Página 216 – Nueva Revista

Mi cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

Ver productos

Julián Marías, el filósofo de la concordia

Para Marías, el gran peligro de la convivencia es la politización excesiva, que pretende invadir a toda la sociedad, y esto es uno de los rasgos de los totalitarismos de todo signo. De ahí que el filósofo afirme que no puede haber concordia sin cordialidad.

Julián Marías. La concordia sin acuerdo. Gota a gota. 2021. 320 págs. 16,62 € (papel) / 8,46 € (digital).

El recuerdo del filósofo Julián Marías (1914-2005), un incansable luchador por la libertad que para él siempre iba unida a la verdad, es ejercicio recomendable en la España de nuestros días, con la clase política más polarizada de los últimos años y con una sociedad necesitada de ilusión y de esperanzas. De ahí el interés de la biografía de Julián Marías (ed. Gota a Gota), que lleva el adecuado subtítulo de La concordia sin acuerdo, escrita por el filósofo Ernesto Baltar.

En esta biografía conviven el hombre y el pensador, sin que sea fácil separar a uno de otro, pues Baltar se ha documentado no solo en los libros y archivos sino también en los testimonios de su familia

En esta biografía conviven el hombre y el pensador, sin que sea fácil separar a uno de otro, pues Baltar se ha documentado no solo en los libros y archivos sino también en los testimonios de su familia. El resultado es un libro que invita a profundizar en la obra de Marías, cuya trascendencia va mucho más allá de los escenarios sociales y políticos en que fuera escrita.

Este filósofo, uno de los mejores discípulos de Ortega, conoció la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo, la transición y los gobiernos socialistas y populares que siguieron. Con todo, a lo largo de las décadas de una intensa y profunda vida personal e intelectual, Marías no se acomodó a las situaciones porque bien sabía que eran efímeras, con independencia de su duración. Lo que más le interesaba era lo permanente: España y los españoles, su presente y su futuro, pero también su pasado que muchos ignoran o simplemente desprecian.

Baltar resalta el afán de curiosidad de Marías, descubridor del mundo desde su infancia, amante apasionado de la lectura más que de los estudios reglados. Llamativo es el deseo del niño Julián Marías de explorar las calles de Madrid, el buscar el más allá y el porqué de las cosas, y todo ello acompañado de lecturas de los grandes novelistas españoles y franceses del siglo XIX y principios del XX, junto con una incipiente afición, mantenida a lo largo de su vida, por el cine y el teatro.

La curiosidad del sabio siempre repara en los pequeños detalles de los acontecimientos históricos, y da lugar a intuiciones confirmadas por los acontecimientos. Basta citar dos ejemplos de la década de 1930. El primero parte de la alegre y bulliciosa proclamación de la Segunda República en la Puerta del Sol el 14 de abril, pero enseguida le seguirá la chabacanería del “hombre masa”, al que se refería Ortega, la que derriba estatuas de reyes en la Plaza de Oriente e incendia iglesias y colegios religiosos. El segundo ejemplo es aterrador: la mirada de odio del conductor de tranvía a una mujer guapa y elegantemente vestida que sube al vehículo en la Ciudad Universitaria. Es la primavera de 1936, y Marías se preocupa por el hecho de que la ideología impere sobre las hormonas.

De la Guerra Civil dirá Marías que “no era ni inevitable ni necesaria”

De la Guerra Civil dirá Marías que “no era ni inevitable ni necesaria”. La vida cotidiana seguía siendo normal, agradable y ajena a la política, pero al final se impuso la voluntad de no convivir y de considerar al otro como “inaceptable, intolerable e insoportable”. El régimen republicano era formalmente una democracia, pero, según Marías, se caracterizaba por la ausencia de verdaderos demócratas, entre otras cosas, porque no siempre se aceptaba el resultado de las urnas. Se pasó enseguida a calificar al otro como el enemigo, y esto siempre supone, en opinión de Marías, el triunfo de la incondicionalidad, que define como la completa aceptación de todo lo que favorezca al propio bando, “aunque fuera injusto, inmoral o monstruoso”. Un discípulo de Ortega, como él, no podía sentirse cómodo en ninguna de las dos Españas, aunque él estuviera con el bando republicano y simpatizara con el socialista moderado Julián Besteiro. Sin ir más lejos, recuerda un detalle a veces olvidado: la mayoría de los intelectuales de prestigio abandonaron España en 1936 al inicio de la guerra, y no esperaron a su conclusión en 1939.

Nunca tomará el camino del exilio ni el de la clandestinidad, pues consideraba que España era un país tan suyo como el de otros que no compartían sus ideas

Los años de la posguerra serán duros para Julián Marías. Privado de la posibilidad de una carrera universitaria, se dedicará, sobre todo, a escribir y traducir libros, al tiempo que colabora con Ortega tras su regreso a España. Pese a las adversidades y a la hostilidad de una España oficial que le ve con sospecha, Marías seguirá siendo un hombre inteligente, culto y optimista. Nunca tomará el camino del exilio ni el de la clandestinidad, pues consideraba que España era un país tan suyo como el de otros que no compartían sus ideas. Pese a todo, en la década de 1950 “descubrirá” América, tanto los Estados Unidos como los países de habla hispana, donde imparte cursos universitarios y conferencias. Allí encontrará el reconocimiento como filósofo que se le niega en su patria. En la década de 1960 viaja a menudo por la geografía española, tratando de conocer más sus paisajes y sus gentes, y esto se plasma en obras dedicadas a Cataluña y Andalucía.

Con la llegada de la democracia, Julián Marías será designado senador real y participará en los debates sobre la Constitución de 1978. Quien en su juventud fuera republicano, acepta ahora la nueva legitimidad fundamentada en una monarquía parlamentaria. Posiblemente los años de la Transición fueron los más satisfactorios de la vida de Marías, un hombre lleno de ilusiones y convencido de que España no era una excepcionalidad en Europa. Era un país de Europa Occidental, con sus peculiaridades. Ni que decir tiene que Marías participaba de la idea orteguiana de la integración de España en Europa. Sin embargo, en los últimos años de su vida empezó a preocuparse por el hecho de que, a pesar de ser España una democracia, el papel del Estado no paraba de crecer en detrimento de la libertad individual. Como buen liberal desconfiaba de ello, aunque esto le acarreara la difusión de una falsa imagen de filósofo conservador y chapado a la antigua. Se refugió en su trabajo de escritor y no le faltaron reconocimientos académicos, al tiempo que proseguía sus viajes al extranjero con el fin de seguir incrementando sus saberes y reflexiones. Con todo, se podría decir que casi al final de su existencia, Marías volvía una vez más a convertirse en un disidente, como lo había sido en los períodos republicano y franquista.

En el libro de Baltar predominan las páginas dedicadas a la vida de Marías, que se confunde con un recorrido por la agitada historia de España en el siglo XX, aunque a la vez se da noticia de las obras que el filósofo va escribiendo a lo largo de los años. En la segunda parte de la obra, El oficio de pensar, se proporciona una visión de conjunto de sus aportaciones intelectuales. En plena posguerra, cuando el ambiente político-social no es nada dado a actitudes de conciliación, Marías buscará compaginar el pensamiento de Ortega con el de Unamuno, probablemente porque siempre se opuso a la dicotomía entre idealismo y realismo, a la oposición entre la razón y la vida. Más que ser realista, nuestro autor buscaba conocer de primera mano la realidad. No concebía la filosofía como unas complejas teorías alejadas de la vida. De hecho, le gustaba utilizar el término “antropología metafísica”. El pensamiento no podía separarse de la existencia, porque, si no es así, la filosofía se reduce a los juegos dialécticos de los sofistas, aunque Marías reprocha incluso a Aristóteles que su filosofía se ha centrado demasiado en las cosas. En el siglo XX habrá autores que reduzcan la filosofía al análisis lingüístico. En contraste, Marías no duda con asociarla con los géneros literarios. El incisivo estilo de Unamuno o de Ortega es prueba de ello, y el propio Marías demostrará en su producción un gran interés por la literatura, en particular la española.

En Marías, definir a un liberal tiene una claridad meridiana: es aquel que es capaz de entenderse con el que piensa de otro modo

El nombre de Julián Marías suele asociarse con el calificativo de liberal, pero con el paso del tiempo, este término se ha hecho confuso y poco preciso, al menos en España. En Marías, definir a un liberal tiene una claridad meridiana: es aquel que es capaz de entenderse con el que piensa de otro modo. El problema, para nuestro autor, es que el liberalismo clásico, como el de Locke, ha puesto demasiado el acento en la libertad política y económica, pero ha descuidado la libertad humana. Nos recuerda además una frase de Gregorio Marañón, olvidada por muchos: “El fin nunca justifica los medios”. Además, en Marías la libertad va asociada a la concordia, una concordia que no es sinónimo de acuerdo. Cicerón, en su Tratado sobre la convivencia, ya se refería a la concordia sin acuerdo. En una sociedad hay que buscar los elementos comunes que la unen y no resignarse a una mera coexistencia. Para Marías, el gran peligro de la convivencia es la politización excesiva, que pretende invadir a toda la sociedad, y esto es uno de los rasgos de los totalitarismos de todo signo. De ahí que el filósofo afirme que no puede haber concordia sin cordialidad.

UN FILÓSOFO NECESARIO PARA NUESTRO TIEMPO

Estamos ante un libro que sirve de introducción, inevitablemente incompleta, a la vida y la obra de Julián Marías, un filósofo necesario para nuestro tiempo, un hombre que exhorta a la lucidez de “abrir los ojos y no volverse de espaldas a la realidad”, tal y como les ha ocurrido, con frecuencia, a España y a los españoles en los últimos siglos de nuestra historia.

Retos y oportunidades de la transición energética

España se enfrenta a retos pero también tiene por delante grandes oportunidades en la transición energética. Una de ellas, es la de “convertirse en un gran ‘hub’ de hidrógeno verde que exporte al norte de Europa. Puede ser uno de los países ganadores, sobre todo si Europa tiene una visión estratégica que no ha tenido para el gas natural”, señaló Ángel Luis Bautista, director de Relaciones Institucionales y Coordinación Regulatoria de REPSOL, en la segunda sesión del seminario Pensar el siglo XXI, dedicada a La geopolítica de la energía: del petróleo a las renovables.

El ciclo de conferencias está dirigido por el catedrático emérito de Sociología y académico de Ciencias Morales, Emilio Lamo de Espinosa, y organizado por el Consejo Social de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), que preside el exministro Jordi Sevilla, con la colaboración de Nueva Revista.

La sesión contó con una ponencia de Ángel Luis Bautista; y con las intervenciones de Marta Margarit, secretaria general de la Asociación Española del Gas (Sedigas); Mariano Marzo, catedrático de Estratigrafía y profesor de Recursos Energéticos y Geología del Petróleo en la Universidad de Barcelona; y Gonzalo Escribano, director del Programa Energía y Clima del Real Instituto Elcano.

El profesor Lamo de Espinosa introdujo la sesión señalando que “la geopolítica casi se inventó para lidiar con los problemas energéticos” que se generan en unos espacios geográficos pero que se consumen en otros, de suerte que es vital para “los consumidores asegurar el control y el transporte de los suministros energéticos”. Y gran parte de las guerras del pasado -especialmente la Segunda Guerra Mundial- estuvieron determinadas por ese factor.

Actualmente, “el cambio climático cambia este escenario, y obliga a la transición energética”, con lo que limita «el poder de los petroestados» y «diversificará las fuentes de energía”.

Ángel Luis Bautista, por su parte, explicó que con las renovables y las nuevas fuentes de energía hemos pasado de “una geopolítica de intereses a una geopolítica de valores” -por ejemplo, los criterios medioambientales-; y que para hacer frente a la transición energética habrá que poner “el foco en la posesión de recursos mineros”.

Tras veinte años de transición energética “el petróleo, el gas y el carbón siguen dominando el mix energético»

Tras veinte años de transición energética “el petróleo, el gas y el carbón siguen dominando el mix energético» indicó el ponente. Según la Agencia Internacional de la Energía, el consumo mundial se elevará un 30% en 2040. En su escenario de Desarrollo Sostenible, “la industria de Gas y Petróleo representarán más del 46% del mix global”.

Los llamados “petro-Estados” han ido perdiendo relevancia. La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) ha perdido parte de su poder de control de precios “por el incremento de la producción en EE.UU. a consecuencia de la ‘revolución del shale’” (o esquisto, roca que puede contener hidrocarburos o gas natural). Si bien, la OPEP recupera peso “ante la volatilidad de los precios y lo competitivo de sus operaciones”.

Y se prevé un crecimiento considerable de la producción de gas natural: un 24% a 4.857 bcm (millardo de metros cúbicos) en 2040; y el gas natural líquido aumentará un 79% respecto a los niveles de 2020. Como subraya Bautista, “en mundo descarbonizado, va a ser fundamental la relevancia del gas”.

UE: FALTA DE POLITICA DE SEGURIDAD ENERGÉTICA COMÚN

Respecto a la Unión Europea, su gran problema es “la dependencia energética de Rusia y que carece de una política de seguridad energética común para reducir esa dependencia”. Si Rusia decidiese cortar el suministro europeo, “la Unión se vería inmersa en una crisis de gran envergadura”. De forma que la UE “ha de impulsar la creación de una asociación estratégica en el Mediterráneo que incluya a sus vecinos del norte de África”.

En el caso de las renovables, considera el ponente, se produce una transferencia de poder del “dueño de quien tenía la molécula al dueño de la tecnología, que es el que tiene capacidad para explotar esos recursos”. Y uno de los problemas de las renovables es que “el control de esa tecnología está en manos de pocos países”. Esto se podría considerar “una nueva conspiración de los países ricos contra los pobres” agregó. Pero quien tiene ahora la capacidad tecnológica es China (produce el 72% de los módulos solares del mundo y el 69% de las baterías de iones de litio).

Explicó Bautista que el gigante asiático hace una “apuesta por las renovables y el mantenimiento del carbón por razones industriales, económicas y de autonomía energética, buscando minimizar la dependencia exterior del petróleo y del gas”. Ese control por la tecnología tiene consecuencias geopolíticas. Hasta el punto de que “la estabilidad y paz mundiales pueden verse amenazadas por la mayor independencia energética que podrían obtener los países desarrollados a través de las renovables”.

Deng Xiao Ping : “Oriente Medio tiene petróleo, China tiene tierras raras”

China también compite por las tierras raras [una serie de elementos químicos difíciles de encontrar en estado puro] y que son básicas en el desarrollo de las tecnologías. Desde Deng Xiao Pin, son su oro negro: “Oriente Medio tiene petróleo, China tiene tierras raras”. Y de hecho, ese país “produce alrededor del 80% de las tierras raras que consume la industria mundial”. Mientras que Pekín cuenta con su plan Made in China 2025, Europa intenta desarrollar sus propios planes industriales en ámbitos como las baterías, el H2 y las materias primas.

HIDRÓGENO: PAÍSES GANADORES Y PERDEDORES

El ponente se refirió, por último, al hidrógeno. Este ha impulsado una carrera por el liderazgo tecnológico: la mayoría de los países quieren ser “creadores”, no “consumidores”. Explicó que “los grandes países industrializados, como Japón, Corea, Alemania y el resto de UE están apostando por la importación a gran escala de H2 para cumplir sus compromisos de cero emisiones netas. Las dos regiones más prometedoras para establecer un comercio internacional del hidrógeno son: Asia-Pacífico y Europa”.

En este nuevo pulso de rivalidad geopolítica “habrá ganadores y perdedores” afirmó Ángel Luis Bautista. “España o Marruecos que disponen de mucha capacidad renovable instalada y con conexiones submarinas tienen mucho potencial de triunfar; en tanto que Argelia que depende exclusivamente del petróleo y el gas será de los grandes perdedores”.

MARTA MARGARIT: LA TECNOLOGIA POR DETRÁS DE LA POLÍTICA

En su intervención, Marta Margarit destacó “la relevancia geoestratégica del gas”, como se ve gráficamente en el precio. Explicó que desde 2019 se ha reducido el consumo de gas, en parte, por la disminución de la actividad económica; y en parte, por temperaturas más moderadas en los inviernos.

“Es la primera vez en la historia que la tecnología va detrás de las decisiones políticas”. Esta vez, a diferencia, del pasado “se ha decidido que en el 2050 tengamos cero emisiones ¿con qué tecnología? No lo sabemos. Con lo que los países necesitan una seguridad de suministro». Es preciso “disponer de estructuras paralelas a la red eléctrica -por ejemplo un sistema gasista o de petróleo-“.

En este sentido, «el gas tiene sistemas muy robustos que con el tiempo tienen la necesidad de descarbonizarse. Entrarán entonces en juego los ‘gases renovables’: biogás, biometano e hidrógeno”. Lo cierto es que “el mundo está comprometido con la descarbonización y la transición energética”.

España dispone de las materias primas renovables y una red gasista muy importante para llegar a 2050 descarbonizada

Refiriéndose a España, Margarit destacó que dispone de “las materias primas renovables y una red gasista muy importante (para biogás, etc.) para una transición energética y llegar a 2050 descarbonizada».

MARIANO MARZO: DEMANDA DE MINERALES, VINCULADOS A ENERGIAS LIMPIAS

Por su parte el catedrático Mariano Marzo afirmó que “el concepto de seguridad energética, y por lo tanto geopolítica, está evolucionando”; y que “la transición a la energía limpia supone nuevos desafíos para la seguridad. como pone de relieve un reciente informe de la Agencia Internacional de la Energía”.

Según las previsiones de Marzo, «la demanda de minerales vinculados a las (mal) llamadas energías limpias -puesto que hay unas energías más limpias que otras- registrará un incremento como mínimo del 400% de aquí a 2040; e incluso de un 600% en un escenario de cero emisiones netas. Por lo tanto la transición energética tendrá consecuencias de gran alcance».

España necesita un gran pacto en política energética, basado en intereses científicos, tecnológicos y económicos, no ideológicos

Respecto a los retos que la transición plantea a España, Marzo manifestó que echa en falta “una planificación energética con más realismo y racionalidad, para evitar ‘el populismo energético’”. “España necesita -añadió- un gran pacto en política energética, basado en intereses científicos, tecnológicos y económicos, no ideológicos».

GONZALO ESCRIBANO: EL PELIGRO DE LOS VACÍOS DE GOBERNANZA

Finalmente intervino Gonzalo Escribano, para quien «la transición energética supone muchos retos, pero desde la perspectiva internacional es imprescindible establecer una nueva y mejor gobernanza para no reproducir los errores del pasado». Añadió que donde se producen vacíos de gobernanza surgen conflictos políticos.

Considera Escribano que «geopolíticamente no tiene sentido dejar de depender del petróleo y el gas del Golfo Pérsico para pasar a hacerlo de su hidrógeno, cuyas importaciones deben, además, evaluarse con estrictos criterios de sostenibilidad, y no sólo ambiental». De forma que es preciso “sopesar las pérdidas y ganancias de pasar de la dependencia de los llamados petro-estados a la de los electro-estados”.

LA GLOBALIZACIÓN Y LA PANDEMIA, A EXAMEN

El seminario Pensar el siglo XXI se ocupará en próximas sesiones de La globalización, antes y después de la pandemia; El cambio climático y la sostenibilidad; y contará con la participación de destacados expertos que analizarán y debatirán estas cuestiones.

La certificación en los Estados Unidos

El primer punto clave sobre la acreditación en los Estados Unidos es fundamentalmente que no se trata de una función del gobierno. El sistema actual de acreditación de las instituciones de enseñanza superior surgió del esfuerzo voluntario de las universidades por asegurar la calidad y, posteriormente, por mejorarla.

La participación del gobierno de EE.UU. siempre ha sido en gran medida de naturaleza normativa. A mediados de los años cincuenta, el gobierno federal decidió trabajar con agencias de acreditación voluntarias para asegurarse de que la enseñanza que ofrecían los diversos centros universitarios era de la calidad suficiente y ofrecía garantías a los militares veteranos retornados que estudiaban gracias a los fondos guberna- mentales (del programa GI Bill) (1). La Ley de la Enseñanza Superior de 1965, la legislación principal que autorizaba la participación del gobierno en la enseñanza superior, establecía una continua función de supervisión sobre los organismos de acreditación como una forma de controlar el acceso a la ayuda federal a estudios de todo tipo. La acreditación en aquel entonces no era todavía obligatoria, pero la mayor parte de las instituciones la perseguía para poder beneficiarse de dicha ayuda.

A mediados de los ochenta, la existencia de ayudas permanentes al estudio creaba incentivos para la aparición de instituciones de baja calidad capaces de atraer a estudiantes susceptibles de ser receptores de fondos federales. Como resultado cundió la preocupación por la mejora de la calidad en la enseñanza y la garantía de la misma.

La «rendición de cuentas» se convirtió en la palabra clave y se dio a las agencias de acreditación la responsabilidad de medir la calidad institucional a través de parámetros impuestos por el gobierno federal

La «rendición de cuentas» se convirtió en la palabra clave y se dio a las agencias de acreditación la responsabilidad de intentar medir la calidad institucional a través de parámetros impuestos por el gobierno federal. En efecto, este papel de supervisión regulatoria (para asegurar la calidad) se vio reforzado por esfuerzos consultivos bien intencionados que trataban de ayudar a las instituciones a mejorar también en la calidad.

Sin embargo, las agencias de acreditación seguían siendo organizaciones voluntarias y de colegas. Las siete entidades regionales de acreditación eran casi monopolísticas dentro de las regiones geográficas (y hasta el momento presente, julio de 2020, como se verá a continuación). Aunque están autorizados por el gobierno de los Estados Unidos, estos organismos operan de forma independiente y varían en tamaño (número de instituciones), así como en términos de especializaciones.

Todas tienen grupos de decisión voluntarios («comisiones») compuestos por académicos elegidos y un puñado de representantes públicos. Poseen plantillas profesionales reducidas, formadas por lo general por antiguos académicos, y dependen de colegas voluntarios para hacer las revisiones, recomendaciones y tomar las decisiones sobre las acreditaciones. Estas organizaciones no están financiadas por el gobierno, sino por las cuotas de los miembros de la institución.

También existe un grupo de entidades de acreditación nacionales que no atienden a límites regionales, sino que operan ampliamente y, a menudo, suelen prestar servicios a instituciones con ánimo de lucro. También existe un pequeño número de organizaciones nacionales especializadas, la mayoría de las cuales da servicio a instituciones religiosas. Tampoco estas organizaciones se financian por el gobierno, sino que dependen de voluntarios. Su propósito es proporcionar a instituciones, que quizá no sean capaces de lograr acreditación regional, una vía de acceso para acceder a la financiación federal para sus estudiantes.

Finalmente un grupo de organismos de acreditación conocidos como especializados o programáticos operan dentro de los campos académicos o profesionales definidos. Con una estructura similar a la de los regionales, se diferencian sobre todo en que no supervisan la ayuda federal al estudio. Operan de forma completamente independiente de las entidades de acreditación institucionales.

Una última complicación es que la mayor parte de los gobiernos estatales de EE.UU. tienen departamentos de educación que deben aprobar ciertos programas de estudio, por lo que se refiere a las titulaciones, dentro de sus competencias. Se trata de una forma de acreditación, pero básicamente tiene las funciones de una licencia (una autorización legal para operar y dar servicio a los residentes).

PAPEL CENTRAL DE LAS INSTITUCIONES ACADÉMICAS

Merece la pena señalar que las instituciones son, ante todo, el verdadero lugar de la enseñanza superior. Las instituciones académicas también son el lugar de los programas especializados, ya que los programas o títulos académicos específicos rara vez se dan en un vacío organizativo. Estas realidades se reflejan en la vasta literatura existente sobre la naturaleza de la enseñanza superior. Véase, por ejemplo, el exhaustivo capítulo de Pelikan The Idea of the University in Scholarly Literature (La idea de la universidad en la literatura académica. Pelikan, 1992).

Incluso las más pequeñas de entre las instituciones académicas son lugares complejos. Múltiples titulaciones, disciplinas, departamentos, así como una amplia gama de funciones de apoyo y administración se dan cita bajo el mismo techo institucional, y normalmente bajo una misma dirección institucional. A este respecto, señalan Rojas y Bernasconi que estas particularidades estruc- turales se complican aún más por características académicas como la «relativa debilidad del poder jerárquico», el «denso y diverso sistema de valores» y, lo que es más importante, el hecho de que la institución siempre tiene una interacción dinámica con sus entornos externos (Rojas y Bernasconi, 2016). De alguna manera, todas estas subdivisiones, programas de niveles, funciones e intereses deben organizarse conjuntamente si la institución quiere ser eficaz y exitosa.

Complica las estrategias nacionales para la mejora institucional la amplia gama existente de entidades que ofertan educación

Las instituciones académicas estadounidenses también son entidades sorprendentemente diversas. Las diferentes misiones, estructuras, escalas y enfoques en la educación proporcionan una amplia gama de oportunidades para los estudiantes, al tiempo que promueven la competencia y la innovación. Sin embargo, complica las estrategias nacionales para la mejora institucional la amplia gama existente de entidades que ofertan educación: instituciones académicas tradicionales públicas, privadas o con fines de lucro; entidades no tradicionales con titulaciones largas y cortas; empresas innovadoras de tecnología y nuevos participantes que surgen casi a diario. Los esfuerzos integrales y universales para mejorar las instituciones académicas han demostrado ser difíciles de concretar.

DESAFÍOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD

En el pasado, la sociedad contaba con las propias instituciones académicas para definir y asegurar la calidad de la educación. Sin embargo, con el crecimiento del sector de la enseñanza superior a causa de la masificación y con el gran aumento de la inversión gubernamental, la confianza por sí sola ya no es suficiente.
Por lo general, se han desarrollado dos modelos para asegurar la calidad. A diferencia del modelo más común en Europa o América Latina, donde la educación superior se toma como una competencia gubernamental básica, un modelo más descentralizado se desarrolló en EE.UU., donde instituciones que no eran públicas dominaron el sector durante mucho tiempo y casi todas las instituciones públicas eran creaciones derivadas de los diversos gobiernos de los distintos Estados en lugar del gobierno federal.

La apuesta por una educación de calidad ha crecido en el entorno altamente competitivo de la actualidad. Sin embargo, la garantía de esa calidad y la protección de los estudiantes se ha vuelto una tarea mucho más compleja. En cierto sentido, se podría decir que los modelos europeo y norteamericano han convergido. En unos EE.UU. descentralizados, los controles del gobierno sobre la educación superior ha continuado ampliándose mientras que los métodos tradicionales que aseguraban la calidad a menudo se critican por inadecuados. Las enormes sumas de dinero que están en juego hacen que la atención se centre cada vez más en cuestiones de retorno de las inversiones, tanto en un nivel gubernamental como individual.

En los países más centralizados, la necesidad de permitir una mayor diversidad institucional ha dado lugar a una serie de esfuerzos ajenos a los ministerios de educación tradicionales para permitir evaluar la calidad de la institución académica. En algunos casos, las instituciones han consolidado su tradicional autonomía. En otros, como en Europa, objetivos como el fomento de la movilidad laboral y una comunidad europea más amplia han requerido esfuerzos intensivos y extensivos para armonizar y mejorar los sistemas y resultados educativos en general.

LA ACREDITACIÓN Y SUS VERDADEROS OBJETIVOS

Una cuestión fundamental para los agentes externos, entre los que se puede contar al gobierno, es cómo garantizar una calidad mínima en las instituciones académicas y cómo manejar las instituciones que son deficitarias. Como señala Bok, hay dos maneras de abordar este asunto: la acreditación o la transparencia –este autor también señala que estas no se excluyen mutuamente–.

El problema de la transparencia es doble. Primero, ¿cuál es la información que debe hacerse transparente? ¿Cuáles son los indicadores y qué miden? En segundo lugar, incluso si existen indicadores y otras formas de información eficaces, ¿cómo se van a presentar de manera que sean accesibles y útiles para todos los interesados actuales como potenciales? O, como señala Chen y Hayes, la pregunta relevante es ¿transparencia, para quién? Es cierto que en diversos países se han hecho esfuerzos para favorecer la transparencia, pero su éxito ha sido limitado. En cambio, a los sistemas de acreditación se les otorga, de hecho, la tarea de asegurar la aplicación de estándares apropiados y después acreditar a las instituciones que las cumplan.

La acreditación es una de las claves a la hora de elaborar estrategias que permitan a la mayoría de países asegurar niveles mínimamente aceptables de calidad académica

Tanto si parte del gobierno directamente como de organizaciones externas de independencia variable, la acreditación es una de las claves a la hora de elaborar estrategias que permitan a la mayoría de países asegurar niveles mínimamente aceptables de calidad académica. La acreditación también es importante por otras razones, además de asegurar un grado mínimo de calidad. Los gobiernos invierten enormes cantidades de fondos públicos a favor de la educación superior y tienen todo el derecho al querer asegurar que sus recursos se emplean bien. Los gobiernos tienen asimismo la responsabilidad de suministrar información sobre la educación superior a los consumidores, esto es, a los estudiantes y a los progenitores, para que estos puedan tomar decisiones bien informadas acerca de las inversiones individuales en dinero y tiempo. La protección, por ello, tanto de padres como de alumnos es una responsabilidad añadida.

ACREDITACIÓN PROGRAMÁTICA EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR

A diferencia de lo que sucede en EE.UU., la mayoría de los sistemas de acreditación en el mundo van dirigidos a programas especializados o titulaciones específicas dentro de las instituciones. Esta forma de acreditación a menudo es más directa y sencilla que la evaluación de las instituciones. Hay distintas razones para esto. Los componentes curriculares, los objetivos de aprendizaje y los resultados de un programa educativo determinado se limitan a una sola disciplina o campo profesional. Los programas también suelen centrarse en la preparación para el ejercicio profesional. Eso significa que la definición de los criterios básicos de evaluación se hace dentro de un marco común de vocabulario especializado, conceptos compartidos y requisitos claros para el ejercicio de la profesión. En muchos países, profesionales que no pertenecen a la academia participan directamente en el establecimiento de estándares y la revisión de programas. A menudo los requisitos de autorización o licencia gubernamentales para que la persona pueda pasar a ejercer su profesión –como ocurre en Medicina o Derecho– están directamente relacionados con este proceso.

La acreditación especializada en EE.UU., como en otros países, se centra en estándares y resultados de aprendizaje directamente relacionados con la práctica profesional. Esto significa que dichos estándares se fijan bastante altos y solo un pequeño número de programas a nivel nacional puede alcanzarlos. Este hecho subraya una diferencia enorme entre la acreditación especializada y la institucional en EE.UU. en particular. Las entidades de acreditación especializadas no certifican la mayoría de programas específicos de un sector. Las agencias de acreditación de referencia como ABET (en el sector de la ingeniería) o AACBS (para las escuelas de negocio) acreditan solo una pequeña parte de los programas existentes. A diferencia de la acreditación institucional, el logro de la acreditación especializada en estos casos sirve como prueba de mayor calidad que demuestra una preparación y rendimiento superiores.

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR

No se puede enjuiciar a las instituciones académicas por el éxito en una sola y limitada área. Si bien es posible que existan medidas de calidad para programas específicos, no hay ninguna que sea ampliamente aceptado para las instituciones. Las formas actuales de acreditación institucional están, por ello, limitadas por lo que respecta a su impacto o eficacia. Como se ha señalado, la acreditación de las instituciones ni siquiera existe en muchos países. Y donde existe, a menudo es percibida como algo que no funciona demasiado bien, incluyendo el país donde es predominante: Estados Unidos.

En este último, el enfoque de la acreditación institucional se basa sobre cinco valores básicos, que reflejan aspectos de la heterogeneidad institucional:

1) las instituciones académicas son las principales responsables de la calidad académica;

2) la misión del centro es crucial en todas las evaluaciones de la calidad académica;

3) la autonomía institucional es esencial;

4) la descentralización y la diversidad de las funciones institucionales están en la raíz del éxito del modelo estadounidense;

y 5) la libertad académica –un valor esencial– solo puede prosperar cuando las instituciones toman la iniciativa en la enseñanza superior.

Como se ha señalado, el sistema es voluntario, no gubernamental, descentralizado y en gran medida autorregulado. Y, como se verá, está bajo tremendas presiones de cambio.

MODELO DE MÍNIMOS EN LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

La diversidad institucional hace que los órganos de acreditación solo puedan usar estándares de mínimos a la hora de evaluar la calidad. La única manera de gestionar instituciones enormemente heterogéneas –con distintas funciones, enfoques, objetivos, estructuras o recursos– es a través de estándares de mínimos comunes. La diversidad institucional hace que la aplicación de algo más que estos estándares de mínimos sea casi imposible.

Porque ¿cómo se podrían aplicar estándares comunes o criterios de evaluación a instituciones tan dispares como las prósperas universidades de investigación de prestigio mundial, a pequeñas universidades especializadas sin fines de lucro, a instituciones tradicionales de artes liberales, a las grandes y multidisciplinarias universidades públicas o a operadoras online con fines de lucro? ¿Cómo puede examinarse la calidad institucional en el contexto de múltiples programas que abarcan diversas disciplinas, así como funciones y tareas administrativas y de apoyo amplias y diferenciadas? Aunque es posible hablar de evaluación de la calidad en lo específico, evaluar la gran complejidad de una institución es un desafío casi imposible. Esta situación lleva al absurdo de que instituciones deficientes, que hayan obtenido su acreditación, puedan afirmar de forma legítima que tienen exactamente la misma acreditación que las mejores.

Que un centro esté acreditado no significa que sea reconocido por su excepcional calidad, sino que tiene una calidad mínima

La acreditación institucional que es obligatoria (al menos a efectos prácticos) significa que todos los centros deben ser evaluados con los mismos criterios y que solo se rechazan los de valores atípicos más llamativos. Cualquier esfuerzo destinado a apartarse de una aplicación amplia o generosa de los estándares de acreditación tendrá como resultado la pérdida de viabilidad y, por ende, de acreditación de las instituciones más pequeñas y más débiles. Las realidades administrativas en las que se enmarcan la mayoría de los sistemas académicos requieren un enfoque integrador. Una agencia de acreditación regional estadounidense que debe hacer lo mismo para todas las instituciones de su área no tiene otra opción más que adoptar una aproximación de mínimos comunes.

Por lo tanto, cualquier esfuerzo serio a la hora de incrementar la calidad es puramente aspiracional y compete a instituciones independientes. Los organismos de acreditación y los equipos de revisión de expertos pueden fomentar la mejora de la calidad y compartir buenas prácticas, pero no pueden demandar estándares de calidad por encima del mínimo o del umbral. Para ser claro: que un centro esté acreditado no significa que sea reconocido por su excepcional calidad, sino que tiene una calidad mínima. De promover la excelencia en la educación ni hablamos.

Esta imposibilidad a la hora de ir más allá de los umbrales no es sorprendente. En primer lugar, los desafíos metodológicos para la evaluación integral de las instituciones son abrumadores. Por ejemplo, ¿cuál es el verdadero propósito de la educación: facilitar el primer empleo o preparar a los estudiantes para toda la vida? ¿Cómo se sopesan colectivamente los resultados de las titulaciones en campos tan diversos como las bellas artes, la ingeniería, la economía y la bioquímica? El resultado es que la evaluación institucional de la calidad de esta manera es imposible.

Como señala Reisberg, la realidad es que no hay criterios o definiciones comúnmente aceptadas de la calidad institucional. «¿La calidad de quién?» es una pregunta común. La acreditación institucional es, en gran parte, un ejercicio de mínimos, ya que no hay estándares de calidad comúnmente definidos. La diversidad entre las instituciones, más la complejidad y la diversidad dentro de las mismas, hace que la definición universal de calidad o excelencia institucional sea sumamente problemática.

Por esta razón han surgido los rankings de centros al modo comercial, porque llenan un vacío de información. Sin embargo, los sistema de ranking comerciales son muy criticados. Se les supone objetividad, pero no muestran medios metodológicamente sólidos como para serlo.

Básicamente, dichas clasificaciones miden los factores que pueden ser cuantificados, utilizando esas mediciones como indicadores de calidad, y añadiendo luego datos aproximados o parciales, juicios subjetivos u opiniones sobre la reputación. En estos casos, un indicador tal como la productividad en la investigación se calcula por el número de veces que el autor es citado en publicaciones escogidas. Como no existe una manera verdadera de medir la calidad en la investigación, el número de menciones se toma como un indicador sustitutivo, un número supuestamente mide algo y que puede ser conectado a un algoritmo. La elaboración de un ranking de centros requiere numerosas hipótesis de este tipo, lo que multiplica la probabilidad de inexactitud en todos los niveles.

Los rankings proporcionan poca información útil al observador bien informado. De hecho, ejemplifican uno de los peligros de isomorfismo, ya que las instituciones a menudo sesgan sus prioridades en un intento de mejorar su puesto en la clasificación. Los rankings se convierten así en un indicador falso y engañoso de la reputación y la calidad en algunos tipos de actividad específicos y cuantificables. El hecho de que las clasificaciones reciban tal atención lo que refleja, en realidad, es la ausencia de una alternativa.

Pero sí hay maneras de evaluar la calidad de ciertos factores o componentes de los centros de educación superior. Es posible medir, con grados variables de precisión, elementos tales como los resultados de las investigaciones, la calidad de la enseñanza, el nivel de los servicios a los estudiantes o la eficacia de las estrategias de participación de la comunidad. Como ya se ha dicho, es posible evaluar la calidad de programas específicos o títulos especializados. Pero no hay forma de sintetizarlos a pesar de los enormes esfuerzos por crear tablas de datos y otras formas de información agregada. Y además, la manera en que un centro de educación superior se esfuerza en ello probablemente no es significativa para otra.

La comparación de universidades no es análoga a la comparación de empresas, ya que esta se basa en medidas concretas y objetivables como los estados de pérdidas y ganancias anuales, el rendimiento de las inversiones o los precios de las acciones.
Como no existe un acuerdo generalizado sobre lo que constituye un resultado de calidad para una institución, los órganos de acreditación de todo el mundo no tienen más remedio que hacer gran hincapié en los «procesos de calidad», si quieren tener o manejar algo más que normas mínimas. Independientemente de cómo se definan las normas de ese umbral, los órganos de acreditación fomentan la mejora de la calidad solo mediante procesos, no mediante el uso de metas o medidas objetivas. Se supone que el propio proceso de acreditación promueve de por sí la calidad.

Por ejemplo, en EE.UU. las agencias de acreditación regionales tienen estándares similares que son de naturaleza binaria o relacionada con los procesos. Un ejemplo de estándar binario estaría relacionado con la capacidad de investigación del centro. ¿Tiene un departamento de investigación interno: sí o no? Y este, ¿se emplea para crear cultura científica: sí o no? ¿Esta cultura científica o de la evidencia es eficaz para orientar las decisiones: sí o no? Así pues, se termina por examinar la existencia de una función importante como la investigación institucional en términos de si esa función promueve o no la utilización de datos en la adopción de decisiones institucionales.

No se juzga la calidad de esa función, la calidad de los datos que produce o su eficacia. La verdadera cuestión sobre la investigación institucional que plantean los actuales sistemas de acreditación es si el centro cuenta o no con un proceso para la utilización de los datos, no la calidad, eficacia o utilidad del uso de esos datos.

Cuando los organismos de acreditación institucionales hablan de calidad, en realidad hablan de procesos de evaluación de la calidad, no de calidad institucional global

Del mismo modo, otro de los estándares generalizados en EE.UU. es si el centro tiene o no un consejo de administración independiente con estatutos que definan tanto la estructura como las obligaciones. Sin embargo, no hay una forma objetiva de medir la calidad de ese consejo y su funcionamiento, excepto quizás en el caso de una incompetencia manifiesta o de mala conducta, pero entonces puede que sea ya demasiado tarde.

Por lo tanto, cuando los organismos de acreditación institucionales hablan de calidad, en realidad hablan de procesos de evaluación de la calidad, no de resultados de calidad o de calidad institucional global. En este sentido, los órganos de acreditación pueden sancionar a las instituciones que no cumplan las normas de mínimos, lo que constituye una útil función de protección a los clientes (progenitores y alumnos). Pero la calidad educativa más allá de dichos mínimos no se está evaluando objetivamente, mientras que la excelencia educativa ciertamente no forma parte de la discusión.

Además, ni siquiera son claros los estándares de mínimos de las agencias de acreditación de los centros. Más bien se suele preguntar a los examinadores si el centro cumple de forma sustancial o mínimamente los estándares específicos o los colectivos. Es más, los requisitos, si bien son similares, pueden variar en el lenguaje, las categorías y las evaluaciones de un organismo de acreditación a otro. En otras palabras, la aplicación de las normas que existen varía de un organismo de acreditación a otro, de un examinador a otro y, en ocasiones, incluso de un examen a otro, ya que estas pruebas suelen participar múltiples examinadores.

En EE.UU. los examinadores son voluntarios, compañeros que no cobran y con escasa formación en dicha tarea. El modelo europeo es diferente. En él, los evaluadores no son simplemente colegas sino que se trata de profesionales pagados y formados a los que a menudo se denomina «expertos». Los evaluadores europeos a menudo incluyen miembros no académicos tales como profesionales, consultores y estudiantes. El modelo americano es mucho más cerrado y, algunos dirían, incestuoso. Los órganos de acreditación norteamericanos tienen generalmente pequeñas plantillas profesionales, pero los examinadores y los órganos de decisión (las comisiones) son casi en su totalidad voluntarios y no remunerados. Sin embargo, independientemente de la estructura de los cuerpos de evaluadores, las normas en sí son en gran medida subjetivas y su aplicación suele serlo también. Los juicios de los evaluadores no pueden sino ser subjetivos cuando lo que se evalúa no se puede presentar o definir de forma objetiva.

EL EFECTO DEL SISTEMA DE ACCESO

Dado que la acreditación en EE.UU. está directamente vinculada a la vida institucional de la financiación gubernamental, los órganos de acreditación se han convertido en los guardianes de grandes cantidades de ayuda financiera que el gobierno federal (y estatal) ofrece a los estudiantes y a la investigación. Pero todo lo anterior está condicionado a que una institución que desee recibir esos fondos esté debidamente acreditada. De esta forma se elevan las exigencias de la acreditación. Entre otras cosas, esto significa que los evaluadores suelen ser reacios a proponer la retirada de la acreditación, ya que probablemente esto significaría una sentencia de muerte para la institución.

Al mismo tiempo, las agencias de acreditación son muy criticadas por no ser suficientemente rigurosas en sus evaluaciones a la hora de proteger a los estudiantes de instituciones que no llegan ni a los estándares mínimos. Mientras que los organismos de acreditación gremiales quieren apoyarse mutuamente, el gobierno quiere acreditadores regulados. Esta situación viene a subrayar aún más que la garantía de calidad por encima del umbral de mínimos o la mejora de esta dependen exclusivamente de cada institución.

Algunos reprocharán que el propósito principal de toda acreditación es simplemente determinar el acceso a recursos financieros. No está claro lo que pasaría si, como han sugerido algunos en el Congreso de EE.UU., se cortara esta vinculación. ¿Seguirían los centros buscando acreditación? ¿Se preocuparían por ello los mejores? ¿Significaría la acreditación algo más que un conjunto de instituciones que cumplieran con los mínimos? En cualquier caso, la conexión financiera aumenta drásticamente lo que está en juego en todos los aspectos de la acreditación institucional.

EL LADO POSITIVO DEL MODELO DE UMBRAL

Sin embargo, también se puede alegar con argumentos sólidos que la acreditación institucional puede ser eficaz a la hora de establecer niveles o umbrales para instituciones académicas dispares. También se puede aducir en su favor que formar parte de los procesos de acreditación tiene un buen número de efectos beneficiosos informales, de red, como compartir información y buenas prácticas y participar en la difusión de la innovación. La acreditación supone evaluaciones independientes externas, la celebración de conferencias, el intercambio de inquietudes sobre determinadas cuestiones y otros aspectos similares, y todo ello es positivo, sobre todo a largo plazo. Los centros pueden beneficiarse en gran medida del propio proceso de acreditación o de las colaboraciones no oficiales que puedan surgir. Los órganos de acreditación pueden facilitar la transferencia de conocimientos o experiencia mediante diversas vías de comunicación, pero la aplicación o utilización de esa información es una función exclusiva de cada centro.
No obstante, el establecimiento de niveles o umbrales y las mejoras informales que puedan tener los efectos de red no bastan para conseguir niveles generalizados de educación de alta calidad. Aunque se admite la necesidad de algún tipo de certificación o acreditación institucional, en la práctica esa acreditación siempre está orientada a los umbrales y se centra en el proceso más que en normas objetivas. Los sistemas de acreditación institucional se enfrentan a un problema aparentemente irresoluble: cómo abordar la heterogeneidad de los centros en un contexto de evaluación normalizada pero que no tiene una definición clara de la calidad más allá de un mínimo.

EL CAMBIANTE ENTORNO DE ESTADOS UNIDOS

El cambio se está produciendo en Estados Unidos. Desde mucho antes de la pandemia, ya había un vibrante debate sobre la acreditación de los centros. Muchos de los responsables en los dos principales partidos políticos quieren imponer mayores controles y directrices, ya sea para aumentar la protección de estudiantes y progenitores como para asegurar resultados adecuados por lo que respecta a la inversión de fondos públicos.

La estructura histórica de los siete órganos regionales de acreditación institucional está siendo trastocada por completo con las nuevas normas del Departamento de Educación (en vigor a partir del 1 de julio de 2020) ya que se eliminan los límites geográficos. Los órganos «regionales» podrán operar libremente en cualquier lugar. Este paso también significa que los llamados organismos «nacionales» de acreditación pueden, en teoría, competir directamente con los regionales. Aunque por el momento los efectos de este cambio no están muy claros, en teoría significa que existe una competencia potencial entre los organismos de acreditación regionales y los nacionales. También es probable que algunas instituciones de enseñanza superior decidan modificar su acreditación.

Judith Eaton, la antigua jefa del Consejo para la acreditación de la Educación Superior (CHEA por sus siglas en inglés), el organismo estadounidense que habilita a los organismos de acreditación, ha esbozado elegantemente motivos a favor y en contra de este cambio. Como ella señala, «los argumentos para continuar con la división por territorios son poderosos»: hay grandes diferencias regionales en los tipos de instituciones y culturas. En favor de continuar con el modelo territorial hablan, en primer lugar, los valiosos recursos y experiencia que se han desarrollado. En segundo, «si bien las normas de acreditación son similares en muchos aspectos, los valores, las preocupaciones y el enfoque» de los distintos centros varían de región a región.

El paso de un modelo regional a un modelo nacional puede conducir a la «compra de acreditaciones» y reducir el valor de la acreditación

También señala razones prácticas para seguir con el modelo regional, como el volumen de trabajo y los gastos adicionales que se derivarían de la expansión. Sin embargo, el más destacado es su cuarto argumento: que el paso a un modelo nacional puede conducir a la «compra de acreditaciones» y, por tanto, reducir el valor de la acreditación. A muchos les preocupa que haya una tendencia a la baja en cuanto a la calidad a medida que las instituciones buscan el camino menos riguroso a la hora de obtener una acreditación que de todas formas abre la puerta a la ayuda federal.

Una preocupación paralela es el temor de que los organismos de acreditación, deseosos de crecer en escala (o de evitar una rebaja de influencia) hagan más asequibles su requisitos para atraer a nuevos integrantes. Pero Eaton también establece cuatro puntos a favor de eliminar las restricciones regionales. El primero consiste simplemente en reconocer la realidad. Todas las agencias de acreditación operan actualmente más allá de sus límites geográficos. Por un lado, las universidades tienen sucursales muy distantes; por otro, se acredita el aprendizaje online dondequiera que el estudiante esté. Algunas agencias acreditan incluso universidades fuera de EE.UU.

En segundo lugar, la eliminación de los límites geográficos también proporciona oportunidades para el crecimiento del área de influencia. Tercero, el paso al modelo nacional puede subrayar y fomentar la innovación. Por último, en contraste con la posibilidad de «compra de acreditaciones», el modelo nacional puede promover la competencia entre los organismos e instituciones de acreditación que traten de certificar la calidad.

La primera fase de dichos cambios ya está en marcha. Una entidad acreditadora regional, la Comisión de Colegios Superiores y Universidades de la WSCUC (Senior College and University Commission), ha anunciado que considerará la posibilidad de acreditar instituciones fuera de su área académica (California y Hawái) siempre que estén, de alguna manera, relacionadas con los centros actualmente acreditados por la WSCUC. La WSCUC ha sido considerad durante mucho tiempo como la agencia de acreditación regional más innovadora y flexible, por lo que es de esperar que esta medida no sea más que el primer paso.

Como ha señalado Lederman, la WSCUC no parece querer detenerse en este primer paso. De hecho, su declaración al respecto dice que esta acción es «intencionada y se debe leer como una oportunidad para un cambio sig nificativo que vaya más allá […] la WSCUC se ha enorgullecido durante mucho tiempo de promover y responder al cambio, como demuestran nuestras iniciativas relacionadas con la transparencia, los resultados, la internaciona- lización y la innovación, y esta es otra oportunidad para volver a hacer precisamente eso».

A pesar de que el Departamento de Educación ha promulgado estos cambios, no se trata simplemente de una acción gubernamental que se impone de arriba hacia abajo. Los propios organismos de acreditación también han estado solicitando cambios. Los temas comunes son la necesidad de hacer mayor hincapié en la presentación de los logros de los centros mediante medidas apropiadas del éxito de sus estudiantes; una mayor atención a la información del público sobre la acreditación; una mayor atención a las funciones y responsabilidades de los órganos rectores; una mayor atención a la educación basada en la competencia; y el reconocimiento de la diversidad de los estudiantes y la importancia de los enfoques de aprendizaje a lo largo de la vida.

CAMBIOS ADICIONALES EN ESTADOS UNIDOS

Es posible que haya más cambios en el aire. Tras la llegada de una administración demócrata en enero de 2021, es probable que la nueva dirección del Departamento de Educación revise algunas o todas las nuevas reglas. Al mismo tiempo, el Congreso de EE.UU. ha estado trabajando en la renovación (reautorización) de la Ley de Educación Superior, el marco jurídico básico de la educación superior. La actual Cámara de Representantes demócrata celebró sesiones el año pasado para redactar una nueva ley y se espera que apruebe una serie de cambios que podrían repercutir aún más en la acreditación. Al controlar los demócratas el Senado, parece probable que haya una renovación completa en 2021.

Entre los elementos del proyecto de ley figuran la exigencia de que se cumplan las normas de finalización de cursos y de participación laboral, el establecimiento de normas específicas para los programas educativos basados en competencias y el aumento considerable de la transparencia en la acreditación. Otros requisitos obligarían a las instituciones a informar de los gastos en actividades no académicas, como por ejemplo de marketing, contratación, publicidad y actividades de los grupos de presión, así como a poner límites a la posibilidad de que una institución subcontrate programas educativos.

Eaton acaba de publicar un ensayo titulado Taking Initial Steps: A Path for Rethinking Accreditation and Quality Assurance (Dando los primeros pasos: un camino para replantear la acreditación y la garantía de la calidad). En él sostiene que la actual crisis pandémica está obligando a las instituciones y a las agencias de acreditación no solo a hacer cambios para hacer frente a la emergencia sanitaria, sino que también ofrece la oportunidad de comenzar a «replantear, reestructurar o reinventar la acreditación y la garantía de calidad» para servir mejor a la sociedad y a los estudiantes.

Propone cinco principios para guiar la mencionada reevaluación.

Primero, continuar con los «compromisos de valores fundamentales de la educación superior», es decir, asegurar la diversidad de la misión y el tipo de institución, preservar la autonomía de los centros académicos y «honrar la posición central de la libertad académica».

En segundo lugar, «ampliar la gama de actividad y el análisis de la evaluación de la calidad», yendo más allá de las instituciones tradicionales y cubriendo la amplia gama de nuevas credenciales y programas ofrecidos por centros de educación no tradicionales.

Tercero, «modificar los propósitos originarios de la acreditación y el control de calidad». Los indicadores de rendimiento y las normas de rendición de cuentas deben ocupar un lugar central. «La revisión eficaz de la calidad debe basarse en pruebas fiables de lo que los estudiantes saben y de lo que son capaces de hacer».

En cuarto lugar, «ampliar el espectro de quienes certifican tanto la acreditación como la garantía de calidad». Eaton propone un sistema de acreditación a base de entidades combinadas donde participen tanto el gobierno como los miembros asociados, promoviendo la innovación y la ampliación del examen de calidad mediante la competencia.

Finalmente, el quinto paso de Eaton es simplemente rediseñar la acreditación y el proceso de evaluación de la garantía de calidad. Al detallar la burocracia de los organismos de acreditación, insta a «proporcionar evidencia del buen y eficaz rendimiento del centro, así como de su responsabilidad hacia el público».

Las instituciones académicas deben asumir la responsabilidad de trazar sus propias estrategias de mejora y su apuesta por la excelencia

No está claro si alguno de estos pasos o los propuestos por otros se llevarán a cabo ni cómo podría hacerse, pero sí que la acreditación institucional en Estados Unidos se encuentra en un período de cambio y, con suerte, de renovación.

LAS INSTITUCIONES ACADÉMICAS, EN EL PUNTO DE MIRA

Pase lo que pase, al final, el foco siempre recaerá sobre los centros que se dediquen a la enseñanza superior. Las instituciones académicas deben asumir la responsabilidad de trazar sus propias estrategias de mejora y su apuesta por la excelencia para después poner en marcha dichas estrategias, siendo siempre responsables, en primer lugar, ante sí mismas y, en segundo lugar, ante el entorno exterior y las partes interesadas. Los diversos países, así como los órganos transnacionales, deben encontrar la forma de alentar y apoyar a las instituciones, ya que la excelencia solo puede buscarse a través de estas, no a través de la acreditación o la política normativa.

Las principales instituciones académicas en EE.UU., así como en otros países, no se rigen por las normas de acreditación. Más bien, buscan la excelencia en un ambiente altamente competitivo. Operan mucho más allá de los umbrales que requieren los organismos de acreditación. La acreditación no les es irrelevante, pero las miras de esas instituciones están en estándares mucho más altos, estándares que son establecidos por las propias universidades.

Al mismo tiempo, como señala Eaton, la educación superior solo mejorará a través del fortalecimiento de instituciones de todo tipo. La alternativa es una continuación de múltiples sistemas fragmentados que buscan promover la calidad a través de sistemas de acreditación que se han mostrado limitados. La educación superior en general debe encontrar mejores formas de promover sus valores académicos y su importancia para la sociedad. Solo las instituciones pueden hacerlo. Ellas deben aceptar esta responsabilidad para que la enseñanza superior cumpla plenamente su propósito y desarrolle su potencial. Los gobiernos pueden ayudar, en parte mediante un apoyo financiero adecuado, pero no pueden hacerlo por las instituciones. Es posible que la acreditación institucional sea necesaria, pero sin duda no es suficiente para lograr estos fines.

(Traducción de Pilar Gómez)

NOTAS

1) Se trata de una ley aprobada en 1944 en EE. UU. en favor de los soldados estadounidenses que combatían entonces en la Segunda Guerra Mundial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

-Bok, D. (2013) Higher Education in America, Princeton University Press, Princeton, NJ, pp. 402-403.

-Chen, P.D. and Haynes, R.M. (2016), «Transparency for whom? Impacts of accountability movements for institutional researchers and beyond,» in Powers, K. and Henderson, A. (Eds.) Burden or Benefit: External Data Reporting, New Directions in Institutional Research, vol. 166, pp. 15-19.

-DiMaggio, P.J. and Powell, W.W. (1991), «The iron cage revisited: institutional iso- morphism and collective rationality in organizational fields» in Powell, W.W. and DiMaggio, P. J. (Eds.) The New Institutionalism in Organizational Analysis, University of Chicago Press, Chicago, IL, pp. 63-82.

-Eaton, J., (2015) An Overview of U.S. Accreditation, Washington, D.C. Council onHigher Education Accreditation.

-Eaton, J. (2020a), «Will regional accreditation go national?», Inside Higher Ed, Fe- bruary 17.

-Eaton, J, (2020b) «Taking Initial Steps: A path for rethinking accreditation and quality assurance,» Washington, D.C. Council on Higher Education Accreditation ht- tps://www.chea.org/taking-initial-steps-path-rethinking-accreditation-and-qua-lity-assurance (accessed June 12, 2020).

-Gillen, A. (2020) «The Case for Escape Hatches from Higher Education Accredi- tation» Texas Public Policy Foundation, April 14, https://files.texaspolicy.com/ uploads/2020/04/08112552/Gillen-Escape-Hatches-from-Higher-Ed-Accredi- tation.pdf (accessed May 15, 2020).

-Haug, G. Personal communication, January 21, 2018.

-Harvey, Lee and Green, D., «Defining Quality,» Assessment & Evaluation in Higher Education, 18 (1): 26.

-Hazelkorn, E. (2015) Rankings and the Reshaping of Higher Education, the Battle forWorld-Class Excellence, 2nd ed. Palgrave Macmillan, New York, N.Y. Lederman, D. (2020)«Western accreditor will consider approving colleges outside its region,» Inside Higher Ed, February 27.

-Pelikan, J. (1992) The Idea of the University: A Reexamination, Yale University Press, New Haven, CT, pp. 190-197.

-Reisberg, L. (2011) «Where the quality discussion stands: strategies and ambigui- ties,»in Altbach, P. (Ed.) Leadership for World Class Universities: Challenges for Developing Countries, Routledge, New York, N.Y., pp. 128-144.

-Rojas, A. and Bernasconi, A. (2106) «Governing universities in times of uncertainty and change» in Altbach, P. (Ed.) Leadership for World Class Universities: Cha- llenges for Developing Countries, Routledge, New York, pp. 33-15.

La guerra del streaming. El ascenso de Netflix

Si en 1997, el año que Titanic igualó el récord de Oscars de Ben Hur, le hubieran dicho a su productoras -Paramount y Fox-, que un videoclub que servía cintas de VHS por correo, iba a convertirse en su competencia, se lo hubieran tomado a broma. Lo que esos grandes estudios de Hollywood no podían imaginar es que dos décadas más tarde una empresita de esas características terminaría entrando en el selecto club de las majors: Warner, Universal, Sony, Paramount y Disney, y que una de ellas, Fox, habría sido absorbida por la compañía del pato Donald. La empresita que enviaba vídeos por correo, Netflix, ya pertenece a la Motion Picture Association of America (MPAA).

La guerra del streaming. El ascenso de Netflix. José María Aresté. Rialp, 2020. 224 págs. 15€ (papel) / 7’99 € (digital)

José María Aresté, director de cine21.com y biógrafo de cineastas como William Wyler y Christopher Nolan, ha contado en un libro profusamente documentado el desafío empresarial y tecnológico de Hastings y Randolph. Lo que se nos cuenta en La guerra del streaming. El ascenso de Netflix es la típica historia de éxito que se pone como ejemplo de emprendimiento en las escuelas de negocios. Dos ingenieros de programación Marc Randolph y Reed Hastings, querían montar una empresa basada en el comercio electrónico. Barajaron la venta de bates personalizados, champú para el pelo y comida para mascotas. Hasta que una multa que Hastings tuvo que pagar a un videoclub por devolver una película con retraso se convirtió en el Eureka de su proyecto.

Es una de las 500 empresas de EE.UU. con mayores cifras de ingresos: 15.794 millones de dólares. Durante la pandemia sus acciones han llegado a alcanzar el precio de 548,73 dólares

¿Y si en vez de desplazarse a la tienda para alquilar un video nos lo sirven a domicilio y nos facilitan postalmente su devolución? El cliente pedía una copia física de la película online a través de una interfaz amistosa y la empresita la enviaba en un sobre junto a otro preparado para su posterior devolución. El cliente no recibiría un nuevo título, previa petición, hasta que hubiera devuelto el anterior. Acababa de nacer Netflix (palabra que evoca internet y cine).

Veintitrés años después tiene 195 millones de suscriptores de pago, cuenta con 7.100 empleados y es una de las 500 empresas de EEUU con mayores cifras de ingresos: 15.794 millones de dólares, según Fortune. Durante la crisis pandémica, sus acciones han llegado a alcanzar el precio de 548,73 dólares (cuando salió al mercado bursátil valían 2’50 dólares).

El título de Aresté evoca a la saga galáctica de George Lucas. Y con toda la intención, porque si algo nos enseña esa historia de éxito -señala el autor- es que en un escenario marcado por la disrupción, tiene premio la capacidad de innovar tecnológicamente y de adaptarse (y anticiparse) a las necesidades del mercado. Y eso es lo que ha hecho Netflix, que ha pasado de videoclub a productora, distribuidora y exhibidora, ofreciendo su mercancía en los cinco continentes, al alcance de un solo clic.

El libro narra el despegue de Netflix, su apuesta por el incipiente DVD, la inteligente política de precios (tarifa de suscripción mensual fija que permitía retener el DVD todo el tiempo que se quisiera sin multas); la búsqueda de inversores (como el grupo francés Arnault, propietario de Dior); su evolución del servicio postal al streaming, luego a la nube y finalmente con programación original, o el duelo al sol -como etiqueta el autor- de Netflix con Blockbuster, el gigante de los videoclubes.

Esta última fue una pugna empresarial digna de estudio. A principios de los años 2000 Blockbuster tenía más de 9.000 tiendas de alquiler de video en todo el mundo, y no concedió demasiada importancia a la competencia de quienes comercializaban películas bajo demanda en internet. Cuando le vió las orejas al lobo de Netflix, contraatacó creando una división electrónica, Blockbuster Online, y jugó con doble baraja: servicio por internet y tiendas físicas. Pero el coste económico que suponía y la competencia imbatible del streaming de Netflix propició que cayeran sus suscriptores. La crisis de 2008 hizo el resto: terminó de hundir a Blockbuster y favoreció a Netflix. Las familias ya no podían permitirse ir al fútbol o a un concierto en Broadway, pero sí la tarifa mensual de streaming, y en la primavera de 2009, Netflix alcanzó la cifra mágica de 10 millones de suscriptores en EE.UU.

Dedica Aresté un capítulo entero a la cultura empresarial de la firma, asunto que ha merecido nada menos que tres libros, dos de ellos de los fundadores, Randolph y Hastings. Motivación y reinvención podría ser el resumen de su código corporativo, explicitadas en la cita de El principito que menciona Hastings: “Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho”. Búsqueda de la excelencia, transparencia, admisión de errores, salarios altos combinados con máxima exigencia… en la parte positiva; miedo a la delación o al despido en la parte negativa, como reflejaba un reportaje de The Wall Street Journal.

Ted Sarandos, responsable de contenidos, se autodefinió como “un algoritmo humano”, es decir que el norte de Netflix son los beneficios

¿Ideología? Difícil saberlo porque Netflix ofrece de todo: películas y series para todos los gustos y todas las sensibilidades, desde público infantil hasta productos de pura evasión, obras de contenido religioso o de temática LGTB. Eso sí, muy sensibles al feminismo, al antirracismo y beligerantes a favor del aborto: ha amenazado con dejar de rodar en Estados como Georgia o Louisiana, que tienen leyes muy restrictivas. Ted Sarandos, responsable de contenidos y co-director de la empresa, se autodefinió como “un algoritmo humano”, es decir que el norte de Netflix son los beneficios, aunque matiza que en las decisiones “hay un 70% de ciencia, un 30% de arte”.

El autor remarca que el fenómeno Netflix va más allá de la economía e incide en el terreno de la cultura. Si en el pasado, las grandes compañías influyeron en la mentalidad de Occidente, actualmente, películas y series siguen moldeando la cabeza -y los gustos y aficiones- de las nuevas generaciones. Una influencia que se mide por el impacto de algunos de sus productos más emblemáticos y populares. Como la adquisición y creación de series tales como House of Cards, Orange is the New Black, Stranger Things, Dark o La casa de papel, así como largometrajes originales como Roma, de Alfonso Cuarón, ganador de tres Oscar. O el fichaje de vacas sagradas como los hermanos Coen o Martin Scorsese, que logró llevar a puerto su proyecto de El irlandés (con un coste de 220 millones de dólares) gracias a Netflix.

Todos los huevos en la misma cesta

Grandes tecnológicas de EE.UU. se preguntan ante el éxito de Netflix ¿y nosotros por qué no? Lo tienen casi todo, incluido dinero pero, como indica Aresté, ninguna de ellas puede imitar del todo a Netflix, porque esta ha focalizado sus esfuerzos en un objetivo muy concreto: entregar a sus clientes las películas y series que quieren ver, ya fueran propiedad de otros o con contenidos propios. En tanto que las otras, por ejemplo los grandes estudios de Hollywood, se mueven en sentido inverso: llevan décadas diversificando su actividad en campos ajenos al cine.

En el Grand Prix de streaming se ha llenado de bólidos que pretenden competir con Neftlix. Amazon ofrece películas, y produce largometrajes y series; Google, Apple y hasta Facebook se han lanzado a disputarse la tarta. Pero, como apunta el autor, no hay porciones para todos: el consumidor no está dispuesto a pagar suscripción simultánea a varias plataformas. De ahí que algunas compañías estén trabajando en ofertas de paquetes que integren servicios en una misma factura.

Con la crisis de la Covid 19 Netflix creció en suscriptores y vio dispararse la cotización de sus acciones

Con la crisis de la Covid 19, que aceleró la extinción de las salas, el gran ganador ha sido Netflix, como ya sucediera en el 11-S y la crisis financiera de 2008. Sólo en el primer cuatrimestre de 2020, creció en 10 millones de suscriptores y vio dispararse la cotización de sus acciones. En general, todas las plataformas de streaming han mejorado sus resultados con la pandemia, caso de Amazon y Prime Video. Peor lo han tenido las que formaban parte de conglomerados más diversificados, como el caso de Disney, que ha tenido que echar el cierre a salas y a parques temáticos.

La única sombra de un futuro en principio prometedor para Netflix es la incertidumbre sobre sus producciones, con los rodajes paralizados, de suerte que solo le queda la despensa de sus catálogos, enormes pero limitados. Eso le da cierto suspense a La guerra del streaming. El ascenso de Netflix con un villano de película: el coronavirus, que como sugería The Hollywood Reporter -y recuerda Aresté- se ha convertido en una Estrella de la Muerte para los estudios de cine.

La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

A lo largo de sus más de cuatro décadas de existencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha creado a través de su jurisprudencia un verdadero patrimonio jurídico en las Américas. Parte de este patrimonio jurisprudencial, se advierte en los estándares que ha desarrollado sobre el derecho a la “libertad de pensamiento y expresión”, coadyuvando en la consolidación de las democracias constitucionales. A continuación expondremos algunos casos relevantes y desafíos actuales.

Debemos comenzar señalando que este derecho se encuentra previsto en diversos instrumentos interamericanos, como lo son la Declaración Americana de Derechos y Deberemos del Hombre de 1948 (artículo IV), la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (art. 13) y la Carta Democrática Interamericana de 2011 (art. 4). También debe destacarse la Declaración de Chapultepec de 1994, en la que se indica en su principio 1 que el derecho a la libertad de expresión “es un derecho inalienable de los pueblos”.

No puede perderse de vista, sin embargo, que este derecho encuentra consonancia en todos los sistemas de derechos humanos, al plasmarse también en el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y el artículo 9 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

La Carta Democrática Interamericana contempla el derecho a la libertad de expresión como uno de los componentes fundamentales de la democracia

Tanto la Comisión como la Corte IDH han destacado una triple importancia de la libertad de expresión. En primer lugar, porque se trata de un derecho individual ya que permite al ser humano pensar y transmitir a los otros nuestra perspectiva del mundo; en segundo lugar, porque tiene una relación directa y estructural con la democracia, cuestión que se encuentra reflejada en la Carta Democrática Interamericana, que lo contempla como uno de los componentes fundamentales de la democracia; y en tercer lugar, porque no solo es un derecho en sí mismo, sino que también puede ser un vehículo para que otros derechos puedan ser garantizados, es decir, tiene un carácter instrumental.

Por ello, no resulta extraño que ambos órganos de protección en el Sistema Interamericano, sean contundentes al afirmar que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática”. De tal importancia es el derecho a la libertad de expresión, que se le ha dotado de una doble dimensión, es decir, su contenido tiene impacto tanto en el sujeto (en lo individual o como persona) como en la sociedad (en la colectividad).

En cuanto al primer aspecto, la libertad de expresión “comprende el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir opiniones, ideas e información y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios”. En lo que concierne al segundo, el colectivo o social, comprende “el derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todas las personas a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros”. No hay que perder de vista que las referidas dimensiones coexisten en toda sociedad y por ello es de vital importancia salvaguardar ambas.

La Corte IDH ha desarrollado el contenido de la libertad de expresión principalmente mediante sus funciones consultiva y contenciosa. La Opinión Consultiva No. 5, sobre la Colegiación Obligatoria de los Periodistas (1985), fue el punto de partida para el desarrollo del amplio contenido de la libertad de expresión (en donde justamente desarrolló la doble dimensión del referido derecho). Sin embargo, conviene destacar, que la Corte IDH ha sido enfática al señalar desde el caso Herrera Ulla Vs. Costa Rica “que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto por lo que pueden ser admisibles restricciones a dicho derecho, siempre y cuando dicha restricción cumpla con los fines en una sociedad democrática y que la restricción sea legal, idónea, necesaria y proporcional”.

A partir de dicha opinión consultiva, la Corte IDH ha tenido un amplio desarrollo jurisprudencial sobre el artículo 13 del Pacto de José dentro de la región. En general ha abordado temas tan variados como el derecho de acceso a la información; la censura cinematográfica; los límites al derecho penal como responsabilidad ulterior; la relevancia de los medios de comunicación como vehículos de la libertad de expresión y las restricciones ilegítimas a éstos; la libertad de expresión en el marco de candidaturas políticas; la relación entre el derecho a la verdad y el derecho a la información; el derecho de personas indígenas a expresarse en su lengua materna; las violaciones derivadas del silenciamiento por la fuerza a periodistas y opositores políticos; la relevancia de la libertad de expresión en el denominado derecho a defender la democracia; la protección de trabajadores en contextos de relaciones entre particulares; “la firma en el marco de mandato revocatorio” como forma de libertad de expresión; y el consentimiento informado, entre otros. Reseñaré algunos ejemplos y varios de sus aportes en el marco del referido derecho.

La Corte consideró que la censura previa que permitía la legislación interna chilena vulneraba el derecho a la libertad de expresión de las víctimas del caso

La primera ocasión en su función contenciosa fue el caso Olmedo Bustos vs. Chile (2001). El caso estaba relacionado con la censura previa de la película la Última tentación de Cristo en las salas cinematográficas del Estado. La Corte IDH tuvo en consideración que la censura previa solo está justificada por la Convención Americana en aquellos supuestos en donde, tratándose de espectáculos públicos, “únicamente [se tenga como] fin de regular el acceso a ellos, para la protección moral de la infancia y la adolescencia”. En el caso, la Corte IDH consideró que la censura previa que permitía la legislación interna chilena vulneraba el derecho a la libertad de expresión de las víctimas del caso ya que no se ajustaba al único supuesto de excepción contemplado en el tratado internacional.

Un segundo caso relevante, lo constituye Claude Reyes y otros Vs. Chile (2006), en donde la Corte IDH tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre si el “derecho al acceso a la información” es un derecho contemplado en el artículo 13 (ya que no se encuentra enunciado de manera expresa). En este sentido, el Tribunal Interamericano interpretó que “el referido artículo, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención.

Asimismo, señaló que este derecho debe ser regido u observado por el Estado bajo lo principios de i) publicidad, ii) transparencia de la gestión pública y iii) máxima divulgación, lo que permite un control democrático de las gestiones del Estado. El caso justamente se había originado por la denegación de información bajo control del Estado sobre un proyecto ambiental y que al ser denegada se pudo constatar que en Chile no existía legislación interna que guiara el actuar de las autoridades sobre la información que podría ser otorgada o no, lo que daba un amplio margen de arbitrariedad. En palabras de la Corte IDH: “la [in]observancia de los límites convencionales, crea un campo fértil para la actuación discrecional y arbitraria del Estado en la clasificación de la información como secreta, reservada o confidencial, y se genera inseguridad jurídica respecto al ejercicio de dicho derecho y las facultades del Estado para restringirlo”.

“La lengua es uno de los más importantes elementos de identidad de un pueblo, precisamente porque garantiza la expresión, difusión y transmisión de su cultura”

Un tercer caso lo constituye López Álvarez Vs. Honduras (2006), en donde la víctima era una persona perteneciente a la comunidad garífuna (una comunidad originaria de la costa Atlántica de Honduras) y quien había sido privado de la libertad. En el caso, una de las alegaciones que tuvo que estudiar el Tribunal Interamericano fue que durante su detención el director del centro de detención le prohibió al señor López (y a otros detenidos de la comunidad garífuna) utilizar su lengua originaria para comunicarse. Así, dicha prohibición “i) negó a la víctima expresarse en el idioma de su elección, ii) tal medida no fue justificada por el Estado y iii) dicha prohibición lesiona la individualidad del detenido y no obedece a condiciones de seguridad o a necesidades de tratamiento de los internos”, ya que “la lengua es uno de los más importantes elementos de identidad de un pueblo, precisamente porque garantiza la expresión, difusión y transmisión de su cultura”.

En el caso Kimel, la Corte consideró que se había presentado una violación del articulo 13 de la Convención Americana por haberse utilizado en forma innecesaria y desproporcionada el poder punitivo del Estado

Un cuarto caso es el del periodista y escritor argentino, Eduardo Kimel (caso Kimel Vs. Argentina, 2008), que había escrito y publicado un libro en el cual criticaba duramente la actuación de un juez, para entonces retirado, que durante su servicio activo había tenido la tarea de investigar la comisión de una masacre contra ciertos religiosos durante el período de la dictadura militar. En el libro, Kimel afirmaba que el juez había actuado en forma condescendiente con la dictadura, ya que, habiendo conocido indicios de que el crimen había sido ordenado por los altos mandos militares, paralizó la investigación. El juez retirado promovió́, con ocasión del libro, un proceso criminal por calumnia contra Kimel, quien resultó condenado a un año de prisión (en suspenso) y a una indemnización monetaria por causa de su publicación. La Corte IDH consideró que se había presentado en este caso una violación del articulo 13 de la Convención Americana por haberse utilizado en forma innecesaria y desproporcionada el poder punitivo del Estado, conclusión a la que llegó teniendo en cuenta, entre otros factores, i) que la critica de Kimel se formuló sobre temas de notorio interés público, y ii) que el libro en cuestión se refería a las actuaciones de un juez en ejercicio de su cargo.

Complementando el caso Kimel, recientemente en el caso Álvarez Ramos Vs. Venezuela (2019), la Corte IDH indicó algunos “requisitos” o “elementos” para entender que una determinada nota o información haga parte del debate público, a saber,: i) el elemento subjetivo, es decir, que la persona sea funcionaria pública en la época relacionada con la denuncia realizada por medios públicos; ii) el elemento funcional, es decir, que la persona haya ejercido como funcionario en los hechos relacionados, y iii) el elemento material, es decir, que el tema tratado sea de relevancia pública.

También debe destacarse el caso Granier y otros Vs. Venezuela (Radio Caracas Televisión RCTV, 2015). El Estado venezolano decidió no renovar la licencia del espectro radio eléctrico a dicho canal bajo un argumento de “utilidad pública”. Sin embargo, al momento de evaluar los hechos del caso, el Tribunal Interamericano notó que para la fecha de expiración de la concesión de RCTV, existían otras estaciones de televisión que compartían algunas características similares con RCTV y cuya concesión también vencía el 27 de mayo de 2007. La Corte IDH constató que todas las licencias de estos canales fueron renovadas, salvo la de RCTV, razón por la cual entró a analizar si la decisión de reservarse el uso del espectro asignado inicialmente a RCTV y no la de otro canal pudo haber generado un trato discriminatorio en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

La Corte IDH dio por probado que la línea editorial y la postura política transmitida en RCTV fueron unos de los motivos principales detrás de las decisiones adoptadas por el Estado venezolano de no renovar la concesión del espectro radioeléctrico a RCTV. Lo anterior quedó demostrado con las múltiples declaraciones que diversos funcionarios estatales hicieron sobre la línea editorial de RCTV y las consecuencias (el cierre de dicho canal) que acarrearían. El Tribunal Interamericano resaltó que al realizar el gobierno un trato diferenciado basado en el agrado o disgusto que le causaba la línea editorial de un canal, conllevó a que se genere un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre todos los que ejercen el derecho a la libertad de expresión. Cabe precisar que las violaciones a la libertad de expresión constatadas en este caso fueron declaradas a favor de los accionistas de dicho canal (ya que el Tribunal consideró que son ellos los que plasman su ideología en la línea editorial del canal) y no a favor del canal en sí mismo, ya que en el Sistema Interamericano, salvo excepciones, las personas jurídica no tienen ius standi como sujeto de derechos.

En el caso López Lone y otros Vs. Honduras (2015), la Corte IDH consideró que bajo la Convención Americana (y en el marco del Sistema Interamericano y la Carta Democrática Interamericana) existe un derecho “a defender la democracia” el cual “constituye una específica concretización del derecho a participar en los asuntos públicos y comprende a su vez el ejercicio conjunto de otros derechos como la libertad de expresión y la libertad de reunión”. En el caso, el Tribunal Interamericano se vio llamado a pronunciarse sobre los procesos disciplinarios de jueces y una magistrada (siendo algunos destituidos y otros separados). Dichos procesos disciplinarios fueron iniciados por conductas de las víctimas en defensa de la democracia y el Estado de Derecho en el contexto del golpe de Estado ocurrido en junio de 2009 en Honduras.

Este fue el primer caso en donde el Tribunal Interamericano se pronunció sobre el derecho a participar en política, la libertad de expresión y el derecho de reunión de personas que ejercen funciones jurisdiccionales o de administradores de justicia. En el caso se consideró que “en condiciones normales del Estado de Derecho”, las y los juzgadores pueden estar sujetos a restricciones que les impidan ejercer los referidos derechos; sin embargo, para la Corte “en momentos de graves crisis democráticas, como la ocurrida en un golpe de Estado, no son aplicables a las actuaciones de los jueces y de las juezas en defensa del orden democrático las normas que ordinariamente restringen su derecho a la participación en política, a la liberta de expresión y reunión”.

Finalmente, estimo oportuno destacar el caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela en donde la Corte IDH declaró responsable internacionalmente al Estado por la terminación arbitraria de los contratos laborales que las tres víctimas tenían con el Consejo Nacional de Fronteras, organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Ello se dio como consecuencia de haber firmado una solicitud de referéndum revocatorio del mandato del entonces presidente Hugo Cháves Frías en diciembre de 2003, en particular luego de haber aparecido de manera pública sus nombres en la llamada “lista Tascón”.

En cuanto a la libertad de expresión, la Corte IDH señaló que “el acto de firma de una solicitud de referendo es, en un sentido amplio, una forma de opinión política, en cuanto implicaba la manifestación de que se consideraba necesario activar una consulta popular sobre un tema de interés público que es susceptible de deliberación en una sociedad democrática”. Sin embargo, la Corte IDH observó que según el artículo 13.1 de la Convención, la libertad de expresión se puede ejercer “por cualquier otro procedimiento de su elección” y, dado el contexto, el acto de firmar puede ser considerado uno de esos otros procedimientos. Es decir, no se trataba solo de ejercer un derecho individual, secreto, sino de expresar un parecer desde el momento mismo de la firma.

Muchos de estos avances jurisprudenciales se han logrado en gran medida gracias a un fluido diálogo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Muchos de estos avances jurisprudenciales se han logrado en gran medida gracias a un fluido diálogo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la interpretación que realiza del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Dichas interpretaciones han sido de fundamental importancia al momento de dotar de contenido el artículo 13 del Pacto de San José. Por ejemplo, en el caso Kimel, la Corte IDH hizo suyo el criterio del Tribunal Europeo del caso Mamère Vs. Francia en lo que respecta a que “si bien la libertad de expresión tiene un valor preponderante, especialmente en cuestiones de interés público, no puede prevalecer siempre en todos los casos sobre la necesidad de proteger el honor y la reputación, ya sea de personas privadas o de funcionarios públicos”. Otro ejemplo lo encontramos en el caso Radio Caracas Televisión en donde la Corte IDH indicó “que los Estados están internacionalmente obligados a adoptar las medidas que fueren necesarias “para hacer efectivos” los derechos y principios establecidos en la Convención […] para lo cual deberán establecer leyes y políticas públicas que garanticen el pluralismo de medios o informativo en las distintas aéreas comunicacionales, tales como, por ejemplo, la prensa, radio, y televisión”; dicho pronunciamiento fue previamente emitido por el Tribunal Europeo en el célebre caso Centro Europa 7 s.r.l. y Di Stefano Vs. Italia.

EL RIESGO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

En cuanto al futuro, seguramente la Corte IDH estará llamada a pronunciarse sobre temas de gran actualidad sobre la libertad de expresión en las nuevas tecnologías (como Internet), las redes sociales o los buscadores de información. Algo ha expresado en el marco del derecho a la honra y dignidad (derecho que esta constantemente en tensión con el derecho a la libertad de expresión), especialmente en el caso caso Escher y otros Vs. Brasil, al señalar que la “fluidez informativa que existe hoy en día coloca al derecho a la vida privada de las personas en una situación de mayor riesgo debido a las nuevas herramientas tecnológicas y su utilización cada vez más frecuente. Este progreso, […], no significa que las personas deban quedar en una situación de vulnerabilidad frente al Estado o a los particulares”. Además, la Corte IDH no es ajena a los avances tecnológicos, ya que desde el mismo caso, en el año 2009, y en todas sus sentencias posteriores, como medida de reparación de satisfacción ordena al Estado respectivo publicar de forma íntegra la sentencia concernida en determinadas páginas web (por lo general por un lapso mínimo de un año).

No obstante, en el marco del Sistema Interamericano, es importante destacar los aportes en la materia que ha hecho la Relatoría Especial sobre Libertad Expresión de la CIDH, que desde el año 2001 adoptó la Declaración conjunta sobre Antiterrorismo, Radiodifusión e Internet (CIDH y ONU). Posteriormente, en el año 2005, se adoptó la Declaración conjunta sobre internet y sobre medidas antiterroristas (CIDH y ONU) y en el 2012, la Declaración conjunta sobre libertad de expresión en internet” (CIDH y ONU). Merece especial mención la “Declaración conjunta sobre libertad de expresión e internet” del 2011, adoptada en conjunto con el Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

La libertad de expresión en la era digital constituye uno de los desafíos que tienen por delante los órganos del Sistema Interamericano. Seguramente cuando la Corte IDH esté llamada a pronunciarse, recurrirá también a los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en este diálogo constante entre las Cortes), especialmente en los importantes casos Time Newspaper LTD Vs. Reino Unido (2009), Hamet Yildirim Vs. Turquía (2013), Delfi AS vs. Estonia (2015) y Kalda Vs. Estonia (2016), entre otros.

__________________________________________________

Resumen de la ponencia presentada en el seminario de UNIR La libertad de expresión en la era digital, organizado por Nueva Revista (5.V.2021)

Cómo las fake news y las historias virales afectan a la marcha de la economía

El autor, uno de los economistas más afamados en la actualidad, es premio Nobel de Economía 2013. Tiene una larga trayectoria como divulgador de la economía financiera sobre la que ha escrito varios libros (como por ejemplo Exuberancia irracional o Animal Spirits), y colabora habitualmente en The New York Times.

Narrativas económicas. Robert Shiller. Deusto, 2021, 480 págs, 285 € (papel) / 10'44 € (digital) — Narrativas económicas. Robert Shiller. Deusto, 2021, 480 págs, 285 € (papel) / 10’44 € (digital)

Con la originalidad propia de los grandes pensadores, Shiller aspira, con Narrativas económicas, a formalizar los impactos que pueden tener en la economía las percepciones de la gente. Así, va reuniendo de forma muy amena una multitud de anécdotas y acontecimientos que presagian cambios en la economía. La abundancia de historias que relata hace imposible contemplarlas todas, por lo cual tomaremos algunos ejemplos que va describiendo el autor y que puedan ayudar a entender qué son las narrativas económicas.

De las percepciones nacen lo que él describe como narrativas económicas: una música de fondo que va subiendo poco a poco de volumen hasta llegar a utilizar todos los instrumentos incluidos los de percusión

Shiller trata de convencernos de que muchos hechos económicos que se producen o se van a producir están determinados por las percepciones (o sentimientos) que tiene la gente y que desembocan en comportamientos. Y que de estos comportamientos nacen a su vez lo que él describe como narrativas económicas: una música de fondo que, a lo largo del tiempo, va subiendo poco a poco de volumen hasta llegar a utilizar todos los instrumentos incluidos los de percusión; o todo lo contrario, reduciéndose hasta desaparecer.

Estos relatos vienen envueltos en símbolos, gráficos, amenazas, presentimientos, informaciones de correveidile (1) (que pueden ser verdaderas o fake news), políticas enterradas que resurgen, burbujas (bursátiles e inmobiliarias), pánicos, y un largo etcétera.

UN SÍMBOLO: EL BITCOIN

El Bitcoin es una criptomoneda cuyas notas musicales comenzaron a surgir hace doce años, hasta convertirse en una melodía que sonaba alta y fuerte. Pero poco a poco el sonido fue bajando de intensidad.

Sin embargo, en el último año y como consecuencia de la pandemia ha vuelto a resurgir con fuerza: está protagonizando una parte de las noticias económicas. Tiene una narrativa variada lo que facilita que se vuelva viral, ¿a qué se debe?

A que es:

A) una moneda, un símbolo, que tiene entidad propia;

b) no tiene nacionalidad, lo que le confiere un atractivo democrático e internacional;

c) una fuente de riqueza inimaginable para aquellos lo suficientemente valientes o inteligentes como para haber entrado cuando tenía un precio muy bajo (es el típico ejemplo de una narrativa que aprovecha la emoción fundamental de la envidia, lo que explica que tenga una resonancia excepcional);

y d) ningún gobierno la puede controlar o frenar (pág.55 y 56).

Todas estas características justifican el rápido aumento de los precios del bitcoin, pero también su disminución, es decir tiene un alto índice de volatilidad.

UN COMPORTAMIENTO: INVERTIR EN BOLSA

Según cuenta la historia, el multimillonario John D. Rockefeller decidió vender todas sus acciones cuando su limpiabotas comenzó a hablarle sobre las inversiones que él mismo tenía en bolsa. Era 1929, el año del gran crack bursátil que coincide con el inicio de la Gran Depresión.

La conclusión que había sacado Rockefeller era que cuando hasta tu limpiabotas invierte en bolsa, es momento de retirarse. «Los taxistas te decían qué comprar. El limpiabotas podría darte un resumen de las noticias financieras del día. Un viejo mendigo que rondaba regularmente la calle frente a mi oficina me dio consejos y, supongo, invirtió el dinero que le dimos yo y otros en el mercado. Mi cocinero tenía una cuenta en un bróker (…) sus ganancias volaron con el vendaval de 1929». Quien dibuja el panorama previo al crack de 1929 es Bernard Baruch, un importante inversor de Wall Street que más tarde asesoró a varios presidentes de Estados Unidos (pág. 357).

En las burbujas es frecuente ver una gran afluencia de dinero procedente de manos inexpertas y esto, en muchas ocasiones, puede resultar peligroso. Del mismo modo que este dinero viene, se va; es decir, si la bolsa comenzase a bajar, muchos de estos inversores inexpertos seguramente correrán a retirar su dinero ante el miedo de perder su inversión, generando así caídas en el mercado aún mayores.

Hoy en día las inversiones son más populares por lo que siempre hay que tener en cuenta que a la hora de invertir se debe tener información y cierta formación para saber en qué productos se invierte, su rentabilidad y los riesgos que entrañan. Si cualquier persona se pone a invertir llamado por los buenos resultados de la Bolsa, cuando comience a bajar se puede producir, como consecuencia, una crisis en los mercados.

UNA MODA: NO PARECER OSTENTOSO

Durante la Gran Depresión de los años 30 mucha gente tenía poder adquisitivo suficiente para comprarse un coche nuevo. Sin embargo, había un obstáculo que les impedía realizar una compra juiciosa y así beneficiar a una industria en crisis: la del automóvil. Ese obstáculo era el miedo generalizado a ser considerado ostentoso.

La resistencia psicológica al “qué dirán” es una narrativa que incidió negativamente en la crisis de los años 30, por la posibilidad de que se considerase una forma indecente de exhibir riqueza

No es ninguna conjetura decir que existía un caldo de cultivo que evitaba reavivar las ventas y, por tanto, la producción de las empresas. La industria automotriz había demostrado, con datos, que un buen número de personas tenían suficiente dinero para comprarse un coche. Es más, tenían una necesidad real de asumir dicha adquisición. Sin embargo, estos mismos rechazaron tomar esa decisión de compra por miedo a las críticas de los demás.

Esa resistencia psicológica al “qué dirán” es una narrativa que incidió negativamente en la crisis económica de los años 30, por la posibilidad de que se considerase una forma indecente de exhibir riqueza. La retroalimentación de esta narrativa y la reducción del consumo, durante la crisis, fue haciéndose más viral con el paso del tiempo. Esta moda de la pobreza narrada por Shiller ha seguido en el imaginario colectivo y se ha repetido en otras muchas crisis económicas, provocando la pérdida de millones de empleos (pág. 229).

Paradoja de la frugalidad: Si en una recesión la gente trata de ahorrar más, entonces el consumo, la producción y el empleo caerán

Situaciones como la descrita por Shiller da lugar a lo que en Teoría Económica se conoce como la paradoja del ahorro o paradoja de la frugalidad. Esta sugiere que, si en una recesión la gente trata de ahorrar más, es decir, aumentar el porcentaje de la renta destinada al ahorro, entonces el consumo, la producción y el empleo caerán y al final el ahorro total de la población será igual o quizá más bajo.

UNA FIGURA: LA CURVA DE LAFFER

La curva de Laffer se basa en la hipótesis de que, cuando los impuestos son muy altos, una reducción de estos podría aumentar la recaudación fiscal. Esos menores impuestos suponen mayores incentivos para que la gente trabaje más y se creen más empresas, dinamizando la economía y el consumo. También sirven para que algunos profesionales y empresarios emerjan de la economía sumergida a la de superficie, aumentando la recaudación.

Adam Smith se pronunció en este sentido en el siglo XVIII, en su libro La riqueza de las Naciones (1776), donde analizaba el impacto negativo de altos niveles de impuestos en la inversión y el consumo. Un siglo y medio después de Adam Smith, el secretario del Tesoro de EE.UU., Andrew Mellon, “populariza la idea de que bajar los impuestos a las personas más acaudaladas termina por beneficiar al conjunto de la población (trickle-down economics).

Con el paso del tiempo la popularidad de esta narrativa se fue desvaneciendo. Hasta que en 1974 Arthur Laffer dibujó una curva en una servilleta, en una cena en un restaurante de Washington, invitado por Donald Rumsfeld y Dick Cheney, entonces jefe y subjefe de Gabinete del presidente republicano Gerald Ford. Laffer explicó a estos asesores de la Casa Blanca las ventajas de una rebaja fiscal y para ilustrar sus ideas, utilizó una servilleta, y dibujó su famosa gráfica.

Y ¿qué dice la curva? La curva de Laffer se apoya en un sencillo dibujo: una U invertida, en un diagrama que coloca el tipo impositivo en el eje de abscisas, y la recaudación en el de ordenadas. Esta ilustra que, a partir de una determinada carga fiscal, las reducciones en los tipos impositivos provocan aumentos en los ingresos del Estado.

En 1989, The Wall Street Journal incluyó a Laffer entre las personas que más influyeron en el periódico. En 1999, la revista Time señaló que la curva de Laffer era uno de los grandes avances que impulsaron la economía del siglo XX. ¿Y qué fue de la servilleta? Está depositada en una vitrina en la Bookings Institution (Washington).

Desde la curva de Laffer subir impuestos tiende a ser interpretado como un grave error

Shiller señala que la curva de Laffer es un elemento muy recordado en la discusión económica de aquellos años, a pesar de ser solo una pequeña parte de la constelación narrativa que hoy conocemos como la “economía del lado de la oferta” (supply-side economics). Una escuela de pensamiento económico que aboga por impulsar la actividad económica a base de disminuir el intervencionismo del Estado en la economía. “De todas esas recetas, la de Laffer tuvo especial popularidad por su impacto visual y por el entusiasmo que despertó entre los gobernantes del país. Desde entonces, subir impuestos tiende a ser interpretado como un grave error” (pág. 104).

La riqueza visual de esta historia la ayudó a evolucionar de una anécdota económica a un recuerdo duradero. El detalle visual de la servilleta encierra una lección valiosa para quienes aspiran a popularizar una teoría económica: una imagen vale más que mil palabras.

UNA FAKE NEWS: EL SALARIO SIEMPRE PIERDE PODER ADQUISITIVO

Según las encuestas, entre 1973 y 1981, más de la mitad de los americanos creían que el primer problema del país era la inflación o, lo que es lo mismo, el “alto coste de la vida”. Señala Shiller que a partir de 1973, cuando comenzó la gran escalada de los precios del petróleo, esta percepción se extendió a gran parte del mundo. Al aumentar la inflación hubo una epidemia de pánico y hubo quien sostenía que la crisis del aumento de los precios era un problema comparable a la Gran Depresión, apuntando que estaba “erosionando el tejido productivo de las sociedades modernas” (Pág. 392).

A la vez que subía el precio del petróleo los sindicatos entraron en una dinámica en la que pedían incrementos salariales para no perder capacidad adquisitiva; llegando a conseguir que se introdujeran cláusulas de revisión automática en los sueldos de los sindicados. Este hecho provocó que la espiral inflacionista se siguiera retroalimentando.

Además, a diferencia de los economistas, la opinión pública suscribía la hipótesis del “desfase salarial perpetuo”. Al considerar que los aumentos salariales siempre van a la zaga de los aumentos de precios, se infiere que la inflación tendrá siempre un impacto negativo en los niveles de vida a largo plazo. Lo que no es cierto. En resumen, la popularización esta tesis aportaba una potente imagen mental con la que los trabajadores entraban en un círculo vicioso reforzado por las fuertes y agresivas demandas de los sindicatos y la reacción de los empresarios (pág. 394).

A partir de los años 80 se aplicó un monetarismo estricto, con Robert Lucas y su tesis conocida como «expectativas racionales»

Para resolver este grave problema, a partir de los años 80 se aplicó un monetarismo estricto, con Robert Lucas (2) y su tesis conocida como «expectativas racionales». Para Lucas, como para otros muchos economistas del siglo XX, la consecución de la estabilidad de los precios era un objetivo prioritario. ¿De que dependía la inflación? Dependía, para Lucas, de las expectativas que etimológicamente se basan en una perspectiva de futuro. Sin embargo, los salarios futuros se acordaban basándose en el pasado. Resultado: el sistema fallaba.

¿Pero cómo ayudaron las expectativas racionales a elegir una política? Para reducir la inflación, los bancos centrales (o los gobiernos) tenían que anunciar un objetivo de estabilidad de los precios estricto y cumplirlo. Y así ha venido siendo: la inflación fue dominada. Con el paso del tiempo, algunos economistas mostraron su creciente apego a la nueva forma de hacer política monetaria. Como consecuencia, la benigna epidemia de la necesidad de una baja inflación se propagó a través de los ambientes académicos, así como su discusión en seminarios o conferencias importantes. “Al final, los modelos llegan a los medios de comunicación, donde personas teóricamente ajenas a la ciencia económica empiezan a sentir curiosidad genuina por un relato que se va instalando dentro de dicho campo de conocimiento” (pág. 75).

Por eso y gracias a Robert Lucas, los economistas están ahora obsesionados con la independencia de los bancos centrales y del cumplimiento de los objetivos de política monetaria, es decir, de su credibilidad y su continuidad.

UNA AMENAZA: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DESTRUYEN EMPLEO

En marzo de 2021, me invitaron a asistir a un Seminario de Investigación bajo el título La Renta Básica Universal en el futuro Modelo Social Europeo: ¿es posible?. El resumen explicativo describía la posibilidad de implementar una Renta Básica Universal para paliar los efectos destructivos en el empleo que tendría el desarrollo tecnológico, durante la próxima o ya comenzada Cuarta Revolución Industrial.

Es un ejemplo de la vuelta, una vez más, de la narrativa de que la tecnología reduce puestos de trabajo y que sigue en el imaginario colectivo. El miedo al posible vínculo entre más tecnología y menos empleo.

Es el caso de los actos de violencia acaecidos en Nottingham a comienzos del siglo XIX. Los obreros, al observar que con un solo telar un hombre producía lo mismo que muchos trabajadores, decidieron destrozar las máquinas para no perder su empleo y exponerse a morir de hambre. Este movimiento obrero fue liderado por un legendario obrero Ludd (de ahí que a sus seguidores se les denomine luditas, en inglés ludittes) y alcanzó su máxima virulencia en 1811 y 1812, años de grave penuria para la clase trabajadora británica por la escasez de alimentos y la inflación provocados por la guerra con la Francia napoleónica. La palabra ludita, ahora utilizada para definir a una persona que se resiste al progreso tecnológico, se utilizó de forma recurrente cada vez que la economía entraba en una crisis y el paro aumentaba (pág. 274).

En 1830, los disturbios de Swing fueron otro ejemplo de respuesta a la pérdida de empleo provocada por la irrupción de una nueva tecnología: la primera trilladora mecánica. De nuevo, ocurrió en el Reino Unido y el líder espiritual del movimiento era el imaginario Capitán Swing. Los alborotadores destruyeron la maquinaria y lideraron otras protestas (pág. 275).

La narrativa de que la tecnología generaba desempleo volvió a aparecer con fuerza en 1995. Jeremy Rifkin, profetizó el paro tecnológico en su libro El fin del trabajo (3). En él explica como las nuevas tecnologías de los ordenadores y de las comunicaciones destruirían más puestos de trabajo que los que crean, provocando un proceso de alcances insospechados.

Rifkin despliega en el libro un detallado cuadro de situación sobre los dramáticos efectos que el explosivo avance de las tecnologías de las comunicaciones y los ordenadores provocaría a nivel mundial en el ámbito laboral provocando la extinción de millones de puestos de trabajo.

El tiempo ha parecido quitar la razón a Rifkin. Aunque la tecnología haya destruido multitud de puestos de trabajo, tanto estos, como los salarios reales han crecido casi continuamente. Como ya dijo John F. Kennedy en los años 60: «Si los hombres tenemos suficiente talento como para inventar nuevas máquinas que destruyen puestos de trabajo, también tenemos el talento de hacer que los hombres que han perdido su empleo vuelvan a trabajar”.

Millones de trabajadores manuales han sido reemplazados por máquinas, pero gracias al progreso económico se han creado muchos más puestos que los que se han destruido

Mientras que, en los últimos 200 años, millones de trabajadores manuales han sido reemplazados por máquinas, gracias al progreso económico se han creado muchos más puestos que los que se han destruido. En el pasado y en el presente cuando las nuevas tecnologías reemplazan a los trabajadores, siempre aparecen nuevos sectores capaces de absorber a aquellos que han perdido sus trabajos.

UN RESUMEN: EL PODER DE LOS RELATOS

La novedad que aporta Narrativas económicas es la utilización de modelos epidemiológicos para describir cómo se difunden las narrativas. Se refiere a este proceso como una especie de contagio, hasta el punto de que «se vuelven virales». Como muchos patrones de enfermedades, la propagación de narrativas sigue un patrón: avanzando lentamente al principio, luego acelerando y después quedando latente o desapareciendo (4). Lo que Shiller denomina la recurrencia de las narrativas económicas (pág. 181).

Son, por tanto, historias contagiosas que tienen el enorme potencial de cambiar la forma en que las personas toman sus decisiones económicas (5).

Recientemente, una vasta literatura económica ha analizado cómo las percepciones de la gente pueden motivar ciertos acontecimientos. El poder que toman estas narrativas es más amplio y profundo de lo que la economía contemporánea por ahora está preparada para aceptar. ¿Por qué? se incrustan en el subconsciente colectivo.

Así, si queremos saber por qué ocurrió un suceso económico inusualmente grande, debemos conocer las narrativas dominantes en torno a dicho acontecimiento. Incluso aunque no estén relacionadas, el hecho de que confluyan en el tiempo puede pueden acelerar la evolución económica en una determinada dirección. Es importante reconocer que los grandes acontecimientos de la economía no se pueden explicar simplemente por una única constelación de narrativas. En su lugar, explicar esos sucesos requiere hacer una lista de narrativas económicas que, por sí misma no se puede describir como una simple historia o una narrativa contagiosa (pág. 80 y 81).

En definitiva, es importante reconocer que los grandes acontecimientos de la economía no se pueden explicar simplemente por la Teoría Económica. Es mucho más probable que para explicar esos sucesos, como dice Shiller, haya que acudir a las narrativas económicas.

_______________________________________________

1) Persona que lleva y trae cuentos y chismes.

2) La mayoría de los economistas han considerado durante mucho tiempo a Robert Lucas (ganador del premio Nobel de economía de 1995 y profesor de la universidad de Chicago) como el economista más influyente de su generación. Su trabajo transformó tanto la teoría macroeconómica como la forma de pensar de los economistas sobre los efectos de la política económica.

3) Jeremy Rifkin. The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era. Putnam Publishing Group. 1995

4) Barry Eichengreen. Tales of the Economy. Project Syndicate. 1 de noviembre de 2019.

5) Jonathan Portes. “Tiempo para historias” Finanzas & Desarrollo, marzo de 2020, pág. 63.

Una hoja de ruta

«Una hoja de ruta» repasa los principales puntos que afectan al malestar en la cultura, y que el editor del volumen, Miguel Ángel Garrido Gallardo, sintetiza en la crisis de sentido, en las dudas por el sentido mismo de la vida, y en los cambios sociales, científicos y técnicos que han conducido al panorama en el que nos hallamos.

Miguel Ángel Garrido Gallardo (editor): Una hoja de ruta. La pretensión cristiana en la época posmoderna. Rialp, Madrid, 2021.

Una hoja de ruta no es un tratado de Antropología, sino un conjunto de lecturas, artículos escogidos de la versión impresa de Nueva Revista, que principalmente se refieren a la posibilidad del conocimiento de Dios, al origen de la vida, a lo que diferencia a los seres humanos de los animales y de los robots, a la verdad, belleza y bien, al actuar según la razón y al feminismo.

Al tratarse de una serie de lecturas relativamente cortas, siempre nucleares y muy bien escritas, la reflexión, en la mayoría de los casos, se hace más refrescante que recurriendo a un texto académico clásico.

Tras la presentación del editor, pues, se ofrecen los siguientes capítulos:

—¿Qué está pasando? (Miguel Ángel Garrido Gallardo).
—¿Tiene la ciencia todas las respuestas? (Rob Riemen).
—Verdad, belleza y bien en Roger Scruton (Enrique García-Máiquez).
—Tom Wolfe: de que el hombre desciende del mono (Miguel Ángel Garrido Gallardo).
—Poshumanismo y transhumanismo (Juan Arana).
—No actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios (Andrés Ollero).
—La mujer actual (María Calvo).
—Merece la pena vivir (José Jiménez Lozano).

Al terminar esas lecturas se entenderá por qué parece haber desaparecido del panorama actual la cultura occidental tal como se venía entendiendo hasta ahora, y que consistía fundamentalmente en que cada uno se esforzara en su campo para ser la mejor versión de sí mismo, según el ideal griego de educación y la visión cristiana de la vida.

Hay claves lúcidas en esos capítulos para descifrar los enigmas que nos envuelven y confeccionar una hoja de ruta compatible con lo que da sentido a Occidente.

Estamos, por lo tanto y a modo de resumen, ante un intento de sacar de la conmoción a tantos que sigue representando la imagen que ilustra este artículo, El grito, del noruego Edvard Munch.

Los juristas venezolanos Álvarez y Briquet reflexionan sobre el poder de Twitter y Facebook para bloquear webs

Es preciso «defender a la democracia de la amenaza de la desinformación», pero hay que tener en cuenta que «las sanciones penales son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión». Estas son dos de las principales conclusiones que expusieron los letrados venezolanos Ignacio Álvarez, exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Armando Briquet, consultor político y miembro fundador del partido Primero Justicia, del líder opositor Henrique Capriles, en un debate sobre las fake news.

Se trataba de la segunda sesión del ciclo ‘Libertad de expresión en la era digital’, seminario de reflexión académica organizado por Nueva Revista, y dirigido por Cruz Sánchez de Lara, presidenta de Tribune for Human Rights (THRibune), directora para Europa de International Human Rights Legal (IHRLegal), socia titular de Sánchez de Lara Abogados y vicepresidenta de El Español.

En la sesión, que fue presentada por Juan Carlos Laviana, director de Nueva Revista, Ignacio Álvarez lanzó la pregunta de quién otorga a los presidentes de Twitter y Facebook el poder de bloquear sitios web. Señaló que las grandes plataformas se erigen “en instituciones que deciden qué es verdad o quien tiene derecho a la libertad de expresión”. Y puso un ejemplo reciente, el caso de Facebook que suspendió los perfiles de Donald Trump tras el asalto al capitolio. El consejo de supervisión de la red social acaba de respaldar la suspensión, pero al mismo tiempo, ha criticado su arbitrariedad. Señala que Facebook “debería detallar públicamente su política de sanciones” y criticó “la falta de transparencia”, al no seguir “un procedimiento claro y publicado”.

En el debate sobre fake news y libertad de expresión “hay más zonas grises que blancas o negras”

El experto venezolano advierte que en el debate sobre fake news y libertad de expresión “hay más zonas grises que blancas o negras”; y que medidas contundentes como bloquear sitios web “pueden dar lugar a injerencias graves en la libertad de expresión”.

Álvarez enmarcó su intervención señalando que las noticias falsas “son informaciones publicadas deliberadamente en medios digitales que no han sido comprobadas ni verificadas, que carecen de fuentes identificadas, y no han sido supervisadas por un editor” según la definición de la profesora Cristina Pauner. Su objetivo es “influir en la opinión pública y crear inseguridad, sospecha, desestabilización para desacreditar; y alentar un movimiento o un interés económico”.

Siempre ha habido información engañosa, pero ahora -añadió- la amenaza es mayor por “su carácter masivo”, por la cantidad de páginas webs y soportes de difusión (móviles, redes sociales). Estas últimas son un “factor multiplicador” de las fake news. Y existe además una motivación económica: “hay plataformas de publicidad se lucran con eso contenidos”. Recordó que “a más clicks, más dinero”.

Quienes las difunden juegan con el temor. Puso Ignacio Álvarez el ejemplo de los alegatos para impugnar las elecciones de EE.UU, según los cuales el Gobierno de Nicolás Maduro habría estado implicado en la manipulación de las máquinas electorales para alterar los resultados.

AMENAZA PARA LA DEMOCRACIA

El principal problema de las fake news es que “atentan contra la democracia, ya que las personas deben estar debidamente informadas para tomar decisiones sobre los asuntos públicos, votar en las elecciones, poder expresarse con libertad etc.”

Los Estados tienen el deber de controlar la propagación de noticias falsas, siempre que no incurran en censura

Al enfrentarse a esta amenaza, distinguió entre el rol de los Estados y el rol de las empresas. Respecto al primero, Álvarez explicó que hay consenso en que “no debe haber sanciones penales” para la difusión de noticias falsas. Aludió al relator especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión que sugiere que los Estados “deberían prohibir las noticias falsas, pero sin criminalizar a los autores con castigo penal; promover mecanismos independientes de verificación; difundir información confiable de interés público; apoyar a los medios de comunicación independientes; y educar al público”. Los Estados, añadió, tienen el deber de controlar la propagación de noticias falsas, siempre que no incurran en censura.

En cuanto a las empresas, “hay un debate sobre si tienen un rol de medios de comunicación o si se consideran simplemente intermediarias”. Las empresas han adoptado, entre otras medidas, “acuerdos con terceros para verificar las noticias, intensificación de las políticas de seguridad, vigilancia de las cuentas sospechosas o la formación del usuario para detectar contenidos falsos”.

Como conclusión, agregó el experto, “los intermediarios deben evitar al máximo el bloqueo de contenidos y establecer mecanismos de verificación y organismos de supervisión”.

IMAGEN EXTERNA CON APARIENCIA DE VERDAD

Por su parte Armando Briquet recordó que el fenómeno de las fakes news se convirtió en “factor de conversación en el debate público”, a raíz de los comicios presidenciales de EE.UU. en 2016 y del brexit. “Dos eventos, no por casualidad, de tipo electoral”.

Coincidió con Álvarez en identificar dos características de la desinformación: que tienen múltiples objetivos: políticos, económicos, empresariales etc.; y que persiguen dañar el prestigio de personas o instituciones. Pero añadió una tercera: que “se apoyan en una imagen externa formal con apariencia de verdad o de credibilidad”.

De hecho, la clave de la desinformación no consiste solo en mentir “sino también en ocultar datos o presentar hechos de tal manera que lleven al usuario a conclusiones falsas”. Lo ilustró con una frase de la novela “El impostor” de Javier Cercas, sobre un personaje que simuló haber estado en un campo de concentración: “las buenas mentiras son aquellas que están amasadas con la verdad”.

Las noticias falsas se retuitean con un 70% más de probabilidad que las verdaderas según una investigación del MIT

Las fake news tienen un canal de difusión en la viralidad de las redes sociales que se han convertido en “epicentro en la contienda electoral”. “Las noticias falsas se retuitean con un 70% más de probabilidad que las verdaderas”; y “llegan a las 1.500 personas seis veces más rápido que una verdad” señaló citando una investigación del Massachussetts Institute of Technology (MIT).

La desinformación provoca “el declive de la confianza del ciudadano en Gobiernos y tribunales” y, a la larga, en la credibilidad de los medios de comunicación que, en ocasiones, “sacrifican el rigor a la competencia por atraer la atención del usuario”. Y citó el ponente el caso de The New York Times que se fio de una fuente para dar una información falsa (unas amenazas de Trump a un fiscal).

Las fake news “se anclan en un espíritu de conspiración, y en sentimientos y emociones como la ira, la irritación o la indignación”

Las campañas electorales son terreno abonado para la propagación de noticias falsas, porque estas buscan en la pugna política “validar conceptos que la gente tiene previamente, en sus prejuicios e ideas preconcebidas”. De forma que las fake news “se anclan en un espíritu de conspiración, y en sentimientos y emociones como la ira, la irritación o la indignación” para “hacerle ver al público como algo lógico ese contenido falso”.

Frente a ello, explica Briquet, existen “anticuerpos institucionales o globales”, mediante la regulación de los Estados, pero también “anticuerpos personales”, y en este sentido los ciudadanos pueden protegerse de las fake news, “verificando de dónde les llegan”.

Respecto a la regulación, Armando Briquet señala que hay dos visiones. La norteamericana, que pone en las plataformas la posibilidad de control, de suerte que es la plataforma la responsable de los contenidos falsos o ilícitos. Son ellas las que están habilitadas para vigilarse a sí mismas.

Y otra es la visión europea. La UE hizo en diciembre dos reformas para controlar de manera más estricta a los gigantes digitales (la digital services act y la digital market act); y prevé multas si las plataformas no retiran contenidos ilícitos o incitadores del odio. Europa viene a decir que lo que es ilegal offline debe ser también ilegal online.

VICTORIA DE LA SOCIEDAD

Como conclusión, Armando Briquet consideró que es “una victoria de la sociedad” que el debate sobre las fake news “haya ganado espacio en la discusión pública”.

El próximo 8 de junio participará como ponente en una nueva sesión de este seminario, la periodista mexicana Lydia Cacho, especialista en cobertura en situaciones de riesgo y superviviente de tortura debido a su labor profesional.