La renta básica universal (RBU) está ganando popularidad como alternativa al actual sistema de protección social. La idea es dar a cada ciudadano la misma cantidad de dinero, sin importar si trabaja o no. Por lo tanto, a diferencia de los sistemas de bienestar tradicionales, la RBU no requiere ni un certificado de recursos económicos ni un test sobre la disposición a trabajar. Nadie se quedaría sin sustento aunque no haya trabajo para él. ¿No suena genial?
El problema es que el programa debe ser financiado de alguna manera. Supongamos por simplicidad que hay 250 millones de estadounidenses adultos y que cada uno de ellos recibiera 1.000 dólares mensuales (como propuso el candidato presidencial Andrew Yang). Así que tendríamos un coste total de 250.000 millones de dólares mensuales y 3 billones de dólares anuales. Ascendería a alrededor del 14 por ciento del PIB de los Estados Unidos, o el 42 por ciento del gasto total del gobierno, o el 73 por ciento de los desembolsos federales. Comparativamente: eso es más que el gasto total en salud, defensa y educación. Y sin embargo, estamos hablando de «solo» 12.000 dólares anuales (o el 19 por ciento del salario medio del hogar, o el 36 por ciento de la media de los ingresos personales). ¡Buena suerte con un programa tan caro!
La renta básica universal seguiría siendo el privilegio de algunas personas a expensas de otras. El derecho de una persona a un ingreso básico significa que otra persona tiene que pagar por ello.
PRESCINDIR DE LA UNIVERSALIDAD Y FIJAR CONDICIONES
Por eso la RBU es una idea utópica. Su introducción requeriría o bien apartarse de la universalidad (por ejemplo, proporcionando prestaciones solo para los jóvenes), o bien apartarse de la incondicionalidad (por ejemplo, introduciendo un criterio de ingresos), o bien reducir el pago a pequeñas cantidades simbólicas. Otras opciones incluyen un aumento radical de los impuestos o la implementación de la «teoría monetaria moderna»: darle al botón para que arranque la imprenta que fabrica billetes directamente sin respaldo alguno.
Las dos primeras opciones arriba mencionadas distorsionarían la idea del programa, transformándolo en otro programa de bienestar tradicional. El tercer escenario no cumpliría con sus metas, ya que no erradicaría la pobreza ni aumentaría significativamente la seguridad social. Y las dos últimas opciones tendrían consecuencias económicas generales negativas que podrían conducir a resultados contrarios a las intenciones del programa (por ejemplo, un aumento en la tasa de desempleo como resultado de una carga tributaria adicional sobre los salarios), o una reducción en la cantidad de beneficios reales como resultado de una mayor inflación. Todo lo anterior significa que es un mito la implementación de la RBU a un nivel sustancial sin incurrir en costes económicos significativos.
La idea de la renta básica universal se reduce a romper el vínculo entre ingresos y trabajo, es decir, a liberar a la gente de la desagradable necesidad de ganar dinero.
Eso lo confirma un artículo reciente (Basic income or a single tapering rule? Incentives, inclusiveness and affordability compared for the case of Finland), publicado por economistas de la OCDE con ocasión de un experimento con la RBU en Finlandia (que no era un programa gubernamental). Estimaron que la sustitución del actual sistema de prestaciones sociales por la RBU en Finlandia sería demasiado costoso o significaría prestaciones insuficientes para los más desfavorecidos y, en consecuencia, un aumento de la proporción de personas que viven por debajo del umbral de pobreza: ¡del 11,5 al 14,3 por ciento!
IMPACTO NEGATIVO EN LA OFERTA DE MANO DE OBRA
El segundo problema económico con la RBU es el impacto negativo en la oferta de mano de obra. El análisis económico sugiere claramente que un aumento de los ingresos no salariales desplaza la línea presupuestaria y aumenta el salario de reserva, lo que conduce a una reducción del tiempo de trabajo. Y esto es lo que mostraron los experimentos anteriores con el impuesto negativo sobre la renta (véase el artículo de Philip K. Robins en «The Journal of Human Resources», 1985), un concepto similar al de la RBU, especialmente en el caso de las mujeres y de los jóvenes, que estaban menos emparejados al mercado laboral. Los resultados no son sorprendentes: el hecho de dar dinero a la gente para nada reduce el costo de oportunidad de no trabajar.
También hay cuestiones éticas. Los partidarios de la RBU critican el estado de bienestar porque supuestamente no es bueno para los beneficiarios, porque tiene que sacrificar tiempo y recursos mentales para recibir el beneficio. Tal enfoque pone el asunto patas arriba, o refleja la ingratitud de la que el economista estadounidense Thomas Woods habló en 2018. Ayudar a las personas que no pueden trabajar temporal o permanentemente es caracterizado por los partidarios de la RBU como algo negativo, como algo que estigmatiza y constituye una carga psicológica. Sin embargo, los pagos del estado de bienestar son, de hecho, un privilegio que el gobierno (a través del dinero de la sociedad) proporciona a las personas necesitadas. (Para ser claro: no elogio al gobierno y no soy partidario del estado de bienestar, solo señalo que los beneficiarios del bienestar se benefician del estado del bienestar).
UN PRIVILEGIO, NO UN DERECHO
Una perspectiva tan perversa es, sin embargo, una consecuencia de la opinión de que la RBU debería ser un derecho, no un privilegio. Es decir, sus partidarios creen que todo el mundo debería tener derecho a una renta aportada por los contribuyentes, independientemente de su contribución a la sociedad y de la posibilidad de obtener ingresos en el mercado. El problema es que alguien tendría que financiar este programa, por lo que la RBU seguiría siendo el privilegio de algunas personas a expensas de otras. El derecho de una persona a un ingreso básico significa que otra persona tiene que pagar por ello.
Si se introdujera la renta básica universal, ¿quién haría los trabajos necesarios, aunque mal pagados?, ya que todo el mundo se emanciparía del yugo del trabajo. ¿Los robots cuidarán de nuestras abuelas?
La idea de la RBU se reduce a romper el vínculo entre ingresos y trabajo, es decir, a liberar a la gente de la desagradable necesidad de ganar dinero. Y aquí nos encontramos con varios problemas. En primer lugar: ¿quién hará los trabajos necesarios, aunque mal pagados, ya que todo el mundo se emancipará del yugo del trabajo? ¿Es posible eliminar lo desagradable del trabajo o es solo la realidad del mundo temporal? ¿Los robots cuidarán de nuestras abuelas? Un resultado probable es una disminución significativa de la producción general de la economía, lo que significa un empobrecimiento generalizado.
MAYOR DEPENDENCIA DEL ESTADO
Por último, los partidarios de la RBU afirman que aumenta la independencia individual. Se nos dice que la RBU promete independencia socioeconómica liberando a los individuos de la tiranía de los burócratas, los jefes, los maridos y los mercados caprichosos (se puede ver aquí un eco de los socialistas utópicos). Con dinero en el bolsillo, el trabajo se convierte en una opción.
Alguien tendría que pagar la renta básica universal. Así que la dependencia no desaparecería, lo que ocurriría es que gente se volvería más dependiente del Estado.
Pero hay una paradoja que viene de la promesa de independencia socioeconómica: alguien todavía tiene que pagar la RBU. Así que la dependencia no desaparecería, lo que ocurriría es que gente se volvería más dependiente de Leviatán (el Estado). Robert Nisbet escribe en The Quest for Community que el deseo de un sentido de pertenencia no desaparece. Si no se puede realizar dentro de la familia, del vecindarios y de las comunidades regionales, entonces el vacío lo llena la nación y el Estado centralizados. ¿Estamos seguros de que esto es lo que queremos? ¿Acaso la RBU no sea una utopía que no podemos permitirnos, sino una distopía?
Arkadiusz Sieroń. Economista. Profesor en la Universidad de Wroclaw (Polonia).
