Joaquín Ungaretti. Doctor en Psicología, Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor universitario. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), (Argentina).
Edgardo Daniel Etchezahar. Doctor en Psicología (UBA). Profesor universitario e investigador del Conicet. Autor de El sexismo ambivalente y la ideología del rol de género.
Avance
El principal motivo por el que los argentinos dicen sufrir discriminación se relaciona con sus creencias políticas. De las personas que se sintieron discriminadas el último año (35,3 por ciento), casi la mitad, 45,2 por ciento, señaló que el motivo fue su ideología o sus convicciones políticas. Son datos de una investigación del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires, realizada en junio de 2024, para trazar el mapa de los prejuicios y la discriminación en Argentina.
La discriminación ideológica es una mala noticia para la democracia, porque se supone que en este régimen es posible pensar de modo distinto y expresarse libremente sin sufrir hostigamiento o acoso. También es una mala noticia para el caso de Argentina, ya que los resultados demuestran que, lejos de menguar, la brecha social se agranda y la polarización se extiende pese a los nuevos actores y partidos políticos o a causa de los mismos. Al final, las décadas de extrema polarización política acaban pasando factura y lo hacen en los contextos más cercanos, como la familia y los amigos.
Resulta significativo que la mayoría de los casos afectara a las mujeres y que las principales vías de discriminación fueran las redes sociales y el ámbito publico. De los resultados se puede concluir que «las redes sociales constituyen un espacio virtual donde se potencian las polarizaciones políticas y se vehicula la descarga emocional» según señala el informe.
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El principal motivo por el que los argentinos dicen sufrir discriminación se relaciona con sus creencias políticas. De las personas que se sintieron discriminadas el último año (35,3 por ciento), casi la mitad, 45,2 por ciento, señaló que el motivo fue su ideología o sus convicciones políticas. La mayoría de los casos afectó a las mujeres y se registró en las redes sociales y el espacio público.
Hay otros factores de discriminación, como son la edad (18,8 por ciento), la condición física o mental (14,4 por ciento), el género (12,4) o la religión (5,7), y por debajo del dos por ciento, el color de la piel, la orientación sexual y la etnia. Pero, por encima de todos ellos se sitúa la discriminación ideológica.
Esta es una de las conclusiones más significativas de un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre los prejuicios y la discriminación en Argentina. Fue realizado, entre el 19 y el 22 de junio de 2024, mediante entrevistas a 1.747 personas, por los investigadores Joaquín Ungaretti y Edgardo Daniel Etchezahar.
A propósito del informe, Ungaretti hacía una pertinente distinción en el canal argentino Radio Rivadavia. Una cosa son los prejuicios y otra la discriminación, aunque estén conectados. «Los prejuicios —explicaba— pertenecen a la esfera del pensamiento, del sentimiento»; la discriminación se refiere a los actos, y se produce cuando aquellos se materializan «en acciones concretas contra los derechos de otras personas».
La discriminación ideológica detectada en el informe es una mala noticia para la democracia, como recordaban en el programa de radio, porque en este régimen se supone que es posible pensar de modo distinto y expresarse libremente sin sufrir hostigamiento o acoso. También es una mala noticia para el caso concreto de Argentina, ya que los resultados están en la línea de un estudio anterior realizado durante la pandemia y demostrarían que, lejos de menguar, la brecha social, la «grieta» —como se conoce popularmente en el país austral el enfrentamiento sistemático por razones políticas— se agranda y la polarización se sigue extendiendo pese a los nuevos actores y partidos políticos o a causa de los mismos. Al final, las décadas de extrema polarización política acaban pasando factura y lo hacen en los contextos más cercanos: familia y amigos.
Las redes sociales, factor de polarización
A la pregunta de por dónde se sufría discriminación, el 23,7 por ciento respondió que en las redes sociales e internet, y el 21,1 por ciento mencionó el espacio público. Para el 16,5 por ciento la principal vía de discriminación es el ámbito laboral, y para el 14,3 por ciento, el entorno familiar. Por el contrario, fue menor la discriminación en el ámbito de los amigos y en el de la educación. De los resultados se puede concluir que, en la actualidad, «las redes sociales constituyen un espacio virtual donde se potencian las polarizaciones políticas y se vehicula la descarga emocional» como indica el estudio.
Respecto al género, del total de los participantes que indicaron haber experimentado algún tipo de discriminación, un 57,6 por ciento se identificaron como mujeres. Los autores sostienen que «la diferencia en los niveles de discriminación percibida en función del género es una constante en los estudios sobre discriminación y constituye una verdadera problemática. Sistemáticamente las mujeres reportan haber sido víctimas de discriminación en mayor medida que los hombres».
En cuanto a los grupos que sufren más discriminación, los villeros —habitantes de villa miseria (en el Diccionario de Americanismos)—, las personas en situación de pobreza y los indígenas obtienen las puntuaciones más elevadas en la encuesta: 6,84; 6,5; y 6,24 respectivamente, en una escala del 1 al 10. Seguidos de las personas con obesidad (6,16); con discapacidades (6,04); homosexuales (5,92); inmigrantes latinoamericanos (5,62); ancianos (5,54); feministas (5,52) y mujeres (4,82).
Otro dato destacado, en el apartado de los prejuicios, es que «las personas de género masculino presentaron mayores niveles de prejuicio hacia casi todos los grupos considerados en comparación con el género femenino, a excepción del prejuicio hacia la homosexualidad, en el que no se hallaron diferencias significativas».
En el informe también se hacía hincapié en la edad. Los resultados indican que fueron los más jóvenes quienes presentaron mayores niveles de prejuicio hacia todos los grupos sociales y esto sí es una novedad con respecto a investigaciones anteriores. Si, en general —lo apunta el propio estudio—, se considera que los jóvenes son más tolerantes, abiertos e inclusivos que generaciones anteriores, «los jóvenes argentinos también han sufrido más por las últimas crisis económicas y es probable que el incremento de la competencia percibida y la escasez de recursos, pueda ser un factor relevante en el aumento de la hostilidad hacia diferentes grupos sociales».
La encuesta es, a la vez, un espejo que refleja cómo se ven los argentinos a sí mismos. Los participantes (recordemos, una muestra de 1.747 personas) consideran al resto de sus compatriotas haters (odiadores) prejuiciosos, discriminadores, autoritarios, egoístas, agresivos. Y, sin embargo, se consideran a sí mismos con mucho menos nivel de odio, prejuicio, discriminación, etcétera. Se cumple en este caso un sesgo cognitivo típico de la llamada teoría social descendente (desarrollada por Thomas Willis), según la cual una persona mira a otra o a un grupo de personas a quienes considera peores que ella misma para mejorar su autoimagen y el bienestar subjetivo.
Significativamente, los términos se invierten cuando se les pregunta por los indicadores positivos (empatía, tolerancia, respeto, humildad). Los participantes de la encuesta perciben al resto de los argentinos con niveles inferiores en todos esos indicadores que los que tienen ellos mismos. Con una excepción: el indicador feminista. Los encuestados se autoperciben menos feministas que el resto de sus compatriotas.
El Estado y la lucha contra la discriminación
En la encuesta se preguntaba también por el papel del Estado en la lucha contra la discriminación y los prejuicios. En concreto, por el polémico cierre del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) el pasado mes de febrero. El gobierno de Javier Milei justificó la medida, por tratarse de una estructura estatal «superpoblada» y escasamente eficiente. Más de la mitad de los encuestados —el 52,6 por ciento de los participantes— están de acuerdo. Si bien, un 60,9 considera que se debían seguir destinando recursos económicos estatales para las víctimas de discriminación.
No menos significativas son las respuestas sobre la atención sanitaria y educativa a los extranjeros. Casi siete de cada diez encuestados creen que se les debe cobrar por el uso de la sanidad pública. Y un 40,8 por ciento considera que se le debe cobrar al extranjero en todos los niveles del sistema educativo estatal, en tanto que un 27,9% opina que solo se debe cobrar en el nivel universitario.
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