Andrés Ollero

Cuando en la literatura internacional se habla de Estado liberal no se pretende calibrar el grado de influencia que una determinada ideología política haya podido alcanzar dentro de su ámbito. Se apunta más bien a unas estructuras básicas que suelen identificarse mediante alusiones al Estado de Derecho, la división de poderes, su difusión a través de variadas fórmulas descentralizadoras, el sometimiento de las normas y actos de ellos emanados a un control jurídico-constitucional ajeno al juego de mayorías habitual en la cotidianidad política. Dentro de ese marco —del que hoy me preocupo— se llevarán a cabo políticas concretas que merecerán ser consideradas más o menos liberales. El marco de referencia viene existiendo sin duda en los países de nuestro entorno como consecuencia de tres notables impulsos constituyentes: el producido en la posguerra mundial, notablemente influyente en la doble transición democrática experimentada decenios después en la península ibérica, que repercutirá a su vez en la oleada producida no mucho después por la ruptura y desmembración del bloque soviético. Pero el panorama quedaría incompleto si no tuviéramos en cuenta el proceso de construcción de la Unión Europea, fruto de la maduración del primer impulso citado, pero notablemente inacabado en relación a cualquiera de ellos. Por paradójico que resulte, preguntarnos si cabe considerar a la Unión como un Estado liberal puede deparar bastantes sorpresas, aunque en países tan poco euroescépticos como España pasen inadvertidas. Síntoma elocuente de este retraso en el andamiaje político de la Europa unida es el notable desfase entre el Convenio de Roma, auspiciado por un Consejo de Europa que agrupa a países europeos unidos o sin unir, y el paralelo proceso de garantía de los derechos fundamentales en el mucho más reducido ámbito de la Unión Europea. Lo que surgió como una mera comunidad económica, girando en torno al carbón y el acero, ha ido generando trabajosamente instituciones que no llegan a alcanzar las cotas consideradas indispensables en cualquiera de sus Estados miembros. Ni su gobierno tiene mucho que ver con el que sería de esperar en cualquier Estado liberal que se precie, ni su parlamento cumple aún las funciones de efectivo control del Ejecutivo que tiempo ha se llevan a cabo en el ámbito nacional. Da fe de ello la actitud de vigilante supervisión que más de un Tribunal Constitucional, con el alemán como punto de referencia, mantienen ante la obvia cesión de soberanía que el crecimiento de la Unión va llevando consigo. Hace ya más de un decenio el nuestro secundaba tal actitud en su Declaración 1/2004, recordando que ese proceso de cesión no podía considerarse ilimitado, dado el obligado respeto derivado de «nuestras estructuras constitucionales básicas y del sistema de valores y principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución, en el que los derechos fundamentales adquieren sustantividad propia (art. 10.1 CE)». No en vano «la Constitución exige que el ordenamiento aceptado como consecuencia de la cesión sea compatible con sus principios y valores básicos». Estas formales advertencias contrastan con el avance incesante de un derecho comunitario que no solo pasa a...

Con referencia a los planteamientos manifestados ya en el célebre debate del 19 de enero de 2004, entre Joseph Ratzinger y Jürgen Habermas en la Academia Católica de Baviera, el profesor Ollero ilustra cómo la no aceptación de una ley natural, racionalmente accesible, dificulta la posibilidad de diálogo con la modernidad (Ratzinger) y cómo la pretensión laicista de prohibir a los creyentes manifestarse, también de forma política, priva a la sociedad secular de importantes reservas para la creación de sentido (Habermas).

Lo característico de nuestra Constitución fue, sin duda, el ambiente de consenso en que se forjó. Se trata de un hito histórico, dada nuestra nada positiva tradición sobre la perdurabilidad de las constituciones, precisamente por la ausencia de consenso. Resulta por ello de interés plantearse qué sea el consenso, ya que puede haber más de una manera de entenderlo. Se habló ya de consenso como sucedáneo de un iusnaturalismo en crisis. Se trataba de sustituir el clásico fundamento metafísico y ontológico del derecho natural, estimando que con ponerse de acuerdo sobre determinadas cuestiones era suficiente. Cuando se elaboró la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Norberto Bobbio consideró que el problema del fundamento de los derechos humanos había dejado de revestir interés. Una vez que se estaba de acuerdo en los derechos, lo importante era protegerlos y garantizarlos eficazmente. Maritain, que había intervenido en los trabajos, apuntó sin embargo que, de hecho, no se había producido tal consenso: se había llegado a un acuerdo con la condición de no preguntarse sobre el efectivo alcance de los derechos en cuestión. John Rawls plantea una distinción muy interesante -en su libro El liberalismo político- entre consenso y modus vivendi. El consenso sería una categoría moral y tendría un contenido racional. Por el contrario, un modus vivendi reflejaría esa actitud de compromiso provisional que se adopta en un momento determinado, porque no cabe conseguir más, pero con la idea de que cuando cambien las circunstancias se intentarán soluciones diversas. Esta distinción invita a preguntarse si la transición democrática española se fundó, como se ha dicho siempre, en un consenso o fue más bien fruto de un modus vivendi. Una vez celebrados los veinticinco años de la Constitución comenzó a experimentarse un sorprendente afán por cambiarla; como si fuera ya demasiado longeva para lo que nuestra tradición histórica permite. Inicialmente llegué a pensar que las minorías nacionalistas habrían adoptado más bien una actitud de modus vivendi; por lo pronto, obtuvieron lo de las nacionalidades, a la espera de acabar logrando por lo menos un federalismo asimétrico, entre España, el País Vasco y Cataluña, más que un auténtico Estado de las Autonomías. Ahora hay quien duda que todos los considerados partidos nacionales sigan considerándose vinculados por aquel consenso; puede que, en algún caso, se esté rebajando el consenso de la transición democrática a un mortificante modus vivendi que algún partido habría tenido que soportar porque no podía hacer otra cosa, pero que ahora juzgaría obligado replantear en otros términos. La transición democrática no habría sido una prueba de mutua magnanimidad moral, sino más bien una especie de apaño para que luego vinieran otros -por lo visto, más patriotas y preparados- a poner las cosas donde realmente habría que haberlas puesto. Es de notar que el mismo Rawls había escrito antes una Teoría de la Justicia, que intentaba fundamentar sobre bases posmetafísicas sin acogerse al utilitarismo pujante en los Estados Unidos. En el diseño de ese modelo teórico jugaba como pieza fundamental lo que llamaba el velo de...

El autor trata el porqué la Constitución se limita a establecer unos límites rígidos y las vulneraciones constitucionales, llamada flacidez.

Sobre la situación de los laicos en la realidad del día a día, muchos de ellos no son fieles en el ámbito público porque consideran que no deben serlo, se trata de un laicismo no impuesto sino asumido.

El convencimiento de que la modificación de la -aún vigente- Ley de Reforma Universitaria se halla desde hace años fuera de cuenta ha venido estimulando un florecer de propuestas, un conjunto de iniciativas y disputas de poder que Andrés Ollero trata de desenmarañar para poner el acento sobre las verdaderas necesidades de la reforma universitaria.