El Banco de España en el camino de Maastricht

El acuerdo más importante de los alcanzados en la cumbre comunitaria de Maastricht es, sin duda, el referido al diseño de un plan para lograr la unión monetaria europea antes de que concluya esta década. Para los políticos y la opinión pública, lo más llamativo de este proyecto son las condiciones de convergencia con respecto a tasas de inflación, tipos de cambio, tipos de interés, déficit presupuestarios y deuda pública, que deberá cumplir cada país para su integración en el programa de unión monetaria. Pero el acuerdo significa bastante más.

En el documento oficial que recoge los resultados de la reunión se incluyen casi una docena de protocolos, el primero de los cuales tiene una especial relevancia. Se trata del protocolo que desarrolla el Estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales, en el que se diseña una organización piramidal, en cuya cúspide se encontrará el nuevo Banco Central Europeo, que será la institución que rija todo el sistema. Si este proyecto llegara realmente a llevarse a cabo, habríamos entrado en una nueva etapa histórica en la que cada banco central nacional, entre ellos el de España, perdería su autonomía —o, más bien, en muchos casos, la dependencia directa de su gobierno— y pasaría a ser parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Y la actuación de cada uno de ellos, como se indica claramente en el Estatuto, debería ajustarse a las orientaciones e instrucciones del Banco Central Europeo.

Proceso histórico

Los bancos centrales no son instituciones creadas de la nada a partir de un proyecto de ingeniería social. Su evolución, por el contrario, ha ido modificando su estructura y organización; y ha hecho falta un largo proceso histórico para que llegaran a asumir las funciones que hoy suelen considerarse indisolublemente ligadas a ellos: tener carácter público, disfrutar del monopolio de emisión de billetes, ser banqueros de los estados, actuar como bancos de banqueros, supervisar el funcionamiento de los sistemas financieros y dirigir las políticas monetarias nacionales.

No siempre desempeñaron un papel tan importante, sin embargo. Y nuestro Banco de España es una buena muestra de que algunas de esas funciones las asumieron simplemente por razones de oportunidad o en situaciones de crisis. Pocos hechos hay en la historia económica de nuestro país más llamativos, en efecto, que la concesión del monopolio de emisión al Banco de España por un ministro —Echegaray— a quien le gustaba muy poco lo que estaba haciendo. Decía la exposición del decreto de 19 de marzo de 1874, tras explicar la lamentable situación en la que se encontraba el crédito público, que la concesión de este privilegio —que se suponía temporal— se hacía «cediendo a las exigencias de la realidad», y que, en ningún caso, la circulación fiduciaria única tendría como objetivo «venir al curso forzoso, que fuera el último de los desastres y la mayor de las calamidades económicas».

Control gubernamental

Pero el curso forzoso acabaría estableciéndose; y recibiría respaldo legal tras la guerra civil. Más tarde, en 1962, se nacionalizaría el banco, con lo que la institución emisora quedaba convertida en un organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda. Nunca ha sido el Banco de España, por tanto, autónomo frente al poder político en su historia reciente. Y los efectos de esta falta de independencia se han dejado sentir, y se siguen notando, en nuestra economía.

Nunca ha sido el Banco de España autónomo frente al poder político en su historia reciente. Los efectos de esta falta de independencia se han dejado sentir, y se siguen notando, en nuestra economía.

En un artículo publicado el pasado mes de enero en las páginas de The Economist se presentaban unas correlaciones llamativas entre el grado de independencia de los bancos centrales de los principales países de la O.C.D.E., por una parte, y las tasas de inflación y los niveles de paro experimentados por estos países entre 1951 y 1988, por otra. Los datos mostraban con claridad que la falta de autonomía del banco central —el de España está considerado como uno de los menos independientes— se correspondía con los niveles más elevados de inflación y paro.

En mayor o menor grado, todos los países han sufrido este problema de control gubernamental del banco central. Desde el poder político se ha venido viendo esta institución, sobre todo a partir de la segunda guerra mundial, como un instrumento útil para lograr objetivos de política económica, a menudo ligados a los planes electorales del partido en el poder. La propia teoría económica dominante reforzó, durante algún tiempo, esta posición. Frente a la vieja tradición defensora de la estabilidad monetaria, la «nueva» política económica creía que la oferta monetaria debería ser manejada de forma discrecional para conseguir el pleno empleo y el crecimiento económico. Los resultados están a la vista. La estabilidad de precios, que permitió, por ejemplo, que la capacidad de compra de una libra esterlina fuera prácticamente la misma al final de las guerras napoleónicas y en 1914, pasó a la historia; y la inflación se convirtió en un problema que nos hemos acostumbrado a considerar permanente.

Garantizar el valor del dinero

Si los acuerdos de Maastricht se hubieran firmado hace, por ejemplo, veinte años, seguramente habría prevalecido en ellos esta concepción de las funciones de un banco central. Pero, afortunadamente, hemos aprendido mucho desde entonces. Hoy se cree de nuevo en el viejo principio de que el instituto emisor tiene como principal misión garantizar el valor del dinero. Y tal principio se acepta explícitamente en el Estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales. No parece haber desacuerdo alguno con respecto a esto, al menos en el campo de la teoría. Pero existen, en cambio, serias dudas en lo que se refiere a su aplicación práctica, ya que no tenemos garantías suficientes de que los mecanismos diseñados por el Estatuto aseguren la independencia del nuevo Banco Central Europeo y de que los estados nacionales vayan a abandonar su tendencia a utilizar el banco central como instrumento de política económica. En otras palabras, no es fácil creer que la autonomía que no han concedido a sus propios bancos vayan a reconocerla sin problemas a uno nuevo por el simple hecho de que sea supranacional. Y de ello dependerá, seguramente, la estabilidad de los precios en Europa durante muchos años.

Uno de los argumentos más utilizados en nuestro país para defender el actual modelo de unión monetaria europea es, precisamente, la desconfianza que inspira lo que en el futuro pueda hacer el Banco de España.

Uno de los argumentos más utilizados en nuestro país para defender el actual modelo de unión monetaria europea es, precisamente, la desconfianza que inspira lo que en el futuro pueda hacer el Banco de España. Si se piensa que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, es lógico creer que nosotros, que nos encontramos entre los primeros, debemos seguir al banco central alemán, al que, de momento, sólo le falta un ojo. Probablemente esta solución será útil para lograr una mayor estabilidad de la peseta a largo plazo. Pero, viendo el problema con una mayor amplitud de miras, resulta bastante preocupante el pensar en una corte de ciegos y tuertos poniéndose de acuerdo para decidir la política monetaria europea.