Tiempo de lectura: 11 min.

A lo largo de sus más de cuatro décadas de existencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha creado a través de su jurisprudencia un verdadero patrimonio jurídico en las Américas. Parte de este patrimonio jurisprudencial, se advierte en los estándares que ha desarrollado sobre el derecho a la “libertad de pensamiento y expresión”, coadyuvando en la consolidación de las democracias constitucionales. A continuación expondremos algunos casos relevantes y desafíos actuales.

Debemos comenzar señalando que este derecho se encuentra previsto en diversos instrumentos interamericanos, como lo son la Declaración Americana de Derechos y Deberemos del Hombre de 1948 (artículo IV), la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (art. 13) y la Carta Democrática Interamericana de 2011 (art. 4). También debe destacarse la Declaración de Chapultepec de 1994, en la que se indica en su principio 1 que el derecho a la libertad de expresión “es un derecho inalienable de los pueblos”.

No puede perderse de vista, sin embargo, que este derecho encuentra consonancia en todos los sistemas de derechos humanos, al plasmarse también en el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y el artículo 9 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

La Carta Democrática Interamericana contempla el derecho a la libertad de expresión como uno de los componentes fundamentales de la democracia

Tanto la Comisión como la Corte IDH han destacado una triple importancia de la libertad de expresión. En primer lugar, porque se trata de un derecho individual ya que permite al ser humano pensar y transmitir a los otros nuestra perspectiva del mundo; en segundo lugar, porque tiene una relación directa y estructural con la democracia, cuestión que se encuentra reflejada en la Carta Democrática Interamericana, que lo contempla como uno de los componentes fundamentales de la democracia; y en tercer lugar, porque no solo es un derecho en sí mismo, sino que también puede ser un vehículo para que otros derechos puedan ser garantizados, es decir, tiene un carácter instrumental.

Por ello, no resulta extraño que ambos órganos de protección en el Sistema Interamericano, sean contundentes al afirmar que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática”. De tal importancia es el derecho a la libertad de expresión, que se le ha dotado de una doble dimensión, es decir, su contenido tiene impacto tanto en el sujeto (en lo individual o como persona) como en la sociedad (en la colectividad).

En cuanto al primer aspecto, la libertad de expresión “comprende el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir opiniones, ideas e información y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios”. En lo que concierne al segundo, el colectivo o social, comprende “el derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todas las personas a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros”. No hay que perder de vista que las referidas dimensiones coexisten en toda sociedad y por ello es de vital importancia salvaguardar ambas.

La Corte IDH ha desarrollado el contenido de la libertad de expresión principalmente mediante sus funciones consultiva y contenciosa. La Opinión Consultiva No. 5, sobre la Colegiación Obligatoria de los Periodistas (1985), fue el punto de partida para el desarrollo del amplio contenido de la libertad de expresión (en donde justamente desarrolló la doble dimensión del referido derecho). Sin embargo, conviene destacar, que la Corte IDH ha sido enfática al señalar desde el caso Herrera Ulla Vs. Costa Rica “que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto por lo que pueden ser admisibles restricciones a dicho derecho, siempre y cuando dicha restricción cumpla con los fines en una sociedad democrática y que la restricción sea legal, idónea, necesaria y proporcional”.

A partir de dicha opinión consultiva, la Corte IDH ha tenido un amplio desarrollo jurisprudencial sobre el artículo 13 del Pacto de José dentro de la región. En general ha abordado temas tan variados como el derecho de acceso a la información; la censura cinematográfica; los límites al derecho penal como responsabilidad ulterior; la relevancia de los medios de comunicación como vehículos de la libertad de expresión y las restricciones ilegítimas a éstos; la libertad de expresión en el marco de candidaturas políticas; la relación entre el derecho a la verdad y el derecho a la información; el derecho de personas indígenas a expresarse en su lengua materna; las violaciones derivadas del silenciamiento por la fuerza a periodistas y opositores políticos; la relevancia de la libertad de expresión en el denominado derecho a defender la democracia;  la protección de trabajadores en contextos de relaciones entre particulares; “la firma en el marco de mandato revocatorio” como forma de libertad de expresión; y el consentimiento informado,  entre otros.  Reseñaré algunos ejemplos y varios de sus aportes en el marco del referido derecho.

La Corte consideró que la censura previa que permitía la legislación interna chilena vulneraba el derecho a la libertad de expresión de las víctimas del caso

La primera ocasión en su función contenciosa fue el caso Olmedo Bustos vs. Chile (2001). El caso estaba relacionado con la censura previa de la película la Última tentación de Cristo en las salas cinematográficas del Estado. La Corte IDH tuvo en consideración que la censura previa solo está justificada por la Convención Americana en aquellos supuestos en donde, tratándose de espectáculos públicos, “únicamente [se tenga como] fin de regular el acceso a ellos, para la protección moral de la infancia y la adolescencia”. En el caso, la Corte IDH consideró que la censura previa que permitía la legislación interna chilena vulneraba el derecho a la libertad de expresión de las víctimas del caso ya que no se ajustaba al único supuesto de excepción contemplado en el tratado internacional.

Un segundo caso relevante, lo constituye Claude Reyes y otros Vs. Chile (2006), en donde la Corte IDH tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre si el “derecho al acceso a la información” es un derecho contemplado en el artículo 13 (ya que no se encuentra enunciado de manera expresa). En este sentido, el Tribunal Interamericano interpretó que “el referido artículo, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención.

Asimismo, señaló que este derecho debe ser regido u observado por el Estado bajo lo principios de i) publicidad, ii) transparencia de la gestión pública y iii) máxima divulgación, lo que permite un control democrático de las gestiones del Estado.  El caso justamente se había originado por la denegación de información bajo control del Estado sobre un proyecto ambiental y que al ser denegada se pudo constatar que en Chile no existía legislación interna que guiara el actuar de las autoridades sobre la información que podría ser otorgada o no, lo que daba un amplio margen de arbitrariedad. En palabras de la Corte IDH: “la [in]observancia de los límites convencionales, crea un campo fértil para la actuación discrecional y arbitraria del Estado en la clasificación de la información como secreta, reservada o confidencial, y se genera inseguridad jurídica respecto al ejercicio de dicho derecho y las facultades del Estado para restringirlo”.

 “La lengua es uno de los más importantes elementos de identidad de un pueblo, precisamente porque garantiza la expresión, difusión y transmisión de su cultura”

Un tercer caso lo constituye López Álvarez Vs. Honduras (2006), en donde la víctima era una persona perteneciente a la comunidad garífuna (una comunidad originaria de la costa Atlántica de Honduras) y quien había sido privado de la libertad. En el caso, una de las alegaciones que tuvo que estudiar el Tribunal Interamericano fue que durante su detención el director del centro de detención le prohibió al señor López (y a otros detenidos de la comunidad garífuna) utilizar su lengua originaria para comunicarse. Así, dicha prohibición “i) negó a la víctima expresarse en el idioma de su elección, ii) tal medida no fue justificada por el Estado y iii) dicha prohibición lesiona la individualidad del detenido y no obedece a condiciones de seguridad o a necesidades de tratamiento de los internos”, ya que “la lengua es uno de los más importantes elementos de identidad de un pueblo, precisamente porque garantiza la expresión, difusión y transmisión de su cultura”.

En el caso Kimel, la Corte consideró que se había presentado  una violación del articulo 13 de la Convención Americana por haberse utilizado en forma innecesaria y desproporcionada el poder punitivo del Estado

Un cuarto caso es el del periodista y escritor argentino, Eduardo Kimel (caso Kimel Vs. Argentina, 2008), que había escrito y publicado un libro en el cual criticaba duramente la actuación de un juez, para entonces retirado, que durante su servicio activo había tenido la tarea de investigar la comisión de una masacre contra ciertos religiosos durante el período de la dictadura militar. En el libro, Kimel afirmaba que el juez había actuado en forma condescendiente con la dictadura, ya que, habiendo conocido indicios de que el crimen había sido ordenado por los altos mandos militares, paralizó la investigación. El juez retirado promovió́, con ocasión del libro, un proceso criminal por calumnia contra Kimel, quien resultó condenado a un año de prisión (en suspenso) y a una indemnización monetaria por causa de su publicación. La Corte IDH consideró que se había presentado en este caso una violación del articulo 13 de la Convención Americana por haberse utilizado en forma innecesaria y desproporcionada el poder punitivo del Estado, conclusión a la que llegó teniendo en cuenta, entre otros factores, i) que la critica de Kimel se formuló sobre temas de notorio interés público, y ii) que el libro en cuestión se refería a las actuaciones de un juez en ejercicio de su cargo.

Complementando el caso Kimel, recientemente en el caso Álvarez Ramos Vs. Venezuela (2019), la Corte IDH indicó algunos “requisitos” o “elementos” para entender que una determinada nota o información haga parte del debate público, a saber,: i) el elemento subjetivo, es decir, que la persona sea funcionaria pública en la época relacionada con la denuncia realizada por medios públicos; ii) el elemento funcional, es decir, que la persona haya ejercido como funcionario en los hechos relacionados, y iii) el elemento material, es decir, que el tema tratado sea de relevancia pública.

También debe destacarse el caso Granier y otros Vs. Venezuela (Radio Caracas Televisión RCTV, 2015). El Estado venezolano decidió no renovar la licencia del espectro radio eléctrico a dicho canal bajo un argumento de “utilidad pública”. Sin embargo, al momento de evaluar los hechos del caso, el Tribunal Interamericano notó que para la fecha de expiración de la concesión de RCTV, existían otras estaciones de televisión que compartían algunas características similares con RCTV y cuya concesión también vencía el 27 de mayo de 2007. La Corte IDH constató que todas las licencias de estos canales fueron renovadas, salvo la de RCTV, razón por la cual entró a analizar si la decisión de reservarse el uso del espectro asignado inicialmente a RCTV y no la de otro canal pudo haber generado un trato discriminatorio en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

La Corte IDH dio por probado que la línea editorial y la postura política transmitida en RCTV fueron unos de los motivos principales detrás de las decisiones adoptadas por el Estado venezolano de no renovar la concesión del espectro radioeléctrico a RCTV. Lo anterior quedó demostrado con las múltiples declaraciones que diversos funcionarios estatales hicieron sobre la línea editorial de RCTV y las consecuencias (el cierre de dicho canal) que acarrearían. El Tribunal Interamericano resaltó que al realizar el gobierno un trato diferenciado basado en el agrado o disgusto que le causaba la línea editorial de un canal, conllevó a que se genere un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre todos los que ejercen el derecho a la libertad de expresión. Cabe precisar que las violaciones a la libertad de expresión constatadas en este caso fueron declaradas a favor de los accionistas de dicho canal (ya que el Tribunal consideró que son ellos los que plasman su ideología en la línea editorial del canal) y no a favor del canal en sí mismo, ya que en el Sistema Interamericano, salvo excepciones, las personas jurídica no tienen ius standi como sujeto de derechos.

En el caso López Lone y otros Vs. Honduras (2015), la Corte IDH consideró que bajo la Convención Americana (y en el marco del Sistema Interamericano y la Carta Democrática Interamericana) existe un derecho “a defender la democracia” el cual “constituye una específica concretización del derecho a participar en los asuntos públicos y comprende a su vez el ejercicio conjunto de otros derechos como la libertad de expresión y la libertad de reunión”. En el caso, el Tribunal Interamericano se vio llamado a pronunciarse sobre los procesos disciplinarios de jueces y una magistrada (siendo algunos destituidos y otros separados). Dichos procesos disciplinarios fueron iniciados por conductas de las víctimas en defensa de la democracia y el Estado de Derecho en el contexto del golpe de Estado ocurrido en junio de 2009 en Honduras.

Este fue el primer caso en donde el Tribunal Interamericano se pronunció sobre el derecho a participar en política, la libertad de expresión y el derecho de reunión de personas que ejercen funciones jurisdiccionales o de administradores de justicia. En el caso se consideró que “en condiciones normales del Estado de Derecho”, las y los juzgadores pueden estar sujetos a restricciones que les impidan ejercer los referidos derechos; sin embargo, para la Corte  “en momentos de graves crisis democráticas, como la ocurrida en un golpe de Estado, no son aplicables a las actuaciones de los jueces y de las juezas en defensa del orden democrático las normas que ordinariamente restringen su derecho a la participación en política, a la liberta de expresión y reunión”.

Finalmente, estimo oportuno destacar el caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela en donde la Corte IDH declaró responsable internacionalmente al Estado por la terminación arbitraria de los contratos laborales que las tres víctimas tenían con el Consejo Nacional de Fronteras, organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Ello se dio como consecuencia de haber firmado una solicitud de referéndum revocatorio del mandato del entonces presidente Hugo Cháves Frías en diciembre de 2003, en particular luego de haber aparecido de manera pública sus nombres en la llamada “lista Tascón”.

En cuanto a la libertad de expresión, la Corte IDH señaló que “el acto de firma de una solicitud de referendo es, en un sentido amplio, una forma de opinión política, en cuanto implicaba la manifestación de que se consideraba necesario activar una consulta popular sobre un tema de interés público que es susceptible de deliberación en una sociedad democrática”. Sin embargo, la Corte IDH observó que según el artículo 13.1 de la Convención, la libertad de expresión se puede ejercer “por cualquier otro procedimiento de su elección” y, dado el contexto, el acto de firmar puede ser considerado uno de esos otros procedimientos. Es decir, no se trataba solo de ejercer un derecho individual, secreto, sino de expresar un parecer desde el momento mismo de la firma.

Muchos de estos avances jurisprudenciales se han logrado en gran medida gracias a un fluido diálogo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Muchos de estos avances jurisprudenciales se han logrado en gran medida gracias a un fluido diálogo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la interpretación que realiza del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Dichas interpretaciones han sido de fundamental importancia al momento de dotar de contenido el artículo 13 del Pacto de San José. Por ejemplo, en el caso Kimel, la Corte IDH hizo suyo el criterio del Tribunal Europeo del caso Mamère Vs. Francia en lo que respecta a que “si bien la libertad de expresión tiene un valor preponderante, especialmente en cuestiones de interés público, no puede prevalecer siempre en todos los casos sobre la necesidad de proteger el honor y la reputación, ya sea de personas privadas o de funcionarios públicos”. Otro ejemplo lo encontramos en el caso Radio Caracas Televisión en donde la Corte IDH indicó “que los Estados están internacionalmente obligados a adoptar las medidas que fueren necesarias “para hacer efectivos” los derechos y principios establecidos en la Convención […] para lo cual deberán establecer leyes y políticas públicas que garanticen el pluralismo de medios o informativo en las distintas aéreas comunicacionales, tales como, por ejemplo, la prensa, radio, y televisión”; dicho pronunciamiento fue previamente emitido por el Tribunal Europeo en el célebre caso Centro Europa 7 s.r.l. y Di Stefano Vs. Italia.

EL RIESGO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

En cuanto al futuro, seguramente la Corte IDH estará llamada a pronunciarse sobre temas de gran actualidad sobre la libertad de expresión en las nuevas tecnologías (como Internet), las redes sociales o los buscadores de información.  Algo ha expresado en el marco del derecho a la honra y dignidad (derecho que esta constantemente en tensión con el derecho a la libertad de expresión), especialmente en el caso caso Escher y otros Vs. Brasil, al señalar que la “fluidez informativa que existe hoy en día coloca al derecho a la vida privada de las personas en una situación de mayor riesgo debido a las nuevas herramientas tecnológicas y su utilización cada vez más frecuente. Este progreso, […], no significa que las personas deban quedar en una situación de vulnerabilidad frente al Estado o a los particulares”. Además, la Corte IDH no es ajena a los avances tecnológicos, ya que desde el mismo caso, en el año 2009, y en todas sus sentencias posteriores, como medida de reparación de satisfacción ordena al Estado respectivo publicar de forma íntegra la sentencia concernida en determinadas páginas web (por lo general por un lapso mínimo de un año).

No obstante, en el marco del Sistema Interamericano, es importante destacar los aportes en la materia que ha hecho la Relatoría Especial sobre Libertad Expresión de la CIDH, que desde el año 2001 adoptó la Declaración conjunta sobre Antiterrorismo, Radiodifusión e Internet (CIDH y ONU). Posteriormente, en el año 2005, se adoptó la Declaración conjunta sobre internet y sobre medidas antiterroristas (CIDH y ONU) y en el 2012, la Declaración conjunta sobre libertad de expresión en internet” (CIDH y ONU). Merece especial mención la “Declaración conjunta sobre libertad de expresión e internet” del 2011, adoptada en conjunto con el Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

La libertad de expresión en la era digital constituye uno de los desafíos que tienen por delante los órganos del Sistema Interamericano. Seguramente cuando la Corte IDH esté llamada a pronunciarse, recurrirá también a los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en este diálogo constante entre las Cortes), especialmente en los importantes casos Time Newspaper LTD Vs. Reino Unido (2009), Hamet Yildirim Vs. Turquía (2013), Delfi AS vs. Estonia (2015) y Kalda Vs. Estonia (2016), entre otros.

__________________________________________________

 Resumen de la ponencia presentada en el seminario de UNIR La libertad de expresión en la era digital, organizado por Nueva Revista (5.V.2021)

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual fue presidente y vicepresidente. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de la Facultad de Derecho de la misma.