Responsabilidad pública y presunción de inocencia

La polémica sobre el efectivo alcance de la corrupción en nuestra vida política está poniendo de relieve, en unos y otros, una indiscriminada falta de entrenamiento sobre aspectos elementales de la relación entre ética y política.

Los hombres públicos afectados por la onda expansiva del escándalo de turno intentan, en un curioso desdoble de personalidad, refugiarse en actitudes propias de los ciudadanos de a pie. Recuerdan que la Constitución considera la «presunción de inocencia» como uno de los derechos fundamentales y afirman con énfasis que en todo momento han cumplido escrupulosamente la ley.

El ciudadano —escandalizado por la escasa eficacia del ordenamiento jurídico a la hora de desterrar conductas que repugnan al más elemental sentido común— tiende a considerarlo como un instrumento más del entramado dispuesto para que unos listillos se lo monten a su gusto a costa del procomún.

No parece, pues, superfluo recordar algunas cuestiones elementales. No es ninguna sugerencia novedosa afirmar que el hombre público —por el mero hecho de no renunciar a serlo— se sitúa en un contexto bien distinto al del ciudadano de a pie. Basta recordar la nada escasa jurisprudencia constitucional sobre los posibles conflictos entre los derechos al honor o a la intimidad y el derecho a dar y recibir información veraz.

A la hora de atribuir la «carga de la prueba» —aspecto decisivo de nuestro problema— la posición del hombre público y del ciudadano privado es diametralmente distinta. En el segundo caso los derechos al honor y a la intimidad juegan con carácter prioritario; quien se arriesgue a rozarlos asumirá la carga de probar que su actividad informativa está sirviendo a un interés público capaz de compensar su sacrificio. Por el contrario, cuando sobre hombres públicos se informa, los derechos al honor y a la intimidad —sin desaparecer, como es lógico— quedan inicialmente supeditados a los del informador, que está contribuyendo a forjar esa «opinión pública» que sería el fundamento del pluralismo democrático.

Algo parecido ocurre con la «presunción de inocencia». Ésta implica que todo ciudadano particular ha de ser considerado inocente, y tratado como tal, hasta que alguien legitimado para ello le acuse de un delito y sea capaz de probar su culpabilidad. Por otra parte, otro principio jurídico elemental señala que nunca hay delito ni pena si no han sido previamente fijados por una ley. En principio, pues, a todo ciudadano le está permitido hacer lo que una ley no le prohíba.

En los hombres públicos entra, por el contrario, en juego una «presunción de responsabilidad». Basta que un hecho le sitúe en una tesitura capaz de afectar a la confianza que el ciudadano en él ha depositado para que haya de asumir la carga de aclarar el entuerto. El tribunal al que se enfrenta es el de la «opinión pública» —depositario privilegiado de la confianza en juego— y es a ella a la que de modo inmediato ha de dirigirse.

En los hombres públicos entra en juego una «presunción de responsabilidad». Basta que un hecho le sitúe en una tesitura capaz de afectar a la confianza que el ciudadano en él ha depositado para que haya de asumir la carga de aclarar el entuerto.

Ningún hombre público ignora que en política las cosas «son» siempre como «parecen», resultando ociosa la tópica cita a la mujer del César.

Producido el hecho que empaña la confianza del público, el político no puede esperar a que alguien le acuse —y menos aún a que pruebe— para aportar las oportunas explicaciones. O restablece la confianza deteriorada o se va a su casa. De ella sólo podrá sacarle el ordenamiento penal, «presunción de inocencia» que —ahora sí— como ciudadano le ampara.

El hombre público no puede comportarse convencido de que todo lo que la ley expresamente no le prohíbe le está permitido. Eso sería tanto como pretender promulgar un código casuístico y exhaustivo de los ingredientes de la confianza pública. Ninguna cocina suele estar presidida por un imperativo categórico del tipo de «prohibido asar la manteca». Toda conducta capaz de afectar la confianza en él depositada por los ciudadanos le estará vedada. En los países anglosajones, donde la tradición ha forjado un exigente entramado de «virtudes públicas», ni siquiera el ámbito de la intimidad queda excluido de este control ciudadano, con no poca sorpresa del latino medio.

El hombre público, en resumen, ha de ganarse la confianza de los ciudadanos, convirtiendo su actividad en una cotidiana prueba de que es de fiar. Apelar a textos legales equivale a refugiarse en un anonimato al que —para bien o para mal— ha renunciado. Si, para colmo, apelara al Código Penal, estaría sugiriendo que para dedicarse a la política bastaría con no ser un delincuente convicto y confeso; original modo de ganarse la pública confianza…

Luz y taquígrafos

A la actividad política acaba, en consecuencia, siéndole de aplicación un peculiar imperativo: «no hagas ni digas nunca nada que no pueda ser de dominio público sin quebranto de la confianza que a los ciudadanos has de merecer». En política todo aquello que esquiva la publicidad, que se oculta, que no se presenta, está condenado a resultar «impresentable». No es con normas legales casuísticas sino con proliferación de luz y taquígrafos como se evita la corrupción. Cuando se eliminan los escasos puntos de luz instalados en el ordenamiento jurídico y cualquier periodista que empuñe la más moderna linterna se ve tratado como un delincuente potencial, hemos comenzado a recorrer el sendero del despropósito.

¿Habrá que promulgar una ley que impida a los gobernadores del Banco de España que participen en juegos en los que inevitablemente acabarán conociendo las cartas de los vecinos?

Basta aplicar consideraciones tan elementales como las expuestas para entender la crispación que rodea a recientes acontecimientos.

¿Qué es lo primero que debe hacer un vicepresidente del Gobierno cuando todo indica que un fraterno pariente ha convertido su propio despacho en el centro de operaciones de atípicos negocios? Willy Brandt, socialista donde los haya, no habría tardado mucho en responder. Cuando se vio en una situación incompatible con la confianza que un hombre público ha de merecer, se ahorró tachar a los democristianos de desestabilizadores, rehusó argüir que no se había embolsado un marco o echar la culpa al espía a quien había abierto su despacho, y no se le ocurrió sugerir «en los tribunales os espero», exigiendo ser tratado mientras como inocente. Se fue a su casa y punto. Por eso siguió siendo un político respetable.

¿Habrá que promulgar una ley que impida a los gobernadores del Banco de España que participen en juegos en los que inevitablemente acabarán conociendo las cartas de los vecinos? ¿Esperaremos a que se penalice a quien se muestre tan lego en geografía como para pensar que hay notables minorías kurdas en Angola?

Confianza ciudadana

Por ahí no contribuiríamos demasiado a alimentar la confianza ciudadana. Pero todo ello se complica si lo completamos con un diseño deliberado en el que —tras implantar en el ámbito público el principio de que todo lo no legalmente prohibido se entenderá permitido— proliferan leyes que colocan la esfera de lo público bajo el anárquico imperativo «prohibido prohibir». Reprivatizaciones a cencerros tapados —con mayores posibilidades de control por las instancias de las Comunidades Europeas que por los órganos de control autóctonos—, venta clandestina de sedes sociales de organismos paraestatales —gubernamentales, de hecho, a la hora de los nombramientos—, ampliación de los actos «políticos» cuya discrecionalidad escapa a toda fiscalización por los tribunales…

El final de la historia no será sólo un desprestigio global de la clase política, que lleva visos de resultar imparable, sino algo aún más grave: la pérdida de confianza por parte de los ciudadanos no ya en los políticos sino en ese ordenamiento jurídico, al que se remite continuamente la imposible solución de tanto desaguisado. Cuando la fuente de las sanciones coactivas, y de las limitaciones a la propia libertad, se muestra incapaz de evitar atentados al más elemental sentido de la honestidad, su legitimidad puede acabar viéndose gravemente en entredicho.