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Antonio Abril es presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS). Abogado del Estado, es presidente del Consejo Social de la Universidad de La Coruña y vicepresidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas.

Avance

Hay “una excesiva distancia entre universidad y sociedad, que impide convertir en economía real la mucha y buena investigación que se hacen en las universidades” afirmó Antonio Abril. Lo cual se debe a una serie de factores, que analizó en su ponencia, como el déficit de gobernanza en la universidad o la falta de cultura de cooperación con el sistema productivo. La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en marzo, ha sido, en su opinión, una oportunidad perdida para reformar el déficit de gobernanza, porque la norma “insiste en el procedimiento de autogestión y disminuye las competencias de los consejos sociales”, y además deja fuera un aspecto esencial para dinamizar la universidad como es la cooperación con la empresa. El ponente propone seguir las recomendaciones de la Hoja de Ruta para la mejora de la transferencia del conocimiento y la colaboración entre ciencia y empresa, y acometer reformas de calado en los sistemas de gobernanza; en incentivos para promover la transferencia; en actuaciones de los agentes de intermediación; y en la promoción de la innovación. Y valora lo que se ha logrado avanzar con el Plan de Transferencia y Colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación para fortalecer los vínculos entre el sector público y el privado en I+D+I.

A preguntas de Jordi Sevilla, presidente del Consejo Social de UNIR, sobre la necesidad de un gran pacto de Estado, Abril manifestó que a los políticos hay que pedirles “valentía, generosidad y grandeza de miras” para hacerlo y reformar el sistema universitario. Y a  preguntas de Rafael Puyol, abogó por una más estrecha colaboración entre universidades públicas y privadas,la internacionalización de las universidades y la apuesta por la, cada vez más demandada, formación continua.

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«No somos capaces de convertir en economía real la mucha y buena investigación que se hacen en las universidades” señaló Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), en una sesión celebrada en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Esa “asignatura pendiente de país”, que pone de manifiesto “una excesiva distancia entre universidad y sociedad”, se debe a diversos factores que Abril analizó, como el déficit de gobernanza de la universidad, o la falta de cultura de cooperación de la universidad con el sistema productivo. Para afrontar estos problemas, reclamó un gran pacto de Estado, “con valentía, generosidad y grandeza de miras”.

Antonio Abril clausuró con la ponencia sobre la colaboración público-privada, el ciclo La dimensión social de la universidad, celebrado en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), y dirigido por su presidente, el catedrático Rafael Puyol.  

Abril comenzó señalando, desde su experiencia como vicepresidente del Foro de Marcas Renombradas, que “España tiene una buena imagen en el ranking de prestigio global de las 55 principales economías del mundo, pero hay tres atributos que no nos favorecen: el sistema educativo, las marcas y empresas reconocidas, y la poca tecnología e innovación”.

Dos problemas endémicos

Indicó que “la universidad adolece de dos problemas endémicos: el gobierno universitario, que ha generado excesiva distancia con la empresa, y la insuficiencia financiera”. Los cargos en la universidad se eligen por sufragio corporativo, desde la ley de 1983, “dando a la sociedad una representatividad meramente testimonial a través de los consejos sociales”. La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en marzo, no corrige el problema de la actual gobernanza, porque “insiste en ese procedimiento de autogestión y disminuye las competencias de los consejos sociales. Algo muy alejado de los modelos de éxito de Europa”. 

“Los consejos sociales -añadió el ponente- solo somos órganos de control económico y presupuestario, y carecemos de las capacidades reales para el ejercicio de las competencias teóricas que la ley nos reconoce, como está señalando el Tribunal de Cuentas”. Esto es así porque “la intervención interna no depende de los consejos sociales, y porque estos no participan en la elaboración de documentación económica y presupuestaria”. Están pensados -agregó posteriormente- “para que no funcionen porque no tenemos recursos, ni competencias reales”.

Recordó que los agentes sociales solicitaron en 2018 en el Congreso “una nueva ley de universidades”, a fin de corregir esas deficiencias, mediante una reforma profunda basada en un gran pacto de Estado, pero no se ha producido. La LOSU “no nace de un pacto de Estado y se ha aprobado por una mayoría mínima del Gobierno”. 

La LOSU ha sido “una oportunidad perdida” para acometer cambios estructurales en el sistema universitario, y singularmente “en el ámbito de la cooperación con la empresa, que es la gran ausente en esta ley”.

Es más, en el preámbulo -detalló Abril- se llega a decir: “necesitamos una ciencia abierta que asuma ese conocimiento como un bien común accesible y  no mercantilizado”. “Cómo es posible -subrayó el ponente- una ley que hable en sentido peyorativo de los resultados de la transferencia de la investigación”. 

Se remitió a la Hoja de Ruta para la mejora de la transferencia del conocimiento y la colaboración entre ciencia y empresa, (2022), que recoge recomendaciones de la OCDE, y en la que se indican cuatro áreas prioritarias de reforma. Primero, los sistemas de gobernanza, porque los actuales “dejan poco margen a la sociedad para participar en la definición de sus misiones”. Se debe seguir el ejemplo de otros países europeos que “han dado voz a actores externos en la planificación estratégica de la universidad”. Segundo, reequilibrar y alinear los incentivos individuales e institucionales para promover la transferencia y colaboración. Se trata de “aumentar el reconocimiento individual de los méritos de la transferencia junto con la excelencia investigadora; y redefinir el sexenio de transferencia para maximizar su efecto incentivador”.

Mejorar, en tercer lugar, “las actuaciones de los agentes de intermediación, reduciendo la carga burocrática de los investigadores”.  Y finalmente, “promover el desarrollo de capacidades de innovación y colaboración en el sector empresarial”.

Dos medidas adecuadas para mejorar la transferencia

“No todo lo hemos hecho mal” indicó Antonio Abril. Hay dos iniciativas positivas: Por un lado, el Plan de Transferencia y Colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación, (2022), para fortalecer los vínculos entre el sector público y el privado en I+D+I, aumentar el impacto socioeconómico de la inversión pública en investigación e impulsar la capacidad innovadora de las empresas. Este Plan asume la Hoja de Ruta de la OCDE y sus conclusiones.

Y por otro lado, un sistema de incentivos a la investigación aplicada y a la transferencia. Se trata del Acuerdo de la Comisión Nacional evaluadora de la actividad investigadora (CNEAI), (2018).

“Lamentablemente -añadió el experto- las universidades no son socios preferentes en la investigación de las empresas españolas”;

y aunque “aumenta la proporción de las patentes realizadas por universidades, se trata de ingresos modestos”. Y en “la creación de spin-off universitarias no vamos a más sino a menos”, debido, en parte, a “la falta de dominio de habilidades de gestión y administración”. 

Un reto no resuelto

Concluyó señalando que “el traslado de los resultados de la investigación científica a los mercados, con capacidad de generar crecimiento empresarial (…) es un reto no resuelto”, como dice textualmente el preámbulo de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

El cambio no sale de dentro

En el coloquio posterior, el presidente del Consejo Social de UNIR, Jordi Sevilla, preguntó por qué no se han solucionado antes los problemas de minifundismo empresarial y gobernanza de las universidades publicas.  «En las privadas, donde no existe el problema de la gobernanza, nos ha faltado esa demanda en las empresas, por lo tanto resolver el problema de la gobernanza es importante pero no suficiente”.

Abril señaló que “falta cultura de cooperación público-privada” como señala la mencionada hoja de ruta, y “esto no se cambia de la noche a la mañana”; y que el “cambio no sale de dentro de los estamentos universitarios, sino que solo puede venir de los que tienen capacidad legislativa para hacerlo”, y para ello es necesario “vencer las resistencias al cambio”.

¿Deberíamos forzar a los partidos a que pactaran este tipo de reformas? preguntó Sevilla, a lo que Abril respondió que a los políticos hay que pedirles “valentía, generosidad y grandeza de miras” para hacer un gran pacto de Estado y reformar el sistema universitario. 

Rafael Puyol, Antonio Abril y Jordi Sevilla.

Internacionalización y formación continua

A preguntas de Rafael Puyol, el ponente abogó por una más estrecha colaboración entre universidades públicas y privadas; la limitación de la endogamia; la diversificación de las fuentes de financiación; y la transparencia en la rendición de cuentas. Y como regla general para dinamizar la educación superior, advirtió que “el corporativismo se opone a la competitividad”.

Finalmente, apuntó dos retos que pueden constituir una oportunidad para la universidad: la internacionalización y la formación continua. Respecto a esta última, Abril recordó que está creciendo “la demanda de longlife learning, ya que ahora más que nunca, los conocimientos tienen fecha de caducidad, y hace falta actualizar conocimiento y competencias”.

El ciclo de UNIR La dimensión social de la universidad ha reunido a destacados académicos del mundo universitario como Juan Romo, presidente de Crue; Andrés Rodríguez Pose, catedrático de la London School of Economics; Mari José Aranguren, directora general de Orckestra-Instituto Vasco de Competitividad; Amaya Mendikoetxea, rectora de la Universidad Autónoma de Madrid e Ignacio Villanueva, rector de la Universidad de Oviedo. A lo largo de los seminarios se han abordado temas tan relevantes como el valor cultural de la universidad, el papel de la mujer, el impacto de la universidad en el territorio y la atención a un alumnado de todas las edades y con todas las necesidades.