Ángeles Álvarez. Política y activista feminista. Fue diputada en el Congreso por el PSOE. Portavoz de Igualdad, contribuyó a impulsar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
«Pactos», monográfico de Nueva Revista
Avance
Para entender el pacto feminista, comienza diciendo la autora, es preciso conocer otro previo y antagónico: el pacto patriarcal, base de un sistema social, ideológico y político. Frente a ello reaccionaron las mujeres que pasaron de «ser objetos pactados», como señala Luisa P. Kubisa, a ser sujetos de derecho y sujetos activos de la acción política. Esa toma de conciencia de Nosotras fue un primer paso al cuestionar que lo masculino represente el todo social y político.
El ejemplo paradigmático donde se hace patente ese nosotras es en la violencia de género, que padecen las mujeres por ser mujeres. La Ley Orgánica contra la Violencia de Género (2004) y posteriormente el Pacto de Estado contra la Violencia (2017) concitó la unanimidad de todos los partidos. Este último reclama al Estado mayor diligencia para afrontar el origen del problema (la desigualdad) y está haciendo que miles de hombres tomen conciencia del mismo. Un problema ante el que no cabe actitudes negacionistas, dado su carácter estructural y universal, como ponen de manifiesto las cifras: así, 20.000 mujeres son ajusticiadas por honor cada año en el mundo y dos millones de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, dos de los ejemplos que recoge la autora.
Álvarez alerta de otras amenazas, como la «agenda sobrevenida» —de la que habla Amelia Valcárcel— que incluye «las consecuencias normativas del multiculturalismo» y los intentos de reinterpretar la práctica prostitucional y el alquiler de mujeres con fines reproductivos, «planteándolo como un debate sobre la libertad de las mujeres a venderse y no como un cuestiona- miento del supuesto derecho de los hombres a comprarlas». Y finalmente, la amenaza consistente en desvirtuar la agenda del movimiento feminista para ponerla al servicio de otras luchas, a través del neolenguaje (persona gestante, trabajadora sexual, persona menstruante, cuerpos feminizados, género como sinónimo de sexo). Este —advierte— sustituye el concepto «sexo», como categoría biológica, por el concepto subjetivo de «identidad de género» que se convierte en algo esencial y elegido, y siempre autodeterminado de forma individual.
Artículo
Para referirse al pacto feminista es preciso, en primer lugar, conocer un concepto previo y antagónico: pacto patriarcal. Al feminismo como teoría política le ha correspondido analizar los sistemas coercitivos y de consentimiento tácito, reglamentados o no, que se han utilizado para controlar la posición de subordinación de las mujeres, tanto en el ámbito de lo público como de lo privado o lo íntimo.
El pacto patriarcal ha estado enfocado a sostener y regular los pilares básicos (pero no únicos) de un sistema social, ideológico y político que necesita reportar al menos tres beneficios básicos al conjunto de los varones como sujetos activos de lo pactado: primero, la garantía de acceso a la relación sexual; segundo, la garantía de veracidad respecto de la titularidad y derechos de filiación sobre sus hijos/as; tercero, el aseguramiento de los cuidados personales para cada varón y su prole.
Para sostener esos pilares se han precisado leyes y reglamentos sociales que van desde el derecho de familia a una amplia batería de elementos culturales que, de forma coercitiva unos y de forma más benévola otros, han dado forma al contrato social patriarcal que ha establecido roles rígidos diferenciados en base al sexo y que hace escasos siglos combaten y tratan de renegociar las mujeres.
A pesar de que los postulados de la Ilustración las habían excluido como sujeto de derechos, las mujeres se sirvieron de la vocación universalista de aquellos valores y razones ilustradas para reclamar el fin de su exclusión del ámbito de la ciudadanía y los derechos.
En torno al derecho de familia se construyó gran parte del pacto patriarcal y en torno a él se siguen sustanciado muchas batallas políticas que afectan a la libertad y derechos de las mujeres en la mayoría de los países del mundo.
La toma de conciencia de las mujeres, primer paso
Las mujeres nos hemos consolidado como sujeto político desde el mismo momento en que tomamos conciencia y describimos la opresión común construyendo un Nosotras (todas las mujeres). En ese momento adquirimos la capacidad de ser parte activa del pacto social y cuestionar que lo masculino represente el todo social y político.
Se pasó de «ser objetos pactados», como señala la filósofa y feminista española Luisa P. Kubisa, a ser sujetos de derecho y sujetos activos de la acción política y con las luchas por el derecho a voto las sufragistas consumaron el primer gran pacto entre mujeres capaz de ahormar una aspiración que, por universal, trascendía a las diferencias de clase, raza, cultura, etc.
De aquello (y de Lisistrata) aprendimos que, frente al pacto patriarcal, solo cabe el pacto feminista que se construye sobre ese «nosotras, las mujeres». Pero las mujeres enfrentan realidades diversas y los sistemas patriarcales varían en el tiempo y en el espacio modulando la dureza de los códigos sociales y sistemas culturales que las ahorman. Para el feminismo un eslogan es algo más que propaganda política, por eso tras aquel «si nos tocan a una nos tocan a todas» se esconde la esencia del pacto feminista. El «nosotras, las mujeres» no acepta que los avances, de algunas los tolere el sistema a costa de aceptar un modelo de sustitución que coloque a otras como esclavas o productos.
Amplias capas de mujeres en todo el planeta ya acceden al sistema educativo universitario, tienen trabajos asalariados, controlan su capacidad de gestar, eligen a sus parejas y algunas incluso establecen las condiciones de sus relaciones. Los beneficios básicos que el pacto patriarcal garantizaba al conjunto de los varones no se fracturan por ello, pero se tambalean si esto se hace realidad para el conjunto de las mujeres.
En las economías y países donde las mujeres se incorporan de forma masiva al ámbito de lo público el sistema está replanteándose cómo afrontar muchos aspectos del trabajo de reproducción representado, hasta ahora, en la figura del ama de casa y su trabajo gratuito y sin reglamentación horaria.
La respuesta de sustitución que ofrece el patriarcado liberal busca compensar la pérdida de mujeres disponibles a tiempo completo con la comercialización de los servicios que tradicionalmente ofrecían gratuitamente las mujeres. Se establece un sistema de industrialización de la comida elaborada, se proveen servicios de cuidado a niños/as y personas con discapacidades o mayores dependientes (desde el sistema público o desde la empresa privada), y también se pretende regular la provisión de mujeres como un producto para la masiva mercantilización del acceso al placer sexual y la obtención, por precio, de las capacidades reproductivas de las mujeres.
Pero la asunción, por parte del Estado, de todo el trabajo reproductivo es materialmente inabarcable, económicamente inasumible y políticamente inquietante. La sobrecarga que ha supuesto para las mujeres su acceso al espacio público precisa de la incorporación de los varones al reparto de las tareas reproductivas, cosa que no harán si ello no tiene el reconocimiento de alto valor social.
De momento, la respuesta de sustitución busca sostener incólume los privilegios del pacto patriarcal, aportando un suficiente contingente de mujeres, ahora como asalariadas o como productos, que sostengan los beneficios básicos del pacto.
Pero para el feminismo ilustrado en el «nosotras, las mujeres» no cabe un feminismo álibi de las que piensan que su realidad no vincula con la de otras y creen que las que no llegan a sus mismas cotas de éxito, lo hacen por culpa de ellas mismas despreciando en sus análisis los obstáculos y trabas que soportan el conjunto de las mujeres. Tampoco en el «nosotras, las mujeres» caben análisis que se apalanquen en explicar la discriminación exclusivamente en base a la clase social, la raza o la orientación sexual sin considerar el núcleo estructural de la desigualdad: la pertenencia al sexo femenino.
La violencia de género como ejemplo paradigmático
El ejemplo paradigmático donde se hace patente ese nosotras es en la conocida como violencia de género. La padecen mujeres por ser mujeres, al margen de su clase social, raza y condición y se halla identificada como uno de los principales obstáculos que enfrentan en su camino hacia la igualdad.
Cuando los poderes públicos se vieron forzados a enfocar el problema, los datos no permitían titubeos sobre la necesidad de un compromiso transversal dirigido a Todas para lograr así el acondicionamiento jurídico que comprometiese a cualquier partido, gobierno e institución a combatir un problema que afectaba al conjunto de las mujeres. En ese proceso, el apabullante número de víctimas de violencia que nos muestra la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019 [1] ha venido a poner de manifiesto la naturalización de las prácticas de control y abuso denunciadas por las organizaciones de mujeres en sus campañas pedagógicas, de concienciación y denuncia sobre la falta de diligencia del Estado a la hora de protegerlas.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, fue comprometida por José Luis Rodríguez Zapatero y aprobada por su primer gobierno en 2004 y contó con la unanimidad de la Cámara a pesar de las primeras reticencias durante los gobiernos de José María Aznar, que celoso de otorgar un triunfo político a la oposición, se limitaba a propuestas meramente paliativas
Pero la inicial negativa se torna en consenso construido sobre un acuerdo conceptual que indica que no cabe la inacción ante la violencia contra las mujeres al ser esta un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, y un menoscabo para que las mujeres disfrutan de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La unanimidad supuso, de facto, la culminación de un proceso de convergencia de todos los partidos políticos hacia los postulados feministas que reclamaban a toda la estructura del Estado actuar frente a las causas primarias, combatir los factores de perpetuación del problema y establecer sistemas de reparación. La unanimidad fue alentada por una conciencia social construida con esfuerzo por un feminismo pedagógico, las recomendaciones de los organismos internacionales y el marco Constitucional español (artículo 9.2).
Si la posterior ratificación del Convenio de Estambul en 2014 apuntaló los consensos en esta materia, será el Pacto de Estado contra la Violencia alcanzado en el año 2017 lo que culminó el proceso de reconocimiento de que existe una violencia específica en base a la pertenencia al sexo femenino. Este Pacto reclama al Estado mayor diligencia para afrontar el origen del problema (la desigualdad) y compromete a remover tanto las desidias tácitas que obstaculizan la aplicación de la ley como las prácticas culturales ilegítimas que normalizan el control de la vida de las mujeres. Es decir, le reclama que haga feminismo.
Es un pacto para la fortaleza democrática porque está haciendo que también miles de hombres tomen conciencia y lleven a su día a día el desafío de romper el tradicional silencio masculino, inadmitiendo las justificaciones y por tanto desbaratando las complicidades necesarias para mantener el pacto patriarcal no escrito. En esa medida estos pactos están resultando esenciales a la hora de romper los bloques ideológicos.
El pacto feminista y sus amenazas
Pero ese nuevo pacto social entre mujeres y hombres que compromete la transformación de la jerarquía sexual ha encontrado una organizada amenaza en la extrema derecha que busca limitar las políticas activas en defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Su visión negacionista del carácter cultural y social de las desigualdades entre hombres y mujeres, conlleva negar también la violencia instrumental que las sostiene.
Susan Faludi, periodista y autora estadounidense ganadora del Premio Pulitzer, ya describió las reacciones (nerviosas o violentas) ante la entrada de las mujeres a la universidad, las que provocó el derecho al voto o las que demandaban devolver los puestos de trabajo asalariados a los excombatientes tras la Segunda Guerra Mundial.
Hoy para determinar y analizar las amenazas sigue siendo preciso conocer con detalle cómo va la agenda global feminista y hay que hacerlo a través de la prueba del algodón que nos ofreció la III Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Nairobi en 1985, es decir, hay que preguntarse ¿cómo avanza el acceso de las mujeres al control de recursos materiales (físicos, humanos o financieros, como el agua, la tierra, los bosques, los cuerpos, el trabajo y el dinero)?, ¿cómo avanza el acceso de las mujeres a los recursos intelectuales (conocimientos, información e ideas)? y ¿cómo avanza la capacidad de las mujeres de propagar, sostener e institucionalizar valores, actitudes y comportamientos vinculados a la igualdad?
La agenda feminista global se enfrenta a estos hechos: en el mundo 2.400 millones de mujeres no tienen los mismos derechos económicos que los hombres, la explotación sexual de mujeres y niñas representan el 70% sobre el total de las víctimas capta- das para la trata de seres humanos (UNODC), 20.000 mujeres son ajusticiadas por honor cada año en el mundo según la investigación del periodista Robert Fisk, una de cada veinte mujeres de 16 a 59 años informó haber sido víctima de un delito sexual grave después de la edad de 16 años (Informe CESW, 2013); más de 42 millones de niñas y adolescentes en todo el mundo no van a la escuela y más de 160 millones de mujeres y adolescentes que querrían evitar la maternidad no tienen acceso a anticonceptivos. Dos millones de niñas menores de 15 años dan a luz cada año en el mundo (UNFPA). Parece que el sexo no es un dato indiferente.
Sin olvidar estas cuestiones, las amenazas afloran también en lo que la filósofa Amelia Valcárcel ha denominado «agenda sobrevenida», en la que quedan incluidas «las consecuencias normativas del multiculturalismo» junto a los perversos intentos de reinterpretar la práctica prostitucional y el alquiler de mujeres con fines reproductivos, planteándolo como un debate sobre la libertad de las mujeres a venderse y no como un cuestionamiento del supuesto derecho de los hombres a comprarlas. Las españolas estamos particularmente expuestas a un mercado, que necesita abastecerse de la materia prima para ciertas demandas del consolidado y lucrativo negocio de la compraventa de óvulos y material genético [2]. Es lógico que el feminismo señale la deficiente regulación que favorece a quienes buscan guiarnos hacia una condición poshumana sin consideraciones ni limitaciones éticas.
Los peligros del neolenguaje y la suplantación
Ante un movimiento de mujeres activo, solvente, internacionalista y consciente de que los problemas de las mujeres atraviesan culturas, países, etnias, religiones, edades y clases sociales, cabía una última amenaza: desvirtuar y desplazar la auténtica agenda del movimiento feminista para ponerla al servicio de otras luchas. El entrismo en el Movimiento Feminista se evidencia en el neolenguaje y los discursos que ocultan la realidad material de las mujeres para sustituir el marco político de la igualdad entre mujeres y hombres por el de la disidencia contra las normas heterosexuales como si esta fuese la única cuestión para acometer al hacer frente al sistema de dominación masculina que se pretende combatir. El homopatriarcado también existe. La filósofa y activista feminista Victoria Sendón reclama al movimiento de mujeres «la recuperación de las palabras que constituyen nuestro acervo» porque en la aceptación, o no, del neolenguaje nos estamos jugando el futuro. El neolenguaje, que ha entrado ya en la legislación española e internacional (persona gestante, trabajadora sexual, persona menstruante, cuerpos feminizados, género como sinónimo de sexo), está enfocado a construir una representación del mundo que busca sustituir el concepto «sexo», como categoría biológica, por el concepto subjetivo de «identidad de género» que se convierte en algo esencial y elegido, y siempre autodeterminado de forma individual. Los intentos de incluir todas las subjetividades que tengan la más mínima relación con los estereotipos de género femeninos en la categoría «mujeres» y su vinculación farmacológica y quirúrgica con el transhumanismo ha encontrado una fuerte resistencia en el movimiento feminista que está denunciando las problemáticas éticas y sociales que comporta. Este es otro punto disruptivo que, como toda la agenda sobrevenida, rompe las dinámicas discursivas de los consensos a alcanzar para el avance de un nuevo pacto entre mujeres y hombres.
Tanto la izquierda que rinde culto a las identidades como la extrema derecha son negacionistas. Los primeros niegan la diferencia sexual estableciendo sus reivindicaciones aspiracionales en torno a la diferencia «de los géneros» y los segundos niegan que la diferencia sexual comporte discriminaciones. Unos y otros, terminan por proponer políticas contrarias a la agenda propia de las mujeres. Ambos saben que cuando se cuestiona la especificidad de las discriminaciones en base al sexo de pertenencia se rompen los consensos construidos sobre la base del conocimiento que da la observación de la realidad material. Aceptar que los extremos rompan los conceptos políticos que hacen posible los pactos es el camino para acabar con los incipientes beneficios que las mujeres hemos obtenido de los mismos. Ellos lo saben. Nosotras no debemos olvidarlo.
NOTAS
[1] Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/ Macroencuesta2019/home.htm
[2] Sobre la compraventa de óvulos el European IVF Monitoring Group (EIM) indica que «España cuenta con la mayor cifra con un 30%, le sigue la República Checa con 15% de las donaciones y Rusia con un 12%».
