El próximo 26 de mayo será la primera vez que las elecciones locales (y las de trece Comunidades Autónomas) se celebren a mitad de legislatura. En el 79 fueron a los pocos días de las parlamentarias, en el 83 a los seis meses, en el 87 a los once: ahora a los diecinueve. Y, entre nosotros, las legislaturas más largas apenas han durado tres años y medio. Por eso, en la primavera del 91, aunque el gobierno acabe de recomponerse y pugne por presentarse como nuevo, puede decirse que realmente las Cámaras y el Ejecutivo están enfilando ya la segunda mitad de su mandato.
Cuando los comicios locales tuvieron lugar poco después de los generales, sus resultados siguieron muy de cerca a los de éstos. Ocurrió así desde el principio. En las elecciones municipales de 1979, el partido más votado fue la UCD, que había ganado las generales, y que en las locales obtuvo 1.200.000 sufragios más que el PSOE. Si luego hubo alcaldes socialistas en muchos de los Ayuntamientos urbanos, empezando por Madrid, fue merced a los acuerdos PSOE-PC, posteriores a las votaciones y no anunciados antes de ellas.
Las diferencias entre los resultados locales y los de las parlamentarias inmediatamente precedentes fueron siempre tanto mayores cuanto más largo el tiempo transcurrido. La experiencia de las elecciones autonómicas es más corta y, a efectos de los grandes partidos nacionales, menos significativa, porque en ellas falta el voto socialista de Andalucía y aparecen, en cambio, los nacionalistas catalanes y vascos, que ocupan, en sus respectivos territorios, una amplia sección del espacio ideológico del centro y de la derecha. Especulaciones sobre lo que puede pasar ahora socialistas en muchos de los Ayuntamientos urbanos, empezando por Madrid, fue merced a los acuerdos PSOE-PC, posteriores a las votaciones y no anunciados antes de ellas.
Las diferencias entre los resultados locales y los de las parlamentarias inmediatamente precedentes fueron siempre tanto mayores cuanto más largo el tiempo transcurrido. La experiencia de las elecciones autonómicas es más corta y, a efectos de los grandes partidos nacionales, menos significativa, porque en ellas falta el voto socialista de Andalucía y aparecen, en cambio, los nacionalistas catalanes y vascos, que ocupan, en sus respectivos territorios, una amplia sección del espacio ideológico del centro y de la derecha.
Especulaciones sobre lo que puede pasar ahora
Las simples series estadísticas no son base suficiente para aventurar un pronóstico. Y menos cuando faltan varias semanas para la votación, aún no hay encuestas neutrales y todavía pueden ocurrir muchas cosas.
No obstante, una somera consideración de los datos globales que tenga presente la actual situación interior de los partidos, y el crédito de que gozan actualmente ante sus electorados potenciales, invita a pensar que es improbable que los socialistas lleguen a los siete millones de votos, que rebasaron incluso en el 87. Mientras que, por su parte, los populares superarán probablemente sus mejores resultados —que fueron los de las europeas del 86 y las generales del 89— y quedarán más cerca del partido del gobierno que en oportunidades anteriores. Lo cual quiere decir que va a haber muy pocas mayorías absolutas en grandes Ayuntamientos, así como en varias de las Comunidades Autónomas.
En tal situación aparecen como posibles muy diversas formas de organización política de la administración municipal y de la regional.
Los partidos que tienen vocación y oportunidad de asumir poder no están en condiciones de prometer nada, ni de anunciar estrategias para el día 27. Sólo los líderes de Izquierda Unida, es decir, los comunistas, se atreven a ofrecer su colaboración incondicionada no para que gobiernen unos, sino para impedir que lo hagan otros.
Autonómicas y locales, dos elecciones distintas
Hay que distinguir la naturaleza y las funciones de las corporaciones locales y de los gobiernos regionales. Estos últimos abarcan ámbitos territoriales y, por pocas competencias que les hayan sido atribuidas, ejercen responsabilidades legislativas y de gestión en nombre del Estado a las que se puede llamar políticas casi con la misma propiedad que a las del Gobierno central de la nación: organización de sus propias instituciones, ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, sanidad, asistencia social, agricultura, turismo, cultura, ciertas clases de obras públicas y comunicaciones, así como educación, centros de enseñanza, etc.
Los Ayuntamientos, por el contrario, se prestan mejor a una gestión de los asuntos más neutral, por así decir, desde los puntos de vista de los partidos y de las ideologías.
En la administración municipal resulta más hacedera una política de concordia básica, en la que una minoría mayoritaria dirija y ejecute —o sea, gobierne—, asumiendo sus responsabilidades ante una corporación que controla y con la que se haya llegado a acuerdos básicos en los presupuestos y en las líneas generales de actuación sobre los servicios públicos.
No estaba tan descaminado el primitivo proyecto de ley de elecciones locales del 78, que atribuía la presidencia de las corporaciones locales a la lista más votada y evitaba el mimetismo «clónico» que actualmente existe entre las instituciones municipales —corporación y alcaldía— y las nacionales —Parlamento y Presidencia del Gobierno—, El cual, por otra parte, no podría llevarse nunca a sus últimas consecuencias, porque sería absurdo e irracional que los alcaldes pudieran disolver los Ayuntamientos.
Las clases de Gobierno posibles después del 27 de mayo
En muchas localidades y en algunas Comunidades Autónomas las elecciones de mayo pueden dar lugar a resultados de mayoría absoluta de partido o de lista, pero eso no ocurrirá en todas ellas y desde luego no será así en varias de las más importantes. En ciertos casos sería aritméticamente posible una mayoría de los socialistas junto con IU. Pero no es probable que, por lo menos en ciudades grandes o en una comunidad como la de Madrid, el PSOE vaya a compartir poder con fuerzas que en materias generales o de Estado (política exterior, económica, laboral, etc.) se dedican a la agitación contra el Gobierno estatal. Eso no significa, sin embargo, que haya de descartarse la formación de coaliciones. En determinados casos la experiencia ha sido satisfactoria o, al menos, aceptable para los socios. Pero los partidos y los responsables políticos no tienen por qué encerrarse después del 26 de mayo en fórmulas de imitación parlamentaria en todos los niveles de la Administración. Ante determinados resultados electorales, que en ciertos supuestos son previsibles, es el momento de la imaginación y de anteponer el servicio público a otras consideraciones. La coalición, con un programa común pactado, parece apropiada para comunidades de orden territorial. Las «minorías mayoritarias» de gestión, que no excluyan compartir responsabilidades y se acomoden al control de las corporaciones, pueden ofrecer fórmulas prácticas, aplicables en numerosos municipios, Al fin y al cabo, a los representantes regionales y a los concejales se les elige para funciones distintas. La principal actividad de diputados y asambleístas es legislativa y parlamentaria. La de los ediles es de gestión.
