Leandro Benavides Gómez

Hay que empezar recordando que la cohesión y estabilidad de cualquier organización política descansa en un sistema de valores y convicciones que la legitiman ante los ciudadanos y a cuyo servicio se dedican las instituciones políticas. Sólo en estos valores compartidos encuentran las instituciones sociales su Fundamento y razón de ser. No existe sociedad política en la que no sea preciso el ejercicio de un determinado poder que se imponga a los ciudadanos. Pero en una sociedad democrática el poder y su ejercicio hay que justificarlos: tienen que servir para preservar determinados derechos y alcanzar objetivos que no se lograrían, o se lograrían deficientemente, si ese poder supraciudadano no existiese. Es muy deseable, ciertamente, que el poder político se ejerza de forma moderada, pero lo que no es posible es prescindir de él. Y en una comunidad política que sea democrática en algún grado —porque, evidentemente, la democracia admite grados—, ¿qué valores o bienes ha de tratar de garantizar el poder político? Como no partiéramos de un arquetipo democrático admitido por todos, sería difícil enumerar de forma exhaustiva y detallada la lista de valores que deben garantizarse en una sociedad democrática. Pero para nuestro discurso es suficiente con acudir a los que suelen consagrarse en declaraciones de derechos comúnmente aceptadas o a las que suelen recoger los textos constitucionales como derechos fundamentales. Nuestra propia Constitución vigente declara en este sentido que el respeto de los derechos «es fundamento del orden político y de la paz social» (art. 10.1). Así es, y ninguna persona sensata dejará de reconocerlo. Pensemos qué quedaría de la sociedad en que vivimos si fueran negados en la práctica, de forma sistemática, algunos de esos derechos fundamentales. ¿Qué sería de la convivencia social en la que, por ejemplo, no existiera el derecho a la propiedad, donde este derecho no estuviera jurídicamente protegido o fuera impunemente violado? O donde no se diera el derecho a la libertad personal. O donde no se pudiera ejercer la libertad de asociación, de expresión o de resistencia, etc. No cabe duda que una sociedad así resultaría en alto grado asfixiante, opresiva, inhumana e intolerable. Derechos fundamentales Claro que se podría pensar que aunque la ley no los protegiera, el contenido de esos derechos se respetaría espontáneamente, en alguna medida, por los ciudadanos. Si eso fuera así, lo que se pondría de manifiesto sería una conciencia ciudadana que llevaría el respeto de tales derechos sin la coacción de la ley. En ese caso, tanto mejor, porque se revelaría que para el común de los ciudadanos la protección legal de los derechos fundamentales resultaba hasta cierto punto innecesaria. Sin embargo, sabemos bien que las cosas no ocurren así. Que los derechos fundamentales necesitan reconocimiento y protección legal, so pena de que, primero por algunos y luego por muchos, se destruya la convivencia pacífica y de cooperación al bienestar general que es lo propio de una sociedad política organizada. Debemos añadir que, en el terreno de los valores sociales fundamentales, postular un relativismo radical es de todo punto...