Las claves de la transición

En 1975 España era muy diferente del país de 40 años antes. Las circunstancias del mundo en torno también. Una ruptura revolucionaria era imposible y, además, no la quería nadie. La Corona era una institución nacional, independiente, solidaria con la historia y, a la vez, presente en España. Bajo su inspiración y guía pudieran realizarse los tres grandes pactos nacionales: el pacto social, el pacto político, el pacto de Estado.

Pocas veces en la historia ha habido gobernantes con un poder tan absoluto como el general Franco durante la mayor parte de su régimen.

Pero, como toda realidad humana, no podía carecer de algunas limitaciones. Las del poder de Franco eran las representadas por la Iglesia católica, sin cuyo beneplácito él quedaría reducido de la condición de «capitán de una cruzada» a la de general «pronunciado»; el portaestandarte del anticomunismo en el mundo, fuera alemán, como durante la guerra germano-soviética, o, como sucedió después, americano, y el testamento de Alfonso XIII. Los límites del poder de Franco, por lo tanto, procedían de su origen mismo y del «problema sucesorio», es decir, de lo que vendría después de él.

El régimen de Franco tenía que evitar eventuales problemas con la Iglesia católica y al mismo tiempo alinearse en las filas de cualquier alianza de signo anticomunista, bien la encabezara Hitler bien el presidente Eisenhower.

La guerra civil de 1936 había dejado un país erizado de resentimientos. Era muy difícil una pronta pacificación, que, por otra parte, no se intentó seriamente desde ninguna de las dos trincheras. Poco después de terminada la contienda, un joven y clarividente ministro de Franco, Pedro Gamero del Castillo, tuvo el valor cívico y la lucidez política de proclamar en un discurso, en Gerona, que si no se lograba una fórmula de reconciliación, lo que los vencedores entendían como una «gloriosa guerra de liberación» o una cruzada, resultaría no haber sido otra cosa que una matanza fratricida. Tras la sorpresa del primer día, esas palabras fueron silenciadas enseguida y el orador no tardó mucho tiempo en alcanzar la preciada condición de ex ministro.

Por eso, cuando en la década de los cincuenta floreció ya en todos los países occidentales la concordia entre cristianismo y democracia, y la Iglesia apadrinó ese abrazo histórico, no faltaron franquistas de buena fe que gritaban alarmados que se había instalado en el foro mayor de la cristiandad un nuevo caballo de Troya.

Eso también tiene algo que ver con la transición. Porque actualmente es la Iglesia la que no quiere un estado confesional y la que proclama la libertad de las conciencias y que ésta fue siempre un valor cristiano. En consecuencia, la libertad religiosa prima sobre la vieja ecuación de Iglesia y patria o la de Iglesia y soberanía. Todavía a mediados del siglo XVII se había hecho la paz en Europa en torno al principio «cuius regio eius religio», y parte de las colonias americanas, que luego darían origen a los Estados Unidos, se crearon en virtud de una tolerancia que consistía en que los no conformistas de Inglaterra tuvieran libertad de cultos, si bien al otro lado del Atlántico.

Pero la actitud de la Iglesia, concentrándose en su misión religiosa y de inspiración moral y dejando el reino de este mundo a la decisión ciudadana y a la realización de los políticos, no es una de las claves de la transición política española, porque es cronológicamente anterior. Significa, sin embargo, la remoción de algo que en los años inmediatos a la guerra civil constituía un obstáculo preliminar para la reconciliación nacional al pretender la identificación de la españolidad y la ortodoxia católica.

La sucesión del régimen

El «problema sucesorio» empezó a preocupar al general desde los comienzos mismos de su mandato. Necesitaba conjugar dos aspiraciones: no ser un «poder interino» y que los libros de historia emparedaran el nombre del «caudillo» entre un rey y otro rey, y no en una lista de generales como los del XIX, o, de paisanos de chaqué como Alcalá-Zamora y Azaña, con sombrero de copa y todo en las grandes ceremonias.

De la «interinidad» -y de la monarquía habló el propio Franco en declaraciones a Luca de Tena publicadas el 18 de julio de 1937, antes de que estuviera mediada la guerra civil: «Yo no puedo ser un poder interino», dijo textualmente. Al mismo tiempo afirmaba que sería preciso que el príncipe que viniera un día a ceñir la Corona de España no se hubiera visto personalmente mezclado en una guerra entre compatriotas.

Franco nunca compartió su «mando» con ninguna otra persona o institución. Asumió la jefatura de un partido, para que no hubiera partidos y para mantener sometidos a la disciplina política de una organización a los funcionarios y responsables territoriales del Gobierno. Al mismo tiempo garantizaba con ello la existencia de una infraestructura mínima y escasamente ideológica, pero eficiente para organizar los actos de masas que necesita un régimen en el que no hay libertades públicas ni se practica el sufragio. Pero, precisamente por eso, Franco tuvo que mantener la promesa, de una restauración de la monarquía, si bien aplazando su realización de modo indefinido mientras él pudiera resistir y trataba de que la Corona no incurriera en las «veleidades democráticas y liberales» del siglo XIX o de la Restauración y los dos Alfonsos.

Porque él no pensaba en una monarquía cualquiera, sino en la tradicional e histórica, tal como había sido, más que descrita, imaginada por el tradicionalismo corporativista de Mella y de Pradera. Pero si mantuvo el principio del carácter teóricamente electivo, restringido a personas de linaje real, al exigir la continuidad con los llamados «principios del movimiento», y una permanente ambigüedad en cuanto a la persona, Franco supo siempre que él se hallaba encerrado en el marco del «testamento de Alfonso XIII»: es decir, ante una dinastía que quedaba reducida a la familia del conde de Barcelona.

La habilidad del general Franco para conservar un poder indiscutido vino a confluir de hecho con el sentido de responsabilidad y el patriotismo del conde de Barcelona. En virtud del primero, don Juan no aceptó nunca ser sucesor de Franco, que era el titular de un régimen personal de imposible continuación en el siglo XX, y que se asentaba doctrinalmente en principios incompatibles con los propósitos de reconciliación nacional y restablecimiento de las libertades que don Juan consideraba función principal de la Corona. Pero existió la convergencia entre los intereses políticos y los condicionamientos o limitaciones de Franco y el sentido nacional y del deber que animaba a la dinastía.

Por eso se educó en España el príncipe don Juan Carlos. Si éste no llega a venir aquí siendo niño, y se hace aquí mozo y hombre, habría resultado un extranjero en la patria de los suyos. Por eso, también, otros posibles aspirantes al trono, desde un Otto de Habsburgo, que a Franco le resultaba por una parte extranjero y por otra demasiado intelectual para rey, hasta un Alfonso de Borbón, pasando por los demás que en algún momento hubo, no fueron nunca en serio los candidatos de Franco. Dejó que los utilizaran, y los utilizó él mismo, en ocasiones, como aviso o amenaza ante los desviacionismos ideológicos y, sobre todo políticos, de la única dinastía posible: la definida en el testamento de Alfonso XIII.

Ya su mero emplazamiento geográfico situaba a España, después de la Guerra Mundial, en el hemisferio dominado por la Alianza Atlántica. Este universo ideológico y político abrazaba a nuestro país por sus fronteras terrestres, todas las cuales, hasta la mínima raya de Gibraltar, eran con países de la OTAN; y por sus extensas costas, junto a las cuales se paseaban los navíos de la VI Flota americana.

Desde que empezó a cernirse sobre Europa el fantasma de la guerra fría, la política atlántica necesitaba evitar riesgos revolucionarios en el interior de su ámbito geográfico. Pese a la retirada de los embajadores, pronto hubo un pacto tácito entre el régimen imperante en España y las potencias occidentales, que en 1953 se transforma en un tratado público, manifiestamente desigual para los intereses españoles, pero políticamente muy rentable para el sistema. Se relajaron las formas más visibles de presión en el interior de España y nuestro país comenzó a entrar furtivamente en la sociedad internacional, escalando poco a poco las agencias especiales de las Naciones Unidas, la propia ONU y, finalmente, la OCDE, llegando hasta el Acuerdo con las Comunidades Europeas de 1970.

Rupturas imposibles

Todo este proceso político, desarrollado a lo largo de varios lustros, eliminaba del horizonte cualquier posibilidad de ruptura revolucionaria y auguraba un mínimo de continuidad formal después del régimen de Franco, haciendo imposible un retorno de la legalidad republicana anterior a la guerra civil. Por otra parte, el conde de Barcelona ya en el Manifiesto de Lausanne, de 19 de marzo de 1945, había puesto de relieve que existía la opción de la legitimidad histórica de la dinastía, a cuyo amparo España podía recuperar las libertades y la democracia, que caracterizan a la ideología y a las formas políticas de Occidente. Al mismo tiempo ganaba terreno en la opinión mundial la hipótesis de que el régimen duraría lo que viviera Franco, y los españoles de dentro -e incluso los que permanecían en el exilio desde la guerra civil- se acomodaban a la idea de que así iba a suceder.

De esta situación política internacional, cuyo punto de partida más que un planteamiento ideológico era una decisión de Realpolitik de la Alianza Atlántica, se derivaron fenómenos como la búsqueda de un comunismo con rostro humano, que, pasando por la actitud del PCE ante la invasión de Praga, llegaría hasta la formulación del eurocomunismo; la extinción de todo vínculo político efectivo entre el exilio y sus colegas republicanos y socialistas del interior; la encarnación del nacionalismo catalán en nuevos ensayos organizativos, culturales primero y finalmente políticos, pero no representado por la vieja Esquerra de Maciá y Companys; así como la progresiva aparición de organizaciones socialistas en el interior, en sectores estudiantiles desde finales de la década de los cincuenta, o en grupos intelectuales y aun políticos, desgajados o independientes de hecho del legítimo partido socialista exterior, en el que, por otro lado, desde la muerte de Prieto en 1962, no había ningún líder con capacidad de atracción o con significación histórica para agrupar en torno a él algún tipo de clientelismo indiscutible. Quizá el PNV fue la organización política de la España republicana que mantuvo una mayor continuidad y mejores contactos entre el interior y el exilio: pero era la excepción de la regla general y, además, durante bastantes años fue poco operativo.

Por el contrario, ganaba terreno también progresivamente la posibilidad de una solución monárquica. El franquismo combatía la que representaba el conde de Barcelona, mientras que alentaba y acariciaba la que en un momento determinado pudiera significar su hijo, el príncipe Juan Carlos. Parte de la izquierda interior, de tradición liberal, republicana y neo-socialista, empezó a tomar contactos, como se decía entonces, con Estoril. La más joven estaba a la espera. Los observadores diplomáticos y los representantes de los servicios de información empezaron ya desde la década de los sesenta a especular con la llamada solución príncipe o a apostar por ella. La incógnita residía en saber si la futura monarquía tendría la voluntad y el prestigio para cambiar un sistema político que, necesariamente, en el clima democrático del mundo alrededor, tendría que acabar con el final de la vida de la persona que le daba nombre. ¿Querría la Corona el cambio? En caso afirmativo, ¿permitirían las Fuerzas Armadas que se pusiera en práctica? Pero nadie que tuviera un mínimo de información y contemplara un mapa podía dudar de que el conjunto de naciones democráticas y atlantistas, y las demás de Europa occidental, no deseaban otra cosa, aunque no la creyeran fácil o posible. Por eso, a los pocos días de la proclamación de don Juan Carlos como Rey, y al menor gesto, le abrieron un amplio margen de crédito político.

Pero de todo esto volveré a ocuparme en otro momento de este ensayo. Baste con decir aquí que el propio emplazamiento geográfico de España en el seno de la Alianza Atlántica fue otra de las claves o condicionamientos que propiciaban un determinado sentido para la transición.

Cambios demográficos y sociales

El desplazamiento demográfico empezó a alcanzar volúmenes que lo convertían en un hecho cualitativo en la década de los cincuenta, acentuándose la migración en los 15 años siguientes. Salvo el islote que representa Madrid, la meseta se despuebla, así como Extremadura y Aragón. Hay un desplazamiento del centro a la periferia -y a Madrid, ciudad industrial por primera vez en su milenaria historia-, y de los pueblos a las capitales. Igualmente se produce un trasvase del sector primario, principalmente de la agricultura, a la industria y enseguida a los servicios, que a veces es más acelerado que el proceso educativo o de preparación tecnológica para los empleados que el «desarrollo» y la relativa prosperidad económica que la década de los sesenta pedían.

Al mismo tiempo, hay una enorme emigración exterior de mano de obra española a Europa. Durante algún período se rebasa la cifra del millón de españoles trabajando al norte de los Pirineos: ciudades alemanas, belgas, francesas, etc., conocen verdaderos barrios españoles.

Lo que ahora nos importa a efectos del análisis de la transición es que los españoles se han mezclado, los de unas regiones con otras, en grandes números; que hay una inversión de las proporciones respectivas de la población rural y de la urbana; y que existe también un desplazamiento de los sectores del trabajo a lo largo del que la agricultura pasa de ocupar casi la mitad de la población activa a menos del 20 por 100, mientras que los servicios alcanzan a más de un tercio de los empleos u oficios y profesiones. En una palabra, acaeció que, en contra de lo que decían los lemas de la propaganda del turismo, España no cambiaba de piel, sino de estructura y era cada vez menos diferente.

En este gran trasvase se produce una reacomodación de los habitantes en sus nuevos territorios. Gran parte de los pobladores de las regiones de inmigración, que pertenecen a los estratos más jóvenes, son ya nativos o han sido educados allí de primera generación, deseosos de una integración cultural en el medio o muy propicios a ella. Tarradellas, con su larga experiencia y su fino olfato político, advirtió el problema y, al dirigirse por primera vez al público desde el balcón de la Generalidad en la Plaza de San Jaime, no dijo «Catalanes», como habían hecho Maciá en 1931 y Companys en 1934, sino «ciudadanos de Cataluña».

La relativa prosperidad económica de la década de los sesenta fue el resultado de una pluralidad de circunstancias. Hubo una coyuntura económica positiva en el Occidente, especialmente perceptible en una Europa que ya se había recuperado totalmente de los desastres de la Segunda Guerra Mundial; la acompañó una notable estabilidad política generalizada en los diferentes países de la zona, junto con un incremento del consumo y de la inversión sobre la base de una energía relativamente barata y unas monedas bastante estabilizadas. Y una política económica razonable.

Los españoles se beneficiaron de la demanda de trabajo europeo y por primera vez en nuestra historia el país exportó trabajadores y no sólo políticos desterrados. La experiencia de 10 años de democracia demuestra que esta emigración, principalmente obrera, no experimentó ningún tipo de politización sensible. Los socialistas del exterior sólo existían entre ellos mismos y en condiciones residuales, y los comunistas apenas intentaron algunas captaciones entre los emigrados de la región parisina, y con resultados muy exiguos. El hecho es que tras 10 años de libertades y sistema democrático no han aparecido políticos ni líderes sindicales de izquierdas que hubieran hecho sus armas fuera en condición de emigrantes, ni en el país en que vivían, ni en el seno de los compatriotas de su entorno.

Una consecuencia de los hechos recogidos en estas consideraciones es que las promociones españolas inmediatamente posteriores a la guerra civil, «pasaban» de política; igual se acomodaban a los condicionamientos del régimen de Franco -y eso en todos los escalones sociales- que a las democracias del exterior.

No se puede, sin embargo, por ello acusar de la pasividad a esa generación española, puesto que fueron su esfuerzo, su capacidad y su dedicación al trabajo los que convirtieron las estructuras españolas en las de un país moderno, realizando la industrialización, introduciendo nuevos saberes y tecnologías y modernizando la cultura nacional.

La obra de esa generación contribuyó mucho a la modernización o europeización de la España aislada, como se decía en el primer tercio del siglo. A ella pertenecen los economistas, los hombres de negocios y los ingenieros que renovaron nuestras empresas; los científicos y profesores que colocaron en cotas internacionales muchas de nuestras disciplinas universitarias; los técnicos y los obreros especializados que se adaptaron, quizá fuera de las fronteras españolas, a tecnologías que luego se aplicaron aquí. Pero hay que afirmar, que por lo menos durante los 20 años que transcurren entre mediados de los cincuenta y la mitad de los setenta, que coinciden cronológicamente con la segunda mitad del régimen del general Franco, si bien desde el punto de vista político, y del desarrollo de las libertades no se hicieron progresos perceptibles, sí se produjo una modernización tecnológica, estructural, cultural y científica en España.

Lo dicho basta para concluir que bajo el monolitismo político de un sistema, que más que tal cosa era un andamio administrativo y de mando para garantizar la presencia intranquilizada en su vértice de una determinada jefatura de Estado, había cambiado muy profundamente la realidad española.

La institución nacional de la Corona

Toda esta larga y en ocasiones penosa historia había estado flanqueada por la continuidad de la dinastía española que, sin confundirse con el régimen político y guardando las saludables distancias de que fue tan celoso vigilante el conde de Barcelona, se mantuvo en relación con un número de personas y de instituciones suficiente para que haya que proclamar que no había perdido el contacto con el país.

Don Juan había ido dibujando -desde el año 43- el perfil de una institución que fuera capaz de acoger en su seno la reconciliación nacional al término del siglo y medio de las llamadas guerras civiles. Era un proyecto más ambicioso que el que bajo la inspiración de Cánovas y con la ayuda de Sagasta se produjo en la Restauración del siglo anterior. Porque ésta había dejado fuera del regazo nacional a los republicanos del interior, a los del exilio conspiratorio, por el otro lado, a los carlistas e integristas. Tampoco acertó la Restauración del XIX, a ofrecer espacio a las nacientes izquierdas socialistas, ni a los nacionalismos que emergían primero en Cataluña y enseguida en el País Vasco. Estas nuevas realidades políticas acabarían siendo espinas clavadas en la nación.

Durante los años finales del régimen de Franco, los celos políticos y los prejuicios del jefe del Estado respecto de la persona del conde de Barcelona, unidos a la voluntad de muy destacados franquistas de buscar una continuidad imposible y una especie de «caetanismo» a la española, llegaron a producir la falsa impresión de una escisión dinástica o de una rivalidad personal, inconcebibles a la altura de los tiempos actuales. Pero a los pocos días de la muerte de Franco, don Juan Carlos, proclamado Rey, anunciaba su decidida voluntad de aplicar el programa político tantas veces enunciado por su padre de ser el Rey de todos los españoles, respetando en la medida posible las formas de una legalidad respecto de la que esas mismas palabras contenían la promesa de cambiarla inmediatamente. El primer discurso de don Juan Carlos, todavía ante las Cortes Españolas que habían sido las de Franco, fue otra de las claves de la transición.

Los partidarios de la ruptura revolucionaria del curso normal de la Administración y del Estado tuvieron que empezar a adoptar una posición de cautela, al ver que todo el Occidente amparaba con la presencia de sus más altos dignatarios la proclamación del nuevo Rey; que el pueblo se mostraba propenso a aceptarlo en el Trono y las Fuerzas Armadas en el mando, con serenidad y con esperanza; y también que pasaba algo, en cuanto a la legitimidad histórica de la dinastía, que casi nadie sabía bien qué era, pero que significaba claramente que el padre del nuevo Rey contemplaba con simpatía la nueva Restauración. En efecto, a los pocos días de su proclamación como Rey, don Juan Carlos recibía un mensaje reservado y fehaciente mediante el cual el conde de Barcelona ponía en sus manos los derechos históricos y la titularidad de la dinastía, para dar forma y hechura pública a esa transmisión en el momento en que fuera más conveniente para los intereses nacionales de España. Don Juan se convirtió así, inmediatamente, en el más desinteresado colaborador del nuevo Rey. Porque don Juan no fue ni quiso ser nunca el mentor del Rey, ni su inspirador, sino un colaborador más, especialmente significado por su propia condición. El centro de las decisiones estaba en la Zarzuela. La responsabilidad era de don Juan Carlos. Su hijo podría hacer, como preveía el conde de Barcelona, cambios que a él no le hubieran permitido llevar a cabo las resistencias de un sistema político y social que todavía estaba en pie.

Es cierto que al principio dio la impresión de que se perdía tiempo y de que las cosas iban más despacio de lo que hubiera sido deseable. Pero también hay que reconocer que entretanto se empezaron a disipar recelos; se establecieron los primeros contactos directos e indirectos con la otra orilla, la de la España marginada, y a poco más de seis meses de la muerte de Franco era posible cambiar el Gobierno y designar uno nuevo que tenía ya el mandato regio de realizar la transición.

No bastaba en 1976 un pacto de la Corona con una representación popular por auténtica y legítima que ésta fuera. En 1812 la Constitución era presentada como un pacto de esta especie: pero con la singularidad de que no se había contado con una de las partes, en este caso la Corona. En 1876 el pacto fue entre la institución monárquica, sostenida por las Fuerzas Armadas, y los políticos representados por los antiguos de la Unión Liberal como Cánovas, y los también veteranos del sexenio revolucionario como Sagasta, que había gobernado con Amadeo y al que pronto acompañarían antiguos republicanos.

Los tres grandes pactos

En 1976, el pacto era más complejo, porque tenía que estar integrado por una variedad de acuerdos sectoriales distintos. Hacían falta los tres grandes pactos, que yo he enumerado muchas veces ya desde hace 15 años. El Rey alcanzó muy pronto el prestigio y la autoridad para que todos le escucharan y disfrutaba del crédito político personal suficiente para avalar la acción de su Gobierno, y, especialmente, de un Gobierno que había sido designado precisamente para eso.

Los tres grandes pactos serían el pacto social de empresarios y trabajadores, que al principio revistió formas rudimentarias, se institucionalizó en los acuerdos de la Moncloa, se consolidó al tiempo que se reconocían las centrales sindicales y se creaba la patronal y que ha tenido sus versiones sucesivas en los acuerdos sobre salarios y empleo.

Otro pacto, previo a éste, era el pacto político entre la izquierda, el centro y la derecha: se plasmó finalmente en la Constitución del 78, pero se empezó a aplicar casi 30 meses antes, cuando el presidente Suárez se reunía con la «Comisión de los Nueve»; prosiguió después con la Ley para la Reforma Política, que demostró a los partidos que no acababan de creer en ella que la opinión española la aceptaba por una inmensa mayoría, y siguió por unas verdaderas elecciones en que todos tenían derecho a voto y en las que todos los partidos podían presentar candidaturas.

El tercero fue el pacto nacional entre el Estado y las regiones, que encauzaba las reivindicaciones catalana y vasca, y hacía aceptables para el resto de España esas autonomías mediante la extensión del proceso a toda la nación.

Una batalla tan larga y en tantos frentes no podía librarse sin que hubiera bajas. La más penosa, por el vacío generado, ha sido la de la UCD. Pero, en favor de sus responsables, hay que decir que constituía una combinación altamente inestable de intereses políticos diversos y aun opuestos entre sí.

Frente a ella se irguió como oposición el actual partido del Gobierno que ganó por primera vez a los cuatro años de la Constitución.

¿Cuál fue la dimensión histórica del triunfo socialista del 82 y las claves que lo explican?

Estas últimas, a mi juicio, están bien claras. La organización centrista había desmontado el andamio político del Estado heredado, había administrado decorosamente bien, había extendido sobre las viejas heridas históricas de medio siglo o más el benéfico bálsamo de la concordia, y ya, después, carecía de razón que justificara su persistencia o de argumentos para mantener unidos en torno a sí dos apoyos de votos distintos: el de centro, progresista y modernizador, y otro a la derecha, que no dejaba de resentirse, porque en muchos órdenes pensaba que se había ido más allá de lo debido.

Estas y otras circunstancias propiciaban la victoria de la izquierda en las elecciones del 82.

¿Formaba este último episodio parte de la transición o era una consecuencia de que ésta ya estaba terminada?

«Quot capita tot sententiae»

El Partido Socialista obtuvo una mayoría parlamentaria absoluta y casi la mitad de los votos emitidos merced a una buena y hábil estrategia y sobre las alas de un programa utópico, que prometía un horizonte sonrosado de felicidad y paz, igual que las tarjetas de Navidad. Trabajo para todos, o al menos para 800.000 personas; salida unilateral de la OTAN, y casi el final de los males del mundo, más una permisividad social sin ninguna constricción de disciplina pública, para lo que se reformarían los códigos hasta dejar en cuadro las prisiones entre otras muchas cosas más.

El realismo que imponen siempre las tareas de Gobierno ha mantenido los hechos a distancia de las primitivas aspiraciones. No obstante, los años socialistas habrán contribuido grandemente a la consolidación del sistema. Hace algo más de 60 años, en el Reino Unido, que entonces aún era un Imperio, el retroceso de los liberales y la escisión que todavía, hasta después de la crisis del 29, existía en las filas conservadoras, llevó por primera vez a un primer ministro socialista -con Gobierno, de coalición- a la cabeza de un gabinete británico.

Lo que un cuarto de siglo antes era impensable había tenido lugar. En España, entonces, suspendida la Constitución, estaba gobernando el dictador Primo de Rivera. Había ocurrido que el sistema de 1876 no había logrado asimilar las nuevas realidades.

Ahora gobiernan en Cataluña y Euskadi los partidos nacionalistas, en el Estado el PSOE; en varias comunidades autónomas y grandes ciudades también. Pero lo esencial es que haya un sistema y que el sistema funcione: que en las elecciones no sólo haya variedad de papeletas para votar, sino una mínima diversidad de posibles gobiernos para elegir. Así será cómo, bajo el amparo tutelar de la Corona, habrá alternativa y funcionará el país: en el escalón superior del Estado, en las Autonomías y en la Administración urbana.

La suprema institución de la Corona no entra, ni debe entrar en el juego de los partidos, y mucho menos todavía en el de los políticos, aunque éstos sean los que en un momento dado tienen la responsabilidad de dirigir el Estado. Porque una de las claves de la consolidación y de la continuidad de la transición es que los gobiernos son para una legislatura, el Rey para una generación y la dinastía para la historia.