluso privado para resaltar la singularidad de esta situación. Bastaría señalar, por ejemplo, que según la reciente encuesta de DEMOSCOPIA, mientras el Rey recibe una valoración de 7,6 en una escala de 0 a 10, al personaje nacional que le sigue en apreciación (por cierto, Adolfo Suárez) se le otorga un 5,6, y ningún político nacional en activo supera la cota simbólica del aprobado. Podemos, pues, concluir, que el Rey, en el imaginario colectivo de los españoles está, felizmente, en un espacio aparte de aquel en que se desarrollan el ruido y la furia que, como en la tragedia shakespeariana, azotan la vida nacional.

Monarquía, opinión pública y futuro

Es incontestable que el Rey ha asentado su propia legitimidad sobre cimientos muy firmes. Puede estar mucho más abierta la cuestión de hasta qué punto ese crédito se transfiere, total o parcialmente, a la institución que personifica.

Un reciente artículo de Paul Preston en ABC («Legitimidad monárquica ¿Continuidad o utilidad?», 23.ix.95, pág. 3) diagnostica con acierto el desplazamiento de la razón de legitimidad básica para la Monarquía de la continuidad histórica (que conecta con el legitimismo minoritario, cuando no residual, en nuestro país) a la utilidad práctica, en el sentido de proveer una función política (o, más propiamente, a mi juicio, metapolítica o protopolítica) relevante para el sistema. En concreto, sobre el caso español, Preston concluye que «el Rey ha hecho precisamente esto, y su «legitimidad de utilidad» constituye la base para la reconstrucción de la «legitimidad de continuidad» para sus herederos».

¿Expresa Preston en esta última afirmación una realidad que podamos contrastar en la opinión pública, o más bien un deseo de que así ocurra? No es fácil contestarlo. Hay tantos ingredientes en la opinión para pensar lo uno como para sostener lo otro.

A favor de la idea de que la Monarquía -y no solo el Rey- se está institucionalizando en la vida pública estarían algunos datos. Así, mientras en el sondeo del cis de 1989 antes citado, un 44% de los entrevistados estaban más bien de acuerdo con la proposición de que «la Monarquía asegura la sucesión del poder político», ahora ese acuerdo, según la reciente encuesta de DEMOSCOPIA que venimos mencionando, sube hasta el 49%. Igualmente, mientras seis años atrás un 56% estaba de acuerdo con que «la Monarquía asegura el orden y la estabilidad», ahora el consenso suscitado por esa proposición ha ascendido al 60%. Finalmente, la valoración no de la persona del Rey, sino de la institución de la Corona, siempre según la antes citada encuesta de DEMOSCOPIA, asciende a 7,3 en la escala de 0 a 10, algo menor que la del propio Rey, pero inconmensurablemente superior a la de todo el resto de instituciones que forman el entramado público.

En sentido contrario, tendríamos, sin embargo, algún otro indicador. De nuevo, la citada encuesta de DEMOSCOPIA, en la que casi tres cuartas partes de los entrevistados manifiestan su acuerdo con la siguiente proposición: «más que la Monarquía en sí misma, todo depende de cómo sea el Rey».

Es difícil -y, desde luego, poco o nada deseable- que en el futuro se depare al Rey una ocasión de protagonismo del tipo de la que tuvo que asumir en febrero de 1981. La tarea de reforzar e institucionalizar la Monarquía en el sistema democrático y constitucional español será, con toda probabilidad, más una cuestión de paciencia que de fulgor.

Con todo, pese a las aparatosas circunstancias que en estas últimas semanas han acontecido, los datos de opinión sugieren que la plataforma de opinión e imagen desde la que se puede abordar aquel esfuerzo de consolidación institucional es óptima. El Rey de todos que ha conseguido ser Don Juan Carlos puede -mejor que nadie- lograrlo.


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