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Cambio político y cambio jurídico

La transformación de nuestro ordenamiento jurídico —una transformación paulatina, puesto que todavía se está produciendo— ha sido justamente uno de los factores de mayor incidencia social. Podríamos retomar en este sentido la vieja cuestión de las relaciones entre el Derecho y la sociedad, es decir, podríamos preguntarnos hasta qué punto nuestro sistema jurídico actual no se limitó a recoger, convirtiéndolo en norma jurídica, lo que era un comportamiento social, o si, por el contrario, la nueva ordenación jurídica es la que dio lugar a tales comportamientos.

En la situación española nos parece que existió, por lo menos intencionalmente y puesta la mirada en los cauces por los que discurrió la transición, una unión entre norma jurídica y conducta social y de ahí precisamente las particulares características que concurrieron en su nacimiento.

El proceso de transformación de la sociedad, pergeñado en la Constitución de 1978, ha venido siendo objeto de un desarrollo legislativo durante todo este tiempo, un desarrollo menos seguido y menos sentido por sus destinatarios de lo que fue en un primer momento el texto constitucional.

Estas líneas constituyen una reflexión sobre la forma en que se está cumpliendo el proceso de cambio esbozado en la Constitución, y particularmente por lo que hace referencia al «contenido esencial» de la Norma Fundamental, y el distinto sentimiento con el que se recibe tal desarrollo por parte de la sociedad española. Con ello nos movemos en un terreno en el que no es posible aplicar un método rígido de análisis, dada la complejidad de las relaciones entre normas jurídicas y conductas sociales, y señalando nuevamente que el caso español cuenta con unos elementos propios que lo hacen difícilmente reconducible a una clasificación estereotipada.

El sentimiento jurídico de los españoles ante el sistema ha sufrido también un cambio en la medida en que tal sistema no es el mismo. El catedrático de la Universidad Complutense Pablo Lucas Verdú define el sentimiento jurídico como «la convicción emocional, o sea, íntimamente vivida por un grupo social, sobre su creencia en la justicia y la equidad del ordenamiento positivo vigente que motivan la adhesión al mismo y el rechazo de sus transgresiones». Estas palabras nos recuerdan precisamente el marco en el que se presentó el texto constitucional, como fruto del consenso asentado, de manera importante, en el respaldo emocional de la comunidad social.

«La transformación de nuestro ordenamiento jurídico —una transformación paulatina, puesto que todavía se está produciendo— ha sido justamente uno de los factores de mayor incidencia social».

Este respaldo, evidente en los primeros albores del nuevo contexto socio-político, ha tenido una distinta suerte durante estos 15 años, desembocando, paradójicamente, en un momento como el actual, en el que la permisividad y el relativismo moral han tenido como consecuencia un deterioro de la credibilidad del propio sistema y una menor convicción, por parte de los destinatarios de las normas, en torno a su obligatoriedad. No puede decirse que el panorama jurídico español siga despertando en el ciudadano medio la aquiescencia con la que contaba en principio, pese a que su trascendencia es mayor y determinará el futuro de la sociedad española. El ciudadano se ha desentendido del ordenamiento positivo como reflejo de un cierto desencanto propiciado desde las mismas instancias del poder.

Obligatoriedad de la ley

La misma idea de «consenso», motor de nuestra transición y origen, como se dijo entonces, de la Norma Fundamental, no ha encontrado una vía de continuidad a lo largo de este proceso, ni en las actitudes ni en las expresiones de quienes tienen una responsabilidad en el ejercicio del poder.

Ello puede inducir al español medio a considerar que hay una doble medida de justicia y que su vincularidad ante el sistema jurídico debería ser analizada con esa óptica del «todo vale», que intenta aplicar alguna corriente política, para exculpar la trayectoria de quienes son conocidos por su escasa categoría moral.

Habría que advertir de los peligros que se corre cuando se tiende a crear en el individuo de la calle una imagen de confusión entre el ámbito jurídico y el político. Nadie duda de la obligatoriedad de la norma jurídica, pero ésta ante los ojos de sus destinatarios no puede aparecer como la mera consecuencia de un cálculo de mayorías, ni tampoco como el resultado de quien tiene una doble moral. La transformación española, producida a raíz del texto constitucional, exige una continuidad que desde luego no se ve reflejada en el manejo de los tópicos que exculpan el propio comportamiento.

Una de las razones que nos pueden llevar a afirmar que ha variado el sentimiento jurídico de los españoles ante el ordenamiento se encuentra en lo que hemos llamado el «contenido esencial» de la Constitución.

Aunque el Tribunal Constitucional señale que «la Constitución no determina cuál sea el contenido esencial de los distintos derechos y libertades…» (sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de noviembre de 1981), son éstos, los derechos y libertades, los que constituyen a su vez, para el ciudadano, el contenido esencial de nuestra Constitución (capítulo II del Título I), y ahí es donde se halla el núcleo básico que informó el cambio social.

Sin embargo, en la medida en que hay una diferencia entre las exigencias plasmadas en el texto constitucional y el camino por el que transcurre la convivencia política, pudiera parecer que muchas de aquellas exigencias o de aquel contenido esencial no han sido llevadas a cabo o que, por lo menos, se ha desvirtuado en cierta forma el espíritu con el que se concibieron, lo que determina que ese grado de adhesión al sistema jurídico no sea el mismo que pareció forjar la Constitución.

«Los valores superiores del ordenamiento jurídico, recogidos en la Constitución y soporte ciertamente de la conformidad social, permanecen encerrados entre las páginas del texto a la espera de jugar el verdadero papel, inspirador de la convivencia, al que estaban llamados desde un primer momento».

Los valores superiores del ordenamiento jurídico, recogidos en la Constitución y soporte ciertamente de la conformidad social, permanecen encerrados entre las páginas del texto a la espera de jugar el verdadero papel, inspirador de la convivencia, al que estaban llamados desde un primer momento. Como contrapartida, el ciudadano parece tener ante sí la figura de un Estado paternalista y vigilante, con una capacidad de control hasta ahora desconocida y que le exige simplemente obedecer a la norma invocando para ello su simple formalismo.

Ya no se trata de continuar con ese grado de asentimiento ni de encontrar una reciprocidad entre la norma jurídica y el comportamiento social. No se le puede exigir al ciudadano más celeridad en el cumplimiento y acatamiento de las normas de la que el propio Estado emplea en desarrollar el mandato constitucional del art. 9.2.

El contenido esencial de la Norma Fundamental se halla en la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la dignidad de la persona humana, configurados como pilares básicos del ordenamiento jurídico español.

A pesar del reconocimiento de estos valores superiores, es evidente también una sensible formalización de los mismos y una «congelación», de modo que el Estado no ha facilitado, de la misma manera, el desenvolvimiento de los derechos y libertades esenciales y el cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano. Éste, por otra parte, puede llegar a pensar que la construcción de un sistema jurídico como el español, consecuencia de una evolución política, está sometido a los avatares de ésta y que, consiguientemente, el desarrollo del contenido esencial de la Constitución queda a la suerte de quien asuma la responsabilidad del ejercicio del poder en uno o en otro momento. El ciudadano medio encuentra así una justificación para su propia respuesta al sistema jurídico, de manera que de la adhesión y la convicción emocional se ha pasado a una simple aceptación de lo preceptuado normativamente.

La libertad

La libertad —que en cuanto valor superior de nuestro ordenamiento jurídico informa a los arts. 16, 17, 19, 20, 28 y 38— aparece constantemente amenazada en todas sus dimensiones, empezando porque la confusión entre el ámbito jurídico y el político, ya mencionada, constituye una prueba de la permisividad. Unamuno decía que «las heridas que la libertad hace es la libertad misma la que las cura». Pero aquí el mayor peligro no reside en el ejercicio de la libertad, sino en hacer que parezca fruto de él lo que es, por el contrario, un abuso de poder. De esta manera se persuade al individuo de que la libertad no es un valor en sí mismo, sino un instrumento hábilmente utilizado para otros fines, contraviniendo claramente lo expresado en el texto constitucional.

«No se puede aceptar que por razones políticas se produzca la inaplicación de normas penales a organizaciones terroristas, que se convierten de esta suerte en interlocutores».

La libertad manipulada contrasta además fuertemente con la progresiva asunción de funciones por parte del Estado e induce, a su vez, a que la obediencia a las normas por el ciudadano descanse simplemente en la coactividad. Cuando un Estado se ve obligado a orquestar toda una campaña «sancionadora» —por ejemplo, la revisión catastral, por no citar el ánimo recaudador del Estado— para inducir a que se lleve a cabo esa adecuación al comportamiento estipulado en la norma debería hacer una seria reflexión sobre su responsabilidad social y política. Una responsabilidad que tiene sobre sí el haber traducido un valor reconocido en la Constitución al plano de una herramienta que abre otras puertas y choca necesariamente con otros preceptos constitucionales, como aquellos que se hallan informados por la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes (arts. 15, 18, 20.4, etc.), otro de los principios superiores de nuestro ordenamiento jurídico.

El sentimiento de obligatoriedad de los ciudadanos depende, entre otros factores, de que observen ese mismo sentimiento reflejado en la conducta de la comunidad o del grupo político. Si, por el contrario, se interpreta la libertad como un medio válido para atentar contra el honor, contra la intimidad o contra el desarrollo integral de la personalidad —por citar sólo algunos de los aspectos entroncados con la dignidad de la persona— se está socavando uno de los cimientos sobre los que se edificó el Estado y se crea, al mismo tiempo, una desacertada convicción en el espíritu del ciudadano de la respuesta ante las normas.

Uno de los capítulos que mayor desazón provocan en el ciudadano es el de la «supeditación» que existe de la esfera jurídica respecto de la política. No se puede aceptar que por razones políticas se produzca la inaplicación de normas penales a organizaciones terroristas, que se convierten de esta suerte en interlocutores, o que se produzca la desvirtuación de la normativa referente a los supuestos de despenalización del delito de aborto. Todos estos ejemplos encubren en realidad, bajo la apariencia de una permisividad, una infracción del marco jurídico y dan lugar a que un régimen de libertades pueda ser interpretado como un régimen que raramente tutela y protege dichas libertades.

La laxitud que genera y que funda un sistema de esta naturaleza instituye recíprocamente en los individuos una conciencia negligente ante el ordenamiento jurídico, que sólo obedece si tiene ante sí la figura de un Estado vigía.

«No todas las normas creadas por el Estado adquieren la categoría de ser normas justas».

No queremos decir con ello que se haya producido un desencanto generalizado hacia el sistema político, pero desde luego representa un grave peligro el deshacer el marco de la convivencia política, surgida al amparo del texto constitucional, y convertir el sometimiento al ordenamiento jurídico en consecuencia de la coactividad y no del grado de consenso por una parte relevante de la población.

Justicia y legalidad

Esto tiene una mayor trascendencia en lo que se refiere a otro de los valores superiores del ordenamiento, precisamente el consustancial a la idea de Derecho, la justicia —que nutre a los arts. 17.2, 3 y 4; 24, 25 y 26—, si tenemos en cuenta que no todas las normas creadas por el Estado adquieren la categoría de ser normas justas. Si bien ello es algo obvio, habría que tener en cuenta que a menudo se identifica lo justo con lo legal y que, por otra parte, el individuo querría en ocasiones ver sus propios intereses particulares reflejados en la norma u obtener la sentencia más adecuada para los mismos.

Señalábamos esa mayor transcendencia precisamente por el riesgo que puede suponer el que esos deseos del ciudadano —que a veces identifica la justicia con sus pretensiones— crea éste ver que efectivamente se cumplen por lo que atañe a la comunidad política. Esta es la doble medida de la justicia o la doble moral que mencionábamos anteriormente, y que surge en el ánimo del ciudadano cuando se ve obligado a enfrentarse a la norma jurídica.

La rapidez con la que se juzgan unos casos por su notoriedad frente a la desidia con la que se juzga en otros, precisamente por la misma notoriedad pública. A este panorama contribuye el principio de separación de poderes, un principio más que cuestionado de manera que hoy nadie, con una mínima capacidad de análisis crítico, duda de las constantes injerencias del ejecutivo en las tareas del judicial, que erosionan la imagen de independencia de éste.

Participación política

En íntima conexión con el problema que representa el valor de la justicia se halla la igualdad. Nuestra Constitución delimita conceptualmente la igualdad, a través de abundantes preceptos —el conocido art. 14 y las demás disposiciones que comienzan diciendo «todos» o «los españoles»—, pese a lo cual este principio aparece invocado en numerosas ocasiones para encubrir algunos de los más graves ataques contra los demás valores superiores del ordenamiento jurídico aquí reseñados. La igualdad se ha convertido en moneda de cambio de la demagogia en nuestro panorama político, al mismo tiempo que se plasma la desigualdad jurídica en otros aspectos, como por ejemplo cuando se trata de otorgar a la comunidad política un privilegio del que no pueden gozar, lógicamente, los demás ciudadanos.

«La igualdad se ha convertido en moneda de cambio de la demagogia en nuestro panorama político, al mismo tiempo que se plasma la desigualdad jurídica en otros aspectos».

De esta manera, el individuo tiene la sensación de que no existe la necesaria igualdad de todos, ni ante las leyes ni ante los tribunales, y consiguientemente su adhesión al sistema jurídico sólo se halla garantizada por la coactividad.

El pluralismo político —que en cuanto valor superior se recoge en los arts. 16, 20.3, 21, 22, 23, 27.5, 6 y 7, 28 y 34 del texto constitucional— ha tenido peor suerte que los principios anteriores y ha sufrido en los últimos años un retroceso favorecido desde la misma cúpula del poder. En ocasiones las campañas políticas no consisten en una exposición del programa propio, sino en un rechazo del programa del adversario. La tolerancia, base del texto constitucional, se ha transformado en la mera aceptación, si bien a regañadientes, de la presencia de tal adversario. El Parlamento no ha venido a realizar el papel para el que está llamado, como foro del debate jurídico-político.

En relación con ello es preciso también llamar la atención sobre una de las quiebras de nuestro sistema y que indudablemente tiene una influencia condicionante para el comportamiento y para la respuesta de los individuos hacia el ordenamiento jurídico. Nos estamos refiriendo a la participación en los asuntos públicos, configurada como derecho en el art. 23 de la Norma Fundamental y que ha sido claramente infrautilizada. Cualquier concepto de democracia alude a dicha participación ciudadana en la organización y en el ejercicio del poder, y nuestra Constitución es rica en referencias a la participación no sólo en el ámbito político, sino también en el económico, social y cultural. A pesar de estas invocaciones a la cooperación del individuo y de los grupos sociales, vemos un patente olvido de las tareas incentivadoras y promocionales que a este respecto corresponden a los poderes públicos.

El espíritu de la Ley

La desarticulación o invertebración social añade un plus de apatía, que tan cómoda resulta para quien se arroga la representación social en el terreno del Estado.

La transformación jurídica que en su momento supuso la Constitución de 1978 tuvo como inmediata consecuencia la evolución de la sociedad española dentro de un nuevo marco. Sin embargo, trece años después, el espíritu y el ánimo presentes en el sentimiento jurídico con el que se recibió el texto de la Norma Fundamental y con el que se afrontó su redacción, patente, a nuestro juicio, en lo que hemos denominado su «contenido esencial», ha sufrido una sustancial variación.

«La transformación jurídica que en su momento supuso la Constitución de 1987 tuvo como inmediata consecuencia la evolución de la sociedad española dentro de un nuevo marco».

Se hace necesaria una reflexión sobre los peligros que trae aparejado, para la sociedad española, el olvido de los valores y de los principios superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Un peligro no sólo por cuanto podría suponer la pérdida de prestigio del sistema, sino también una escasa convicción por parte de los ciudadanos en torno a la validez de las normas jurídicas.

Un ordenamiento jurídico es válido en tanto es vigente, pero también en cuanto representa una garantía para los valores que el individuo considera necesarios en un marco de coexistencia, de manera que tal ordenamiento se convierte en un conjunto de normas socialmente vinculantes, con independencia de su obligatoriedad.

Sin tener presentes los valores superiores del ordenamiento jurídico se posibilita en exceso el ejercicio del poder y la manipulación de los individuos para fines particulares y espúreos. No se trata tanto de hablar de democracia, sino de actuar en ella.

Consuelo Martínez-Sicluna y Sepúlveda es profesora titular de Derecho Natural y Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

El senado de las autonomías

Edgar Faure fue un personaje muy notable durante un par de repúblicas francesas. Cuando yo le conocí, era presidente de la Asamblea Nacional. Había ocupado en dos ocasiones la jefatura del Gobierno, con menos de cincuenta años ambas, y antes y después había sido ministro de casi todo, diputado y senador. Antiguo radical-socialista y hombre de elevada cultura, miembro de la Academia Francesa desde el 78, conservaba el cinismo tradicional de su viejo partido, aunque, cuando éste se fue apagando, él se desplazó con soltura hacia otros espacios políticos más habitables. Fuimos amigos durante dos lustros, hasta su fallecimiento en 1988.

Cuando estábamos aquí elaborando la Constitución, me dijo repetidamente, con aparente ironía pero hablando en serio: «No se dejen ustedes suprimir el Senado. Es una institución muy útil. Si un político pierde las elecciones de diputado, puede recuperar su asiento en la otra Cámara. Yo mismo he sido senador siete años». Más tarde, en 1980, lo volvió a ser hasta poco antes de su muerte. Creo que todos los que le tratamos conservamos una grata memoria de él y recordamos su ingenio.

Bicameralismo en el mundo

No por el Consejo de Faure, sino porque fue una de las piezas del consenso, y porque ya estaba en la Ley para la Reforma Política y el Senado Constituyente no lo hacía del todo mal, además de alguna otra razón que guardamos en secreto Miguel Herrero y yo, la Constitución sancionó el sistema bicameral, que por otra parte había sido el sistema bicameral ha sido el habitual en las Constituciones españolas desde 1834 de casi todas las Constituciones Españolas desde el Estatuto Real de 1834.

Descartadas en la Ponencia constitucional unas veleidades unicameralistas que no llegaron a tomar estado oficial, tras la aprobación de la Constitución, España se encontró con un Parlamento de dos Cámaras, como la mayoría de los países democráticos de la CE, de la OCDE y, en general, del Occidente.

Ocho Estados de la CE tienen Parlamentos bicamerales. Las excepciones son un país pequeño (Luxemburgo), dos democracias nuevas (Portugal y Grecia) y una nación nórdica (Dinamarca).

En la OCDE, además de los comunitarios mencionados, tienen una sola Cámara otros cinco en los que se da alguna de esas circunstancias: Nueva Zelanda (tres millones de habitantes), Turquía (recién salida de régimen de excepción) e Islandia, Suecia y Finlandia. En las repúblicas iberoamericanas suele haber también dos Cámaras. Tanta coincidencia por algo será. Los pueblos y los Estados están bañados de historia, pero no viven de rutinas.

El Senado del 78

El Senado que establece la Constitución Española se ajusta por su concepción y estructura a los rasgos más comunes de las altas Cámaras de los diferentes países.

Según el artículo 69, es «la Cámara de la representación territorial>», y el procedimiento de elección de sus miembros sigue los esquemas de distribución del territorio con escasas correcciones demográficas. Pero también se lee un poco más arriba (66,1) que el Senado representa al pueblo español -no sólo a las hectáreas que dijo alguien, sino a la gente que pisa sobre ellas, y que, con el Congreso de los Diputados, forma las Cortes Generales del Reino.

En la composición del Senado la Constitución siguió las pautas de la Ley para la Reforma Política, que ya contemplaba la representación territorial fijando en cuatro los senadores por cada provincia. Al agregarse a ellos los de origen autonómico, el riguroso igualitarismo provincial se matizó con una referencia a la población que equilibra algo el conjunto, sin merma de la territorialidad.

El Senado recoge de este modo las distribuciones del espacio español que realmente existen y que conforman la conciencia de vinculación o identificación de la gente con su tierra y con su historia: las provincias de siempre (siglo y medio para estas cosas es una eternidad) y las Comunidades de ahora, históricas unas y más o menos artificiales otras, pero diseñadas siempre sobre las delimitaciones de Javier de Burgos de 1833, que no estaban nada mal hechas y respetaban las tradiciones y las culturas de todos.

La estructura del Senado es tan «convencional» como cualquier otra. Fue la que se «convino» entre los parlamentarios y los partidos de las Constituyentes y la que refrendaron los votos ciudadanos. Tiene probablemente muchos defectos. Pero posee también algunas virtudes. La primera es la de existir, la segunda su pacífica aceptación a lo largo de cinco elecciones generales en catorce años.

En un Parlamento de dos hojas es esencial que las Cámaras no sean antagónicas, ni repetitivas, ni «clónicas», sino independientes entre sí y complementarias. En Italia, con un Senado también territorial y los diputados de representación proporcional, los gobiernos han de someterse a la doble confianza, sin que nadie haya alcanzado a percibir las ventajas de esa reiteración. Quizá por eso en Italia el Senado es motivo de un debate recurrente, y por eso seguía con tanta atención el proceso de «fabricación» del bicameralismo español el entonces presidente de aquel Senado, Amintore Fanfani.

Un descontento generalizado

Siendo las cosas así, ¿por qué reina ahora un sentimiento de insatisfacción, e incluso de frustración, respecto del Senado entre los políticos, en los «medios» y, en general, en la opinión pública española?

Seguramente, en primer lugar, por culpa del Senado mismo que, desde unos años acá, no ha hecho nada para ganar un premio a la comunicación. Por ejemplo, ha levantado junto a su sede histórica un enorme y costoso edificio que resulta un cuerpo extraño en el entorno urbano, con la mala fortuna además de que un modesto e inútil gimnasio haya sido presentado en los periódicos como los baños de Cleopatra.

Por otra parte, la alta Cámara, enferma de celos del Congreso, sufre una crisis de identidad, que a veces se traduce en una búsqueda desatentada de algo en que ocuparse, aunque sean asuntos de policía, del tipo de la violencia en el deporte o la disciplina del tráfico, como si no le bastara lo que constituye su misión específica de segunda lectura, control del gobierno, debate político e investigación de grandes cuestiones de interés público, con particular atención a lo que afecta a la distribución territorial del poder y del Estado.

Contribuyen también y en gran medida a la corta vitalidad del Senado los partidos, sobre todo los grandes, pero también los nacionalismos de menor número de escaños. Rara vez destinan a esa Cámara unos representantes verdaderamente significativos de sus respectivas formaciones, y entre los senadores de las Autonomías no suelen encontrarse las personas que son en ellas la voz del gobierno o de la oposición.

Una gran parte del debate político podría residenciarse en el Senado si, como ocurre en Gran Bretaña con los Lores y en otros países con sus altas Cámaras, existiera esa voluntad y hubiera senadores de autoridad política reconocida para ponerla en práctica. A ello habría de contribuir el gobierno llevando a la Cámara asuntos particularmente propios de ella, como los exteriores y de defensa y los relacionados con la CE, más otros económicos y sociales, de especial repercusión en la vida diaria y práctica de las Autonomías.

Pero también tienen una palabra que decir las Comunidades Autónomas, cuyos representantes no deben escapar a la doble afiliación, al territorio de origen y al partido en que profesan.

Con el actual marco constitucional el Senado puede ser eficaz. De modo particular en el proceso legislativo. En segunda lectura se opera con más información sobre la opinión general y el criterio de los grupos sociales acerca de los textos que se discuten. Gobierno y partidos están así en mejores condiciones condiciones para acertar sobre todo en los detalles y en los aspectos técnicos, que son tan importantes en las leyes.

Todo depende, en suma, de lo que decidan los partidos, el Gobierno, las Autonomías y el Senado mismo, es decir, de lo que en el «politiqués» vernáculo (que diría Amando de Miguel) suele llamarse «voluntad política».

Motivos y métodos para una reforma

En los doce años transcurridos desde su entrada en vigor, la Constitución ha sido objeto de numerosos análisis y estudios, el Tribunal Constitucional ha acumulado una nutrida jurisprudencia, los partidos y los políticos han debatido numerosas cuestiones generales o de detalle, y lo que es igualmente importante, se han generado ciertos «usos constitucionales» (aunque quizá no suficientes), de esos que el rey Balduino dijo en cierta ocasión que en la práctica eran casi tan importantes como la letra del texto. A ellos se ajusta en Bélgica el encargo de formar gobierno, y aquí, por ejemplo, las consultas del Rey y algunos debates parlamentarios.

Un proyecto de reforma constitucional que aspire a merecer la calificación de serio ha de partir del análisis y ponderación de todos esos conjuntos de material científico, jurídico y político, sin espíritu partidista, sino con vocación de un consenso satisfactorio de los dos grandes partidos nacionales y de los nacionalismos democráticos y leales.

Varios cambios razonables

En la Constitución española será preciso introducir modificaciones, por ejemplo en el Título VIII, en las listas de competencias transferibles a las Autonomías y en las exclusivas de la Administración central. Sobran en ellas por lo menos doce o trece apartados que ahora han sido traspasadas a Bruselas.

Dentro de ese mismo Título VIII será preciso reconocer formalmente que determinados preceptos meramente procedimentales como los que regulan la iniciativa autonómica o la elaboración de los proyectos de Estatuto (arts. 143, 146, 151 y 152) no tienen por qué estar para siempre al mismo nivel que las disposiciones permanentes o sustantivas. Podrían ser sustituidos por un texto escueto que sancionara la realidad ya consolidada.

La Autonomías han de ser distintas, igual que la naturaleza, la historia y la vocación política de cada una.

Una reforma constitucional habría de garantizar de verdad con eficacia la independencia de los Tribunales y los órganos de fiscalización.

La planificación económica que se postula en la Constitución es un anacronismo.

A la vez, poniendo en relación lo que se dispone en la transitoria segunda con esos artículos, y en particular con el actual 151, debería «constitucionalizarse ya por fin que los regímenes de Autonomía han de ser distintos unos de otros, ajustándose a la naturaleza, a la historia y a la vocación política de cada una de las Comunidades y de su ciudadanía.

Los constituyentes del 78, al redactar la transitoria segunda, se refugiaron en un texto «elíptico y siléptico» que empieza con estas palabras: «Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de Autonomía…», etc. Cuando se traduce esta frase desde la lengua «cripto-constitucional» al español común, el mensaje subliminal resulta transparente. No es otra cosa que una novedosa manera de decir Cataluña, el País Vasco y Galicia, sin nombrarlas para que nadie se moleste.

No sólo en el Octavo

Pero una reforma constitucional que, cuando se emprenda, ha de ir precedida de los estudios técnicos y de los acuerdos políticos enunciados antes, u otros semejantes que planteen voces autorizadas, no habría de limitarse al Título VIII.

Hay preceptos que deben ser vueltos a considerar, como los que regulan los órganos judiciales y de fiscalización, para que el sistema de designación de sus miembros, sin dejar de ser básicamente parlamentario, vaya acompañado de unas condiciones de presente y de futuro que garanticen la independencia. También deberían ser reconsideradas —o suprimidas— las referencias a «la planificación de la economía»—, que ahora por fin todo el mundo se ha enterado ya de que es un anacronismo, y que no se han aplicado nunca. Quizá deberían añadirse varias cuestiones más, pero sin que sean muchas. Porque la Constitución es lo que mejor ha funcionado en este país en etos años.

Pero la «revitalización» del Senado, si es que se puede hablar así, no necesita esperar una reforma constitucional. Ni siquiera a que haya otras elecciones. Basta que se propongan de consuno llevarla a cabo la propia Cámara, los partidos, el Gobierno de la nación y las Autonomías.

LAS SEGUNDAS CÁMARAS SON ASÍ

Parece evidente que una reforma constitucional no modificaría sustancialmente atribuciones del Senado. Si se hiciera con la obsesión de «arreglar» esa Cámara, podría conducir a una casuística minuciosa que acentuara la rigidez ya excesiva de que adolece la Constitución en sus aspectos procesales.

Una Ley del Senado, como han postulado con poca reflexión algunos políticos, ya existe. Se llama Reglamento y tiene las ventajas de ser más autónomo que el propio Presupuesto y de que se discute y se tramita sin salir de los muros de la Cámara.

No falta quien piensa que lo que el Senado español necesita es una modificación de estructura y de composición para que su representatividad sea territorialmente más homogénea, en vez del sistema mixto que establece la Constitución, con unos senadores de elección directa por provincias y otros designados por las Asambleas de las Comunidades.

Un sistema mixto por el estilo del nuestro es el de Bélgica. Son, por el contrario, de elección popular todos los senadores norteamericanos, y los de Australia, Japón, Italia (menos los antiguos jefes de Estado y hasta cinco vitalicios más), etc. De segundo grado, las altas Cámaras de Francia, Alemania, Austria, Holanda, Irlanda, Noruega, etc. En el Canadá, designa libremente a los senadores el jefe del Estado (o sea, el gobernador general, a propuesta del primer ministro).

En el Reino Unido ya se sabe que lo de los Lores es harina vieja —o rancia— pero de otro costal, aunque a los hereditarios se hayan agregado algo más de doscientos vitalicios, nombrados por la Reina, bajo la recomendación del primer ministro.

La elección o designación de los parlamentarios de las altas Cámaras, en comparación con la de los diputados, es el reino de la diversidad.

Pero con toda esa variedad, estas Cámaras trabajan de modo parecido en todas partes, con más o menos incidencia en los procesos legislativos, en los de control y en el debate nacional, según las mayorías que en ellas existan y su simetría —o asimetría— con las de la otra Cámara. Cuando el Bundesrat alemán o el Senado francés no son gubernamentales, el ejecutivo suele verse obligado a legislar por consenso en ciertas materias o a guardarse algunos proyectos para mejor ocasión. Los diputados podrían imponer su voluntad en todos los casos, pero es una prerrogativa de muy delicado manejo con la que hay que ser prudentes.

Con todos esos razonamientos no quiero decir que la Constitución española no haya de ser reformada alguna vez, ni que esas modificaciones tengan que esperar a las calendas griegas, ni que cuando los cambios ocurran, deban detenerse a las puertas del Senado como las legiones ante las de Roma. Sólo pretendo afirmar que la cuestión del Senado por ella sola no justifica una reforma constitucional.

Simeón de Bulgaria. En el fiel de la balanza

Bulgaria transitó desde el comunismo a la democracia sin demasiados traumas y sin violencia. ¿Esperaba usted que el cambio se produjera pacíficamente?

— Sinceramente, siempre creí en el buen sentido del pueblo búlgaro y, si me apura, en el de sus dirigentes de entonces, fuesen o no comunistas. Temía como todos que la caída de Teodor Yikov provocase enfrentamientos y arreglos de cuentas, porque lógicamente había muchos odios almacenados, después de un régimen feroz que duró 45 años. Pero la reacción de la gente fue verdaderamente maravillosa. No hubo sangre.

— ¿En qué sentido?

— Hay una polarización que me inquieta muchísimo. La polarización no se produjo entre los comunistas y los demócratas, por ejemplo, sino, como dicen los ingleses, entre «los que tienen» y «los que no tienen», que son la inmensa mayoría, independientemente de los escalones sociales. Claro, todavía funcionan los viejos mecanismos psicológicos, el miedo… La sociedad búlgara estaba deshecha, rota. Todo el mundo se había acostumbrado a obedecer, y esa inercia constituye uno de los grandes déficit sociales con los que debemos enfrentarnos…

— ¿«Debemos»? ¿Se siente usted concernido también? ¿Qué papel desea jugar en el futuro de Bulgaria?

— Por supuesto que me siento concernido. No olvide que soy búlgaro, nací en Bulgaria, fui incluso hasta los nueve años rey de ese país y aspiro a serlo de nuevo.

— Pero ¿qué posibilidades reales tiene hoy la monarquía en Bulgaria? ¿Qué porcentaje de ciudadanos se declaran monárquicos?

— Sinceramente, no creo que el problema sea si hay un 30 o un 40 por ciento de búlgaros que se declaren favorables a la monarquía. Por supuesto que recibo estudios demoscópicos sobre las preferencias políticas de mis compatriotas, y éstas son variables. Pero me fío poco de estas evaluaciones. Lo importante para mí, sin embargo, no es el número de compatriotas que consideran la monarquía como un proyecto razonable de futuro sino la posibilidad de que todos los búlgaros puedan pronunciarse alguna vez sobre su conveniencia o no, sin prisas ni imposiciones.

— ¿Existe un partido monárquico en Bulgaria?

— No, afortunadamente no. Cuando algunos de mis amigos intentaron fundar algo parecido les pedí que no lo hicieran. La monarquía no puede ser un partido, ni siquiera una ideología, sino una fórmula de gobierno compatible con todos los partidos, siempre que sean democráticos.

— ¿Son los comunistas los peores enemigos de la restauración monárquica en su país?

— Los comunistas, desde luego, no son favorables a la causa monárquica, pero hay también otros partidos que se declaran republicanos y que, tal vez inconscientemente, están haciendo el juego a los comunistas prehistóricos, que durante 45 años se pasaron el tiempo hablando y escribiendo contra la «monarquía fascista de Simeón Borisov», que soy yo.

— Para usted, ¿Bulgaria es Europa?

— Por supuesto que lo es. ¿Qué otra cosa puede ser? Y añado: nuestro futuro está en Europa. Las fórmulas para esta integración, asociación o como se llame, habrá que encontrarlas de común acuerdo con los Doce y sin prisas. Pero nuestro futuro se entendería mal aislados de Europa.

— ¿Puede decirse que el partido comunista ha desaparecido en su país? ¿Dónde están los miles, casi millones de comunistas que había en Bulgaria antes de la caída del régimen de Yikov?

— Siguen allí, a nadie se le ha perseguido ni se le perseguirá por sus ideas. Conviene, sin embargo, distinguir entre comunistas y comunistas. En Bulgaria, durante la dictadura, muchos se inscribían en el partido porque era la única forma de subir en la escala social, conseguir ciertas ventajas, poder estudiar en las Universidades, ser funcionario, etc. Esta gente no tenía convicciones marxistas, y en cuanto el régimen cayó se dieron de baja, simplemente, del partido.

— Recientemente el primer ministro búlgaro, Dimiter Popov, dijo de usted que su posición era «muy digna, muy sabia y muy razonable». Y que hasta ahora «no se había inmiscuido en la política del país, no había intervenido en ella». Sin embargo, el 24 de junio, en Liechtenstein, Popov rehusó almorzar con usted después de haber aceptado la invitación del Príncipe. ¿Qué significado tiene ese gesto? ¿Significa que las autoridades búlgaras no quieren trato alguno con usted?

— Me resulta, en efecto, difícil explicar un gesto tan brusco. El Príncipe nos había invitado a almorzar, pero cuando el señor Popov y su comitiva llegaron al Palacio, decidieron rehusar la invitación, lo que, desde el punto de vista de la cortesía más elemental, resulta bastante sorprendente. El señor Popov sabía que el Príncipe que, además, es pariente mío me había invitado al almuerzo, y él, a su vez, aceptó la invitación. Fue necesario que el Príncipe de Liechtenstein pusiera las cosas en su punto. Fue un incidente desgraciado y que no sirvió para mejorar la imagen del régimen búlgaro…

Lo importante es conseguir una sociedad democrática, libre y estable. Y eso puede lograrse con una monarquía, con una república democrática o con cualquier otra fórmula.

— El Gobierno búlgaro le otorgó, en cambio, recientemente su pasaporte, y también a su hijo y heredero, aunque no a su esposa, Margarita. ¿Piensa regresar pronto a su país, como hizo su hermana María Luisa?

— No lo descarto. El regreso de mi hermana produjo manifestaciones populares que, lógicamente, no tranquilizaron al régimen.

— ¿Podría el Gobierno búlgaro impedir su regreso, como hicieron las autoridades rumanas con el ex-rey Miguel en un momento dado?

— Sería una arbitrariedad, una ilegalidad. ¿Con qué fundamento podrían justificar esta prohibición? Desde que se produjo la caída de la dictadura me impuse cierta prudencia en mi conducta y me abstuve de intervenir directamente en la arena política.

El futuro de Bulgaria está en Europa. Las fórmulas para esta integración, asociación o como quiera que se llame, habrá que encontrarlas de común acuerdo con los Doce y sin prisas.

— Pero ¿qué es más importante para usted: una Bulgaria libre, democrática y próspera o una Bulgaria monárquica?

— Lo importante es conseguir una sociedad democrática, libre y estable, donde haya una razonable igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Y eso puede lograrse con una monarquía, con una república democrática o con cualquier otra fórmula, en caso de que exista. Para mí, desde luego, lo importante no es la fórmula constitucional -cualquier Constitución democrática puede ser revisada y reformada, si el pueblo así lo quiere-, sino el contenido de esa fórmula. Una república democrática de verdad, como las que existen en Francia o en Suiza, sería magnífica para Bulgaria. ¿Qué felicidad mayor para mí que evitar meterme en más problemas, vivir en Madrid, viajar a mi país de vez en cuando o incluso instalarme definitivamente allí pero sin responsabilidades políticas…? Si asistiera a la implantación de un régimen democrático, libre, pluralista, representativo, de mercado, en el que los ciudadanos se encontrasen a gusto y en el que Bulgaria recuperase el papel que por historia, dimensiones y cultura le corresponde, ¡miel sobre hojuelas! No iba a ser tan insensato en decir entonces que «lo mío sería mejor».

— Esto de ser rey -sobre todo en el exilio- debe resultar un tanto incómodo…

— Desde luego, le sobra razón. Me gustaría conocer a quien inventó eso de «vivir como un rey» para decirle unas cuantas cosas… He vivido exiliado de mi país desde que tenía nueve años, he tenido que estudiar duro, trabajé con cierto éxito, debo reconocerlo, toda mi vida sin descanso y he mantenido, creo, con dignidad la razón de ser que heredé de mi padre. No ha sido fácil, nada fue fácil, sino más bien amargo…

— ¿Una vocación o un destino?

— Un destino, sin duda, que debí asumir cuando otros estaban saliendo de la infancia…

El fantasma de Lenin recorre Europa ¿Qué hacer con el PCE?

Cuando a Julio Anguita le propusieron suceder a Gerardo Iglesias al frente del Partido Comunista de España, como responsable supremo de una aguerrida tropa política que sólo había conocido hasta entonces cuatro secretarios generales -José Díaz, Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo, además del minero paisano de éste último, tardó un tiempo en decidirse. Ante sus dudas, alguien le preguntó que quién era su candidato para el puesto. La respuesta del que, tras su paso por la alcaldía de Córdoba, es conocido como el «califa rojo», fue: «Lenin».

Hoy quizá Anguita no hubiera dicho tanto. Ahora, hasta el nombre mítico de Lenin, que encarnaba las esencias de la visión y audacia revolucionarias, es un nombre cuestionado. Aquel ruso llamado Vladimir Ilich Ulianov, que amaba los gatos y usaba chaleco, y que parecía haber conseguido domar el tigre de la historia en nombre de los desheredados del mundo, es también, como hace unas décadas José Stalin, una figura no sólo objeto de revisión, sino de ofensas. El bronce y el mármol de sus poderosas estatuas, símbolo de la fortaleza soviética, son derribados estrepitosamente. La ciudad que llevaba su nombre vuelve a llamarse, como en la época de sus enemigos los zares, San Petersburgo. Su mausoleo de la Plaza Roja corre el riesgo de ser echado abajo por la ola de anticomunismo que, como un nuevo fantasma, recorre Europa.

Ese fantasma hha llegado también a España. El golpe del 19 de agosto fue un test para los partidos comunistas europeos, y también para el PCE.

Algunas formaciones comunistas ya habían hecho en su momento la correspondiente reconversión. Achille Occhetto, en Italia, llevó su instinto previsor a conseguir que sus camaradas comunistas aceptasen el cambio del nombre del partido, que ahora se llama Partido de la Izquierda Democrática. Occhetto ha leído a Maquiavelo y sabe que un cambio precede a otro cambio: desde hace cinco años, la «perestroika» de Gorbachov no era sino el reconocimiento de una impotencia, el fin de un trayecto de trenes blindados con asaltos a Palacios de Invierno que en la Europa de la prosperidad carecían ya de sentido, y un anticipo de algo que resulta evidente: que la revolución mundial había perdido la partida frente a la fuerza tranquila de la democracia. Carrillo lo había sabido ver cuando patentó, a medias con otros dirigentes europeos, el «eurocomunismo». Ahora, tras sus últimos tumbos electorales, proclama sin disimulo que lo que tienen que hacer los comunistas es disolverse y entrar como corriente organizada en el PSOE.

Cambiar de imagen

Pero no es probable que sus ex-camaradas le hagan caso. No parece que Carrillo tenga ya el menor ascendiente sobre lo que queda del PCE, liderado por Julio Anguita, y que, para mejorar su declinante imagen entre el electorado, hace cinco años articuló en torno suyo a ciertos grupúsculos de rebotados del PSOE, republicanos, extraparlamentarios y ecologistas, con la intención de que, bajo unas nuevas siglas —Izquierda Unida—, el mensaje marxista pasase mejor la prueba de las urnas.

Tras el experimento de Izquierda Unida, lo que tenía que producirse se ha producido: que los minoritarios de la coalición desean rebajar el tinte comunista de la misma y tener algo más de progatonismo. Sólo con microscopio es posible ver en puestos relevantes de la política española, salvo alguna excepción que es imposible camuflar, como Alonso Puerta o Pablo Castellano, a miembros de Izquierda Unida que no sean militantes del PCE. Pero la caída del PCUS les ha dado ánimos: ¿por que no convertir Izquierda Unida en un partido nuevo y enterrar definitivamente unas siglas, las del PCE, que evocan un movimiento históricamente en almoneda?

Naturalmente, ello no es fácil. Una de las características de los partidos comunistas es fervor burocrático y vocación gerontocrática. Todos los partidos comunistas tienen sus Gromykos y sus Mikoyanes. El portugués cuenta con Alvaro Cunhal, el francés con Georges Marchais, septuagenarios ambos e incapaces de renunciar a su pasado. Aquí en España no faltan sus equivalentes, los veteranos del aparato, como Marcelino Camacho o Sánchez Montero, que cuando oyen decir a Yeltsin en una emisión de la cadena de televisión norteamericana ABC que «el comunismo fue un experimento trágico para la URSS» y que «poco a poco se irán dando cuenta de ello quientes aún creen en él», suponen que eso no va con ellos.

En el PCE sí que hay, sin embargo, quien cree que eso sí que va con ellos. Son un grupo de renovadores, entre los que destaca el portavoz parlamentario de Izquierda periféricos como Ribó en Cataluña o Saborido en Sevilla, o el secretario general de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez. Pero, como los mencheviques frente a los bolcheviques, están en minoría. En la reunión de la comisión política del partido, la votación favorable al mantenimiento del PCE no ofreció demasiadas dudas: 18 a favor, 4 en contra. Marchais, en Francia, obtuvo un marcador aún mejor en su Comité Central: 128 a favor, tan sólo 13 en contra.

Y es que, como ha señalado el presidente del Partido Popular, José María Aznar, «aunque haya caído el comunismo, sigue habiendo comunistas». Y en España, con el apoyo de muchas personas que opinan que, por sus servicios durante la transición a la democracia, el Partido Comunista no merece ser eliminado del mapa por un golpe de viento siberiano, muchos comunistas se preparan para resistir. Anguita, que en tiempos encarnaba la renovación y era visto con desconfianza por la «nomenklatura», parece haberse plegado, al menos hasta el XIII Congreso del partido, que se celebrará en diciembre, a una corriente que resulta, por ahora, mayoritaria. Uno de sus hombres, el diputado Antonio Romero, ha asegurado que el Partido Comunista se comerá los mantecados de este año, y también los del próximo… A la imagen gastronómica ha unido un toque científico: según él, el hecho de que el PCE no salga a la liza electoral y sea IU la marca que está en el mercado es un proyecto político de tecnología punta.

Al nombrar a Stalin, en 1922, secretario general del Comité Central —lo que permitió al ex-seminarista de Tiflis proponer y controlar a todos los candidatos a funcionarios del partido y le abrió las puertas de par en par a su futuro y tiránico poder—, Lenin dijo de él que «este cocinero nos preparará platos picantes». Los cocineros políticos, desplazado Alfonso Guerra del «office» de la Moncloa, han perdido en España relevancia, pero siguen ahí. Algunos, como Antonio Romero y los bolcheviques del PCE —partido al que su primer secretario general, José Díaz, llamaba así, «partido bolchevique»— han cambiado el picante por el azúcar de los mantecados, esperando tiempos mejores y, de momento, que no les quiten el postre.

Vladimir Bukowski: «Gorbachov es fuente de inestabilidad»

Vladimir Bukowski ha sido uno de los disidentes soviéticos más conocidos. Médico especializado en neurofisiología, vivió en Moscú y desde muy pronto sintió una gran desilusión al comprobar la realidad del comunismo. Opositor al régimen desde muy temprana edad, sufrió durante doce años un calvario de cárceles que duró hasta el día en que fue canjeado en Zurich por Luis Corvalán, secretario general del Partido Comunista de Chile, a mediados de la década de los setenta. Desde entonces reside en el Reino Unido.

El histórico disidente soviético es autor de cuatro libros, uno de los cuales —Ese dolor lacerante de la libertad— ha sido publicado en España. Bukowski participó en la Universidad de Verano de El Escorial dentro del curso «La URSS: el precio de la democracia», dirigido por Kasparov. Hoy, poco más de dos meses después, las opiniones que vierte en esta entrevista, cuando la revolución de agosto lo ha barrido todo, destacan por su lucidez. Bukowski se adelantó a lo que «necesariamente» iba a pasar.

— P. ¿Cuál es la actitud de los disidentes históricos ante la «perestroika»?

— R. Ya no hay disidentes. Esto sucedía antes, cuando vivíamos en un régimen muy duro y era necesaria una respuesta moral.

— Pero los antiguos disidentes, personalidades tan conocidas como Zinoviev o Volkoff, ¿volverán?

— Dependerá de la personalidad y de la situación personal. Unos volverán, otros ya están instalados. Zinoviev, por ejemplo, seguirá en Munich.

— Y usted, ¿ha vuelto?

— Sólo he vuelto por cinco días. Yo vivo en Cambridge.

— ¿Cuál fue su impresión?

— Yo he manejado siempre muchos documentos, informes e informaciones diversas que me han dado una visión muy próxima de la realidad soviética. Por lo tanto, no sufrí un gran impacto.

— Usted es miembro de «Rusia Democrática», el movimiento político promovido por Kasparov…

— No soy miembro, pero políticamente me siento muy próximo a sus puntos de vista y planteamientos, mucho más cercano que lo que pueda sentirme respecto a cualquier otro grupo político.

La separación de las distintas Repúblicas no significa que vaya a haber un muro de Berlín entre ellas.

— ¿Del propio nombre del movimiento se puede inferir que es sólo para Rusia y que, por lo tanto, la Unión Soviética se desintegrará en diferentes Estados?

— La gente que está integrada en este partido prevé la desintegración de la URSS y piensa que es necesario concentrarse en Rusia. Mejor dicho: no solamente lo prevé, piensa que es absolutamente necesaria. Reconocemos que no podemos arrogarnos el derecho de decirles a los bálticos o ucranianos lo que deben hacer. Deben ser países independientes.

— Hace algunos meses hablé con Ryszard Kapuscinski, un afamado periodista polaco. Él había viajado un año por la URSS recogiendo materiales para escribir un libro. Me comentó que la «perestroika» no había llegado a muchos lugares.

— Cuanto más te alejas del centro, cuando te diriges hacia el interior de la URSS, te das cuenta de que nada ha cambiado desde la época de Breznev.

— ¿Cómo enjuicia la política de Occidente y de la CEE en relación a la «perestroika»?

— Yo creo que los países europeos no han entendido nada. Sus puntos de vista no han sido, hasta ahora, certeros, y sus interpretaciones de lo que ocurría han sido erróneas. Por ejemplo, la CEE cree que la URSS va a mantener unidos a los diversos pueblos, algo que es imposible de lograr porque va en contra de la necesidad histórica y los deseos de 300 millones de personas. La fuerza, el poder y el dinero no pueden cambiar la necesidad histórica. Hasta este momento han percibido a Gorbachov como una fuente de estabilidad, lo cual es una grave equivocación. Gorbachov es una fuente de inestabilidad porque es demasiado débil para gobernar y demasiado fuerte para ser eliminado del poder.

— ¿Cuál va a ser el coste del cambio desde un punto de vista económico, social y político?

— Si se hacen las cosas con sentido común, el coste será mínimo. Tendremos nuestro propio mercado común. La separación de las distintas repúblicas no significa que vaya a haber un muro de Berlín entre ellas. Las relaciones tradicionales continuarán: hay demasiados lazos, matrimonios mixtos, familias cruzadas… llevaría siglos separarlos. Hablemos de una separación política y administrativa sabiendo que económicamente seguirán integradas.

¿Está Gorbachov…? ¡Que se ponga!

A raíz de los acontecimientos en la URSS, el ministro de Asuntos Exteriores español, Francisco Fernández Ordóñez, dio muestra de su acentuado sentido del humor cuando dijo en una intervención ante el Senado que la pronta reacción de España al golpe de Estado en la Unión Soviética había sido «decisiva» para el fracaso del mismo. Hacía cierto bochorno en la sala y sus señorías estaban en plena digestión, de modo que nadie soltó la carcajada. Ordóñez es demasiado sensato y astuto como para sospechar que hablaba en serio.

En la cronología de los hechos producidos desde el 19 de agosto y publicada por la Cancillería española puede leerse esta deliciosa apostilla: «Carros blindados de las fuerzas especiales del Ministerio del Interior bloquean los accesos a la Plaza Roja y cercan el edificio del Parlamento ruso». Punto y aparte: «El ministro de AA.EE., Francisco Fernández Ordóñez, interrumpe sus vacaciones y convoca una reunión urgente de su departamento. El presidente del Gobierno suspende sus vacaciones veraniegas y celebra un almuerzo de trabajo en el Palacio de la Moncloa. Al término de la reunión, se facilita una nota del Gobierno en la que se califican los hechos de verdadero golpe de Estado». Tras un despacho con el Rey, que adelanta su regreso a Madrid, González ofrece una rueda de prensa.

La cronología coloca inmediatamente después de estas acciones decisivas para la desarticulación del golpe, la información de que el presidente Bush «califica de anticonstitucional la destitución de Mijail Gorbachov».

Al mediodía del día siguiente (en la cronología no se indican las horas) se producen dos hechos trascendentales y, desde luego, incomparables: «El presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, utiliza los canales de la televisión norteamericana para transmitir al mundo y al pueblo soviético los mensajes que no puede difundir por la televisión de su país, pidiendo la ayuda de todos para vencer a los golpistas». «El presidente del Gobierno español regresa a Huelva, tras haber intentado nuevamente, sin éxito, establecer comunicación con Mijail Gorbachov».

El teléfono rojo

El día 21 de agosto el Ministerio del Portavoz del Gobierno hace pública una nota dando cuenta de las gestiones realizadas por el presidente del Gobierno para contactar directamente con Mijail Gorbachov y con el presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, «con el fin de transmitirles su profunda satisfacción por el fracaso del golpe de Estado». La nota no dice que fue imposible establecer la comunicación: de eso se encargará al día siguiente el propio presidente del Gobierno, que, en una rueda de prensa en los jardines del Palacio de la Moncloa, anuncia, al fin, la buena nueva: «Hablé con Yeltsin, temprano esta mañana. Estoy pendiente todavía de la llamada de Gorbachov».

Este frenesí telefónico del presidente español ocultaba además de una legítima preocupación por el estado de salud de Gorbachov cierta decepción: durante su viaje oficial a Moscú, González había firmado con Gorbachov un acuerdo por el que se establecía un teléfono «rojo» para situaciones de crisis entre la Moncloa y el Kremlin. El teléfono, naturalmente, no funcionó, tal vez porque no estaba instalado o, lo que es más probable, porque resultaba un tanto surrealista pensar que mientras al dirigente soviético sus próximos colaboradores le daban un golpe y lo encerraban en la dacha de Crimea, tendría tiempo u ocasión para comentar con sus colegas de otros países la evolución de los acontecimientos. ¿Se imagina alguien al difunto Salvador Allende conversando con el presidente Echevarría de México mientras Pinochet bombardeaba el Palacio de la Moneda? Tanto la idea de establecer el teléfono rojo Madrid-Moscú como la de utilizarlo entre Crimea y Huelva cuando se producía el golpe de Estado nos retrotraen a situaciones emparentadas con la «guerra de Gila», que tanto éxito tuvo en los años cincuenta.

Esta historia sería simplemente anecdótica si no ocultara uno de los usos más socorridos de la diplomacia española desde hace años, consistente en intentar convencer a una opinión pública más bien ajena a estos temas sobre el papel decisivo que juega España urbi et orbi, ya sea en Nicaragua o Lituania, en el Sáhara occidental o Kuwait. La cosa viene de lejos, y sería injusto cargarle el muerto en solitario al siempre amable y eficiente Paco Fernández Ordóñez. Areilza no tuvo más remedio que vender una mercancía la democratización española más bien inexistente en Europa occidental y sobre todo en Estados Unidos. Marcelino Oreja engolaba la voz para que tomaran en serio a la democracia naciente e incluso a su patrón, Suárez, mientras éste peroraba sobre el «cuello de botella del estrecho de Ormuz» y abrazaba a cuanto palestino, negro, iberoamericano o árabe que se le ponía a tiro para subrayar sin duda el destino occidental de España. Morán entró como un elefante en una cacharrería para sacarnos de la OTAN y meternos en la CE: consiguió lo segundo y le costó la cartera lo primero. Ordóñez tenía y tiene ideas claras, pero ha chocado siempre con la autosatisfacción rampante de sus superiores -hay varios y con la indiferencia acentuada de una clase política enzarzada en batallas de campanario. No tiene más remedio que vender aire en muchas ocasiones, pero lo hace con tanta soltura y simpatía que nadie se atreve a rechazar sus ofertas.

Las relaciones entre España y la URSS han sido tradicionalmente inexistentes, por no decir nulas. Costó Dios y ayuda conseguir que Gorbachov visitara Madrid, tras haber peregrinado por el resto de las capitales europeas, y cuando vino se firmó un acuerdo financiero (1.500 millones de dólares en créditos españoles) que nunca funcionó y que tiene modestas posibilidades de funcionar en el futuro. Por eso resulta tan fácil anunciar a bombo y platillo horas después de que estallara el «tejerazo soviético» que se suspendían todas las operaciones de crédito y financiación con la URSS: no había ninguna en marcha.

La visita oficial de González a Moscú en julio se completó con el esperpéntico seminario organizado por Mario Conde y la Universidad Complutense, al que asistieron una docena de personas, algunas de las cuales están por cierto ahora en la cárcel porque tuvieron un activo papel en el golpe frustrado. González y sus acompañantes se creyeron entonces que había Gorbachov para rato: les hubiera bastado salir a la calle y pasearse diez minutos para percibir que los moscovitas estaban hasta el gorro del «gorbachovismo» y que podía ocurrir cualquier cosa, incluso un golpe de Estado. Pero el compañero Mijail los tranquilizó y volvieron a Madrid más contentos que unas pascuas, convencidos de que si ocurriese algo serían previamente avisados por el teléfono rojo.

Diplomacia hábil

Sólo el anciano y sagaz Shevardnadze le advirtió a Ordóñez que el «golpe fascista» venía, en una entrevista de cumplido. Yakovlev lo estuvo diciendo cada martes y cada jueves, pero Yakovlev «no era visita» en la embajada de España en la URSS, donde, por cierto, el golpe les sorprendió en cuadro, con el conserje segundo, un chófer, dos administrativos y un secretario de embajada que, dando prueba de su sagacidad, hizo unas históricas declaraciones reafirmando la constitucionalidad de la intentona. Decididamente, o a nivel mundial se cambia el calendario de los terremotos políticos imprevisibles (Irak, crisis de las embajadas en Cuba, Kuwait, URSS) o los embajadores españoles toman las vacaciones en febrero…

Todo el mundo supo en su momento que el problema de Gibraltar se resolvería abriendo a bombo y platillo la verja; nadie ignoró tampoco que el Grupo de Contadora, patrocinado por el Gobierno socialista español en su época, iba a resolver la guerra civil en Nicaragua, y que los practicantes españoles arreglaron provisionalmente el tema kurdo. Ahora, en las postrimerías del verano, hemos podido enterarnos de que la clara y tajante posición española fue decisiva para la derrota de los golpistas. Las fuerzas armadas soviéticas, conmovidas ante la declaración posterior al almuerzo del día 19 en La Moncloa, reflexionaron sobre la insensatez que iban a cometer y volvieron a los cuarteles. El KGB y el PCÚS, arrepentidos, decidieron también entregar armas y escritorios cuando se enteraron que el presidente del Gobierno español había regresado al Coto de Doñana pero no cejaba en su objetivo de hablar con Gorbachov en Crimea. Hasta las declaraciones del sagaz secretario de la embajada española en Moscú bendiciendo constitucionalmente la subversión ayudaron a que los golpistas no insistieran, dado que la razón hace la fuerza. Todo, en suma, fue decisivo en la respuesta española para la derrota de Yanaev y sus amigos. Y eso que el teléfono rojo no funcionó. ¡Otra vez la Telefónica!

El paisaje de las ciudades históricas

Muchas han sido las transformaciones que han sufrido nuestras ciudades en las últimas décadas, pero si cualquier población se ve afectada por la expansión urbana, las ciudades históricas presentan una especial fragilidad a las tensiones, transformaciones y cambios profundos que en ellas se producen por tener también unas características peculiares. Las ciudades históricas son depositarias de un importante patrimonio cultural y constituyen además un capital espiritual, económico y social con valores irreemplazables.

El Consejo de Europa y la Conferencia Europea de los Poderes Locales sobre «Ciudades Históricas» sostienen que la encarnación del pasado en estas ciudades crea un ambiente necesario para el equilibrio y el esparcimiento del hombre que permite satisfacer la necesidad de identidad individual y colectiva.

Este ambiente especial que se respira explica su atracción como lugar de paseo, recreo y ocio para los habitantes de las nuevas áreas urbanas, e incluso que su percepción genere hondos sentimientos y toque lo más profundo del hombre. De aquí radica el notable interés de sus espacios públicos como lugar de encuentro y participación.

El paisaje de estas ciudades es muy rico y variado en tipologías, formando los espacios abiertos y zonas verdes parte esencial de su configuración por su alta calidad y elevada capacidad de acogida para los ciudadanos. Plazas arboladas, jardincitos tranquilos y recogidos, fuentes humildes y tradicionales que dan ambiente, calles arboladas, callejones con muros verdes, árboles acogedores, paseos soportados… son ejemplos característicos que han probado su éxito como generadores de ambientes gratos y modelos de diseño para futuras actuaciones.

Entorno

Pero su interés trasciende los espacios libres del interior para abarcar el entorno periurbano, íntimamente ligado a la ciudad por vínculos históricos, paisajísticos, productivos, recreativos y sentimentales. En esta línea, la «Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico» hace hincapié en la protección del entorno natural de las ciudades tradicionales y de los conjuntos arquitectónicos.

De hecho, la conservación de los panoramas que se contemplan desde la ciudad hacia el exterior, y viceversa, la cual posibilita el disfrute de paisajes equilibrados o la relajación de la vista en ellos, se ha convertido, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en una auténtica necesidad humana.

De este modo, los terrenos periurbanos conservados con su carácter natural o rural, íntimamente ligados al núcleo histórico, constituyen un lugar de encuentro y comunicación hombre-naturaleza.

En esta transición periurbana la vegetación juega un papel fundamental como elemento de enlace entre campo y ciudad. Son típicas en estas ciudades las alamedas, las huertas, los paseos arbolados, los muros de piedra con trepadoras… No menos importante es el papel de las zonas verdes en la unión de la ciudad antigua con las nuevas barriadas.

Esto nos lleva a la conservación de los usos del suelo tradicionales en el entorno, tratando de mantener un paisaje vivo, útil y apto para ciertos usos como la agricultura y la horticultura, no ya sólo por su

Los usos tradicionales del suelo dan carácter y peculiaridad al paisaje. Las callejas de los barrios antiguos, como ésta de Córdoba, a menudo hacen las veces de espacios verdes y áreas estanciales convencionales áreas estanciales y zonas verdes en general de la degradación que generan los vehículos.

Los espacios verdes urbanos y periurbanos, formales o informales, debidamente protegidos por el planteamiento municipal y regional, son una garantía para la conservación del entorno. En esta línea, es importante que el ciudadano tenga acceso a este entorno, que lo valore y lo disfrute. A ello contribuirá mucho la creación de una trama integrada de áreas verdes y espacios abiertos, con variedad de ambientes, que una campo y ciudad, ciudad histórica y nueva ciudad y distintas áreas interurbanas a través de paseos, caminos y sendas debidamente diseñados para facilitar el disfrute integral del paisaje y la comunicación del hombre con su medio.

Por lo que respecta a la corrección de impactos, interesan intervenciones globales que incluyan la creación de espacios abiertos y zonas verdes, la transformación de lugares chocantes a la vista y la recuperación de tierras abandonadas y terrenos degradados.

Es preciso resaltar y revalorizar el alto poder evocador de los cursos de agua, así como aprovechar la exuberancia vegetal que sostienen, con los derivados valores paisajísticos asociados y la consiguiente capacidad de producir emociones en el ser humano, emociones de las que, por otra parte, tan necesitado está el ciudadano.

En general, máxime en las ciudades históricas, es preciso hacer hincapié en la importancia del diseño ambiental en todas las operaciones de planteamiento, conservación y mejora. Todo el tratamiento debe estar influenciado por el paisaje circundante, ya sea en el tratamiento vegetal, ya en el diseño en general, poniéndo énfasis en el empleo de materiales, colores, volúmenes y formas predominantes en el lugar y pertenecientes al ambiente cercano.

Para terminar, se podría afirmar que la conservación y mejora del paisaje urbano en general, y en particular de los espacios abiertos y de las zonas verdes de las ciudades históricas, no son un capricho, sino una auténtica necesidad actual, con incidencia incluso en la dimensión fundamental y esencial de la existencia del ser humano. Hagamos en nuestras ciudades realidad el pensamiento de Fray Luis de Granada: «Juntóse con la gracia de la naturaleza también la del arte y doblóse la hermosura de las cosas».

Allen y Demme: dos lecciones de psicología

El comienzo de la temporada otoñal nos sorprende con el estreno de dos excelentes films que, aunque muy distintos, resultan extremadamente interesantes en cuanto al estudio de la psicología femenina.

Woody Allen (Alice) abunda en uno de sus temas favoritos: la crisis existencial de la mujer. Pero aquí no parece haberlo trabajado con la hondura, penetración y sensibilidad que le caracterizan. Hay en Alice, que desde luego no es una de sus mejores realizaciones, una cierta ligereza de tratamiento, una ironía burlesca. Alice es un cuento, una farsa sobre algo sociológicamente muy común, la crisis de los 35-40 en la típica mujer burguesa, acomodada, católica, buena esposa y madre y terriblemente insatisfecha.

Pero Alice es también la pérdida de la inocencia. ¿Es posible perder la inocencia en la madurez, por haber vivido en la ignorancia total respecto a la propia realidad y la de los seres que nos rodean? Es el caso de la mujer niña, de la eterna adolescente que pasa de los padres al marido sin rozarse con la vida, sin desarrollarse profesionalmente y sin adquirir más responsabilidad que la de organizar una cena o una fiesta de vez en cuando.

Pero a Alice le llega la hora del despertar y le es dada la facultad de conocer de golpe, a través de las hierbas que le proporciona un médico chino que aquí sustituye al habitual psicoanalista, la verdad de todos los componentes de su vida: cómo la quiere su marido, qué papel juega en la vida de su reciente amante, qué piensan de ella sus amistades, si es válida la educación de sus hijos, e incluso, por medio de un maravilloso vuelo nocturno, divertido homenaje a Superman, el acceso a las claves de su pasado.

Naturalmente, de todo esto saldrá una nueva Alice que, aunque no posee la solución definitiva, sí está más aclarada y opta por la ruptura con un tipo de vida que nunca la ha satisfecho o no ha tenido las suficientes dosis de un cinismo de los demás para finalmente soportar.

Woody Allen se inclina por el final más lógico y cercano a la realidad: Alice acaba dedicada a los demás, como su admirada Madre Teresa (este aspecto social parece ser el único válido para Allen en la religión católica, sobre la que, una vez más, ironiza), y a sus hijos, lo más fuerte y realmente suyo en su vida.

Allen se ha permitido el lujo de emplear grandes y conocidos actores para encarnar simplemente estereotipos, con lo que su labor queda como ensombrecida o enmudecida; así, William Hurt, en el papel de marido; Cybill Sepherd, Alec Baldwin o Joe Mantegna, aunque este último parece estar más suelto. La misma Mia Farrow resulta anodina a veces, y sólo está verdaderamente encantadora y chispeante cuando se insinúa de forma inesperada al que luego será su amante, o en la fiesta de su hermana, cuando todos los hombres caen rendidamente enamorados de ella.

Finalmente, una mención negativa a la elección de las músicas para la banda sonora que, pese a estar tradicionalmente muy cuidadas en los films de Woody Allen, en éste nos ha parecido francamente desacertada, ya que a veces resulta incluso machacona y estridente.

La protagonista de El silencio de los corderos, el último film de Jonathan Demme, es una mujer completamente distinta, casi la antítesis de la heroína de Allen. Huérfana, con una infancia triste, es la típica superviviente que se ha hecho a sí misma. Dura, disciplinada y tenaz, sabe perfectamente quién es y adónde quiere llegar.

Alumna aventajada de un curso especial para agentes del FBI, se verá obligada a afrontar, aun en su formación, un reto dificilísimo y expuesto en un mundo de asesinos patológicos en el que tendrá que poner a prueba toda su inteligencia, profesionalidad y valentía.

El film de Jonathan Demme es uno de los mejores thrillers que se han visto en los últimos tiempos. Con un guión excelente, absolutamente medido, plenamente cinematográfico y una factura impecable, resulta tan inquietante, terrorífica y trepidante como para hacer vibrar al público de forma muy pocas veces vista en una sala de cine. La compenetración entre el director y la actriz protagonista ha sido total (Demme ha declarado: «Se hace imposible pensar en otra actriz después de trabajar un año con Jodie Foster»). La Foster está simplemente perfecta; su actuación, junto con la de Anthony Hopkins dando vida al monstruo de maldad, sin embargo muy humano, que es el Doctor Lexter, es uno de los mejores alicientes de la cinta y será, sin duda, merecedora de premios.

Clarice Sterling, el personaje incorporado por Jodie Foster, nunca deja de ser femenina, pero sabe mostrar la dureza y la profesionalidad necesaria en todas las escenas que lo requieren; llega a crear una auténtica magia en la relación con el psiquiatra asesino que Hopkins interpreta, transformándose en una verdadera niña cuando éste la hace volver a su infancia, o dotándose de una cierta animalidad en la escena central, la del desenlace, cuando jadeando como una fiera acorralada sabe que su destino es matar o dejarse matar.

No es corriente ver películas tan redondas como ésta de Demme, que le coloca en la reducida compañía de quienes han compuesto una obra maestra; Demme había hecho trabajos interesantes y prometedores: ahora ha alcanzado la perfección, ayudado, sin duda, por una historia espléndida, algo sin lo cual es muy difícil alcanzar la cumbre, por mucho que se le echen millones a las historias vulgares y repetidas.