El caso Ibercorp

No se puede decir que el caso de Ibercorp —un auténtico desastre, no por su volumen sino por el contexto financiero y político en que se sitúa—, considerado como la crisis de un banco, coja de sorpresa ni a las autoridades, ni al mundo empresarial y financiero, ni a los ciudadanos. Desde la crisis del Banco de Navarra, en 1978, hasta hoy, nos hemos podido pasear por un auténtico escaparate de crisis bancarias que, solucionadas acertada o erróneamente, siempre han terminado recayendo sobre las espaldas de los españoles. Esto último fue y es así bien por vías directas o indirectas: daño emergente; lucro cesante; menores beneficios del Banco de España; mayores tipos de interés de activo y menores de pasivo; y, en definitiva, más impuestos y no siempre invertidos acertadamente. Esos perjuicios, o al menos parte de ellos, también pueden referirse a los distintos procesos de reconversión distintos del financiero.

No cabe duda de que en el origen de las crisis bancarias —y con esta denominación nos referimos también a las de algunas cajas de ahorros y a bastantes cooperativas de crédito— está la deficiente política de distintos gobiernos y, sobre todo al principio, una carencia de facultades y competencias legales que dificultaron enormemente la actuación del Banco de España. Con la crisis del Banco de Navarra se crea apresuradamente la Corporación Bancaria, que a los pocos meses daría lugar al nacimiento legal de los respectivos Fondos de Garantía de Depósitos para la banca, las cajas y las cooperativas. Paulatinamente, se fueron haciendo más rigurosos el nivel de información de las entidades financieras al Banco de España, los criterios de contabilización, los requisitos de solvencia, la correcta clasificación de la calidad de los créditos y la correspondiente exigencia de provisiones, etc., al tiempo que se aumentaban y se reforzaban los servicios de inspección del Banco de España.

En otras palabras, en los últimos años se ha caminado en España hacia un rigor creciente en la legislación y en la supervisión de las entidades financieras, con el fin de detectar a tiempo los síntomas de una mala gestión o de hacer frente a la misma en el momento en que se descubriese. Está claro que una eficaz y continua supervisión e inspección es un elemento clave para evitar, amortiguar o solucionar —al menor costo posible para los afectados no culpables y para el conjunto de la economía del país— las consecuencias de una mala gestión bancaria, con la consiguiente exigencia de responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de la misma. Es difícil decir si en este momento la inspección del Banco de España dispone de los medios humanos y técnicos necesarios y suficientes para que sea eficaz. Sin duda, y con relación a hace diez o quince años, los avances en materia de inspección han sido notables.

Una eficaz y continua supervisión e inspección es un elemento clave para evitar, amortiguar o solucionar —al menor costo posible para los afectados no culpables y para el conjunto de la economía del país— las consecuencias de una mala gestión bancaria.

Pero en lo que no se ha avanzado —al revés, se ha retrocedido— es en la influencia del componente político y en la posible connivencia, en algunos casos, entre entidades financieras y poderes públicos. Hace muchos años, un editorial de «Diario 16» revelaba que, cuando el Banco de España propuso como mejor solución para la crisis del Banco de Valladolid la quiebra, esta medida fue vetada por el Gobierno y así se lo hizo saber a las autoridades del Banco emisor el vicepresidente Abril. Esto, puede ser anecdótico, ya que pudo haber acertado el vicepresidente del Gobierno; pero a partir de ese momento —y probablemente también en otros anteriores— comenzamos a padecer el efecto nefasto que puede tener la presión del Gobierno tanto sobre la política monetaria como sobre las labores de inspección, que en el caso español corresponden también al Banco de España. A ello habría que añadir, con todos los matices que los grandes banqueros estimen oportunos, que los tradicionales «siete grandes» funcionaron con frecuencia como un auténtico grupo de presión que, en ocasiones, hacía borrosa la libertad de competencia en el mercado financiero español.

El papel de la Banca

En este contexto, la situación se agravó con la llegada de los socialistas al poder, ya que nunca vieron con simpatía el papel de la Banca en la economía y en la sociedad española. Y, como era casi inevitable, buscando un buen fin: la modernización del sistema financiero y bancario, comienza a distinguirse entre instituciones en las que la modernización debía llevar incluso hasta la remoción de los más altos ejecutivos. (Esto, de alguna manera, ya había podido intuirse en los distintos criterios con que se afrontaron algunas crisis bancarias en el paso de los setenta a los ochenta). Se nos ocurre citar, por su evidencia, como ejemplos, el caso de Banca Catalana, el del Banco de Levante o los del Urquijo, Bankunion e Hispano. En este último caso conviene recordar que los grandes bancos tuvieron que participar en el saneamiento de la entidad y que uno de los tanteados para ser presidente fue Manuel de la Concha.

La culminación de esta aplicación de criterios distintos tuvo lugar —así lo reconocieron docenas y docenas de cualificados juristas españoles— en la expropiación de Rumasa. Técnicamente parece claro que este holding se encontraba en una situación que oscilaba entre la suspensión de pagos y la quiebra. Nada, por tanto, más razonable que permitir la suspensión de pagos o la quiebra, según fuese el caso. El tiempo demostró que las razones aducidas para la expropiación no se cumplieron. Luego, en fechas más recientes, tenemos las guerras de OPAS en las que, incomprensiblemente, algunas autoridades económicas y monetarias fueron claramente beligerantes: BB-Banesto, BB-BV, Cartera Central-Banco Central-Banesto…

Si se quiere buscar alguna diferencia entre la crisis de Ibercorp —y quizá del BEF— con relación a las de finales de los setenta y primera parte de los ochenta, quizá la fundamental sea que la de aquellos dos tiene un componente especulativo y bursátil, mientras que la de hace un decenio giró, básicamente, en torno a las crisis de los sectores industrial e inmobiliario. Pero, en todos los casos, el origen ha estado siempre en una mala gestión en la que surgen todos o parte de estos fenómenos negativos: concentración de riesgos; fijar como objetivo principal un crecimiento rápido, que casi necesariamente lleva a la sobreinversión; no calificar bien la calidad de los prestatarios y, por tanto, las posibilidades de recuperación de los créditos y préstamos; sobrepasar los niveles razonables de créditos a empresas del propio grupo, a empresas propiedad de altos directivos o a los directivos mismos, etc.

Soluciones

Inevitablemente, esta vía conduce a problemas de liquidez que tratarán de maquillarse elaborando la cuenta de resultados a partir del dividendo, contabilizando, para ocultar pérdidas, en unos casos según el criterio de devengo y en otros según el de cobro, pagando altos intereses para captar pasivo… y, paralelamente, cobrando altos intereses por los créditos y préstamos, olvidando, o no queriendo tener en cuenta, que el prestatario que paga tipos superiores a los de mercado suele estar, en el mejor de los casos, en una situación tan delicada como el banco que padece problemas de falta de liquidez. Como es evidente, de aquí a la quiebra no hay más que un paso.

Ante problemas encadenados de esta envergadura, cuya repercusión negativa para el sistema político de España es evidente, es necesario poner en marcha con urgencia una serie de soluciones técnicas del siguiente tenor:

• Admitir como principio general, y no como excepción, que una institución financiera pueda quebrar.
• Elevar el seguro de los Fondos de Garantía de Depósitos hasta una cifra comprendida entre los tres y cuatro millones de pesetas, con lo que siempre estarían salvados los ahorros de un porcentaje altísimo de los depositantes de las entidades financieras.
• Endurecer las responsabilidades civiles, mercantiles y penales.
• Regular las aportaciones de las entidades financieras a los respectivos Fondos de Garantía en función de un rating que orientaría a los depositantes.
• Reforzar los servicios de inspección, bien en el Banco de España, bien como institución independiente, y garantizar para las actividades de esos servicios una independencia total, de tal forma que, en último caso, el acierto o desacierto de sus valoraciones y sanciones sólo pudiese ser dirimido ante los Tribunales de Justicia.