José Manuel Macarro

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Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla

La Reforma Agraria en la II República

El carácter ideológico del punto de partida En 1932, cuando se debatía en las Cortes el proyecto definitivo de la Reforma Agraria, Juan Díaz del Moral presentó un voto particular de mucha enjundia. En él abogaba por que se concedieran tierras únicamente al campesino capacitado para labrarlas e introducir mejoras en las mismas; al mismo tiempo, los lotes de tierras que se dieran habrían de tener el tamaño suficiente para garantizar su viabilidad económica. Advirtió que de no hacerse así, si se sustituían las razones económicas de la reforma por criterios ideológicos y políticos, se estaría llevando «inexorablemente » la miseria al campo. Máxime cuando todas las reformas realizadas en Europa habían demostrado que en ningún país existía tierra cultivable suficiente para asentar a cuantos vivían en el campo. De nada valieron las innumerables advertencias sobre las insensateces de las reformas sustentadas en objetivos ideológicos y políticos en contra de los económicos. En muchas ocasiones porque quienes las hacían eran personas liberales o de derechas; en otras porque, aunque fueron miembros de la izquierda quienes las efectuaron, nadie tenía derecho a entorpecer un proyecto histórico de reforma. Porque, en palabras de Fernando de los Ríos, «tras esfuerzos seculares, va a comenzar, al fin, de modo orgánico, la obra nada fácil de rehacer la ordenación jurídica de la propiedad territorial en España». La tarea iba a ser, sin duda, gigantesca, ya que rehacer toda la ordenación de la propiedad significaba, ni más ni menos, que rectificar la historia de España. Porque justamente de eso se trataba, las razones económicas debían pasar a un segundo plano o, mejor, desaparecer de la escena. Al establecer este objetivo se estaba asumiendo la herencia ideológica de los regeneracionistas. Como ellos venían defendiendo desde hacía tiempo, la causa del problema agrario residía en la existencia de la gran propiedad, proveniente del señorío y reforzada en las desamortizaciones. Opiniones estas que habían cobrado carta de naturaleza en el primer tercio del siglo XX, merced, por ejemplo, al Instituto de Reformas Sociales o al Informe de los Ingenieros agrónomos del Servicio Catastral de Sevilla, amplificados ambos con enorme eco por la prensa de la época y por los escritores de más talla, como Ortega, Ibáñez o Baroja. Incluso muy conocidos personajes de derechas, como el conde de Romanones o Calvo Sotelo, coincidieron en señalar que la gran propiedad era la causa de los males del campo español. Males que nada menos que don Claudio Sánchez Albornoz los residenciaba en el «botín» de la nobleza medieval, reforzado por los «heroicos compradores de bienes nacionales», que dieron lugar a la gran rapiña del campo. Por ello, porque los latifundios eran producto de un robo histórico, había llegado el momento de expropiarlos sin indemnización alguna. Por si no bastara para justificar la reforma y la desaparición del latifundio, el oprobioso origen de la gran propiedad, se afirmaba que la ineficacia de ésta era la que tenía a media España sin cultivar y necesitando importar alimentos, mientras las tierras se dedicaban a dehesas improductivas y...

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