Nadie discute que la economía española se encuentra en una fase cíclica claramente expansiva, tal y como certifican los informes publicados por la OCDE y el FMI a finales de diciembre. El PIB ha crecido en 1997 un 3,4%, la tasa de inflación se ha situado en torno al 2%, el nivel de desempleo ha disminuido en más de 100.000 parados y el déficit público ha descendido hasta la cota del 1,4%, en términos de PIB. Las predicciones para 1998 confirman y refuerzan el ritmo creciente de la actividad económica y otorgan al gobierno del PP un gran margen de maniobra para acelerar las reformas en curso, y las aún pendientes.
La modificación del sistema tributario es una de esas tareas diferidas, si bien es cierto que el Ejecutivo ha anunciado su intención de modificar el IRPF en el transcurso del próximo año, con el fin de favorecer el ahorro privado. No obstante, es importante recalcar que cualquier medida tendente a reducir la presión fiscal sería inoportuna, si al mismo tiempo no se controla el gasto público, pues ello favorecería el déficit presupuestario. Esta controversia es la que quiere resolver el Gobierno, primando fiscalmente aquel ahorro que se canalice hacia sistemas de previsión complementarios, ya que eso le permitirá reducir simultáneamente el gasto social.
Otra cuestión que debe resolverse a lo largo del próximo año es la reforma del sistema de pensiones. Cada día se oyen nuevas voces que reclaman la necesidad de replantear el Pacto de Toledo, pues se está retardando el doloroso ajuste que se deriva del cambio demográfico registrado en nuestro país. El tiempo transcurre, y lo que hoy se atisba como un problema futuro puede terminar convirtiéndose en una profunda crisis social.
Ligado al tema de las pensiones, se aprecia la necesidad de abordar la reforma sanitaria en su conjunto. El FMI recordaba recientemente que el Gobierno del PP debería introducir las medidas oportunas para controlar el gasto sanitario mediante un sistema de copago. De todos modos, también es cierto que la puesta en marcha de este sistema debería relajarse con la instrumentación de un mecanismo de compensación de rentas para los jubilados.
El marco laboral tampoco puede quedar inmune a este proceso reformador que, sin falta, debe emprender el Ejecutivo en este año. Es cierto que la nueva ley aprobada en 1997 está contribuyendo a mejorar la tasa de empleo, pero al mismo tiempo presenta algunas lagunas: es necesario precisar aún más las causas de despido, abaratar el coste de reducción de plantilla, flexibilizar los mecanismos de acuerdo salarial, incentivar el proceso de búsqueda de empleo, reestructurar el sistema de formación profesional y laboral…
En materia de desregulación, es preciso introducir mayores niveles de competencia en el sistema productivo nacional, pues aunque las cosas van bien en esta materia, sería conveniente avanzar de forma gradual en 1998. No sucede lo mismo en el caso de las privatizaciones, donde urge acelerar el proceso de liberalización, al mismo tiempo que se ha de extender a otros sectores hasta ahora indemnes a esta dinámica reformadora: el mercado del suelo, la apertura de nuevas áreas comerciales, la libertad horaria en los establecimientos, etc.
No podemos olvidar, por fin, otra cuestión pendiente, que reclama la atención del Gobierno en 1998: la reestructuración de la empresa pública. El FMI recomendaba recientemente al Gobierno del PP que abordase esta reforma con la mayor urgencia posible, sobre todo en el caso de empresas ineficientes.
Al margen de todas las consideraciones realizadas hasta ahora, no querría concluir esta reflexión sin reseñar que las tareas inconclusas pueden parecer muchas en términos cualitativos, pero eso no supondrá un obstáculo para que la economía española continúe en la senda expansiva iniciada en el segundo semestre de 1996. No obstante, quisiera finalizar recordando algo que escribió Sir Roger Douglas en el número 53 de esta revista: «… la supervivencia política depende de la adopción de decisiones de calidad, pues las componendas y medidas de compromiso solo conducen a la insatisfacción del votante; y dejar que las cosas sigan como están, equivale al suicido político».
