Aun cuando el incremento del número de jóvenes cualificados no constituye la condición suficiente para la reducción de las cifras de desempleo juvenil es, desde luego, su condición necesaria. El ajuste óptimo entre ambos indicadores dependerá, obviamente, de la calidad efectiva de la formación, de las actitudes de los jóvenes frente al empleo y de la adecuación entre la formación y las necesidades del sistema productivo; pero, en todo caso, la inexorable reorientación del sistema económico que están protagonizando los países desarrollados exige un incremento de la cualificación de los futuros empleados.
En el pasado mes de julio la secretaria de Estado de Empleo del Gobierno de España —María Luz Rodríguez— hizo pública una información estremecedora: unos 900.000 jóvenes en paro no reúnen las condiciones ni para incorporarse al mercado laboral ni para acceder a la formación profesional, ya que tampoco disponen de las herramientas básicas para desenvolverse en el aprendizaje. Son, según la apreciación de la citada secretaria de Estado, los «hijos del modelo económico que acabamos de vivir», basado en la construcción y por el que muchas personas dejaron los estudios de forma prematura para dedicarse al «ladrillo».
Es este tipo de diagnósticos —que elude cualquier responsabilidad relativa a la naturaleza de la estructura del sistema educativo, a su grado de eficacia, a sus rigideces, a su falta de incentivos inteligentes y a su enorme inercia a la hora de adaptarse con rapidez a los cambios— lo que más ha contribuido a la degradación de un sistema de formación incapaz de adecuarse al nuevo contexto y de preverlo. Cuando novecientos mil jóvenes se encuentran en una situación tan dramática, recurrir al «ladrillo» como único factor causal de esta desgracia colectiva resulta de una simplicidad intelectual que, aun cuando ofende, estimula la necesaria búsqueda de políticas eficaces en materia de educación y formación.
Remover los obstáculos hacia la FP
Un primer análisis de los males de nuestro sistema de formación permite identificar dos factores sustantivos: unas cifras muy elevadas de abandono educativo temprano (porcentaje de la población de entre 18 y 24 años que abandona el sistema escolar antes de terminar la Enseñanza Secundaria Obligatoria o que, en el caso de graduarse en la ESO, no completa el nivel de educación secundaria superior) y un patrón de distribución de la población joven por niveles de formación anómalo con respecto al de los países más desarrollados.
En cuanto al primer factor, que es sinónimo de infracualificación, la última cifra disponible (año 2010) alude a una tasa del 28%, el doble que la del conjunto de los países de la Unión Europea. Análisis rigurosos indican que el «efecto inmigración» explica solo tres puntos porcentuales y que la caída de actividad a consecuencia de la crisis económica no ha reducido en más de cuatro puntos dicho indicador. Hay pues causas más profundas de esta severa disfunción estructural del sistema educativo.
En relación con el segundo factor, se observa que la distribución de la población joven por niveles de formación —elemental, medio y superior— presenta un patrón en forma de V, frente al de V invertida que es característico de los países avanzados (1). Es decir, carecemos de una población joven, suficientemente numerosa, poseedora de un nivel formativo intermedio; y ese déficit es atribuible, casi en exclusiva, a una falta de presencia en la formación profesional de grado medio. A partir de las anteriores evidencias, el cuadro resulta bastante claro: el sistema educativo español, por su rigidez, ha sido incapaz de retener en la formación reglada a aquellos jóvenes que probablemente optarían por una formación profesional. Sin embargo, los sistemas educativos europeos que reconocen diferentes vías de éxito, distintas formas de excelencia, y que ofrecen a sus alumnos oportunidades formativas diferenciadas antes de los 16 años presentan, por lo general, cifras de abandono educativo temprano inferiores o bastante inferiores a la media; es decir, son capaces de retenerlos y cualificarlos con mayor eficacia dentro del sistema reglado (2).
Desplazar los incentivos al interior del sistema reglado
Uno de los defectos que ha arrastrado durante décadas nuestro sistema de educación y formación consiste en una falta notoria de conciliación entre el mundo de la formación y el mundo del empleo. Así, en lo que concierne a la Secundaria postobligatoria, y en particular a la Formación Profesional, cabe recordar que ya en 1999 solo un 4% de los alumnos españoles entre los 15 y los 19 años combinaba trabajo con estudios reglados, frente al 50% en Austria, Holanda, Suiza y Dinamarca y lejos del 16% de la media de los países de la OCDE (3). Esa circunstancia, típicamente española, eleva el coste de oportunidad de proseguir los estudios y facilita el abandono escolar.
Es, pues, a causa de las deficiencias estructurales del sistema que el «efecto ladrillo» se ha dejado sentir con todo su vigor. Así, mientras los obstáculos, debidos a las rigideces del propio sistema educativo, dificultaban el avance de los alumnos de conformidad con sus aptitudes e intereses, los incentivos —en especial los económicos—, al situarse fuera de la formación reglada, se sumaban a los obstáculos y promovían el abandono educativo en los alumnos con menores apoyos familiares. Se trata ahora, por tanto, de ordenar las reformas educativas de tal modo que se eliminen esos obstáculos innecesarios y, además, se desplacen los incentivos del exterior al interior del sistema reglado, incorporando en su seno los necesarios estímulos económicos mediante fórmulas retributivas vinculadas a contratos de aprendizaje o similares (4) como parte, en todo caso, de la formación profesional.
Incrementar el protagonismo de nuestras empresas
La formación en cualquier profesión requiere mucho más que un mero conocimiento teórico. Para que logre la mayor eficacia posible ha de desarrollarse en el marco del llamado «aprendizaje por entrenamiento» (5), en el cual se facilita al aprendiz la integración entre la base teórica y buena parte de los rasgos del contexto o situación en la que habrá de desarrollar posteriormente su práctica profesional. Pero, además, los rápidos cambios tecnológicos pueden dejar pronto obsoleta cualquier formación profesional que no esté vinculada directamente a las empresas; por ello estas se convierten, en las actuales circunstancias, en los lugares más apropiados donde aprender una profesión.
De acuerdo con todo lo anterior, tanto por los requerimientos de un sistema de incentivos que retenga a los alumnos en el sistema reglado, como por las exigencias de una formación de calidad, adaptada en todo momento a las necesidades del sistema productivo, resulta imprescindible hacer evolucionar nuestra formación profesional hacia un modelo compuesto, o integrado, escuela-empresa que beneficiará a los alumnos, a los centros de formación profesional y a las propias empresas. El sistema dual, o en alternancia, característico de los países del área de influencia alemana, constituye el ejemplo más conocido y exigente de ese modelo integrado de formación profesional.
Recientemente la Comunidad de Madrid ha pasado de las palabras a los hechos, y ha puesto en marcha para el curso que comienza una experiencia piloto dirigida, por el momento, a la formación profesional de grado superior con el fin de implantar, con carácter experimental, el modelo alemán en su ámbito de competencia. El acuerdo suscrito con seis grandes empresas comportará un reparto del tiempo de formación en la proporción de dos tercios en el medio empresarial y un tercio en el medio escolar. Además, las empresas dispondrán de flexibilidad a la hora de organizar el tiempo lectivo que les corresponde, definirán los objetivos de formación y tendrán capacidad para establecer los criterios y procedimientos para la selección de los alumnos (idioma, expediente, entrevista personal, etc.). Cada alumno recibirá una retribución de 450 euros al mes bajo la fórmula de «beca-salario». Al cabo de dos cursos podrá obtener el título oficial de técnico superior en la especialidad correspondiente y, al terminar los estudios, dispondrá de posibilidades fundadas de incorporarse a la plantilla de la empresa. De este modo, las empresas consiguen orientar la formación de acuerdo con sus necesidades, facilitan sus procedimientos de selección y evitan, en buena medida, los procesos de formación interna para los nuevos contratados. Por su parte, los centros se beneficiarán de un nuevo dinamismo derivado de su contacto directo con la realidad puntera del sistema productivo. Se trata, pues, de una experiencia pionera en España de la que todas las partes salen ganando y de la que, por extensión, la sociedad en su conjunto resultará beneficiada.
Es posible que las características del tejido empresarial de otras comunidades autónomas requieran una aplicación adaptada del citado principio de integración escuela-empresa, mediante la definición de diferentes fórmulas o modalidades de propósito equivalente; pero lo que parece evidente es que este es el camino de una formación profesional moderna, que abra la puerta, para alumnos y familias, a un mayor atractivo de la formación profesional y a una mejora sustantiva de la calidad de la formación; camino cuyo recorrido hace años España debería haber iniciado.
NOTAS
1 Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid (2010), Informe 2010 sobre la situación en la enseñanza no universitaria en la Comunidad de Madrid, Madrid, www.madrid.org/consejo_escolar
2 López Rupérez, F. (2006), El legado de la LOGSE, Gota a Gota, Madrid.
3 OCDE (2001), Education at a glance, OECD Indicators 2001, OECD, París.
4 López Rupérez, F. (2009), «La reforma de la educación escolar», en Ideas para salir de la crisis, FAES, Madrid.
5 Hargreaves, D. H. (2000), «La production, le transfert et l’utilisation des connaissances professionnells chez les enseignants et les médecins: une analyse comparative», en Société du savoir et gestion des connaissances, OCDE, París.
