Una obligación urgente del nuevo Gobierno
El primer problema con el que tendrá que enfrentarse el nuevo gobierno que salga de las urnas, es la reducción del paro. Una de las características más llamativas de nuestra economía a lo largo de los últimos años ha sido, en efecto, su incapacidad para acercarse al pleno empleo, incluso en los años de mayor expansión económica. No es sorprendente, por tanto, que en momentos de recesión sea el mercado de trabajo uno de los que acusen con más intensidad la caída de la demanda.
Pero, ¿cuál es la gravedad real del paro en nuestro país? Utilizar las cifras absolutas de paro como indicador de la situación del mercado de trabajo, como es habitual en la prensa y en el debate político, no es la mejor manera de apreciar su importancia. Tal afirmación puede resultar sorprendente; pero dos argumentos le prestan apoyo. En primer lugar, no sabemos realmente el número de parados auténticos que hay en España; y, además, aunque lo supiéramos, no sería esta cifra la más indicativa del estado de nuestro mercado de trabajo.
En lo que al primer argumento respecta, hay un acuerdo bastante general sobre la escasa precisión de las estadísticas de paro que, indudablemente, están infladas. Un gran número de supuestos parados está realizando actividades productivas en la economía sumergida. Algunos cobran simultáneamente el subsidio y el sueldo que paga la empresa informal; otros se apuntan en las listas mientras trabajan en el sector informal a la espera de un empleo mejor. Estas personas ciertamente no están paradas, aunque así lo digan las estadísticas. Pero, al mismo tiempo, muchas personas, sobre todo mujeres y jóvenes, que deberían estar integradas en el mercado de trabajo, permanecen fuera de él, lo que hace que la población activa española sea, en términos relativos, bastante menor que la de otros países europeos. El número de activos sobre la población en edad de trabajar es, por tanto, un indicador más fiable de la situación del mercado de trabajo. Y una cifra de algo más de doce millones de ocupados, frente a más de quince millones de inactivos y casi tres de parados es excesivamente baja, aunque se apliquen correctores significativos a los datos estadísticos.
El desempleo no se debe a factores coyunturales
El bajo nivel de empleo y el desequilibrio permanente del mercado de trabajo español no se deben, por tanto, a factores coyunturales. La causa es más profunda; y el nuevo gobierno no debería limitarse a confiar en una recuperación económica para solucionar el problema. Sería muy deseable, en cambio, que se emprendiera, por fin, una reforma a fondo del mercado de trabajo, lo que implicaría modificaciones importantes en las normas que lo regulan y, a más largo plazo, cambios sustanciales en la actitud de toda la sociedad española con respecto a cuestiones como la estabilidad en el empleo, la movilidad laboral, el fraude en el cobro del seguro de paro o la naturaleza misma del contrato de trabajo.
Algunos pasos se han dado ya en este sentido; y ha sido, sin duda, la mayor facilidad existente hoy para la contratación temporal el más importante. Los datos son significativos. Mientras el número de trabajadores con contrato indefinido se ha reducido en el sector privado, el número de contratados temporales ha crecido espectacularmente. Así, si hace cuatro años el número de los primeros era aproximadamente 2,7 veces el de los segundos, al final de 1992 esta cifra se había reducido a 1,5. Y no parece que la recesión vaya a cambiar mucho esta tendencia. El pronóstico de que, en esta situación, una crisis significaría el despido masivo de trabajadores con contratos temporales no se está cumpliendo, pese a las sombrías previsiones de los sindicatos.
La reforma estructural no debe solo, desde luego, limitarse a desarrollar las posibilidades de contratación temporal. Tal limitación significaría aceptar la segmentación del mercado en dos sectores con regulaciones diferentes, lo que reduciría la movilidad de la mano de obra y podría dar origen a todo tipo de distorsiones ineficientes. Para lograr una mayor homogeneidad de la legislación laboral sería preciso facilitar las condiciones de despido a los trabajadores con contrato indefinido, empezando por las empresas que se encuentran en dificultades a causa de la crisis y de la caída generalizada de la demanda. Tal medida permitiría salvar muchas empresas antes de que los costes de mantener toda la plantilla de trabajadores fijos, cuando no hay posibilidad de dar salida a toda la producción potencial, les obliguen al cierre.
La evolución futura de la legislación laboral es hoy difícilmente previsible. Parece que se dan pasos adelante y pasos atrás en el camino de la reforma, según las circunstancias políticas del momento. Si la mayor facilidad para la contratación temporal está entre los primeros, el frustrado proyecto de ley de huelga es un buen ejemplo de los segundos. Esta ley no encaja, en efecto, en el marco de relaciones laborales que se estaba intentando diseñar a lo largo de los últimos años. El hecho de que el proyecto haya estado a punto de convertirse en norma sólo puede explicarse por los extraños equilibrios políticos que tuvo que buscar el gobierno antes de la disolución de las Cortes.
El papel de los Sindicatos
La confusión y las disputas que han rodeado la negociación de esta ley son una buena introducción a una cuestión importante que apenas se ha mencionado hasta ahora: el papel de los sindicatos ante la reforma liberalizadora aquí defendida.
Parece difícil negar que hoy en España y en muchos otros países los sindicatos no son ya organizaciones espontáneas de los trabajadores para la defensa de sus intereses colectivos. Es bien sabido que los trabajadores españoles, en su gran mayoría, no se afilian a los sindicatos, y que éstos se han convertido en grupos de presión sostenidos por el dinero de los contribuyentes no ciertamente por el de sus escasos miembros cuyo poder no deriva de su capacidad de representación sino de su influencia política.
Nuevas formas de producir bienes y servicios
Nos guste o no, el papel de los sindicatos es cada vez menor en las economías modernas; y lejos estamos ya de creer que son organismos fundamentales para la estabilidad de un sistema democrático avanzado. Las instituciones relacionadas con el mundo de la economía han de evolucionar con el desarrollo de las nuevas formas de organización de la producción y la venta de bienes y servicios. Y hoy la economía funciona en España de una manera bastante distinta a la de hace sólo algunos años. Es previsible, por tanto, que los sindicatos acaben retirándose al mundo de la Administración y las empresas públicas, donde las nuevas condiciones de funcionamiento de los mercados están llegando con mucha más lentitud.
Esto no significa que, a corto plazo, las organizaciones sindicales no vayan a desempeñar un papel importante. El gobierno que salga de las elecciones, en una situación de reeesión, sufrirá, seguramente, ataques por parte de los sindicatos; y aquéllos serán más fuertes, desde luego, si quien llega a formar gobierno es el Partido Popular, con mucha menor influencia que los socialistas entre las fuerzas sindicales. No es difícil prever que uno de los principales objetivos de estos ataques será la flexibilización del mercado de trabajo. Ceder en este empeño para congraciarse con los dirigentes sindicales sería, sin embargo, un gran error, porque en las situaciones de depresión la liberalización del mercado es aun más necesaria que en las de auge. Y establecer nuevas restricciones o aplazar la desaparición de las hoy existentes no haría sino agravar la crisis y prolongar el período de ajuste.