Cómo y por qué se desarrollan los pueblos

Hace muchos años el gran periodista Henry Hazlitt escribió un breve libro titulado Una lección de economía, en el cual volcaba una serie de observaciones inteligentes sobre cómo se crean las riquezas, cómo se malgastan y cómo se conservan. Hazlitt probablemente no sabía matemáticas financieras, pero haciendo uso del sentido común y de la capacidad de análisis que había podido desarrollar a lo largo de muchos años como comentarista del Wall Street Journal, del New York Times y por último de Newsweek, consiguió concretar una docena de criterios fundamentales que deberían inscribirse en los despachos de todos los empresarios y hombres públicos que de alguna manera participan destacadamente en el proceso económico. Por supuesto, estoy citando a Hazlitt para acogerme a este precedente, y realizar ciertas reflexiones sobre el desarrollo económico.

En efecto, ¿por qué, por ejemplo, Singapur crece este año nada menos que al 9 por 100, mientras la economía de Argentina probablemente decline varios puntos porcentuales?

Los recursos naturales

Y la mención de los dos países que acabo de citar nos lleva de la mano al primer elemento que hay que tomar en cuenta para explicarnos el crecimiento y desarrollo de los países, aunque sólo sea para descartarlo de inmediato: los cacareados recursos naturales. No hay duda de que Argentina es el gigante mejor dotado de América Latina. Toda la Comunidad Económica Europea cabe cómodamente en su superficie de casi tres millones de kilómetros cuadrados. Los recursos argentinos, su capacidad como país agricultor y productor de minerales, sus infinitos pastos, adecuados como pocos para la ganadería, su rica plataforma marina, sus costas, sus ríos navegables, todo favorece a la Argentina, y ya sabemos la descorazonadora situación en la que ese país se encuentra.

Pero en el otro extremo de la balanza nos encontramos con un pequeño enclave, atiborrado de personas, cuya superficie total probablemente sea menor que la ciudad de Buenos Aires, y sin embargo los singaporenses, sin petróleo, sin agricultura, sin riquezas naturales, triplican la renta per cápita de los argentinos y mantienen unos niveles de prosperidad de rango europeo.

No es necesario aducir una docena de ejemplos de parecidas características para demostrar que los recursos naturales no son, ni con mucho, el elemento clave del desarrollo. Sin embargo, sería necio negar que esos recursos naturales, empleados de una manera correcta por la sociedad, multiplican tremendamente la capacidad de desarrollo. Si Argentina, en los últimos 30 años, se hubiera conducido como Singapur, hoy sería, probablemente, el país más rico del planeta. Las suyas, como las de todas las naciones, son riquezas potenciales, no «habas contadas». A las habas siempre hay que cosecharlas.

No obstante su limitadísima influencia, y sólo con el ánimo de eliminarla, empiezo por la riqueza natural, porque se trata del único elemento concreto entre los que determinan, aunque sea potencialmente, el grado de intensidad del desarrollo. Pero a partir de este factor, el resto de las causas fundamentales de la prosperidad de los pueblos se inscriben en el territorio de la imaginación. Nosotros no podemos inventar una bolsa carbonífera, o un territorio apto para la siembra de maíz, pero sí podemos crear, con nuestra fantasía, con nuestras emociones, con nuestra inteligencia y con nuestras destrezas, el resto de los elementos que determinan el grado de riqueza que ostentan las naciones. De la conjugación de estos factores, de la suma, la resta y del orden en que se articulan, depende la gradación que observamos en el planeta entre los niveles de desarrollo que exhiben las diferentes sociedades y pueblos.

El marco jurídico

Pero ¿cuál parece ser entonces el primer gran requisito para que sean posibles la prosperidad y el desarrollo? Si ya hemos desechado los recursos naturales, ¿acaso el número de personas educadas sería lo primordial? Me temo que no. Y precisamente vuelve a ser Argentina el caso que mejor demuestra el escaso peso relativo del capital humano como causa directa y primordial del desarrollo. Probablemente no hay pueblo en América Latina mejor instruido que el argentino. Casi con toda seguridad no hay graduado universitario en nuestro continente mejor formado que los naturales de ese país. Y, sin embargo, los resultados están a la vista.

Para hallar respuesta a esta pregunta quizá la fórmula más sencilla sea preguntarnos ¿qué distingue y qué tienen en común las naciones más desarrolladas del planeta? Evidentemente, no es la raza, porque los singaporenses y los habitantes de Hong Kong son asiáticos, mientras los suizos y norteamericanos se inscriben en esa clasificación extraña de «caucásicos». También pudiéramos añadir que son los negros trinitarios, de Trinidad y Tobago, los ciudadanos que en América, al margen de Canadá y Estados Unidos, han conseguido un mayor índice de desarrollo. De manera que debemos rechazar la raza como condición para escalar los primeros puestos del planeta.

Tampoco parece muy aceptable aquella explicación que hace unas cuantas décadas diera Max Weber sobre el origen religioso de las diferencias económicas. En su momento pareció una propuesta acertada e inteligente, pero una mirada profunda nos revela que no hay gran diferencia entre los alemanes protestantes y los católicos, y sí la hay, sin embargo, entre los propios católicos del norte de Italia y los del sur.

Y es que, probablemente, el primer rasgo que emparenta a las naciones más desarrolladas es de otro tipo: es el jurídico. Digámoslo un poco más elaboradamente: el ingrediente básico en la consecución de la prosperidad es el Estado de Derecho y la estabilidad política e institucional que éste sea capaz de fomentar. Sólo se puede alcanzar un alto grado de riqueza si existe un marco jurídico adecuado, con leyes que se respetan, con tribunales que velan por el cumplimiento de las normas, con sentencias que se ejecutan y con un marco constitucional, claro, sólido y al margen de los vaivenes políticos.

Es muy sencillo de entender: las actividades económicas no son otra cosa que transacciones que se realizan y viven en la atmósfera del derecho. Se produce, se vende, se compra, se trabaja, se proyecta bajo la protección de un manto jurídico, de una red hecha de leyes justas y de instituciones capaces de administrarlas correctamente. Si ese fascinante mundo de la imaginación es firme, equitativo y funcional, la atmósfera tendrá todos los elementos nutritivos necesarios para que los demás factores que entran en juego en el proceso productivo se conjuguen adecuadamente y generen un monto creciente de riquezas. Eso, precisamente, es lo que tienen en común Estados Unidos, Suiza, Alemania, Suecia y cualquiera de los países que han conseguido un alto grado de desarrollo económico.

No puede olvidarse que el crecimiento es siempre el producto de un ciclo de ahorro e inversión que se debe suceder ininterrumpidamente a lo largo de extensos períodos. No es posible el enriquecimiento fulminante de la sociedad. Estados Unidos -por citar el caso más conocido- a lo largo del siglo XIX, cuando comenzó a asentarse su supremacía, creció al modesto ritmo del 2 por 100 anual. Incluso, el súbito despegue de los pequeños Países de Nueva Industrialización -los cuatro famosos dragones de Asia-, es el producto de unas cuantas décadas de ininterrumpida gestión económica y de estabilidad política, aunque esa estabilidad, en el caso de Corea, sólo sea parcial y discutible.

De manera que es el marco jurídico lo que alienta las transacciones económicas de lenta maduración, porque la confianza en el futuro hace posible las ilusiones y concede los necesarios períodos para que los más caros sueños de las personas consigan llevarse a cabo.

Es tal la mentalidad que llega a prevalecer en el ciudadano que tiene la dicha de vivir en un Estado de Derecho absolutamente consolidado, que no me resisto a relatar una anécdota que me sucedió hace muchos años y que, de forma parecida, también le ha ocurrido a infinidad de cubanos que emigraron a los Estados Unidos.

Alguna vez, intentando explicarle a un azorado norteamericano -que nada entendía de cuestiones políticas- cómo la revolución de Castro despojó violentamente de un laboratorio de productos farmacéuticos a la familia de mi esposa, empresa que con gran esfuerzo habían conseguido levantar, mi apiadado interlocutor me preguntó, sin la menor dosis de sorna: «¿Y por qué no llamaron a la policía y denunciaron lo que estaba sucediendo?».

En aquel momento yo pensé que mi amigo norteamericano era casi un idiota, pero con los años he descubierto que esa reacción no era del todo extraña en una persona que había tenido el privilegio de vivir permanentemente protegida por leyes que no cambiaban arbitrariamente y que no estaban sujetas a ese flagelo de la prosperidad, el desarrollo y la armonía que son las revoluciones.

Causas morales

El Estado de Derecho constituye, pues, lo que pudiéramos calificar de verdadera atmósfera en la que es posible que germinen el desarrollo y la prosperidad. Sin embargo, aun cuando ese marco jurídico sea común a todas las naciones desarrolladas, esa circunstancia no garantiza por sí misma que las naciones consigan enriquecerse.

Existen, además, causas morales, valores que contribuyen a determinar el éxito o el fracaso de los grupos humanos. Porque, si bien es cierto que el Estado de Derecho es la condición sine qua non, ¿cómo explicarnos la diferencia que existe, por ejemplo, en el grado de desarrollo que exhiben los suizos con relación, digamos, a los italianos? Incluso, seamos más precisos y observemos que dentro de la misma Suiza podemos ver diferentes niveles de desarrollo entre los cantones alemanes, los franceses y los italianos. Y estamos hablando de un país que ostenta un marco jurídico común, mas, sin embargo, se observan diferencias perceptibles entre los distintos grupos que lo forman. Algo similar pudiera decirse con relación a España. En el norte de España los catalanes y los vascos tradicionalmente han tenido un grado mayor de prosperidad que sus conciudadanos andaluces o extremeños. ¿Por qué?

Eso quiere decir algo bastante obvio que no suele aparecer en los manuales de economía: eso quiere decir que los grupos humanos producen y trabajan con arreglo a ciertos valores y creencias, y que éstos varían sustancialmente, modificando, de paso, la cantidad y la calidad del trabajo que se desarrolla.

Hay grupos humanos en los que son muy importantes la seriedad, la puntualidad, la vocación por la excelencia, la curiosidad científica, la capacidad de trabajar en equipo, el orgullo de realizar a conciencia las tareas encomendadas y otra docena de virtuosas actitudes. Por supuesto, no todas las personas de esos grupos ostentan las mismas características, pero sí un número lo suficientemente grande como para determinar el signo final de desarrollo de la comunidad.

Ahora bien, esto no implica la menor dosis de determinismo biológico. No me estoy refiriendo a los genes, sino a valores que se trasmiten dentro de las sociedades por mecanismos muy complejos y sutiles, a veces asociados con la educación, a veces con la familia, y a veces con la cultura juvenil o con los mitos que sustentan los adultos, y que de alguna manera construyen una determinada cosmovisión.

Es una generalización casi banal afirmar que los alemanes, los japoneses, los ingleses o los norteamericanos que son, a un tiempo, alemanes e ingleses, además de otras muchas cosas son laboriosos y disciplinados, y que, por el contrario, los latinoamericanos carecen de esos rasgos; pero aunque se trate de una generalización un tanto vulgar, es probable que estemos ante una observación lamentablemente cierta. Y si esto resulta ser una correcta apreciación, no puede extrañarnos que haya una diferencia sustancial entre el producto del trabajo que se genera al norte del Río Grande o a su dramático sur.

Como es inevitable, esta reflexión me lleva a debatir un problema moral de la mayor trascendencia: ¿hasta qué punto es válido intentar la modificación de nuestros valores con el objeto de conseguir unos más altos niveles de rendimiento laboral y, por lo tanto, de acumulación de riquezas?

Al fin y al cabo, el ademán con que se trabaja —ya sea la disciplinada severidad de los alemanes o la menos rigurosa de los pueblos hispanos— es algo que pertenece a la entraña misma de eso que llamamos idiosincrasia. El trabajo, la forma en que lo realizamos, el perfil de nuestro quehacer, es una expresión tan genuina de nuestra naturaleza como los modos que tenemos de divertirnos, las peculiaridades con que expresamos nuestras creencias religiosas o con que nos vestimos.

No sé si es necesario aclarar que, ante la propuesta de intentar la modificación de nuestros valores para convertirnos en criaturas más productivas, me parecería perfectamente legítimo que se alzaran voces de protesta que expresen su disgusto por estos esfuerzos de cambiar algo tan sustancial e íntimo.

Sin embargo, debemos admitir que si nosotros proclamamos nuestro derecho a continuar trabajando de la forma en que lo hacemos, simultáneamente nos vemos obligados a aceptar que el producto de nuestro esfuerzo sea menor, y por lo tanto, nosotros seamos más pobres que los ciudadanos de otras naciones. Pero lo que no podemos esperar es producir de acuerdo con una cierta idiosincrasia complaciente y, al mismo tiempo, pretender los frutos de quienes producen y crean riquezas con mayor eficacia.

Porque no es por suerte o por hurto que hay ciertos pueblos más ricos que otros en el planeta. En líneas generales, las riquezas que poseen son producto de la cantidad y la calidad de lo que se produce. El automóvil lujoso, el aire acondicionado, o la vivienda confortable son el resultado de un determinado esfuerzo, aunque nuestros trasnochados revolucionarios no se cansen de repetir que son la consecuencia del robo doméstico e internacional.

Ese esquema es casi siempre falso. En las sociedades prósperas se puede fácilmente comprobar cómo, aunque aumente el número de ricos, e incluso de millonarios, simultáneamente mejoran las condiciones de vida de los pobres y de las clases medias, lo que quiere decir que las riquezas de los más afortunados no salieron de los bolsillos de los más pobres.

Y en el orden internacional se puede decir exactamente lo mismo. Las naciones más prósperas y desarrolladas del planeta realizan la mayoría de sus transacciones comerciales entre ellas, mientras todas se desarrollan simultáneamente. Incluso, puede decirse que en ese gran circuito comercial el enriquecimiento y el empobrecimiento se hace de consuno, y de consuno también se producen los períodos de crisis.

Por otra parte, sería ridículo pensar que la riqueza alemana se debe al despojo de Namibia, o la de Estados Unidos al saqueo de Haití o de México. Ese tipo de razonamiento, que supone que los centros capitalistas se han enriquecido a costa de la periferia subdesarrollada, pertenece a la más desacreditada mitología tercermundista, aunque —lamentablemente— todavía es posible escuchar semejante disparate o verlo escrito en papeles que pretenden ser serios y objetivos.

Pero ese pueblo, lejos de amilanarse ante lo que le proponían los cañones del militar norteamericano, decidió jugar la carta de la occidentalización y adaptar sus costumbres y su modo de producir al nuevo modelo de sociedad que, casi por la fuerza, le estaban imponiendo.

Cuarenta años más tarde los japoneses ya lanzaban la gran reforma de la era Meiji, y cuando despuntaba el siglo, ya habían sido capaces de crear una impresionante marina, vencedora del imperio ruso, y de apoderarse de una buena parte del «know how» de la época. En 1905 Japón ya había alcanzado el modelo de desarrollo occidental.

La educación

Vuelvo al asunto focal de la relación entre valores morales e intelectuales y la capacidad de producción, pero ahora analizándolo desde otro ángulo. Supongamos que una parte sustancial de nuestros ciudadanos decide que sí es necesario entrar en el universo de los valores y modificarlos hasta el punto en que nuestra capacidad productiva sea similar a la de otros pueblos líderes del planeta.

Hay muchos argumentos para tomar esa decisión. Y uno de ellos pudiera ser el ejemplo japonés. A nosotros nos admira que ese archipiélago sin recursos naturales y atestado de gente ha logrado convertirse en la segunda economía del mundo, y probablemente será la locomotora económica más enérgica y poderosa del siglo XXI. Pues bien, a mediados del siglo pasado, Japón era todavía un imperio medieval, de lotos, sombrillas y samurais, movido por pura tracción animal. Producían como se producía en Europa en los siglos XIV o XV, y vivían de no muy diferente manera. Era un país de tradiciones milenarias arraigadísimas, con la vista puesta en el pasado.

Pero un día de 1853 el comodoro Perry ancló su flotilla en una bahía del sur de Japón y reclamó la apertura de esos puertos al comercio internacional. Fue una bárbara imposición de Occidente. Fue una terrible violación de la soberanía japonesa. Fue un atropello tremendo a la cultura japonesa.

Ese ejemplo debe ser tomado en cuenta por los latinoamericanos, puesto que no podemos, a un tiempo, admirar la tremenda creatividad y productividad del pueblo japonés, y reclamar para nosotros nuestro derecho a no cambiar de actitudes, valores, creencias y metas. Una de dos: o es bueno copiar sin temor el modelo de los pueblos avanzados, aunque tengamos que recurrir a una especie de cirugía ética, o es perjudicial, y entonces lo que han hecho Japón, Singapur o Hong Kong es censurable.

Admitamos, como hipótesis de trabajo, que es conveniente y deseable buscar el mayor grado de desarrollo, aunque tengamos que modificar ciertos aspectos de nuestra idiosincrasia. En ese caso, lo que hay que preguntarse es si esto es posible, y si lo es, cómo conseguirlo.

Creo que sí es posible lograr la transformación de la conducta laboral de una sociedad, aunque admito que debe tratarse de una tarea tan larga como difícil. Sin embargo, hoy sabemos, con toda certidumbre, que es posible enseñar valores y actitudes, y que para ello tanto la escuela como los medios de comunicación pueden ser extraordinariamente útiles. Si una sociedad cualquiera llega a creer en ciertas cosas fundamentales, y esas creencias se convierten en artículo de fe o en revelaciones casi axiomáticas, seguramente tendrán consecuencias en el comportamiento de ese grupo humano.

De manera que aquí sí está muy claro que el huevo precede a la gallina. Y el huevo es la creencia: tan pronto como estemos convencidos de que el camino más corto y recto hacia el triunfo es el del cambio sustancial en nuestra escala de valores, de lo que se tratará entonces es de crear los mecanismos educativos para que esa creencia se convierta en un modo de comportamiento.

Por ejemplo, si nosotros creemos que es imprescindible la consolidación de un marco jurídico previo para que la productividad aumente y la convivencia sea pacífica y grata, no hay duda de que tenemos que educar ciudadanos respetuosos de las leyes y de las normas democráticas. ¿Se hace esto en nuestra sociedad? ¿Se educa a nuestros niños y jóvenes en el culto al respeto a las normas y en la práctica del ejercicio democrático? ¿Se les enseña, desde pequeños, a votar por cosas simples y a respetar los resultados de la elección?

Como sabemos, la axiología nos enseña que los valores son duales. A cada valor positivo le corresponde uno negativo. Y no puede concebirse la pasión por la puntualidad o por el rigor sin aprender a rechazar, simultáneamente, la impuntualidad o la dejadez.

Todo eso y mucho más tendrían que enseñarlo en las escuelas y proclamarlo a los cuatro vientos los medios de comunicación, hasta conseguir que nuestras sociedades se comporten de otro modo, y que de una manera espontánea y natural acaben produciendo con mayor eficacia.

No obstante, como último epígrafe de estos papeles, conviene acercarse a lo que quizá se parezca más a una reflexión típicamente económica. ¿Qué tipo de organización económica le conviene más a las sociedades empeñadas en producir más y mejor?

¿Es preferible optar por los esquemas socialdemócratas que proclaman que el objetivo del Estado es procurar un grado mínimo de bienestar social para la mayor parte de los ciudadanos, y que no vacilan en intentar corregir mediante leyes y decretos lo que ellos consideran que son «distorsiones» del mercado?

¿O es preferible optar por una economía liberal en el sentido europeo del término, y en la cual se subrayen las responsabilidades individuales, se limite al mínimo la injerencia del Estado en la vida de los ciudadanos, y se deje al libre mercado todo el juego de transacciones económicas, aun a sabiendas de que es posible que en ese proceso se produzcan desigualdades notables entre los miembros de la sociedad?

Personalmente me inclino a pensar que la opción liberal suele producir un mayor grado de riqueza que la socialdemócrata.

Como principio general, me parece que todo lo que entorpece el libre juego del mercado acaba por ser antieconómico. Sin embargo, estoy dispuesto a admitir que las sociedades prósperas, después que han creado una cierta cantidad de riquezas, pueden permitirse el lujo de ser menos eficientes, con el objeto, a cambio de esto, de proteger los intereses de los más débiles. Sólo que cuando los Estados pobres —por ejemplo, los de América Latina— se proponen y se exigen asignar a los menos favorecidos bienes y prestaciones para los que no existen recursos disponibles, se producen la inflación, el empobrecimiento, la mutilación de la capacidad de desarrollo de las empresas y, en consecuencia, se agrava aún más la situación de los pobres. Esa tragedia la hemos visto muchas veces en América Latina por la manifiesta incapacidad de los demagogos y políticos populistas, empeñados en repartir una riqueza que aún no ha sido creada.

Como todos habrán podido comprobar, ni siquiera me he detenido a analizar el modelo marxista. En 1990, tratar de ponderar sus virtudes, tras el colapso de los regímenes de Europa del Este y de la tambaleante Unión Soviética, me parece una broma de mal gusto, y especialmente ahora, cuando los derrotados marxistas admiten el fracaso de su ideología y descubren que la libertad es también un componente en la lucha por el desarrollo y la prosperidad.