Andrés Ollero

Cuando en la literatura internacional se habla de Estado liberal no se pretende calibrar el grado de influencia que una determinada ideología política haya podido alcanzar dentro de su ámbito. Se apunta más bien a unas estructuras básicas que suelen identificarse mediante alusiones al Estado de Derecho, la división de poderes, su difusión a través de variadas fórmulas descentralizadoras, el sometimiento de las normas y actos de ellos emanados a un control jurídico-constitucional ajeno al juego de mayorías habitual en la cotidianidad política.

Con referencia a los planteamientos manifestados ya en el célebre debate del 19 de enero de 2004, entre Joseph Ratzinger y Jürgen Habermas en la Academia Católica de Baviera, el profesor Ollero ilustra cómo la no aceptación de una ley natural, racionalmente accesible, dificulta la posibilidad de diálogo con la modernidad (Ratzinger) y cómo la pretensión laicista de prohibir a los creyentes manifestarse, también de forma política, priva a la sociedad secular de importantes reservas para la creación de sentido (Habermas).

Nadie discutirá que un triunfo en las urnas legitima para convertir en texto legal el propio programa político. Que, tras la abrumadora opción ciudadana por el «cambio» —en octubre del 82—, los socialistas sacaran adelante una ley universitaria que no se parecía demasiado a lo que unos meses antes habían pregonado como alternativa, lleva al desconcierto. No ¡o ignoraba el propio legislador, que —reviviendo tiempos pretéritos— la promulgaba con alevosa estivalidad, cuando —en pleno mes de agosto— todos los variopintos miembros de la loada «comunidad universitaria» se hallaban en desconocido paradero. Que ocho años después la aplicación práctica de aquel texto haya dibujado una irreconocible caricatura, cierra un balance que es la historia de una continuada incongruencia. La LRU abortada La oposición vociferante del PSOE, antes de que descubriera las virtudes del «consenso» (real o aparente), se cebó de modo especial con la LAU, el nonato proyecto universitario de la UCD. Todo el potencial reivindicativo de las Universidades —peculiar «herencia recibida» de la política universitaria centrista— fue dirigido contra aquel intento. No se dudaba que, entre el centenar de leyes que los socialistas decían tener ya redactadas, como piezas maestras del prometido «cambio», se hallaría un proyecto destinado a dar a luz una Universidad de nueva planta. Se daba por descontado que los mensajes básicos de su oposición a la LA U adelantaban ya sus líneas maestras: sustitución de los cuerpos funcionariales por la contratación del profesorado: destierro radical de la forzada explotación académica de los penenes; fin de la fraudulenta masificación universitaria, que no sólo ignoraba exigencias de calidad universitaria, sino que desafiaba las de la física, al no respetar siquiera el aforo de las aulas disponibles. Si tal proyecto llegó a existir, no sería obra de Maravall. Pensar que alguien lograra domeñar su querencia al despotismo ilustrado, antes de la entrada en juego de los persuasivos recursos del Cojo Manteca, sería un dislate. En todo caso, la presunta alternativa a la LA U no llegó, ni por asomo, a convertirse en ley. La LRU promulgada La anunciada sustitución de los cuerpos académicos se vio desmentida por partida doble. No sólo se mantuvieron nada menos que cuatro distintos (el doble quizá de los que a estas alturas parecían aún indispensables), sino que la extinción de los penenes se lleva a cabo «incorporándolos» a ellos. Las secuelas jurídicas de tan barroca operación siguen llenando, ocho años después, páginas del BOE; pleitos tengas y los ganes... El entusiasmo por la contratación del profesorado no encontraba, pues, fundamento decisivo en los sufridos penenes. Ninguno de ellos llegó a declararse objetor al ser llamado a las levas idoneizadoras, que restaron brillantez a la justa promoción de los realmente preparados y amnistiaron indulgentemente a más de cuatro; a cambio, no se les obligó a rendirse en el Teatro Real... La auténtica presión contractualista era más autonómica que corporativa, teniendo en Cataluña y el País Vasco sus focos animadores. No deja de ser significativo que, en las sucesivas ocasiones en que la Universidad ha merecido la atención del Tribunal Constitucional, haya sido...

Lo característico de nuestra Constitución fue, sin duda, el ambiente de consenso en que se forjó. Se trata de un hito histórico, dada nuestra nada positiva tradición sobre la perdurabilidad de las constituciones, precisamente por la ausencia de consenso.

El autor trata el porqué la Constitución se limita a establecer unos límites rígidos y las vulneraciones constitucionales, llamada flacidez.

Sobre la situación de los laicos en la realidad del día a día, muchos de ellos no son fieles en el ámbito público porque consideran que no deben serlo, se trata de un laicismo no impuesto sino asumido.

El convencimiento de que la modificación de la -aún vigente- Ley de Reforma Universitaria se halla desde hace años fuera de cuenta ha venido estimulando un florecer de propuestas, un conjunto de iniciativas y disputas de poder que Andrés Ollero trata de desenmarañar para poner el acento sobre las verdaderas necesidades de la reforma universitaria.