El incordio de Gibraltar

Según el Diccionario de la Academia Española, «incordio» significa «buba» o «tumor». En sentido figurado, «cosa incómoda, agobiante o muy molesta». El problema de Gibraltar es, desde hace siglos, una incomodidad aunque no sea agobiante ni muy molesta. Por eso precisamente resulta un permanente incordio.

El ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, ha dicho en alguna ocasión que Gibraltar era «el esqueleto en el armario» para las relaciones entre España y el Reino Unido. Uno puede olvidarse del armario o jurarse que no va a abrirlo, pero nuestros interlocutores británicos saben que existe, nosotros lo sabemos también y es imposible, por muchos esfuerzos que hagamos unos y otros, que la relación, el buen entendimiento y hasta la amistad entre las dos naciones, socias en la CE y aliadas en la OTAN, se desarrolle «como si» no hubiera armario ni esqueleto.

Apertura de la verja

A finales de 1982, en plena euforia por el triunfo electoral, el primer gobierno socialista decidió abrir sin contrapartidas la verja o frontera que desde 1969 impedía el libre tránsito de personas, vehículos y mercancías entre Gibraltar y el territorio circunvecino. Casi diez años después de aquella decisión unilateral, inspirada seguramente en razones humanitarias, puede decirse sin miedo a errar que fue un disparate: no sólo facilitó la supervivencia futura de la colonia como entidad autónoma y autosuficiente, sino que cegó cualquier acuerdo negociado entre España y la metrópoli. Un curioso librito editado años después por el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el tema de Gibraltar omite la fecha y, por supuesto, también la efeméride, hasta tal punto fue una acción torpe, candorosa e… irresponsable. Dos años después de aquel gesto irreflexivo, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, intentó, con discutibles resultados, enmendar la plana firmando con su colega británico, Sir Geoffrey Howe, un acuerdo por el que se ponía en práctica la Declaración de Lisboa —abril de 1980— y se abría sin discriminaciones la famosa «verja» —hasta entonces era peatonal—, todo ello a cambio de una frase: «el establecimiento de un proceso negociador a fin de solucionar todas las diferencias sobre Gibraltar… incluidas las cuestiones de soberanía».

La inocencia generosa del gobierno socialista franqueó la frontera con la intención de que los gibraltareños, al conocer mejor la realidad circundante, apreciaran algo más a sus vecinos y al Gobierno de Madrid.

El acuerdo de Bruselas —27 de noviembre de 1984— abrió las puertas de la prosperidad a la colonia y no supuso avance alguno para la posición española. Al contrario, con la frontera abierta generosamente, lo que había sido un ghetto en los confines de Europa se convirtió con rapidez y sin excesivo esfuerzo para sus habitantes ni para la metrópoli en un oasis —sobre todo fiscal— de prosperidad. La inocencia generosa del gobierno socialista franqueó la frontera con la intención de que los gibraltareños, al conocer mejor la realidad circundante, apreciaran algo más a sus vecinos y al Gobierno de Madrid. Sucedió exactamente lo contrario: nunca los «llanitos» destilaron más inquina ni mayor soberbia contra España y los españoles que con la verja caída. La solución de «ósmosis» en la que tanto creyó el ministro Morán resultó, pues, un fracaso estrepitoso y no porque su sucesor hubiera actuado en este terreno con mejor o peor tiento, sino simplemente porque tras los disparates iniciales la solución del contencioso resultaba —sigue resultando— imposible. El tiempo no hizo más que enquistar esta «buba». O este incordio.

Nunca se sabrá —porque nadie lo dijo con claridad— si el Acuerdo de Bruselas fue la inevitable concesión española para entrar en el Mercado Común.

Nunca se sabrá —porque nadie lo dijo con claridad— si el Acuerdo de Bruselas fue la inevitable concesión española para entrar en el Mercado Común. Se rumoreó —pero nadie lo confirmó— que el veto británico a nuestra candidatura se hubiese mantenido mientras la «verja» siguiese en pie, aunque resulta un poco difícil de creer que un país occidental, democrático y, además, aliado, fuese capaz de promover cualquier veto para garantizar una situación colonial mil veces condenada por Naciones Unidas. Si así fue o así parecía, la opinión pública española tenía todo el derecho a saberlo. Como nadie lo advirtió, probablemente se trate solamente de un rumor sin fundamento, como suele decirse en los desmentidos diplomáticos.

Revolución

El caso es que, abierta la verja sin restricciones y firmado el acuerdo, se produjo en el Peñón una verdadera revolución: los gibraltareños dejaron de depender del Arsenal, el aeropuerto y demás organismos oficiales británicos para convertirse en prósperos hombres de negocios, funcionarios de bancos, negociantes y tenderos.

En 1982, más del 50% de los puestos de trabajo que generaba Gibraltar dependían de la administración colonial o sus aledaños. En la actualidad, según acaba de declarar el «ministro principal» José Bossano, sólo 1.800 puestos de trabajo de los 14.000 existentes tienen relación con esta administración. Estas cifras tal vez describan de forma incompleta la «revolución gibraltareña»: entre 1982 y 1992 se instalaron en el minúsculo territorio 30 bancos, más de 10.000 empresas offshore, decenas de sucursales de empresas financieras, despachos jurídicos internacionales y navieras. El volumen de negocio que el año pasado se produjo en Gibraltar superó los setecientos mil millones de pesetas; la inversión extranjera rozó los noventa mil millones. El Peñón es hoy un paraíso fiscal, donde se blanquea dinero de dudosa procedencia y se promueve el contrabando dirigido hacia la Península Ibérica y Marruecos con pleno conocimiento y lucro de las autoridades locales. En Gibraltar no hay parados, ni pobres ni drogadictos; en cambio, en el llamado Campo de Gibraltar —La Línea, San Roque, Jimena, etc.— se supera con mucho la media nacional tanto en desempleo como en delincuencia. Gibraltar sigue siendo un ghetto de… riqueza en medio de un océano de marginación y subdesarrollo.

El Peñón es hoy un paraíso fiscal, donde se blanquea dinero de dudosa procedencia y se promueve el contrabando dirigido hacia la Península Ibérica y Marruecos con pleno conocimiento y lucro de las autoridades locales.

Aeropuerto

El 3 de diciembre de 1987, tras interminables conversaciones, España y el Reino Unido firmaron una Declaración sobre el uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar. La Declaración fue el motivo, uno más, para que se echaran al vuelo los botafumeiros de la prensa gubernamental y sus aledaños, se felicitara a los dos gobiernos por la sensatez del acuerdo, se prometiera una nueva era para las relaciones bilaterales. La Declaración describía con todo lujo de detalles el sistema de utilización conjunta del aeropuerto, las categorías de pasajeros, las medidas de seguridad aérea y control de tráfico, etc., etc. Se trataba, simplemente, de poner en marcha el proceso.

Nunca se hizo porque los británicos, una vez más, faltaron a su palabra, sometieron la implementación del acuerdo a la opinión de los gibraltareños —que, lógicamente, se oponen a cuanto consideran que puede significar concesión o ventaja para los vecinos— y las cosas están como estaban.

Esperpento

Aquí podría concluir esta amarga y reciente reflexión colonial si en los últimos días no se hubiera producido un suceso que roza el esperpento y refleja a la perfección las características del incordio gibraltareño.

«¿Qué quieren? En alguna parte tienen que entrenarse, aquí no hay sitio», respondió el «ministro principal» José Bossano cuando se le interrogó sobre el esperpento.

El pasado 26 de febrero un capitán del regimiento «Gibraltar», con base en el Peñón, falleció en Sierra Nevada cuando, junto con un grupo de subordinados, realizaba ejercicios de entrenamiento paramilitar en la montaña. La información procedente de Gibraltar sólo fue retomada por algunos medios días después, cuando todos la habían olvidado. Se trataba, naturalmente, de un olvido interesado porque los periodistas tiraron del hilo y descubrieron cosas, como mínimo, sorprendentes: en primer lugar, que estos ejercicios paramilitares del regimiento se celebraban en territorio español desde 1986, sin permiso ni comunicación previa; que estos ejercicios se llamaban «Zorro nevado» y que en los mismos participaba anualmente una sección del regimiento; que ni el Ministerio de Defensa español ni los servicios de inteligencia que de él dependen habían hecho la más mínima investigación sobre la muerte en Sierra Nevada del capitán; que todas las tardes miembros del regimiento en cuestión —todos ellos originarios de Gibraltar— hacían ejercicios gimnásticos en formación en la explanada que se encuentra al otro lado de la verja en territorio español y previo paso de aduana y frontera; que todo el mundo en Gibraltar y en La Línea sabía de tales ejercicios salvo… las autoridades competentes españolas. O que si lo sabían habían preferido callárselo para no incomodar al amigo inglés…

Tal cúmulo de disparates, casi todos ellos confirmados por los propios británicos, llevó a que finalmente el gobierno presentase una nota verbal de protesta al embajador del Reino Unido en Madrid y a la oposición —que al parecer se nutre exclusivamente en su labor parlamentaria de cuanto publica la prensa— una serie de preguntas al gobierno. Quince días después de que se produjese el accidente de Sierra Nevada, no faltaría más…

«¿Qué quieren? En alguna parte tienen que entrenarse, aquí no hay sitio», respondió el «ministro principal» José Bossano cuando se le interrogó sobre el esperpento.