Al fin se caen del burro…pero mal y tarde

Hay que reconocer que la política económica socialista, siempre bajo la dirección y la responsabilidad del presidente González, les ha conducido si no a un callejón sin salida a otro que la tiene estrecha y ciertamente sinuosa. No dudo de la sensibilidad social de muchos socialistas; pero lo que está claro es que su ideología y su consecuente política económica han puesto a toda la sociedad española contra la pared y contra el tiempo. Al final, como suele suceder en estos casos, seremos los españoles de a pie, de clase media y de clase baja, los que pagaremos los platos rotos. Y entre estos españoles incluyo no sólo la inmensa mayoría de los trabajadores por cuenta ajena sino también a decenas y decenas de miles de medianos y pequeños empresarios que pueden ver en el futuro próximo cómo, literalmente, dejan de serlo.

El cierre del año 1991 se quedó bastante lejos de los objetivos fijados por el Gobierno para ese año. Con la excepción de la tasa de inflación medida por el IPC —no así con la inflación subyacente, que empeoró— y, en parte, con la de la exportación de bienes y servicios, los demás objetivos macroeconómicos se les fueron de las manos: el PIB creció menos de lo previsto; la creación de empleo neto —inicialmente cifrada en torno a los cien mil puestos de trabajo, rebajada luego a ochenta mil y a unos cincuenta mil en noviembre— terminó saldándose con una destrucción de sesenta mil puestos de trabajo; la tasa de crecimiento del consumo público se disparó hasta el 4,4%; y el déficit público hasta igual porcentaje en términos del PIB. Añadamos a todo ello que al aumentar sólo un 1,6% la inversión el grueso del crecimiento de la economía el pasado año se apoyó en el consumo, con lo cual no se consiguió ningún avance en la reducción de los desequilibrios básicos. Sirva como ejemplo del período socialista que la deuda pública bruta pasó del 34,6% del PIB en 1983 al 46,0% a finales de 1991.

La falta de realismo del gobierno de Felipe González y la supeditación a la permanencia en el poder, le ha llevado a elaborar para este año los Presupuestos de la Administración Central más absurdos de la época socialista.

La falta de realismo del gobierno de Felipe González y la supeditación a la permanencia en el poder, le ha llevado a elaborar para este año los Presupuestos de la Administración Central más absurdos de la época socialista: crecen en porcentajes muy elevados los gastos corrientes y se reducen considerablemente los gastos de inversión, mientras que el gasto total de las diecisiete autonomías crece un 19% este año. El cuadro macroeconómico que los acompaña carece de credibilidad y ni siquiera encaja con las cifras de ingresos y gastos del sector público. El ministro de Economía ya ha reducido la tasa de crecimiento del PIB. Lo sorprendente es que el Gobierno todavía cree —o mejor dicho, mantiene— que la economía crecerá en 1992 un 3,1%; el consumo privado en otro 3,1% y el público un 3,5%. Para la inversión espera un aumento del 5,0%, la tasa de paro la sitúa en el 15,9% y espera reducir el déficit público al 3,1% del PIB.

Contraste de previsiones

El contraste de esas previsiones del Gobierno con las realizadas por la OCDE o por otras instituciones como el BBV o FIES es llamativo, especialmente en el caso de esta última, que es la que resulta más alejada de las previsiones gubernamentales: el PIB crecerá un 2,3% (2,5% BBV); el consumo privado un 3,0%; el público el 3,5% (4,0% BBV); la inversión el 1,0% (1,5% BBV); la tasa de paro se situará en el 16,4%; y el déficit público en el 4,0% del PIB. Además, se va a repetir este año —y esto queda claro con esas previsiones y bastante claro con las del IEE o de la OCDE— el fenómeno de 1991; es decir, que el crecimiento se va a apoyar básicamente en el consumo, tanto privado como público; con el añadido negativo de que la exportación puede jugar un papel menos positivo que el pasado año. La consecuencia: tampoco en 1992 se va a producir ninguna mejora en los desequilibrios básicos.

La postura cerrada de los sindicatos ha dado lugar a un incremento de los costes laborales unitarios, en términos nominales, que resulta cada vez más insoportable para el conjunto de las empresas españolas. Pero sería un error echar la culpa sólo a los salarios.

Todo esto nos conduce a que, antes de nacer, los objetivos fijados en el «plan de convergencia» para el período 1991-1996, tienen que ser revisados, ya que, como se observa en el cuadro adjunto, los resultados de 1991 se desviaron de los iniciales del Gobierno; y por la práctica seguridad de que los errores de previsión se repetirán en 1992. Es cierto que la política económica anunciada por el ministro Solchaga hasta el año 1996 pretende atacar los planteamientos erróneos de la década socialista, que han tenido un coste brutal tanto en términos humanos —la tasa de paro se situaba a finales de diciembre último en el 17%— como económicos, en el amplio sentido del término: la indecisa, pasteleada y tardía reconversión industrial, no sólo ha encarecido su financiación, —despilfarrándola, en parte— sino que ha producido un daño muy grave —en algunos sectores y subsectores ya irreparable— al tejido industrial español. Esta es una de las glorias socialistas. Cierto que comenzó con el pánico de UCD en 1978 a sanear bien y rápido Babcock Wilcox. ¡Suárez «temía» una huelga de 3.000 obreros en Bilbao! Esta empresa ha tenido fuertes pérdidas en los últimos 14 años. Entró en beneficios en 1990. Pues bien, ahora resulta que el INI va a aportar 14.000 millones de pesetas para sanear patrimonialmente la empresa.

Gasto público

Es verdad que la postura cerrada de los sindicatos ha dado lugar a un incremento de los costes laborales unitarios, en términos nominales, que resulta cada vez más insoportable para el conjunto de las empresas españolas. Pero sería un error echar la culpa sólo a los salarios que, por otra parte, todavía son de los que pesan menos por unidad producida en la CE. El desaforado crecimiento del gasto público —sobre todo corriente— y la tendencia vertiginosamente creciente —la más rápida de Europa— de la presión fiscal, han hecho del sector público el principal causante de los problemas que aquejan a la economía española. Sin duda, ha aumentado notablemente el número de ciudadanos que perciben una pensión, que son atendidos por la sanidad o por la enseñanza pública; pero nadie se atreve a negar ni el deterioro de esos servicios —por no hablar de Correos, Renfe o Telefónica— ni la imposibilidad de que continúen siendo prestados por el sector público en exclusiva, simplemente porque ni puede ni sabe. Ahora, el Gobierno acepta, por fin, que es necesaria la colaboración del sector privado en materia de pensiones, sanidad, educación, infraestructura y transportes, etc.; pero en el colmo de la negación de la evidencia quiere «vendernos» su nueva política económica como la continuación coherente de lo que han hecho desde 1983 hasta ahora. Y esto es, sencillamente, una burda falsedad.

El desaforado crecimiento del gasto público y la tendencia vertiginosamente creciente —la más rápida de Europa— de la presión fiscal, han hecho del sector público el principal causante de los problemas que aquejan a la economía española.

«Aquellos polvos trajeron estos lodos». Ahora es urgente solucionar el problema de Hunosa —en el que se tiró el dinero a espuertas—; hay que construir autovías y autopistas, privadas o públicas, pero de peaje; la industria de aceros especiales ha desaparecido prácticamente del mapa; algo parecido puede suceder con el sector textil; la caída de la cartera de pedidos de la construcción naval exime de todo comentario; la reconversión de A. Hornos-Ensidesa costará 850 mil millones de pesetas y eliminará 10 mil empleos; y por fin empiezan a reconocerse «agujeros» de 730 mil millones en el INEM y de medio billón de pesetas en la sanidad. Todavía no conocemos las cifras reales de la pasteleada reconversión industrial, de la crisis bancaria, etc. Pero, aun así, se resisten a hacer frente a realidades que no tienen vuelta de hoja, sosteniendo, por ejemplo, el actual PEN —que, oh milagro, permitirá financiar los costos de la moratoria nuclear sin cargo al Presupuesto y sin repercusión en las tarifas, según Aranzadi; el arriesgadísimo plan de Iberia en Iberoamérica, jugándose 120 mil millones de pesetas en una ampliación de capital, que la CE puede vetarnos en todo o en parte; o pretendiendo ignorar que nuestras tarifas telefónicas internacionales están completamente fuera de mercado (las norteamericanas son un 75% más baratas que las de Telefónica).

Qué decir de la inversión del TAV Madrid-Sevilla o del olvido de los Talgo, que exportamos, por ejemplo, a Alemania y Estados Unidos, o de financiar con el coste de la importación de electricidad de Francia, en los noventa, la construcción de una central nuclear a los franceses. En España continúan predominando las brisas procedentes del Norte… y si pasa algo en una central francesa será prácticamente imposible que no nos afecte. Chernobyl se detectó… en Suecia y al norte de Gran Bretaña.

¿Y nuestro sistema financiero? Pánico a la competencia exterior en seguros de vida (1997)… Los banqueros reclamando la supresión de los coeficientes —petición justa para competir—; pero al mismo tiempo algunas entidades financieras se resisten a dar créditos en divisas —en pesetas se gana mucho más—, sobre todo a particulares… Menuda miopía: para el 93 faltan siete meses. Y por último con el tipo marginal de rentas del trabajo y del capital más alto de Europa. Como remate, hasta le han dado pie a Nicolás Redondo —a la vista de los espectáculos que estamos presenciando— para decir que «carecen de legitimidad moral» para pedir sacrificios. Pero que tampoco se equivoquen los sindicatos: si no se moderan, caminan hacia su marginación. Los parados y los trabajadores por cuenta ajena nos hemos hecho mayores de edad.

OBJETIVOS PLAN DE CONVERGENCIA 1991-1996

Nota.— En el momento de enviar este artículo a imprenta, el Gobierno discute si el objetivo del «Déficit de las Administraciones Públicas» para 1996 debe ser el 0,8% del PIB, inicialmente fijado, el 3% del PIB, o bien «sustancialmente» —Felipe González— inferior al 3% del PIB.