Como muy bien anota Guillermo Cisneros en su artículo, los cambios en materia de formación tienen un impacto muy largo y, por la misma razón, los errores cometidos en el pasado son los que ahora nos están pasando la parte más dolorosa de su factura. Si hubiera que buscar un resumen del excelente conjunto de análisis que incluimos en este número, sobre los cambios que requiere la situación educativa para que la educación se convierta en un factor de competitividad en España, me parece que debería ser el siguiente: nuestros problemas no derivan de la escasez de recursos, dedicamos más fondos a la educación que Finlandia y Corea del Sur, según anota Mauricio Rojas tomando el dato de un informe de la OCDE de 2010, sino de un mal enfoque del sistema y del predominio de una abundante serie de malas prácticas. Se impone, pues, un cambio de rumbo, no un mero cambio de planes ni más demagogia aludiendo a la necesidad de dedicar recursos adicionales que podrían ser destinados a empeorar lo que ya está mal.
Decía Ortega que la educación es el sector en el que más abundan las mentiras, lo que bastaría para caracterizarle como un pensador español, porque, efectivamente, la educación en España viene viviendo de dos mentiras básicas que, además, empiezan a ser muy viejas. Aunque pueda parecer sorprendente, la historia contemporánea de los errores en educación se remonta, nada menos, que a la Ley General de Educación de los últimos años del franquismo. En realidad, las políticas socialistas en educación, que son las únicas que ha habido, porque el PP no pudo, por las razones que fuera, modificar con fortuna la situación educativa, no han hecho sino continuar y profundizar el sentido de aquella maniobra del final del franquismo con sus dos grandes promesas: extensión y homogeneización de la educación, y acceso a la universidad para todos.
No sería razonable negar que esos objetivos tuvieron aspectos positivos, pero es evidente que lo que se ha logrado ha supuesto unos altísimos costos en términos de fracaso escolar, muy escasa calidad, masificación universitaria y frustración creciente por la inepcia de buena parte del sistema educativo para convertirse en una palanca de renovación, de competitividad y de mejora económica. Bastaría recordar, por ejemplo, cómo en los años anteriores a los setenta existía en España una eficiente formación profesional ligada a grandes empresas, públicas y privadas, lo que ahora empezamos a conocer como sistema dual o alemán, de lo que nos habla López Rupérez, que pereció a manos de los planes administrativistas de los gestores de la proyectada educación general y universal.
En la educación española, como dice O’Kean en su texto, ha sido frecuente confundir las causas con los efectos, y eso se traduce de manera bastante inmediata en el problema más grave de nuestra economía, su falta de competitividad. Una de las primeras reformas radicales que habría que introducir en la educación es precisamente la que permitiera a los centros educativos, crecer, competir por los alumnos y los fondos, buscar la excelencia. Eso es, precisamente lo que han hecho nuestras escuelas de negocio, un tema que analiza con maestría Juan Luis Martínez, y están a la cabeza del mundo en su especialidad, según todos los indicadores, mientras que, por contraste, las universidades españolas no dejan de ceder puestos en los ranking internacionales: hace más de diez años había alguna entre las 150 primeras, ahora nuestra universidad mejor situada se encuentra unos cien puestos más abajo. Este hecho lamentable lastra, además de manera insoportable, el trabajo de algunos de los departamentos universitarios que obtienen mejor calificación: en biología, en ingeniería o en matemáticas hay algunos centros entre los cien primeros del mundo, pero la burocratización rutinaria y creciente del entorno universitario los empuja irresistiblemente hacia la mediocridad. Frente a este tipo de entorno que devalúa y malgasta, es necesario recuperar el aprecio por la excelencia, el premio al talento y el fomento de la libertad, como muy bien subraya el profesor Pin Arboledas en su trabajo.
Dotar de la capacidad de competir a los centros educativos, en todos los niveles, implica que los poderes políticos se atrevan a renunciar a parte de su capacidad de controlar, que ya se ha visto sirve para poco, cuando no es directamente regresiva. El texto de Mauricio Rojas explica con gran sencillez y claridad cómo resolvió Suecia su problema, con libertad, aceptando que los ciudadanos y las instituciones no son menos capaces que los funcionarios para afrontar con garantías estas situaciones, y es evidente que les ha ido muy bien.
En España, con la débil excusa de las homologaciones se ha creado una nueva especie parásita en las agencias nacionales que está impidiendo que las universidades desarrollen la autonomía que sí debieran tener. Un ejemplo contrario, y de gran importancia práctica, es el que nos cuenta Guillermo Cisneros sobre la forma en que algunas escuelas de ingenieros han conseguido la homologación internacional de sus títulos por encima de todo tipo de trabas administrativas, aunque el mejor ejemplo lo constituye, una vez más, el de nuestras excelentes escuelas de negocios que deben buena parte de su éxito a que no han tenido montañas de funcionarios ocupándose de ellas, porque desarrollaban una titulación no reglada.
Decir este tipo de cosas que afirman nuestros colaboradores es políticamente incómodo, porque los intereses creados en la esfera política, funcionarial y sindical ejercen una espesa y eficiente censura moral sobre las ideas admisibles en educación y las que no lo son, pero ya es hora de poner en su sitio a esta suerte de mandarines del fracaso educativo. Esta es, en el fondo, la causa, como muy bien subraya Inger Enkvist, de la desazón de nuestros universitarios, un malestar al que no suelen saber poner nombre adecuado, porque se lo impide la retahíla de tópicos, las mentiras orteguianas, que están evitando que la educación española pueda levantarse y avanzar para provecho de todos.
