Página 729 – Nueva Revista

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La división de poderes

Título: «La organización de la justicia en la España liberal. Los orígenes de la carrera judicial, 1834-1870».
Autor: Javier Paredes.
Editorial: Civitas. Madrid 1991, 607 páginas.
Precio: 3.400 pesetas.

Cabía sospechar que los jueces y magistrados del siglo pasado hubieran tenido un papel importante en la consolidación del régimen liberal en España. Y además había síntomas para suponer que los gobiernos liberales del siglo XIX no habían tenido un exquisito respeto con la división de poderes. Pero había que decirlo, había que demostrarlo y sobre todo había que ofrecer las pruebas y precisar con rigor en qué consistieron las interferencias del ejecutivo en el poder judicial. Pues bien, esto es lo que ha hecho Javier Paredes en el libro que nos ocupa.

El estudio se centra en el período comprendido entre los años 1834 y 1870. La primera de las fechas marca el comienzo de la reforma de la Administración de Justicia, que ininterrumpidamente llevarán a cabo los liberales, hasta que consiguen aprobar la Ley del Poder Judicial de 1870, vigente hasta no hace mucho tiempo en España. Este núcleo central de la investigación va precedido de un capítulo introductorio, en el que se comentan las primeras disposiciones liberales sobre la justicia, es decir, las reformas gaditanas, que se vieron interrumpidas en 1814, y repuestas durante el Trienio Liberal. La monografía se ve completada con un amplio apéndice, que recoge las disposiciones fundamentales referidas a la carrera judicial. Un índice temático, que cierra el estudio, facilita la consulta de los 170 decretos que componen dicho apéndice.

El resultado obtenido es una buena revisión del reinado de Isabel II, donde el autor se mueve con facilidad, puesto que demuestra un buen conocimiento de la historiografía del período. Para ello sigue un orden cronológico, para comprobar si, como se decía en el discurso preliminar del proyecto de la Constitución de Cádiz, se consiguió erradicar la tiranía, objetivo al que tendía la división de poderes. Y es ahí donde incide el análisis del historiador, para comprobar en qué medida eso fue una realidad, durante las regencias de María Cristina y Espartero, la Década Moderada, el Bienio Progresista y el período final del reinado de Isabel II. La investigación, como ya se dijo, se detiene al llegar el año 1870.

El autor es uno de los más prestigiosos historiadores de la época contemporánea, y probablemente el mejor especialista del reinado de Isabel II, condiciones que le han permitido escribir un libro enteramente novedoso y original, que abre nuevas y fecundas posibilidades a futuras investigaciones. Ha tenido el acierto de incorporar a los jueces y magistrados a la Historia contemporánea. Las páginas de su libro ofrecen una historia política del siglo XIX muy diferente a lo que se acostumbra, y desde luego más fresca y creíble. Además, la agilidad con que están escritas convierte a lo que de por sí es un tema seco en una lectura atrayente.

Montesquieu

Sin perder rigor científico, desde la primera página el libro tiene trama y desenlace, que con una valentía poco corriente entre los profesores universitarios, se resume al final de la monografía con las siguientes palabras: «Es verdad que aquellos hombres del siglo pasado, los liberales de las épocas románticas, moderados, progresistas y unionistas supeditaron el poder judicial en beneficio del poder ejecutivo. Pero tan cierto como lo anterior es que ninguno proclamó la muerte de Montesquieu. Por entonces, semejante atrevimiento hubiera sido juzgado como un acto de tiranía».

Por otra parte, el autor anuncia la próxima publicación de los expedientes personales de los magistrados del XIX, que completarán la visión que ofrece en esta investigación sobre la organización de la carrera judicial en España. De momento, no es pequeño el avance de dar a conocer los lazos de dependencia y control sobre los jueces, como se exponen en este trabajo. Y el mérito en este caso es doble; en primer lugar, por descubrir algo de lo que hasta ahora bien poco se sabía. Y en segundo lugar, aunque no de importancia secundaria, por lo vivo y candente resulta el tema para nuestra sociedad. Y es que, como se dice en la contraportada del libro, con toda razón, la lectura del mismo es obligada en la actualidad, aunque sólo sea para comprobar que los que no conocen la Historia están condenados a repetirla.

La comunicación en un libro

Título: «Diccionario de Ciencias y Técnicas de la Comunicación».
Autores: Varios, dirigidos por Angel Benito.
Editorial: Ediciones Paulinas, Madrid 1991.
Precio: 8.500 pesetas.

Bajo la dirección de Ángel Benito, catedrático de Teoría General de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, se ha redactado este Diccionario, que pretende resumir en un solo libro las diversas ciencias y las múltiples técnicas que componen el complejo mundo de la comunicación humana. Esta obra se estructura en cuatro grandes bloques o áreas, que son: estructura y teoría de la información, mensaje periodístico, comunicación audiovisual y publicidad y relaciones públicas. Dentro de cada uno de estos grandes bloques se engloban una serie de voces o términos del más frecuente uso en el campo de la comunicación y de la información. Como afirma en la presentación Angel Benito, el tratamiento de las voces «responde a los resultados actuales de la investigación científica de las comunicaciones de masas, las ciencias estrictas de la información y la comunicación, con objeto de aportar a los lectores una puesta al día desde unos saberes específicos y acerca de unos supuestos de estudio que, aun siendo teóricos, están fundados en una ya larga investigación experimental». Faltan voces que, aunque emparentadas con la información, son tratadas por otras disciplinas. En contraposición, voces de otras disciplinas son abordadas aquí desde una perspectiva comunicativa. Este tratamiento no implica que los autores no asuman la interdisciplinariedad, que es una de las características de nuestro tiempo. Por otra parte, pocas ciencias, como las de la comunicación, aparecen tan estrechamente relacionadas con multitud de saberes, como pueden ser la Sociología, el Derecho, la Psicología o incluso la Informática o la propia Física.

Cada artículo está redactado en un lenguaje claro, sencillo y preciso, de modo que puede ser comprendido por lectores y estudiosos, sin una formación especializada. En una obra de este tamaño y de estas pretensiones, siempre se deslizan pequeños errores, al tiempo que se presentan ciertas cuestiones con una óptica en la que caben determinadas discrepancias. Pero ello no enturbia lo más mínimo el interés y, lo que es más importante, la utilidad de esta obra.

Este Diccionario aparece en un momento oportuno. Por todas partes proliferan los estudios sobre la comunicación, que se ha convertido en una de las cuestiones fundamentales de nuestra época. Recientemente, un importante empresario español afirmaba que en la industria se había pasado de la preocupación por la producción a la preocupación por la comunicación. Bien entendido que bajo esta palabra no se entiende sólo el periodismo, en sus diversas y variadas facetas, sino también otras múltiples formas de la comunicación humana, como pueden ser la publicidad, la propaganda, las relaciones públicas o las comunicaciones, interna y externa, dentro y fuera de la empresa.

Información y política

El mundo de la información guarda estrecha relación con la vida política. La democracia tiene una de sus bases en el pluralismo ideológico. Además, los medios están llamados a ser grandes portavoces de las inquietudes, las esperanzas y las frustraciones de los ciudadanos. En definitiva, la información subyace en el fondo de toda actividad humana, que, en algún sentido, es siempre un acto comunicativo. Por eso este Diccionario está llamado a tener una amplia difusión en muchos y muy distintos ambientes: entre estudiantes, profesores de la especialidad, psicólogos, sociólogos, empresarios, economistas, publicitarios, políticos y otros muchos más.

Tampoco los autores han olvidado los aspectos tecnológicos del hecho comunicativo, que han dado lugar a unas tecnologías específicas que se encuentran en estos momentos en una etapa de vertiginoso desarrollo. En resumen, un libro que es una síntesis de muchos conocimientos y experiencias, a la vez que una puerta hacia un futuro que se abre repleto de incertidumbre.

Una rusa en el Madrid de la Restauración

Título: «Una rusa en España».
Autor: Ana de Sagrera.
Editorial: Espasa-Calpe, Madrid 1991, 439 páginas.
Precio: 2.500 pesetas.

El 23 de enero de 1874, veinte días después de la entrada de Pavía en el Congreso de los Diputados, se celebró en el palacio de Alcañices (edificio que hoy alberga al Banco de España) un importante banquete político. Los comensales -treinta hombres y una sola mujer- habían sido esnovas del Castillo pra celebrar la onomástica del Príncipe de Asturias y constituían lo más selecto de la nobleza y de la clase política que apoyaba la restauración de la Monarquía. A los postres, la señora que era la esposa del dueño de la casa levantó su copa de champán y exclamó con voz cantarina: «Señores, os doy las gracias por haber venido hoy a comer conmigo y os aseguro que el año que viene será el Rey quien os invite a su mesa». Todos aplaudieron entusiasmados el brindis de la duquesa de Sesto, aunque nadie, ni los más optimistas, podían creer aquel vaticinio.

¿Quién era aquella señora rubia, de ojos oscuros y rasgos eslavos, que hablaba con ligero acento francés y que tanto se distinguía por su activismo en pro de la causa borbónica?

Sofía Troubetzkoy, marquesa de Alcañices y duquesa to, había nacido en San Petersburgo en 1838. Educada en aquella corte imperial, era viuda del conde Auguste de Morny, cuarto hijo de la reina Hortensia y, por tanto, hermano bastardo de Napoleón III, a quien había ayudado a encumbrarse como emperador de Francia, siendo el artífice del golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851. Su vida había transcurrido entre palacios en Rusia y en Francia, antes de llegar a España como esposa de Pepe Alcañices, que años después sería popularísimo alcalde de Madrid. Y fue precisamente en Madrid donde esta rusa puso en juego todas sus enormes cualidades al servicio de la causa política de la restauración, convirtiéndose en figura social destacada durante aquellos años convulsos previos y posteriores a la proclamación de Alfonso XII.

Ana de Sagrera ha escrito la primera biografía de la duquesa de Sesto, título que a ella le gustaba emplear. Un trabajo de investigación meritorio, sugerido a la autora hace años por Melchor Fernández Almagro, cuyo Cánovas sigue siendo todavía la mejor biografía publicada hasta la fecha del artífice de la España moderna. La escritora ya era conocida por sus libros sobre La reina Mercedes, Amadeo y María Victoria, La duquesa de Madrid y Miguel Primo de Rivera.

El libro, lleno de anécdotas y fácil de leer, nos sumerge en la alta sociedad parisina del segundo imperio y en la madrileña del último tercio del siglo pasado. En suma, una obra interesante, como todas las vidas de personajes secundarios, para conocer mejor un período vital de la historia de España. Lástima que en nuestro país se prodigue tan poco este género.

Un drama romántico

Título: «En Mayerling, una noche…».
Autor: Néstor Luján.
Editorial: Plaza-Janés. Barcelona 1991, 303 páginas.
Precio: 2.400 pesetas.

En la noche del 29 al 30 de enero de 1889, ocurrió en un lugar de los bosques cercanos a Viena, llamado Mayerling, un hecho decisivo para la historia del siglo XX: la muerte violenta del príncipe heredero del Imperio austro-húngaro. Este suceso, nunca aclarado y que guarda una remota semejanza con lo ocurrido con Don Carlos, el hijo malogrado de Felipe II de España, es el antecedente remoto de la primera guerra mundial y de cien años de agitada historia europea.

Néstor Luján, periodista y narrador imaginativo, reconstruye en esta novela la misteriosa y sorprendente historia de lo que unos consideran crimen y otros suicidio, pero sobre lo que nadie puede aún emitir otra cosa que no sean hipótesis. Contando con esto, el autor se lanza a un juego tan audaz como válido en el terreno de la ficción: ya que se trata de investigar, de aclarar un misterio decimonónico, lo mejor es recurrir a los dos grandes detectives de la época: Hércules Poirot y Sherlock Holmes, dejando, eso sí, al doctor Watson fuera de la escena. Reclamado por el rey Leopoldo de Bélgica, suegro del príncipe fallecido, y por la emperatriz Isabel, anglófila notoria, ambos personajes llegan en el Orient Express a Viena, y allí de inmediato comienzan su tarea, entrevistando a todos aquellos personajes, reales o ficticios, que, como incluso el Dr. Sigmund Freud, pudieran saber algo sobre el infortunado príncipe Rodolfo y sobre la joven baronesa Mary Vetsera, de diecisiete años, de la que se dice que era su amante y que murió con él.

Enigmas

Las conclusiones son sorprendentes y dispares a las que el policía belga y el detective inglés llegan, y el modo en que las elaboran son el centro de una trama de intriga bien elaborada y atrayente a la que seguramente nada tendrán que objetar ni Agatha Christie ni A. Conan Doyle. Sin embargo, Néstor Luján no se limita a centrarse en los inquietantes enigmas de la famosa y trágica noche de Mayerling, por más que en sí mismos constituyan un valioso material novelístico. A la par que se refiere a ellos, traza un cuadro muy expresivo de cómo debió ser la capital austriaca a finales del siglo XIX, una Viena agonizante aunque risueña, escenario ideal para una corte amodorrada, un mundo «marchito y mecánico» donde la emperatriz Isabel (Sissi) y su hijo parecían ya muertos mucho antes de perecer, ambos de modo violento.

Estilo barroco

Con un estilo barroco, muy adjetivado para precisar al máximo los matices plásticos, se describe no sólo lo que se califica de «crueldad poética» de los últimos Habsburgo, sino el profundo vitalismo de una sociedad decadente que quiere gozar al máximo de los últimos momentos de placer que le serán concedidos en mucho tiempo. Exquisitos manjares, perfumados vinos, delicados olores, frases galantes y amores sutiles desfilan por estas páginas en las que la sombra tenebrosa de la muerte alterna con una alegre voluptuosidad sensual, tan efímera como luminosa.

Novelista antes que historiador, Néstor Luján sabe que, sin embargo, la realidad puede superar, por insólita, a la fantasía más fogosa, y, así, se apoya en ella de modo fundamental, aun sin seguirla fielmente.

Tras recorrer con Poirot y Holmes el itinerario personal y sentimental del conflictivo príncipe Rodolfo, incluyendo amigos, familiares y amantes, el lector se acerca al final intrigado y curioso, sabiendo que no es posible encontrar en él nada decisivo ni esclarecedor. A falta de una solución definitiva, se encuentra con varias hipótesis a elegir de todas ellas razonablemente aceptables como posibles explicaciones. Basta que los historiadores con el paso del tiempo no puedan hallar documentación suficiente para tesis más sólidas, esta novela, bien escrita, amena y ágil, constituye una brillante aproximación al tema, ingeniosamente construida y de amena lectura.

El alarmante agujero del ozono en la Antártida

A luz ultravioleta procedente del Sol, especialmente la banda espectral de longitudes de onda comprendida entre 200 y 300 nanómetros es bien conocida por los dermatólogos. Esta radiación posee la energía suficiente para producir en la piel del hombre graves quemaduras y aumentar la frecuencia del cáncer cutáneo. Igualmente numerosos microorganismos son sensibles a esta radiación y pueden incluso experimentar mutaciones o ser destruidos. Al atacar las poblaciones bacterianas puede modificar el ecosistema y destruir cosechas; al incidir sobre la superficie del mar destruye el plancton y con ello se altera toda la cadena alimentaria de los peces. Si esta radiación llegase libremente a la Tierra, la vida animal y vegetal sería imposible sin una protección especial.

El ozono estratosférico

Afortunadamente, esta protección existe a escala del planeta. Rodeando la Tierra ya una altura de 20 a 25 kilómetros, es decir, en la estratosfera, existe una capa de gas ozono (llamada por ello «ozonosfera») que intercepta las radiaciones ultravioletas del Sol, de longitud de onda inferior a 300 nanómetros, y actúa, por tanto, como un escudo protector de los seres vivos. A su través sólo pasan las radiaciones de longitud de onda superior a este valor, y entre ellas una fracción del ultravioleta, que es incluso beneficiosa para el hombre, pues es la responsable de la síntesis de la vitamina D, necesaria para la fijación de calcio en los huesos. Esta capa de ozono está muy diluida. Si la comprimiéramos verticalmente hasta la presión atmosférica, todo el ozono que contiene ocuparía a nivel del suelo una capa de unos 3 mm. de espesor.

Es comprensible, por tanto, el interés de la humanidad en preservar la capa de ozono y estudiar sus propiedades, y es comprensible también la alarma surgida en los últimos años ante el decrecimiento del espesor de la capa de ozono sobre la Antártida.

La primera interpretación teórica sobre las causas de la presencia de ozono en la estratosfera fue expuesta por el científico inglés Sydney Chapman en 1929. Es una teoría fotoquímica, según la cual el ozono se crea y se destruye constantemente por la acción de la radiación ultravioleta solar.

De este modo la concentración de ozono se ha mantenido prácticamente constante en la estratosfera durante millones de años absorbiendo la radiación ultravioleta nociva y evitando que llegue a la superficie de la Tierra. No obstante, el equilibrio es muy sensible y puede modificarse de un modo importante por la presencia de cuerpos extraños emitidos en las actividades humanas, como son los óxidos de nitrógeno y los compuestos clorofuocarbonados (CF).

Los compuestos nitrogenados

Ya durante los años 60-70 surgió el temor de que los óxidos de nitrógeno que se emiten en los motores de los aviones de reacción que vuelan a gran altura podrían deteriorar la capa de ozono. El monóxido de nitrógeno (NO) reacciona con el ozono formando dióxido de nitrógeno (NO₂).

El NO₂ reacciona a su vez con el oxígeno atómico (presente en la estratosfera por la acción de la radiación UV sobre el ozono), originándose O₂ y NO.

El NO comienza de nuevo el ciclo atacando a otra molécula de ozono. El proceso es, pues, catalítico, y cada molécula de NO puede causar la destrucción de numerosas moléculas de ozono.

Fue el profesor H. S. Johnston, de la Universidad de California (Berkeley), el primero que llamó la atención sobre este proceso y afirmó que podría dañar fuertemente la capa de ozono en la atmósfera. A él se unieron numerosos científicos y voces de opinión en contra de los vuelos estratosféricos de los aviones supersónicos.

El tiempo medio de permanencia de los gases CFC en la atmósfera es del orden de un siglo. El 75 por 100 de estos elementos, vertidos entre 1960 y 1980, están todavía de camino hacia la atmósfera. Por ello, aunque el hombre dejara hoy de emitir CFC a la atmósfera, nada podrá impedir el deterioro de la capa de ozono en varios decenios de años.

En esa época varios países rivalizaban en la construcción de aviones civiles supersónicos. Francia e Inglaterra construían en colaboración el Concorde, Estados Unidos ensayaba el Boeing-707 y la URSS experimentaba el Tupolev144. En Estados Unidos una comisión oficial estudió el impacto de los óxidos de nitrógeno emitidos por estos aviones en la capa de ozono estratosférica y su informe fue tan inquietante que el Congreso (1971) votó en contra de la construcción del Boeing-707. Los cálculos demostraban que en sólo dos años, una flota de 500 aviones de este tipo podían destruir un 10 por 100 de la capa de ozono. Por otra parte, el tráfigo accidente de un Tupolev-144 en 1978 retiró del tráfico aéreo a este modelo. Sólo quedó el Concorde, reducido a pocas unidades, con vuelos que no sobrepasan los 15 kilómetros de altura.

Un nuevo peligro: los gases CFC

En 1928 los químicos de la General Motors estaban de enhorabuena. En sus laboratorios habían sintetizado un gas cloro-fluo-carbonado (CFC) de características ideales para muchas aplicaciones industriales. Comercializado con el nombre de «freon>», estaba destinado a sustituir con muchas ventajas al amoníaco y al gas sulfuroso en refrigeradores y acondicionadores de aire. Posteriormente su uso se hizo también masivo en la producción de espumas de plástico y como gas propulsor en los frascos pulverizadores («sprays») utilizados en insecticidas, pinturas, perfumes, medicamentos, etc.

Estos gases son totalmente inertes. Liberados en la atmósfera no reaccionan con ninguna sustancia, carecen de toxicidad y no se disuelven en agua. Sin embargo, por su menor densidad ascienden libremente en el aire hasta alcanzar la estratosfera, donde establecen contacto con la capa de ozono. Allí, por la acción de los rayos ultravioletas del Sol, los CFC se descomponen dejando en libertad un átomo de cloro que inmediatamente se oxida formando un radical clorado (CIO) capaz de romper la molécula de ozono, el ciclo se repite, destruyendo cada vez una molécula de ozono. Como un martillo incansable, cada uno de estos radicales puede suprimir él sólo a 100.000 moléculas de ozono que desaparecen de la estratosfera en una auténtica masacre química.

Este proceso de deterioro de la capa de ozono no se puso de manifiesto hasta que dos científicos de la Universidad de California, Mario Molina y Sherwood Rowtand, publicaron en 1974 los resultados de sus investigaciones en al prestigiosa revista «Nature». En su artículo advertían que «si la producción y consumo de gases CFC siguen el ritmo actual, dentro de cien años se habrá destruido entre el 7 y el 13 por 100 del ozono atmosférico y la radiación ultravioleta incidirá con mayor intensidad sobre la Tierra, ocasionando graves daños sobre los seres vivos».

La revolución industrial implantó en el mundo un concepto nuevo de sociedad y el incremento tecnológico ha llevado a utilizar la atmósfera como un vertedero de la civilización. La destrucción de la cape de ozono, las lluvias acidan y el efecto invernadero están poniendo en peligro el futuro de la humanidad.

Estos resultados, junto con las mediciones realizadas mediante los satélites meteorológicos «Nimbus 4» y «Nimbus 7» y las obtenidas con globos-sonda estratosféricos, que confirmaban en todos los casos la pérdida progresiva del ozono, sensibilizaron de tal modo a los medios de difusión y a la opinión pública que en 1978 la Administración norteamericana decidió prohibir el uso de los freones en los «sprays», con lo cual su porcentaje de producción bajó en un 40 por 100. Sin embargo, en 1984 EE.UU. volvió al mismo nivel de producción que seis años antes, pues el uso de los CFC en refrigeradores y otras aplicaciones siguió incrementándose.

El agujero de ozono en la Antártida

Fue en 1985 cuando la noticia sobre el deterioro de la capa de ozono volvió a resurgir con fuerza. Tres investigadores del «British Antartic Survey», un equipo inglés de vigilancia en la Antártida, formado por J. Farman, B. Gardiner y J. Shanklin, denunciaban, en un artículo publicado de nuevo en la revista «Nature», la existencia de un importante adelgazamiento de la capa de ozono sobre el polo Sur. Entre 1977 y 1984 la proporción de ozono durante cada primavera austral disminuía en más de un 40 por 100. Los datos procedían de la base de Halley Bay en la Antártida, y poco después los investigadores de otras bases, como las de Amundsen-Scott y McMurdo, confirmaban esta información. La región de merma del ozono abarcaba una superficie que superaba los límites del continente antártico (unas treinta veces la superficie de España). La información por ordenador transmitida por el satélite Nimbres registraba en colores las zonas de distinta concentración de ozono. El mínimo de ozono se representaba en negro, y por ello este suceso se bautizó con el nombre de «agujero de ozono».

Los estudios realizados últimamente sobre el agujero de ozono parecen demostrar que su formación está relacionada con las características de la atmósfera antártica invernal que dan lugar a nubes estratificadas de hielo sobre un torbellino gigantesco centrado sobre el polo («vortex polar») y circundando el continente. Este torbellino perdura cuatro o cinco meses al año y encierra en su interior una enorme masa de aire frío que obstruye el paso a las corrientes de aire más ricas en ozono que proceden de las zonas tropicales imposibilitando que se neutralice el proceso destructor de este gas. Este proceso viene favorecido por las bajas temperaturas que existen sobre el vértice (inferiores a 85°C), las cuales activan la reacción de los gases CFC con el ozono. Esta reacción se inicia cada año en la primavera austral por la radiación ultravioleta de los primeros rayos solares después del largo invierno polar.

Esta teoría fue confirmada en 1986 cuando un avión Lockheed ER-2 (nueva versión del avión espía U-2) atravesó el torbellino polar y analizó espectrométricamente la concentración de ozono y la del radical monóxido de cloro que resulta en las reacciones de predadoras de los gases CFC. La anticorrelación entre ambas sustancias, creciente con la latitud, demuestra claramente que la máxima concentración de ClO se corresponde con el mínimo de concentración del ozono.

La formación y desaparición del agujero de ozono es cíclica, pero cada año la superficie del agujero es mayor. Aparece en agosto al finalizar el invierno antártico y el máximo deterioro se registra en el mes de noviembre. Al crecer las temperaturas, el torbellino se hace inestable y desaparece; el aire del polo se mezcla con el procedente de las regiones tropicales y el agujero se achica.

A primera vista puede extrañar que el agujero de ozono aparezca sobre el polo Sur y no sobre el polo Norte. Las causas de esta asimetría son fundamentalmente geográficas. La Antártida está formada por tierra firme rodeada de océanos y la simetría favorece la estabilidad del torbellino polar. En cambio, el Ártico es un océano rodeado por tierras irregulares y asimétricas. El torbellino es aquí poco estable, su temperatura es de unos 10°C superior al de la Antártida y se desplaza rápidamente por el océano, lo que facilita la mezcla del aire ártico, pobre en ozono, con masas de aire tropicales. Más que un agujero, en el Ártico se producen varios «miniagujeros» y las pérdidas totales de ozono registradas hasta ahora son del 1,5 a 2 por 100.

La actividad delictiva de los gases CFC se multiplica en el polo Sur durante la primavera austral. Su trabajo más endiablado es el agujero de ozono, que ha puesto en peligro el futuro de la humanidad. Sin el escudo protector del ozono, los letales rayos ultravioleta solares no permitirían la vida sobre la Tierra.

En latitudes intermedias también disminuye el ozono. En los últimos diez años, la disminución de ozono acumulada es del orden del 6 por 100. Las avanzadas de las capas atmosféricas pobres en ozono procedentes de la Antártida alcanzan ya a Nueva Zelanda y la parte Sur de Australia. En estos países la radiación ultravioleta solar es tan intensa en la primavera austral que junto a las noticias meteorológicas y medioambientales se ofrece diariamente en la prensa el llamado «Burntime», es decir, el tiempo máximo que una persona puede permanecer al Sol sin riesgo de sufrir quemaduras.

Acuerdos internacionales

Si la capa de ozono sigue deteriorándose, la penetración de la radiación ultravioleta provocaría entre los habitantes de la Tierra una mayor frecuencia en los cánceres de piel y graves dolencias oculares. Nuestras defensas inmunitarias se reducirían y estaríamos expuestos a imprevisibles mutaciones genéticas. Se prevé también una inhibición de la fotosíntesis y, por tanto, una disminución importante de la producción vegetal. Esta infiltración excesiva de la radiación ultravioleta arrastraría igualmente a una inflexión de las temperaturas de la estratosfera, lo cual por inversión térmica daría lugar al recalentamiento de la capa inferior, la troposfera, reforzando así el efecto de invernadero sobre la Tierra.

Los graves problemas que se plantean ante un futuro más o menos próximo por causa del deterioro de la capa de ozono sólo pueden resolverse o al menos paliarse mediante acuerdos internacionales. Ante las presiones de los científicos y de la opinión pública, el 16 de septiembre de 1987 se consiguió un acuerdo que se denomina «Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que destruyen la capa de ozono» para reducir en un 50 por 100 los vertidos de CFC en la atmósfera desde esa fecha hasta 1999. Hasta el momento, cincuenta y seis países han firmado y aceptado las condiciones del Protocolo. Posteriormente otras cumbres mundiales se convocaron para que la reducción de los CFC alcance el 85 por 100 en 1995 y la supresión total para finales de siglo. Sin embargo, más de un centenar de países se resisten a firmar el Protocolo, entre ellos China y la India. Estas naciones sostienen que no firmarán el Protocolo si no se incluye en sus cláusulas la transferencia de tecnología adecuada para sustituir la fabricación de CFC por otras sustancias no dañinas.

Últimamente se ha dado un gran paso hacia la protección permanente de la Antártida. Una cumbre de 26 países, celebrada en Madrid, aprobó por consenso el pasado 30 de abril un documento según el cual la Antártida será «reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia». El acuerdo más importante es la prohibición de explotar los recursos mineros del continente antártico durante los próximos cincuenta años. Si el texto recibe, como es de prever, el visto bueno de los respectivos gobiernos, volverá a Madrid para ser firmado y adoptado oficialmente. En él se aportan disposiciones sobre los estudios de impacto ambiental para todas las actividades humanas —incluida la científica— que tengan lugar en la Antártida.

Universidad pública, Universidad Privada. Un decreto polémico

La polémica sobre la Universidad privada viene ya de antiguo. Y se plantea desde muy diverdas perspectivas. En primer lugar, ¿es conveniente confiar en parte la enseñanza superior a organizaciones privadas? O, por el contrario, ¿debe mantener el Estado el monopolio de este sector de la enseñanza? Es cierto que este monopolio no es hoy absoluto y tiene como excepción las llamadas Universidades de la Iglesia, sometidas al régimen de Concordato con la Santa Sede. La excelencia de centros tales como las Universidades de Navarra y Deusto, el Instituto Químico de Sarriá y el conjunto ICAI-ICADE de la Universidad de Comillas, cuyos títulos gozan de una alta estima social, justifica las ventajas de esta excepción, que es, sin embargo, minoritaria frente al enorme volumen de la enseñanza universitaria estatal.

Existe un sector de opinión reducido que mantiene a ultranza que el Estado no debe confiar a nadie el «servicio público» de la enseñanza superior. Y esta opinión se vocea con un fuerte aparato demagógico por aquellos que se muestran partidarios del máximo intervencionismo estatal en la vida cotidiana. Pero este sector trasnochado está siendo desbordado por una amplia actitud liberal que, estimulada a la contra por el reciente crecimiento del citado intervencionismo, se muestra cada vez más partidaria de que se confíen a la iniciativa social múltiples actividades siguiendo la pauta habitual en los países más desarrollados. O sea, más sociedad, menos Estado.

Las ventajas de la coexistencia entre Universidades públicas y privadas son reconocidas por muchos, y el papel de catalizador que las últimas pueden desempeñar para que se mantenga un nivel adecuado en las primeras traerá indudables beneficios, siempre, claro está, que las Universidades privadas conserven un alto grado de autoexigencia. Muchos, pues, esperamos que la competencia vaya, una vez más, en beneficio de la calidad.

Por lo demás, nuestra Constitución tomó claramente partido por la existencia de Universidades privadas al reconocer, como un aspecto de la libertad de enseñanza, la de creación de centros docentes a las personas físicas y jurídicas (art. 26.6); no se hace excepción con los de enseñanza superior.

Zanjada así la primera cuestión por nuestra suprema Ley, surgen otras varias. ¿En qué condiciones puede confiarse la enseñanza superior a entidades privadas? ¿Qué exigencias deben establecerse para la creación de centros universitarios? Este punto cobra especial relieve, ya que el Estado se reserva «la regulación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución» (art. 149, 30). Las Universidades privadas necesitan que sus títulos sean homologados por el Estado, ya que no hay indicios suficientes de que la «titulitis» española vaya a remitir pronto de forma significativa.

Las ventajas de la coexistencia entre Universidades públicas y privadas son reconocidas por muchos, y el papel de catalizador que las últimas pueden desempeñar para que se mantenga un nivel adecuado en las primeras traerá indudables beneficios, siempre, claro está, que las Universidades privadas conserven un alto grado de autoexigencia.

El artículo 27 de la Constitución exigía, pues, un amplio desarrollo legislativo y reglamentario en los múltiples campos del ámbito educativo y, desde luego, en el universitario. Sobre este desarrollo cabe preguntarse si el Gobierno ha dado una respuesta pronta y adecuada, es decir, si ha obedecido el mandato constitucional con la debida premura y manteniendo el espíritu inicial de nuestra Carta Magna de «ayudar a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca» (art. 27.9).

Requisitos básicos

La Ley para la Reforma Universitaria, la ya famosa LRU, es de 1982, y en ella se corrobora la legitimidad de existencia de los centros privados de enseñanza superior y se remite a disposiciones reglamentarias posteriores que fijarán las condiciones requeridas para su establecimiento y funcionamiento, así como para la homologación de sus títulos. Pero la normativa anunciada sólo ha sido aprobada por el Consejo de Ministros el pasado abril, nueve años después de la publicación de la LRU y trece de la aparición de la Constitución española. Es claro que nuestro Gobierno no ha sido especialmente diligente en cumplimentar el mandato constitucional, como si guardara ciertas reservas acerca del mismo.

El esperado «decreto de mínimos», que había de fijar los requisitos básicos para el establecimiento de nuevas Universidades ha tenido una vida azarosa y complicada, yendo y viniendo múltiples veces entre los varios organismos implicados en su redacción e informe. Se dijo que iba a ser aprobado, con una redacción bien distinta de la actual, en el mismo Consejo de Ministros en que fueron convocadas las últimas elecciones generales, y que el citado Consejo retiró de su agenda una disposición que podía ser conflictiva en momentos políticamente delicados. Parece un rumor por completo verosímil.

La nueva redacción del Decreto lo ha cambiado de forma radical. Para empezar, el ámbito de aplicación es mucho más amplio: incluye requisitos para la creación de nuevas Universidades públicas, de las nuevas Universidades privadas que se creen al amparo del artículo 57 de la LRU y para el establecimiento de centros de enseñanza superior dependientes de Universidades extranjeras. Hay requisitos que se extienden a los tres tipos de centros, otros comunes a los dos primeros y otros específicos de cada uno de ellos. Se diría que el Gobierno quiere precaverse ante la posible avalancha de centros de enseñanza superior al concurrir circunstancias tales como la plena integración de España en la Comunidad Económica Europea, los trasvases de competencias educativas a las Comunidades Autónomas, la proliferación de titulaciones y especialidades y la demanda creciente de educación superior. La primera de estas circunstancias puede dar lugar a una multiplicidad de peticiones de establecimientos universitarios extranjeros que no siempre tendrán las suficientes garantías de calidad. La segunda puede suponer que muchas nuevas Universidades públicas ya no sean tan públiicas en el sentido de su plena dependencia del llamado Gobierno central. En suma, parece lógica la decisión de regular toda esta serie de posibles centros y, al hacerlo conjuntamente, encerrando en un marco en gran parte común a los centros estatales y no estatales, parece demostrarse la buena voluntad hacia los últimos. Quizá pueda calificarse esto como un acierto político que, sin embargo, habrá que matizar al analizar los contenidos del decreto. Por supuesto, todas las exigencias se aplican a los centros de nueva creación o establecimiento y quedan exceptuados los ya existentes, o sea, las actuales Universidades públicas, incluso las precipitadamente aprobadas en los últimos tiempos: La Coruña, Vigo, Las Palmas, Pompeu Fabra de Barcelona, pública de Navarra, Carlos III de Madrid y la recentísima de Castellón; también las Universidades de la Iglesia y los centros y colegios universitarios adscritos a las Universidades públicas. Parece algo claro que bastantes de estas Universidades y centros no cumplirían alguna de las condiciones exigidas, aunque también que, tarde o temprano, se van a ver afectados por ellas.

Le diría que el Gobierno quiere precaverse ante la posible avalancha de centros de enseñanza superior al concurrir circunstancias tales como la plena integración de España en la Comunidad Económica Europea, los trasvases de competencias educativas a las Comunidades Autónomas, la proliferación de titulaciones y especialidades y la demanda.

creciente de educación superior

Disculpando la falta de diligencia antes aludida como una falta menor, veamos ahora si se cumple el precepto del artículo 27.9 de la Constitución, de ayuda por parte de los poderes públicos a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca. Precepto que se me antoja un tanto sibilino, aunque no dudo de la generosa intención que caracteriza a los períodos legislativos que siguen a la promulgación de una Constitución nueva. Pero si los poderes públicos suben los requisitos hasta un listón prácticamente insalvable, podrían justificarse de su negativa a ayudar a los centros privados incapaces de superar dicha barrera.

El decreto se ha endurecido mucho respecto a iniciales proyectos según repetidas declaraciones del ministro del ramo, que reflejan la más estricta realidad.

En primer lugar, al fijar el número mínimo de títulos necesario para la aprobación de una nueva Universidad se incluye uno, al menos, de carácter experimental de primero y segundo ciclo. Este título puede pertenecer al sector de las enseñanzas técnicas, de las ciencias puras o de las llamadas de la salud. Es decir, se exige un centro de infraestructura muy costosa, por lo que la entidad promotora ha de asumir mayores riesgos; a la vez se fomentan las enseñanzas que requieren una elevada inversión inicial y se ayuda a la diversificación académica, tan genuina de una auténtica Universidad. Esto contrasta con el criterio, mantenido inicialmente, de no incluir dicha exigencia, que fue contestado sin fruto inmediato por algunos rectores y consejeros en el Consejo de Universidades. Creo que este requisito, junto al de un mínimo de ocho títulos, de los cuales tres han de ser de ciclo largo, debe incluirse en el haber positivo de esta regulación.

Los profesores que enseñan en la Universidad deberían ser siempre doctores, aunque es admisible y conveniente la colaboración de miembros predoctorales de los departamentos, siempre que sean auténticos «predoctores».

Con respecto a la anterior redacción, la nueva no modifica los requerimientos relativos a las titulaciones del profesorado: 50% como mínimo han de ser doctores, y el número de éstos no ha de bajar del 30, 70 y 100% respectivamente, en el primero, segundo y tercer ciclo. En mi opinión, se trata de un requisito más bien blando, aunque acorde con la realidad actual. Los profesores que enseñan en la Universidad deberían ser siempre doctores, aunque es admisible y conveniente la colaboración de miembros predoctorales de los departamentos, siempre que sean auténticos «predoctores». Ello debe ser así, no sólo porque una obligación importante del profesor universitario es investigar, para lo cual ha de prepararse mediante los estudios de doctorado, sino por el cambio de mentalidad que se produce con la realización de la tesis doctoral, que se refleja en la labor docente. El enfrentamiento personal con un tema no resuelto en la biblioteca, en el laboratorio, en la clínica, la búsqueda de soluciones al enigma propuesto, la familiarización con el manejo de las técnicas experimentales, bibliográficas, informáticas, y la plasmación final de unas conclusiones transforman al universitario a su estado adulto y le confieren unas vivencias indispensables para su actuación como profesor. Pero la realidad se impone y no es ciertamente optimista: en muchas ramas del saber, como las Ciencias Económicas y Empresariales, ciertas enseñanzas de Filología, muchas de Ingeniería y, en menor grado, algunas otras, la producción de doctores es muy reducida y, además de serlo, se va desacelerando progresivamente. La verdad es que ni la sociedad ni el Estado incentivan debidamente el grado de doctor, por lo que son más bien pocos los que se proponen alcanzarlo y no siempre llegan a él y emprenden la carrera universitaria aquellos que por sus cualidades la Universidad necesita. El problema de la escasez de profesorado en muchas disciplinas preocupa seriamente y va a ser abordado por las ramas en que se plantea de forma más acuciante. De momento, los niveles de exigencia del Decreto son razonables y no van a perjudicar la creación de nuevas Universidades.

Incompatibilidades

El precepto más discutido y, sin duda, el más discutible del decreto de mínimos se refiere también al Profesorado. Se establece la incompatibilidad absoluta de todos los profesores numerarios que se encuentren en activo en las Universidades públicas con la prestación de servicios docentes en las privadas. Esta incompatibilidad se aplicará no sólo a los profesores con dedicación a tiempo completo, para los que ya rige por ley, sino también a aquellos cuyo compromiso es de tiempo parcial. Se llegará a la paradoja de que un profesor en esta última situación, una vez cumplido su compromiso con la Universidad, podrá dedicar el tiempo restante al libre ejercicio de su profesión como jurista, economista, médico, ingeniero, etc., pero, en ningún caso, a aquello para lo que está especialmente preparado: la enseñanza.

Parece poco justificado que un decreto pueda ampliar las incompatibilidades que ya una Ley ha fijado y que éstas puedan aplicarse a un tiempo no remunerado del funcionario. A este argumento, las autoridades ministeriales contestan que no se impone una nueva incompatibilidad al profesor, sino una prohibición a la Universidad privada. Pero lo cierto es que esta prohibición lesiona derechos hoy reconocidos al funcionario que, por otra parte, podría seguir ejerciéndolos en centros universitarios existentes con anterioridad a la promulgación del decreto, que no se ven afectados por él.

La argumentación que se aduce a favor de la rígida incompatibilidad mencionada es la de evitar el parasitismo de la Universidad pública por la privada. No se me alcanza la solidez de este argumento; supongamos que un jurista desea y logra entrar en la Universidad como profesor numerario, pero sigue dedicando la mayor parte de su tiempo al ejercicio profesional y sólo el mínimo exigido a su labor docente. Este caso, real y legal, ¿no es parasitismo? ¿No le aprovecha profesionalmente al citado jurista su prestigio profesoral? Los ejemplos pueden multiplicarse, ya que la única actividad prohibida al profesor estatal a tiempo parcial es la de beneficiar con sus enseñanzas a los alumnos de las Universidades privadas.

Pero, además, esta prohibición podría llegar a ser el cuello de botella que dificulte y aun impida la creación de Universidades privadas. Porque no hay que olvidar que una Universidad no es nunca un negocio rentable y la fundación o institución que pretenda crearla ha de contentarse a lo más con cubrir gastos por lo menos durante un plazo largo a partir del inicio de sus actividades. Serán auténticas fundaciones benéfico-docentes las únicas que emprendan la aventura. Uno de los capítulos de inversión más onerosos es el de formación del profesorado. Ello requiere plazos largos, con riesgos evidentes de abandono a medio camino o de error en la selección previa, etc. Ninguna fundación o empresa dispuesta a embarcarse en la gran aventura universitaria iniciará un plan de formación de profesorado hasta que la Ley de creación de la Universidad haya sido aprobada. De ahí hasta que los primeros profesores incipientes merezcan mínimamente llamarse profesores han de pasar cinco, seis, siete años. ¿Con quiénes contará para realizar las labores docentes durante este período inicial?

No existe un mercado de profesores que estén esperando la creación de Universidades privadas para ser contratados y, en algunas materias, como ya se ha dicho, la escasez es crítica para las Universidades actuales. Además, la formación de profesores exige maestros, y éstos, lógicamente, se encuentran en las Universidades públicas. Recordemos que las nuevas Universidades estatales que se han creado a partir de los años sesenta han disfrutado de la posibilidad de que cierto número de catedráticos, en general eminentes, pasaran a servirlas «en comisión de servicio» durante un período, al cabo del cual podían optar por volver a la Universidad de origen o permanecer en la nueva. Gracias a ello pudieron abordarse la organización administrativa, la constitución de los Departamentos, el inicio de la investigación y el comienzo de la formación del profesorado de los nuevos centros.

La Universidad privada podría, claro es, nutrirse de profesores de la pública que abandonaran ésta. Pero no se olvide que este abandono no es ahora temporal, como ocurría en épocas anteriores, sino que una posible vuelta a la Universidad estatal exige recorrer de nuevo todo el camino.

La Universidad privada podría, claro es, nutrirse de profesores de la pública que abandonaran ésta. Pero no se olvide que este abandono no es ahora temporal, como ocurría en épocas anteriores, sino que una posible vuelta a la Universidad estatal exige recorrer de nuevo todo el camino. Esto nos lleva a prever que serán muy contados los que abandonen su condición funcionarial para embarcarse en una aventura cuyo éxito está por ver. Únicamente un cambio de residencia ventajoso y deseado puede decidir a algunos.

Todo ello pudiera haberse salvado con la inclusión de una disposición transitoria que suspendiera las citadas incompatibilidades durante un tiempo inicial. Una vez transcurrido el período de arranque y alcanzado un cierto grado de consolidación, la Universidad privada tendría que desprenderse de andaderas ajenas y desarrollarse con su propio profesorado. Un período de ayuda de las Universidades actuales a las que vayan naciendo permitiría que éstas llegaran a buen fin.

Investigación

Se dijo en su momento que las exigencias del nuevo decreto se iban a endurecer en otros dos aspectos: investigación y becas. Se establece, en efecto, la obligatoriedad de presentar para su aprobación programas de investigación plurianuales y de dar cuenta periódica de los resultados obtenidos. Se trata de un requisito que no aparece cuantificado en el decreto.

También incluye el decreto la obligatoriedad de un programa de becas. De nuevo la falta de cuantificación nos excusa de un análisis crítico. Es, por supuesto, ocioso insistir en la importancia de becas y ayudas para que la Universidad cumpla su función social.

Las restantes exigencias relativas a la relación alumnos/profesor, espacio por alumno en aulas, laboratorios y bibliotecas, instalaciones deportivas, servicios al alumnado, etc., siguen módulos admitidos en el mundo universitario europeo y se plantean con carácter común a las nuevas Universidades privadas y públicas.

Si hubiéramos de decidirnos por una evaluación global de un decreto que pretende ordenar la realidad universitaria española de los próximos decenios, diríamos que se trata de un intento valioso lleno de puntualizaciones y requisitos razonables, pero en lo referente a las Universidades privadas imponen a éstas una serie de exigencias de mayor o menor grado de dificultad, y una de ellas, la relativa a las incompatibilidades del profesorado, es tan dura que puede dar al traste con las esperanzas, largamente alimentadas, de que las Universidades privadas sean una realidad.

Quizá llegaríamos a la triste conclusión de que no ha habido verdadera voluntad política de que las Universidades privadas surjan como nuevas realidades en la vida académica española.

Habilitación y carrera docente

Uno de los efectos negativos de la LRU ha sido crear un auténtico «tapón» en las expectativas de la carrera docente de los profesores titulares de Universidad. Algo parecido ocurre con los catedráticos de Instituto, a los que la LRU no les posibilita vías de desarrollo en su carrera docente. La carrera docente española, por tanto, es una asignatura pendiente de nuestro sistema de enseñanza.

¿Cómo se realiza la promoción a las cátedras universitarias?

La ley remite a la decisión e iniciativa de los departamentos universitarios la propuesta o dotación de nuevas plazas de catedráticos.

Para que se «cree» una nueva plaza se requiere la votación mayoritaria del departamento. Por ello el reconocimiento de la capacidad de profesores cualificados está sometido al juego de legítimos y contrapuestos intereses que se debaten en el seno de los respectivos departamentos.

Un ejemplo: becarios y profesores ayudantes tienden a oponerse a la dotación de plazas de catedráticos, por cuanto se requiere una reserva presupuestaria que frena la dotación de nuevas plazas de profesores ayudantes y titulares. La LRU ha convertido, en muchos casos, a los departamentos en ámbito de lucha corporativa y hasta generacional. Pero las previsiones estatutarias de las Universidades establecen «ratios» recomendables de un catedrático por tres o cuatro profesores titulares, si bien estas previsiones no se cumplen en la mayoría de los casos.

Endogamia

Una propuesta para la solución de las actuales limitaciones del desarrollo de la carrera docente es introducir una modificación en la LRU que permita la habilitación de catedráticos. Se trataría de establecer un primer y riguroso nivel de profesorado numerario, los profesores titulares de la Universidad, superando algunos de los defectos reconocidos por el Consejo General de Universidades como es el elevado grado de endogamia de las Universidades españolas, que supera el 90 % de las plazas que salen a concurso-oposición. Una vez superado el primer escalón selectivo, los profesores titulares serían evaluados por un amplio tribunal en convocatoria nacional con el fin de comprobar si merece la habilitación o titulación de catedrático. Esta habilitación no supondría alteración sustancial de las condiciones salariales de los profesores titulares habilitados como catedráticos, pero sí sería un reconocimiento profesional y académico, y las Universidades podrían contratar libremente a sus nuevos catedráticos entre los habilitados. De este modo se conjugaría la selección entre profesores titulares con la demanda específica de catedráticos por parte de las Universidades.

Observatorio. Mayo 1991

Secreto de los datos censales

Los celosos responsables del Censo confunden las declaraciones legales con el cumplimiento de las leyes. A su juicio, el ciudadano no tiene por qué desconfiar del uso que se haga de los datos que rellenen en los formularios censales porque están protegidos por «el secreto estadístico». Protección insuficiente, ya que no protege de los posibles incumplimientos de la obligación de guardar secreto que tengan los funcionarios. En una democracia las garantías ciudadanas no se basan en las declaraciones de principio, sino en el control efectivo que se pueda ejercer para asegurarse de que los principios se cumplen. Ése control no se basa en el principio de confianza, sino en el de desconfianza. Mal síntoma y escaso fundamento para asegurar la confianza en que el secreto estadístico está bien asegurado lo constituye esa insistencia en la protección del secreto cuando todavía no existe siquiera una ley orgánica sobre el uso de la informática pero continuamente aumenta la presión y las exigencias al ciudadano para que suministre datos a los gobernantes.

Es obvio que los datos, no todos pero sí algunos, que se solicitan en el censo son de interés público, pero, naturalmente, sólo a efectos estadísticos y sociológicos, razón por la cual no tendría por qué haber correspondencia entre la identidad personal y la identidad estadística de los datos. Puede ser socialmente importante que se sepa cuántas viviendas carecen de cuarto de baño y cuántas tienen dos cuartos de baño, o también el número de metros cuadrados de las viviendas. Pero lo que no tiene interés estadístico es quién habita en qué viviendas de qué condiciones. El propio Ministerio de Hacienda alimenta la desconfianza cuando para asegurar unos plazos de entrega que son prácticamente imposibles de cumplir, como lo demuestra el que hayan tenido que ser prorrogados, se basa en la amenaza al contribuyente y en la sanción.

Pero, curiosamente, por no decir paradójica y contradictoriamente, se prevén sanciones para el supuesto de que se faciliten datos inadecuados o incompletos. ¿Quiénes van a investigar si los datos son o no adecuados? ¿Con qué autoridad? ¿Cómo van a asegurar el «secreto estadístico» si se sanciona a quienes infringen la obligación de proporcionar datos exactos? ¿Y en qué se basa una obligación de proporcionar datos de los que no se puede hacer más uso que el estadístico?

Solamente sí el ciudadano confía y tiene la plena seguridad de que el «secreto estadístico» le protege realmente contra cualquier uso indebido facilitará sin recelo esos datos, pero una obligación que se basa en la coacción y en el miedo no puede generar confianza. Las pretensiones de Hacienda se basan en incongruencias y en paradojas. El problema está en Hacienda y en la escasa confianza que de hecho suscita, no en el contribuyente. Si existiera una verdadera confianza en el «secreto» no habría que insistir en la protección ni habría que prever sanciones para obtener los datos que el ciudadano proporcionaría de manera confiada si no le hubieran dado motivos para desconfiar.

El Rhin

Hace casi 200 años decía Coleridge:

El río Rhin, como es sabido, baña la ciudad de Colonia; pero decidme, Ninfas, ¿qué poder divino lavará de aquí en adelante al río Rhin?

Hace unos meses se lanzó un nuevo programa de investigación dirigido a desarrollar metodologías y tecnologías avanzadas para mejorar la calidad de las aguas de la cuenca del Rhin. El programa es internacional, con Alemania, Holanda y Suiza, pero los alemanes se lo toman en serio por sí solos. El Estado y la industria privada han gastado sumas enormes en la protección del medio ambiente (proporción: dos tercios, un tercio): en 10 años, más de 100.000 millones de marcos. La contaminación atmosférica se llevó 18.000 millones, la prevención del ruido 1.200 millones y la disposición de residuos 4.700 millones. La parte del león, más de 60.000 millones, correspondió a las estaciones de depuración.

España y los nuevos materiales

Los «composites» o materiales compuestos pueden sustituir con eficacia, en multitud de ocasiones, a los plásticos y a los metales. Mediante la polimerización se unen fibras de uno o más materiales, como pueden ser el carbono o el boro con una determinada resina que actúa como aglutinante. Este tipo de materiales han comenzado a fabricarse en España gracias a una nueva empresa del INI. En esta unión de materiales es imprescindible evitar que se produzca cualquier tipo de reacción química, lo que daría lugar a un nuevo material. En estos casos se trata de una simple unión física. Los «composites» son muy resistentes a altísimas temperaturas. Probablemente, es en el campo de la aviación donde encuentran mayores aplicaciones. Por ejemplo, en el avión europeo Sanger o en el norteamericano X-30. Este último puede transportar 300 pasajeros a una velocidad 25 veces mayor que la del sonido. El rozamiento con la atmósfera origina que el X-30 deba soportar temperaturas del orden de los 3.000 grados, que recaen, sobre todo, en sus alas principales, por lo que éstas están fabricadas con un «composite», a base de carbón y de un material cerámico.

30 años de láser

Es muy difícil dar la fecha exacta de un descubrimiento científico. Pero el artículo, publicado a principios de 1961 por Javan y sus colaboradores, William R. Bennet y Donald R. Herriot, puede considerarse como el nacimiento del láser de gas. Estos láser funcionan de modo muy diferente a los del estado sólido. No son potentes, pero emiten radiaciones luminosas e infrarrojas, que son más uniformes que las de los láser de estado sólido. El láser (Light Amplification by Simulated Emission of Radiation) se emplea en los campos más diversos de la ciencia y de la técnica, como pueden ser mediciones, procesos de soldadura, memorias ópticas y un largo etcétera. En los primeros años de esta década, el mercado del láser alcanzará los 150.000 millones de pesetas, que se dividirá entre un 45% para Estados Unidos, un 20% para Japón y un 35% para Europa. En España funcionan actualmente entre 60 y 70 láser de potencia media, o sea, comprendida entre 400 y 500 vatios.

Nuevos presidentes de los consejos sociales de las universidades de Madrid

Alfonso Escámez, presidente del Banco Central, ha sido nombrado presidente del Consejo Social de la Universidad Complutense. José María Fluxá, ingeniero de Caminos y director de la Asociación de Investigación Eléctrica ASINEL, ha sido nombrado presidente del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid. José María Fluxá es miembro del Consejo Editorial de NUEVA REVISTA.

El volcán yugoslavo

Cuando el presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson dispuso, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, la liquidación del Imperio austro-húngaro y la consiguiente libertad para los balcanes, estaba lejos de suponer el desbarajuste que iba a sembrar en el flanco sureste de Europa. Claro que el pobre Wilson, cuya locura se descubrió después, cuando la policía francesa lo detuvo una noche deambulando desnudo por las calles de París, no fue el único aprendiz de brujo en esta nefasta reordenación del mapa europeo, pues también Francia y Gran Bretaña prestaron su apoyo al imprudente ensayo.

Pues bien, ahora se ve la dimensión del error. Yugoslavia, todo un mosaico de etnias, lenguas y religiones, constituye un auténtico volcán, donde confluyen las pugnas entre las diversas repúblicas y ahora -sobre todo de Eslovenia y Croacia contra Servia, que luchan por su independencia con el conflicto entre los defensores de un sistema constitucional y pluralista de corte occidental y quienes siguen sosteniendo los viejos moldes del totalitarismo comunista.

URSS: vacío político

Una encuesta a escala nacional en la Unión Soviética revela un vacío en la política soviética: la popularidad de Mijail Gorbachov está en su nivel más bajo de todos los tiempos, apenas 1 de cada 8 ciudadanos respalda al Gobierno central y ningún partido político consigue demasiado apoyo.

Los frentes populares son organizaciones nacionalistas locales, y Rusia Democrática no es un partido, sino una débil alianza de reformistas liberales.

1. ¿Cuál es la figura política a quien más respaldaría para el cargo de presidente de la Unión Soviética?	Porcentaje
Mijail Gorbachov	14%
Boris Yeltsin	70%
Valentín Pavlov	11%
No sabe	20%

2. ¿Apoya usted al Gobierno central encabezado por el primer ministro Valentín Pavlov?	Porcentaje
Sí	29%
No	41%
No sabe	31%

3. Por favor, nombre el partido político al que usted apoya.	Porcentaje
Partido Comunista de la Unión Soviética	14%
Partido Comunista de Rusia (conservador)	14%
Rusia Democrática	51%
Frentes Populares (nacional. locales)	18%
Otros (incluye Cadetes, Anarquistas y Demócratas Cristianos)	5%
No sabe	28%

4. ¿Está usted satisfecho con los niveles de vida en la URSS?	Porcentaje
Sí	13%
No	73%
Rechaza contestar	13%

5. ¿Puede triunfar la reforma económica en el marco de la actual unión?	Porcentaje
Sí	41%
No	31%
No sabe	29%

6. Nombre el estilo de vida que más le atrae.	Porcentaje
Americano	65%
Europeo	23%
Asiático-japonés	12%

7. ¿Es la Unión Soviética, como lo fue en el pasado, una potencia mundial?	Porcentaje
Sí	32%
No	21%
No sabe	47%

8. ¿Deberían los EE.UU. desempeñar un papel de liderazgo en el mundo?	Porcentaje
Sí	53%
No sabe o no puede contestar	41%

9. ¿Le caen simpáticos los americanos?	Porcentaje
Sí	51%
No	18%
No sabe o no puede emitir juicio	13%

NOTA: Los datos pueden no sumar el 100% porque han sido redondeados. La encuesta, sobre 3.000 personas, tiene un margen de error de +/- 1,5%. Fue realizada tanto por teléfono como por entrevista personal, entre el 1 de marzo y el 25 de marzo, en todas las 15 Repúblicas soviéticas, por el Centro para la Investigación Internacional, Sociológica y de Marketing, una firma privada de investigaciones radicada en Moscú. El Centro, dirigido por Alexander Bovin, columnista de asuntos internacionales en Izvestia, también ha realizado estudios de mercado para empresas soviéticas y occidentales.

ESPAÑA Y LA CEE

Si se acepta la economía de mercado difícilmente se pueden encajar en ella los monopolios y los oligopolios, sean públicos o privados, de derecho o de hecho. En la cumbre de la CEE celebrada recientemente en Luxemburgo, el presidente González y la delegación española mantuvieron algunas posturas intransigentes que, muy posiblemente, constituyen una forma de encubrir el pánico a la libertad de movimientos de capitales y de establecimiento de instituciones financieras comunitarias en España y viceversa, que debe ser una realidad sin ambages ya que así lo hemos firmado el 1 de enero de 1993. El Mundo titulaba: «González advierte en Luxemburgo que España bloqueará el proceso de integración europea. Cree que son necesarios más recursos financieros para avanzar en la unidad». El País decía: «Desacuerdo en la CEE sobre la forma que permitirá a los europeos invertir en cualquier país en 1993». En el texto se aclaraba que los desacuerdos surgen debido a los problemas de tipo fiscal, siendo los países menos liberales Francia Italia y España. Expansión titulaba: «España se niega a perder en la UEM el control de la balanza de pagos, por razones tributarias». En resumen, nuestro sistema fiscal, como el italiano y en menor grado el francés, no es «competitivo».

LA COMPRA DE BANCOS ESPAÑOLES

Se ha escrito bastante sobre el poco éxito de la banca extranjera en España desde que en el filo de la década del setenta y del ochenta se instaló en España. Pero, con mucha frecuencia, se han olvidado las fuertes limitaciones a que los sometía la legislación, obligándoles a financiarse en una elevada proporción en el mercado interbancario. A partir de 1993 esas limitaciones desaparecerán y entonces llegará la hora de la verdad. Bancos europeos y no europeos, muy importantes, están buscando bancos españoles, con sus correspondientes redes de sucursales, para comprarlos. Esto constituye una buena noticia, porque la competencia nos beneficiará a los españoles. Igual que fue buena noticia el palo de la Comisión de Bruselas al Gobierno español —por el IVA cargado a los coches de segunda mano importados— e igual que lo es la llegada a Madrid del vicepresidente de la Comisión Europea, Leon Brittan, para analizar cuestiones pendientes con las autoridades españolas: ayudas a empresas públicas y desmantelamiento de monopolios eléctricos y sector siderúrgico. Igualmente, la CEE ha obligado al Ministerio de Industria a cambiar el sistema de revisión quincenal del precio de los combustibles, por entender que las tarifas no reflejan la situación del mercado. Desde luego, en el año y medio que queda para enero de 1993, el Gobierno y los agentes económicos privados no van a tener mucho tiempo para estar cruzados de brazos.