Pablo García-Manzano Jiménez de Andrade

El sector público será lo que sean sus instituciones. En el contexto actual estas deben ser, no solo aligeradas o recortadas, sino sobre todo mejoradas y revisadas en su eficiencia.Estos dos asertos elementales deben ser objeto de algunas precisiones. La principal es que el término instituciones se entiende aquí no en el sentido estrictamente organizativo, sino en el más amplio de formas básicas del ordenamiento jurídico y político. Además, lo institucional comprende conceptos y formas de actuación propias de la economía, el derecho y la filosofía política.Como consecuencia de ambos matices, el término Estado de bienestar alude, a nuestro juicio, a una construcción institucional de este estilo: no es una forma (mucho menos una simple manera de organización) del Estado desde la segunda posguerra mundial a nuestros días, sino que hace referencia a la ordenación de ciertas técnicas y normas en la búsqueda de un objetivo de igualdad y de prestación de servicios públicos en favor del mayor número de personas. Que no se designa con él una forma típica del Estado se ve bien en la originaria expresión inglesa («welfare state»), la cual, lejos de referirse a un rasgo constitutivo del aparato estatal —en este sentido, incluso el término «State» es extraño a la propia tradición constitucional británica—, hace referencia al modo de construir y desarrollar, desde múltiples perspectivas, ese conjunto de prestaciones sociales.Hechas estas advertencias y antes de adentrarnos en el análisis institucional propiamente dicho (dónde estamos y hacia dónde se dirige el sector público), es necesario añadir que es difícil hacer predicciones certeras. En un artículo recientemente publicado en la Public Administration Review a propósito del futuro de la administración pública en los Estados Unidos en el horizonte del 2020, los profesores O’Leary y Van Slyke comienzan con un recordatorio de algunas de las más célebres profecías económicas y tecnológicas fallidas: desde aquellos que aconsejaron a Philip Reis, socio de Graham Bell, que desistiese de inventar un aparato para transmitir el sonido pues «no tenía futuro» (1861), hasta el escepticismo con que IBM y Kodak recibieron el invento de la xerografía por Chester Carlton (1938), pasando por la legendaria afirmación de quien llegaría a ser director de la oficina de patentes y marcas estadounidense, Charles Duell, quien en 1899 abogó por su cierre sentenciando que «todo cuanto podía inventarse, estaba ya inventado». En el ámbito de la economía y del derecho, causan particular asombro las opiniones de Adam Smith y Rudolf Ihering cuando, refiriéndose el primero a las «joint stock companies» y el segundo a las sociedades por acciones, expresaron respectivamente —con un siglo de diferencia— su desconfianza sobre el porvenir de tales figuras, considerando el primero que las compañías heredadas del Antiguo Régimen no encontrarían acomodo en el nuevo sistema económico, en tanto que el insigne jurista alemán opinaba que «la sociedad por acciones, en su forma actual, es una de las instituciones más imperfectas y más funestas de todo nuestro derecho» (cfr. el artículo de J. M. Gondra «El control del poder de los...