Paz Andrés Sáenz de Santamaría es consejera permanente del Consejo de Estado y presidenta de su Sección Tercera. Catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Oviedo. Ha sido juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Ingrid Betancourt Pulecio es política y activista colombiana. Fundadora y líder del partido Verde Oxígeno, fue miembro de la Cámara de Representantes y del Senado, y candidata presidencial en 2002 y 2022. En plena campaña de 2002 fue secuestrada por las FARC, y estuvo seis años en cautiverio, hasta que fue liberada por las Fuerzas Armadas de Colombia. Es premio Príncipe de Asturias de concordia.
Fabrizio Hochschild fue secretario general adjunto de Naciones Unidas para operaciones estratégicas. De 2013 a 2016, fue coordinador residente de la ONU, coordinador humanitario y representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia.
José María Beneyto es catedrático de Derecho Internacional Público, Derecho Comunitario Europeo y Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo-CEU, y profesor de UNIR. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Harvard.
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Avance
Los derechos humanos son el eje fundamental de procesos de paz, como el de Colombia, entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC. Este fue uno de los más elaborados y más ambiciosos en cuanto al diseño, pero con muchos problemas en su implementación, y ahora queda el miedo de que las sentencias condenatorias sean ridículas, lo que dejaría cierta sensación de impunidad. Como subraya Ingrid Betancourt, “hasta que las víctimas no sientan que no se ha hecho justicia esos procesos quedan deslegitimados”. En este tipo de procesos es esencial la protección de los derechos humanos, afirmó la jurista Paz Andrés, que destacó la relevancia que tienen los tratados internacionales, así como la jurisprudencia de diversas instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordó el papel clave de la llamada justicia transicional, y los pilares en los que se asienta: verdad, justicia, reparación, no repetición y memorialización.
Ingrid Betancourt afirmó que una cosa es lo que se pactó en el papel y otra lo que se realizó. Y señaló tres notables carencias del proceso: que sólo las víctimas contaron la verdad, ya que los victimarios “se atrincheraron en una narrativa mínima para no inculparse adicionalmente”; que no hubo reparación moral ni económica para las víctimas; y que aún no han salido las sentencias condenatorias y se temen que estas sean ridículas. En la llamada Paz Total se incluyen ahora “otras organizaciones delictivas como el clan del Golfo -un grupo de narcotráfico puro, sin ideología-” lo cual resta credibilidad y desvirtúa al proceso.
Fabrizio Hochschild indicó que la violencia no ha terminado, porque se ha duplicado la tasa de homicidios y 100.000 personas viven confinadas en sus territorios; pero junto con esto destacó un aspecto positivo: que el proceso ha contribuido a visibilizar el horror de la guerra, y “le hemos puesto rostro a las víctimas”. Se eligió a 60 víctimas para que intervinieran en la mesa de negociaciones, con los representantes del Gobierno y de las FARC. Y transmitieron un mensaje común: “Lo que nos pasó a nosotros no puede pasarle a nadie más”. En el coloquio posterior, César Velásquez recordó, entre otras cosas, que el narcotráfico es el combustible de la guerra, y si no hay una respuesta sincera del pueblo que se levanta contra el narco que financia las armas y la violencia, el acuerdo quedaría cojo.
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Los derechos humanos son el eje fundamental de procesos de paz, como el de Colombia. Este fue innovador y ambicioso en su diseño, pero con muchos problemas en su implementación y el miedo a que las condenas sean ridícula deja la sensación de cierta impunidad… porque hasta que las víctimas no sientan que no se ha hecho justicia esos procesos quedan deslegitimados. Estas fueron algunas de las conclusiones expresadas por la política Ingrid Betancourt, la catedrática de Derechos Paz Andrés y el secretario general adjunto de la ONU, Fabrizio Fabrizio Hochschild en una sesión celebrada en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
Los ponentes reflexionaron sobre la aplicación de los derechos humanos en el acuerdo de paz que firmó el Gobierno de Colombia con las FARC en 2016; y sobre las luces y sombras del proceso que lleva a cabo el actual gobierno, denominado “Paz Total”, y que abarca a grupos guerrilleros, bandas de narcotraficantes y de crimen organizado.
Se trata de la cuarta sesión del ciclo “Derechos Humanos y convivencia cívica”, que dirige y modera José María Beneyto, catedrático de Derecho Internacional Público, Derecho Comunitario Europeo y Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo CEU, y profesor de UNIR.
Este señaló que “el caso de Colombia supone un ejemplo particularmente paradigmático de la utilidad o no de la mediación, la protección de los derechos humanos y la justicia transicional [conjunto de medidas judiciales y políticas que se adoptan tras un conflicto o represión en la que se han producido violaciones masivas de los derechos humanos]”.
La relevancia de los tratados internacionales
La catedrática Paz Andrés afirmó que “tras un conflicto armado es esencial la protección de los derechos humanos, en un proceso de paz” y que “el primer implicado en su preservación es el Estado, pero también es necesario contar con actores no estatales y con la cooperación internacional”.
Destacó la relevancia que, a este respecto, tienen los tratados internacionales, como la Convención contra el delito del genocidio; la Convención sobre la eliminación de la discriminación racial; la Convención contra la tortura; y la Convención contra las desapariciones forzadas. Y mencionó la jurisprudencia de diversas instancias, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los derechos de las víctimas a la reparación o a conocer la verdad.
Respecto a la memoria, indicó que “las leyes de amnistía generalmente son incompatibles con la obligación del Estado de investigar los atropellos de los derechos humanos”,
si impiden el enjuiciamiento de crimenes contra la humanidad, genocidio, etc. Y que, como señalaba un estudio de Naciones Unidas, “cuando se conceden a perpetradores de violaciones graves de los derechos humanos podrían convertirse en impunidad”.
Destacó la jurista que “el trabajo de algunas organizaciones y ONGS ha sido decisivo para la configuración actual del marco de la justicia transicional”. Y recordó los cuatro principios sobre los que ésta se asienta: “verdad, justicia, reparación y no repetición. A lo que ahora “se añade un quinto pilar, la memorialización, según el relator de Naciones Unidas Fabián Salvioli”.
En el primer informe de Naciones Unidas que abordó la justicia transicional, de 2004, el entonces secretario general Kofi Annan, señalaba que esa organización tiene el derecho de promover la justicia en situaciones de conflicto y que “sus normas de actuación gozan de una legitimidad superior a cualquier modelo nacional, porque han sido aceptadas por un número elevado de Estados”.
Ingrid Betancourt: Un país dividido
Ingrid Betancourt, por su parte, señaló que en el proceso de paz de Colombia hubo “una diferencia entre lo que pactó en el papel y lo que se realizó”; y que “el país quedó dividido entre quienes consideraban que el proceso suponía poner fin a la guerra y los que creían que era una negociación de intereses, que iba a imperar la impunidad” y, por lo tanto, en el futuro iba a darse “un recrudecimiento de la violencia”.
Aunque se trató de “uno de los procesos de paz más elaborados, más maduros y más interesantes, sobre el papel”, en la práctica, “la verdad solo la contaron los víctimas, no los victimarios” que, en sus declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), “se atrincheraron en una narrativa mínima para no inculparse adicionalmente” y para “no aportar nada diferente a lo que ya se sabía”.
Tampoco “hubo reparación para las víctimas”, porque no se pudo saber la verdad; “ni reparación moral, ni histórica, ni social ni económica”.
La reparación “no tocó las finanzas de las FARC” y “se quedó con la sensación de que estas habían preservado su botín de guerra”.
Y aunque -siguió diciendo Betancourt- la JEP tipificó los delitos de la guerrilla como los máximos (lesa humanidad, crímenes de guerra) “las sentencias condenatorias aún no han salido, a pesar de los años transcurridos”. Las víctimas tienen la impresión de que “si los delitos se tipificaron de acuerdo con el derecho, las condenas se están haciendo con un rasero político”. Con el gobierno de derecha [de Iván Duque] no hubo ninguna condena; y “ahora corremos el riesgo de que las condenas sean irrisorias”. Y añadió:
“Si después de haber matado, quemado, violado etc, la pena consiste en plantar árboles o construir una escuela queda deslegitimado todo el andamiaje de la paz”.
“La justicia transicional -manifestó Betancourt- es medular, porque de la independencia que demuestre se salva o se hunde el proceso”. Tras las etapas de los gobiernos de Santos y de Duque (“que lo frenó”), el proceso llega a una tercera etapa -advirtió la ponente- con Gustavo Petro, que es como “el péndulo, porque es el extremo contrario, una paz total, con una amnistía total y yo diría que con una impunidad total”.
Con el agravante de que en esta paz total entrarían “otras organizaciones delictivas como el clan del Golfo -un grupo de narcotráfico puro, sin ideología- lo que le quita al Estado la posibilidad de fortalecerse contra la delincuencia organizada”. Todo ello resta “credibilidad al proceso original”. Es posible -apostilló- que “estemos asistiendo al final del proceso de paz, que ha perdido credibilidad, por haber querido expandirlo hasta desvirtuarlo”.
Observatorio de la Paz
Así las cosas ¿qué se puede hacer? Es muy importante -señaló Betancourt- que “Colombia tenga acceso a una valoración de todo el proceso de paz, por parte de analistas académicos, no políticos, no inmersos en la confrontación ideológica, con un análisis neutral, que sirva de instrumento de reflexión para el futuro”. Una especie de “Observatorio de la Paz, que esté por encima de intereses particulares”.
«Lo que más le ayudaría a los colombianos -concluyó- es información, basada sobre cifras, hechos reales, y producida por personas que no tengan intereses creados, que le permitan a la prensa y a los ciudadanos de a pie, observar a Colombia con la lupa de la verdad».
Hochschild: El índice de fiabilidad de un proceso de paz
«El respeto por los Derechos Humanos es el índice fundamental para medir el alcance real de un proceso de paz, para una paz duradera» afirmó Fabrizio Hochschild. Y el de Colombia ha sido “un proceso innovador y ejemplar en su diseño”, aunque “con atascos graves y carencias y en el que queda mucho por hacer”.
Así -detalló- “sigue creciendo el número de víctimas, sobre todo en los municipios donde debiera tener mayor impacto; y las comunidades que deberían ser objeto de los dividendos de la paz están amenazadas por la violencia; la tasa de homicidios de esas zonas es más del doble que el promedio nacional; entre diciembre de 2022 y marzo del 23 se denunciaron 35 homicidios selectivos de defensores de derechos humanos; y más de 100.000 personas viven confinadas en sus territorios desde el año pasado”.
El aspecto positivo del proceso es que ha contribuido “a visibilizar el horror de la guerra. Hemos empezado a conocer hechos, dolores, que de otro modo no habríamos sabido», y “ha puesto rostro a las víctimas”.
La presencia de las víctimas en el proceso “no tiene precedentes”, remarcó Hochschild. Entre las más de cinco millones de víctimas se eligió a 60 para que intervinieran en la mesa de negociaciones en La Habana, con los representantes del Gobierno y de las FARC. Y transmitieron un mensaje común: “Lo que nos pasó a nosotros no puede pasarle a nadie más”
El experto sugirió, por último, algunas líneas de actuación e investigación para que UNIR y la Fundación Ciudadanía y Valores puedan apoyar los procesos de paz y reconciliación en América Latina. Así, indicó, se puede investigar cómo se negocia con los nuevos grupos armados; qué incentivos se pueden ofrecer para que abandonen la violencia; cómo incluir víctimas en los procesos nuevos; y examinar si es posible replicar las buenas prácticas de este proceso en otros conflictos de países de la región.
El narcotráfico, combustible de la guerra
En el coloquio posterior intervino César Velásquez, ex secretario del Gobierno de Álvaro Uribe y ex embajador de Colombia en el Vaticano, que expuso tres ideas sobre el proceso de paz. Primera, “la falta de pueblo, de ciudadanía, de sociedad civil en el proceso; segunda, el narcotráfico es el combustible de la guerra, y si no hay una respuesta sincera del pueblo que se levanta contra el narco que financia las armas y la violencia, el acuerdo quedaría cojo; y en tercer término, recordar que no se tuvo en cuenta el resultado del referéndum, en el que el pueblo colombiano votó No al acuerdo de 2016, de forma que es necesario reparar ante la sociedad colombiana y no repetir ahora los errores del pasado”.
