El tratado sobre desarme convencional en Europa, firmado en París el 19 de noviembre de 1990, ha supuesto la colocación de un pilar fundamental en la nueva arquitectura de seguridad europea. Frente a las negociaciones MBFR que se desarrollaron durante quince años sin ningún resultado, estas conversaciones CFE han tenido una duración inferior a los dos años.

Los representantes de los veintitrés países de la OTAN y del Pacto de Varsovia se reunieron en el palacio de Hofburg y acordaron iniciar el proceso negociador según el mandato establecido, que incluía tres tipos de sistemas: carros de combate, vehículos acorazados y artillería.

Los objetivos de la negociación estaban suficientemente claros: eliminar las disparidades perjudiciales para la estabilidad internacional y la seguridad en Europa, el establecimiento de un equilibrio de fuerzas convencionales a niveles más bajos de los que hasta entonces existían, incrementando así la estabilidad y la seguridad, y la eliminación de la capacidad de lanzar un ataque por sorpresa.

Los tres tipos de sistemas que inicialmente se incluían eran considerados fundamentalmente en el lanzamiento de un ataque por sorpresa, dada su movilidad y capacidad de fuego, asunto sobre el que se había venido discutiendo durante muchos años en la OTAN, en función de la significativa disparidad existente en el frente central. Una diferencia superior a tres a uno en carros de combate y artillería en favor del Pacto de Varsovia y superior de cinco a uno en vehículos acorazados de combate. La doctrina militar soviética, además, había estructurado estas fuerzas para el ataque.

Las reducciones se preveían, en consecuencia, sustancialmcnte asimétricas, teniendo en cuenta, de forma peculiar, el acuerdo INF, donde ya se había plasmado el principio de la asimetría en las destrucciones.

En cuanto a las propuestas, hemos de decir que no fueron muy diferentes las de las dos alianzas. A diferencia de las negociaciones MBFR, no se ceñirían a Europa central, sino que se estableció un marco geográfico más amplio, del Atlántico a los Urales (ATTU). Dentro de este marco, la OTAN propuso establecer cuatro subzonas; el Pacto de Varsovia prefirió inicialmente proponer tres zonas: central, adelantada y de retaguardia. En cada una de estas zonas quedarían establecidos los límites a las categorías de armas que se iban a incluir en la negociación.

Reducción soviética

La Unión Soviética había anunciado el 7 de diciembre de 1988 una reducción unilateral de 50,000 hombres estacionados en Europa del Este y el 7 de marzo, antes del inicio de la negociación, había señalado que su Ejército se reduciría en 500.000 hombres, 10.000 carros de combate y 8.500 piezas de artillería, iniciando una restructuración. En este sentido vieron en las conversaciones CFE un vehículo adecuado para la realización de estos planes.

En mayo se hicieron públicas unas propuestas del presidente George Bush que propugnaban la inclusión en las negociaciones de los aviones de combate, los helicópteros y también las tropas de los Estados Unidos y la Unión Soviética estacionadas fuera de sus fronteras. El 29 de este mes, la OTAN dio el visto bueno a las propuestas del presidente estadounidense, quedando la posición inicial de la OTAN estructurada numéricamente así:

1. 20.000 carros de combate para cada alianza en el ATTU.
2. 16.500 piezas de artillería de campaña para cada alianza en el ATTU.
3. 28,000 vehículos acorazados de combate para cada alianza en el ATTU.
4. 5-700 aviones de combate para cada alianza en el ATTU.
5. 1.900 helicópteros de combate para cada alianza en el ATTU.
6. 275.000 hombres de cada uno de los Ejércitos de los Estados Unidos y la Unión Soviética, fuera de sus fronteras.

La posición inicial del Pacto de Varsovia varió en los siguientes apartados:

2. 24.000 piezas de artillería para cada alianza en el ATTU.
3. 1.500 aviones de ataque para cada alianza en el ATTU.
4. 1.350.000 hombres para cada alianza y 350.000 para los Estados Unidos y la Unión Soviética. fuera de sus fronteras.

Junto a estas cifras se establecieron otras limitaciones, de tal manera que ningún país pudiera tener más allá de un determinado porcentaje de las cifras globales de cada alianza. Esto vino a denominarse la regla de la suficiencia. La OTAN propuso un porcentaje del 30% y el Pacto de Varsovia un porcentaje del 35-40%.

De las posiciones de partida se deducía que la Unión Soviética había de destruir muchos miles de carros de combate, artillería y vehículos acorazados de combate, mientras que las reducciones de los Estados Unidos y de la OTAN en general iban a ser muy inferiores, unos 3.600 carros de combate, 1.200 piezas de artillería, 6.025 vehículos acorazados de combate, 0 aviones y 335 helicópteros.

Aunque las propuestas iniciales no eran muy diferentes, desde el principio de la negociación existieron significativos desacuerdos de detalle, en concreto sobre las definiciones de carro de combate, vehículos acorazados de combate, piezas de artillería. los tipos de aviones a incluir y los helicópteros de combate.

Pero los problemas de mayor entidad se van a presentar a partir de la caída del muro de Berlín y la progresiva liberación de los países del Pacto de Varsovia. El progresivo desmoronamiento de este Pacto con las demandas y expectativas de reducción de las fuerzas de la Unión Soviética destacadas en cuatro de estos países, ponía en cuestión la arquitectura de seguridad que la Unión Soviética había previsto, y pasaba también a primer plano la unificación de Alemania, la presencia de tropas extranjeras en territorio alemán y el número de fuerzas de los dos Estados alemanes.

Estancamiento

De esta forma, tras las nuevas propuestas sobre límites numéricos en los soldados de la Unión Soviética y Estados Unidos, fuera de sus fronteras, realizadas por el presidente George Bush en el discurso sobre el estado de ¡a Unión, inicialmente aceptadas en la conferencia de Ottawa, se llegó a un estancamiento en las negociaciones.

Así, en mayo y junio de 1991, la Unión Soviética trató de introducir un nuevo esquema que reemplazase el sistema de alianzas, y los Estados Unidos, poco convencidos, aceptaron construir una nueva arquitectura de seguridad expandiendo el papel de la CSCE, pero haciéndolo depender de la firma del tratado CFE. En julio, en la cumbre de Londres, la OTAN dio su visto bueno a la institucionalización de la CSCE. Tras esto, la Unión Soviética dio luz verde a la unificación de Alemania, aceptando este país limitar sus tropas a 370.000 hombres en tres o cuatro años. La posposición de la negociación sobre tropas quedó así sentenciada.

De esta forma, en agosto sólo estaba acordado entre el 25 y el 30% del texto, quedando por resolver temas como los límites numéricos de artillería, la definición de la regla de la suficiencia, la definición de las categorías de aviones y helicópteros, así como numerosos detalles técnicos sobre verificación, destrucción e intercambio de información.

El impulso final tuvo lugar en octubre, en la reunión de la CSCE en Nueva York, donde Eduard Shevardnadze y James Baker ataron los cabos más discordantes de la negociación, llegándose a las cifras globales siguientes:

1. 20.000 carros de combate para cada alianza en el ATTU.
2. 20.000 piezas de artillería para cada alianza en el ATTU.
3. 30.000 vehículos acorazados de combate para cada alianza en el ATTU.
4. 2000 helicópteros de combate para cada alianza en el ATTU.
5. 6.800 aviones de ataque para cada alianza en el ATTU.

Adjunta s al tratado se incluyen varias declaraciones políticas. Con respecto a los aviones navales permanentemente basados en tierra, uno de los problemas más complicados en la negociación, una declaración permite que cada grupo de Estados mantenga 430 de estos aviones. Otra declaración recoge el compromiso de no incrementar el número de tropas en el área de aplicación hasta la finalización de las negociaciones subsiguientes sobre tropas. Y Alemania declara en otro apartado que reducirá sus fuerzas a 370.000 hombres en tres o cuatro años.

En cuanto a la regla de la suriciencia, queda establecido un límite de 13,300 carros de combate, 13.700 piezas de artillería, 20.000 vehículos acorazados, 1.500 helicópteros y 5.150 aviones. En lo que respecta a los aviones navales permanentemente basados en tierra, el límite se fija en 400.

Los límites establecidos para España son 794 carros de combate, 1.588 vehículos acorazados de combate. 1.310 piezas de artillería, 310 aviones y 71 helicópteros de combate. Considerando que España posee 856 carros de combate, en buena parte obsoletos, 1.310 piezas de artillería y 1.258 vehículos acorazados de combate, las reducciones sólo afectarán a 62 carros de combate, pudiendo incrementar sustancialmente el número de vehículos acorazados de combate. Asimismo, podrá recibir transferencias significativas de carros de combate de los Estados Unidos, comprometiéndose a la destrucción de las cantidades sobrantes. Se calcula que el inventario de carros españoles en los próximos años estará constituido por 300 carros MX modernizados y 500 carros M-60 y A-3, Las transferencias en las otras categorías serán menores. En cuanto a los aviones, España podrá incrementar sus existencias actuales. Y en cuanto a helicópteros, el límite de 71 helicópteros de combate puede parecer significativo si se compara con las existencias actuales de 21; pero 110 si se compara con las de otros países como Italia, que pueden tener el doble, o Francia, que puede tener cinco veces más. ¿Qué fuerza de despliegue rápido se quiere poner a punto con sólo estos helicópteros de combate?

Para concluir diremos que el tratado no ha sido todavía ratificado. La Unión Soviética durante la negociación transfirió numerosos equipos más allá de los Urales para evitar su destrucción, rompiendo así con el espíritu del tratado, y convirtió tres divisiones de infantería motorizada en fuerzas de defensa costera y reasignó otras fuerzas a unidades anfibias para la protección de fuerzas nucleares estratégicas, para evitar así la destrucción de material, al estar este tipo de fuerzas fuera del mandato de la negociación. También se comprobó que la Unión Soviética mantenía fuerzas en determinadas zonas de las que se había informado su retirada o disolución.

Estos puntos dieron lugar a serias controversias en el grupo consultivo conjunto. La OTAN se dio cuenta que con quien había que negociar no era ya con el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, sino con la cúpula militar de este país. A principios de febrero, el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en una audiencia de la Cámara de Representantes, recomendó que no se ratificara el tratado hasta que estos problemas no se resolvieran.

Todo parece indicar que tras un intercambio de cartas entre Gorbachov y el presidente Bush y la entrevista en el Cáucaso de James Baker con el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, estos problemas se allanarán, comprometiéndose la Unión Soviética a disolver las tres divisiones de defensa costera, o al menos destruir unas cantidades de equipos similares.

La sociedad española acaba de saborear tas mieles de uria corta pero intensa expansión económica. Durante el período que discurre entre la segunda mitad de 1985 y la primera de 1990, la producción aumentó en el entorno del 5%, la inversión se incrementó a ritmos del 14% y la creación de empleo experimentó un formidable avance, hasta el punto de registrar tasas sencillamente desconocidas. Sin embargo, el excesivo escoramiento de nuestro modelo de crecimiento hacia la demanda interna (cuya velocidad superaba con holgura a la de la producción) provocaría el resurgir de dos viejos fantasmas, la inflación y el déficit comercial con el exterior.

Una política insuficiente

El saneamiento y la flexibilización de la economía, conseguidos tras una larga etapa de ajuste, facilitaron la posterior recuperación, propiciada por un contexto internacional más favorable. En efecto, la propia fuerza de ia fase expansiva del ciclo vivida por la mayoría de los países desarrollados, el empujón que supuso el descenso del precio del petróleo y la caída del dólar y los efectos de nuestro precipitado ingreso en la Comunidad Económica Europea, que facilitó la afluencia masiva de 1a inversión extranjera, actuaron como acicates de la reactivación de la economía española. Ésta consiguió movilizar los abundantes recursos que estaban ociosos. Pudo constatarse así que el potencial de crecimiento era muy superior a lo que desde el pesimismo anterior se podía inferir.

Sin embargo, la política económica aplicada en la etapa de expansión de la economía no ha estado a la altura de las circunstancias. Su principal defecto ha sido su manifiesta incapacidad para facilitar el tránsito hacia un modelo de crecimiento más equilibrado, en el que el sector exterior no supusiera un lastre. Para elto, el crecimiento debería haberse basado más en las exportaciones y haber dispuesto más del ahorro interno.

La corrección de los desequilibrios internos se ha abordado casi exclusivamente a través de una dura restricción monetaria, que se ha servido de un instrumental demasiado heterodoxo (restricciones directas al crédito interior y al exterior). El propósito era recortar la demanda, pero sin distinguir entre sus componentes, el consumo y la inversión, que ha salido perdedora en el envite. Entretanto, la política presupuestaria ha mantenido un tono innecesariamente expansivo, sin que en el seno del gasto público se produjera una reestructuración de sus partidas (corriente y de capital) de intensidad similar a la ocurrida en el sector privado, mientras la presión fiscal avanzaba sin continencia, sin por ello conseguir la desaparición del déficit público.

Salarios

Por otro lado, el duro enfrentamiento político entre el Gobierno y los sindicatos, que tuvo su manifestación álgida en la huelga general del 14 de diciembre de 1988, redundó en una progresiva aceleración de los salarios. Este proceso debe observarse con recelo por un triple motivo: ha constreñido los beneficios empresariales, secando una de las fuentes primordiales de la inversión; ha restado competitividad internacional a nuestra producción y ha encarecido el factor trabajo, contribuyendo a frenar la creación de empleo.

Finalmente, la política económica no ha aprovechado el tiempo de bonanza económica para realizar nuevas reformas estructurales, encaminadas a aumentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación tanto del sector privado como del público. La política de oferta ha sido la gran ausente.

En los primeros meses de 1991 la economía española viene registrando un aumento de la producción más sosegado, bastante próximo al de la demanda interna, equilibrio que podría mantenerse para el conjunto del año. De ser así, no se perjudicarán los problemas básicos (inflación y déficit exterior), pero no queda garantizado que su corrección discurra al ritmo deseado. Por un lado, el sector exterior ha frenado su deterioro, pero por otro los precios ofrecen signos evidentes de resistencia al descenso, de modo que tan sólo el buen comportamiento de los alimentos explica su desaceleración en los primeros compases del año, mientras la inflación subyacente continúa demasiado alta.

Hacia un mayor equilibrio

Uno de los rasgos más inquietantes de la presente coyuntura es la deprimida situación de la inversión. En su componente de bienes de equipo, esta variante, esencial para la creación de empleo y para la modernización del aparato productivo, está descendiendo en términos reales, acosada por una serie de circunstancias adversas, entre las que figuran el deterioro de las expectativas motivado por la compleja situación de la economía internacional y el parón de los beneficios empresariales. Y, desde luego, no está claro que la inversión pueda superar su postración a corto plazo.

A pesar de las incertidumbres, la situación de la economía supone una excelente oportunidad para que, por fin, nuestro crecimiento evolucione hacia cotas más estables. La clave es aumentar la competitividad de la producción española de bienes y servicios: a la postre, se trata de incrementar las ventas en el exterior, de resistir con éxito la dura competencia de las importaciones y de preservar la atracción de la inversión extranjera. El gran mercado interior europeo de 1993 constituye una ocasión para potenciar nuestro desarrollo económico, pero también implica considerables riesgos que habrá que sortear con habilidad.

Sin duda, la economía española goza de singulares ventajas comparativas, que actúan de polos de atracción para la inversión extranjera. Además, las exportaciones de bienes se están comportando bastante bien, en parte por la propia debilidad de la demanda interna, pero también por la mejora de la competividad derivada del importante esfuerzo inversor realizado en el último cuatrienio.

Ahora bien, una cosa es que la situación actual no sea dramática y otra que pueda considerarse satisfactoria. La mejora de la competitividad es una necesidad perentoria de la economía española. Por un lado, las variables de nuestro comercio exterior (exportaciones e importaciones) siguen teniendo una participación en el PIB inferior a la de los países de la CEE. Y, desde luego, la productividad del factor trabajo es menor en nuestro caso que la conseguida por la mayoría de las naciones desarrolladas. Además, el mantenimiento de un elevado diferencial de inflación (respecto de la que registran los países centrales del SME). en paralelo con la fortaleza de la cotización de la peseta, está llevando a la desaparición de las que han sido nuestras tradicionales ventajas comparativas.

Inversión

La consecución del objetivo primordial de mejorar la competitividad de la economía española pasa por el logro de las siguientes nietas:

a) Reducir la inflación hasta acercarla al 3% que tienen los países centrales del SME. Ello permitiría disminuir los tipos de interés y restar atractivo a la entrada de capitales a corto, aliviando las tensiones alcistas sobre la cotización de la peseta.

b) Moderar los costes empresariales, con especial énfasis en los salarios. En efecto, las rentas salariales son determinantes de los costes de producción y condicionan la creación de empleo, la inflación y el propio crecimiento económico. A medida que se progresa en la consecución del gran mercado interior europeo, es mayor la atención a prestar a la evolución de los costes laborales por unidad de producción. habida cuenta que no puede utilizarse el tipo de cambio para corregir sus diferencias entre países.

c) Aumentar la calidad de la producción, para lo cual se exige mantener un elevado ritmo de inversión (lo que a su vez requiere potenciar el ahorro), encaminada a modernizar el equipamiento de capital, así como perfeccionar la cualificación del factor trabajo, hoy por hoy deficiente, como se constata por el elevado número de puestos que no se cubren por falta de personal cualificado.

d) Flexibilizar la economía, para que responda con agilidad a los cambios de la demanda, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A tales efectos, hay que remover los obstáculos y barreras de diversa clase (legales, tributarios y burocráticos) que dificultan el nacimiento de nuevas generaciones de empresas, desregular sectores y mercados esenciales para el funcionamiento de la economía (sistema financiero, mercado de trabajo, energía) y aumentar la competencia en los ámbitos más protegidos frente al exterior (servicios), así como implantar el espíritu y la disciplina de mercado en las actividades que los desconocen (sector público).

La consecución de los objetivos anteriores implica una modificación sustancial de la política económica. Por un lado, ésta habría de ganar más cohesión en su faceta de estabilización de la economía (evitando el ya habitual enfrentamiento entre la política fiscal y la monetaria y recurriendo a una política de rentas que no introduzca excesiva rigidez en la economía). Por otro, habría que realizar profundas reformas estructurales, comenzando por el propio sector público. Y no parece que la compleja situación política constituya el mejor caldo de cultivo para que semejante cambio en la política económica se lleve adelante.

En el mes de marzo del año en curso el ministro de Educación y Ciencia remitía una carta al consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña en respuesta a otra previa que había recibido de aquél. Las dos epístolas trataban de la misma cuestión: el distrito universitario único o, en lenguaje más púdico, el distrito compartido.

En la primera misiva, el profesor Laporte manifestaba al ministro su inquietud y su alarma ante el anuncio de la puesta en marcha del distrito universitario único con carácter experimental durante el curso 92-93, advirtiéndole de los graves peligros que esta medida podría comportar para la autonomía universitaria y la normalización de la lengua catalana.

Muy amenazador y conminatorio debería ser el tono de la comunicación catalana cuando la reacción del Departamento de Educación y Ciencia fue la de diluir el proyecto inicial hasta extremos de virtual renuncia al mismo.

El objeto de este artículo es analizar el sustrato de la frontal y feroz oposición de la coalición gobernante en Cataluña al distrito único y del brusco descenso de los pantalones ministeriales ante aquella.

Movilidad

Cuando el profesor Solana expuso a la luz pública el propósito de implantar gradualmente la total movilidad de los estudiantes españoles suprimiendo la actual parcelación en distritos, comenzando por permitir al 20% de la población preuniversitaria emergente del COU la elección de cualquier centro de educación superior, estuviese o no en su distrito de origen, la reacción de la mayor parte de 1a comunidad académica fue favorable a dicha iniciativa.

En efecto, la movilidad sin trabas a la hora de matricularse en una Universidad y la libertad de elección de centro constituyen un motor eficacísimo de la competitividad entre las distintas Alma Mater, competitividad que es a su vez generadora de calidad en la investigación y en la docencia.

Cualquiera que haya vivido el mundo universitario europeo de las últimas décadas habrá podido percibir el crecimiento espectacular de los intercambios y la progresiva creación de un espacio común, fruto de la misma naturaleza del conocimiento, que tiende a atravesar fronteras y a eliminar barreras burocráticas o administrativas. De hecho, salvo en Francia, el distrito universitario único está implantado en todos los países de la Comunidad y los estudiantes al iniciar sus carreras pueden optar por la Universidad que deseen. Naturalmente, el acceso al centro de sus preferencias dependerá de que cumplan los requisitos exigidos en cada caso en cuanto a su nivel de formación anterior. Asimismo, uno de los ejes de la actuación comunitaria en el campo de la educación superiores el promover al máximo la permeabilidad de los sistemas universitarios nacionales con el fin de llegar al distrito único europeo.

A pesar de este clima favorable a la movilidad total de la masa estudiantil, desde el primer momento en que el ministro de Educación y Ciencia español puso sobre el tapete su aplicación a nuestro país, la reacción de la actual Administración autonómica catalana fue fulminante. El propio Jordi Pujol, en su discurso del Debate de Política General de otoño de 199(1, se pronunció en contra del distrito único con marcada virulencia, presentándolo ante la ciudadanía catalana como un intento malévolo —uno más— de atentar contra las competencias de la Generalitat y de dificultar el pleno desarrollo de la identidad catalana. Inmediatamente se desencadenó por parte del Gobierno de Cataluña y de diversas organizaciones nacionalistas una intensa campaña de oposición a la medida en todos los medios de comunicación.

Los argumentos respondían al típico esquema nacionalista. Si se producía una avalancha de solicitudes de estudiantes con buenas calificaciones de más allá del Ebro, los alumnos indígenas menos dotados o más dados a la molicie serían desplazados y el uso de la lengua catalana se vería perturbado al aumentar el número de castellano-habianíes en las aulas.

La apelación a la autonomía universitaria no constituía sino un recurso formal, porque la cuestión de fondo era la presunta violación de uno de los principios más caros al nacionalismo: la necesidad de construir espacios cultural y lingüísticamente homogéneos dentro de unas determinadas fronteras físicas. Así, la eventual invasión de estudiantes «extranjeros» procedentes de Almería, Pontevedra o Zamora era vista como una amenaza intolerable para la realización de uno de los sueños más acariciados por el nacionalismo convergente, a saber, la consecución del monolingüismo catalán en el Principado, con el castellano como simple lengua puente hacia el exterior. Curiosamente, algunos representantes conspicuos de estos planteamientos establecieron en las páginas de algunos órganos de opinión afines al Gobierno de Convergencia un inefable paralelismo entre la implantación del distrito único y la del programa Erasmus, asimilando el problema lingüístico creado por la presencia de estudiantes daneses, alemanes o británicos con el que se generaría si llegase un alud de toledanos, jiennenses o salmantinos.

Tomadura de pelo

La carta de réplica del ministro, archivo de afabilidad y galanura, recordaba aquella conseguida escena de la película de Buñuel sobre los discretos encantos de la burguesía en la que un grupo de personas bien educadas y bien pensantes evita a toda costa hablar de comida mientras departen amigablemente sentados sobre relucientes inodoros. El ministro, de manera similar, se extendía en ponderadas consideraciones sobre la legislación vigente y sus posibles interpretaciones y sobre la prioridad de la calidad del sistema educativo y del principio de libertad de elección frente a otras cuestiones de menos entidad, y no mencionaba explícitamente ni una vez el problema lingüístico, como los burgueses de Buñuel ignorando la existencia de materias tan groseras como el queso y el salchichón.

Sorprendentemente, al final de su respuesta el ministro baja las banderas ante su adversario y pulveriza la implantación del distrito único, reduciéndolo del 20% inicialmente contemplado a un 5% del censo estudiantil, salvo en aquellos centros donde ese porcentaje fuese superior a diez alumnos, en cuyo caso el número de estudiantes foráneos admitidos sería precisamente de diez. Una movilidad que afecta a diez mil estudiantes sobre un total de doscientos mil no parece un avance significativo y se sitúa más en el terreno de la tomadura de pelo, por utilizar la gráfica y feliz expresión que empleó el portavoz para temas educativos del primer partido de la oposición.

Un ex-rector y ex-director general de Universidades de la Generalitat ha calificado la decisión ministerial de «compromiso satisfactorio». Sin duda, satisfactorio para una de las partes, pero aniquilador y regresivo para el fomento de la calidad de nuestras Universidades.

En cualquier caso, la reacción del Sr. Pujol y sus acólitos ante el distrito único es condenable, pero es lógica desde una óptica nacionalista estrecha como la que sustentan. El entreguismo del ministro es más difícil de explicar, pero a poco que se analice se pueden esclarecer las motivaciones de una rendición tan rápida como sorprendente ante los embates fundamentalistas de tas huestes convergentes.

Esquemas socialistas

El distrito único presenta diversas dificultades a la hora de encajar en los esquemas socialistas. En primer lugar, implica una universalización y mejora de las actuales pruebas de selectividad o, mejor aún. la promulgación de la todavía inédita Ley de Acceso a la Universidad, con el fin de racionalizar la rentabilidad del sistema e impedir que el porcentaje de fracasos y abandonos en los estudios superiores sea del orden del 50%. Ahora bien, una medida de esta naturaleza choca frontalmente con el concepto igualitarista a lo Procusto del socialismo y exige, además, una política de becas amplia y generosa. Y si hay una cosa que el socialismo español tiene clara es que entre predicar y dar trigo, lo primero es más barato y más adaptado a las cualidades de su number one. Tampoco se puede olvidar, en este contexto, que todo lo que sea aumentar el número de electores bien formados y con capacidad de análisis va en detrimento de la perpetuación en el poder del actual Gobierno, tal como demuestra la evolución reciente del voto urbano.

En segundo lugar, el distrito único y la libertad de elección sin cortapisas conduciría al establecimiento de un ranking entre las distintas Universidades, Facultades y Escuelas, con colas para acceder a algunas de ellas y desoladores vacíos en otras, lo que a su vez colisionaría con la funcionarización y uniformización del profesorado, e incluso con la homogeneidad de las tasas para todo el territorio nacional, características ambas de nuestro ordenamiento universitario muy gratas a los ojos socialistas.

En el fondo, las iras nacionalistas contra la libertad de elección de centro le han venido bien al ministro de Educación y Ciencia, que se ha permitido el gesto de proponerla para acogerse después rápidamente al «compromiso satisfactorio» y retirarla. Hay que reconocer que los caminos del bloque constitucional son insondables.

El problema del distrito único es una muestra, entre otras, de que, por causas distintas, socialistas y nacionalistas se encuentran a veces en el ejercicio de sus vicios.

Para que la auténtica y plena movilidad en la educación superior fuese una realidad, tendrían que darse dos supuestos: la renuncia de los socialistas al igualitarismo y la aceptación por los nacionalistas de que Cataluña es un caso afortunado de territorio con dos lenguas propias. Pero esperar que ambos fenómenos se produzcan equivale a esperar la vibrante irrupción de las trompetas del Juicio Final, Afortunadamente, las democracias modernas proporcionan mecanismos más veloces para adelantar ciertas efemérides mediante las alternancias en el poder. A ello hay que aplicarse sin pausa y con toda la prisa compatible con la conservación de la salud.

Desde que entró en vigor la Ley de Reforma Universitaria, la Universidad española ha vivido un continuo proceso de transformación que lentamente ha ido configurando las bases sobre las que se sustentará la Universidad de las décadas venideras.

La estabilización del profesorado fue una de ¡as primeras transformaciones que, a pesar de instituir un modelo funcionarial no deseado por muchos sectores, presenta indudables ventajas operativas sobre un modelo contractual, más flexible, pero en la práctica mucho más difícil de gestionar.

El soporte presupuestario a la investigación, importante por su cuantía y por su continuidad, ha propiciado un gran cambio que no sólo se refleja en el espectacular aumento cuantitativo de la actividad investigadora, sino también en sus propios resultados, que han adquirido un pleno reconocimiento internacional.

Ciñéndonos a fechas más recientes, durante el último año el proceso transformador de la Universidad se ha materializado esencialmente en tres aspectos, a los cuales dedicaré algunos comentarios en lo que sigue. Se trata de la aprobación de los complementos económicos de la retribución del profesorado universitario asociados a la actividad docente e investigadora, la aprobación del decreto que regula las universidades privadas y la aprobación de los catálogos y de las directrices que han de regular la elaboración de los nuevos planes de estudio.

A la funcionarización del profesorado universitario se la modula con unos complementos salariales que se perciben cumpliendo unos requisitos de antigüedad y habiendo sido evaluada positivamente la actividad docente e investigadora. La evaluación de la actividad docente recae en las propias universidades y se dan garantías de que genéricamente será evaluada positivamente. En resumen, el complemento por este concepto se reduce a un aumento salarial generalizado con un reconocimiento tácito de que para la administración todos los universitarios cubren con excelencia sus obligaciones docentes.

La evaluación de la actividad investigadora ha seguido otro camino. Ha sido un grupo de expertos quien ha evaluado a los investigadores, y la culminación de su trabajo se ha traducido en la evaluación positiva de tan sólo la mitad de los complementos solicitados.

Se ha consumado, en suma, un proceso cuyo espíritu de inyectar un incentivo económico, de prestigio y de competitividad a la estructura universitaria, se queda a medio camino, al reconocerlo para la investigación pero no para la docencia.

Universidades privadas

Esta misma idea de competitividad y de estímulo a la calidad es la que habitualmente se esgrime al evaluar la posibilidad, a la que un decreto ley recientemente aprobado proporciona el adecuado marco legal, de creación de universidades privadas. Desde un punto de vista universitario, hay que acoger estas iniciativas con gozo y satisfacción. Nada es más grato que dar la bienvenida a nuevos organismos que se dediquen al cultivo y transmisión de la ciencia, de la técnica y de la cultura. No obstante, no se puede ocultar que bajo el epígrafe de Universidad se configuran a veces proyectos que no pasan de ser centros de enseñanza superior especializados. En efecto, el organizar unos estudios superiores que capaciten para el ejercicio profesional tanto en el ámbito público como en el privado no parece suficiente como para otorgar a un centro el rango universitario.

Así como al evaluar la actividad de sus profesionales universitarios, la administración se «olvida» de contrastar sus méritos docentes, en algunos proyectos de universidades privadas parece que sólo se pone el acento en este punto, olvidando que sin un extenso y continuo cultivo del conocimiento, es decir, sin una permanente e intensa labor investigadora, no se puede conseguir una formación de calidad. Resulta difícil entender, a la luz de los costes que ésta última conlleva, la proliferación de proyectos de nuevas universidades privadas y el optimismo con que la opinión pública los ha acogido. La tendencia a considerar bueno aquello que aún no funciona quizá sea una explicación, pero en cualquier caso los poderes públicos deberían actuar con cautela para que los aspectos positivos de la libre competencia no tengan la contrapartida de una degradación global y una progresiva mercantilización de todo el sistema universitario.

El objetivo fundamental de la Universidad es el proporcionar formación. Hace seis años, la administración y las universidades iniciaron el proceso de reforma de su catálogo de titulaciones y la elaboración de unos nuevos planes de estudio, proceso que actualmente todavía no se ha completado. La necesidad de la reforma era patente. Por una parte, el catálogo de títulos no respondía a las demandas de la sociedad actual, y, por otro, hacía falta revisar en profundidad la estructura de los estudios ya existentes.

Formación práctica

La revisión del catálogo goza, en general, de una aceptación generalizada. En cambio, donde se discute acaloradamente y donde se dan posturas más irreductibles es en la estructura de las distintas carreras. A priori. la idea del legislador parece acertada. Es dudoso que un título superior como los que se ofrecen en la actualidad pueda garantizar una formación muy especializada. Parece correcto, pues, reservar la especialización para los cursos de tercer ciclo y los programas de postgrado, dedicando los estudios de primer y segundo ciclo a la formación básica. Naturalmente, esta filosofía aconseja una reducción de la duración de los estudios de las actuales licenciaturas, ya que, a la postre, la especialización posterior tiene un coste de tiempo importante.

También resulta acertado que se ponga énfasis en la formación práctica y personal del estudiante, dado que actualmente nuestros estudios adolecen de exceso de teoría y falta de trabajo personal y de prácticas. En cuanto a la posibilidad de confeccionar currículos flexibles, la marcada interdisciplinariedad de muchas materias actuales exige que sea contemplada muy seriamente. Sin embargo, ya desde sus primeros pasos se alzó una fuerte contestación a algunos puntos de esta reforma, planteándose preguntas del tipo: ¿cómo asegurar el rigor docente y un aprendizaje a fondo en carreras de menos duración?, o ¿cómo vehicular las presiones corporativas y la legítima aspiración de las distintas universidades de consolidar y ver crecer sus grupos de trabajo para obtener una mayor capacidad investigadora? La respuesta probablemente pasará por el pacto entre todas las partes implicadas y con toda seguridad conducirá a soluciones de compromiso que en cierta medida pueden diluir las buenas intenciones que el legislador plasmaba en el redactado de la ley. Se repiten así aquellos problemas que ya agobiaron en su día a los que planificaron la Universidad actual. Quizás una estructura más jerárquica y ejecutiva y menos pactista y acomodaticia obtendría mejores resultados.

Estas reservas no deben ocultar, sin embargo, que el proceso emprendido es globalmente positivo y que la Universidad que actualmente se está forjando será capaz de responder de una forma más eficiente y dinámica a las necesidades de la sociedad del futuro.

No son pocos los problemas que tiene planteados la Universidad española, y tendrá que resolverlos si es que no está dispuesta a perder su identidad en los próximos años. Y además de no ser pocos, resulta que además también son graves. Ahora bien, con voluntad y decisión de solucionarlos, todos tienen arreglo. Y estoy bien seguro de que cuando se superen las dificultades actuales surgirán otras nuevas. Así ha sido siempre y así será; de lo contrario, la Universidad no sería un organismo vivo y dinámico, como exige su propia naturaleza. No me atrevo a asegurar si el problema más grave que tiene la Universidad es la propia composición de su claustro docente, pero de lo que no tengo ninguna duda es que salir del atolladero en el que nos han metido va a suponer un esfuerzo de muchos años. El actual sistema de oposiciones, si es que se le puede llamar así, ha hecho posible que una auténtica invasión de bárbaros indocumentados, intrusos e ignorantes enciclopédicos pueblen los departamentos e impongan su ley. Y es que entre que éstos son muchos y abundan los silencios resignados o forzados por el miedo, la mediocridad ensancha su territorio precisamente donde debía estar desterrada.

«Catedrático de gestión»

Hace unos meses, un conocido catedrático escribía un lúcido artículo en el que analizaba la evolución de la profesión de historiador a lo largo de los dos últimos siglos. El desarrollo de su estudio era brillante y concluía con un descubrimiento estremecedor. Dicho autor desvelaba la existencia de una nueva figura en los claustros universitarios, a la que denominaba el «catedrático de gestión». Semejante personaje se caracteriza por carecer de conocimientos de su disciplina, y por lo tanto ser incapaz de dar unas clases aceptables; por otra parte, tampoco sabe investigar, por la sencilla razón de que no lo ha hecho nunca. Pero todas estas deficiencias las suple y las supera con su extraordinaria habilidad para «moverse» por los rectorados.

No hay nada más que darse una vuelta por cualquier Facultad para ver cómo ha proliferado la especie. Y como no podía ser menos, hay elementos cuyas hazañas les han hecho destacar del pelotón.

Pero eso es lo mismo: el catedrático de gestión puede aspirar indistintamente a dirigir un departamento de anatomía patológica o de resistencia de materiales. Tiene habilidad para eso y mucho más, naturalmente porque el sistema lo permite y no pocos colegas, que han perdido la vergüenza, lo toleran. Una cosa es bien cierta, y es que si el Ministerio es responsable en gran medida de lo que está sucediendo, todos estos acontecimientos han ocurrido con la complicidad de los que ya estaban dentro.

Y es en este punto donde se detecta la gran mentira de eso que se da en llamar autonomía universitaria, un auténtico eufemismo que sirve para aupar los clanes locales. que han inoculado en nuestras Universidades el aldeanismo más ramplón, que con extremada delicadeza algunos llaman endogamia.

Todo el busilis radica en el retorcimiento que se haga de la ley, que permite a cada Universidad nombrar dos de los cinco miembros del tribunal, porque es por este flanco por el que penetran los maniobreros. En realidad lo que ocurre es que el rectorado se pliega casi siempre a los deseos del «aspirante local», que, naturalmente, designa a dos cómplices. Los otros tres miembros se sortean mediante un programa de informática que, según dicen, no hace trampas, como se puede comprobar en un terminal, conectado a un ordenador situado en otra dependencia, que no se sabe bien dónde está y a la que naturalmente a uno no le dejan pasar. Habrá que fiarse del ingenio que ha sido capaz de establecer unas nuevas leyes en la estadística, según las cuales unos salen casi siempre y otros casi nunca. En cualquier caso, los tres agraciados del sorteo deberán estar dispuestos a enfrentarse a ¡a coalición, previamente formada por el aspirante local, si lo que pretenden es hacer justicia.

Naturalmente, siempre hay excepciones que confirman la regla y están en consonancia con la categoría moral de las personas. Pero insisto: esto último apenas ya sucede. Lo normal es que los tres del sorteo sean incapaces de sacar a flote al aspirante que no cuente con el favor del rectorado. Téngase en cuenta que las pruebas se celebran en las dependencias de cada Facultad, donde el «endogámico» aspirante impone su ley. Y nótese que además pueden suceder tales cosas como las siguientes: que un vicerrector amigo del susodicho favorito le salga a recibir al aeropuerto y te invite a comer, para reponer las fuerzas perdidas en el viaje, o que te ofrezcan algunos días más de las dietas que te corresponden, o que te obsequien con otras pequeñas atenciones. Y naturalmente, durante la realización de las pruebas te honran con su presencia en la sala, de manera que hay ocasiones en que no se llega a saber quién está juzgando a quién.

Y no es que las pruebas tengan una dificultad extrema, porque en este punto la ley ni siquiera guarda las apariencias. El candidato debe presentar una memoria, sus méritos, y exponer un tema que él mismo ha elegido, con lo que no caben las sorpresas ni el riesgo a quedar en evidencia, ya que eso de exponer un capítulo del programa elegido al azar ha pasado a la historia. Así las cosas, el trance suele durar a lo sumo un día y medio, porque, como es muy raro que se presente más de un concursante, la ley contempla la posibilidad de que el interesado renuncie a los plazos que median entre los ejercicios. En este caso se llega a la comida de celebración en un abrir y cerrar de ojos.

La celebración

Para acabar de arreglarlo se han suprimido los mecanismos que permitían los traslados de los profesores numerarios. Sí, es cierto que se nos reconoce la pertenencia a un cuerpo nacional, pero para pasar de una a otra Universidad hay que sufrir el trance de una nueva oposición, convocada por un rectorado que ya se ha fijado en un favorito local. Y esto es así hasta el punto de que hay Universidad que nombra una comisión para investigar las posibilidades que tiene el de dentro, al que se le pregunta formalmente si sabe de alguien de fuera que aspire a dicha plaza y tiene posibilidad de arrebatársela. Dicen que la fórmula obedece a un sano deseo de promoción, cuando en realidad de lo que se trata es de evitar que se agregue un sueldo más al presupuesto, para pagar al osado que se atreva a cambiar de Universidad.

Es más, puede ocurrir que si los tres sorteados y no designados por el dedo providente del señor rector se atreven a llevarle la contraria en sus propósitos y designaran al aspirante no previsto, entonces el mismo dedo providente puede ser capaz de no conceder la provisión al candidato elegido por el tribunal, con lo que sólo le queda al infortunado el recurso a los tribunales, que con un poco de suerte le reconocen el derecho a ocupar la plaza a los tres años de haberla conseguido. Así están las cosas, al quedar reducidas las oposiciones a una operación aritmética que consiste en conseguir una suma de al menos tres votos. Y en este punto el «endogámico» aspirante parte con la enorme ventaja de tener dos de ellos asegurados.

En consecuencia, hasta las pruebas han perdido la emoción, porque casi siempre se sabe de antemano lo que va a ocurrir, y si no que se lo pregunten a los mesoneros de la zona, que tienen reservada la mesa para la comida de celebración con bastantes días de antelación. No sería mala esta estadística: saber cuántos no acudieron al festejo programado.

Pero al menos los que estamos dentro, estamos, y algo podremos hacer. Más difícil se lo han puesto a los estudiantes que aspiren a ser profesores universitarios. Los departamentos están al completo, y en alguno no se atisba una vacante en los próximos veinte años. Lo cierto es que hoy en los claustros faltan maestros y sobran profesores. Los primeros son capaces de hacer avanzar a la ciencia y de crear escuela; los segundos, para sobrevivir en su desprestigio, no tienen más remedio que rodearse de clientelas.

Nadie discutirá que un triunfo en las urnas legitima para convertir en texto legal el propio programa político. Que, tras la abrumadora opción ciudadana por el «cambio» —en octubre del 82—, los socialistas sacaran adelante una ley universitaria que no se parecía demasiado a lo que unos meses antes habían pregonado como alternativa, lleva al desconcierto. No ¡o ignoraba el propio legislador, que —reviviendo tiempos pretéritos— la promulgaba con alevosa estivalidad, cuando —en pleno mes de agosto— todos los variopintos miembros de la loada «comunidad universitaria» se hallaban en desconocido paradero. Que ocho años después la aplicación práctica de aquel texto haya dibujado una irreconocible caricatura, cierra un balance que es la historia de una continuada incongruencia.

La LRU abortada

La oposición vociferante del PSOE, antes de que descubriera las virtudes del «consenso» (real o aparente), se cebó de modo especial con la LAU, el nonato proyecto universitario de la UCD. Todo el potencial reivindicativo de las Universidades —peculiar «herencia recibida» de la política universitaria centrista— fue dirigido contra aquel intento.

No se dudaba que, entre el centenar de leyes que los socialistas decían tener ya redactadas, como piezas maestras del prometido «cambio», se hallaría un proyecto destinado a dar a luz una Universidad de nueva planta. Se daba por descontado que los mensajes básicos de su oposición a la LA U adelantaban ya sus líneas maestras: sustitución de los cuerpos funcionariales por la contratación del profesorado: destierro radical de la forzada explotación académica de los penenes; fin de la fraudulenta masificación universitaria, que no sólo ignoraba exigencias de calidad universitaria, sino que desafiaba las de la física, al no respetar siquiera el aforo de las aulas disponibles.

Si tal proyecto llegó a existir, no sería obra de Maravall. Pensar que alguien lograra domeñar su querencia al despotismo ilustrado, antes de la entrada en juego de los persuasivos recursos del Cojo Manteca, sería un dislate. En todo caso, la presunta alternativa a la LA U no llegó, ni por asomo, a convertirse en ley.

La LRU promulgada

La anunciada sustitución de los cuerpos académicos se vio desmentida por partida doble. No sólo se mantuvieron nada menos que cuatro distintos (el doble quizá de los que a estas alturas parecían aún indispensables), sino que la extinción de los penenes se lleva a cabo «incorporándolos» a ellos. Las secuelas jurídicas de tan barroca operación siguen llenando, ocho años después, páginas del BOE; pleitos tengas y los ganes…

El entusiasmo por la contratación del profesorado no encontraba, pues, fundamento decisivo en los sufridos penenes. Ninguno de ellos llegó a declararse objetor al ser llamado a las levas idoneizadoras, que restaron brillantez a la justa promoción de los realmente preparados y amnistiaron indulgentemente a más de cuatro; a cambio, no se les obligó a rendirse en el Teatro Real…

La auténtica presión contractualista era más autonómica que corporativa, teniendo en Cataluña y el País Vasco sus focos animadores. No deja de ser significativo que, en las sucesivas ocasiones en que la Universidad ha merecido la atención del Tribunal Constitucional, haya sido siempre con motivo de rifirrafes protagonizados por las Autonomías: vasca, gallega, canaria… La LRU se niega a asumir la opción por la contratación del profesorado, que había admitido —de modo parcial— la LAU, con la cerril y oportunista oposición del PSOE. a quien parecía saberle a poco.

Como contrapartida, se reincide en un viejo vicio de la política universitaria del franquismo: regular con carácter general, teniendo la mira puesta en problemas tan reales como particulares. El resultado, inevitable, es acabar imponiendo una solución que no satisface a quien vive el problema, para —a cambio— generalizarlo para todos los que no lo vivían.

Tan peculiar terremoto normativo tuvo antes siempre a Madrid como epicentro. Los famosos ponentes, por ejemplo, fueron el fruto de generalizar una mala respuesta a los problemas de la Universidad madrileña, sometida a una masificación por entonces inexistente en el resto de España. Ahora el epicentro se sitúa en Cataluña y el País Vasco. Para satisfacer su monroísmo académico, se generalizaba un pintoresco sistema que lleva, inevitablemente, a la provinciana selección endogámica del profesorado. Con idéntico fin, se cantonalizan todos los claustros académicos, haciendo de los profesores los únicos funcionarios a los que se exige, para un mero traslado de plaza, el esfuerzo equivalente a un nuevo ingreso en el Cuerpo.

El silencio legal sobre la ya entonces inminente anticipación de la edad de jubilación, que acabaría diezmando los Cuerpos docentes, encuentra en la pasajera alusión a los «eméritos» un eco de mala conciencia. Se elimina prematuramente a auténticos maestros, condenados —en plenitud de condiciones— a una curiosa «eutanasia» académica. Se convierten en realquilados del departamento cuya vida protagonizaron fecundamente durante años. Se les priva, a la vez, de toda posibilidad real de iniciativa; sólo les queda dar las clases que otros no puedan atender, e investigar, prudentemente, para no llegar a convertirse en incómodo estorbo. Para mantener, simplemente, sus retribuciones habrán de acogerse a la aleatoria generosidad de ¡a Universidad a la que han dedicado media vida.

Pocas sorpresas ofreció el diseño de los órganos de gobierno de la Universidad, más atento al reparto del «poder» universitario que preocupado de brindar cauce a las exigencias del «saber». Todo se somete a votación. Todos votan sobre todo, tengan o no conocimiento del asunto; incluso si están condicionados por intereses que exigirían una obvia incompatibilidad, como ocurre al nombrarse el tribunal que ha de juzgar la propia promoción académica.

Dos aspectos abrieron, sin embargo, prometedoras perspectivas. La figura de los «asociados» a la docencia parecía apuntar a un refuerzo de la profesionalización universitaria (a tiempo completo), complementándola con la experiencia práctica de otros profesionales ajenos a la Universidad. Por otra parte, la exigencia de unos «módulos objetivos de capacidad» de los centros hacía pensar en que se pondría fin a la masificación estudiantil e incluso se llegaría a avanzar hacia porcentajes más ambiciosos, requeridos por la mejora de la calidad de enseñanza.

La LRU practicada

Ocho años después, para nadie es un secreto que buena parte de los «asociados» son más bien penenes de nuevo cuño: recién licenciados, sin experiencia profesional alguna, que —por no reunir condiciones para ser siquiera ayudantes— se ven disfrazados de expertos, para poder enseñar lo que aún no han tenido tiempo de aprender. La reciente extensión de la categoría de «emérito» a personas ajenas a los cuerpos docentes invita, por otra parte, a dudar sobre el papel ocasional de los asociados, a la vez que certifica lo absurdo de no replantear la jubilación prematura de docentes. La Universidad no puede prescindir de los «ancianos» de 65 años; ni siquiera de los ajenos a ella..

Más preocupante aún es que no se haya logrado todavía descifrar obviedad tan misteriosa como cuál es la «objetiva capacidad» de cada centro. El coste de tal incógnita es el mantenimiento de una masificación que se convierte en el auténtico cáncer del sistema universitario. No se crean los centros necesarios para albergar a miles de estudiantes, cuya «objetiva capacidad» personal no es menos misteriosa. El último invento del «distrito único» es todo un alarde de imaginación. Para lograr una mínima movilidad del estudiante se acaban ofertando diez plazas por centro, incluso en los numerosos reconocidos oficialmente como saturados. Combatir el bloqueo, provocado por la masificación, con una oferta de choque de plazas inexistentes es ya el delirio.

Tampoco se está afrontando a medio plazo la preparación de los profesores necesarios para atender tanto alumno. Como consecuencia, las figuras previstas en la ley resultan ya irreconocibles. Con razón o sin ella, contemplaba unos «Profesores Titulares de Escuelas Universitarias», por entender que en tales centros sería suficiente una menos compleja preparación; se ha acabado por sacar a concurso tales plazas para impartir docencia en Facultades, pese a estar concebidas por la ley como centros de rango superior, por la simple razón de que no se cuenta con aspirantes de mayor cualificación. Para no reconocer el prematuro desfase del texto legal, se lo hace irreconocible. Agotado el filón provinciano por la vía endogámica, las plazas desiertas se han convertido en ingrediente obligado de todo ejemplar del BOE. Ahora, por fin, parece que el ministerio se da por enterado del problema, aunque sólo lo considere real en dos Facultades: Derecho y Empresariales; quizá por la competencia privada en esos campos se considera amenazadora.

El diseño de los órganos de gobierno ha originado un aparatoso tinglado de nula funcionalidad. Se ha acentuado la dimensión político-autogestionaria, en un momento en que la sociedad —al contar con los cauces adecuados— ha desmontado la politización de la Universidad, inevitable durante el franquismo. De la Universidad reivindicativa, que convertía a su rector en obligado guerrillero, se ha pasado a otra encabezada por un rector-gestor sometido a curiosos condicionamientos.

Para optar al cargo, ha de lograr el apoyo de los más variados grupos minoritarios, que practican un corporativismo coaligado, rentabilizando el absentismo general. Ha de premiar tal apoyo recargando el organigrama universitario con variopintos secretariados u organismos. Este artificial incremento de las partidas de persona! está generando una casta interna político-universitaria (estudiantes incluidos) como no se recuerda desde los más imperiales momentos del SEU. Algunos de sus titulares llegarán luego a concejales, porque no hay Gobiernos Civiles para tantos…

Cubierta así la retaguardia, el rector ha de dedicar todo su esfuerzo a relacionarse, con actitud entre dócil y mendicante, con la no menos tupida red de autoridades ministeriales o autonómicas, luchando por suplementar sus escasos fondos, Al héroe que más protestaba ha sucedido el hábil y pundonoroso experto en el más enteco tráfico de influencias imaginable.

Hablar, en tales circunstancias, de autonomía universitaria es puro eufemismo. L x j s ministros se quejan, con razón, de que más de cuatro veces las Universidades no ejercen muy responsablemente sus posibilidades de acción. No cabe autonomía sin sujeto que la ejercite, desnaturalizado concienzudamente por el sistema diseñado. Sólo cuando la Universidad se ve rodeada de un contexto privilegiado, y su gestor sabe ganarlo para la causa, nos encontraremos —a falta de autónoma Universidad— con un Villapalos, rector-autónomo, imprevisible, versátil y creativo.

Masificación estudiantil, compatible con una «selectividad» de ignoto sentido; selección endogámica de los profesores, por mezclar la apreciación objetiva de mérito y capacidad con la discrecional selección por las Universidades: jubilación prematura del Profesorado en plena madurez, formado con nada despreciables fondos públicos; improvisación del joven profesorado, que lastra su formación al verse obligado a ejercer en plena inmadurez; diseño de unos órganos de gobierno «politizados», para regir una Universidad —para bien o para mal— despolitizada,.. Algunas asignaturas pendientes. para las que tres LRU no han sido suficientes.

Afirmar que la Universidad española se encuentra en crisis es decir algo tan poco original como que España es diferente o que la vida sólo se vive una vez.

Siempre ha sido así; nunca ha dejado de estarlo, si por crisis entendemos un estado de imperfección distante de un modelo teórico en el que todos los integrantes de la institución se encontrasen satisfechos con su funcionamiento. Vaya por delante mi opinión de que la Universidad actual no es peor de la que existía hace 20 o 25 años, cuando se inicia un período de fuertes convulsiones que conducen a una Universidad distinta, peor sin duda en algunos aspectos, pero indudablemente mejor en otros tantos que la existente entonces.

La crisis fundamental que la Universidad española está sufriendo es una crisis de crecimiento desordenado y descontrolado. Ha crecido desorbitadamente el número de alumnos y ha tenido que crecer, no siempre en las condiciones más adecuadas, el número de centros y el de profesores. La improvisación, probablemente inevitable, ha caracterizado ese crecimiento provocador del estado de insatisfacción que docentes, discentes, las personas de la Administración y los servicios y la propia sociedad airean constantemente.

Profesorado

Hoy, la Universidad española no tiene la calidad que todos desearíamos, pero no es tan mala, y, sobre todo, no es cierto que de esa situación tengan toda la culpa los profesores.

No pretendo realizar un alegato genérico y sin matices del profesorado universitario. En competencia e interés, de todo hay en esta viña universitaria del Señor. Mi objetivo es diferente: presentar algunas de las condiciones que resultarían necesarias para que la calidad de la docencia resultase mejorada. Para ello necesitamos, al menos, más profesores bien seleccionados, adecuadamente remunerados y con posibilidades de promoción.

A pesar del fuerte crecimiento del número de profesores que se ha producido en un corto periodo de tiempo, con las secuelas negativas que ello ha entrañado, la Universidad española sigue necesitando más docentes. Nuestras relaciones alumno/profesor, sobre todo en el caso de las Universidades más grandes, siguen siendo considerablemente más elevadas que las habituales en otros países desarrollados. La Universidad Complutense de Madrid, con más de 125.(XK) alumnos matriculados en 1990, tiene una ratio media de 22,5 alumnos por profesor, cuando la cifra «razonable» es situada por los expertos en unos 13 alumnos. La falla de docentes y también de espacio (en la misma Universidad a cada alumno le corresponden 0,80 cms. de superficie, frente a la media recomendada, que oscila entre los 6,4 y los 7,1 metros) determina la existencia de grupos de 200 o más alumnos por aula, lo cual va en claro detrimento de la calidad de la enseñanza impartida. Estas situaciones no son generalizares a todas las Universidades españolas, pero el problema persiste, con mayor o menor intensidad, en muchas de ellas, aun cuando la ratio alumno/profesor sea más reducida que la del ejemplo aludido.

Más docentes, pero también mejores profesores, lo cual son dos objetivos cuando hay que cubrirlos con rapidez no siempre fácilmente reconciliables. El logro de un profesorado más capacitado se convierte, además, en necesidad prioritaria ante la próxima puesta en funcionamiento de los nuevos Planes de Estudio, que incorporan titulaciones y materias nuevas. Es preciso ofrecer a nuestros licenciados y profesores en formación oportunidades reales para que puedan efectuar estancias en Universidades o centros de investigación extranjeros, para que puedan completar y enriquecer su formación.

Las formas de selección del profesorado estable no son siempre las adecuadas para lograr que los más capacitados accedan al funcionariado y la estabilidad. La presencia en las comisiones juzgadoras de dos miembros del Departamento para el que se convoca la plaza favorece la endogamia y hace muy difícil que un profesor, por bien preparado que esté, pueda incorporarse a una Universidad diferente a la suya, si hay candidatos locales que compitan con él. La selección de todos los miembros de los Tribunales mediante sorteo tendría otros problemas, pero, indudablemente, permitiría que dicha selección se realizase en condiciones más objetivas.

Remuneración

La incorporación de los mejores a la Universidad se ve dificultada por el tema de las remuneraciones. Es preciso reconocer la mejora relativa de los salarios de los docentes en los últimos años, pero la remuneración actual dista mucho de la percibida por funcionarios de otros cuerpos de la Administración y mucho más de la correspondiente a profesionales de la empresa privada. Encontrar hoy buenos profesores en determinadas especialidades (Empresariales, Derecho, Ingenierías, etc.) resulta tarea muy ardua, ya que la mayoría de los licenciados encuentra empleo pronto y en mejores condiciones económicas que las que le ofrece la Universidad donde debe iniciar una carrera larga y sin horizonte final definido. Casi nadie rechaza la filosofía que inspira el nuevo sistema de incentivos a la docencia e investigación que, recientemente, se ha implantado. Que cada profesor reciba una remuneración diferenciada en función de su dedicación, méritos docentes y producción científica, parece razonable. Pero quizás habría sido necesario antes elevar de forma general las remuneraciones hasta situarlas en niveles más dignos y competitivos.

La carrera universitaria hacia las categorías de mayor nivel recorre senderos largos y erizados de dificultades. Sólo algunos llegan arriba; otros se quedan en puestos desde los que la promoción resulta difícil; otros más, al cabo de una experiencia más o menos dilatada, acaban tirando la toalla y abandonan o son obligados a dejar la Universidad. Las categorías docentes que establece la LRU son insuficientes o no cumplen los objetivos para los que se crearon. Además, la Ley no ofrece mecanismos para una promoción seria pero flexible de) profesorado, No existe una categoría docente en la que un licenciado que, tras haber hecho sus primeras armas docentes (un ayudante puede estar contratado hasta cinco años), no ha tenido la oportunidad de acceder a un puesto de funcionario estable, pueda permanecer dignamente en la Universidad. Los tipos más económicos de profesores asociados, figura a través de la cual se intentaba incorporar a la Universidad a profesionales de reconocido prestigio, se han utilizado para este fin y para disponer de «personas que den clase», desvirtuando (de manera inevitable, porque no hay alternativa) su carácter. De igual manera, la promoción del profesorado dedicado y competente no cuenta con un procedimiento directo a través del cual se pueda «habilitar» a un docente para ocupar un puesto de nivel superior para el que se encuentre, tanto desde el punto de vista docente como investigador, bien preparado y dispuesto.

La LRU y los decretos que la desarrollan necesitan ser revisados. Hay algunas cosas que sobran, porque, aunque bien intencionadas, se han revelado ineficaces. El famoso, y frecuentemente sorteado con mil argucias, artículo 37.4, constituye»*un ejemplo claro; que a un profesor que ha sido más de dos años ayudante en una Universidad se le impida concursar a una plaza de titular en la misma, si no pasa un año fuera, sin procurarle los medios adecuados para ello e incluso penalizándole con una parte de su sueldo, no tiene demasiado sentido.

Y hay muchas otras que faltan o necesitan ser redefinidas, en particular las categorías docentes, los sistemas de acceso a las plazas estables y los procedimientos de promoción.

El francés Paul Hazard es autor de varios excelentes libros de historia —entre ellos La crisis de la conciencia europea (1680-1715) y El pensamiento europeo en el siglo XVIII, traducidos al castellano por Julián Marías hace casi cincuenta años—, pero también de un estupendo ensayo sobre literatura infantil, Los libros, los niños y los hombres, cuya versión española, publicada en 1950, cuando yo estaba ocupadísimo naciendo, ha caído hace poco en mis manos. Hazard nos habla con desenvoltura y buen humor de los tres elementos de que consta el título de su libro, relacionándolos con ingenio y sabiduría. Gracias a él he recordado, entre otras cosas, que los seres humanos, al llegar a la edad madura, distan mucho de ser agradables a la vista; que, cuando acaban de despertarse, o después de una larga jornada de trabajo, ofrecen un aspecto deplorable, con la cara surcada de arrugas, la piel barrosa y los ojos febriles y cansados. Cada vez que un adulto se mira en el espejo, la cruel Naturaleza le dice: has dejado de interesarme, tu tiempo ya pasó, debes morirte cuanto antes.

Y el alma se conserva aún peor que el cuerpo. Las personas mayores carecen de libertad: son prisioneras de la grave razón. Si juegan, lo hacen para distraerse, para olvidar, para no pensar en el tiempo que les queda de vida o, mejor, de supervivencia, Nunca por el puro placer del juego, que es lo que hace libres y leves a los niños, ajenos a la angustia que inspira el paso del tiempo y el peso abrumador de la muerte.

Los niños, esa extraña especie que habita el reino de la infancia. Esas infatigables criaturas que de la mañana a ¡a noche corren, gritan, pelean, hacen las paces, saitan y brincan sin cesar, desempeñando siempre su papel de protagonistas del cuento, de héroes de la película. Al final, cuando el día muere, se caen de puro sueño, pero volverán a empezar en cuanto amanezca. Porque si la frescura y la lozanía reinan en su cuerpo, también lo hacen en su espíritu, atento siempre a imaginar, a forjar imágenes, que no es sólo su primordial ocupación, sino también el signo de su libertad, Y es que la mediocre razón no los somete aún a sus falaces restricciones. De modo que su juego, puro e inútil, consiste en proyectar continuamente ensueños no reprimidos por la razón.

Pero ninguna imaginación se nutre de sí misma, y el espíritu infantil reclama también su sustento. pues no es capaz de autoabastecerse. Los niños se dirigen entonces a aquellos poderes benévolos que, en el drama del Universo, los amparan contra los lobos que pueblan la terrible noche. E imploran de ellos nuevas imágenes, imágenes en abundancia, pues son insaciables, y apenas ha acabado uno de enseñarles o de contarles algo, ya piden más…

Los cuentos de hadas

Mucho antes de saber leer, esperan maravillas de esos inexplicables y menudos caracteres negros que se alinean ante sus ojos. Intuyen que con los libros van a ampliarse sus dominios, que sus juegos van a hacerse más grandes, sin límite de espacio ni de tiempo. Ya no tendrán que pedir a sus padres que buceen en el recuerdo y les cuenten los cuentos de su niñez. Sin ayuda de nadie, con sólo hojear los libros, harán surgir los cuentos más hermosos.

Fue en Francia y a finales del siglo XVII cuando ese tipo de libros, o sea, los cuentos de hadas, empezaron a publicarse. Los cuentos populares han existido siempre, desde que el hombre aprendiera a tallar a piedra, y aún antes, cuando el lenguaje articulado instauró la revolución más profunda en la historia de la vida sobre la tierra; pero fue en el siglo de Luis XIV cuando esos cuentos de siempre empezaron a contarse por escrito de forma sistemática. La sociedad literaria francesa de la época, cansada acaso del acento heroico y hasta del mismo clasicismo que había constituido su razón de ser, se volvió hacia lo maravilloso. Lo Cunto de li Cunti («El cuento de los cuentos»), del italiano Basile, influyó acaso en esa moda. Es curioso advertir que el mismo siglo XVII, que perfecciona las nociones del rigor y de la etiqueta, se entregue, y encantado, a los caprichos de la fantasía, como si descubriese que, en un mundo en el que todo pasa y se desmorona, la razón es efímera y mortal y es preferible abandonarse al vértigo de la ilusión.

Ciertos Anales de la corte de París cuentan que el ministro Colbert hizo venir expresamente junto a él «gentes para que lo entretuvieran refiriéndose cuentos semejantes al de Piel de Asno». Y La Porte, ayuda de cámara de Luis XIV, anota en su diario cómo el rey se lamentaba de no tener a su lado ya ninguna mujer que le contara antes de dormirse relatos similares a los que sus nodrizas le contaban. Lo irreal y lo nebuloso se asocian de repente, como por arte de magia, con la hiperrealidad del absolutismo y con la rigidez del reglario cortesano.

Madame d’Aulnoy es la primera en publicar en Francia un cuento de hadas, al introducir en su abominable novela sentimental chac, Contes moins contes que Dougías (1691; traducida al castellano en Madrid, Imprenta de Boix, 1838, dos volúmenes) un cuento titulado «La Isla de la Felicidad». A finales de 1695, Mademoiselle Lhéritier incluye cuatro cuentos en sus Oeuvres melées. Y es en enero de 1697 cuando aparece bajo la firma de su hijo, Pierre Perraull Darmancour, la célebre colección Histoires ou Contes du ternps passé, del académico Charles Perrault, ferviente partidario de los modernos en la querella entre antiguos y modernos que tanto dio que hablar en la Francia culta de la época. El libro conoció un éxito considerable. Los mundanos se entregaron entonces a los cuentos de hadas con el mismo calor con que habían aplaudido hasta hacía poco los retratos morales, los proverbios y las máximas de los literatos de moda.

«Estos nuevos cuentistas de las medias de seda» (¿a que el alejandrino suena a Rubén?) o. mejor dicho, estas cuentistas, pues eran mujeres en su mayoría, bebían de las fuentes del cuento popular, pero modificando sus estructuras, Elisabeth Lemirre ha explicado admirablemente el proceso: «Del mismo modo que los jardineros de la corte reparten en geométricos arriates la agreste naturaleza, las madamas cuentistas de finales del siglo XVII reordenan con primor cortesano el tupido verdor de la materia feérica». Puesto que el cuento se ha convertido en un juego al que se juega en los salones, se impone conferirle unas reglas.

Unos meses después de la edición de los Contes de Perrault, Madame d’Aulnoy publica sus Contes de fées, seguidos, en 1698, de Contes nouveaux ou les Fées á la mode (tres volúmenes, publicados «chez Barbin»), Entre 1697 y 1702 ven la luz los Contes des contes, de Madame de La Forcé, Les Comes de fées y Les nouveaux contes de fées, de Madame de Mural, y La Tyrannie des fées détruite. Nouveaux contes, de la Marquesa de Autneuii. Hubo también contribuciones masculinas: en 1698, el Caballero De Maiily publica Les illustres fées, Contes galants, dédiés aux dames, y Jean de Préchac, Contes moins contes que les nutres, Sans Parangón et La Reine des Fées. El Abate Villiers, por su parte, criticó la boga del género en su Entrétien sur les contes des fées (1699).

La bella y la bestia

Poco después, el éxito de la traducción de Las mil y una noches por Galland hizo girar la moda hacia una narrativa de corte orienlalizante durante unas décadas. A partir de 1735, a los nombres de Mademoiselle de Lubert y de Madames Lintot, Villeneuve, Fagnan y Leprince de Beaumont (la famosa autora del cuento de La bella y la bestia) se añaden los de narradores como Hamilton, Pajón, Crébillon. Duelos, Cazotte y Caylus. Surge entonces un tipo de cuento de hadas proteiforme que adquiere perfiles surrealistas en Lubert, paródicos en Hamilton, pedagógicos en Leprince de Beaumont, licenciosos en Crébillon. Muchos son, desde Perrault hasta Caylus, los autores recogidos por Charles-Joseph de Mayer en esa summa feérica de cuarenta y un volúmenes que se publica en Ginebra y en Amsterdam al mismo tiempo (1785- 1789), y que lleva por título Le Cabinet des Fées, un auténtico festín para el aficionado a los cuentos de hadas y, desde luego, para el bibliófilo. En ese delicioso y delicado Gabinete se encuentran, cómo no, los cuentos de Madame d’Aulnoy, con el único propósito de enriquecer la imaginación del lector y devolverle un poco de su perdida infancia.

Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, Baronesa d’Aulnoy (lo de «Condesa» con que aparece en las portadas de sus obras es nombre literario), nació en Barneville (Eure) hacia 1650, La madre, Judith-Angélique, desempeñaría un papel importante en su biografía; viuda muy pronto de su padre, casó en segundas nupcias con el Marqués de Gudannes, de quien enviudaría a su vez en seguida. El 8 de marzo de 1666, a la edad de dieciséis anos, Catherine se casó con un hombre treinta años mayor que ella, François de La Motte, Barón d’Aulnoy y criado de cámara del Duque de Vendóme. El matrimonio tuvo cinco hijos, cuatro hembras y un varón (que murió muy joven).

Decidida a desembarazarse de un marido a quien odia desde el día de la boda, aprovecha ciertas sospechas de malversación que penden sobre La Motte para acusarlo del crimen de lesa majestad. Lo hace con la complicidad de dos aristócratas, el Señor de Lamoiziére y el Marqués de Courboyer, su amante y probablemente también el de su madre. El Barón es detenido por Colbert, pero finalmente es puesto en libertad y sus calumniadores son condenados a muerte. La Baronesa logra escapar acogiéndose a sagrado en una iglesia vecina. Se refugia después en Inglaterra y de allí pasa a España, donde se reúne con su madre y rinde a Francia ciertos servicios diplomáticos que hacen que recupere el favor de la corte.

Instalada de nuevo en París, se ve en problemas por su amistad con Madame Ticquet, que es decapitada por el asesinato de su esposo. Se relaciona con Saint-Evremond y con varias cuentistas de la época (Madame de Mural, Mademoiselle Lhéritier). En 1690 publica, además de la citada Histoire d’Hypolite, sus Mémotres de la cour d’Espagne, seguidas, en 1691, de la famosa Relation du voyage d’Espagne (la primera traducción castellana es tardía: Madrid, Juan Jiménez, 1891; Luis Ruiz Contreras traduciría el libro en 1942, con el título Un viaje por España en 1679). También redactaría memorias sobre la corte de Francia (1692), sobre la de Inglaterra (1695), así como unas curiosísimas Mémoires secrets de plusieurs grands princes de la cour (1696). Luego vendrían sus libros de cuentos ya mencionados. Madame d’Aulnoy murió en 1705 (su esposo el Barón había muerto octogenario en 1700) en su casa de París, rué Saint Benoit. Nos quedan dos retratos de la Baronesa que nos transmiten la imagen de una vivaz y opulenta belleza.

Para finalizar, citaré las traducciones castellanas que conozco de los cuentos de la Condesa d’Aulnoy: Bella Bella o el caballero afortunado (sic), trad. de José Llórente, Logroño, Viuda de Brieva, 1844; Cuentos, Madrid, Imprenta de la Biblioteca Universal, 1852; El pájaro azul, trad. de Pedro Umbert, Barcelona, Henrich y Cía., 1911; Cuentos, trad. de H. C. Granch, ilustraciones de Margenat, Barcelona, Maucci, 1942, y, sobre todo, un libro imprescindible por la excepcional calidad del traductor y de la prologuista: me refiero a Madame d’Aulnoy, Cuentos de hadas, selección y prólogo de Carmen Bravo-Villasante y traducción de José-Benito Alique, Barcelona, Bruguera, 1979.