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En noviembre de 2003, los directores ejecutivos de diversas asociaciones de redes de fundaciones de patronazgo participaron en la II Reunión Regional sobre el Sector Filantrópico en América Latina y el Caribe. La convocatoria, celebrada en Chile, se llevó a cabo por iniciativa de WINGS (Worldwide Initiatives for Grantmaker Suppor, http:www.wingsweb.org) y de la Fundación PROhumana (http:prohumana.cl), y a ella acudieron representantes de Brasil, México, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Venezuela, entre otros. Un encuentro similar ya. había tenido lugar en el 2002, en la ciudad de São Paulo, con el apoyo de WINGS y GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, http:www.gife.org.br). Ambas reuniones han tenido como objetivo estrechar los lazos entre las organizaciones, para estimular así el intercambio de experiencias y el diseño de estrategias comunes en lo que concierne al desarrollo de actividades solidarias en los mencionados países.

En mayo de este año tendrá lugar en Brasil el VII Encuentro Iberoamericano del Tercer Sector (http:www.ibero2004.org.br), que ha de reunir a más de ochocientos líderes de la sociedad civil y tiene como objetivo la búsqueda de alternativas que palien el escenario de desigualdad social en el Cono Sur de América. El tema de los encuentros será «La ciudadanía y sus múltiples dimensiones», teniendo siempre como referencia principal la del tercer sector, tanto en las discusiones teóricas como en la presentación de experiencias concretas.

Estos tres eventos -y muchos otros que pueden consultarse en las agendas de las distintas páginas web aquí apuntadas- demuestran que es ya una realidad la consolidación en la región de un fuerte sector de iniciativas sin ánimo de lucro. En muchos de estos países, las organizaciones no gubernamentales, los movimientos, las asociaciones y las fundaciones ya trabajan entre sí y con los gobiernos locales para ofrecer servicios y asistencia en áreas como la educación, la sanidad, la cultura, el medio ambiente o el desarrollo social. La articulación de los esfuerzos avanza ahora hacia una nueva etapa, que pasa por la creación de una identidad regional para este movimiento que sobrepase las fronteras actuales.

Esta sinergia entre los sectores sin fines lucrativos ayuda asimismo a definir una identidad de la región. Actualmente, son los Estados Unidos y algunos países de Europa occidental las referencias habituales cuando se trata del tercer sector. En los Estados Unidos, por ejemplo, ya hay un gran número de empresas especializadas en ofrecer productos y servicios exclusivos para estas organizaciones. Y aunque muchas técnicas y experiencias pueden ser importadas, sobre todo por parte de los países latinoamericanos, no todo ello sin embargo resulta inmediatamente implantable. En algunos casos, las diferencias, fundamentalmente históricas, entre Estados Unidos e Iberoamérica, crean verdaderos abismos entre las dos áreas. Al existir trayectorias y lógicas distintas en cada región, son muchas las experiencias que no pueden aplicarse de inmediato en esta región, al menos sin una adaptación previa. Crear una «cara latina» para el sector sin ánimo de lucro de Iberoamérica es esencial cuando hablamos de las tecnologías sociales más cercanas a nuestra realidad. Y es que, siendo más próximas, tendrán ciertamente mayor impacto entre las poblaciones atendidas, que concluirán por identificarse más fácilmente y desempeñarán un papel más activo en estos procesos de transformación.

Del mismo modo que cada país tiene sus particularidades políticas, económicas y culturales, los sectores sin ánimo lucrativo de Iberoamérica están también bastante diversificados. Existen, con todo, puntos de unión que, si son explotados en conjunto, pueden redundar en beneficio de toda la región. En el encuentro de Chile, por ejemplo, quedaron claras ciertas reivindicaciones comunes a todos: la instauración de redes de información sistematizadas y también el apoyo a la investigación, de tal modo que pueda obtenerse un panorama completo del sector. Otra rémora que impide una mayor consolidación del tercer sector radica en las distintas legislaciones de los países latinoamericanos, que por lo general se muestran poco favorables a la inversión de capital privado en proyectos sociales.

En Brasil, donde existen cerca de 220.000 organizaciones no gubernamentales que emplean a más de un millón de personas y mueven el 1,5% del PIB, los pocos incentivos fiscales existentes, en lo que respecta al tercer sector, se aplican tan sólo a las grandes empresas, y aun así la burocracia pone trabas a su utilización. El sector, por otra parte, se ve constantemente agitado con nuevas leyes de ambigua redacción, que amenazan las inmunidades y exenciones de las organizaciones sin ánimo de lucro. Todo esto está muy lejos de la legislación de 1999, que buscaba regular este ámbito (Ley de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Interés Público).

En México, la actual regulación de las organizaciones de la sociedad civil, según se expuso en el encuentro de Chile, resulta dispersa y arbitraria. «No sólo no promueve la acción de los ciudadanos, sino que incluso excluye el reconocimiento jurídico de más de la mitad de las instituciones, como las que trabajan en el desarrollo comunitario, el medio ambiente o los derechos humanos». Otro agravante proviene de que el actual marco normativo del país no permite la creación de fundaciones en sentido estricto, esto es, instituciones con cuyos rendimientos patrimoniales se puedan financien programas o se realicen donaciones a instituciones que los realicen. Aun así, en las últimas décadas es cada vez mayor el número de organizaciones de la sociedad civil, y también de empresas que hacen inversión social en México. Sanidad, educación y bienestar son las principales áreas más atendidas. El país pasa, pues, por un periodo de consolidación del tercer sector, en el cual todavía deben desarrollarse estos tres aspectos: creación de dispositivos legales y fiscales, aumento de la cultura del donativo y del número de instituciones donantes, y la creación de redes.

En Argentina, iniciativa, profesionalidad, transparencia y alianzas son los cuatro principales desafíos del tercer sector, según expuso la presidenta de la Fundación Arcor, Lilia Pagani, en la reunión anual del Grupo de Fundaciones (GDF), en abril del pasado año. Hay aproximadamente ochenta fundaciones no gubernamentales donantes en Argentina, y las cifras facilitadas por la John Hopkins University hablan de 80.000 organizaciones sociales en el país, con un 4,5% de trabajadores que se emplean en estas instituciones. Las mayores inversiones sociales son para educación (41%), cultura (15,1%) y sanidad (13%).

Los datos hechos públicos por la Fundación PROhumana de Chile demuestran que el actual escenario político del país andino ha abierto la puerta a la creación de nuevas propuestas relacionadas con el tercer sector. En los últimos años ha aumentado en este país el número de fundaciones empresariales donantes, aunque la personalidad jurídica de esas asociaciones y fundaciones todavía depende del beneplácito del presidente de la República, que las reconoce mediante un «decreto supremo». Ya existen, sin embargo, algunos tipos de organizaciones sin ánimo de lucro que se rigen por una legislación más moderna, basada en un sistema de registro público. La Constitución de Chile no reconoce exenciones tributarias de ningún tipo a personas o instituciones, pero hoy ya se contemplan algunas excepciones para las organizaciones sin fines lucrativos. El principal obstáculo para estas organizaciones sigue siendo la necesidad de la aprobación gubernamental para hacer legales las iniciativas de los donantes.

Respecto a Colombia, que mantiene uno de los sistemas democráticos más antiguos de América, el tercer sector es mayor que la media de la región, según el mencionado estudio de la John Hopkins University. Este informe concluyó que hay cerca de 287 000 personas trabajando en el sector no lucrativo. La educación (26,1%) y la sanidad (17,5%) son las áreas más apoyadas en el país; en contrapartida, el concepto de fundaciones empresariales no encuentra regulación normativa expresa en el ordenamiento jurídico colombiano.

En la península Ibérica, España y Portugal poseen un tercer sector con fuerte proyección, principalmente gracias al buen rumbo que en épocas recientes han conocido sus economías. Aun así, los índices aún figuran por debajo de la media de otros países de Europa occidental, lo que demuestra que hay desafíos comunes que España y Portugal pueden compartirse con sus naciones hermanas de América Latina.

Además de los países citados, el tercer sector está presente en la práctica totalidad de los países de Iberoamérica. La tendencia actual determina el crecimiento y fortalecimiento de estas organizaciones, que han de convertirse en socios estratégicos de los gobiernos en la lucha contra las desigualdades sociales que asolan la región. En este sentido, el fin de las dictaduras en diversos países, y el consiguiente advenimiento de la democracia, se han mostrado esenciales para el crecimiento del sector. La democracia es, en efecto, el fermento ideal para estas organizaciones, en tanto que las libertades políticas y la libertad de expresión posibilitan el ejercicio pleno de la ciudadanía, así como el surgimiento de asociaciones civiles aglutinadas en torno a ideales y valores en los que creen y por los que están dispuestas a luchar.

Más allá de esto, el escenario democrático actual demuestra que es posible trabajar en estrecha cooperación con el Estado, sumando fuerzas para la solución de los problemas. Un buen ejemplo de ese engranaje de voluntades lo hallamos en los trabajos realizados para la atención médica de los enfermos de sida en Brasil. El Gobierno federal ha sabido aprovechar la capilaridad de las organizaciones no gubernamentales para distribuir gratuitamente los medicamentos adecuados para el tratamiento de la enfermedad. Esta política ha sido premiada por diversos organismos internacionales, y actualmente se estudia su implantación en África. Es, pues, un buen ejemplo de que «la unión hace la fuerza». Porque, por muchas que sean las personas que colaboren con ellas, las organizaciones no gubernamentales nunca van a llegar al mismo número de beneficiarios que una política estatal. De otra parte, los gobiernos tienen dificultades para invertir dinero en nuevos proyectos «experimentales», por lo que el sector sin ánimo de lucro puede emplearse como un banco de pruebas de nuevas tecnologías sociales, y de cuyas experiencias el Gobierno podrá y deberá sacar partido.

Por ese y otros motivos, el sector sin ánimo de lucro puede ahora enorgullecerse de trabajar por el asentamiento de la democracia en la región. A comienzos de 1900, había veinticinco democracias (no obstante que en ellas los hombres negros y las mujeres no tenían derecho a voto) en una región de cincuenta y cinco países soberanos. En la actualidad, son 120 las democracias existenes, entre las 192 naciones de la región. La democracia, así multiplicada, es la conquista más grande del siglo XX.

Si nos detenemos a considerar los frutos de la ola liberalizadora de la economía surgida en América Latina desde los años noventa, las tendencias resultantes de tales políticas han traído consigo el fortalecimiento de la democracia y el crecimiento del tercer sector. En un pasado reciente, las dictaduras han sido con frecuencia contempladas como esenciales para la defensa del capitalismo: algunos golpes militares, por ejemplo, fueron apoyados por los Estados Unidos, con la intención de evitar la propagación del comunismo en los países latinoamericanos. Hoy es una convicción comúnmente compartida que los regímenes dictatoriales perturban la economía, pues limitan la participación de los ciudadanos, y entre ellos de los empresarios, en las políticas del Gobierno. A las empresas no les interesa que haya inestabilidad ni represión, más bien buscan todo lo contrario.

Es tarea de la sociedad civil beneficiarse de las mejoras actuales y aprovechar el ambiente propicio de la democracia para expandirse y crecer. Y también es tarea de la sociedad civil exigir de las empresas una postura socialmente responsable: que no fomenten la corrupción -sobre todo en los gobiernos-, que respeten el medio ambiente, que mantengan su ética con clientes y proveedores y, en fin, que actúen con las comunidades de cara a la transformación de la realidad en que viven.