España, a remolque de la CE

El Plan de Convergencia 1991-1996 que España debe presentar a la CE, modifica —era inevitable— los datos contenidos en su primera versión, publicada en el anterior número de NUEVA REVISTA. Los resultados de 1991 avanzados por el INE los han invalidado, llegando a corregir, a veces sustancialmente, también los correspondientes al año actual. Aun así, no creo que se consiga que el PIB crezca un 3,0% y mucho menos aún que se creen 76 mil empleos netos. En mi opinión, a lo largo de ese año se destruirá más empleo que en 1991: aproximadamente 60 mil empleos entre diciembre de 1990 e igual mes del pasado año.

Si se quiere converger en una medida razonable con las economías más desarrolladas de la CE, el gobierno socialista tiene que olvidar su política económica y dar un giro de ciento ochenta grados. A ello se resisten algunos ministros, el sector guerrista del PSOE y los sindicatos.

La política económica socialista en su década de gobierno ha conducido, año tras año, a una ineficaz asignación de los recursos realmente grave y a unos costes sociales que se reflejan en nuestra alta tasa de paro. Si se quiere converger en una medida razonable con las economías más desarrolladas de la CE, el gobierno socialista tiene que olvidar su política económica y dar un giro de ciento ochenta grados. A ello se resisten algunos ministros, el sector guerrista del PSOE y los sindicatos.

Sin embargo, la progresiva publicación de los distintos indicadores económicos en lo que va de año señala, sin lugar a dudas, un estancamiento de la inversión, una aceleración de las tendencias inflacionistas, un rápido crecimiento de las necesidades de financiación del sector público y un empeoramiento del déficit corriente motivado, básicamente, por el deterioro del déficit comercial. Como enero suele ser un mes en el que se acusan importantes variaciones estacionales, la prudencia inclina a esperar a conocer los datos de marzo; pero si en ese mes continúa empeorando la tasa de inflación, el déficit comercial, el ritmo de crecimiento de los gastos públicos corrientes y no mejora la actitud inversora, el análisis coyuntural concluirá, inevitablemente, en una valoración sombría respecto a la evolución del proceso de ajuste en 1992.

Gasto público

A diferencia de lo que afirma el ministro Solchaga, el principal problema de la economía española no es su elevada inflación —cualquiera que sea el indicador por el que se mida— sino la pésima estructura del gasto público y su desorbitada tasa de crecimiento. Es verdad que resulta necesaria una evolución moderada de las rentas; pero no se puede reducir el problema exclusivamente a la evolución de las rentas salariales. De hecho, los precios del sector primario y secundario, es decir, de la agricultura y de la industria, se están comportando razonablemente bien —aunque, sin duda, parte de esa evolución lleva consigo una caída acelerada del excedente empresarial, con la consiguiente incidencia negativa en la tasa de inversión— mientras que no sucede lo mismo con los del sector servicios, cuya tasa anual ronda los dos dígitos.

Además, no se debe caer en la simplificación de reducir el sector servicios al turismo, ya que dentro del mismo se encuentran no sólo transportes, correos, teléfonos, etc. sino también todo el sector financiero, desde bancos y cajas hasta compañías de seguros.

Si no se reconocen los hechos y los datos tal como son o bien las medidas que se adopten no tendrán la eficacia que debieran o bien se creará un estado de confusión entre los agentes económicos, privados y públicos, del que será inútil esperar resultados positivos. Así, es cierto que el peso del coste salarial por unidad producida es más bajo en España que en los países de la CE; pero es igual de cierto que nuestra productividad es también inferior.

Por esta razón, si los costes salariales nominales crecen de manera inmoderada —sin verse acompañados por el necesario aumento de la productividad— llegará un momento en que la competitividad favorable a España por este concepto desaparecerá; y con ella, antes o después, la empresa o las empresas, el subsector o el sector de que se trate. Al mismo tiempo, es necesario que el gobierno acepte —y actúe en consecuencia— un efecto económico confirmado año tras año: que la excesiva presión fiscal directa —IRPF— sobre las rentas del trabajo por cuenta ajena, conduce casi automáticamente a demandas de alzas salariales demasiado elevadas ya que, en definitiva, lo que importa al trabajador es el salario neto.

La excesiva presión fiscal directa —IRPF— sobre las rentas del trabajo por cuenta ajena, conduce casi automáticamente a demandas de alzas salariales demasiado elevadas ya que, en definitiva, lo que importa al trabajador es el salario neto.

Competencia exterior

El hecho de que la inflación se resista a descender en el sector servicios —y en algunos casos de monopolio o de oligopolio de hecho— constituye una confirmación clara de los positivos efectos de la competencia exterior; porque es el sector servicios el que se encuentra muy o totalmente protegido frente a esa competencia. El cambio que tiene que afrontar el gobierno español no es pequeño.

El costo económico de una reconversión que no ha alcanzado sus objetivos desde que se inició hace siete años y el aumento del desempleo a que ha dado lugar, constituyen un buen ejemplo de lo que digo. En este sentido, se entiende muy bien que ahora Fernández Marugán estime en un billón de pesetas el costo de la reconversión de un solo sector: el siderúrgico. Añadan, Hunosa, las empresas públicas con pérdidas —el INI pobre— y las dificultades tremendas que va a plantear la financiación de las pensiones y de la sanidad y educación públicas.

En dos meses el IPC ha crecido casi la mitad de la cifra prevista por el gobierno para el conjunto del año; los déficit comercial y corriente se han deteriorado notablemente; y se han agravado seriamente las necesidades de financiación del sector público. En lo que queda de año, la política fiscal y presupuestaria no va a poder aportar nada al proceso de ajuste. En este terreno la suerte ya está echada. El margen de actuación de la política monetaria, en estos primeros días de abril, es prácticamente nulo, ya que cualquier pequeña elevación al alza de los tipos de interés situaría a la libra esterlina fuera del SME. Por tanto, la política económica del gobierno le ha llevado a un callejón en el que la única salida es depositar su esperanza en la moderación de las rentas salariales; porque el excedente empresarial se ha reducido tanto, que el problema radica en cómo ensancharlo para propiciar una recuperación de la inversión.

En todo caso, los sindicatos deben tener en cuenta —y mucho más los trabajadores— que el ritmo de crecimiento de los costes laborales unitarios nominales en España, en los últimos años, está a punto de hacerse insoportable. Y los datos son muy claros: si los costes laborales se mueven indiciados a la tasa de inflación, son precisamente los precios los que acaban reduciendo la ganancia real y haciendo que los costes laborales unitarios reales tiendan a descender; pero en el caso español —a diferencia de Italia, que tiene una productividad mucho mayor— por una vía claramente peligrosa: un reducido crecimiento del PIB real por persona ocupada —Italia, casi nos triplica—, un estancamiento en la baja de tasa de actividad en que nos encontramos y, finalmente, contribuyendo a la destrucción de empleo neto y a un inevitable rebrote de la tasa de paro.

Datos económicos comparados

(a) Avance. (p) Previsión. (b) Inicial. (c) Actual.