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Con motivo del vigésimo aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco, Nueva Revista ha realizado un cuestionario a tres de sus ponentes —Alfredo Marco Tabar, Enrique Múgica y Mitxel Unzueta—para que evalúen su desarrollo a lo largo de estos años.

NUEVA REVISTA • ¿Qué evaluación cabe realizar, veinte años después de su aprobación, del desarrollo legal del Estatuto vasco?

ENRIQUE MÚGICA – El Estatuto vasco ha permitido que el nivel de competencias de las instituciones autonómicas sea más alto que el de cualquier otra región europea en el marco de los Estados, incluyendo a los federales.
La importante mayoría ciudadana que lo aprobó, además de su valor como instrumento de gobierno —lo que autoriza al PNV a utilizarlo con generosidad sólo o en coalición con los socialistas— exigía que definiera la necesaria convivencia entre los que no son nacionalistas y cuantos lo son. Este segundo factor se ha malogrado porque los partidos nacionalistas, a los que convencionalmente veníamos calificando de moderados, se han decidido por su ruptura, pactando en Estella con el brazo civil del grupo criminal.
Confiemos en que regresen al sentido común, y ayudémosles con crítica equilibrada y rigurosa.

ALFREDO MARCO TABAR • Estamos ante la vieja cuestión de la visión de la botella medio llena o medio vacía.
El sentimiento nacionalista y su permanente actitud reivindicatória lleva a los partidos nacionalistas a una visión negativa e interesada del desarrollo legal del Estatuto vasco; incluso niegan su vigencia por caduco y sobre la base de unos hipotéticos incumplimientos.
Sólo la miopía puede explicar esta visión deformada de una realidad espléndida como es la autonomía vasca. La miopía o el interés torticero en justificar la permanente reivindicación y explicar incluso la existencia de la violencia con referencia a esos hipotéticos incumplimientos.
Habría que preguntarse dónde han estado los incumplimientos y si las escasas competencias estatutarias pendientes no son consecuencia precisamente de la intransigencia y del inmovilismo de quienes han gestionado estas transferencias con actitudes en modo alguno compatibles con el consenso y el acuerdo que fue la fórmula de la elaboración del Estatuto.

MITXEL UNZUETA – La respuesta gira en torno a dos ideas que, a mi juicio, recogen la situación. El Estatuto de Autonomía en sí es un hecho positivo de singular importancia histórica. La razón de ser de su singular contenido no ha sido otra que el propósito de dar respuesta a una cuestión que, llámese «hecho vasco», «contencioso vasco», o como se quiera, constituye una realidad que, desde el punto de vista político, se presenta como una situación problemática, que pervive en el tiempo. Su origen hay que situarlo hace cerca de dos siglos. Este dato pone de manifiesto que la cuestión no es efímera.
La tensión o el rechazo respecto de una cierta manera de entender España se inicia con la incorporación del Reino al sistema constitucional. No porque los vascos repudiasen el sistema de libertades que se empezaba a implantar en Europa o porque tuviesen nostalgia del antiguo régimen, sino porque el nuevo sistema pretendió estructurarse en torno al concepto político de unidad nacional, entendida como una uniformización centralizadora, a la francesa. Esto suponía la destrucción del sistema propio del cuerpo social y político de los vascos, sus libertades forales. Una pretensión que hasta ahora sigue sin resolverse.
Ahí está la historia de los siglos XIX y XX, llena de guerras y derramamientos de sangre, algo que nunca había ocurrido con anterioridad, mientras no se había hecho apelación a la teoría de la unidad nacional. Un motivo para pensar. El Estatuto ha pretendido dar un giro a esta historia, aunque algunos sectores vascos no lo hayan entendido así. Sin embargo, tuvo una aceptación entusiasta y esperanzadora.
Ahora bien, tampoco se puede desconocer que no ha tenido el efecto deseado. Hay una desilusión entre sectores que inicialmente aceptaron el Estatuto. De ello no se puede culpar al nacionalismo vasco, aunque éste, en ocasiones, no haya acompasado su gestión a las circunstancias. El problema ha surgido cuando, veinte años después, se ha constatado que el Estatuto no ha sido ni cumplido, ni respetado. La inmensa mayoría de las demandas vascas, a pesar de que otra cosa se venga diciendo, han quedado centradas en la exigencia de que se cumpla el Estatuto activamente, esto es, realizando las transferencias de poder pendientes y, pasivamente, es decir, no restringiendo su contenido, por la vía interpretativa.
De esta manera, un instrumento espléndido para haber cerrado un ciclo se ha quedado a medio camino.
Aunque alguien entienda que en lo expuesto hay una dosis de subjetivismo, que siempre la hay, lo cierto es que también hay una realidad, una situación política en torno al Estatuto, que no puede ser ignorada y de la que nadie está libre de culpa. ¿Se puede recuperar la confianza perdida? Para conseguirlo, el esfuerzo tendría que ser importante.

NUEVA REVISTA • ¿Tiene capacidad suficiente el Estatuto para satisfacer las demandas democráticas de la sociedad vasca?

ENRIQUE MÚGICA • La tiene. No la tendría si hubiese prosperado la visión mitológica de una inexistente historia vasca al margen de la común, lo que sobre la base de un etnicismo segregador conduciría al apartheid a los vascos que no son nacionalistas, es decir, a la mitad de la población.

ALFREDO MARCO TABAR • El Estatuto vasco, precisamente por su fórmula de elaboración mediante el consenso, constituye mucho más que una fórmula jurídica, trascendiendo a la importancia de la norma su formulación como clave de convivencia de todos los vascos.
El Estatuto vasco ha sido, entre otras cosas, el instrumento que ha permitido la unión, en una Comunidad Autónoma, de provincias tan distintas como Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y, concretamente y referido a Álava, es el nexo de unión con las otras dos provincias hermanas, pues no se olvide que, de no haberse aprobado el Estatuto en el referéndum realizado independientemente en cada provincia, aquélla en la que el referéndum no obtuviera un resultado afirmativo hubiera quedado fuera de la Comunidad Autónoma Vasca.
Por tanto, el Estatuto constituye el fundamental y mínimo requisito para la cohesión de los tres territorios históricos que componen la Comunidad Vasca.
Tanto el Estatuto como la Constitución de la que dimana fueron elaborados mediante el consenso y el acuerdo, y las virtualidades de ambos textos no se reducen a su estricta interpretación jurídica sino, como textos políticos que son, a su interpretación jurídico-política.
El Estatuto de Gernika, en su disposición adicional, prevé la actualización de los derechos del pueblo vasco de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico, permitiendo esta redacción que el Estatuto tenga el carácter de norma viva susceptible de su acomodación al devenir de la Historia.
Sin embargo, es preciso decir que difícilmente cabe la utilización de fórmulas que tienen como principal ingrediente el consenso y el acuerdo, si la reivindicación se realiza o se acompaña con actitudes no democráticas.

MITXEL UNZUETA • A tenor de lo expuesto y, a mi juicio, el problema del Estatuto, de cara al futuro, es de contenido y de garantía.
El problema de contenido tiene una doble vertiente. Por un lado, las transferencias pendientes y, por otro lado —me parecen muy importantes—, la influencia del proceso de Unión Europea. El Estado ya no es el único sujeto de la acción política y de ello se derivan cuestiones que deben ser repensadas. Antes o después, habrá que sentarse en la mesa para decidir sobre la nueva situación; la de hoy es distinta de la de 1979. Aunque ahora el clima no parece propicio a la reflexión, no estaría de más que en algún sitio se empezara a pensar.
El problema de la garantía es también importante. La estructura jurídica del Estatuto es inestable, a la vista de los comportamientos que se producen en su entorno. Es una larga historia que la sintetizaré recogiendo un episodio. Es ampliamente conocido que el Gobierno del Estado ha recurrido ante el Tribunal de Luxemburgo algunas decisiones de las autoridades vascas, en el desarrollo del Concierto Económico. Es menos conocido que la propia representación del Estado es también la que defiende la posición de las autoridades vascas, que carecen de voz ante dicho Tribunal. Contrasentidos de este nivel sólo producen descrédito institucional. Los poderes autonómicos tienen que gestionarse sin tantas cortapisas y restricciones.
La reflexión de la garantía debe afectar también al Tribunal Constitucional. Un mínimo sentido del equilibrio reclama que la nominación de sus miembros no pueda estar sólo en manos de los partidos nacionales. Mientras no se haga una reflexión profunda, cuando menos, habría que reformar ciertos aspectos de la Ley Orgánica que regula su funcionamiento, así como algunos de los Reglamentos del Congreso y Senado, en cuanto a la nominación del Tribunal.
El nivel de autonomía pactado debe ser respetado con todas sus consecuencias y los conflictos deben ser resueltos a través de mecanismos de mediación (quizá alguna Comisión del Senado) y de arbitraje, y no por un Tribunal.

ENRIQUE MÚGICA • El Estatuto vasco y el Amejoramiento del Fuero navarro son modelos de constitucionalización en función de la realidad histórica, y de las tradiciones de cada comunidad, lo que incluye en aquél el Concierto Económico. Una lectura autodeterminista de los derechos históricos es contraria al carácter normativo de la Constitución y, principalmente, a su Título Preliminar. Incluso la Disposición Adicional no lo permite, puesto que cuando expresa que el régimen foral se actualizará en el marco de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, lo que hace es amparar y respetar los derechos históricos de los territorios históricos, es decir, los propios, singulares y no intercambiables de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, así como actualizarlos en el Estatuto a partir de su integración en una entidad política distinta, como es Euskadi.
En el fondo, se intenta distorsionar las palabras utilizando diversas semánticas para encubrir la voluntad secionista. La más reciente y confusa es el «ámbito vasco de decisión», y conviene añadir que sus competencias están enmarcadas en el Estatuto. Salir del mismo en la dirección que los nacionalistas convencionales y los violentos propugnan a partir del pacto de Estella atañe a todos los españoles, por las consecuencias derivadas, y por ello la Constitución obliga a que su reforma se haga con los procedimientos que la misma impone. (NOTA: estas líneas constituyen una respuesta tanto para ésta como para la siguiente pregunta).

ALFREDO MARCO TABAR • Indudablemente, el Amejoramiento del Fuero navarro es un modelo de constitucionalización de los derechos históricos, pero también el Estatuto vasco tiene en sí mismo potencialidades equiparables al Amejoramiento del Fuero navarro, siempre y cuando las actitudes reivindicatorías no inspiren recelos absolutamente incompatibles con el consenso necesario para la actualización de esos derechos históricos.
Por ello, frente al modelo soberanista últimamente en boga y en boca de los partidos nacionalistas, la actualización de los derechos históricos debiera y puede dar satisfacción a justas y equilibradas reivindicaciones ajenas y lejanas a cualquier sentimiento soberanista, explicable únicamente sobre la base de hipótesis de independencia incompatibles con la esencia del Estatuto.

MITXEL UNZUETA – El caso navarro tiene unas especificaciones, que también vienen de lejos. La acción de 1512, con la que Navarra pierde su independencia, la Ley de 1841, llamada Paccionada, etc., dan al caso de Navarra esa singularidad que, además, se enmarca en un juego de fuerzas políticas diferentes. En el Amejoramiento hay algunos aspectos de interés, aunque, en otros, el sistema es estatutario. Con todo el interés que tiene, prefiero no hacer valoraciones, dado que la experiencia me enseñó que cada vez que un vasco no navarro habla de sus instituciones, se suscitan suspicacias.
La segunda parte de la pregunta es ya otra cosa. Derechos históricos, autodeterminación y soberanismo son conceptos susceptibles de encajes y de discrepancias, según sean interpretados. En el debate sobre el devenir vasco, se están usando estos conceptos con bastante imprecisión, lo que no ayuda a clarificar la situación.
Entiendo la autodeterminación como un ejercicio de libertad, y esto es algo que no es perverso, ni tiene por qué ser condenado. Los pueblos en Europa han llegado al año 2000 con una configuración política, fruto de un complejo legado histórico. El diseño europeo ha cambiado muchas veces y no siempre por la libre decisión de sus protagonistas. Aunque he hablado de Europa de manera genérica, el sistema de relaciones entre los conceptos de Estado, nación y pueblo, en el occidente continental, no es análogo a los del Centro o el Este de Europa. En Europa hay una notable pluralidad de situaciones. Lo mismo pasa con sus culturas y los valores y concepciones que han surgido de ellas, aunque puedan existir aspectos comunes, derivados de las grandes corrientes ideológicas del continente.
Pero vivimos en la realidad gozosa de una Europa de libertades y derechos humanos y, en este marco, los gobiernos deben aceptar reajustes de estas realidades, hasta ahora pendientes por la interferencia de sistemas autoritarios o dogmáticos. La teoría de los Estados nacionales, responsables de tanto derramamiento de sangre, no es, a fin de cuentas, más que una manera de ver y organizar las cosas. Europa necesita estabilidad y ello requiere equilibrar tensiones internas, derivadas de las estructuras de algunos de sus Estados. Cataluña, Irlanda, Escocia y Euskalherría son casos que, en esta parte de Europa, están encima de la mesa. Lo que ocurre es que, por la complejidad de la historia respectiva, un desarrollo del principio de autodeterminación no puede ser concebido en estos casos ni de modo totalmente uniforme ni al estilo colonial. Europa ya ha dejado de entender la soberanía al uso de antaño, y esta circunstancia puede facilitar las soluciones que, ya no constituyen cuestiones exclusivamente internas, sino que son de algún modo de todos. Quizá sea el momento de ir estableciendo algunos criterios generales. La gradualidad de los procesos de acoplamiento a las nuevas realidades y una lealtad recíproca en el diálogo necesario son sus fundamentos básicos. Tendremos que dejar de ser esclavos de algunos conceptos, como las unidades intangibles, o indivisibles, o las nuevas fronteras, para hablar de uniones consensuadas. La autodeterminación, entendida de esta manera, parece puede ser considerada como un activo político de la Europa democrática, es decir, una muestra de su capacidad para gestionar conflictos y tensiones.
Después de escritas las líneas anteriores, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha celebrado una Asamblea General, en la que ha establecido como eje de sus planteamientos la celebración de un referéndum de autodeterminación, como instrumento para que el pueblo vasco exprese su voluntad. Ahora bien, no se determina cuál será la propuesta que en tal momento pueda articular el PNV, ni un plazo para su realización. El propio Arzalluz ha expresado dudas acerca de si llegará a celebrarse. Todo esto me hace pensar que pueden ser útiles las anteriores reflexiones.
Poco me atrevo a decir del modelo soberanista. No sé bien lo que se quiere plantear en torno a esta palabra, ya que he visto utilizarla con sentidos distintos. Pienso que no quiere expresar ninguna fórmula distinta de las habitualmente empleadas y, por ello, entiendo que es una forma de expresar una reivindicación de soberanía plena, es decir, de independencia.
Los derechos históricos constituyen otro planteamiento, a mi juicio, de gran interés, porque conllevan el plus de una legitimidad histórica a la que ya me he referido. La esencia de los derechos históricos radica en el modo de estar en el Estado, más que en las competencias; en el pacto foral, que tan buenos resultados dio. Vistas las cosas desde una perspectiva europea, cuando se habla de reintegración foral, nos estamos refiriendo a un fenómeno semejante al de la restitución de poderes del Parlamento de Westminster al de Edimburgo. Estas devoluciones son restituciones de poder que se efectúan a cuerpos políticos que son legados de la historia y que no han quedado diluidos o asimilados en el seno de los Estados nacionales.
En nuestro caso, se trataría de un pacto de Estado, que faltó en el año 1978, a través del cual podrían resolverse problemas suscitados en torno al Estatuto. La Disposición Adicional Primera, como norma constitucional que es, puede ser objeto de una interpretación política consensuada, que reduzca los arreglos constitucionales al mínimo, si es que son necesarios.
Si la autodeterminación es un principio para el desarrollo de la libertad, como tal principio, no es incompatible con los derechos históricos. Todo depende de la orientación que se dé el proceso de autodeterminación. Nada impide que el proceso de autodeterminación se oriente hacia una plena recuperación de lo que se viene llamando derechos históricos. En ese caso, derechos históricos y autodeterminación serían conceptos complementarios.
Desde estas consideraciones, entiendo que la idea de la autodeterminación es en sí un principio neutro y que por ello no conduce a nada el negarlo, por parte de una sociedad que tiene plena vocación democrática. Las posiciones de aceptación o rechazo deben referirse a las propuestas que se someten a la elección determinativa.

NUEVA REVISTA • ¿Qué marco ¡urídico-político debe defender el nacionalismo no soberanista y cuál defiende el nacionalismo soberanista?

ALFREDO MARCO TABAR • El nacionalismo vasco es soberanista y acepta la Constitución y el Estatuto, siempre condicionando esta aceptación a la sola y única voluntad del pueblo vasco, con lo que su aceptación y acatamiento de las normas constitucional y estatutaria aparecen como instrumentos para lograr sus fines soberanistas, incompatibles al final con cualquier interpretación, por amplia que sea, de esas normas fundamentales.
La Constitución y el Estatuto constituyen, por tanto, el único marco jurídico-político y la referencia absoluta, tanto para el nacionalismo soberanista como para los no soberanistas. Pretender lo contrario es hacer entrar en colisión la propia esencia de las normas democráticas con los fines soberanistas incompatibles con las normas citadas.

MITXEL UNZUETA • Tal y como se plantea la pregunta, hay que suponer que el nacionalismo soberanista propugna la independencia, de forma que la otra opción nacionalista quedaría orientada a la formulación de soluciones alternativas. No estoy seguro de que esta dicotomia, así planteada, sea correcta. Dentro del nacionalismo vasco, los límites no son tajantes. Entiendo que conviene hacer tres aclaraciones previas.
En primer lugar, señalar que el nacionalismo, en sí mismo considerado, no es más que una ideología política que afirma la identidad entre el Estado y la Nación. Por ello, los pueblos que se proclaman nación exigen tener su Estado y éstos pretenden que, dentro de su territorio, la idea de unidad nacional les exige la homogeneidad de la ciudadanía y la unidad institucional y cultural. Todos los nacionalismos son iguales, variando únicamente la posición y circunstancias de cada uno. Lo que determina la conflictividad es el talante de los nacionalismos en las zonas de colindancia. Todo conflicto nacionalista supone necesariamente la colisión entre dos proyectos nacionalistas, aunque algunos no quieran aceptar su condición de tales. La solución de aquéllos no puede venir por el hecho de que un nacionalismo se crea legitimado para despreciar o destruir al otro, ni tampoco por querer llevarle a la convicción de que sus aspiraciones independentistas sean malas, ya que esto supone, implícitamente, hacerle menor de edad o de peor condición.
En segundo lugar, constatar que si el nacionalismo ha sido uno de los más poderosos motores de la historia, va a seguir existiendo. El nacionalismo ofrece una identidad y una legitimidad; de aquí su fuerza. Por lo tanto, el problema no permite ni desconocerlo, ni yugularlo.
La cuestión debe abordarse desde la racionalización del conflicto, entre los proyectos nacionalistas en colisión. La relativización de los planteamientos es una buena medicina.
Por último, destacar que, en la Europa de nuestros días, sumida en un proceso de unión, sin fronteras, con moneda única, generalización de las soberanías compartidas, desde el momento en que los Estados ya no son los únicos sujetos de la acción política, etc., los conflictos nacionalistas pueden tener soluciones que eran impensables hace veinticinco años. Hoy es posible hablar de articulaciones constitucionales, de geometría variable, más adaptables a las realidades plurinacionales que a las construcciones piramidales y uniformes.
Trasladando estas premisas al ámbito vasco, podemos sacar algunas conclusiones.
La primera es que, si dentro de la actual cultura política occidental, el paradigma de todos los nacionalismos es la consecución de un Estado o la conservación del existente, el nacionalismo vasco no es una excepción. Al nacionalismo vasco no le repugna la independencia, si bien este sentimiento se presenta, en un amplio sector de aquél, matizado por una serie de circunstancias que, muy en resumen, giran en torno a la relación emocional de lo vasco con lo español. La historia real ha puesto difíciles las cosas. También influyen las formas, generalmente imprecisas, con las que, el ahora llamado nacionalismo radical, expresa su mensaje. En la sociedad actual, hablar de independencia requiere de adhesiones firmes y éstas exigen un debate riguroso que, hoy por hoy, no se aprecia.
La segunda es de que, a pesar de las incertidumbres, los vascos estamos en un momento interesante para hacer una reflexión. En realidad, la reflexión corresponde a todos los nacionalismos, que deben comprender la necesidad de encontrar nuevas reglas de juego que eviten el riesgo de los terribles conflictos padecidos por los choques entre nacionalismos. Se puede pensar en desarrollar, en inventar nuevas formas de nacionalismo, acopladas a la Unión Europea. El nacionalismo vasco debía ser pionero en la investigación creativa de estas soluciones. Aquí entraría en juego la relativización expresada. Bastaría con que desde el Estado se comprendiera que la unidad nacional no es como se ha venido diciendo, y que una situación de plurinacionalidad tiene que tener un reconocimiento institucional sólido. A su vez, desde el nacionalismo vasco, que en la nueva realidad europea, el entramado institucional que aglutina una nación no tiene por qué constituirse, necesariamente, en un nuevo Estado.
Sin embargo, el debate vasco sigue girando en torno a visiones bastante limitadas. Quizá, uno de los problemas que más afectan a la cuestión es el de la falta de foros donde la reflexión pueda ser serena e imaginativa. El Parlamento Vasco debió ser el gran escenario de los debates ideológicos; no ha sido así. Sorprende que los partidos nacionalistas apenas hayan valorado esta oportunidad. Los debates de la clase política en los medios de comunicación no remontan el nivel de las recíprocas descalificaciones. Entre lo que puede leerse o escucharse, los escasos discursos equilibrados se pierden entre una barahúnda de voces y letras, que más parecen una guerra. La gente capaz y experimentada rechaza participar en estas circunstancias, con lo que el empobrecimiento del debate queda asegurado.
En un contexto así, un debate entre soberanismo y no soberanismo se presentaría como una perturbación más. Sin embargo, es una reflexión que se tiene que hacer, valorando su necesidad y la aceptación o rechazo social. Es curioso, algunos políticos nacionalistas vascos piden que participe la sociedad y que ésta presente proyectos. ¿Cómo y dónde los va a desarrollar, si el ámbito político y el mediático son cotos cerrados?
Tengo la sensación de que un debate clarificador debiera empezar de otra manera. Debiera empezar estudiando, desde las perspectivas culturales, sociales y económicas, cuál es el lugar al que la colectividad vasca puede aspirar. Qué somos, qué podemos hacer y qué podemos ofrecer. El encaje político vendrá rodado. La realidad acaba imponiendo sus soluciones.

NUEVA REVISTA • ¿Qué valoración hace de la actividad parlamentaria de los grupos nacionalistas en el Congreso y el Senado durante estos veinte años?

ENRIQUE MÚGICA • Ha sido positiva, siempre que han coincidido la gobernabilidad del Estado con lo que ellos consideran intereses de Euskadi, cuando en realidad a menudo hacían una lectura sesgada de los mismos.
ALFREDO MARCO TABAR • Los grupos nacionalistas en el Congreso y en el Senado han tenido una actividad parlamentaria siempre directamente relacionada con su sentimiento nacionalista y, a la luz de esta intención, su actuación debe considerarse pragmática y lógica, tanto en los apoyos a los distintos gobiernos de España como en la utilización de su fuerza y sus votos como palanca de sus reivindicaciones.
Creo que su actuación ha estado un tanto autolimitada y no ha dado de sí todo lo que potencialmente la capacidad de sus parlamentarios hubiera podido aportar al proceso parlamentario.
Como comentario general, en relación con estos veinte años de vigencia del Estatuto de Gernika, cabe decir que, transcurridos veinte años desde el referéndum estatutario y aun cuando unos dicen que faltan cosas importantes y que el Estatuto ya no sirve, otros, sin embargo, decimos que lo que se ha hecho es importante y que tanto el Estatuto como la Constitución han demostrado su virtualidad y su prodigiosa capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes de nuestra sociedad.
Y, sin embargo, la situación actual ralla en el absurdo.
Aquéllos que inspirábamos recelo a las fuerzas nacionalistas somos hoy los paladines y defensores de la vigencia de nuestro Estatuto de Autonomía y aquéllos que reclamaban el Estatuto, con aquel grito de «Estatutoa Orekin», son hoy los que niegan la vigencia del Estatuto por caduco, sobre la base de unos hipotéticos incumplimientos.
Y no querría terminar sin recordar a aquellos compañeros, de aquella formación política que fue la UCD y de otros grupos políticos, que han perdido sus vidas en manos de quienes no quisieron participar en el proceso estatutario más que desde la imposición y la violencia. Cada uno de ellos ha sido el precio de nuestra autonomía y de nuestro autogobierno, haciendo imposible que podamos admitir que lo conseguido no merece la pena y que es preferible una nueva vía y un salto al vacío.

MITXEL UNZUETA • Fui senador en las dos primeras legislaturas y después he permanecido apartado de la vida política, de forma que el seguimiento que he hecho de la actividad parlamentaria es bastante relativo. Por estas circunstancias, entiendo que no estoy en condiciones de hacer observaciones sobre esta cuestión.


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