En el mes de marzo del año en curso el ministro de Educación y Ciencia remitía una carta al consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña en respuesta a otra previa que había recibido de aquél. Las dos epístolas trataban de la misma cuestión: el distrito universitario único o, en lenguaje más púdico, el distrito compartido.
En la primera misiva, el profesor Laporte manifestaba al ministro su inquietud y su alarma ante el anuncio de la puesta en marcha del distrito universitario único con carácter experimental durante el curso 92-93, advirtiéndole de los graves peligros que esta medida podría comportar para la autonomía universitaria y la normalización de la lengua catalana.
Muy amenazador y conminatorio debería ser el tono de la comunicación catalana cuando la reacción del Departamento de Educación y Ciencia fue la de diluir el proyecto inicial hasta extremos de virtual renuncia al mismo.
El objeto de este artículo es analizar el sustrato de la frontal y feroz oposición de la coalición gobernante en Cataluña al distrito único y del brusco descenso de los pantalones ministeriales ante aquella.
Movilidad
Cuando el profesor Solana expuso a la luz pública el propósito de implantar gradualmente la total movilidad de los estudiantes españoles suprimiendo la actual parcelación en distritos, comenzando por permitir al 20% de la población preuniversitaria emergente del COU la elección de cualquier centro de educación superior, estuviese o no en su distrito de origen, la reacción de la mayor parte de 1a comunidad académica fue favorable a dicha iniciativa.
En efecto, la movilidad sin trabas a la hora de matricularse en una Universidad y la libertad de elección de centro constituyen un motor eficacísimo de la competitividad entre las distintas Alma Mater, competitividad que es a su vez generadora de calidad en la investigación y en la docencia.
Cualquiera que haya vivido el mundo universitario europeo de las últimas décadas habrá podido percibir el crecimiento espectacular de los intercambios y la progresiva creación de un espacio común, fruto de la misma naturaleza del conocimiento, que tiende a atravesar fronteras y a eliminar barreras burocráticas o administrativas. De hecho, salvo en Francia, el distrito universitario único está implantado en todos los países de la Comunidad y los estudiantes al iniciar sus carreras pueden optar por la Universidad que deseen. Naturalmente, el acceso al centro de sus preferencias dependerá de que cumplan los requisitos exigidos en cada caso en cuanto a su nivel de formación anterior. Asimismo, uno de los ejes de la actuación comunitaria en el campo de la educación superiores el promover al máximo la permeabilidad de los sistemas universitarios nacionales con el fin de llegar al distrito único europeo.
A pesar de este clima favorable a la movilidad total de la masa estudiantil, desde el primer momento en que el ministro de Educación y Ciencia español puso sobre el tapete su aplicación a nuestro país, la reacción de la actual Administración autonómica catalana fue fulminante. El propio Jordi Pujol, en su discurso del Debate de Política General de otoño de 199(1, se pronunció en contra del distrito único con marcada virulencia, presentándolo ante la ciudadanía catalana como un intento malévolo —uno más— de atentar contra las competencias de la Generalitat y de dificultar el pleno desarrollo de la identidad catalana. Inmediatamente se desencadenó por parte del Gobierno de Cataluña y de diversas organizaciones nacionalistas una intensa campaña de oposición a la medida en todos los medios de comunicación.
Los argumentos respondían al típico esquema nacionalista. Si se producía una avalancha de solicitudes de estudiantes con buenas calificaciones de más allá del Ebro, los alumnos indígenas menos dotados o más dados a la molicie serían desplazados y el uso de la lengua catalana se vería perturbado al aumentar el número de castellano-habianíes en las aulas.
La apelación a la autonomía universitaria no constituía sino un recurso formal, porque la cuestión de fondo era la presunta violación de uno de los principios más caros al nacionalismo: la necesidad de construir espacios cultural y lingüísticamente homogéneos dentro de unas determinadas fronteras físicas. Así, la eventual invasión de estudiantes «extranjeros» procedentes de Almería, Pontevedra o Zamora era vista como una amenaza intolerable para la realización de uno de los sueños más acariciados por el nacionalismo convergente, a saber, la consecución del monolingüismo catalán en el Principado, con el castellano como simple lengua puente hacia el exterior. Curiosamente, algunos representantes conspicuos de estos planteamientos establecieron en las páginas de algunos órganos de opinión afines al Gobierno de Convergencia un inefable paralelismo entre la implantación del distrito único y la del programa Erasmus, asimilando el problema lingüístico creado por la presencia de estudiantes daneses, alemanes o británicos con el que se generaría si llegase un alud de toledanos, jiennenses o salmantinos.
Tomadura de pelo
La carta de réplica del ministro, archivo de afabilidad y galanura, recordaba aquella conseguida escena de la película de Buñuel sobre los discretos encantos de la burguesía en la que un grupo de personas bien educadas y bien pensantes evita a toda costa hablar de comida mientras departen amigablemente sentados sobre relucientes inodoros. El ministro, de manera similar, se extendía en ponderadas consideraciones sobre la legislación vigente y sus posibles interpretaciones y sobre la prioridad de la calidad del sistema educativo y del principio de libertad de elección frente a otras cuestiones de menos entidad, y no mencionaba explícitamente ni una vez el problema lingüístico, como los burgueses de Buñuel ignorando la existencia de materias tan groseras como el queso y el salchichón.
Sorprendentemente, al final de su respuesta el ministro baja las banderas ante su adversario y pulveriza la implantación del distrito único, reduciéndolo del 20% inicialmente contemplado a un 5% del censo estudiantil, salvo en aquellos centros donde ese porcentaje fuese superior a diez alumnos, en cuyo caso el número de estudiantes foráneos admitidos sería precisamente de diez. Una movilidad que afecta a diez mil estudiantes sobre un total de doscientos mil no parece un avance significativo y se sitúa más en el terreno de la tomadura de pelo, por utilizar la gráfica y feliz expresión que empleó el portavoz para temas educativos del primer partido de la oposición.
Un ex-rector y ex-director general de Universidades de la Generalitat ha calificado la decisión ministerial de «compromiso satisfactorio». Sin duda, satisfactorio para una de las partes, pero aniquilador y regresivo para el fomento de la calidad de nuestras Universidades.
En cualquier caso, la reacción del Sr. Pujol y sus acólitos ante el distrito único es condenable, pero es lógica desde una óptica nacionalista estrecha como la que sustentan. El entreguismo del ministro es más difícil de explicar, pero a poco que se analice se pueden esclarecer las motivaciones de una rendición tan rápida como sorprendente ante los embates fundamentalistas de tas huestes convergentes.
Esquemas socialistas
El distrito único presenta diversas dificultades a la hora de encajar en los esquemas socialistas. En primer lugar, implica una universalización y mejora de las actuales pruebas de selectividad o, mejor aún. la promulgación de la todavía inédita Ley de Acceso a la Universidad, con el fin de racionalizar la rentabilidad del sistema e impedir que el porcentaje de fracasos y abandonos en los estudios superiores sea del orden del 50%. Ahora bien, una medida de esta naturaleza choca frontalmente con el concepto igualitarista a lo Procusto del socialismo y exige, además, una política de becas amplia y generosa. Y si hay una cosa que el socialismo español tiene clara es que entre predicar y dar trigo, lo primero es más barato y más adaptado a las cualidades de su number one. Tampoco se puede olvidar, en este contexto, que todo lo que sea aumentar el número de electores bien formados y con capacidad de análisis va en detrimento de la perpetuación en el poder del actual Gobierno, tal como demuestra la evolución reciente del voto urbano.
En segundo lugar, el distrito único y la libertad de elección sin cortapisas conduciría al establecimiento de un ranking entre las distintas Universidades, Facultades y Escuelas, con colas para acceder a algunas de ellas y desoladores vacíos en otras, lo que a su vez colisionaría con la funcionarización y uniformización del profesorado, e incluso con la homogeneidad de las tasas para todo el territorio nacional, características ambas de nuestro ordenamiento universitario muy gratas a los ojos socialistas.
En el fondo, las iras nacionalistas contra la libertad de elección de centro le han venido bien al ministro de Educación y Ciencia, que se ha permitido el gesto de proponerla para acogerse después rápidamente al «compromiso satisfactorio» y retirarla. Hay que reconocer que los caminos del bloque constitucional son insondables.
El problema del distrito único es una muestra, entre otras, de que, por causas distintas, socialistas y nacionalistas se encuentran a veces en el ejercicio de sus vicios.
Para que la auténtica y plena movilidad en la educación superior fuese una realidad, tendrían que darse dos supuestos: la renuncia de los socialistas al igualitarismo y la aceptación por los nacionalistas de que Cataluña es un caso afortunado de territorio con dos lenguas propias. Pero esperar que ambos fenómenos se produzcan equivale a esperar la vibrante irrupción de las trompetas del Juicio Final, Afortunadamente, las democracias modernas proporcionan mecanismos más veloces para adelantar ciertas efemérides mediante las alternancias en el poder. A ello hay que aplicarse sin pausa y con toda la prisa compatible con la conservación de la salud.
