Nadie discutirá que un triunfo en las urnas legitima para convertir en texto legal el propio programa político. Que, tras la abrumadora opción ciudadana por el «cambio» —en octubre del 82—, los socialistas sacaran adelante una ley universitaria que no se parecía demasiado a lo que unos meses antes habían pregonado como alternativa, lleva al desconcierto. No ¡o ignoraba el propio legislador, que —reviviendo tiempos pretéritos— la promulgaba con alevosa estivalidad, cuando —en pleno mes de agosto— todos los variopintos miembros de la loada «comunidad universitaria» se hallaban en desconocido paradero. Que ocho años después la aplicación práctica de aquel texto haya dibujado una irreconocible caricatura, cierra un balance que es la historia de una continuada incongruencia.
La LRU abortada
La oposición vociferante del PSOE, antes de que descubriera las virtudes del «consenso» (real o aparente), se cebó de modo especial con la LAU, el nonato proyecto universitario de la UCD. Todo el potencial reivindicativo de las Universidades —peculiar «herencia recibida» de la política universitaria centrista— fue dirigido contra aquel intento.
No se dudaba que, entre el centenar de leyes que los socialistas decían tener ya redactadas, como piezas maestras del prometido «cambio», se hallaría un proyecto destinado a dar a luz una Universidad de nueva planta. Se daba por descontado que los mensajes básicos de su oposición a la LA U adelantaban ya sus líneas maestras: sustitución de los cuerpos funcionariales por la contratación del profesorado: destierro radical de la forzada explotación académica de los penenes; fin de la fraudulenta masificación universitaria, que no sólo ignoraba exigencias de calidad universitaria, sino que desafiaba las de la física, al no respetar siquiera el aforo de las aulas disponibles.
Si tal proyecto llegó a existir, no sería obra de Maravall. Pensar que alguien lograra domeñar su querencia al despotismo ilustrado, antes de la entrada en juego de los persuasivos recursos del Cojo Manteca, sería un dislate. En todo caso, la presunta alternativa a la LA U no llegó, ni por asomo, a convertirse en ley.
La LRU promulgada
La anunciada sustitución de los cuerpos académicos se vio desmentida por partida doble. No sólo se mantuvieron nada menos que cuatro distintos (el doble quizá de los que a estas alturas parecían aún indispensables), sino que la extinción de los penenes se lleva a cabo «incorporándolos» a ellos. Las secuelas jurídicas de tan barroca operación siguen llenando, ocho años después, páginas del BOE; pleitos tengas y los ganes...
El entusiasmo por la contratación del profesorado no encontraba, pues, fundamento decisivo en los sufridos penenes. Ninguno de ellos llegó a declararse objetor al ser llamado a las levas idoneizadoras, que restaron brillantez a la justa promoción de los realmente preparados y amnistiaron indulgentemente a más de cuatro; a cambio, no se les obligó a rendirse en el Teatro Real...
La auténtica presión contractualista era más autonómica que corporativa, teniendo en Cataluña y el País Vasco sus focos animadores. No deja de ser significativo que, en las sucesivas ocasiones en que la Universidad ha merecido la atención del Tribunal Constitucional, haya sido...