Política energética española

Por segunda vez, el aldabonazo de una crisis de recursos energéticos manifestada por el incremento desorbitado de los precios del crudo del petróleo, golpea las economías de los países del orbe, tanto los desarrollados, como los en desarrollo, tercer mundo e incluso amenaza a los propios países productores del petróleo.

Si bien las razones de julio/agosto del 90 difieren sustancialmente de las que estuvieron presentes en la Navidad de 1973, la incidencia sobre las economías de un incremento en los precios del crudo presenta una imagen semejante.

En aquel momento, como tuvimos ocasión de dejarlo patente en una monografía sobre la crisis, el sentir de los países de la OPEP constituía una voluntad unánime dirigida a revalorizar sus reservas de petróleo y a incrementar los ingresos derivados de su explotación. Con el liderazgo intelectual del ministro saudí de Petróleo, jeque Jamani, y la presión política del Gobierno de Irán, el precio del barril de crudo se vio incrementado en más de cuatro veces respecto al nivel que había tenido a comienzos del mismo año.

También entonces y sin duda para ensombrecer la apetencia económica a que conducía los ingresos por la venta de un crudo revalorizado, una cumbre en Argel, en octubre de 1973 cuando ya la crisis era palpable, hacía profesión de fe islámica frente al peligro sionista y su apoyo occidental. Pero ante manifestaciones de los protagonistas, tales como «es mejor guardar el petróleo en el yacimiento que los dólares en el banco» -no olvidemos que el dólar USA se había depreciado ya en dos ocasiones recientes- resultaba difícil aceptar que el motivo subyacente que determinaba la restricción productiva y consecuentemente la elevación de precios era de tipo religioso.

A finales de julio pasado, una nueva restricción productiva y la amenaza de un colapso más duradero en la producción de crudos vuelve a imponerse, esta vez no por consenso de la OPEP, pero con el mismo retraso con que se produjo en 1973, alegando también la defensa de principios islámicos contra la occidentalización de los pueblos y mundo árabe.

El escepticismo en esta ocasión es mayor todavía del que lo fuera respecto a la cumbre de Argel en 1973. En este caso (julio 1990) un país árabe, con el que no se contaba para el liderazgo del espíritu religioso islámico, invade otro país árabe apropiándose de todos sus bienes y, por tanto, de su petróleo. La reacción mundial no se hacía esperar. El panorama, una restricción de hecho en el abastecimiento de crudos (los 55 millones de barriles diarios de producción mundial se ven inicialmente reducidos a cuatro millones de barriles/día que venía siendo la producción de Irak y Kuwait), atenuada en parte por el aumento de producción de Arabia Saudí y Venezuela (incrementan su producción en tres millones de barriles/día para compensar la disminución de los cuatro millones de Irak y Kuwait), pero por contra, escasez relativa acentuada como consecuencia de movimientos especulativos y de atesoramiento que llevarán el precio del crudo «Brent» desde los 22,13 US $ del 2 de agosto del 90 al máximo de 38,80 US $ el 1 de octubre último, manifestándose a partir de esa fecha una ligera tendencia a la baja que lo sitúa en 36,10 US $ el día siguiente, 2 de octubre.

No es necesario poner más énfasis en el efecto inflacionario que una elevación en el precio de los crudos produce en la economía nacional, ni tampoco en el efecto sobre la producción y el empleo de unas medidas contractivas tendentes a frenar el proceso inflacionario; de todo ello, tristemente, tenemos experiencia sobrada. Lo que sí conviene someter a análisis es el resultado de la otra enseñanza que ya en el año 73 nos brindó la crisis del petróleo (crisis energética) y cuya reflexión cobra exigencia en estos momentos.

Resulta sorprendente que una sucesión de gobiernos, con una marcada vocación intervencionista, con un abuso de la discrecionalidad en la administración del poder y siempre dispuestos a planes y políticas, sean tan poco pródigos en los análisis críticos de la relación objetivos/medidas/resultados.

Nuestro país se caracteriza por el diseño de políticas para prácticamente todo, con unos resultados, cuando positivos, que pobremente se aproximan a las pretensiones subyacentes en el establecimiento de las primeras. La impresión para el estudioso es que el establecimiento de una política en cualquier campo es un objetivo en sí mismo y que por tanto satisface en su promulgación las aspiraciones de la actividad pública.

La política energética no está al margen de estas consideraciones. Del año 73, todos los países responsables salieron con una lección aprendida: la necesidad de una política energética que cumpliera simultáneamente dos objetivos.

De un lado, encauzar el proceso de desenvolvimiento económico por caminos ahorradores de energía. Lo que supone intensificar la investigación para mejorar la relación producto/consumo energético, con el fin de disminuir relativamente la demanda de energía.

De otro, intensificar los esfuerzos y prioridades hacia un desplazamiento a las fuentes de energía sustitutivas.

Pese a todos los planes energéticos nacionales, de los que el último es el del periodo 1983-92, los resultados no pueden en modo alguno considerarse satisfactorios, si nos detenemos en el análisis de sus magnitudes.

En cuanto al ahorro de energía en las actividades económicas, es conveniente no olvidar que frente a una evolución del Producto Interior Bruto al coste de factores y a precios constantes cuyo índice en 1989 se sitúa en 157,9 (siendo 1970=100), la demanda de energía primaria en el país alcanza para el mismo año 89 el índice de 149,5 (siendo también 1970=100). Con dos periodos claramente diferenciados: el del mayor peso del crecimiento industrial 1973/1983 y el del crecimiento acelerado de los servicios en el periodo 1984/1989.

En el primer tramo, los índices de la evolución de la demanda de energía se sitúan por encima de los índices del PIB, excepción hecha de los años 1974 y 1975 (anómalos por su puntualidad histórica), mostrando una elasticidad apreciable tanto al alza como a la baja respecto a la tendencia del PIB.

La dependencia del petróleo hace peligrar cualquier proceso de crecimiento económico.

En el segundo periodo, donde gana espacio el sector servicios, de escaso consumo energético, los índices del PIB se sitúan por encima de los de la demanda de energía, si bien manteniendo ésta su misma tendencia.

Cabe pues afirmar que la política energética, en cuanto a ahorro de energía se refiere, ha tenido, si es que lo ha tenido, un escaso efecto positivo. Sí se ha mejorado por contra el nivel de reservas petrolíferas frente a la situación de 1973, ya que en este caso el total almacenado se eleva a casi 10 millones de toneladas. Lo que equivale a un consumo nacional próximo a los 90 días.

La participación del petróleo en la demanda total de energía primaria en España en el año 1973, año de la crisis del petróleo, se cifraba en un 68,1 por 100, estimándose esta participación para el año 1989 en un 53,4 por 100. Participación muy alta que sitúa a la economía española con un lazo de dependencia de los países productores de petróleo que puede hacer peligrar cualquier proceso de crecimiento económico de la economía nacional. Piénsese que la media de la CEE se estima en un consumo petrolífero en el entorno del 45 por 100 de la demanda energética total.

En el carbón, casi nada se ha hecho. El 17 por 100 a que asciende la participación del carbón en la demanda de energía en 1973, para el año 1989 esta cuantía no llega a alcanzar el 22 por 100. Siendo la gran asignatura pendiente la de la energía nuclear que en 1989 alcanza su techo máximo del 14,5 por 100 de la demanda energética total. Porcentaje a todas luces insuficiente que nos arroja en las manos del petróleo, frente a países de nuestro entorno, como Suecia, en donde la energía nuclear supone algo más del 41 por 100 de toda la demanda energética, Suiza un 40 por 100, Francia un 37 por 100, Finlandia un 33 por 100, Bélgica más de un 22 por 100, Hungría más de un 15 por 100, etc. Nuestra participación es semejante a la de Alemania Federal que ha visto mediatizada la expansión nuclear como consecuencia de las imposiciones de las potencias después de la Guerra Mundial.

Lo que resulta incomprensible es que este escaso desarrollo de la energía eléctrica de origen nuclear se atribuye a los llamados costes sociales de la misma. Coste social que políticamente no se llega a poner en relación con el mayor coste social que supone la escasez y dependencia energética. Pero quizá es que una vez más, en este país importa más la política (y específicamente la electoralista) que la política económica, en este caso energética, que proporcione al país una base sólida y duradera en la que edificar su economía.