A mediados del pasado verano las autoridades económicas llegaron a la conclusión de que tenían que enfriar la economía casi al precio que fuese. El continuado papel expansivo del gasto público y el aumento nominal de los salarios habían dejado en solitario a la política monetaria. Solución: la más drástica que se pueda imaginar: el racionamiento del crédito. Pero si el observador se queda en el corto plazo, corre el riesgo de no detectar los profundos males de fondo, origen de los graves desequilibrios económicos que padecemos de modo cíclico e intenso. Los desaciertos de la política económica en los últimos veinte años encuentran un campo abonado en tres actitudes de la sociedad española:

• La primera, una acusada tendencia -prácticamente superior a cualquier país europeo- a esperar que sea el Estado quien le resuelva los problemas;
• La segunda, una opinión o una sensación que nos hizo vivir suspirando por el Estado de Bienestar nuestro modelo era Suecia, pero con más sol- en el que pensiones, sanidad, infraestructura, educación, etc., tenía que proporcionárnoslo el Estado;
• Y la tercera, la herencia intervencionista, con tonos paternalistas en el campo social, del régimen franquista.

En este contexto en el que la «sociedad civil» si bien no estaba muerta sí languideciente, quizá sólo haya un momento en el que se produjo una cierta luz y en la dirección adecuada. Nos referimos al Plan de Estabilización y a la mentalidad desintervencionista e incentivadora de la competencia que lo caracterizaba. Pero eso duró muy pocos años. Nuestra desgraciada manía de copiar de los franceses nos introdujo en la etapa de los planes de desarrollo -que sin duda tuvieron logros muy positivos- pero que contribuyeron a agudizar todavía más esa relación de dependencia de la sociedad con relación al Estado. El propio «slogan» de los mismos: «vinculante para el sector público e indicativo para el sector privado», refleja bien la realidad y la mentalidad en las que se movió la economía española desde la década desarrollista hasta hoy. Dos años antes de la muerte del anterior Jefe del Estado un hecho aparentemente sencillo: la subida del precio del barril de petróleo, quiebra y trastoca no sólo el desarrollo posterior de la economía española sino los planteamientos de todas las economías desarrolladas o no. A diferencia del resto de los países europeos -que proceden a un profundo y rápido ajuste- optamos por la opinión de que la crisis del petróleo tenía un marcado carácter coyuntural y transitorio, siguiendo las tesis de un técnico de la OCDE, incorporado por Fernández Ordóñez al Ministerio de Hacienda de Barrera de Irimo.

El período de tensión política que se abre con el asesinato de Carrero Blanco se prolonga prácticamente hasta el segundo Gobierno de Adolfo Suárez, en el que se hace cargo de la economía el profesor Fuentes Quintana. Es la época en que están al frente del Ministerio de Hacienda Villar Mir y Carriles. Como no podía ser de otra manera, entre 1974 y 1977 la economía española entra en una fase de profundos desequilibrios de precios y de balanza de pagos que hacen imposible un crecimiento económico sostenido. En 1976 y la primera parte de 1977 la tasa anual de inflación llevaba camino de superar el 26 por ciento y algo parecido ocurría con las tasas de aumento de los salarios. El déficit comercial se intensificaba -algo inevitable dado el fortísimo deterioro de la relación real de intercambio que produjo la crisis del petróleo, las reservas disminuían a ritmos muy fuertes y la peseta era una moneda a la que nadie le veía otras perspectivas que la devaluación. Esto sucedía en un mundo en el que acababa de desaparecer el sistema de paridades fijas para ser sustituido por otro de cambios flotantes, más o menos limpios o más o menos intervenidos.

El vuelco de 1977

Evidentemente, era necesario dar un giro de ciento ochenta grados y acometer un ajuste que pusiese fin a aquella situación cuasi iberoamericana. Esta fue la dura cirugía a que sometió a la economía española el vicepresidente Fuentes Quintana en julio de 1977: fuerte devaluación del tipo de cambio de la peseta -la anterior del 10 por ciento realizada por Villar Mir había resultado inútil, cuando no perjudicial, por no verse acompañada de las medidas fiscales y monetarias oportunas- cierta contención del gasto público y un endurecimiento fortísimo de la política monetaria. Desde hacía unos años la instrumentación de la política monetaria española, diseñada por el profesor Angel Rojo, se había puesto en línea con las que se instrumentaban en los países más avanzados. Su núcleo consistía en dotar al Banco de España de instrumentos de control del crecimiento a la cantidad de dinero, actuando sobre los Activos Líquidos bancarios mediante el coeficiente de caja.

Las limitaciones eran grandes tanto por el sistema de coeficientes y por la falta de libertad de tipos de interés como por la resistencia de un sistema financiero acostumbrado a otros hábitos. Con el paso del tiempo se potenciarían los mercados monetario e interbancario y se diseñarían instrumentos adecuados tanto para retirar como para inyectar liquidez. Así surgen los primeros Pagarés, de eficacia efímera, los CRM y otros instrumentos similares que, dentro de un laberinto de limitaciones legales, luchan por hacer posible la aplicación de esa política. Pronto aparecerá en escena otro factor: el déficit público, cuya financiación será origen de auténticos quebraderos de cabeza. En una primera fase se atenderá a esa financiación mediante el recurso al Banco de España; y en una fase posterior mediante la deuda emitida por el Tesoro.

Simultáneamente, Fernández Ordóñez elabora su reforma fiscal para luchar contra el fraude y aumentar el nivel de ingresos, ante un gasto público condenado a un ritmo creciente, dada la fuerte demanda social de prestaciones públicas de bienes y servicios. Demanda que se hacía más intensa porque en el fervor de la democracia recién estrenada se consideraba, consciente o inconscientemente, que la venida de la misma iba a ser una especie de bálsamo de Fierabrás. La reforma es profunda -especialmente por el lado de la imposición directa- y sus apoyaturas doctrinales siguen el Informe Carter, que las teorías hacendísticas ya habían hecho bastante «viejo». Encima, en el caso del IRPF se queda en el tintero la doble tarifa que establecía dicho Informe-una alta y otra baja- para incorporar a la Ley únicamente la que más perjudicaba a la familia.

Sería injusto decir que esa reforma no supuso un avance. Buena parte de la sociedad tomó conciencia de sus deberes fiscales y afloraron ingresos ocultos. Sin embargo, a la vista de la evolución de la doctrina y de la opción, dominante desde hace años en los países desarrollados, de frenar la participación del sector público en el PIB, su vida debió ser bastante más corta. El tiempo descubrió sus dos grandes defectos: incapacidad para erradicar el fraude fiscal (hoy hay unos cinco billones de pesetas de dinero negro en Pagarés del Tesoro; más lo oculto en inversiones inmobiliarias); y el injusto peso sobre las rentas más nobles de la persona: las del trabajo dependiente. Actualmente, en torno al 70 por ciento de la base imponible del IRPF corresponde a esas rentas; y sólo el 30 por ciento restante a las de profesiones liberales, del capital y de empresarios individuales. Ciertamente, tenía razón una alta personalidad política de aquel Gobierno horas antes de presentar la reforma a la prensa: «La reforma fiscal tiene defectos y está mal hecha». Una institución a la que no se puede acusar de frivolidad el Banco de España- insistía, hace ya tres años, en algo conocido: la excesiva presión fiscal sobre las familias tiene un doble efecto negativo: induce a los asalariados a exigir mayores incrementos salariales nominales, ante la disminución que experimenta su renta disponible; y segundo, consecuencia inevitable de lo anterior, empuja al alza tanto los costes empresariales como la tasa de inflación. Un razonamiento parecido se podría hacer en el caso de la imposición directa sobre las rentas del capital. El cuadro sobre «tipos de interés reales netos de impuestos» que acompaña a estas líneas es la confirmación empírica de lo que decimos.

En este punto si es conveniente aclarar algunas cuestiones, dada la fuerte tensión sindicatos-empresas y salarios-precios que estamos viviendo. En primer lugar, que -salvo circunstancias excepcionalísimas- los sueldos, salarios y pensiones deben mantener su capacidad adquisitiva, sin olvidar su relación con la productividad. En contrapartida, es igualmente exigible la racionalidad en la fijación de los márgenes empresariales y en el destino de los beneficios. Grave error la carrera en la prensa del «yo más beneficios que nadie». Y menos en un contexto -como el que vivimos desde hace unos años de enriquecimientos súbitos, información privilegiada y cataratas de informaciones periodísticas sobre corrupción, tráfico de influencias y luchas público-privadas en determinados sectores. La falta de ética bate «récords». Finalmente, si bien hay que racionalizar y defender el derecho a un trabajo estable, ello no puede llevar, como sistema, ni al contrato laboral indefinido ni al temporal o precario.

La combinación de la devaluación, de la política monetaria restrictiva y la reforma fiscal constituyó el contexto en el que se desarrollaron los Pactos de la Moncloa. Sería muy largo, y tampoco tendría mucho sentido, recordar con detalle su contenido. Ciñéndonos a lo sustancial digamos que su fruto económico más efectivo fue el descenso de la tasa de aumento de los salarios desde el 26 por ciento hasta los alrededores del 20 por ciento. Pero esto, que en aquel momento pudo ser un éxito, también fue un error, ya que se inauguró así la vía de una política económica gradualista y de ajuste lento. Una voz prestigiosa insistió entonces en que esa reducción debía ser mucho mayor. Razón no le faltaba. En 1979, ante la segunda crisis del petróleo, los costes laborales en España eran tan altos que los empresarios preferían reducir mano de obra que importaciones de petróleo, a pesar de sus elevados precios.

El pánico económico de los políticos

Pero había más problemas. Fuentes Quintana estaba muy preocupado por la Seguridad Social. Los gastos de sanidad y de pensiones en un contexto de tasas de natalidad aceleradamente decrecientes-planteaban la cuestión difícil de su financiación a largo plazo. Al mismo tiempo, se palpaban las consecuencias negativas de las luchas en el seno de la UCD-agravadas por la intransigencia de los sindicatos y del PSOE y de la indecisión y temores del Gobierno a la hora de exigir eficacia en algunos Ministerios clave: Obras Públicas, Vivienda, Industria y Trabajo. Hoy, más de diez años después, la generalidad de los políticos, tanto del Gobierno como de la oposición, claman por nuestro evidente déficit de infraestructuras, por los precios desorbitados de las viviendas y alquileres y por el futuro de una Seguridad Social que, a pesar del elevado ritmo de crecimiento de sus Presupuestos, se ve sumergida en el caos sanitario y en la vergüenza de una pensión media del orden de las 35.000 pesetas mensuales.

Ejemplos hay unos cuantos. En la segunda parte de 1977 encontramos ya uno que inicia la hipoteca del futuro proceso de reconversión industrial, confirmando la línea de ajuste suave y progresivo pero más costosa en términos económicos y de desempleo a medio y largo plazo, como los hechos han confirmado emprendida por la política económica. Se trata de la crisis de Babcock Wilcox. La solución más lógica habría sido proceder a una reestructuración de la misma, aunque ello implicase la reducción drástica de buena parte de sus actividades y el desempleo de un alto porcentaje de sus trabajadores. No se hizo así. La explicación que conseguí por aquellas fechas de la decisión adoptada era que ni el presidente ni parte del Gobierno querían enfrentarse a tres mil obreros manifestándose por las calles de Bilbao. Años después conoceríamos manifestaciones de decenas de miles de obreros y situaciones de auténtica guerrilla urbana. Pero el precedente para aplicar a otras empresas o sectores industriales en crisis estaba sentado. Esta actitud de avestruz ante situaciones políticas y sociales delicadas reforzadas por la intransigencia cerril del PSOE, UGT Y CC. OO.- sería casi una constante en la política económica de los Gobiernos futuros.

Es el caso de la crisis bancaria. Advirtamos, antes de nada, que el Banco de España carecía de los instrumentos legales suficientes para encauzar la misma, como demuestra la precipitada creación de la Corporación Bancaria primero y del Fondo de Garantía de Depósitos, después. Pues bien, hubo un momento en el que se pudo haber orientado la resolución de esa crisis por un camino completamente distinto. Después de la crisis de los Bancos de Navarra, Cantábrico, y Meridional se presentó la del Banco de Valladolid. Tal como publicó un editorial de Diario 16, el Banco de España aconsejó al Gobierno que dicho banco suspendiese pagos. Lamentablemente, el Gobierno no aceptó esta solución. De seguirla, habría significado que los titulares de cada cuenta en el Banco de Valladolid habrían percibido como máximo la cantidad fijada por las normas del Fondo de Garantía de Depósitos. Evidentemente, esto habría supuesto un perjuicio importante para muchos depositantes; pero no es menos cierto que los más perjudicados habrían sido los que se beneficiaban de una práctica ilegal: el cobro de extratipos. En aquellos meses -y a la vista de lo que podía venir- autoridades económicas, monetarias y bancarias -recordemos los frecuentes avisos de Termes- alertaban a los depositantes sobre el riesgo que corrían cuando se dejaban atraer por extratipos ofrecidos por cualquier banco, sin fijarse ni en la solvencia de la entidad ni en la ejecutoria de sus directivos.

Pero se optó por el procedimiento de salvamento de bancos de todos conocido y cuyo coste-recuperable o no, en proporción que se desconoce- se acerca hoy día a los dos billones de pesetas. Las cuentas exactas las tiene el Banco de España y están en el Informe del Tribunal de Cuentas sobre el Fondo de Garantía de Depósitos. No conviene engañarse -haya sido cual haya sido el coste- sobre quién ha pagado: hemos pagado los españoles como contribuyentes y como clientes bancarios, al ingresar el Tesoro menos beneficios del Banco de España; y, en la medida en que la banca privada viese reducidos sus beneficios por los costes de aportación al Fondo de Garantía, al trasladar esos costes a sus tipos de activo y de pasivo, retribuyendo menos los ahorros y elevando los tipos de interés de los créditos.

Y con los socialistas… más gradualismo

Con el comienzo de la década de los ochenta va tomando cuerpo una realidad que los mejores economistas veían como un hecho inevitable: que el desequilibrio entre ingresos y pagos presupuestarios adoptaría un signo claramente creciente. Ese cambio se puede situar en octubre de 1982. En contra de lo que los socialistas habían reclamado desde la oposición, en contra de todas sus posturas y declaraciones públicas y en contra de su propio programa electoral, la llegada al poder con Miguel Boyer en el Ministerio de Economía y Hacienda les inculcó tales dosis de pragmatismo que, por fortuna, rápidamente quedaron en el olvido muchas o buena parte de sus posiciones en materia económica. La responsabilidad inherente al poder, tener que solucionar los problemas sin la demagogia de que hacían gala en la oposición y el estrepitoso fracaso de la política económica de los socialistas franceses en el año y medio que llevaban gobernando, obligó a Boyer y a la mayoría de los miembros del Gobierno a poner los pies en el suelo.

Ante la baja tasa de crecimiento económico, la resistencia de la inflación a continuar descendiendo y el desequilibrio del sector exterior, el Gobierno socialista decidió una devaluación de la peseta. Paralelamente, endureció la política monetaria y realizó una operación -la amenaza era «mirar debajo de la alfombra» para situar en el nivel que ellos consideraban correcto el déficit del sector público. Así, de los alrededores del 2 por ciento del PIB se pasó a las proximidades del 5 por ciento. Es verdad que la operación no fue del todo ortodoxa, ya que para elevar el porcentaje al alza todo lo posible, se adelantaron pagos a diciembre y se retrasaron algunos ingresos al siguiente mes de enero. Aunque parte de la operación parecía válida, el maquillaje resultó tan exagerado que el propio Banco de España, en su Boletín económico, puso los puntos sobre las íes, para aclarar un salto tan fuerte en las cifras del déficit público.

Pero la evolución positiva de la economía no comienza a percibirse hasta finales de 1984, si bien antes desciende la inflación y se reequilibra el sector exterior.

El Gobierno socialista no fue menos gradualista que los Gobiernos de la UCD. Su ideología y los compromisos electorales le llevaron a una carrera desenfrenada del gasto público, de la presión fiscal y del déficit público. Consecuentemente, entran en una escalada de la deuda pública que de casi nada llega hoy al 48 por ciento del PIB. Si se exceptúa la flexibilidad laboral en 1984 -mediante la implantación de un abanico de contratos temporales- se podría decir que el grueso de su política económica discurre por unos cauces en los que el gasto público pasa desde el 28 por ciento de media entre 1974-81 del PIB hasta el 41 por ciento hoy; y que la presión fiscal lo hace desde el 22 por ciento hasta el 34 por ciento del PIB. Se lucha contra el fraude fiscal -aunque sólo con éxito relativo- y se exprimen hasta el máximo los ingresos procedentes de las rentas del trabajo dependiente.

Pero en lo relativo a la modernización de la Seguridad Social, a las infraestructuras, y a la reconversión industrial o no se avanza nada inicialmente o, en el caso de la reconversión industrial, se opta por el gradualismo y por la política de debilidad. Algo que se materializará en unos costes económicos más o mucho más elevados que los previstos, en una pérdida de tiempo y en una desaparición de empresas y de puestos de trabajo superior o muy superior a la que habría tenido lugar con una política de ajuste duro y rápido. También aquí hay ejemplos claros. El entonces ministro de Industria-que tuvo el acierto de considerar imposible la creación de los 800.000 puestos de trabajo netos en el plazo que se había fijado el PSOE- no fue capaz de adoptar, o no le dejaron, una postura firme en la crisis de Altos Hornos del Mediterráneo. Se reforzaba así el precedente de debilidad y de soluciones parcheadas al proceso de reconversión industrial que años antes había tenido lugar en el caso Babcock Wilcox.

En igual línea gradualista y débil están los procesos de reconversión en los sectores naval, siderúrgico y, especialmente, de aceros especiales. Si cuando se hace frente a la reconversión de la siderurgia el ministro Solchaga y/o el Gobierno no ceden a las pretensiones de los sindicatos, la reconversión habría sido más rápida, se habrían salvado más empresas, y a medio y largo plazo no habría aumentado tanto el desempleo. La resistencia de los sindicatos a la resolución definitiva de los contratos laborales del empleo excedente, hizo que el Gobierno aceptase sólo la resolución suspensiva. Ello implicaba que, en cuanto las empresas se recuperasen, deberían volver a hacerse cargo de la mano de obra. Resultados de esta política: piensen quién es el principal acreedor de Altos Hornos de Vizcaya, en los costes enormes que ha supuesto Ensidesa y en la desaparición masiva de importantes empresas de aceros especiales que han terminado fundidas en «Acenor», cuyo principal acreedor, con enorme diferencia sobre los demás, no es otro que el Banco de Crédito Industrial. En el caso de la construcción naval, nadie como este banco conoce el enorme costo de la misma. En números redondos, medio billón de pesetas, en subvenciones y créditos del Ministerio de Industria, sin computar las contribuciones del INI a sus empresas.

La conversión de los socialistas

Una de las características del período de gobierno de los socialistas ha sido el predominio-si bien no en todas las cuestiones- del pragmatismo sobre la ideología. El carácter radical de muchas de las posturas e ideas del PSOE quedó plasmado en algunas cuestiones de la Constitución. Aunque sólo sea de pasada, merece la pena recordar las tesis federalistas defendidas por los socialistas en aquellos años; la inclusión del concepto de nacionalidades y el título 8.º de la Constitución; la cuña sobre una posible planificación general de la actividad económica, la excesiva presencia y competencia del Estado en materia de educación, sanidad, etc. Personas que con el tiempo formarían parte de los Gobiernos de Felipe González defendían a mediados de la década de los setenta, e incluso más tarde, la nacionalización de los sectores eléctrico, siderúrgico, químico, del grueso de la Banca y de las Cajas de Ahorro.

Dejando a un lado las cuestiones no económicas -educación, derecho de familia, derecho a la vida, etc. la realidad hizo, como ya señalábamos antes, que el PSOE descendiese a un pragmatismo en materia económica que muy poco tenía que ver con sus congresos más recientes, menos aún con el «programa máximo», y ni siquiera con el programa electoral con el que ganan abrumadoramente las elecciones de 1982. Si resulta ilustrativo consultar la documentación en torno a las discusiones para elaborar la Constitución, no lo es menos acudir al Diario de Sesiones del Congreso y repasar las intervenciones en materia económica de Felipe González, Alfonso Guerra, Lluch o Solchaga, por no alargar excesivamente la lista de nombres. A la vista de esas intervenciones, es fácil sostener que muy pocas veces se han visto loas más encendidas a las bondades del déficit público que las realizadas por los diputados socialistas citados.

Naturalmente, no le iban a la zaga ni los miembros de UGT, diputados socialistas, ni otros líderes de UGT que no estaban en el Parlamento ni mucho menos Comisiones Obreras y el Partido Comunista. Sus tópicos y lugares comunes en materia económica son de sobra conocidos para enumerarlos ahora. Sin embargo, sí conviene recordar que la labor de oposición parlamentaria y la de los sindicatos fue tan dura y drástica que los Gobiernos de Suárez primero y de Calvo Sotelo después, bien podrían escudarse en ese radicalismo a la hora de explicar por qué no adoptaron una política económica de ajuste más rápida y eficaz.

Un resumen sucinto del comportamiento de la economía española desde 1983 hasta el final de la década podría dividirse en dos grandes períodos, prescindiendo, como es lógico, del ciclo coyuntural a corto plazo. El primero, en el que se inicia el saneamiento lento, conduce paulatinamente a la mejora de los desequilibrios fundamentales y registra crecimientos del PIB bajos e incluso más bajos que los correspondientes a la media de la CEE. En esta primera fase, la inversión no reacciona, el consumo privado tampoco y el crecimiento del PIB procede casi exclusivamente de la aportación de la demanda exterior. En el segundo, esta aportación de la demanda exterior se estabiliza, comienza a descender -estamos en torno a 1986- y tiene lugar un crecimiento continuado de las tasas de aumento del PIB, gracias al despegue de la inversión -plan Boyer de 1985- y del consumo privado (el consumo público creció siempre entre 1982 y 1989) y gracias también a la caída de los precios del petróleo, de las materias primas y a las altas tasas de crecimiento de la economía mundial. Desde 1982 hasta 1988 la tasa de inflación fue reduciéndose paulatina y lentamente. En 1986, se inicia un fuerte crecimiento de las importaciones que renueva nuestro sistema productivo- pero que nos hará pasar de un déficit corriente del 1 por ciento del PIB en 1988 a otro del 3 por ciento en 1989; y en el verano del primero de esos años rebrota la inflación desde algo menos del 4 por ciento hasta el 7 por ciento de diciembre último.

Hubo y hay contrapartidas. El lado positivo hay que centrarlo en las fuertes tasas de crecimiento económico de los tres últimos años; y en el intenso ritmo de creación de empleo que tuvo lugar en 1988 y 1989. La evolución de las rentas salariales no ha sido tan negativa como señalan los sindicatos —ha crecido el poder adquisitivo de los salarios aunque no puede decirse lo mismo ni de los sueldos ni de las pensiones.

En el lado del pasivo hay que colocar un nivel de desempleo que llegó a los tres millones de parados —seguimos a la cabeza de la OCDE— y el cierre de decenas de miles de empresas. El coste social y el económico evidente de este proceso habría sido bastante más bajo si el ajuste económico se hubiese hecho más pronto, más duro y más rápido. Y esto fue así porque ni los gobiernos populistas de Adolfo Suárez —con todos los atenuantes que hemos señalado de tener enfrente a una oposición política y sindical que dificultaba al máximo la labor de Gobierno— ni los gobiernos socialistas de Felipe González fueron capaces de perder el miedo, los primeros, a las reacciones sociales y de renunciar, los segundos, a unos tics ideológicos, defensores del Estado de Bienestar. A pesar de ello, el seguro de desempleo sólo cubre al 37 por ciento de los parados, con un coste para el INEM, desde 1980, de 6,8 billones de pesetas.

El «leit motiv» de los socialistas ha sido el crecimiento constante del gasto público en educación, sanidad, pensiones, empresa pública, etc., y la necesidad de incrementar la progresividad fiscal, negando el trato que le corresponde a la sociedad en aquellas materias. Al fracasar en la lucha eficaz contra el fraude fiscal, el aumento de los impuestos ha recaído, básicamente, sobre las personas que no practicaban el fraude. Dejando a un lado los casos de las primas únicas y de las transferencias de activos, la impotencia del Gobierno socialista ante la apremiante necesidad de financiar un déficit público alarmantemente creciente, le condujo a un grave contrasentido político, ideológico y ético: el invento de los Pagarés del Tesoro, fiscalmente opacos, con lo que en la práctica reservaron para el Estado la exclusividad de la utilización del dinero negro, a un coste irrisorio.

Una obsesión socialista: No hay alternativa

La cerrazón de los gobiernos socialistas a modificar su política económica —su tesis es que no hay otra alternativa— hizo que la basasen en medidas monetarias y en la moderación salarial. El fracaso de esta política nos ha metido en el actual callejón de difícil salida. Después de pasar de un gasto público del 28 por ciento al 40 por ciento del PIB, la pensión asistencial se quedará en 26.000 pesetas mensuales; la pensión media ronda las 37.000; la tasa de cobertura del seguro de desempleo no alcanza más allá del 38 por ciento de los parados; la situación de la sanidad pública exime de todo comentario; y el deterioro de la calidad de la enseñanza a todos los niveles está fuera de duda. En el camino se han quedado centenares de centros escolares privados y cerca de 300 clínicas particulares. Las preguntas son muchas y tan sencillas como, por ejemplo, éstas. Si con un sector público que representa ya el 40 por ciento o el 41 por ciento del PIB la situación de esos servicios públicos —por no hablar de los ferrocarriles, correos, teléfonos, etc.— es la que es, ¿hasta qué porcentaje del PIB tiene que crecer nuestro sector público para atenderlas de un modo mínimamente digno? ¿Qué porcentaje del PIB necesita nuestro sector público para que la pensión asistencial o media se sitúe en torno a las 70.000 pesetas mensuales? Y así, sucesivamente. La imposibilidad de seguir por esta vía es y se hace cada día más evidente.

No terminan aquí los problemas. La resistencia de los Gobiernos socialistas a modificar el sistema tributario —hay estudios rigurosos del año ¡1981! sobre el injusto tratamiento fiscal de la familia— ha potenciado la economía sumergida —a lo que han contribuido las elevadas cotizaciones a la Seguridad Social— y ha creado auténticos bunkers de fraude, de los que el único beneficiario —aparte de los defraudadores— ha sido el Estado. El caso del IRPF es ilustrativo. Su progresividad ha sido creciente, con más o menos parcheos; prácticamente en ningún año se ha deflactado este impuesto; y su efecto final no ha sido otro que aumentar la propensión al consumo en serio detrimento de la propensión al ahorro. La negativa sistemática del Gobierno socialista a enterrar un sistema fiscal caduco, tanto en sí mismo como en comparación a los que rigen en los países más desarrollados de Occidente —Suecia, incluida— sólo ha encontrado un pequeño alto en la famosa sentencia del Tribunal Constitucional.

Aun así, la ley provisional del IRPF ahora en vigor, muestra tal pánico a perder ingresos fiscales que de nuevo ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional. Ahora, las autoridades españolas se han comprometido a una reforma fiscal en profundidad que se orientará hacia una disminución de la presión fiscal directa y un aumento de la indirecta, aunque algunos síntomas apuntan a que de nuevo prevalecerá la obsesión recaudatoria. Pero esta decisión, más que un mérito del Gobierno socialista será consecuencia del Acta Unica. Por la vía de hecho o de derecho tendremos que armonizar nuestro sistema fiscal con el de la CEE, reducir a cero los aranceles, liberalizar el sistema financiero, e implantar la libertad de movimientos de capitales y de establecimiento de instituciones financieras —bancos, cajas, compañías de seguros, fondos de pensiones, etc. de y en cualquier país de la Comunidad.

Peligroso desafío

Naturalmene, junto a un sistema fiscal que tienda a igualar la presión —o los costes fiscales como prefiera llamárseles—, es necesario buscar una fórmula para dar salida a los billones de pesetas de dinero negro, colocados básicamente en Pagarés del Tesoro y al impuesto adicional que supone para la empresa española las cotizaciones a la Seguridad Social. En otras palabras, teniendo en cuenta que si se cumplen los plazos a que nos hemos comprometido, nuestro límite temporal termina el 31 de diciembre de 1992, no hay duda en afirmar —cualquiera que sea la evolución coyuntural de la economía— que el verdadero desafío para el sector público y para la empresa privada española comenzará el 1.º de enero de 1993. Desafío que será tanto más arriesgado y peligroso cuanto menos decididamente y menos rápidamente se afronten las reformas institucionales que se han vuelto inevitables. En otras palabras, cuanto más se retrase el cambio de política económica.