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Es preciso “defender a la democracia de la amenaza de la desinformación”, pero hay que tener en cuenta que “las sanciones penales son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión”. Estas son dos de las principales conclusiones que expusieron los letrados venezolanos Ignacio Álvarez, exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Armando Briquet, consultor político y miembro fundador del partido Primero Justicia, del líder opositor Henrique Capriles, en un debate sobre las fake news.

Se trataba de la segunda sesión del ciclo ‘Libertad de expresión en la era digital’, seminario de reflexión académica organizado por Nueva Revista, y dirigido por Cruz Sánchez de Lara, presidenta de Tribune for Human Rights (THRibune), directora para Europa de International Human Rights Legal (IHRLegal), socia titular de Sánchez de Lara Abogados y vicepresidenta de El Español.

En la sesión, que fue presentada por Juan Carlos Laviana, director de Nueva Revista, Ignacio Álvarez lanzó la pregunta de quién otorga a los presidentes de Twitter y Facebook el poder de bloquear sitios web. Señaló que las grandes plataformas se erigen “en instituciones que deciden qué es verdad o quien tiene derecho a la libertad de expresión”. Y puso un ejemplo reciente, el caso de Facebook que suspendió los perfiles de Donald Trump tras el asalto al capitolio. El consejo de supervisión de la red social acaba de respaldar la suspensión, pero al mismo tiempo, ha criticado su arbitrariedad. Señala que Facebook “debería detallar públicamente su política de sanciones” y criticó “la falta de transparencia”, al no seguir “un procedimiento claro y publicado”.

En el debate sobre fake news y libertad de expresión “hay más zonas grises que blancas o negras”

El experto venezolano advierte que en el debate sobre fake news y libertad de expresión “hay más zonas grises que blancas o negras”; y que medidas contundentes como bloquear sitios web “pueden dar lugar a injerencias graves en la libertad de expresión”.

Álvarez enmarcó su intervención señalando que las noticias falsas “son informaciones publicadas deliberadamente en medios digitales que no han sido comprobadas ni verificadas, que carecen de fuentes identificadas, y no han sido supervisadas por un editor” según la definición de la profesora Cristina Pauner. Su objetivo es “influir en la opinión pública y crear inseguridad, sospecha, desestabilización para desacreditar; y alentar un movimiento o un interés económico”.

Siempre ha habido información engañosa, pero ahora -añadió- la amenaza es mayor por “su carácter masivo”, por la cantidad de páginas webs y soportes de difusión (móviles, redes sociales). Estas últimas son un “factor multiplicador” de las fake news. Y existe además una motivación económica: “hay plataformas de publicidad se lucran con eso contenidos”. Recordó que “a más clicks, más dinero”.

Quienes las difunden juegan con el temor. Puso Ignacio Álvarez el ejemplo de los alegatos para impugnar las elecciones de EE.UU, según los cuales el Gobierno de Nicolás Maduro habría estado implicado en la manipulación de las máquinas electorales para alterar los resultados.

AMENAZA PARA LA DEMOCRACIA

El principal problema de las fake news es que “atentan contra la democracia, ya que las personas deben estar debidamente informadas para tomar decisiones sobre los asuntos públicos, votar en las elecciones, poder expresarse con libertad etc.”

 Los Estados tienen el deber de controlar la propagación de noticias falsas, siempre que no incurran en censura

Al enfrentarse a esta amenaza, distinguió entre el rol de los Estados y el rol de las empresas. Respecto al primero, Álvarez explicó que hay consenso en que “no debe haber sanciones penales” para la difusión de noticias falsas. Aludió al relator especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión que sugiere que los Estados “deberían prohibir las noticias falsas, pero sin criminalizar a los autores con castigo penal; promover mecanismos independientes de verificación; difundir información confiable de interés público; apoyar a los medios de comunicación independientes; y educar al público”. Los Estados, añadió, tienen el deber de controlar la propagación de noticias falsas, siempre que no incurran en censura.

En cuanto a las empresas, “hay un debate sobre si tienen un rol de medios de comunicación o si se consideran simplemente intermediarias”. Las empresas han adoptado, entre otras medidas, “acuerdos con terceros para verificar las noticias, intensificación de las políticas de seguridad, vigilancia de las cuentas sospechosas o la formación del usuario para detectar contenidos falsos”.

Como conclusión, agregó el experto, “los intermediarios deben evitar al máximo el bloqueo de contenidos y  establecer mecanismos de verificación y organismos de supervisión”.

IMAGEN EXTERNA CON APARIENCIA DE VERDAD

Por su parte Armando Briquet recordó que el fenómeno de las fakes news se convirtió en “factor de conversación en el debate público”, a raíz de los comicios presidenciales de EE.UU. en 2016 y del brexit. “Dos eventos, no por casualidad, de tipo electoral”.

Coincidió con Álvarez en identificar dos características de la desinformación: que tienen múltiples objetivos: políticos, económicos, empresariales etc.; y que persiguen dañar el prestigio de personas o instituciones. Pero añadió una tercera:  que “se apoyan en una imagen externa formal con apariencia de verdad o de credibilidad”.

De hecho, la clave de la desinformación no consiste solo en mentir “sino también en ocultar datos o presentar hechos de tal manera que lleven al usuario a conclusiones falsas”. Lo ilustró con una frase de la novela “El impostor” de Javier Cercas, sobre un personaje que simuló haber estado en un campo de concentración: “las buenas mentiras son aquellas que están amasadas con la verdad”.

Las noticias falsas se retuitean con un 70% más de probabilidad que las verdaderas según una investigación del MIT 

Las fake news tienen un canal de difusión en la viralidad de las redes sociales que se han convertido en “epicentro en la contienda electoral”. “Las noticias falsas se retuitean con un 70% más de probabilidad que las verdaderas”; y “llegan a las 1.500 personas seis veces más rápido que una verdad” señaló citando una investigación del Massachussetts Institute of Technology (MIT).

La desinformación provoca “el declive de la confianza del ciudadano en Gobiernos y tribunales” y, a la larga, en la credibilidad de los medios de comunicación que, en ocasiones, “sacrifican el rigor a la competencia por atraer la atención del usuario”. Y citó el ponente el caso de The New York Times que se fio de una fuente para dar una información falsa (unas amenazas de Trump a un fiscal).

Las fake news “se anclan en un espíritu de conspiración, y en sentimientos y emociones como la ira, la irritación o la indignación”

Las campañas electorales son terreno abonado para la propagación de noticias falsas, porque estas buscan en la pugna política  “validar conceptos que la gente tiene previamente, en sus prejuicios e ideas preconcebidas”. De forma que las fake news “se anclan en un espíritu de conspiración, y en sentimientos y emociones como la ira, la irritación o la indignación” para “hacerle ver al público como algo lógico ese contenido falso”.

Frente a ello, explica Briquet, existen “anticuerpos institucionales o globales”, mediante la regulación de los Estados, pero también “anticuerpos personales”, y en este sentido los ciudadanos pueden protegerse de las fake news, “verificando de dónde les llegan”.

Respecto a la regulación, Armando Briquet señala que hay dos visiones. La norteamericana, que pone en las plataformas la posibilidad de control, de suerte que es la plataforma la responsable de los contenidos falsos o ilícitos. Son ellas las que están habilitadas para vigilarse a sí mismas.

Y otra es la visión europea. La UE hizo en diciembre dos reformas para controlar de manera más estricta a los gigantes digitales (la digital services act y la digital market act); y prevé multas si las plataformas no retiran contenidos ilícitos o incitadores del odio. Europa viene a decir que lo que es ilegal offline debe ser también ilegal online.

VICTORIA DE LA SOCIEDAD

Como conclusión, Armando Briquet consideró que es “una victoria de la sociedad” que el debate sobre las fake newshaya ganado espacio en la discusión pública”.

El próximo 8 de junio participará como ponente en una nueva sesión de este seminario, la periodista mexicana Lydia Cacho, especialista en cobertura en situaciones de riesgo y superviviente de tortura debido a su labor profesional.


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