Página 716 – Nueva Revista

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Un santo del siglo XX

El Venerable Josemaría Escrivá de Balaguer, cuya beatificación tendrá lugar el próximo diecisiete de mayo, ha sido una de las más ilustres figuras de la Iglesia Católica en la época contemporánea.

En 1928 fundó el Opus Dei, que no tardaría en extenderse por numerosas naciones de todo el orbe, y lo gobernó hasta su último instante en este mundo, el 26 de junio de 1975. Fue maestro de vida cristiana para decenas de miles de mujeres y de hombres que, uniéndose al Opus Dei o no, recibieron sus enseñanzas y a los que llegó su novedoso y atractivo mensaje pastoral. Creó y alentó muchas y variadas iniciativas apostólicas, en su mayoría civiles y algunas eclesiásticas, dedicadas a la educación en todos sus órdenes y grados, a la promoción social y a la de la cultura cristiana.

El autor y sus escritos

Fue también autor de libros de espiritualidad que han encontrado millones de lectores en las más diversas lenguas del mundo y son apreciados por teólogos y críticos, por personalidades de la Iglesia y de la vida civil y, sobre todo, por cristianos corrientes.

En 1934 Escrivá publicó en una modesta imprenta de la ciudad castellana de Cuenca sus Consideraciones espirituales, de las que el famoso Camino de 1939 sería una edición ampliada. En el mismo año treinta y cuatro escribió el Santo Rosario, un breve libro sobre los «misterios» de esta tradicional devoción, de bella factura literaria, que constituye una especie de poema en prosa en el que hay páginas que ocuparían un lugar de honor en una antología de literatura mística. Después fueron apareciendo sucesivamente un estudio histórico-jurídico sobre La Abadesa de las Huelgas, que había sido su tesis doctoral en la Facultad de Derecho de Madrid; dos volúmenes de meditaciones que se titulan Es Cristo que pasa y Amigos de Dios, numerosas homilías editadas sueltas y otras obras más de aparición póstuma como Vía Crucis, Surco y Forja. El primero de estos últimos guarda cierto paralelismo con Santo Rosario, mientras que los otros dos, siendo netamente distintos, corresponden al género literario de Camino.

El Venerable Escrivá es autor, además, de numerosos escritos y documentos dirigidos a las personas del Opus Dei, en forma de instrucciones, cartas, documentos pastorales, etc., buena parte de los cuales han estado a disposición de los estudiosos de su personalidad y de su obra. El profesor Peter Berglar, biógrafo alemán de Monseñor Escrivá e historiador del Opus Dei, en la relación de las fuentes que había manejado, declaraba haber leído y utilizado, «entre otros muchos», hasta treinta y uno de estos escritos mencionándolos con sus títulos y fechas. Sólo el material de Berglar podría significar más de dos mil páginas. En repetidas ocasiones, don Josemaría había dicho que se llamaba Escrivá y que practicaba su apellido.

Tres momentos de una biografía

La vida de Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás discurrió a lo largo de tres períodos netamente diferenciados de no muy dispar duración: el de la formación del personaje hasta la fundación del Opus Dei en el año 28; el de su apostolado en España, viviendo de asiento en Madrid, que se extiende hasta 1946; y su larga etapa romana de casi treinta años con centro en la Ciudad Eterna, desde donde con sus iniciativas y con numerosos desplazamientos por Europa y por América extiende su acción sacerdotal y apostólica, y promueve la expansión del Opus Dei en más de cincuenta países.

Había nacido en Barbastro el nueve de enero de hace noventa años en el seno de una familia de clase media y de costumbres cristianas, arraigada de antiguo en casi todas sus ramas en la región subpirenaica. Sus mayores por línea paterna eran oriundos de Balaguer, en la provincia de Lérida, y el padre, natural de Fonz (Huesca), no lejos de Barbastro. La madre era de Barbastro. Entre los varones de ambas familias había habido, y había, abogados, comerciantes, algún médico, sacerdotes, terratenientes… No faltaban antecedentes de carreras más brillantes en unas u otras profesiones: un tío obispo, y otros antepasados más lejanos funcionarios distinguidos con mercedes de la Corona. El padre de Josemaría trabajó en el comercio.

De Barbastro la familia se trasladó a Logroño, en cuyo Instituto el joven Josemaría terminó el Bachillerato que había iniciado en el de Lérida, a donde acudían a examinarse los alumnos de los escolapios de su ciudad natal. Más tarde, resuelto a ser sacerdote, ingresó en el Seminario de Zaragoza, simultaneando los estudios eclesiásticos con los de la Facultad de Derecho de aquella Universidad. En 1925 se ordenó de presbítero y poco tiempo después acababa la licenciatura de Derecho. Más tarde obtendría el doctorado en la Complutense, que entonces se llamaba Central, y, después en Roma, el de Teología en el Laterano, la Universidad eclesiástica de la diócesis del Papa.

En 1927, ya en Madrid, mientras era capellán del Patronato de enfermos, daba clases de Romano y de Canónico en una academia de estudios jurídicos y dedicaba todo el tiempo posible a la asistencia sacerdotal de muchos enfermos, en sus domicilios o en los hospitales, principalmente el llamado del Rey, o de infecciosos, a la catequesis en barrios pobres de la capital, atendiendo además a la orientación espiritual y a la formación cristiana de los jóvenes universitarios con quienes tenía relación.

Fundador del Opus Dei

El hecho central en la biografía del Venerable Escrivá fue la fundación del Opus Dei y su dedicación a la tarea de implantarlo en el seno de la Iglesia, a partir del 2 de octubre de 1928. Sin que se alteraran externamente ni su trabajo pastoral ni el sencillo estilo de su vida, aquel joven sacerdote y abogado de veintiséis años había encontrado ya la singular vocación definitoria y definitiva, a cuya realización consagraría en adelante todas sus energías.

El Opus Dei habría de ser, necesariamente, porque son así las cosas en que intervienen los hombres, una organización —una desorganizada organización dijo en alguna ocasión el fundador— y, sobre todo, un mensaje, que era a la vez viejo por evangélico, y nuevo por olvidado.

El Opus Dei habría de ser necesariamente, porque son así las cosas en que intervienen los hombres, una organización —una desorganizada organización dijo en alguna ocasión el fundador— y, sobre todo, un mensaje, que era a la vez viejo por evangélico, y nuevo por olvidado —incluso entre los buenos cristianos—, a cuya difusión y puesta en práctica se dedicarían principalmente la «organización» y sus miembros. La plenitud de la vocación cristiana, conforme a las enseñanzas del Evangelio —y a la Voluntad salvífica universal de Dios—, es algo que se puede vivir e intentar vivir en todos los quehaceres temporales, en todas las tareas honestas ordinarias de la tierra (que son las más de las que ocupan a los hombres).

La Iglesia Católica y su Jerarquía, con la que siempre contó, acogerían las ideas y los proyectos de Escrivá con su bendición y con su aliento, reconociendo el mensaje como suyo, y acabarían por abrir a la «organización» un espacio jurídico y real en sus estructuras.

La Iglesia Católica y su Jerarquía, con la que siempre contó, acogerían las ideas y los proyectos de Escrivá con su bendición y con su aliento, reconociendo el mensaje como suyo y acabarían por abrir a la «organización» un espacio jurídico y real en sus estructuras. Todo ello siendo el Opus Dei como era, con sus sustanciales características «laicales» o seglares.

En 1968, en unas declaraciones a L’Osservatore Romano, Monseñor Escrivá decía que el Opus Dei «nunca se encontrará en la necesidad de ponerse al día». «No tendrá jamás que adaptarse al mundo», porque las personas que a él pertenecen «son del mundo». En esa misma ocasión manifestaba su alegría por el hecho de que el Concilio Vaticano Segundo hubiera proclamado con gran claridad «la vocación divina del laicado», lo que ha confirmado algo que, proseguía el fundador, «veníamos viviendo y enseñando desde hace tantos años».

Los años de España

Durante sus tiempos madrileños hasta su marcha a Roma en 1946 y su definitiva instalación allí poco tiempo después, Josemaría Escrivá desarrolló una amplia labor sacerdotal de predicación y asistencia espiritual a personas de diversa clase y condición. Organizó y fomentó Residencias universitarias y Colegios Mayores, clubs juveniles de estudiantes, actividades y retiros espirituales para mujeres y para hombres, etc., estableciendo el Opus Dei en las principales ciudades españolas empezando por las universitarias. Al mismo tiempo iniciaba ya desde los primeros años cuarenta su presencia en otros países europeos (Italia, Portugal, Francia, etc.) y se ordenaron los primeros sacerdotes de la Obra, entre ellos el ingeniero Álvaro del Portillo, que sería el sucesor de Escrivá y hoy es Obispo Prelado del Opus Dei.

En Roma y en todo el mundo

Durante sus años de Roma el Venerable Escrivá de Balaguer fundó los Colegios Romanos para hombres y para mujeres del Opus Dei, destinados a la formación y convivencia de personas de diferentes nacionalidades y culturas. Organizó y dirigió la expansión en las naciones europeas a las que no había llegado antes, así como en varias de África y del Lejano Oriente, y en todas y cada una de las repúblicas americanas, siempre en relación con los Obispos de cada país, y ordinariamente a petición de ellos.

A partir de la década cincuenta, Mons. Escrivá promovió la creación de centros universitarios en diferentes lugares del mundo respecto de los cuales ejercería las funciones históricas, más reales que simbólicas, de Gran Canciller. La primera de esas Universidades fundada en 1952, fue la de Navarra, una institución sobradamente apreciada y prestigiada en toda España, que tiene quince mil estudiantes, once Facultades y Escuelas Superiores, media docena de grado medio y varios institutos de investigación de reconocida calidad, más las Facultades y centros de estudios eclesiásticos. Otras instituciones universitarias creadas a iniciativa del Venerable Escrivá existen en México, Perú, Filipinas, Japón, Colombia, etc.

A partir de la década cincuenta, Mons. Escrivá promovió la creación de centros universitarios en diferentes lugares del mundo, respecto de los cuales ejercería las funciones históricas, más reales que simbólicas, de Gran Canciller. La primera de esas Universidades fundada en 1952, fue la de Navarra.

Los treinta años romanos de Monseñor Escrivá hicieron de él una personalidad ampliamente conocida y respetada en toda la Iglesia, con quien tuvieron oportunidad personal y directa de relacionarse centenares de cardenales y obispos durante varios pontificados, tanto con ocasión de sus visitas a la Sede Apostólica como en los Años Santos y muy particularmente durante las sesiones conciliares.

En vida, y aunque él pugnara por no exhibirse ni aparecer, Escrivá de Balaguer era una figura considerada, y admirada también, en los círculos eclesiásticos y del apostolado católico de los más diversos lugares. Por eso no es de extrañar que a su fallecimiento fuera tan elevado el número de los obispos que solicitaron del Papa la iniciación de los procedimientos que podrían conducir a incluir en el catálogo de los santos al ilustre sacerdote español. Fueron más de mil trescientos los cardenales, arzobispos y obispos que se dirigieron a la Santa Sede con escritos postulatorios. Lo cual representaba una tercera parte larga de la Jerarquía del todo el mundo.

Fueron más de mil trescientos los cardenales, arzobispos y obispos que se dirigieron a la Santa Sede con escritos postulatorios. Lo cual representaba una tercera parte larga de la Jerarquía de todo el mundo.

De modo muy particular en los últimos años de vida, el Venerable Escrivá recorrió, en viajes pastorales, España —en varias ocasiones y distintas ciudades— y casi todos los países de Europa y de América donde se hallaba establecido el Opus Dei, celebrando encuentros con miles de personas. Él llamaba a estos viajes y encuentros «catequesis», recuperando una palabra usual entre los primeros cristianos. En esas reuniones o «tertulias» se dirigía a los asistentes con su peculiar estilo profundamente espiritual y humano, y con esas manifestaciones de su poderosa y atrayente personalidad que son imposibles de reproducir y que han quedado reflejadas en los documentales cinematográficos en que se han recogido muchas de esas reuniones.

Escrivá de Balaguer era, en efecto, un sobresaliente orador, que poseía de un modo excepcional el don de la palabra y decía siempre exactamente lo que quería decir. Era uno de esos pocos privilegiados mortales cuya palabra hablada puede ser literalmente vertida por escrito en una prosa correcta, expresiva y brillante, sin dar por otra parte nunca la impresión de hablar desde un libro. Su estilo oral se distinguía por la espontaneidad y por una frescura y gracia de dicción verdaderamente admirables, a lo cual contribuían no poco su habitual alegría espiritual y humana y su sentido del humor, su buen humor como él mismo solía decir.

La imagen de una vida

Pero la vida del Venerable Escrivá, tan rica en hechos y tan fecunda en frutos, no fue ciertamente nunca un camino fácil, cómodo de recorrer. No podía ser una excepción entre los grandes del espíritu. Habló frecuentemente de rosas y de espinas, de raíces en forma de cruz, y sabía muy bien lo que decía. Sólo esas raíces que se clavan en el alma de los hombres son las que se coronarán de las ramas, las hojas y los frutos que harán del sacrificio un sacrificio gozoso. Todas estas son ideas y frases repetidas por él. Pero en el Venerable Escrivá, todo eso no era un conjunto de bellas imágenes literarias ni un hábil recurso pedagógico para grabar conceptos y fórmulas en oyentes y lectores. Era la decantación o la esencia de su propia experiencia personal.

A lo largo de los tres períodos de su vida, Escrivá habría de sufrir toda suerte de contrariedades, no pocas incomprensiones y la frecuente y más particularmente dolorosa hostilidad de gentes buenas, que no le entendían o no querían entenderle, y no dejaban de pertenecer a su mismo mundo del apostolado cristiano. Se encontró con la resistencia de estructuras consolidadas que parecían impenetrables para la novedad de su carisma, y con puertas que se cerraban ante él, unas veces con cortesía y otras sin ella, diciendo que «todavía no», «porque ha llegado usted demasiado pronto». Pero ese fue uno de los yunques en que se forjó su espíritu.

Era un hombre de notable y admirable firmeza. La suya no era la tenacidad típica de su Aragón nativo, sino la constancia del convencido de que tiene un deber que cumplir con instituciones y con personas, y que no puede faltar a él. Por eso soportó las increíbles adversidades que tantas veces pusieron a prueba su temple, con la serenidad alegre y contagiosa de un hombre de Fe que había puesto su confianza en Dios.

Esa solemne declaración pontificia ha de entenderse también como un homenaje de la Cristiandad a uno de sus hijos más preclaros de estos tiempos y como un honor para España y para la Iglesia de este país.

Tras la solemne proclamación de la santidad de Escrivá que será anunciada el próximo 17 de mayo, los católicos podrán tributarle el culto con que se venera a los bienaventurados y demandar su intercesión ante Dios. Pero esa solemne declaración pontificia ha de entenderse también como un homenaje de la Cristiandad a uno de sus hijos más preclaros de estos tiempos y como un honor para España y para la Iglesia de este país.

Para algunas de las personas que hacemos NUEVA REVISTA, entre las que se cuenta el autor de este artículo, es, además, un acontecimiento particularmente entrañable, que uno agradece a la providencia tener la oportunidad de vivir.

Europa después de Maastricht

Tres meses después de la cumbre de Maastricht el debate sobre dónde está la Comunidad Europea (CE) y adónde va no se ha cerrado. Al contrario, los resultados de la cumbre comunitaria se siguen explicando de muchas maneras. En el mundo universitario americano la discusión de los expertos europeístas continúa. Las interpretaciones que se han dado a Maastricht al otro lado del Atlántico son muy variadas. A partir de tal debate académico se puede dibujar el siguiente mapa, como ayuda en nuestras cavilaciones sobre el futuro de la CE.

Maastricht ha sido un momento épico dentro de la evolución de la CE. Por primera vez, la mayoría de los Estados miembros ha intentado ir más allá de la noción original de Comunidad económica. La Comunidad ha sido reconocida como animal político. A la vez, los verdaderos resultados de esta cumbre son difíciles de predecir y, cuando menos, producen incertidumbre.

Maastricht ha sido un momento épico dentro de la evolución de la CE. Por primera vez, la mayoría de los Estados miembros ha intentado ir más allá de la noción original de Comunidad económica.

El golpe de timón se había dado ya en el Acta Única Europea (1987). Tras su aprobación, la regla comunitaria implícita de toma de decisiones por unanimidad cambió a la de voto por mayoría o por lo menos negociación con amenaza de voto final por mayoría. El objetivo del mercado único fue leído de modo expansivo por federalistas y eurócratas.

En Maastricht, la tendencia a la supranacionalidad ha continuado en buena parte. La Comunidad ha entrado a discutir sin complejos asuntos como inmigración, asilo, defensa y política exterior. Casi toda la regulación comunitaria en estas nuevas áreas estará basada en la regla de unanimidad. Esta posibilidad de veto que la unanimidad otorga a cada estado, propia de la acción intergubernamental, es defendida como un primer paso para ganar la confianza de todos los miembros, hasta poder imponer la regla supranacional de voto por mayoría.

El papel de la Comisión

Una de las maneras de entender lo que ha pasado en Maastricht es fijarse en el papel de la Comisión en la preparación, conclusión y desarrollo de la cumbre. La Comisión a primera vista no ha tenido la influencia de otras veces. El orden del día lo preparó la Comisión, pero lo aprobó el Consejo, que representa los diversos intereses nacionales. Algunos observadores piensan que Maastricht ha demostrado que las grandes decisiones sobre la CE, la sustancia, viene de los estados miembros. La Comisión sólo habría formado parte del proceso de negociación, donde tiene siempre un papel importante de intermediario o «broker», encargado de buscar compromisos y señalar en cada situación cuál es el mínimo común denominador.

Otros comentaristas de esta cumbre, sin embargo, creen que de nuevo la actuación de la Comisión fue clave. Aunque esta institución no es el gobierno de Europa, tiene suficiente capacidad de maniobra para dirigir la acción común de los estados miembros, con la justificación de ser agente de los intereses europeos. Antes de Maastricht, Delors había conseguido el acuerdo de todos para organizar las etapas de la unión monetaria. En esta cumbre, la intervención del presidente de la Comisión permitió que el primer ministro británico aceptase el principio de que en aquellas negociaciones en las que la postura del Reino Unido fuese el único obstáculo, el resto de los once estados miembros pudiesen firmar acuerdos. La Comisión, por otra parte, coordinó sus acciones con las de Francia, estrategia usada antes y que ha dado siempre buen resultado. Por ejemplo, la inclusión de la Unión Europea Occidental como pilar de la defensa común europea se consiguió de esta manera, venciendo la oposición inglesa y, fuera de la Comunidad, de Estados Unidos.

En cualquier caso, la Comisión no pudo precocinar los resultados en el área de unión política, porque este capítulo se preparó en poco tiempo. La propuesta de unión monetaria, por contraste, había sido negociada por la Comisión, de modo informal, durante los últimos tres años. Los resultados de la unión política han sido los más confusos. Aunque la incertidumbre de los americanos que estudian Europa proviene también de lo acordado sobre la unión monetaria.

La unión monetaria

Quizá el paso más decidido y arriesgado se haya dado en el terreno de la unión monetaria. Tras Maastricht, la segunda fase de la unión monetaria empezará en 1994, con la creación del Instituto Monetario Europeo, que en principio no tendrá autoridad comparable a la de un banco central. Esta iniciativa francesa para crear el embrión de un banco europeo algo parecido al banco central francés tiene pocas posibilidades de éxito. Al discutir la tercera etapa en Maastricht, se ha seguido en lo fundamental el proyecto de banca central propuesto por Alemania.

Tras Maastricht, la segunda fase de la unión monetaria empezará en 1994, con la creación del Instituto Monetario Europeo, que en principio no tendrá autoridad comparable a la de un banco central.

La República Federal había sostenido durante veinticinco años que sólo su modelo podía servir para elaborar el borrador del europeo. Como en otras ocasiones de desacuerdo dentro de la Comunidad, el país menos dispuesto a ceder ha ganado. Ahora bien, en la tercera etapa no se incluirá más que a aquellos países que logren ciertas condiciones económicas en 1996 o en 1998. Algunos observadores sostienen que la interdependencia y similaridad de indicadores económicos que probablemente se pida será enorme. Ello podría consagrar una Europa a dos velocidades. No sólo por la posible autoexclusión del Reino Unido, que se ve como algo simbólico y cuyo efecto más real es que los ingleses han perdido la posibilidad de que el banco central europeo esté en Londres. La profecía de algunos economistas americanos sobre las dos o más velocidades de integración monetaria se basa en lo impensable que resulta el que la mayor parte de los estados miembros cumplan los previsibles requisitos de homogeneidad económica en 1996 o 1998. Sobre todo los países del Sur de Europa. Su razonamiento es el siguiente: si la tercera etapa empezase hoy, ni siquiera la propia Alemania estaría dentro, sólo Francia y Luxemburgo. No hay nada que nos indique que en el futuro las cosas van a cambiar tanto. Es más, se pueden adivinar desviaciones económicas o recesiones y aumento de inflación en los próximos años, por ejemplo mirando a la subida en casi todo Europa de las tasas de interés de los bonos a largo plazo. En el mejor de los casos, la tercera etapa crearía una moneda común para Alemania, Francia, Holanda, Luxemburgo y Dinamarca, lo cual tendría un impacto limitado y descolgaría al resto de los estados miembros, incluido a los que entren en la CE de aquí a entonces.

El proyecto de unión monetaria es criticado también por lo conflictivo que puede ser un banco central europeo en muchos estados miembros. Tal institución sería independiente de los gobiernos nacionales. La eficacia lograda al escapar el control político puede ser explosiva en electorados no acostumbrados a tal disciplina. A la mayoría de los ciudadanos que notarían en sus trabajos y vida diaria las exigencias de una política monetaria común, les costaría asociarse con la nueva institución. Los vínculos de lealtad necesarios tardarían mucho tiempo en formarse. Además, el control fiscal al otro lado de la ecuación financiera quedaría en manos de los estados miembros, y no se encargaría a otro cuerpo independiente y supraestatal, como en el modelo americano. Ni siquiera el Parlamento Europeo tendría posibilidades de influir en la marcha del banco central europeo, como el Congreso americano en ocasiones respecto a la Reserva Federal.

Los críticos de la unión monetaria añaden que en un análisis estrictamente económico, Alemania no gana nada con la unión monetaria. Si la República Federal se sacrifica, se debe al idealismo pro-europeo de este país y su peculiar visión de la soberanía, en la que las razones políticas equilibran los imperativos económicos. Para ciertos autores, las propias fuerzas del mercado comunitario, por la competencia entre regulaciones más o menos eficientes, crean una disciplina monetaria implícita que no es necesario expresar en términos rígidos y pronto obsoletos.

La unión política

Los resultados de Maastricht en este área han sido menos debatidos. Al igual que el proyecto de unión monetaria, podrían indicar una orientación federal europea. La percepción dominante es que la Comunidad ha expandido su capacidad para legislar sobre lo social, pero que la regla de unanimidad se aplicará todavía en la elaboración de gran parte de estas normas comunitarias. La amenaza, luego cumplida, del Reino Unido de no aceptar la expansión en el terreno de legislación social, sirvió a otros países durante el proceso negociador para rebajar el contenido normativo de la normativa social futura. El que el Reino Unido haya quedado fuera de la aplicación de la nueva legislación social y a la vez participe —al menos indirectamente— en su elaboración, se ve como un grave desequilibrio. Sin embargo, el problema de las dos velocidades en el ámbito social se podría superar si las próximas elecciones en el Reino Unido las ganase el Partido Laborista.

La inclusión de la política exterior común en la estructura legal de la Comunidad no ha sorprendido a nadie.

La inclusión de la política exterior común en la estructura legal de la Comunidad no ha sorprendido a nadie. Pero las complicadas reglas para poder pasar a tomar decisiones por mayoría en este área se miran con recelo. La imagen que se tiene es que los intereses de cada estado miembro en política exterior son todavía diferentes de los de la Comunidad en general. La Comisión ha preservado su papel de interlocutor de los países de la EFTA y en general de todos los aspirantes a ser admitidos como miembros, aunque como veremos más adelante el equilibrio de poder entre los actuales socios comunitarios se verá muy afectado dependiendo de qué países entren en la Comunidad y cuándo.

El principio de cohesión defendido por España apenas ha sido comentado. Por primera vez se ha admitido la redistribución regional y se ha llegado a afectar con ello la distribución del presupuesto comunitario. Pero en el conjunto de Maastricht, la postura española ha quedado como una buena táctica de defensa de intereses futuros nacionales y se piensa que sobre todo ha servido para fortalecer la Propuesta Delors de reforma comunitaria, que ya incluía algo parecido.

Los pocos nuevos poderes concedidos al Parlamento han hecho que se siga hablando de un déficit democrático en la Comunidad, a pesar de Maastricht. Gracias a la tenacidad alemana de pedir, junto a la unión monetaria, el avance en el desarrollo político comunitario, la cumbre admitió alguna de las propuestas para que el Parlamento tenga poder real. Pero han sido avances pequeños.

Además, la redacción de los artículos que reforman los tratados ha sido hecha esta vez con enorme cuidado para no permitir interpretaciones expansivas del Tribunal Europeo de Justicia, famoso a estas alturas por su capacidad de favorecer con argumentos jurídicos las aspiraciones federales europeas.

La nueva Alemania

Muchos observadores americanos destacan que a la vez que se desarrollaba Maastricht, Alemania ha descubierto que puede actuar dentro y fuera de la CE, como Francia en los años sesenta. El mejor ejemplo ha sido el reconocimiento alemán y europeo de Eslovenia y Croacia. La nación germana nota el peso político de tener mayor población y se siente liberada en su actividad diplomática, ante el fin de la amenaza soviética y de la protección francesa y americana.

Además parece claro que Alemania será centro de futuras coaliciones con los países de la EFTA que entren en la CE. La luz verde para admitir por lo menos a Austria y a Suecia parece próxima, a no ser que Francia, cuyo papel internacional ya sólo se entiende como miembro de la CE, preocupada con Alemania, bloquee con cualquier excusa la entrada de nuevos miembros.

Del mismo modo, la intención de la cumbre podría entenderse como un intento de fortalecer aún más la interdependencia de Alemania y el resto de los países miembros, sin excluir que también se intentase hacer lo propio, sin mucho éxito, con el Reino Unido.

El futuro

La cumbre ha sido presentada a la opinión pública europea como un paso hacia adelante, con importantes áreas de acuerdo y con sólo excepcionales divergencias de criterio, como en el caso inglés. Pero nadie sabe cómo se interpretará la mayor parte de lo acordado. A muchos observadores americanos, la naturaleza de las instituciones y del proyecto comunitario les llena de perplejidad.

A muchos observadores americanos, la naturaleza de las instituciones y del proyecto comunitario les llena de perplejidad.

Los gobiernos que se sentaron a negociar en Maastricht tenían el temor de dar la imagen de no poder seguir adelante en la construcción europea. Tal vez por ello han dado soluciones poco equilibradas a las uniones política y monetaria. Pudiera ser que, siguiendo el modelo neofuncionalista de Monnet, confíen que el desequilibrio les obligue a ir hacia adelante. En cualquier caso, Maastricht es un cheque dejado en blanco para que lo rellenen nuevos gobiernos en el futuro. En 1996 está prevista una nueva cumbre intergubernamental, donde se tratará la política de defensa, alrededor de la UEO, y otros asuntos que supondría una nueva reforma de los tratados. Esta reforma intergubernamental, ya rutinaria e institucionalizada, puede tener cualquier contenido. La misma plasticidad la comparte la Comisión, que cambiará por completo el año próximo, al renovarse su presidencia.

En todo caso, por primera vez la Comunidad ha aceptado la posibilidad de desarrollarse a varias velocidades: en su política social, en la admisión de nuevos miembros y en la unión monetaria. Ello no significa que se acelere la unión europea, por lo menos hasta que no se defina qué significa ésta. Lo más importante es que a partir de Maastricht, el debate ya no está sólo donde Thatcher lo dejó, «zona de libre intercambio» (Thatcher) o «espacio organizado» (Delors).

Las preguntas sobre la legitimidad democrática y la eficacia de la acción comunitaria surgen a la vez que aumentan las posibilidades de las instituciones comunitarias de legislar en cada vez más áreas con el voto de la mayoría de los estados miembros. Este juego de mayorías hace que la ideología de los gobiernos que representan a los estados miembros en Bruselas cuente cada vez más.

Nadie sabe cuánta lealtad pueden transferir los ciudadanos europeos directamente a las instituciones comunitarias. Sólo se verá cuando la Comunidad sea la responsable de administrar el desempleo, controlar la inflación, luchar contra la recesión, etc… y se le pueda pedir cuentas por todo ello. El caso de la aceptación o rechazo popular al futuro banco central europeo puede ser paradigmático. Por otra parte, las instituciones comunitarias parecen pequeñas para la tarea supranacional y de regulación que pretenden y que Maastricht ha dibujado. Aunque para el optimista, según Mark Twain, ni siquiera la música de Wagner es tan mala como suena.

Al fin se caen del burro…pero mal y tarde

Hay que reconocer que la política económica socialista, siempre bajo la dirección y la responsabilidad del presidente González, les ha conducido si no a un callejón sin salida a otro que la tiene estrecha y ciertamente sinuosa. No dudo de la sensibilidad social de muchos socialistas; pero lo que está claro es que su ideología y su consecuente política económica han puesto a toda la sociedad española contra la pared y contra el tiempo. Al final, como suele suceder en estos casos, seremos los españoles de a pie, de clase media y de clase baja, los que pagaremos los platos rotos. Y entre estos españoles incluyo no sólo la inmensa mayoría de los trabajadores por cuenta ajena sino también a decenas y decenas de miles de medianos y pequeños empresarios que pueden ver en el futuro próximo cómo, literalmente, dejan de serlo.

El cierre del año 1991 se quedó bastante lejos de los objetivos fijados por el Gobierno para ese año. Con la excepción de la tasa de inflación medida por el IPC —no así con la inflación subyacente, que empeoró— y, en parte, con la de la exportación de bienes y servicios, los demás objetivos macroeconómicos se les fueron de las manos: el PIB creció menos de lo previsto; la creación de empleo neto —inicialmente cifrada en torno a los cien mil puestos de trabajo, rebajada luego a ochenta mil y a unos cincuenta mil en noviembre— terminó saldándose con una destrucción de sesenta mil puestos de trabajo; la tasa de crecimiento del consumo público se disparó hasta el 4,4%; y el déficit público hasta igual porcentaje en términos del PIB. Añadamos a todo ello que al aumentar sólo un 1,6% la inversión el grueso del crecimiento de la economía el pasado año se apoyó en el consumo, con lo cual no se consiguió ningún avance en la reducción de los desequilibrios básicos. Sirva como ejemplo del período socialista que la deuda pública bruta pasó del 34,6% del PIB en 1983 al 46,0% a finales de 1991.

La falta de realismo del gobierno de Felipe González y la supeditación a la permanencia en el poder, le ha llevado a elaborar para este año los Presupuestos de la Administración Central más absurdos de la época socialista.

La falta de realismo del gobierno de Felipe González y la supeditación a la permanencia en el poder, le ha llevado a elaborar para este año los Presupuestos de la Administración Central más absurdos de la época socialista: crecen en porcentajes muy elevados los gastos corrientes y se reducen considerablemente los gastos de inversión, mientras que el gasto total de las diecisiete autonomías crece un 19% este año. El cuadro macroeconómico que los acompaña carece de credibilidad y ni siquiera encaja con las cifras de ingresos y gastos del sector público. El ministro de Economía ya ha reducido la tasa de crecimiento del PIB. Lo sorprendente es que el Gobierno todavía cree —o mejor dicho, mantiene— que la economía crecerá en 1992 un 3,1%; el consumo privado en otro 3,1% y el público un 3,5%. Para la inversión espera un aumento del 5,0%, la tasa de paro la sitúa en el 15,9% y espera reducir el déficit público al 3,1% del PIB.

Contraste de previsiones

El contraste de esas previsiones del Gobierno con las realizadas por la OCDE o por otras instituciones como el BBV o FIES es llamativo, especialmente en el caso de esta última, que es la que resulta más alejada de las previsiones gubernamentales: el PIB crecerá un 2,3% (2,5% BBV); el consumo privado un 3,0%; el público el 3,5% (4,0% BBV); la inversión el 1,0% (1,5% BBV); la tasa de paro se situará en el 16,4%; y el déficit público en el 4,0% del PIB. Además, se va a repetir este año —y esto queda claro con esas previsiones y bastante claro con las del IEE o de la OCDE— el fenómeno de 1991; es decir, que el crecimiento se va a apoyar básicamente en el consumo, tanto privado como público; con el añadido negativo de que la exportación puede jugar un papel menos positivo que el pasado año. La consecuencia: tampoco en 1992 se va a producir ninguna mejora en los desequilibrios básicos.

La postura cerrada de los sindicatos ha dado lugar a un incremento de los costes laborales unitarios, en términos nominales, que resulta cada vez más insoportable para el conjunto de las empresas españolas. Pero sería un error echar la culpa sólo a los salarios.

Todo esto nos conduce a que, antes de nacer, los objetivos fijados en el «plan de convergencia» para el período 1991-1996, tienen que ser revisados, ya que, como se observa en el cuadro adjunto, los resultados de 1991 se desviaron de los iniciales del Gobierno; y por la práctica seguridad de que los errores de previsión se repetirán en 1992. Es cierto que la política económica anunciada por el ministro Solchaga hasta el año 1996 pretende atacar los planteamientos erróneos de la década socialista, que han tenido un coste brutal tanto en términos humanos —la tasa de paro se situaba a finales de diciembre último en el 17%— como económicos, en el amplio sentido del término: la indecisa, pasteleada y tardía reconversión industrial, no sólo ha encarecido su financiación, —despilfarrándola, en parte— sino que ha producido un daño muy grave —en algunos sectores y subsectores ya irreparable— al tejido industrial español. Esta es una de las glorias socialistas. Cierto que comenzó con el pánico de UCD en 1978 a sanear bien y rápido Babcock Wilcox. ¡Suárez «temía» una huelga de 3.000 obreros en Bilbao! Esta empresa ha tenido fuertes pérdidas en los últimos 14 años. Entró en beneficios en 1990. Pues bien, ahora resulta que el INI va a aportar 14.000 millones de pesetas para sanear patrimonialmente la empresa.

Gasto público

Es verdad que la postura cerrada de los sindicatos ha dado lugar a un incremento de los costes laborales unitarios, en términos nominales, que resulta cada vez más insoportable para el conjunto de las empresas españolas. Pero sería un error echar la culpa sólo a los salarios que, por otra parte, todavía son de los que pesan menos por unidad producida en la CE. El desaforado crecimiento del gasto público —sobre todo corriente— y la tendencia vertiginosamente creciente —la más rápida de Europa— de la presión fiscal, han hecho del sector público el principal causante de los problemas que aquejan a la economía española. Sin duda, ha aumentado notablemente el número de ciudadanos que perciben una pensión, que son atendidos por la sanidad o por la enseñanza pública; pero nadie se atreve a negar ni el deterioro de esos servicios —por no hablar de Correos, Renfe o Telefónica— ni la imposibilidad de que continúen siendo prestados por el sector público en exclusiva, simplemente porque ni puede ni sabe. Ahora, el Gobierno acepta, por fin, que es necesaria la colaboración del sector privado en materia de pensiones, sanidad, educación, infraestructura y transportes, etc.; pero en el colmo de la negación de la evidencia quiere «vendernos» su nueva política económica como la continuación coherente de lo que han hecho desde 1983 hasta ahora. Y esto es, sencillamente, una burda falsedad.

El desaforado crecimiento del gasto público y la tendencia vertiginosamente creciente —la más rápida de Europa— de la presión fiscal, han hecho del sector público el principal causante de los problemas que aquejan a la economía española.

«Aquellos polvos trajeron estos lodos». Ahora es urgente solucionar el problema de Hunosa —en el que se tiró el dinero a espuertas—; hay que construir autovías y autopistas, privadas o públicas, pero de peaje; la industria de aceros especiales ha desaparecido prácticamente del mapa; algo parecido puede suceder con el sector textil; la caída de la cartera de pedidos de la construcción naval exime de todo comentario; la reconversión de A. Hornos-Ensidesa costará 850 mil millones de pesetas y eliminará 10 mil empleos; y por fin empiezan a reconocerse «agujeros» de 730 mil millones en el INEM y de medio billón de pesetas en la sanidad. Todavía no conocemos las cifras reales de la pasteleada reconversión industrial, de la crisis bancaria, etc. Pero, aun así, se resisten a hacer frente a realidades que no tienen vuelta de hoja, sosteniendo, por ejemplo, el actual PEN —que, oh milagro, permitirá financiar los costos de la moratoria nuclear sin cargo al Presupuesto y sin repercusión en las tarifas, según Aranzadi; el arriesgadísimo plan de Iberia en Iberoamérica, jugándose 120 mil millones de pesetas en una ampliación de capital, que la CE puede vetarnos en todo o en parte; o pretendiendo ignorar que nuestras tarifas telefónicas internacionales están completamente fuera de mercado (las norteamericanas son un 75% más baratas que las de Telefónica).

Qué decir de la inversión del TAV Madrid-Sevilla o del olvido de los Talgo, que exportamos, por ejemplo, a Alemania y Estados Unidos, o de financiar con el coste de la importación de electricidad de Francia, en los noventa, la construcción de una central nuclear a los franceses. En España continúan predominando las brisas procedentes del Norte… y si pasa algo en una central francesa será prácticamente imposible que no nos afecte. Chernobyl se detectó… en Suecia y al norte de Gran Bretaña.

¿Y nuestro sistema financiero? Pánico a la competencia exterior en seguros de vida (1997)… Los banqueros reclamando la supresión de los coeficientes —petición justa para competir—; pero al mismo tiempo algunas entidades financieras se resisten a dar créditos en divisas —en pesetas se gana mucho más—, sobre todo a particulares… Menuda miopía: para el 93 faltan siete meses. Y por último con el tipo marginal de rentas del trabajo y del capital más alto de Europa. Como remate, hasta le han dado pie a Nicolás Redondo —a la vista de los espectáculos que estamos presenciando— para decir que «carecen de legitimidad moral» para pedir sacrificios. Pero que tampoco se equivoquen los sindicatos: si no se moderan, caminan hacia su marginación. Los parados y los trabajadores por cuenta ajena nos hemos hecho mayores de edad.

OBJETIVOS PLAN DE CONVERGENCIA 1991-1996

	1991	1992	1993	1994	1995	1996
PIB (% variación real)	2,5	3,1	3,3	3,3	3,6	3,5
Deflactor consumo privado	5,9	5,3	4,6	3,7	3,3	3,0
Endeudamiento Administraciones Públicas (% PIB)	46,–	45,7	45,7	44,9	43,3	42,–
Déficit Administraciones Públicas (% PIB)	4,4	3,9	3,4	2,4	1,6	0,8
Empleo (miles)	30,–	126,–	204,–	245,–	252,–	242,–

Nota.— En el momento de enviar este artículo a imprenta, el Gobierno discute si el objetivo del «Déficit de las Administraciones Públicas» para 1996 debe ser el 0,8% del PIB, inicialmente fijado, el 3% del PIB, o bien «sustancialmente» —Felipe González— inferior al 3% del PIB.

Sobre el Estado actual del alma americana

Fue alguien tan sospechoso de ser parte interesada —y tan proclive a decir insospechables «boutades»— como Disraeli quien afirmó que si hay algo que no puede soportar ningún imperio es la inseguridad sobre su destino.

Las causas de la atonía general por la que atraviesa la sociedad americana tienden a identificarse con problemas de orden económico. Con creciente alarmismo se empieza a hablar de que la «recesión» podría dar paso a una más profunda y grave «depresión». Y en efecto, los datos, que revelan una tendencia no sólo coyuntural, están a la vista de todos.

Durante el período 1973-85 la tasa de crecimiento del producto interior bruto en Estados Unidos fue únicamente el 58% de la obtenida durante el período 1960-73. Una simple comparación de los ritmos de crecimiento del PIB, la productividad y las exportaciones de los USA con los de la RFA y Japón durante los años 1950 a 1987 muestran la pérdida tendencial de liderazgo comercial y económico estadounidense.

Más interesante que los síntomas de la hegemonía en regresión es observar las vacilaciones del alma americana allí donde se perfila el fin de su era.

Un dato resulta particularmente gráfico: mientras que el ahorro interno neto en porcentaje del ingreso interior disponible fue del 17% en Japón y del 12% en la RFA, durante el período 1980-87, en Estados Unidos apenas se superó la marca del 5%.

Paul Kennedy

Tres publicaciones aparecidas en los últimos años han tenido un carácter casi sismográfico del despertar norteamericano a la dura realidad del fin de la hegemonía.

El famoso libro publicado en el año 1988 por el historiador británico Paul Kennedy, trasplantado a Princeton, produjo la primera voz de alarma entre la clase política americana, al introducir en el debate la perspectiva histórica de la decadencia relativa. Kennedy realizaba una afortunada analogía entre el declive de los grandes Imperios históricos, Roma, España, Francia y Gran Bretaña y lo que él interpretaba como progresivo declinar de los Estados Unidos, y concluía que el excesivo gasto militar desde el inicio de la guerra fría habría producido un creciente desequilibrio de la política económica cuyos efectos serían los dos grandes agujeros negros de la economía americana: el permanente recurso a la manipulación de la política monetaria y la aceleración en el crecimiento de los niveles del consumo, con sus perversas consecuencias para las tasas de inversión, productividad y, en definitiva, competitividad de la industria americana.

El decadentismo o «declinismo» versión Kennedy aparecía muy próximo a un determinismo histórico merced al cual los países acceden a la condición de gran potencia, se expanden globalmente y acaban perdiendo su posición hegemónica a causa de las excesivas exigencias de toda política imperial. A partir de la aparición de la obra de Kennedy, una abundante literatura, sobre todo económica, se encargaría de mostrar las consecuencias cuasiapocalípticas del elevado déficit americano y de los peligrosos niveles de endeudamiento de las empresas, de las instituciones financieras y del propio Gobierno.

Y en efecto, algo muy similar al apocalipsis debió ser lo que sintió la clase media americana el día que se enteró por los periódicos que su país era el primer deudor neto del globo. Esa noticia y la cascada de escándalos financieros que comenzó con la quiebra masiva del sistema de cajas de ahorro y préstamos —y que está a punto de alcanzar a algunos de los grandes bancos— popularizó gran parte de lo que Kennedy había intentado decir en un tono más académico.

Allam Bloom

Pocos meses antes del libro del historiador británico, otro libro que se convirtió rápidamente en un inesperado best-seller, The Closing of the American Mind, de Allam Bloom, había producido un terremoto similar entre los intelectuales y las revistas de pensamiento, aunque sólo en estos sectores. Un denso tratado sobre las no-virtudes del sistema educativo —y, por extensión, del sistema cultural— americano se convirtió de la noche a la mañana en lectura y comentario obligado. Con prólogo de uno de los mayores escritores norteamericanos de este siglo, Saul Bellow, el original libro de Bloom aparecía como portavoz de un clima de opinión crecientemente preocupado por el descenso del nivel educativo de las Universidades americanas, provocado principalmente, según su autor, por la destructora influencia de dos tradiciones culturales exógenas del alma americana, la filosofía alemana antirracionalista (y, en particular, el nietzscheanismo y heideggerianismo triunfantes en los departamentos de literatura y humanidades de los colleges americanos), y la definitiva institucionalización del igualitarismo y del sistema de cuotas en la selección del alumnado y del cuerpo docente de las Universidades.

Más sutil e ideológico que Kennedy, Bloom creía desvelar en la esencia misma de la cultura americana —en los principios básicos de pluralismo, apertura a otras culturas y razas, e igualitarismo— el germen de su propia autodestrucción. Bloom, discípulo del filósofo judío-americano de origen alemán Leo Strauss, llamaba a arrebato contra el progresivo estado de descomposición del alma americana —personificada en la incapacidad de los Estados Unidos de defenderse intelectualmente frente al «enemigo interior»— y recomendaba la lectura de los clásicos: ante el «overstretching» imperial, la vuelta a la edad de oro de las virtudes republicanas y la América culturalmente homogénea, el retorno a la utopía idílica de la América profunda.

Fukuyama

Finalmente, el tercer aldabonazo en la conciencia de las élites norteamericanas fue el famoso artículo de Francis Fukuyama sobre «El fin de la historia» aparecido en la revista The National Interest en la primavera de 1989. Es cierto que Fukuyama introducía una cierta frescura en el aletargado ambiente intelectual de Washington, y que además lo hacía intentando dar un significado al desplome del enemigo exterior que había legitimado el desarrollo de la política americana durante cuarenta y cinco años. Frente a la parálisis inmediata que produjo en Washington el hundimiento del comunismo, Fukuyama llamaba la atención sobre el paralelismo, e incluso vecindad, de las dos filosofías de la historia que habían dado lugar al período conocido como «guerra fría» y sembraba la duda sobre las consecuencias —quizá no tan positivas— que para los Estados Unidos podía suponer el quedarse de repente sin justificación ideológica.

Desde la aparición de estas publicaciones, el debate entre «decadentistas» y «no-decadentistas» no ha hecho sino ampliarse, ramificarse, y producir todo tipo de matizaciones y «zonas grises». El libro de Paul Kennedy, que contaba en su favor con una tradición —no necesariamente marginal— de críticos del «complejo militar-industrial», con personalidades tan destacadas en sus filas como Galbraith, Gore Vidal y Noam Chomsky, o los politólogos John Gladdis y David Calleo, ha generado una literatura que destaca —apoyada, eso sí, en una infinidad de datos y tablas económicas, militares y sociológicas— el voluntarismo de la tesis decadentista, y aboga paradójicamente por un mayor voluntarismo, el de una regeneración de la tesis del «destino manifiesto», justificado ahora por la acuciante necesidad para un «mundo libre» de progresivas dimensiones planetarias de contar con el claro liderazgo de un poder hegemónico y estabilizador.

El libro de Bloom también tuvo sus continuadores, y el debate sobre la decadencia —siempre, relativa— de la educación superior en Norteamérica y de las ambiguas consecuencias de las reformas pro-igualitarias surgidas a partir del 68 y del movimiento de derechos civiles todavía no ha terminado. Sobre lo que existe, sin embargo, absoluta unanimidad, es sobre el bajísimo nivel de la enseñanza primaria y secundaria, generalmente reconocida como una de las principales causas de la pérdida de competitividad de la industria americana. Tampoco hay ninguna duda sobre la creciente marginación social y el nivel de deterioro del 20% de americanos que viven por debajo de los índices de pobreza.

Existe absoluta unanimidad sobre el bajísimo nivel de la enseñanza primaria y secundaria, generalmente reconocida como una de las principales causas de la pérdida de competitividad de la industria americana.

De la misma manera, la discusión generada por Fukuyama sobre el irrefrenable triunfo del liberalismo democrático en el mundo, y con él, de la paz en las relaciones internacionales, se ha visto puesto a prueba por una realidad obstinada en mostrar que las guerras, los nacionalismos violentos y el fanatismo religioso pueden llegar a convertirse en los signos distintivos de la post-historia.

El triunfo del capitalismo lleva necesariamente aparejado su universalización, y con ello su des-territorialización. Si algo ha caracterizado al espíritu americano ha sido el convencimiento de que el capital no conoce fronteras, de que un mundo sin trabas comerciales o económicas necesariamente favorecería la paz mundial. Cuando parece que se está muy cerca de conseguir la aceptación casi global de estos principios, los Estados Unidos empiezan a plantearse seriamente la necesidad de adoptar los criterios casi opuestos que gobiernan la economía de su principal opositor, el Japón. En un mundo verdaderamente sin fronteras para el libre flujo de capitales, bienes y servicios, no hay lugar para fronteras nacionales. De ahí la cuestión clave que surge ahora: ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros? Las vacilaciones del alma americana están también guiadas por esta duda sobre quiénes son los de enfrente, una vez que el «Imperio del mal» ha dejado de existir. ¿Cómo compaginar de nuevo el idealismo americano con una obstinada realidad que no hace más que acentuar la competencia entre naciones y bloques regionales?

Las vacilaciones del alma americana están también guiadas por esta duda sobre quiénes son los de enfrente, una vez que el «Imperio del mal» ha dejado de existir.

«La decadencia del Imperio americano» era el título de una película —canadiense, por más señas— de hace unos años que tuvo un relativo éxito. Varias parejas se dedicaban durante un fin de semana en el campo a sembrar sistemáticamente dudas sobre la solidez de sus respectivas relaciones y la fidelidad de su pareja. Los diálogos eran brillantes e ingeniosos, y la belleza de una de las mejores suites de Bach parecía inundar la pantalla desde el majestuoso inicio de la película. Al final, tras dos horas largas de sutil disquisición dirigida a cuestionar las bases de la convivencia, los principios del sistema, nada ocurre. Pasa el fin de semana transcurrido en común y todo vuelve a su orden anterior. Parece como si la aparente normalidad triunfase. Pero, a la salida, cualquier espectador intuye que ese estado de las cosas ya no es sino pasajero.

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB, PRODUCTIVIDAD Y EXPORTACIONES

(Tasas promedio anuales)

	EE.UU.	RFA	Japón
Producto interior bruto
1913-1950	2,8	1,3	1,8
1950-1987	3,2	4,4	7,5
PIB por trabajador/hora
1913-1950	2,6	1,1	1,3
1950-1987	2,0	4,7	6,2
Exportaciones
1913-1950	2,2	-2,8	2,0
1950-1987	5,2	9,3	12,4

Fuente: Economic Report of the President, Washington, 1989.

INVERSIÓN NETA COMO PORCENTAJE DE PIB

	1960-1986	1980-1986
Estados Unidos	6,9	4,8
Japón	18,6	15,6
CEE	12,0	8,4
RFA	12,3	8,3
Reino Unido	10,0	4,6

Fuente: OCDE.

AHORRO INTERIOR NETO EN EL G-3

(En porcentaje del ingreso disponible)

	1975	1978	1980	1983	1984	1985	1986	1987
EE.UU.	9,4	7,3	7,3	5,5	6,3	4,5	4,2	3,3
Japón	22,8	20,8	17,9	16,3	16,0	16,0	16,6	16,8
RFA	15,1	12,0	12,8	10,9	11,4	11,4	12,2	12,4

Fuente: OCDE, Economic Outlook, 1988.

El caso Ibercorp

No se puede decir que el caso de Ibercorp —un auténtico desastre, no por su volumen sino por el contexto financiero y político en que se sitúa—, considerado como la crisis de un banco, coja de sorpresa ni a las autoridades, ni al mundo empresarial y financiero, ni a los ciudadanos. Desde la crisis del Banco de Navarra, en 1978, hasta hoy, nos hemos podido pasear por un auténtico escaparate de crisis bancarias que, solucionadas acertada o erróneamente, siempre han terminado recayendo sobre las espaldas de los españoles. Esto último fue y es así bien por vías directas o indirectas: daño emergente; lucro cesante; menores beneficios del Banco de España; mayores tipos de interés de activo y menores de pasivo; y, en definitiva, más impuestos y no siempre invertidos acertadamente. Esos perjuicios, o al menos parte de ellos, también pueden referirse a los distintos procesos de reconversión distintos del financiero.

No cabe duda de que en el origen de las crisis bancarias —y con esta denominación nos referimos también a las de algunas cajas de ahorros y a bastantes cooperativas de crédito— está la deficiente política de distintos gobiernos y, sobre todo al principio, una carencia de facultades y competencias legales que dificultaron enormemente la actuación del Banco de España. Con la crisis del Banco de Navarra se crea apresuradamente la Corporación Bancaria, que a los pocos meses daría lugar al nacimiento legal de los respectivos Fondos de Garantía de Depósitos para la banca, las cajas y las cooperativas. Paulatinamente, se fueron haciendo más rigurosos el nivel de información de las entidades financieras al Banco de España, los criterios de contabilización, los requisitos de solvencia, la correcta clasificación de la calidad de los créditos y la correspondiente exigencia de provisiones, etc., al tiempo que se aumentaban y se reforzaban los servicios de inspección del Banco de España.

En otras palabras, en los últimos años se ha caminado en España hacia un rigor creciente en la legislación y en la supervisión de las entidades financieras, con el fin de detectar a tiempo los síntomas de una mala gestión o de hacer frente a la misma en el momento en que se descubriese. Está claro que una eficaz y continua supervisión e inspección es un elemento clave para evitar, amortiguar o solucionar —al menor costo posible para los afectados no culpables y para el conjunto de la economía del país— las consecuencias de una mala gestión bancaria, con la consiguiente exigencia de responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de la misma. Es difícil decir si en este momento la inspección del Banco de España dispone de los medios humanos y técnicos necesarios y suficientes para que sea eficaz. Sin duda, y con relación a hace diez o quince años, los avances en materia de inspección han sido notables.

Una eficaz y continua supervisión e inspección es un elemento clave para evitar, amortiguar o solucionar —al menor costo posible para los afectados no culpables y para el conjunto de la economía del país— las consecuencias de una mala gestión bancaria.

Pero en lo que no se ha avanzado —al revés, se ha retrocedido— es en la influencia del componente político y en la posible connivencia, en algunos casos, entre entidades financieras y poderes públicos. Hace muchos años, un editorial de «Diario 16» revelaba que, cuando el Banco de España propuso como mejor solución para la crisis del Banco de Valladolid la quiebra, esta medida fue vetada por el Gobierno y así se lo hizo saber a las autoridades del Banco emisor el vicepresidente Abril. Esto, puede ser anecdótico, ya que pudo haber acertado el vicepresidente del Gobierno; pero a partir de ese momento —y probablemente también en otros anteriores— comenzamos a padecer el efecto nefasto que puede tener la presión del Gobierno tanto sobre la política monetaria como sobre las labores de inspección, que en el caso español corresponden también al Banco de España. A ello habría que añadir, con todos los matices que los grandes banqueros estimen oportunos, que los tradicionales «siete grandes» funcionaron con frecuencia como un auténtico grupo de presión que, en ocasiones, hacía borrosa la libertad de competencia en el mercado financiero español.

El papel de la Banca

En este contexto, la situación se agravó con la llegada de los socialistas al poder, ya que nunca vieron con simpatía el papel de la Banca en la economía y en la sociedad española. Y, como era casi inevitable, buscando un buen fin: la modernización del sistema financiero y bancario, comienza a distinguirse entre instituciones en las que la modernización debía llevar incluso hasta la remoción de los más altos ejecutivos. (Esto, de alguna manera, ya había podido intuirse en los distintos criterios con que se afrontaron algunas crisis bancarias en el paso de los setenta a los ochenta). Se nos ocurre citar, por su evidencia, como ejemplos, el caso de Banca Catalana, el del Banco de Levante o los del Urquijo, Bankunion e Hispano. En este último caso conviene recordar que los grandes bancos tuvieron que participar en el saneamiento de la entidad y que uno de los tanteados para ser presidente fue Manuel de la Concha.

La culminación de esta aplicación de criterios distintos tuvo lugar —así lo reconocieron docenas y docenas de cualificados juristas españoles— en la expropiación de Rumasa. Técnicamente parece claro que este holding se encontraba en una situación que oscilaba entre la suspensión de pagos y la quiebra. Nada, por tanto, más razonable que permitir la suspensión de pagos o la quiebra, según fuese el caso. El tiempo demostró que las razones aducidas para la expropiación no se cumplieron. Luego, en fechas más recientes, tenemos las guerras de OPAS en las que, incomprensiblemente, algunas autoridades económicas y monetarias fueron claramente beligerantes: BB-Banesto, BB-BV, Cartera Central-Banco Central-Banesto…

Si se quiere buscar alguna diferencia entre la crisis de Ibercorp —y quizá del BEF— con relación a las de finales de los setenta y primera parte de los ochenta, quizá la fundamental sea que la de aquellos dos tiene un componente especulativo y bursátil, mientras que la de hace un decenio giró, básicamente, en torno a las crisis de los sectores industrial e inmobiliario. Pero, en todos los casos, el origen ha estado siempre en una mala gestión en la que surgen todos o parte de estos fenómenos negativos: concentración de riesgos; fijar como objetivo principal un crecimiento rápido, que casi necesariamente lleva a la sobreinversión; no calificar bien la calidad de los prestatarios y, por tanto, las posibilidades de recuperación de los créditos y préstamos; sobrepasar los niveles razonables de créditos a empresas del propio grupo, a empresas propiedad de altos directivos o a los directivos mismos, etc.

Soluciones

Inevitablemente, esta vía conduce a problemas de liquidez que tratarán de maquillarse elaborando la cuenta de resultados a partir del dividendo, contabilizando, para ocultar pérdidas, en unos casos según el criterio de devengo y en otros según el de cobro, pagando altos intereses para captar pasivo… y, paralelamente, cobrando altos intereses por los créditos y préstamos, olvidando, o no queriendo tener en cuenta, que el prestatario que paga tipos superiores a los de mercado suele estar, en el mejor de los casos, en una situación tan delicada como el banco que padece problemas de falta de liquidez. Como es evidente, de aquí a la quiebra no hay más que un paso.

Ante problemas encadenados de esta envergadura, cuya repercusión negativa para el sistema político de España es evidente, es necesario poner en marcha con urgencia una serie de soluciones técnicas del siguiente tenor:

Admitir como principio general, y no como excepción, que una institución financiera pueda quebrar.
Elevar el seguro de los Fondos de Garantía de Depósitos hasta una cifra comprendida entre los tres y cuatro millones de pesetas, con lo que siempre estarían salvados los ahorros de un porcentaje altísimo de los depositantes de las entidades financieras.
Endurecer las responsabilidades civiles, mercantiles y penales.
Regular las aportaciones de las entidades financieras a los respectivos Fondos de Garantía en función de un rating que orientaría a los depositantes.
Reforzar los servicios de inspección, bien en el Banco de España, bien como institución independiente, y garantizar para las actividades de esos servicios una independencia total, de tal forma que, en último caso, el acierto o desacierto de sus valoraciones y sanciones sólo pudiese ser dirimido ante los Tribunales de Justicia.

El Banco de España en el camino de Maastricht

El acuerdo más importante de los alcanzados en la cumbre comunitaria de Maastricht es, sin duda, el referido al diseño de un plan para lograr la unión monetaria europea antes de que concluya esta década. Para los políticos y la opinión pública, lo más llamativo de este proyecto son las condiciones de convergencia con respecto a tasas de inflación, tipos de cambio, tipos de interés, déficit presupuestarios y deuda pública, que deberá cumplir cada país para su integración en el programa de unión monetaria. Pero el acuerdo significa bastante más.

En el documento oficial que recoge los resultados de la reunión se incluyen casi una docena de protocolos, el primero de los cuales tiene una especial relevancia. Se trata del protocolo que desarrolla el Estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales, en el que se diseña una organización piramidal, en cuya cúspide se encontrará el nuevo Banco Central Europeo, que será la institución que rija todo el sistema. Si este proyecto llegara realmente a llevarse a cabo, habríamos entrado en una nueva etapa histórica en la que cada banco central nacional, entre ellos el de España, perdería su autonomía —o, más bien, en muchos casos, la dependencia directa de su gobierno— y pasaría a ser parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Y la actuación de cada uno de ellos, como se indica claramente en el Estatuto, debería ajustarse a las orientaciones e instrucciones del Banco Central Europeo.

Proceso histórico

Los bancos centrales no son instituciones creadas de la nada a partir de un proyecto de ingeniería social. Su evolución, por el contrario, ha ido modificando su estructura y organización; y ha hecho falta un largo proceso histórico para que llegaran a asumir las funciones que hoy suelen considerarse indisolublemente ligadas a ellos: tener carácter público, disfrutar del monopolio de emisión de billetes, ser banqueros de los estados, actuar como bancos de banqueros, supervisar el funcionamiento de los sistemas financieros y dirigir las políticas monetarias nacionales.

No siempre desempeñaron un papel tan importante, sin embargo. Y nuestro Banco de España es una buena muestra de que algunas de esas funciones las asumieron simplemente por razones de oportunidad o en situaciones de crisis. Pocos hechos hay en la historia económica de nuestro país más llamativos, en efecto, que la concesión del monopolio de emisión al Banco de España por un ministro —Echegaray— a quien le gustaba muy poco lo que estaba haciendo. Decía la exposición del decreto de 19 de marzo de 1874, tras explicar la lamentable situación en la que se encontraba el crédito público, que la concesión de este privilegio —que se suponía temporal— se hacía «cediendo a las exigencias de la realidad», y que, en ningún caso, la circulación fiduciaria única tendría como objetivo «venir al curso forzoso, que fuera el último de los desastres y la mayor de las calamidades económicas».

Control gubernamental

Pero el curso forzoso acabaría estableciéndose; y recibiría respaldo legal tras la guerra civil. Más tarde, en 1962, se nacionalizaría el banco, con lo que la institución emisora quedaba convertida en un organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda. Nunca ha sido el Banco de España, por tanto, autónomo frente al poder político en su historia reciente. Y los efectos de esta falta de independencia se han dejado sentir, y se siguen notando, en nuestra economía.

Nunca ha sido el Banco de España autónomo frente al poder político en su historia reciente. Los efectos de esta falta de independencia se han dejado sentir, y se siguen notando, en nuestra economía.

En un artículo publicado el pasado mes de enero en las páginas de The Economist se presentaban unas correlaciones llamativas entre el grado de independencia de los bancos centrales de los principales países de la O.C.D.E., por una parte, y las tasas de inflación y los niveles de paro experimentados por estos países entre 1951 y 1988, por otra. Los datos mostraban con claridad que la falta de autonomía del banco central —el de España está considerado como uno de los menos independientes— se correspondía con los niveles más elevados de inflación y paro.

En mayor o menor grado, todos los países han sufrido este problema de control gubernamental del banco central. Desde el poder político se ha venido viendo esta institución, sobre todo a partir de la segunda guerra mundial, como un instrumento útil para lograr objetivos de política económica, a menudo ligados a los planes electorales del partido en el poder. La propia teoría económica dominante reforzó, durante algún tiempo, esta posición. Frente a la vieja tradición defensora de la estabilidad monetaria, la «nueva» política económica creía que la oferta monetaria debería ser manejada de forma discrecional para conseguir el pleno empleo y el crecimiento económico. Los resultados están a la vista. La estabilidad de precios, que permitió, por ejemplo, que la capacidad de compra de una libra esterlina fuera prácticamente la misma al final de las guerras napoleónicas y en 1914, pasó a la historia; y la inflación se convirtió en un problema que nos hemos acostumbrado a considerar permanente.

Garantizar el valor del dinero

Si los acuerdos de Maastricht se hubieran firmado hace, por ejemplo, veinte años, seguramente habría prevalecido en ellos esta concepción de las funciones de un banco central. Pero, afortunadamente, hemos aprendido mucho desde entonces. Hoy se cree de nuevo en el viejo principio de que el instituto emisor tiene como principal misión garantizar el valor del dinero. Y tal principio se acepta explícitamente en el Estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales. No parece haber desacuerdo alguno con respecto a esto, al menos en el campo de la teoría. Pero existen, en cambio, serias dudas en lo que se refiere a su aplicación práctica, ya que no tenemos garantías suficientes de que los mecanismos diseñados por el Estatuto aseguren la independencia del nuevo Banco Central Europeo y de que los estados nacionales vayan a abandonar su tendencia a utilizar el banco central como instrumento de política económica. En otras palabras, no es fácil creer que la autonomía que no han concedido a sus propios bancos vayan a reconocerla sin problemas a uno nuevo por el simple hecho de que sea supranacional. Y de ello dependerá, seguramente, la estabilidad de los precios en Europa durante muchos años.

Uno de los argumentos más utilizados en nuestro país para defender el actual modelo de unión monetaria europea es, precisamente, la desconfianza que inspira lo que en el futuro pueda hacer el Banco de España.

Uno de los argumentos más utilizados en nuestro país para defender el actual modelo de unión monetaria europea es, precisamente, la desconfianza que inspira lo que en el futuro pueda hacer el Banco de España. Si se piensa que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, es lógico creer que nosotros, que nos encontramos entre los primeros, debemos seguir al banco central alemán, al que, de momento, sólo le falta un ojo. Probablemente esta solución será útil para lograr una mayor estabilidad de la peseta a largo plazo. Pero, viendo el problema con una mayor amplitud de miras, resulta bastante preocupante el pensar en una corte de ciegos y tuertos poniéndose de acuerdo para decidir la política monetaria europea.

Responsabilidad pública y presunción de inocencia

La polémica sobre el efectivo alcance de la corrupción en nuestra vida política está poniendo de relieve, en unos y otros, una indiscriminada falta de entrenamiento sobre aspectos elementales de la relación entre ética y política.

Los hombres públicos afectados por la onda expansiva del escándalo de turno intentan, en un curioso desdoble de personalidad, refugiarse en actitudes propias de los ciudadanos de a pie. Recuerdan que la Constitución considera la «presunción de inocencia» como uno de los derechos fundamentales y afirman con énfasis que en todo momento han cumplido escrupulosamente la ley.

El ciudadano —escandalizado por la escasa eficacia del ordenamiento jurídico a la hora de desterrar conductas que repugnan al más elemental sentido común— tiende a considerarlo como un instrumento más del entramado dispuesto para que unos listillos se lo monten a su gusto a costa del procomún.

No parece, pues, superfluo recordar algunas cuestiones elementales. No es ninguna sugerencia novedosa afirmar que el hombre público —por el mero hecho de no renunciar a serlo— se sitúa en un contexto bien distinto al del ciudadano de a pie. Basta recordar la nada escasa jurisprudencia constitucional sobre los posibles conflictos entre los derechos al honor o a la intimidad y el derecho a dar y recibir información veraz.

A la hora de atribuir la «carga de la prueba» —aspecto decisivo de nuestro problema— la posición del hombre público y del ciudadano privado es diametralmente distinta. En el segundo caso los derechos al honor y a la intimidad juegan con carácter prioritario; quien se arriesgue a rozarlos asumirá la carga de probar que su actividad informativa está sirviendo a un interés público capaz de compensar su sacrificio. Por el contrario, cuando sobre hombres públicos se informa, los derechos al honor y a la intimidad —sin desaparecer, como es lógico— quedan inicialmente supeditados a los del informador, que está contribuyendo a forjar esa «opinión pública» que sería el fundamento del pluralismo democrático.

Algo parecido ocurre con la «presunción de inocencia». Ésta implica que todo ciudadano particular ha de ser considerado inocente, y tratado como tal, hasta que alguien legitimado para ello le acuse de un delito y sea capaz de probar su culpabilidad. Por otra parte, otro principio jurídico elemental señala que nunca hay delito ni pena si no han sido previamente fijados por una ley. En principio, pues, a todo ciudadano le está permitido hacer lo que una ley no le prohíba.

En los hombres públicos entra, por el contrario, en juego una «presunción de responsabilidad». Basta que un hecho le sitúe en una tesitura capaz de afectar a la confianza que el ciudadano en él ha depositado para que haya de asumir la carga de aclarar el entuerto. El tribunal al que se enfrenta es el de la «opinión pública» —depositario privilegiado de la confianza en juego— y es a ella a la que de modo inmediato ha de dirigirse.

En los hombres públicos entra en juego una «presunción de responsabilidad». Basta que un hecho le sitúe en una tesitura capaz de afectar a la confianza que el ciudadano en él ha depositado para que haya de asumir la carga de aclarar el entuerto.

Ningún hombre público ignora que en política las cosas «son» siempre como «parecen», resultando ociosa la tópica cita a la mujer del César.

Producido el hecho que empaña la confianza del público, el político no puede esperar a que alguien le acuse —y menos aún a que pruebe— para aportar las oportunas explicaciones. O restablece la confianza deteriorada o se va a su casa. De ella sólo podrá sacarle el ordenamiento penal, «presunción de inocencia» que —ahora sí— como ciudadano le ampara.

El hombre público no puede comportarse convencido de que todo lo que la ley expresamente no le prohíbe le está permitido. Eso sería tanto como pretender promulgar un código casuístico y exhaustivo de los ingredientes de la confianza pública. Ninguna cocina suele estar presidida por un imperativo categórico del tipo de «prohibido asar la manteca». Toda conducta capaz de afectar la confianza en él depositada por los ciudadanos le estará vedada. En los países anglosajones, donde la tradición ha forjado un exigente entramado de «virtudes públicas», ni siquiera el ámbito de la intimidad queda excluido de este control ciudadano, con no poca sorpresa del latino medio.

El hombre público, en resumen, ha de ganarse la confianza de los ciudadanos, convirtiendo su actividad en una cotidiana prueba de que es de fiar. Apelar a textos legales equivale a refugiarse en un anonimato al que —para bien o para mal— ha renunciado. Si, para colmo, apelara al Código Penal, estaría sugiriendo que para dedicarse a la política bastaría con no ser un delincuente convicto y confeso; original modo de ganarse la pública confianza…

Luz y taquígrafos

A la actividad política acaba, en consecuencia, siéndole de aplicación un peculiar imperativo: «no hagas ni digas nunca nada que no pueda ser de dominio público sin quebranto de la confianza que a los ciudadanos has de merecer». En política todo aquello que esquiva la publicidad, que se oculta, que no se presenta, está condenado a resultar «impresentable». No es con normas legales casuísticas sino con proliferación de luz y taquígrafos como se evita la corrupción. Cuando se eliminan los escasos puntos de luz instalados en el ordenamiento jurídico y cualquier periodista que empuñe la más moderna linterna se ve tratado como un delincuente potencial, hemos comenzado a recorrer el sendero del despropósito.

¿Habrá que promulgar una ley que impida a los gobernadores del Banco de España que participen en juegos en los que inevitablemente acabarán conociendo las cartas de los vecinos?

Basta aplicar consideraciones tan elementales como las expuestas para entender la crispación que rodea a recientes acontecimientos.

¿Qué es lo primero que debe hacer un vicepresidente del Gobierno cuando todo indica que un fraterno pariente ha convertido su propio despacho en el centro de operaciones de atípicos negocios? Willy Brandt, socialista donde los haya, no habría tardado mucho en responder. Cuando se vio en una situación incompatible con la confianza que un hombre público ha de merecer, se ahorró tachar a los democristianos de desestabilizadores, rehusó argüir que no se había embolsado un marco o echar la culpa al espía a quien había abierto su despacho, y no se le ocurrió sugerir «en los tribunales os espero», exigiendo ser tratado mientras como inocente. Se fue a su casa y punto. Por eso siguió siendo un político respetable.

¿Habrá que promulgar una ley que impida a los gobernadores del Banco de España que participen en juegos en los que inevitablemente acabarán conociendo las cartas de los vecinos? ¿Esperaremos a que se penalice a quien se muestre tan lego en geografía como para pensar que hay notables minorías kurdas en Angola?

Confianza ciudadana

Por ahí no contribuiríamos demasiado a alimentar la confianza ciudadana. Pero todo ello se complica si lo completamos con un diseño deliberado en el que —tras implantar en el ámbito público el principio de que todo lo no legalmente prohibido se entenderá permitido— proliferan leyes que colocan la esfera de lo público bajo el anárquico imperativo «prohibido prohibir». Reprivatizaciones a cencerros tapados —con mayores posibilidades de control por las instancias de las Comunidades Europeas que por los órganos de control autóctonos—, venta clandestina de sedes sociales de organismos paraestatales —gubernamentales, de hecho, a la hora de los nombramientos—, ampliación de los actos «políticos» cuya discrecionalidad escapa a toda fiscalización por los tribunales…

El final de la historia no será sólo un desprestigio global de la clase política, que lleva visos de resultar imparable, sino algo aún más grave: la pérdida de confianza por parte de los ciudadanos no ya en los políticos sino en ese ordenamiento jurídico, al que se remite continuamente la imposible solución de tanto desaguisado. Cuando la fuente de las sanciones coactivas, y de las limitaciones a la propia libertad, se muestra incapaz de evitar atentados al más elemental sentido de la honestidad, su legitimidad puede acabar viéndose gravemente en entredicho.

El incordio de Gibraltar

Según el Diccionario de la Academia Española, «incordio» significa «buba» o «tumor». En sentido figurado, «cosa incómoda, agobiante o muy molesta». El problema de Gibraltar es, desde hace siglos, una incomodidad aunque no sea agobiante ni muy molesta. Por eso precisamente resulta un permanente incordio.

El ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, ha dicho en alguna ocasión que Gibraltar era «el esqueleto en el armario» para las relaciones entre España y el Reino Unido. Uno puede olvidarse del armario o jurarse que no va a abrirlo, pero nuestros interlocutores británicos saben que existe, nosotros lo sabemos también y es imposible, por muchos esfuerzos que hagamos unos y otros, que la relación, el buen entendimiento y hasta la amistad entre las dos naciones, socias en la CE y aliadas en la OTAN, se desarrolle «como si» no hubiera armario ni esqueleto.

Apertura de la verja

A finales de 1982, en plena euforia por el triunfo electoral, el primer gobierno socialista decidió abrir sin contrapartidas la verja o frontera que desde 1969 impedía el libre tránsito de personas, vehículos y mercancías entre Gibraltar y el territorio circunvecino. Casi diez años después de aquella decisión unilateral, inspirada seguramente en razones humanitarias, puede decirse sin miedo a errar que fue un disparate: no sólo facilitó la supervivencia futura de la colonia como entidad autónoma y autosuficiente, sino que cegó cualquier acuerdo negociado entre España y la metrópoli. Un curioso librito editado años después por el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el tema de Gibraltar omite la fecha y, por supuesto, también la efeméride, hasta tal punto fue una acción torpe, candorosa e… irresponsable. Dos años después de aquel gesto irreflexivo, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, intentó, con discutibles resultados, enmendar la plana firmando con su colega británico, Sir Geoffrey Howe, un acuerdo por el que se ponía en práctica la Declaración de Lisboa —abril de 1980— y se abría sin discriminaciones la famosa «verja» —hasta entonces era peatonal—, todo ello a cambio de una frase: «el establecimiento de un proceso negociador a fin de solucionar todas las diferencias sobre Gibraltar… incluidas las cuestiones de soberanía».

La inocencia generosa del gobierno socialista franqueó la frontera con la intención de que los gibraltareños, al conocer mejor la realidad circundante, apreciaran algo más a sus vecinos y al Gobierno de Madrid.

El acuerdo de Bruselas —27 de noviembre de 1984— abrió las puertas de la prosperidad a la colonia y no supuso avance alguno para la posición española. Al contrario, con la frontera abierta generosamente, lo que había sido un ghetto en los confines de Europa se convirtió con rapidez y sin excesivo esfuerzo para sus habitantes ni para la metrópoli en un oasis —sobre todo fiscal— de prosperidad. La inocencia generosa del gobierno socialista franqueó la frontera con la intención de que los gibraltareños, al conocer mejor la realidad circundante, apreciaran algo más a sus vecinos y al Gobierno de Madrid. Sucedió exactamente lo contrario: nunca los «llanitos» destilaron más inquina ni mayor soberbia contra España y los españoles que con la verja caída. La solución de «ósmosis» en la que tanto creyó el ministro Morán resultó, pues, un fracaso estrepitoso y no porque su sucesor hubiera actuado en este terreno con mejor o peor tiento, sino simplemente porque tras los disparates iniciales la solución del contencioso resultaba —sigue resultando— imposible. El tiempo no hizo más que enquistar esta «buba». O este incordio.

Nunca se sabrá —porque nadie lo dijo con claridad— si el Acuerdo de Bruselas fue la inevitable concesión española para entrar en el Mercado Común.

Nunca se sabrá —porque nadie lo dijo con claridad— si el Acuerdo de Bruselas fue la inevitable concesión española para entrar en el Mercado Común. Se rumoreó —pero nadie lo confirmó— que el veto británico a nuestra candidatura se hubiese mantenido mientras la «verja» siguiese en pie, aunque resulta un poco difícil de creer que un país occidental, democrático y, además, aliado, fuese capaz de promover cualquier veto para garantizar una situación colonial mil veces condenada por Naciones Unidas. Si así fue o así parecía, la opinión pública española tenía todo el derecho a saberlo. Como nadie lo advirtió, probablemente se trate solamente de un rumor sin fundamento, como suele decirse en los desmentidos diplomáticos.

Revolución

El caso es que, abierta la verja sin restricciones y firmado el acuerdo, se produjo en el Peñón una verdadera revolución: los gibraltareños dejaron de depender del Arsenal, el aeropuerto y demás organismos oficiales británicos para convertirse en prósperos hombres de negocios, funcionarios de bancos, negociantes y tenderos.

En 1982, más del 50% de los puestos de trabajo que generaba Gibraltar dependían de la administración colonial o sus aledaños. En la actualidad, según acaba de declarar el «ministro principal» José Bossano, sólo 1.800 puestos de trabajo de los 14.000 existentes tienen relación con esta administración. Estas cifras tal vez describan de forma incompleta la «revolución gibraltareña»: entre 1982 y 1992 se instalaron en el minúsculo territorio 30 bancos, más de 10.000 empresas offshore, decenas de sucursales de empresas financieras, despachos jurídicos internacionales y navieras. El volumen de negocio que el año pasado se produjo en Gibraltar superó los setecientos mil millones de pesetas; la inversión extranjera rozó los noventa mil millones. El Peñón es hoy un paraíso fiscal, donde se blanquea dinero de dudosa procedencia y se promueve el contrabando dirigido hacia la Península Ibérica y Marruecos con pleno conocimiento y lucro de las autoridades locales. En Gibraltar no hay parados, ni pobres ni drogadictos; en cambio, en el llamado Campo de Gibraltar —La Línea, San Roque, Jimena, etc.— se supera con mucho la media nacional tanto en desempleo como en delincuencia. Gibraltar sigue siendo un ghetto de… riqueza en medio de un océano de marginación y subdesarrollo.

El Peñón es hoy un paraíso fiscal, donde se blanquea dinero de dudosa procedencia y se promueve el contrabando dirigido hacia la Península Ibérica y Marruecos con pleno conocimiento y lucro de las autoridades locales.

Aeropuerto

El 3 de diciembre de 1987, tras interminables conversaciones, España y el Reino Unido firmaron una Declaración sobre el uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar. La Declaración fue el motivo, uno más, para que se echaran al vuelo los botafumeiros de la prensa gubernamental y sus aledaños, se felicitara a los dos gobiernos por la sensatez del acuerdo, se prometiera una nueva era para las relaciones bilaterales. La Declaración describía con todo lujo de detalles el sistema de utilización conjunta del aeropuerto, las categorías de pasajeros, las medidas de seguridad aérea y control de tráfico, etc., etc. Se trataba, simplemente, de poner en marcha el proceso.

Nunca se hizo porque los británicos, una vez más, faltaron a su palabra, sometieron la implementación del acuerdo a la opinión de los gibraltareños —que, lógicamente, se oponen a cuanto consideran que puede significar concesión o ventaja para los vecinos— y las cosas están como estaban.

Esperpento

Aquí podría concluir esta amarga y reciente reflexión colonial si en los últimos días no se hubiera producido un suceso que roza el esperpento y refleja a la perfección las características del incordio gibraltareño.

«¿Qué quieren? En alguna parte tienen que entrenarse, aquí no hay sitio», respondió el «ministro principal» José Bossano cuando se le interrogó sobre el esperpento.

El pasado 26 de febrero un capitán del regimiento «Gibraltar», con base en el Peñón, falleció en Sierra Nevada cuando, junto con un grupo de subordinados, realizaba ejercicios de entrenamiento paramilitar en la montaña. La información procedente de Gibraltar sólo fue retomada por algunos medios días después, cuando todos la habían olvidado. Se trataba, naturalmente, de un olvido interesado porque los periodistas tiraron del hilo y descubrieron cosas, como mínimo, sorprendentes: en primer lugar, que estos ejercicios paramilitares del regimiento se celebraban en territorio español desde 1986, sin permiso ni comunicación previa; que estos ejercicios se llamaban «Zorro nevado» y que en los mismos participaba anualmente una sección del regimiento; que ni el Ministerio de Defensa español ni los servicios de inteligencia que de él dependen habían hecho la más mínima investigación sobre la muerte en Sierra Nevada del capitán; que todas las tardes miembros del regimiento en cuestión —todos ellos originarios de Gibraltar— hacían ejercicios gimnásticos en formación en la explanada que se encuentra al otro lado de la verja en territorio español y previo paso de aduana y frontera; que todo el mundo en Gibraltar y en La Línea sabía de tales ejercicios salvo… las autoridades competentes españolas. O que si lo sabían habían preferido callárselo para no incomodar al amigo inglés…

Tal cúmulo de disparates, casi todos ellos confirmados por los propios británicos, llevó a que finalmente el gobierno presentase una nota verbal de protesta al embajador del Reino Unido en Madrid y a la oposición —que al parecer se nutre exclusivamente en su labor parlamentaria de cuanto publica la prensa— una serie de preguntas al gobierno. Quince días después de que se produjese el accidente de Sierra Nevada, no faltaría más…

«¿Qué quieren? En alguna parte tienen que entrenarse, aquí no hay sitio», respondió el «ministro principal» José Bossano cuando se le interrogó sobre el esperpento.