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Con el transcurso del tiempo se ha hecho cada vez: mayor el número de políticos e historiadores — y del común de los españoles— que coinciden en reconocer la importancia de la figura de donjuán en la historia contemporánea de la nación. Hoy se tiende a aceptar que la limpia y digna gestión política durante casi medio siglo de una posición tan singular y difícil como la suya, hizo posible el restablecimiento de la monarquía, de la que se han derivado no pocos bienes para España.

Gracias a la prudente y sacrificada administración del legado que la historia había hecho recaer sobre él, don Juan logró mantener — o más bien recuperar— la vigencia política de la dinastía. Los reyes y su familia habían sido expulsados de España por la República del 31 y la dinastía histórica nunca fue reconocida sus verdaderos términos por el largo régimen autoritario que siguió a la guerra civil.

Durante i a mayor parte de los años cu a renta la monarquía era ignorada por el sistema político y publif.ístico imperante en España, mientras que a la dinastía, y en particular al conde de Barcelona, se les hacía víctimas con cierta frecuencia de una intencionada desinformación y en ocasiones de ataques descomedidos, cuando no insidiosos, por parte del partido del Gobierno y de los medios de comunicación de inspiración oficial. A los periódicos más favorables a la institución, la censura les permitía guardar silencio o, en señaladas ocasiones, mencionar a algunas de las personas reales, casi más como ecos de sociedad que como verdaderas noticias. Para la propaganda de signo falangista la monarquía era una antigualla y la democracia de partidos un peligro que había que evitar.

DON JUAN Y EL JEFE DEL ESTADO

A l mismo tiempo que desde el Gobierno, o con su anuencia, se desarrollaban campañas contra don Juan, el jefe del Estado mantuvo con él, ya en los primeros años cuarenta, una línea de correspondencia personal que se inició c o n la muerte de Alfonso XIII, ocurrida en Roma el veintiocho de febrero de 1941.

(En pura ortodoxia monárquica don Juan era cabeza dé la dinastía y titular de los derechos y responsabilidades de la corona desde que seis semanas antes su padre, el rey, seriamente enfermo, había abdicado en su favor. Pero entonces ni Franco ni su Gobierno se habían dado oficialmente por enterados. Sin embargo, tras el fallecimiento de don Alfonso XIII, desde Madrid empezaron a prestarle atención).

El propio jefe del Estado, en una carta dirigida al «Príncipe don Juan» el treinta de septiembre de 1941, le llama «el único y legítimo representante» del «régimen tradicional» de España, o sea de la monarquía. En su respuesta desde Roma, el veintitrés de octubre, don Juan le agradecía sinceramente esta explícita manifestación de que él era ese «único y legítimo representante del régimen tradicional español». El Gobierno, además, destinó a la secretaría o gabinete de don Juan a un diplomático elegido de común acuerdo. (Hasta su fallecimiento en diciembre de 1967 estuvo junto a don Juan en estas funciones el ministro Ramón Padilla Satrústegui, al que siguieron, hasta 1969, los también ministros plenipotenciarios Juan Tornos y el marqués de Lema).

Se conocen varias docenas de cartas u otros documentos cruzados entre el jefe del Estado y el conde de Barcelona, antes y después de los tempranos escritos de septiembre y noviembre del 41, aunque no se puede asegurar que se hayan publicado todos los que existen en unos u otros archivos.

En esos documentos del general Franco y don Juan se dibujan claramente dos líneas políticas e ideológicas bien diferenciadas, respecto de lo que debería ser la monarquía en el futuro de España. Para el general habría de ser la «Monarquía de la Victoria». Para don Juan, por el contrario, de una manera cada vez más claramente expresada, debería ser la «Monarquía de la Historia».

A mi modo de ver, esta sencilla y escueta contraposición explica el verdadero fondo de los encuentros y desencuentros entre el general y don Juan, a lo largo de su intercambio epistolar, en sus manifestaciones públicas y en las contadas entrevistas personales que mantuvieron a lo largo de los treinta y cinco años transcurridos entre 1941 y 1975.

DIÁLOGOS Y DESACUERDOS

En varios lugares de esa correspondencia se puede leer cómo el jefe del Estado se esfuerza en exponer al príncipe las bondades de su régimen político y los males que se habían derivado para España de un «proceso histórico» que culminó en la revolución y que volvería a reproducirse «si quedan perennes las causas que lo motivaron». «Los males de España —escribía el general Franco— no venían de los años inmediatos al catorce de abril, sino que su proceso de descomposición tenía raíces mucho más hondas».

Especialmente significativa es la larga carta que el general dirigió al príncipe el doce de mayo de 1942 y que terminaba pidiéndole su identificación con la Falange Española Tradicionalista y de las Jons. Unas páginas antes, el general había ponderado la grandeza de la antigua monarquía — la de los Reyes Católicos— en contraste con «tres siglos de constantes desmembramientos» y con la «mala escuela de la monarquía decadente y sin pulso», que no proyectaba hacia el exterior el genio de España sino que recibía, acogía y ensalzaba «lo que la antiespaña concibe allende las fronteras y que culmina con la invasión enciclopédica y masónica que patrocinan Floridablanca y el conde de Aranda». Ese «proceso de descomposición» es el que condujo a la caída de la monarquía y a la revolución.

Meses más tarde (ocho de marzo de 1943) don Juan, respondiendo a la carta anteriormente mencionada, decía a Franco que el rey no podía identificarse «con una concreta ideología política, aunque ésta sea la de la Falange, en cuya actuación no dejo de reconocer buenos propósitos».

El advenimiento de un monarca al trono después de la cruenta guerra civil, seguía don Juan, «debería, por el contrario, aparecer a los ojos de todos los españoles […] no como gobierno oportunista de un momento histórico o de ideologías exclusivas y cambiantes, sino como símbolo excelso de una realidad nacional permanente y garantía de reconstrucción, por la concordia, de la España integral y eterna».

Algunos términos de ese debate político de hace más de sesenta años fueron sustituidos por otros similares en los lustros siguientes, pero en el fondo las posiciones se mantuvieron inalteradas, aunque el diálogo no se interrumpió nunca del todo.

Los desacuerdos entre ambos personajes, que encarnaban dos instituciones que no dejaban de estar llamadas a entenderse — e l Estado español de entonces y la Monarquía—, suelen expresarse en esos escritos con bastante claridad e incluso con dureza, envueltos siempre en corteses expresiones de consideración y respeto.

LAS SITUACIONES MÁS DIFÍCILES

Hubo momentos de extrema tensión: en marzo de 1945, el día diecinueve, cuando don Juan hizo público el llamado Manifiesto de Lausana; igualmente, dos años después, cuando el jefe del Estado dio a conocer la Ley de Sucesión, que sería sometida a referéndum en julio de ese año; y finalmente en 1969, con el nombramiento del príncipe Juan Carlos c o m o sucesor en la jefatura del Estado a título de Rey. Otros momentos particularmente arduos se vivieron al decidir los estudios, primero militares y luego civiles, del príncipe Juan Carlos en los años 1954 y 1960, y en otras oportunidades menos ruidosas.

Pero en casi todas esas ocasiones los mayores distanciamientos fueron seguidos de alguna especie de reanudación de los contactos y de una voluntad de un keep talking entre la cúpula del Estado y la cabeza de la dinastía. El general Franco se mantuvo inconmovible en su propósito de encaminar la sucesión de su régimen por la vía de la «Monarquía de la Victoria». Don Juan pensaba que su responsabilidad era acercar la monarquía a los españoles, convencer al país de la vigencia de la vieja institución histórica y de la dinastía que podría retornar un día en la forma de una monarquía moderna, como las de otros reinos europeos, para servir a la nación. (Todas estas palabras y conceptos se encuentran en documentos de don Juan).

El conde de Barcelona se esforzó por desarrollar, con esa orientación, una constante y prudente acción en dos campos diversos y complementarios: el de la política y el de la dinastía.

El diecinueve de marzo de 1945, en la ciudad suiza donde residía don Juan, hizo público el Manifiesto de Lausana. Estaba próxima a su fin la II Guerra Mundial, por lo menos en el escenario europeo. Caían los totalitarismos de Alemania e Italia. Los occidentales estaban resueltos a favorecer en todos los países regímenes democráticos, o a implantarlos. Don Juan, con su manifiesto, quería recordar al mundo y a sus compatriotas que en España había una tercera solución que no era ni el puro mantenimiento del régimen existente, aliado de las potencias que perdían la guerra, ni la caótica situación que se crearía con un intento de vuelta atrás y restablecimiento de la República, vencida en 1939.

El conde de Barcelona diseñaba en sus líneas generales una monarquía democrática, que fuera además para los españoles la monarquía de la concordia y de la reconciliación nacional.

El documento había sido entregado al general Franco antes de su difusión por el jefe de la casa de don Juan, duque de Alburquerque. Para Franco la publicación del documento no fue una sorpresa. Para su régimen, sí. Se tomaron medidas a fin de que no fuera reproducido — ni siquiera noticiado— por los medios de comunicación, y pronto los periódicos falangistas y algunos otros, debidamente aleccionados, emprendieron una durísima campaña contra ese manifiesto, que la gente no conocía, y contra don Juan, que lo firmaba.

El final de la guerra mundial, sobrevenido de allí a muy poco, dio lugar en el interior de España a una notable agitación en los círculos sociales y políticos y entre los militares. Con el manifiesto y la campaña contra él parecía que se había llegado a una ruptura definitiva entre ambos interlocutores, a consecuencia de la acción unilateral del conde de Barcelona.

Sin embargo, unos meses más tarde, un enviado de don Juan se trasladó a España para entrevistarse con un representante del general Franco, que fue nada menos que el subsecretario de la Presidencia, don Luis Carrero Blanco. Don Juan mandó venir a España para ese encuentro a su secretario político, Eugenio Vegas Latapié, que estaba exiliado desde hacía tres años, acusado de actividades políticas subversivas de signo monárquico. U n enviado de Carrero proveyó a Vegas de un pasaporte con nombre supuesto, para que no tuviera problemas en la frontera al entrar y salir de España.

No parece que se llegara a ningún acuerdo positivo, por razones que un día alguien explicará correcta y documentadamente. Pero la incomunicación se había roto, y el jefe del Estado y el conde de Barcelona fueron informados de lo que habían hablado sus dos representantes.

Poco más tarde, el dos de febrero de 1946, don Juan se trasladó a Portugal, poniendo fin a sus cuatro años de estancia en Lausana. Hubo dificultades por parte del Gobierno español, que aceptaba una breve estancia de pocas semanas en Portugal por razones familiares, pero al que no agradaba la idea de tener a don Juan en un lugar donde personas y grupos políticos podían cómodamente acudir a visitarle. Pero don Juan, en vez de un par de semanas se quedó en Estoril más de treinta años; y los mensajes del jefe del Estado español se le transmitirían por medio de la Embajada de Lisboa, en vez de por la legación de Berna.

Por fin, en 1947, el general Franco anunció la Ley de Sucesión a la jefatura del Estado, que sería sometida a referéndum de la nación. En ella se declaraba que España era un reino, Franco el jefe del Estado y que en sus manos se dejaba la designación de la persona —de sangre real— que debiera sucederle a título de rey o de regente. Igual que había hecho el conde Barcelona con el Manifiesto de Lausana dos años antes, el jefe del Estado envió a Estoril al subsecretario de la Presidencia, don Luis Carrero Blanco, para que entregara a don Juan el texto de la ley la víspera de darlo a conocer a la opinión pública y remitirlo a las Cortes para su tramitación. El conde de Barcelona respondió con el Manifiesto de Estoril, de siete de abril de 1947, en el que rechazaba el proyecto por atentatorio a la naturaleza misma de la institución monárquica, denunciando que con él simplemente se trataba de «convertir en vitalicia» una «dictadura personal» y «convalidar unos títulos, según parece, hasta ahora precarios», disfrazando «con el manto […] de la monarquía un régimen de puro arbitrio gubernativo». Y otra vez advino la ruptura, que ahora tenía ya aspecto de ser definitiva e irremediable. Pocos meses más tarde, sin embargo, don Juan y el general Franco celebraron su primera entrevista personal.

LA DINASTÍA, UN FACTOR POLÍTICO

Don Juan seguía la que he llamado «línea política», ofreciendo la institución al servicio de España; pero debía ocuparse también, como depositario en su generación de los derechos de la corona, de la «línea dinástica». El general tampoco podía prescindir de los Borbones, porque sin ellos tras él podría venir la revancha u otra dictadura, que a su juicio siempre sería menos firme y consistente que la suya.

El príncipe llamado a ser heredero de don Juan había cumplido diez años en enero de 1948, cuando sólo hacía ocho meses del Manifiesto de Estoril. Pero nunca había pisado tierra española y había tenido que cursar sus estudios elementales en colegios extranjeros, ni había vivido entre .españoles más que en el ambiente del hogar. A los diez años los jóvenes españoles empezaban su bachillerato, que para el príncipe debía ser un bachillerato español. Eso lo sabían muy bien don Juan y Franco y no dejaba de causar preocupación en amplios sectores del país:

En agosto de 1948, sabiéndolo muy poca gente, que además fue discreta, don Juan y el general Franco se entrevistaron a bordo del Azor, el yate del general. Les acompañó el infante don Jaime, hermano mayor de don Juan, cuya presencia era una visible ratificación de la renuncia que había hecho quince años antes en manos de Alfonso XIII, por las razones de todo el mundo conocidas. Hablaron largamente a solas el general y don Juan y almorzaron a bordo en unión de don Jaime, el jefe de la casa de don Juan y los ayudantes de Franco. No hay información documentada de la conversación entre ambos. Sólo consta por un comunicado oficial que don Juan Carlos se educaría en España, siguiendo los estudios normales de los jóvenes de su edad.

La Ley de Sucesión y la educación en España del príncipe heredero habrían de tener una trascendencia política indudable, en relación con la forma de Estado a que desde el régimen se aspiraba para después de la dictadura del Caudillo. U n a república democrática no entró nunca en consideración. Había sido derrotada en la guerra civil y para el régimen era el enemigo. Sus partidarios del interior de España, o los exiliados, habían llegado a creer que podía haber vuelto, si los vencedores de la guerra mundial la hubieran impuesto por la fuerza. Pero semejante proyecto no fue ni siquiera acariciado por las potencias occidentales.

Aunque el régimen español estaba considerado como amigo del Eje, con el pronto inicio de la guerra fría quedaba excluida para los anglosajones cualquier veleidad de intervenir en nuestro país. Los gobiernos tripartitos de París pudieron cerrar la frontera durante algún tiempo para volver a abrirla después, sin que hubiera pasado nada.

Pero la Ley de Sucesión cerraba el paso a los otros republicanismos antimonárquicos y de estructura ideológica fascista o totalitaria, como el estado francés de Pétain, la república de Saló o el salazarismo portugués, por no mencionar el nacionalsocialismo alemán. El puro anticomunismo no ha sido nunca más que una antidoctrina, sobre la que no se puede construir un Estado.

El día que, a los diez años de edad, don Juan Carlos pisó por primera vez tierra española, era el ocho de noviembre de 1948, una de esas fechas que suelen llamarse históricas. Desde entonces ha vivido siempre aquí sin ausentarse, más que en vacaciones o en viajes de Estado, desde que es rey.

EL NOMBRAMIENTO DE SUCESOR

Una nueva situación se planteó con la designación en julio de 1969 de don Juan Carlos como sucesor en la jefatura del Estado, a título de Rey. El general Franco escribió a donjuán (llamándole ahora «Infante»), para informarle de su decisión, como siempre un día antes de hacer la pública.

«No se trata —decía el general— de una «restauración», sino de la «instauración» de la Monarquía como coronación del proceso político del Régimen, que exige la identificación más completa con el mismo, concretado en unas leyes fundamentales refrendadas por toda la nación». (El general y sus asesores, que solían acudir a este juego de palabras «ins- y «res-», no repararon nunca en que tanto en latín como en español «instaurar» y «restaurar» significan «restablecer»).

En esta ocasión, tan delicada para él y para la dinastía, don Juan no respondió c o n un manifiesto dirigido a la nación española, sino con uná «nota» (en primera persona) difundida por su secretaria particular. En ella expresaba su pensamiento y las disposiciones de su ánimo. Ya en 1947 había manifestado sus reservas sobre la Ley de Sucesión, en lo que tenía de contraria a la tradición histórica de España.

«Nunca pretendí —se leía en esa Nota—, ni lo hago tampoco ahora, dividir a los españoles. Sigo creyendo necesaria la pacífica evolución del sistema vigente hacia rumbos de apertura y convivencia democrática, única garantía de un futuro estable para nuestra Patria, a la que seguiré sirviendo como un español más y a la que deseo de corazón un porvenir de paz y prosperidad».

Don Juan siguió en Estoril, haciendo lo mismo: viendo españoles y hablando con todo el mundo, pero sin que nadie pudiera oírle una palabra en contra de su hijo. Oficialmente, por así decir, cerró la tienda: disolvió su consejo privado y su secretariado político y renunció a la secretaría diplomática que le había mantenido el gobierno de Madrid desde 1941.

Era de esperar — y así no pudo menos de ocurrir— que el importante episodio histórico de la designación de sucesor en la jefatura del Estado de don Juan Carlos no dejaría de crear problemas entre el padre y el hijo, al encontrarse en posiciones políticas diversas y formalmente contrarias. Pero hay que destacar que si el conde de Barcelona mostró su total desacuerdo con la «designación», como había hecho con la ley del 1947, no emitió en cambio ningún pronunciamiento sobre la aceptación por parte de don Juan Carlos, como tampoco desaprobaría ninguna de sus actuaciones posteriores.

En noviembre de 1975, proclamado rey don Juan Carlos y reconocido c o m o tal en España y en todo el mundo, don Juan se apresuró a comunicarle que ponía en sus manos los derechos históricos a la corona de que, como heredero de Alfonso XIII, era él depositario. Pero algunos comentarios y ciertas informaciones poco o nada conocidas quedan para otro número, no sé de momento cuál, de Nueva Revista.

Durante casi dieciocho años, desde 1975 a 1993, don Juan de Borbón pudo ver sustancialmente cumplidos los dos objetivos de su vida: la vigencia de la dinastía y la recuperación de «la Institución monárquica como instrumento de la política nacional al servicio del pueblo, con una corona; poder arbitral por encima y al margen de los grupos o sectores que componen el país».

Estas últimas líneas están literalmente tomadas de la Nota de don Juan del 19 de julio de 1969, que he citado unas líneas más arriba.


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