Cada vez hay más personas que recurren a Internet: para informarse o hacer gestiones administrativas –cada vez hay más ciudadanos internautas–. Por eso los organismos de las Administraciones locales y centrales están mejorando sus sitios web, en los que cada día se ofrece más y mejor organizada información, para que sus servicios sean accesibles a través de la red. Este concepto ha sido definido internacionalmente corno e-Government.
Un ejemplo pionero de esta actividad nos lo ofrece Estados Unidos, donde la información on-line sobre temas relacionados con el Gobierno ha aumentado un 70% en los últimos dos años, según un estudio de Pew y American Life.
Para la consultora Accenture este crecimiento tiene su origen en la creciente sensibilidad de las agencias gubernamentales de todo el mundo hacia los beneficios que proporciona la tecnología y que les permite racionalizar los procesos burocráticos, optimizai la ejecución de los proyectos y una mayor facilidad para poner en marcha servicios centrales estatales.
Algunos de los países que mejor han entendido esta situación ya cuentan con amplias infraestructuras de e-Government, como sucede en Canadá que, según un estudio realizado también por la consultora Accenture en veintitrés Estados sobre las categorías de servicios e-Government más solicitados por ciudadanos y empresas, se situaría entre los diez primeros en servicios virtuales de atención a los ciudadanos. Otros países que también han entendido las virtualidades de las nuevas tecnologías aplicadas a la Administración son algunos tan diversos como Singapur, Australia, Dinamarca, Reino Unido, Finlandia, Hong-Kong, Alemania o Irlanda. Los servicios más demandados son –por orden decreciente–: los sociales (seguridad social, asistencia social, pensiones), impuestos, servicios postales, servicios educativos, justicia, seguridad pública e información sobre derechos constitucionales y democráticos.
Aunque cada uno de los países que ha sido objeto de ese estudio ofrece servicios o-nline en todas o la mayoría de las categorías arriba mencionadas, ninguno ofrece todavía todos sus servicios por medio de las nuevas tecnologías. La canadiense es ejemplo de una Administración que ha entendido cómo «el mayor uso de las opciones de autoservicio permite a los gobiernos ofrecer un mejor servicio, sin necesidad de dedicarles más recursos» y que, por ello, se está preparando para proporcionar dentro de un año acceso a todos los servicios estatales a través de la red. Esta nueva oferta permitirá la conexión a los programas y servicios de la Administración central de Canadá veinticuatro horas al día, siete días a la semana.
El estudio elaborado por Pew y American Life subraya la importancia de este último aspecto –disponibilidad permanente de la información–, y aconseja el traslado de todos los servicios y programas estatales a los sitios web, «ya que los usuarios de este sistema informaron que las gestiones con la Administración a través de las web gubernamentales ha mejorado su interacción con todos los organismos estatales».
En España, hemos conocido en los últimos años una rápida evolución general, gracias a la cual los ciudadanos disponen en la actualidad de nuevos servicios públicos online, que se han sumado a los disponibles desde hace tiempo, como los de la Administración Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social. Estos, que se cuentan entre los más relevantes y reconocidos internacionalmente de nuestra Administración central, se han unido a los que, con notable celeridad, han sido implantados en la mayoría de las comunidades autónomas y administraciones locales.
Por ello, han de ser saludadas como enriquecedoras todas las iniciativas que apoyen esta evolución de la red hacia un e-Government que llegará a transformar la relación de los gobiernos con los ciudadanos, incluso con aquellas partes de la sociedad más vulnerables y marginales. Es la oportunidad del «siempre disponible» frente al modelo clásico, y afortunadamente olvidado para siempre, del «Vuelva usted mañana».
La Sociedad de la Información en España
por EUGENIO FONTÁN
Casi nadie discute que la incorporación de las tecnologías de la Información (TI) a la actividad económica ha supuesto un enorme incremento de la productividad, tanto por los ahorros de tiempo y esfuerzo que ha propiciado como por las enormes posibilidades que ofrece –y que hemos de suponer ya incorporadas al acervo intelectual de los lectores de estas líneas–.
Existe, no obstante, una conciencia cada vez más difundida de la importancia que para la sociedad española tiene una implementación mayor de estas tecnologías y la extensión de su empleo a todo tipo de servicios y aplicaciones.
Este esfuerzo por promocionar y extender el uso de las TI pasa por favorecer, en primer lugar, la creación de redes, tanto extensivamente y en capilaridad como en lo referente al atocho de banda o capacidad de transmisión; y supone también que el número de personas, empresas e instituciones que acceden a estos servicios crezca lo más posible. Para que este nuevo modelo de comunicación sea plenamente operativo y eficaz, es asimismo imprescindible el establecimiento de un marco normativo que ofrezca seguridad, acceso y garantía.
Entre los esfuerzos realizados en esta línea cabe destacar el de la publicación de informes y estudios, no obstante que el rigor y el interés de los mismos no rubriquen siempre los buenos propósitos de los aurores. Este no es, desde luego, el caso de los estudios que comentaremos aquí, los dos publicados por Telefónica, pues, aunque sólo fuera por su riqueza documental, resultan imprescindibles. Además, ambas publicaciones se presentan en formato impreso y en disco compacto, lo que resulta de gran utilidad para quienes deseen aprovechar el rico acopio de datos que aportan.
El más reciente, titulado La Sociedad de la Información en Europa, pasa revista al grado de utilización de los distintos servicios y aplicaciones agrupados habitualmente bajo la denominación genérica de Tecnologías de la Información, en los países de nuestro entorno. Los detallados análisis comparativos quedan en este volumen espléndidamente ilustrado con interesantes cuadros y tablas.
El segundo título reza La Sociedad de la Información en España y presenta de forma realista los datos básicos que afectan a este sector en nuestro país. El volumen nos permite comprender que si bien el desarrollo de Internet y sus aplicaciones no acompañan los buenos propósitos de nuestros políticos, otras tecnologías, como el teléfono celular, han contribuido a un desarrollo más veloz de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en nuestro país.
Una de las conclusiones que pueden extraerse de estos dos informes es que la liberalización del sector de las telecomunicaciones en España es un proceso aún inconcluso y lleno de tropiezos, pero que, no obstante, ha permitido ya una bajada significativa de los precios finales y un incremento notable de la calidad y de la capacidad de nuestras redes. En este sentido, el juicio que merece es aprobatorio. Pero no todo en este análisis puede ser tan elogioso.
El retraso que se observa en España respecto a los países más desarrollados de Europa en esta materia no se debe tanto a aspectos tecnológicos o económicos como a nuestra realidad social, pues nuestro país no parece suficientemente predispuesto a la rápida incorporación de estas nuevas tecnologías.
En buena medida, y así lo recoge el informe comentado en último lugar, existe una cierta apatía, que tiene su origen en la inseguridad que suscita el intercambio de datos a través de las redes de telecomunicaciones e Internet, así como en la falta de aplicaciones verdaderamente atractivas. Entre las excepciones cabe señalar el de la telefonía móvil y el del correo electrónico.
Este retraso relativo de España exige una crítica que el informe no soslaya y que, a mi juicio, ha de remitirse a las iniciativas (o precisamente, a la falta de ellas) de las Administraciones públicas, pues son ellas, en definitiva, las que aún parecen no haber entendido que la tecnología es una herramienta puesta al servicio de los ciudadanos para la mejora de su bienestar social, de su riqueza y de su libertad.
Otro trabajo interesante es el que Montserrat Herrero ha editado bajo el título Sociedad del trabajo y Sociedad de la Información en la era de la globalización, y que aparece con el sello de Person y Prentice Hall. Se trata de una obra colectiva, que reúne una gavilla de artículos de expertos, muchos de ellos pertenecientes al claustro de la universidad de Navarra.
El promotor del libro a quien la coordinadora otorga el papel de alma mater del mismo, el profesor Alvira, orienta su enfoque a valorar los Cambios que el desarrollo de las Tecnologías de la Información está llevando a cabo en el mundo laboral y en su entorno social y económico, sin olvidar las implicaciones humanas.
Entre otras cosas, el conocimiento está llamado a desempeñar un papel protagonista en esta nueva realidad. Porque cada vez más éste es un producto valorable y cuantificahle y que exige una nueva definición de la realidad social en que se sustenta.
Ello determinará cambios en la normativa jurídica de amplio rango, desde la consideración de este conocimiento como bien sujeto al derecho de propiedad intelectual, hasta la definición de un nuevo modelo de relaciones laborales. Alvira y Herrero quieren contribuir con este libro al necesario debate que acompañará a la reestructuración de !a Sociedad de la Información.
En las colaboraciones que se dan cita en el libro no faltan referencias a los valores de la ética y ta dignidad, palabras poco habituales en las publicaciones sobre este tema y que son muy de agradecer. No todo es tecnología y desarrollo cuantitativo; la sociedad es algo más que una fría suma de cifras, realidades e individuos. Por eso es loable que desde el ámbito académico no se escatimen llamadas a la creación de un marco que haga posible un desarrollo armónico orientado a la libertad y al bienestar.
La única crítica que cabe hacer a este trabajo es la propia brevedad del volumen y el escaso conocimiento de la realidad tecnológica, de que adolecen algunas de sus colaboraciones.
Es muy de agradecer el esfuerzo realizado por los autores en una línea que merece sin duda la pena continuar; y en la que, además, las Administraciones públicas, que tantas iniciativas acostumbran a realizar para difundir y promover la Sociedad de la Información y del Conocimiento, aunque no pocas veces parecen hacerlo sólo por motivos de propaganda, podrían encontrar una fecunda fuente de inspiración en el ejercicio de sus responsabilidades políticas.
