Página 741 – Nueva Revista

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Unas memorias de la transición

Título: «Memoria viva de la transición».
Autor: Leopoldo Calvo Sotelo.
Editorial: Plaza-Janés/Cambio 16. Barcelona, 1990, 286 páginas.
Precio: 1.760 pesetas.

Por más de un motivo, las memorias de Calvo Sotelo pueden estimarse como algo singulares y atípicas en un panorama memoriográfico como el español que de estar vacío y casi deshabitado ha pasado en escasos años a ofrecerse muy poblado, e incluso superpoblado en algunas parcelas. La inmejorable factura literaria y el anticonvencionalismo de algunos de sus planteamientos y descripciones son acaso los extremos que imprimen mayor originalidad a unos recuerdos alejados de la eutrapelia y el mero divertimento que le han atribuido ciertos de sus comentaristas.

Dentro de un género como el memoriográfico no muy valorado por el historiador, el de la transición española recalará con frecuencia en la obra glosada. Buena parte de las cuestiones disputatas en tan decisivo periodo así como algunos de sus puntos más oscuros y enigmáticos disfrutan de una interpretación a menudo sólida cuando no de un análisis de amena hondura, con ribetes, en ocasiones, de propósito de adrición y autocrítica. El estado de opinión que posibilitó por parte de la sociedad hispana el tránsito reglado del autoritarismo a la democracia; la «congerie» de elementos que desembocaban en la fuerza gobernante hasta la llegada del socialismo al poder; los canales y entresijos de éste; las causas últimas que determinaron su abandono por Suárez; la crisis del 23-F y, en fin, la escorada travesía hacia el derrumbamiento del régimen sucedista que tuvo como timonel al propio autor, son quizá los capítulos de la historia de la transición más enriquecidos por la publicación de estas memorias, que provocan, obviamente, en su lector discrepancias y desacuerdos, que aquí no pueden anotarse.

La galería de retratos y semblanzas supera, con todo, en interés a las páginas ya mencionadas. La pluma bien abastada de registros y cultura de un ingeniero con indudable vocación humanista encuentran en la pintura de algunos de sus correligionarios sus cualidades más resaltadas. Pequeña historia, sin duda, pero que en ocasiones influye en la grande. No fue así, por fortuna, en los días de la transición, en los que los políticos se limitaron a poner la letra de la partitura deseada casi unánimemente por su pueblo.

Entre los episodios y pasajes en los que la pluma del autor resulta elusiva e incompleta tal vez el tratamiento de la política exterior sea el más llamativo. Aunque su reconstrucción de «la polémica atlántica» es, en conjunto, acabada, existen áreas de la extensión y trascendencia como las relaciones con los países del Magreb, el diálogo iberoamericano y hasta si se quiere los conflictivos contactos hispano-franceses, en donde los huecos, las omisiones y los silencios llegan a ser en ocasiones incomprensibles amén, por supuesto, de defraudadores.

En definitiva, un libro para la historia. No obstante su brevedad, prisas y floreos, la obra de quien fuera el tercer primer ministro de la restaurada Monarquía española ocupará, como se decía en un principio, un puesto en la biblioteca del historiador de un periodo envuelto ya para muchos de sus protagonistas en los celajes de la nostalgia y estimado por todos los españoles como un legítimo título de orgullo colectivo.

Testimonio del franquismo

Título: Memorias.
Autor: Laureano López Rodó.
Editorial: Plaza-Janés/Cambio 16. Barcelona, 1990, 789 páginas.
Precio: 3.500 pesetas.

Esta es la tercera salida al mundo de la literatura memoriográfica del que fuera uno de los puntales de la dictadura de Franco en su última travesía. Si en sus anteriores libros de recuerdos nos había dado ya una alta prueba de su acribia documental y atención al matiz, dichas cualidades continúan sin empañarse en la obra glosada. Más farragosa que las precedentes -modelo de prosa notarial-, despierta igualmente el interés del lector por la trascendencia de los temas abordados desde una atalaya privilegiada.

Muy sobria y contenida en los detalles íntimos de su autobiografía -niñez acomodada y estudiosa, juventud cartesiana y ennortada por una firme vocación cristiana, cuajada madurez, equivalente todo ello a la trayectoria de un triunfador-, en la descripción de la modernización del franquismo iniciada a mediados de los años cincuenta la pluma de su eficaz servidor se vuelve muy circunstanciada y, a las veces, enfática.

El autor habla de lo que vio. Así su relato -cerrado provisionalmente en la fecha, áurea y decisiva para la Dictadura de 1965- reconstruye el ideario y la fuerza que dieron expresión a un franquismo que, echando lastre autoritario, se esforzaba por legitimar su imagen externa, al par que no perdía la dirección de una sociedad ya fermentada por los elementos de un cambio muy dinámico. Ninguno de los jalones esenciales del recorrido de la Dictadura entre 1957-65 deja de tener su pertinente análisis, a menudo discretamente elogioso. Aunque no llegue a confesarlo, escuela y despensa, administración y orden son para López Rodó las columnas de toda política fecunda. Desde tales premisas, el franquismo comparece ante la historia con innegable título de aplauso. Si a ello se añade un hondo y sincero propósito de institucionalizar el régimen -convertido en Reino desde 1947- para encarar sin sobresaltos el difícil tránsito hacia la normalidad monárquica, el periodo reconstruido en estas memorias se ofrece a la mirada limpia de prejuicios como uno de los más dignos de recuerdo de nuestro pasado más reciente.

Juicio que, naturalmente, admite réplicas y discrepancias, como otras muchas de las tesis menores sostenidas en el libro comentado. Así, v.gr, resulta muy artificiosa y cansina la permanente reivindicación de la libertad personal del autor a la hora de sus opciones políticas, terreno en el que, en ocasiones, intenta casar el agua con el fuego. Igual sucede en su afán por lavar los gatuperios y tropelías cometidos por un poder personal a ultranza, sin que sirva de excusa el fácil, si bien oportuno, recurso comparativo a etapas precedentes, y, sobre todo, posteriores…

Algún error factual, como la datación del Concordato Bravo Murillo (p. 25) o de excesiva imaginación, como denominar «venerable» a un arzobispo hijo adulterino de un grande de España, que sólo se distinguió por su afilada inteligencia (p. 391) o atribuir una mutua simpatía a dos elevados personajes eclesiásticos, cuyas relaciones estuvieron muy distantes de ser cordiales.

Observatorio. Noviembre 1990

GUERRA O PAZ

El conflicto del Golfo Pérsico, cuya dimensión mundial salta a la vista, pese a las afirmaciones en sentido contrario vertidas por algún aprendiz político de estos lares, afronta la fase decisiva. Entramos, en efecto, en el punto crítico para decidir la paz o la guerra, lo cual pende, fundamentalmente, de la voluntad de Sadam Husein, ya que, después del enorme despliegue militar de los Estados Unidos y demás países en la zona, sólo una retirada iraquí de Kuwait y una liberación simultánea de los rehenes puede impedir la acción armada.

Tanto Israel como el «lobby» judío mundial, así como la señora Thatcher, presionan ostensiblemente para que Bush desate las hostilidades cuanto antes, pues para ella hay que castigar no sólo la fechoría de Sadam, dando un ejemplo a otros que intenten emularlo, sino también y, sobre todo, hay que impedir que el tirano de Bagdad conserve intacto su poderío bélico y pueda intentar más adelante nuevas aventuras. En este sombrío escenario de guerra, cuyas consecuencias para Europa serían gravísimas, aparece un rayo de esperanza, según fuentes soviéticas que han filtrado parte de la reciente conversación mantenida por el enviado especial de Gorbachov a Bagdad, Eugeni Primakov. Sadam Husein le manifestó que «Irak podría retirarse de Kuwait, conservando Roumelia-Sud y las islas de Warbah y Boubiyan, abriendo una salida al mar». Como es obvio, esta propuesta resulta inaceptable, en principio, para los Estados Unidos y sus aliados, pero significa el primer indicio de marcha atrás por parte de Husein. Por último, hay que tener en cuenta el paso del tiempo y el peso de las opiniones públicas occidentales. Así, Bush, ha perdido ocho puntos en el índice de popularidad, pasando de un 68% de apoyo en septiembre a un 55% en octubre.

EN DEFENSA DE LA VIDA

Las autoridades británicas se muestran seriamente preocupadas, y tanto conservadores como laboristas han hecho declaraciones para que los ciudadanos ingleses tomen conciencia del grave problema social y demográfico planteado por el crecimiento de las tasas de aborto registrado en los últimos años. Donde las cifras se muestran más significativas y dramáticas, es entre las jóvenes de 16 a 19 años, puesto que el número de abortos legales ha pasado del 9 por 100 en 1979, al 36 por 100 en 1988. Aunque, según opinión de muchos, el aborto y el divorcio son problemas distantes, lo cierto es que las últimas encuestas celebradas en Gran Bretaña acusan un crecimiento parecido en la tasa de matrimonios rotos, pudiéndose afirmar que de cada cuatro niños, uno sufrirá el divorcio de sus padres antes de alcanzar los 16 años.

Como consecuencia, la primera ministra, Margaret Thatcher ha llamado al orden a los ingleses, señalando que el fortalecimiento de la familia es el desafío más grande que deberá afrontar la sociedad británica en los próximos años. El problema es, en verdad, grave. La solución sería fácil: legislar en el sentido protector de la familia, eliminando aquellas disposiciones que han desencadenado la situación actual que tanto parece —y con razón— preocupar a los dirigentes políticos.

UN NOBEL CON PROBLEMAS

El Premio Nobel de la Paz, instituido por la fundación creada por Alfred Nobel, el inventor de la dinamita, con cuyos beneficios económicos acuñó la gran fortuna que luego serviría para financiar los famosos galardones que llevan su nombre, ha recaído este año en Mijail Gorbachov.

Como es evidente, se trata de un estadista de fuste, al que no le ha fallado el pulso —ni la visión a la hora de afrontar con realismo las profundas reformas requeridas por el fracasado sistema marxista el llamado socialismo real, que algunos quieren mantener o difundir todavía en el mundo—, así como en la decidida opción por la concordia con el anterior enemigo a muerte: los Estados Unidos.

De suerte que ahora todo son loas, justas loas, ante el coraje de un hombre inteligente que, sin embargo, atraviesa graves dificultades en el seno de la Unión Soviética, donde no es considerado a la misma altura que en el extranjero. Paradojas de una política cuyo gran problema es, como señaló hace algunos años el Papa Juan Pablo II, «cambiar el sistema sin cambiar de sistema».

CUIDADO CON EL «SQUASH»

Ya lo saben las personas corpulentas —los «gordos» para ser más exactos— que pasen de los 40: la práctica del deporte de moda, el «squash» puede resultarles mortal. Según parece, el citado «squash» sería el responsable del 93 por 200 de los ataques cardiacos sufridos por deportistas aficionados, muy por delante de accidentes mortales derivados de la natación, el fútbol y otros ejercicios.

Como es natural, estos riesgos aumentan por diversos factores, tales como el peso excesivo y la edad, especialmente cuando se practica un deporte considerado agotador, crispante y violento, como es el caso del «squash». Sobre el particular, el doctor Northcote, cardiólogo del Hospital Victoria de Glasgow, afirma ingeniosamente: «Las personas deberían estar delgadas antes de practicar el “squash”, y no practicarlo para adelgazar».

El doctor Northcote considera que, si la falta de ejercicio es un factor de riesgo de ataque cardiaco, esto no es motivo suficiente como para sentirse obligado a ser campeones de maratón. Al contrario, es más sano ejercitarse en actividades suaves unas dos o tres veces por semana. Así el cuerpo se mantiene en un nivel adecuado, sin exageraciones que obligan a realizar un esfuerzo para el que no se está preparado.

No estaría de más la suficiente dosis de humildad como para comprender que no es lo mismo tener 50 que 40 años, y que a los veinte el cuerpo del hombre y la mujer disfruta de unas facultades irrepetibles.

LAS JAPONESAS Y LA FAMILIA

En el Japón, el país más laborioso del mundo según los expertos, las mujeres siguen eligiendo la atención al hogar y a la familia antes que el trabajo fuera de casa. Tal como parece indicar una encuesta realizada a últimos de 1989, las condiciones de trabajo consideradas como ideales por el 64 por 100 de las encuestadas serían aquéllas que les permitieran interrumpir sus tareas temporalmente para crear su hogar y cuidar a sus hijos. Las respuestas en este sentido de apego al hogar han supuesto el aumento del 9 por 100 respecto a la misma encuesta realizada en 1983.

Igualmente, el 60,5 por 100 de las mujeres japonesas prefieren el trabajo de media jornada y horario flexible, con el fin de que puedan armonizar sus ocupaciones laborales y domésticas, eligiendo para el trabajo las horas que les resulten más cómodas. Este porcentaje citado sobrepasa con mucho el de 16,8 por 100 de mujeres que se inclinan en favor del trabajo con plena dedicación.

Es significativo analizar los resultados de las encuestas, pero más todavía comprobar que las respuestas más frecuentes aluden a los deseos de las madres de vivir cerca de sus hijos, atenderlos, educarlos y estar a su lado cuando caen enfermos, para lo cual reclaman como ideales unas condiciones de trabajo que les permitan cumplir sus deseos, prefiriendo interrumpirlo mientras su presencia en la familia es insustituible.

HABLA LA GENERACION DEL 98

Las voces de Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja, Menéndez Pidal, Ortega y Gasset, Unamuno, Valle-Inclán, Concha Espina, Benavente y de otros muchos representantes de su generación, no han muerto. Y no perviven sólo en sus escritos, difundidos suficientemente en publicaciones diversas, sino que pueden ser escuchados hoy, reproducidos con la fidelidad y emoción del momento en que hablaron los personajes citados.

En su día fueron grabadas las voces y conservadas en lo que se llamó, con toda razón, el Archivo de la Palabra.

Dentro de los programas culturales desarrollados por la Residencia de Estudiantes, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas acaba de publicar el texto de las intervenciones y conferencias pronunciadas en los primeros años treinta por los máximos exponentes de la cultura, el pensamiento y la ciencia española de aquellos tiempos.

Junto a los textos y las biografías de los conferenciantes, se acompañan tres discos, gracias a los cuales las voces del pasado nos hablan hoy, con acentos cálidos, sobre una realidad poco y mal conocida por las nuevas generaciones que necesitan, sin embargo, del magisterio de sus mayores.

LA TELEVISION

El número cuatro de NUEVA REVISTA incluía un amplio debate sobre diversos aspectos en el medio. Por su interés, hemos seleccionado una de las cartas recibidas sobre un tema crucial en nuestra sociedad.

«Con cierto retraso, un amigo me ha hecho llegar el número de mayo de NUEVA REVISTA, con el «dossier» titulado El debate de la tele. Debo decir que se trata de un producto editorial nada corriente, con un elevado nivel cultural, tanto por los temas que se abordan como por su tratamiento. En el caso del «dossier» me ha sorprendido gratamente el enfoque inédito de la cuestión, la multiplicidad de expertos consultados, así como la selección de casi todos los artículos, con los cuales el lector puede hacerse una visión bastante íntegra de la situación.

«Uno de ellos, el dedicado al Canal 18, me ha movido a redactar esta carta. No se trata de su contenido, sino de que lo hayan incluido como experiencia representativa de nuevas ofertas del medio.

«Realmente, un vídeo comunitario puede representar una contribución a la multiplicación de la oferta, pero nunca podrá ser considerado como una alternativa al actual planteamiento del medio televisivo como «media» de gran penetración, gran poder económico y pocas exigencias culturales. Resulta peligroso considerar a este sistema de distribución (así lo reconocen diversos expertos) como televisión local, si no se establecen previamente una serie de precisiones. Hubiese sido deseable dedicar un artículo al capítulo de las televisiones locales de servicio público, de las que en Cataluña existen aproximadamente una cincuentena. Así hubiese quedado más completo el círculo de opiniones y experiencias sobre este medio tan absorbente que es la televisión. Esperando que dicha sugerencia le parezca de interés, les saluda cordialmente.»

Hacia un nuevo modelo demográfico

La rapidez y la profundidad con que se han producido las transformaciones caracterizan la evolución reciente de la población española cuyo modelo demográfico dista mucho del correspondiente al periodo anterior a 1975. Todas las variables demográficas han experimentado sensibles modificaciones cuantitativas y cualitativas que en la dirección adoptada e ininterrumpidamente sostenida, aún les queda, probablemente, un cierto camino por recorrer.

Viejas calificaciones socio-demográficas de nuestro país, pertinentes en un pasado no tan lejano, han quedado definitivamente arrumbadas: ya no somos un país natalista, ni prioritariamente de emigrantes, ni por la localización y actividad básica de sus gentes eminentemente agrario, ni por su estructura etaria, joven, ni tantas otras cosas que hace algunos lustros ejemplificábamos de manera clara. Para bien o para mal (con toda seguridad para bien y para mal, según los casos) la población española ya no es lo que era… ni lo que será.

Una población modesta y desigualmente repartida

El último Padrón Municipal de habitantes realizado con referencia al 1 de abril de 1986, dio una población «de hecho» para el conjunto del país de 38,8 millones de personas. Somos el tercer país europeo en superficie, pero tan sólo el octavo en población absoluta.

Nuestra densidad es moderada (77,05 habs./km²), se aleja de la media europea y nos relega a las últimas posiciones del continente.

Pero no sólo somos un país de efectivos demográficos modestos; además nuestra población está bastante mal repartida por el territorio. La presente situación es el final de un largo proceso de concentración-despoblamiento cuyas direcciones básicas resultan bastante claras: el interior pierde habitantes en beneficio de las zonas litorales, las áreas rurales en favor de las industriales y turísticas, el campo en provecho de las ciudades. La desigualdad más llamativa es la que se da entre el «centro» y la «periferia». Las 19 provincias peninsulares con fachada marítima y las tres insulares reúnen casi el 60 por 100 de la población sobre una superficie inferior a un tercio del total; su densidad media es el doble de la del país y tres veces y media superior a la del «interior». Pero aún en las provincias litorales se da un contraste notorio entre la franja estrictamente costera y el postpaís; sobre una estrecha banda de una anchura media de cuatro o cinco km desde la línea de costa, se concentra más de la mitad de los efectivos sobre una parte del territorio realmente exigua.

A esta oposición prioritaria se añaden otras que la complementan, complican o matizan. El reparto de los efectivos por Comunidades Autónomas (cuadro 1) refleja también desequilibrios notables y la mayor o menor importancia que las áreas urbanas suponen en cada unidad territorial. Por su lugar preferente de residencia la población española es ya netamente urbana (91 por 100), pero también la oposición centro-periferia afecta a este estrato de población ya que las provincias de la España interior (incluyendo Madrid) sólo reúnen un tercio de los habitantes que viven en las áreas metropolitanas, las capitales de provincia y los municipios no capitales de más de 100.000 habitantes, es decir, la población plenamente urbana.

Un crecimiento natural que se acerca a la situación cero

El crecimiento natural es el resultado de la diferencia entre los índices de natalidad y mortalidad. La mortalidad de conjunto de la población española ha llegado felizmente en los años ochenta a situarse en los valores históricos más reducidos (entre siete y ocho por 100 de tasa bruta). Y lo mismo puede decirse de la mortalidad infantil, que hoy se sitúa en un índice del ocho por 100 (181 por 1.000, en el primer quinquenio del siglo). Quizá este último indicador pueda descender algo aún, pero no ocurrirá lo mismo con la tasa de mortalidad general, que por mor del envejecimiento demográfico tenderá a crecer (ya lo está haciendo) en el futuro. Por la muerte nos situamos plenamente a nivel europeooccidental. Un español o española que nazca hoy puede esperar vivir como media 76 años, prácticamente los mismos años que un francés/a, un inglés/a o un alemán/a y puede suponer, como ellos, que tiene entre un 60 y un 70 por 100 de probabilidades de morirse de alguna dolencia del aparato circulatorio o de algún tipo de tumor maligno (cáncer). Las enfermedades «exógenas», en especial las de carácter infeccioso, aparecen hoy afortunadamente relegadas a lugares muy secundarios del catálogo de agentes mortales entre los cuales los accidentes de carretera, en particular entre los jóvenes, han adquirido un triste protagonismo.

El acercamiento a Europa se ha producido también por la vía de la fecundidad-natalidad, pero en este caso el proceso a la baja ha sido tan veloz e intenso que nuestra experiencia adquiere en el contexto occidental caracteres de excepcionalidad nada envidiables. No es bueno que la natalidad haya bajado tanto, en tan poco tiempo y que la situación, todo parece indicar que va a ser así, se vaya a mantener todavía (¿agravada más?) en el futuro inmediato. La brusquedad del proceso queda adecuadamente ejemplificada con estas cifras: en 1976 nacieron en España 670.000 niños (tasa bruta del 12,1 por 100); en 1987 (hoy, probablemente menos) tan sólo 421.098 (tasa del 10,84 por 100). La disminución en poco más de 10 años ha sido del 37 por 100. Además desde el año 1981 aproximadamente, no renovamos ya las generaciones. El número medio de hijos por mujer necesario para ello se sitúa en 2,1. Hoy estamos probablemente en torno a 1,3 hijos por mujer que nos aleja mucho de ese umbral crítico y hace difícil una hipotética recuperación.

Los autores, que ven en la fuerte crisis económica de mediados de los setenta un factor esencial del declive, juzgan que, superados sus efectos más dramáticos, la recuperación económica podría ser la antesala de una cierta rehabilitación demográfica.

En mi opinión, la caída de la natalidad ha tenido agentes más poderosos que han provocado un cambio sensible en las mentalidades y modelado una actitud distinta de una buena parte de los españoles ante la natalidad, como lo reflejan las encuestas recientes sobre la fecundidad. La progresiva igualdad entre los sexos, la promoción de la mujer y su incorporación al mundo del trabajo, el descenso de la nupcialidad, una creciente inestabilidad de la unión entre las parejas, la debilitación de actitudes y creencias religiosas anteriormente más identificadas con la doctrina de la Iglesia Católica, todo ello unido ciertamente a las dificultades que los jóvenes tienen para incorporarse decentemente al mercado de trabajo, perfilan un modelo aproximado de la desnatalidad en la que el uso creciente y legalmente posible de los modernos y eficaces métodos anticonceptivos ha jugado más el papel de instrumento que de agente causal.

Cerca de la línea de flotación

Todas estas circunstancias nos han franqueado el paso hacia el bloque de países de natalidad más reducida, en cuyo interior escalamos posiciones hacia los lugares de cabeza. No obstante, tal situación no puede considerarse satisfactoria. Quizás a corto o medio plazo pueda venir a resolver problemas serios con los que hoy debemos enfrentarnos: el de la fuerte masificación de nuestras aulas universitarias o el de los fuertes niveles de desempleo de la población joven pero a más largo plazo el fortísimo declive de la fecundidad, unido al acelerado envejecimiento de nuestra población, planteará otras y más graves consecuencias cuyos efectos podrían (deberían) amortiguarse mediante la adopción de una política demográfica imaginativa.

La no renovación de las generaciones no impide que el crecimiento natural tenga todavía un valor positivo, aunque muy bajo, merced al efecto dulcificador de una mortalidad piadosa. En 1987 el índice de crecimiento fue del 0,28 por 100. Apenas emergemos de la línea de flotación del crecimiento cero que dentro de muy poco tiempo acabará por anegarnos; mucho antes probablemente de lo que preveían hace algunos años las proyecciones del INE que, conocedoras del cambio, no estimaron adecuadamente su intensidad.

España, país de inmigración

Otro de los rasgos históricos de nuestra demografía, el de la España peregrina, suministradora generosa de emigrantes, primero a las Américas y después a Europa, se ha modificado también en tiempos recientes. Pasada ya la época de fuerte éxodo a los países europeo-occidentales, producidos los retornos que la crisis de 1973 provocó y razonablemente adaptada la población española con residencia en el exterior, nuestro país se ha convertido en tierra de inmigración, modesta aún, pero ya significativa. En 1988 vivían en España 360.000 extranjeros «oficiales» a los que hay que añadir un número, difícil de estimar, pero por lo menos similar al anterior, de extranjeros ilegales o indocumentados. La mayoría de los inmigrantes legales son europeos (alemanes, franceses, portugueses, británicos…) y latinoamericanos, mientras que los inmigrantes ilegales proceden fundamentalmente de Marruecos, Portugal, Filipinas y, por supuesto también de América Latina.

La emigración legal no tiene nada de singular, salvo quizás su modestia. Es el resultado de contracorrientes originarias de nuestros principales destinos emigratorios; de continentes y países a los que nos han unido y unen fuertes vínculos entrelazados por los intereses económicos o las relaciones familiares que la propia migración creó. El tratado de adhesión de España a la CEE, que incorpora el principio de la libre circulación de trabajadores, intensificará probablemente la presencia de europeos en España y alumbrará nuevas salidas de españoles a Europa, aunque en proporciones modestas. La economía española, todavía imperfecta, desequilibrada e injusta, está dotada, sin empbargo, de mecanismos que hacen prácticamente imposible un éxodo masivo como el que se produjo en los años sesenta.

La Inmigración clandestina es mucho más inquietante. Aun cuando no es bien conocida, sabemos de ella lo suficiente para definirla como una de las formas de marginación y pobreza más claras de la España actual. Teóricamente, la economía española con los niveles de paro y subempleo que mantiene, no necesitaría utilizar la mano de obra extrajera. No obstante, a pesar de las incertidumbres del mercado de trabajo en el que menudean todavía los empleadores sin escrúpulos que pagan salarios muy bajos y no ofrecen ningún tipo de seguridad a sus trabajadores, las condiciones de empleo aún más difíciles de los países de origen, alimentan estas corrientes de base fundamentalmente en el país. El inmigrante ilegal lo es a pesar suyo, pero esa condición le depara una situación difícil definida por la incertidumbre de la permanencia, la pobreza económica y una cierta marginidad social. La ley de extranjería de 1985, generosa en la concesión de derechos y libertades a los extranjeros «legales», en consonancia con el artículo 13 de nuestra Constitución, es cicatera para los extranjeros que no tienen regularizada su situación (permisos de residencia y trabajo), que viven por este motivo bajo la amenaza permanente de la expulsión.

La inmigración clandistina es una de las formas de marginación y pobreza más claras de la España actual.

Para la mayoría, además, las condiciones laborales y económicas son bastante malas, ocupan los puestos más bajos de la escala laboral (minería, construcción, venta ambulante), desempeñan actividades ilegales o en situación de ilegalidad (economía sumergida) y están afectados fuertemente por el desempleo. Y todo ello con salarios de miseria que condenan a una buena parte de estos trabajadores y a sus familias a condiciones de extrema pobreza. Esta marginalidad social es reforzada en el caso de algunos colectivos (especialmente los negros africanos) por un cierto rechazo racial por parte de la población autóctona. El marco de injusticias, discriminaciones y sinsabores bajo el que se desenvolvió la vida de nuestros emigrantes en Europa en los años del éxodo masivo, se reproduce ahora en nuestro país cuando hemos dejado de ser únicamente periferia, para convertirnos también en centro receptor de una periferia emigratoria más deprimida.

Una sociedad que envejece

Vejez y envejecimiento son términos cada vez más usados con significados objetivos e intenciones diversas. Quizá por ello, convenga hacer una precisión terminológica. Habitualmente se considera población vieja la que tiene más de 65 años. La vejez se define, por lo tanto, a partir de un concepto de edad puramente cronológico en el que no entran consideraciones psicológicas, económicas o funcionales. El envejecimiento es un proceso caracterizado por el aumento de la proporción de viejos en una población que es definida como envejecida cuando las personas mayores de 65 años representan más del 10 por 100 del total de habitantes. Hacia 1986 habría en España casi 4,7 millones de personas con 65 y más años. El valor porcentual que sobre la población española suponían era del 12,20, el cual nos sitúa en el pelotón de las naciones con estructura envejecida, si bien, nuestra situación es más favorable que la de otros países europeos con las excepciones (para todo casi siempre son las mismas) de Grecia, Portugal, Irlanda e Islandia.

La nota distintiva del envejecimiento español es la fuerte aceleración que adquiere en las dos últimas décadas. Aunque el porcentaje de población vieja ha ido creciendo a lo largo de todo el siglo, el valor que tenía en 1970 (9,7 por 100) no nos identificaba todavía como un país «viejo». Sólo a partir de entonces, atravesamos la frontera de tal estado en el que escalamos posiciones cada día.

El envejecimiento de la composición general por edades ha estado acompañado por un envejecimiento de la propia vejez y, por una pérdida de importancia del grupo de población joven (los de menos de 15 años). Cada vez son más las personas que cumpliendo los 65 años rebasan los 75. La «tercera edad» (65-75 años), incorpora más gente a la «cuarta» (75 años y más) que hoy reúne en nuestro país a más de 2 millones de personas y representa el 40 por 100 del total de individuos de 65 años y más.

Algunos datos más pueden ayudar a perfilar la imagen sociodemográfica de la vejez en España (la información procede del Padrón Municipal de 1986). Nuestro país, como la inmensa mayoría de las naciones desarrolladas, tiene una estructura por sexos en la que dominan las mujeres sobre los varones, pese a que todos los años nacen más hombres que féminas. Esta desigualdad alcanza su mayor intensidad en el grupo de personas de 65 años y más, entre las que sólo hay 68 varones por cada 100 mujeres (en cifras absolutas hay casi 900.000 mujeres más que hombres en el conjunto de la tercera y cuarta edad). La mayor longevidad de las mujeres determina cambios significativos en el estado civil a partir de los 65 años. En ambos sexos, los porcentajes de solteros se mantienen prácticamente iguales a cualquier edad desde los 65 años. En cambio, los valores porcentuales de casados/as disminuyen y aumentan los de viudos/as. El fenómeno es particularmente acusado en el caso de las mujeres. A los 64 años (la antesala de la vejez estadística) el porcentaje de viudas sobre la población femenina de esa edad es del 23 por 100; a los 75 años asciende al 50 por 100 y a los 90 ya alcanza el 82 por 100. La sobremortalidad masculina, que se intensifica en las edades altas, es la responsable de tal situación. Finalmente, una circunstancia dolorosamente singular que afecta a la población vieja es su bajo nivel de instrucción. Las personas de 65 años y más reúnen la mitad de los analfabetos españoles y de esa mitad 3/4 partes son mujeres. Sin duda, en el futuro, tendrá que (deberá) reducirse este volumen.

El envejecimiento de la población española, causado básicamente por el retroceso de la fecundidad, tiene importantes consecuencias económicas, sociales y políticas. Algunas personas ven en la reciente caída de la natalidad un factor positivo por cuanto la reducción de niños-jóvenes puede contribuir a desmasificar las congestionadas aulas universitarias y aliviar la presión sobre un mercado de trabajo que tiene entre sus mayores desheredados precisamente a los jóvenes. No obstante, debe tenerse en cuenta que las transformaciones de las variables demográficas se producen con lentitud y que sus consecuencias van más allá del corto plazo. Por ello una visión más enfocada del binomio desnatalidad-envejecimiento, a la media y larga distancia, ofrecerá imágenes menos positivas y dignas de consideración. Probablemente, a partir del primer decenio del próximo siglo (o antes) la llamada tasa de dependencia tenderá a crecer hasta situarse en una de las más altas de Europa. Ello, en lenguaje menos técnico quiere decir que el número de personas no activas (jóvenes y especialmente viejos) que deberá soportar la población activa (adultos) será tan elevado que la misión de sostén económico de esta última se verá seriamente amenazada.

Esta referencia nos lleva directamente de la mano al tema de las pensiones que hoy preocupa tanto a los trabajadores que se acercan a la edad de la jubilación. Los logros alcanzados en este terreno han sido importantes a lo largo de los ochenta; pero los esfuerzos deberán intensificarse en el futuro, no sólo porque el número de pensionistas va a crecer de forma considerable, sino porque habrá que mejorar la cuantía de muchas de las pensiones actuales, que resultan insuficientes para permitir unas condiciones de vida dignas a sus beneficiarios. E igualmente, el envejecimiento provocará el crecimiento de otra de las partidas de los gastos sociales: la relativa a la sanidad ya que, como es sabido, la población vieja consulta más al médico que los adultos o jóvenes, consume muchos más medicamentos y tiene una tasa de hospitalización superior.

Desde el punto de vista laboral, el envejecimiento general de la población provoca el específico de la masa laboral. Los trabajadores (cada vez más) que se sitúan en los grupos etarios terminales aportan conocimientos, habilidades y experiencias que constituyen un haber indudablemente positivo; pero, al mismo tiempo, suelen tener un menor dinamismo y espíritu emprendedor, lo cual entorpece el proceso técnico y la modernización. El hecho no es anecdótico en ciertas empresas y sectores donde la renovación tecnológica exige actitudes y habilidades que son difíciles de encontrar entre las personas mayores. El envejecimiento de la masa laboral origina, por otro lado, una elevación de los costes salariales medios que puede combinarse con una reducción de la productividad, lo cual repercute negativamente sobre la competitividad de las empresas.

Pese a todo, la consideración de los inconvenientes que genera el envejecimiento no debe hacer olvidar el análisis de las consecuencias que para ellos mismos provoca el fenómeno, incluido el problema social de su marginación. La salida de la actividad constituye un duro golpe para las economías de los individuos y de las familias. La mayoría de las pensiones son modestas y, únicamente representan entre el 20 y el 50 por 100 de los ingresos que percibía un trabajador en los años previos a la jubilación. El modo y la calidad de vida tienen que adaptarse a la nueva situación económica que para muchas personas supone grandes estrecheces. El deterioro económico puede ser agravado por la soledad, que no constituye un patrimonio exclusivo de los viejos, pero sí uno de sus atributos más amargos. El cambio de modelo de la familia en España, desde un tipo anteriormente más difundido de familia extensa a otro predominante de familia reducida, ha multiplicado considerablemente el número de personas que viven solas, más de la mitad de las cuales pertenecen a la tercera y cuarta edad.

Por último, y desde el punto de vista sociopolítico, es preciso considerar la influencia que la población vieja puede ejercer en la vida pública española, puesto que ya representan el 17 por 100 de los votos, porcentaje que, sin duda, tenderá a crecer en el futuro.

El paro que no cesa

El año 1985 se alcanzó la tasa de paro más alta desde la transición. El índice llegó a ser del 22 por 100 con una cifra de parados en torno a los tres millones. El fuerte crecimiento de los salarios, la crisis energética, la rigidez inicial del mercado de trabajo y la entrada en él de las generaciones más numerosas de la etapa del «baby boom» español (finales de los cincuenta mediados de los sesenta) constituyen las razones básicas de esta situación, sin olvidar las repercusiones provocadas por el retorno de emigrantes y la creciente incorporación de la mujer a la vida activa fuera del hogar.

Desde entonces, la situación fue mejorando paulatinamente hasta 1989, que registró una tasa media de paro del 17 por 100 y una cifra absoluta de parados de 2,5 millones. Se produjo un notable aumento del empleo originado por un crecimiento de la producción y de forma especial por el fuerte tirón de los servicios. En los meses iniciales de 1990 el proceso de recuperación del empleo se mantuvo, pero en el pasado mes de agosto la cifra de parados volvió a aumentar como consecuencia de la recesión observada en el sector turístico, cuyas consecuencias quizás se vean agravadas por el conflicto del Golfo Pérsico. Así pues, el paro no cesa y sigue constituyendo un triste protagonista que ensombrece con sus secuelas de marginación, pobreza y frustración, el (mal) funcionamiento de la economía y la vida de la sociedad.

El paro no cesa y sigue constituyendo un triste protagonista que ensombrece con sus secuelas de marginación, pobreza y frustración, el (mal) funcionamiento de la economía y la vida de la sociedad.

El desempleo varía con la edad, el sexo, el sector de actividad, el nivel de instrucción y el territorio.

Los jóvenes son los más afectados por el paro, aun cuando su situación ha mejorado. A mediados de los ochenta la tasa de paro de las personas entre 16 y 19 años era del 56 por 100 y la del segundo grupo de actividad (20-24 años) del 45 por 100. En 1989 los valores se habían reducido respectivamente a un 38 y a un 32,5 por 100. Ahora bien, esta reducción del desempleo se ha producido con frecuencia a través de modalidades de trabajo eventual y precario, cuando no de ocupaciones sumergidas. Desgraciadamente desempleo, subempleo y precarización del trabajo constituyen notas distintivas que definen todavía la actividad (inactividad) de la juventud española. No sólo, pero en parte, ello contribuye a franquear la puerta a la delincuencia y las toxicomanías que afectan en proporciones tan sensibles a nuestra juventud.

En general, las mujeres y en particular las más jóvenes tienen tasas de paro más altas que los varones. En 1989 el índice de desempleo de los hombres fue del 13 por 100 y el de las féminas casi del doble. No obstante, hay que señalar que el crecimiento de la actividad femenina, tanto en cifras absolutas, como relativas, constituye uno de los aspectos más significativos de la evolución reciente de la actividad en nuestro país. La incorporación de la mujer al trabajo ha sido facilitada por razones económicas (proceso de terciarización) e ideológicas (cambio de actitud respecto del papel y la función que la mujer ha de desempeñar en la sociedad). Pero tal incorporación se ha visto mediatizada (y por ello no alcanza los valores que en otros países del entorno) por la rigidez del mercado laboral que no oferta suficientes actividades a tiempo parcial y no facilita la entrada y salida del trabajo a las mujeres casadas, a las que no resulta hacer fácilmente compatible el trabajo en el hogar y el desarrollado fuera de él.

Es preciso considerar la influencia que la población vieja puede ejercer en la vida pública española, puesto que ya representan el 17 por 100 de los votos, porcentaje que, sin duda, tenderá a crecer en el futuro.

En cuanto al nivel de instrucción, el paro afecta de manera más intensa a las personas que tienen niveles inferiores de estudios. La competencia por los puestos de trabajo es grande y el mercado laboral concede más fácilmente sus favores a las personas más preparadas, muchas de las cuales acaban desempeñando ocupaciones alejadas de su preparación o sus intereses.

El sistema educativo proporciona lo que mejor consume el sistema productivo del país, pero en cuantía que éste (sobre todo en determinadas actividades) no es capaz de absorber. Ahora bien, decir que los centros que imparten estudios medios y superiores constituyen una fábrica de parados es sólo una verdad a medias. Los jóvenes se han incorporado masivamente a ellos, especialmente a la Universidad, en parte como una alternativa a la falta de expectativas laborales y además como una manera de adquirir los conocimientos (y el título) que faciliten el logro de un trabajo, aunque sea en puestos de categoría inferior. Que un nivel de instrucción más alto es un buen remedio contra el paro lo prueba el hecho de que a todas las edades las personas analfabetas o las que no tienen estudios son las más repudiadas en el mercado laboral.

Por sectores de actividad, la tasa de paro más alta corresponde a la construcción (alrededor del 15 por 100 en 1989), seguida por la agricultura (12,5 por 100), la industria (8,7 por 100) y los servicios (8,5 por 100) tienen niveles más bajos.

Las regiones más afectadas por el paro son Andalucía (tasa del 27,25 por 100) y Extremadura (26,32 por 100), con cifras que rebasan ampliamente la media nacional. Las zonas más industrializadas (País Vasco, Barcelona) presentan igualmente cifras de paro superiores a la media del país sin alcanzar valores tan altos como aquéllas. Las tasas más pequeñas se localizan en algunas provincias rurales y envejecidas del interior y de Galicia, con índices de actividad elevados.

Este es a grandes rasgos el panorama que ofrece la evolución reciente de nuestra demografía que, afectada por transformaciones poderosas, quizás necesitaría de un encauzamiento sensato para que alguna de sus consecuencias no resultasen irremediables. En este trabajo me he limitado a realizar un diagnóstico de la situación con el fin de dar a conocer los perfiles y la magnitud de los problemas existentes.

Dejo para otra ocasión la oferta de posibles soluciones que se hacen cada día más urgentes y necesarias.

Pausa ecológica:¿Reflexión para la supervivencia?

Recientemente, el profesor González Bernáldez y Arturo López Ornat describían los cambios de actitud en las campañas conservacionistas de algunas organizaciones no gubernamentales (ONG), a lo largo de las últimas décadas: en los años sesenta eran protagonistas las especies animales, en los setenta se centraban en los hábitats, más tarde «se abre paso la convicción de que la conservación de hábitats y especies, sin integrar las poblaciones humanas ni atender sus necesidades, era empresa imposible».

¿Se podría escribir una historia similar de las actitudes de los gobiernos en esos mismos años? Tarea más fácil o más difícil, según se mire; en cualquier caso con menor contenido, porque las políticas ambientales han ido siempre a remolque de las presiones de las ONG, con etapas inevitables de críticas a su «catastrofismo» y cánticos al desarrollo versus la conservación de flores y pajaritos. De todos modos, tal historia podría resumirse en que primero en los países desarrollados, en goteo temporal directamente relacionado con su renta per cápita, y luego en algunos de los países en vías de desarrollo, se han ido estableciendo figuras y estructuras administrativas directamente encargadas de lo ambiental, o vinculadas a la consideración de los valores ambientales en la toma de decisiones. Surgen así las Agencias, Ministerios o Secretarías de Medio Ambiente, las evaluaciones de impacto ambiental (EIA), las redes de espacios protegidos, etc.

Problemas globales

Habría que completar este panorama, sin embargo, señalando que los actores no son solamente las ONG y los gobiernos, sino que también participan las organizaciones e instituciones internacionales: Consejo de Europa, Comunidad Europea, OCDE, Unesco, Naciones Unidas con su Programa para el Medio Ambiente, PNUMA, y la Comisión Económica para Europa, CEPE, etc, todas ellas en una postura mucho más próxima a los criterios de las ONG que a las actitudes de los gobiernos. Esto es así, sobre todo, desde la reciente aparición de los problemas ambientales «globales» en el primer plano de las inquietudes científicas y de las páginas y ondas informativas.

Problemas ambientales globales son aquéllos que afectan a todo el planeta, que tienen incidencia en magnitudes medias o procesos de funcionamiento a escala del globo. Son, por tanto, problemas ambientales globales el posible cambio climático por el incremento en la atmósfera de gases productores del efecto invernadero, la aparición de los ya célebres agujeros de la capa de ozono en la altura de las latitudes polares, la desaparición de la reserva genética depositada en las especies animales y vegetales ya inexistentes, el avance galopante de la desertización, las lluvias ácidas, la contaminación prácticamente irreversible de acuíferos….

Todo aquel interesado en la producción científica sobre temas ambientales en los últimos 30 años puede constatar que todos esos problemas estaban anunciados e iban siendo progresivamente detallados en cuanto al conocimiento de los procesos y plazos de agravamiento en función de las circunstancias de actuación humana. Desgraciadamente, al igual que sucede de igual forma que con las más expresivas denuncias de las ONG, los gobiernos tampoco parecen fiarse mucho de este elenco científico, aunque ahora, ciertamente, tienen más fácil la inhibición porque las instituciones internacionales antes mencionadas han tomado las riendas, y poco menos que continuamente promueven reuniones para ponerlos de acuerdo en convenios y tratados.

¿Cómo exigir a los países amazónicos que conserven las selvas tropicales, si los países desarrollados han eliminado sus propios bosques?

Otra cosa es el cumplimiento de estos acuerdos. Dos de los más paradigmáticos, uno ya vigente y otro en fases previas de discusión, son el protocolo de Montreal (relativo al control de sustancias que afectan a la capa atmosférica de ozono), y el posible convenio relativo al cambio climático, cuyas bases científicas están siendo tratadas por el PICC (Panel Internacional para el Cambio Climático). Durante los últimos meses, verano de 1990, algunas reuniones sobre ambos asuntos han supuesto un duro revés para la esperanza de una asunción de responsabilidad ambiental ante el futuro por parte de los gobiernos: guerras de cifras técnicas, discusiones de plazos («¿qué son 10 años más o menos si llevamos haciéndolo tan mal durante siglos?»…) y ¡atención!, quién carga con los costes. Porque cuando el tradicional «el que contamina paga» se aplica a los gobiernos, el principio parece que pierde la virtualidad tan clara que se le atribuye cuando se aplica a empresas individuales. Mas ¿cómo exigir a los países amazónicos que conserven a sus expensas, y limitando su precario desarrollo, el sumidero de carbono que es la selva tropical húmeda, porque «la necesitamos todos», para luchar contra el efecto invernadero en «toda la tierra», porque los países desarrollados, por estar tan desarrollados, hemos eliminado nuestros bosques y estamos emitiendo el CO2 de nuestras centrales energéticas?

Este es el problema de solidaridad, actual y diacrónica, de reconocimiento de causas o culpabilidades, y de asunción de responsabilidades que se plantea. Y que los gobiernos deben aceptar, en su más pleno sentido, porque hasta ahora, no nos engañemos, no lo han aceptado.

Futuro

Aceptar eso, significaría situar estos problemas en el nivel de prioridad que les corresponde, que es muy alto: nos estamos jugando el futuro del planeta, no un resultado electoral. Aceptar eso, significaría asumirlo conceptualmente, y entonces no podríamos escuchar como argumento de autoridad que una alternativa de una obra ingente, el Tren de Alta Velocidad, de enormes repercusiones ambientales, es preferible a otra «porque podría llevarse a cabo un año antes», por ejemplo.

Ante estas situaciones de responsabilidad global y generacional, los ejemplos de buenos propósitos nos vienen, otra vez, de los sufridores, de los países no desarrollados. Brasil se ha lanzado al establecimiento de una zonificación de carácter económico y ecológico que permita la ordenación de las actividades humanas en la Amazonia brasileña. Y, Bolivia, un paso aún más trascendente por lo que significa de congruencia con la lógica de actuación frente a los procesos destructores actuantes: Por Decreto Supremo N.º 22407 de 11 de enero de 1990, el presidente Constitucional de la República, Jaime Paz Zamora, ha dispuesto la vigencia, en todo el territorio nacional, de una Pausa Ecológica Histórica de cinco años de duración. «Esta determinación se funda en la necesidad de establecer el espacio de tiempo indispensable para permitir una reordenación de todos aquellos procesos que, por su impacto sobre la naturaleza, hacen peligrar la sustentabilidad de la base material de la vida humana y del patrimonio natural boliviano.»

La «pausa ecológica histórica» se inicia con la prohibición de nuevas concesiones forestales por un período de cinco años, y en dicho período habrán de redactarse reglamentos específicos concernientes al sector forestal, los recursos hídricos, la flora y la fauna, las áreas protegidas y otros, con un tratamiento multisectorial, considerando especialmente las causas generales de los problemas en cada uno de estos temas, antes que sus manifestaciones puntuales. «Aceptamos el criterio de la corresponsabilidad internacional frente al deterioro global del medio ambiente. El progreso y la tecnología han traído también degradación ambiental y, lo que es peor, no han resuelto el problema de la marginalidad y la pobreza en países como los nuestros. ¡Qué paradoja escuchar de Bolivia semejante aceptación!» El resumen de estos planteamientos es: pensar antes de actuar de forma irreversible sobre recursos valiosos, escasos, algunos renovables pero todos agotables hoy día con nuestras disponibilidades tecnológicas.

Es muy probable, conociendo la idiosincrasia, que en más de un despacho decisorio afloren sonrisas ante la «ingenuidad» de la «pausa» boliviana. Pero, se quiera o no se quiera entender, ese decreto está haciendo más peaje por nuestro futuro y por nuestro desarrollo, mucho más, que bastantes miles de kilómetros de autopista de peaje.

Crisis del ahorro familiar

Un reciente informe de la Comisión Europea revela que el volumen de ahorro en los países comunitarios crece a un ritmo muy lento, un 1,8 por 100 de media, desde 1982, una vez superadas las consecuencias de las primeras graves crisis del petróleo. Según este estudio, en 1990 se producirá un estancamiento y en 1991 el aumento será moderado.

Conviene advertir que tales estimaciones se hicieron antes del pasado 2 de agosto, fecha en la que Irak invadió Kuwait y abrió un nuevo periodo de incertidumbre que incide seriamente en todas las economías occidentales y, por supuesto, también en la nuestra. De acuerdo con el informe, la tasa de ahorro española cayó en más de ocho puntos respecto de la década 1960-1970 y se ha recuperado en un 3,8 por 100 a partir de 1982, aunque la evolución revela una práctica regresión en el ahorro doméstico en beneficio de un fuerte impulso de la demanda interna. Para frenar ésta e incentivar el ahorro de las familias aconseja el estudio la suavización de los correspondientes regímenes fiscales.

Este es el marco general delineado por los expertos de Bruselas antes de que se produjeran los últimos acontecimientos. No ha habido tiempo aún para pronunciarse seriamente sobre la incidencia de la crisis, cuya intensidad y duración son una incógnita en el momento de escribir estas líneas. En cualquier caso no parece que el futuro inmediato se pueda contemplar con optimismo desde la perspectiva de un ahorro que lógicamente se verá castigado por el recrudecimiento de las tensiones inflacionistas.

Consumo

Veamos ahora cómo se viene comportando esta variable en el caso concreto de nuestro país. En el último informe anual del Banco de España se subraya que el conjunto de familias y empresas registró en 1989, por primera vez desde 1977, un saldo negativo de su cuenta de capital, con caída de 2,7 puntos del PIB, caída sólo comparable por su magnitud a la registrada en 1974, tras la primera crisis del petróleo. El descenso de la tasa de ahorro de las familias se debe, sobre todo, a una aceleración de los gastos de consumo, especialmente notable en el primer semestre del pasado ejercicio, favorecidos por el retraso en la presentación de las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por el acceso relativamente fácil al crédito bancario. En el segundo semestre, el Gobierno adopta diversas medidas de carácter restrictivo para evitar el recalentamiento de la economía y frenar la expansión de la demanda interna. Sin duda, el proceso se desacelera aunque no en la medida deseable. El Banco de España señala que la tasa de ahorro de las familias aparece estabilizada en niveles insuficientes para financiar el proceso de inversión que sostiene actualmente el sector privado. El informe añade, textualmente: «Es posible, no obstante, que si la economía española consolida su crecimiento en tasas reales, pero sobre todo nominales, moderadas, el ahorro de las familias se recupere gradualmente en la medida en que una parte sustancial de los gastos de consumo realizados en los últimos años ha supuesto un adelantamiento del poder de compra destinado a adquirir bienes de uso duradero que, en gran medida, seguirán prestando sus servicios en el futuro».

La coyuntura, sin embargo, no parece propiciar estas tendencias. Las perspectivas no son favorables y, en este sentido, tanto el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 1991 como el proyecto de reforma de la normativa que rige el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no contienen mecanismos incentivadores del ahorro y de la inversión. Por otra parte, el recrudecimiento de las presiones inflacionistas no estimula tampoco el espíritu ahorrador.

También hay que recordar que la expansión del consumo ha tenido un importante soporte crediticio. Las tasas de crecimiento del crédito concedido por bancos y cajas de ahorro para actividades no productivas registran una trayectoria significativamente alcista con porcentajes sobre el trimestre anterior que van del 16,92 en los primeros tres meses de 1989, al 21,27, 21,86 y 18,93 en el último como consecuencia de las disposiciones de signo restrictivo adoptadas por las autoridades económicas en julio de ese año, restricciones que se han mantenido a lo largo del actual ejercicio. Lo cierto es que hasta el momento en que se instala en el sistema la restricción crediticia, la demanda de préstamos por parte de particulares ha sido muy fuerte. En ello, sin duda, influía de un lado la menor sensibilidad al coste de la financiación -la escalada de los tipos de interés ya se estaba produciendo y de otro la mejora de sus expectativas de mayor renta futura. Se incrementaba así la capacidad de endeudamiento de las economías domésticas, teniendo como principal objetivo el consumo y, por tanto, en detrimento del ahorro puro.

Conviene además tener en cuenta a este respecto que según los datos del informe económico elaborado por el Banco Bilbao Vizcaya, el poder adquisitivo real de los españoles fue en 1989 de 10.137 dólares por habitante y año, lo que equivale al 74 por 100 de la media de los países de la Comunidad Económica Europea, un punto porcentual por debajo del nivel alcanzado en 1988. El poder adquisitivo medio español superó en 1989 al irlandés en un 17 por 100; al griego en un 40 y al portugués en el 44 por 100, pero equivalía, por ejemplo, al 70 por 100 del francés o al 48 por 100 del norteamericano.

Resulta aconsejable tratar de moderar el crecimiento de la imposición directa sobre las familiar. La evidencia muestral indica que la rápida escalada de la fiscalidad ha contribuido de forma importante a la caída del ahorro familiar.

Esta regresión tiene un reflejo en las cuentas de las entidades de crédito. Los créditos morosos acumulados en el primer semestre del actual ejercicio -según datos del Banco de España- ascendían a casi 900.000 millones de pesetas, con aumento de 114.000 millones en el periodo de referencia. De esa cifra, aproximadamente el 48 por 100 correspondía a los bancos; un 45 por 100 a las cajas de ahorro y el resto a las cooperativas. En la fecha de referencia, los clientes poseedores de tarjetas de deuda tenían pendiente de pago algo más de 140.000 millones de pesetas: 94.000 millones a bancos y 48.000 a cajas de ahorro.

Presión fiscal

Como ya hemos dicho, a partir de 1985 el ahorro doméstico viene contrayéndose, coincidiendo precisamente con la trayectoria alcista de la presión fiscal directa sobre las familias. En un trabajo reciente, el profesor Raymond llega a la conclusión de que 100 pesetas adicionales de impuestos directos personales detraen 75 pesetas del ahorro familiar y 25 del consumo. Un crecimiento rápido de la fiscalidad, señala, puede originar que el incremento de recaudación se financie con minoración del ahorro, manteniéndose el consumo relativamente invariable. Lo que ha venido sucediendo en nuestro país en los últimos años responde de modo muy aproximado a esta formulación. En sus conclusiones, José Luis Raymond dice: «Resulta aconsejable tratar de moderar el crecimiento de la imposición directa sobre las familias. La evidencia muestral indica que la rápida escalada de la fiscalidad ha contribuido de forma importante a la caída del ahorro familiar.

Adicionalmente, en el caso de España, a pesar de los elevados tipos nominales de interés, la conjunción de inflación y progresividad comporta que la rentabilidad real neta de impuestos sea muy baja y a partir de determinados niveles de renta, prácticamente nula o negativa. En este sentido, una rebaja de tipos marginales es necesaria para establecer condiciones objetivas para que el ahorro se produzca. La moderación de la imposición directa puede financiarse a través de la sustitución de impuestos directos por indirectos. Ello no debería comprometer la recaudación y, por tanto, el ahorro público, al propio tiempo que constituye un acicate para el ahorro privado».

Conviene, sin embargo, advertir que es premisa esencial para que el beneficio de este proceso recaiga sobre la mejora del ahorro nacional que la mayor presión fiscal no debe traducirse en aumento inmoderado del gasto público, especialmente el de carácter consuntivo, no productivo.

Ni el vigente Presupuesto del Estado para 1990 ni el Proyecto de Ley que contempla ingresos y gastos para 1991 se alinean con las tesis estimuladoras del ahorro de los particulares y las circunstancias de crisis a nivel mundial trazan horizontes de incertidumbre en el futuro inmediato y alimentan, al tiempo, las expectativas inflacionistas, expectativas que en muchos casos alientan el consumo hasta el límite en que éste se ve frenado por la severa restricción en la concesión de créditos. De modo que no sólo el ahorro sino también la actividad inversora productiva se ven parcialmente constreñidos por la adversa coyuntura.

Pero es que tampoco la propuesta reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuya aplicación, por cierto, se va a retrasar un año más para discutirla con sosiego y serenidad en el Parlamento; tampoco en este proyecto, repetimos, aparece en principio adecuadamente incentivado el ahorro familiar, aunque la opinión de los expertos se manifiesta unánime en la especial consideración que debe tener esta rúbrica fundamental de la vida económica.

«Supercuentas»

Por otra parte, hay que señalar que la aparición hace más de un año del fenómeno de las «supercuentas» en el escenario español ha producido serias distorsiones en el comportamiento habitual de los ahorradores, especialmente los de carácter modesto, los cuales, por tradición vienen a identificarse mayoritariamente con la variable de ahorro familiar. Se han producido trasvases en la colocación de los depósitos, atraídos éstos por el señuelo de remuneraciones por encima del nivel normal. Sin embargo, en muchos casos se trata de un puro espejismo porque tales retribuciones no amparan a la totalidad de los recursos y, por otra parte, los teóricos beneficios se encuentran sometidos a fuertes retenciones y a pagos, no siempre bien explicitados, de determinadas comisiones y de supuestos servicios.

De modo que no sólo el ahorro, sino también la actividad inversora productiva se ven parcialmente constreñidos por la adverdsa coyuntura.

Vamos a terminar estas reflexiones con un sucinto análisis de la evolución de los depósitos en bancos y cajas de ahorro procedentes del sector privado. En primer lugar, recogemos la posición y evolución de los recursos ajenos de la banca privada y de las cajas de ahorro en los primeros seis meses de 1990 y 1989, contabilizados en millones de pesetas: (ver figura).

La estructura financiera del saldo global de los 37,3 billones de pesetas de recursos ajenos acreditados por el sector privado, también en millones de pesetas: (ver figura).

La distribución del incremento neto contabilizado en el primer semestre presenta desviaciones que son atribuibles a la aparición de las supercuentas. En este sentido, el incremento más sensible se observa en el apartado de cuentas corrientes, tradicionalmente de bajo costo y gran liquidez, condiciones que en la actualidad han desaparecido ya que la alta rentabilidad se corresponde con una práctica estabilidad de los saldos.

Desde el punto de vista de las entidades, la estructura de los depósitos del sector privado en bancos y cajas confederadas ofrece las variaciones en el primer semestre del ejercicio: (ver figura).

Como puede verse, las variaciones revelan una orientación clara hacia las cuentas corrientes especialmente afectadas por retribuciones elevadas. Pero no cabe duda de que este fenómeno es coyuntural y tiene carácter transitorio, por la fuerte incidencia en la cuenta de resultados de las entidades. Sin embargo, las cuentas de ahorro que tradicionalmente se asimilan en términos generales al ahorro doméstico sufren un sensible retroceso.

Esta es la situación cuando el porvenir de la economía española aparece ensombrecido por la propia evolución de la coyuntura y la incidencia de la crisis externa. En estas circunstancias una pronta recuperación del ahorro familiar parece utópica y, sin embargo, el crecimiento estable de la economía española requiere el retorno a los niveles de hace más de cinco años.

Paro, mercado de trabajo y crisis económica

El conflicto del Golfo y la subida del precio del petróleo han tenido repercusiones rápidas e importantes en la economía mundial. No creo que sea este problema político la causa de la mayor parte de los problemas a los que hoy debemos enfrentarnos, pero ha supuesto un indudable agravamiento de muchos de ellos, no sólo por provocar aumentos de costes de producción y transferencias de rentas, sino, sobre todo, por afectar en forma muy negativa a las expectativas a corto plazo.

Se ha dicho a menudo últimamente que, a causa de la nueva crisis del petróleo, los españoles somos hoy más pobres. Esto es cierto sin duda -y hasta trivialmente cierto, pero no deberíamos exagerar tal empobrecimiento. Se ha calculado que cada una de las dos crisis anteriores del mercado petrolífero supusieron para los países de la OCDE la transferencia a los miembros de la OPEP de un 2 por 100 aproximadamente de su producto nacional bruto. Hoy, con una dependencia menor del petróleo, una subida de precios similar a las experimentadas entonces difícilmente generaría transferencias superiores a un 1 por 100 del producto nacional bruto. La cifra es cuantiosa, sin duda, pero tolerable.

Lo que ocurre es que en la economía mundial están sucediendo también muchas otras cosas, entre ellas un comienzo de recesión en los Estados Unidos que puede manifestarse en cualquier momento, y que los mercados y los inversores tienen muy presente. En lo que a España se refiere, los años de fuerte crecimiento de la demanda interna han dejado a nuestra economía en una situación delicada que ha obligado al gobierno a empezar a aplicar una política contractiva. Tampoco en España el conflicto del Golfo creará una crisis económica, pero podrá incidir significativamente en la recesión que empieza a dibujarse.

Una peculiaridad de la economía española es que los años de fuerte expansión no han conseguido más que reducciones pequeñas del índice de paro. Es cierto que este índice es muy poco fiable y que nadie sabe con certeza cuánta gente en España está hoy realmente desempleada. Pero, en todo caso, una tasa de paro superior al 15 por 100, que prácticamente dobla la media de la de los países de la OCDE, es muy elevada. Y hay que tener en cuenta, además, que esto sucede en una población activa reducida, en la que la participación de las mujeres es aún bastante baja.

Tampoco en España el conflicto del Golfo creará una crisis económica, pero podrá incidir significativamente en la recesión que empieza a dibujarse.

Los primeros signos de la crisis se han manifestado ya. Los datos del mes de septiembre indican un debilitamiento de la demanda de trabajo y algunas empresas empiezan a manifestar su propósito de no renovar parte de los contratos temporales de sus trabajadores. Hoy todo el mundo reconoce que, a corto plazo, el aumento del paro parece inevitable.

¿Cómo actuar ante esta situación? Temo que estas circunstancias puedan hacer que la economía española se enfrente a un grave peligro: la posible marcha atrás en el proceso de liberalización del mercado de trabajo iniciado hace ya algunos años. Si la crisis se agudizara, la presión sindical en este sentido podría llegar a ser tan fuerte que obligara al gobierno a ceder en la aplicación de medidas que redujeran la flexibilidad de contratación.

Esto, a medio plazo, sería muy peligroso. Los no muy brillantes éxitos en la creación de empleo de los últimos años se han logrado gracias a la liberalización de la contratación temporal. Sin ella el paro sería hoy aún mayor de lo que es. Volver al sistema anterior de rigidez de plantillas significaría no sólo un ajuste más largo y difícil -como sucedió en las dos crisis anteriores- sino, además, romper las expectativas favorables con respecto a este mercado, que han tenido efectos importantes en la expansión de los últimos años.

Es más, esta liberalización debería extenderse a las formas mismas de negociación de los incrementos salariales. Desde el punto de vista de la teoría económica tienen poco sentido las discusiones entre sindicatos y organizaciones patronales que se dan actualmente, no sólo por la a veces dudosa representatividad de quienes negocian, sino, sobre todo, porque las relaciones entre oferta y demanda y entre salarios y productividad no pueden considerarse en términos globales para toda la economía, sino que deben ser tenidas en cuenta en cada caso particular.

No debe, en consecuencia, preocuparnos tanto un aumento coyuntural del paro como las medidas que podrían adoptarse para su solución. Esta nunca se encontrará en el empleo fijo y en la prohibición de despido aun en los casos de caída de la demanda. Eliminando los síntomas no se cura la enfermedad.

Política energética española

Por segunda vez, el aldabonazo de una crisis de recursos energéticos manifestada por el incremento desorbitado de los precios del crudo del petróleo, golpea las economías de los países del orbe, tanto los desarrollados, como los en desarrollo, tercer mundo e incluso amenaza a los propios países productores del petróleo.

Si bien las razones de julio/agosto del 90 difieren sustancialmente de las que estuvieron presentes en la Navidad de 1973, la incidencia sobre las economías de un incremento en los precios del crudo presenta una imagen semejante.

En aquel momento, como tuvimos ocasión de dejarlo patente en una monografía sobre la crisis, el sentir de los países de la OPEP constituía una voluntad unánime dirigida a revalorizar sus reservas de petróleo y a incrementar los ingresos derivados de su explotación. Con el liderazgo intelectual del ministro saudí de Petróleo, jeque Jamani, y la presión política del Gobierno de Irán, el precio del barril de crudo se vio incrementado en más de cuatro veces respecto al nivel que había tenido a comienzos del mismo año.

También entonces y sin duda para ensombrecer la apetencia económica a que conducía los ingresos por la venta de un crudo revalorizado, una cumbre en Argel, en octubre de 1973 cuando ya la crisis era palpable, hacía profesión de fe islámica frente al peligro sionista y su apoyo occidental. Pero ante manifestaciones de los protagonistas, tales como «es mejor guardar el petróleo en el yacimiento que los dólares en el banco» -no olvidemos que el dólar USA se había depreciado ya en dos ocasiones recientes- resultaba difícil aceptar que el motivo subyacente que determinaba la restricción productiva y consecuentemente la elevación de precios era de tipo religioso.

A finales de julio pasado, una nueva restricción productiva y la amenaza de un colapso más duradero en la producción de crudos vuelve a imponerse, esta vez no por consenso de la OPEP, pero con el mismo retraso con que se produjo en 1973, alegando también la defensa de principios islámicos contra la occidentalización de los pueblos y mundo árabe.

El escepticismo en esta ocasión es mayor todavía del que lo fuera respecto a la cumbre de Argel en 1973. En este caso (julio 1990) un país árabe, con el que no se contaba para el liderazgo del espíritu religioso islámico, invade otro país árabe apropiándose de todos sus bienes y, por tanto, de su petróleo. La reacción mundial no se hacía esperar. El panorama, una restricción de hecho en el abastecimiento de crudos (los 55 millones de barriles diarios de producción mundial se ven inicialmente reducidos a cuatro millones de barriles/día que venía siendo la producción de Irak y Kuwait), atenuada en parte por el aumento de producción de Arabia Saudí y Venezuela (incrementan su producción en tres millones de barriles/día para compensar la disminución de los cuatro millones de Irak y Kuwait), pero por contra, escasez relativa acentuada como consecuencia de movimientos especulativos y de atesoramiento que llevarán el precio del crudo «Brent» desde los 22,13 US $ del 2 de agosto del 90 al máximo de 38,80 US $ el 1 de octubre último, manifestándose a partir de esa fecha una ligera tendencia a la baja que lo sitúa en 36,10 US $ el día siguiente, 2 de octubre.

No es necesario poner más énfasis en el efecto inflacionario que una elevación en el precio de los crudos produce en la economía nacional, ni tampoco en el efecto sobre la producción y el empleo de unas medidas contractivas tendentes a frenar el proceso inflacionario; de todo ello, tristemente, tenemos experiencia sobrada. Lo que sí conviene someter a análisis es el resultado de la otra enseñanza que ya en el año 73 nos brindó la crisis del petróleo (crisis energética) y cuya reflexión cobra exigencia en estos momentos.

Resulta sorprendente que una sucesión de gobiernos, con una marcada vocación intervencionista, con un abuso de la discrecionalidad en la administración del poder y siempre dispuestos a planes y políticas, sean tan poco pródigos en los análisis críticos de la relación objetivos/medidas/resultados.

Nuestro país se caracteriza por el diseño de políticas para prácticamente todo, con unos resultados, cuando positivos, que pobremente se aproximan a las pretensiones subyacentes en el establecimiento de las primeras. La impresión para el estudioso es que el establecimiento de una política en cualquier campo es un objetivo en sí mismo y que por tanto satisface en su promulgación las aspiraciones de la actividad pública.

La política energética no está al margen de estas consideraciones. Del año 73, todos los países responsables salieron con una lección aprendida: la necesidad de una política energética que cumpliera simultáneamente dos objetivos.

De un lado, encauzar el proceso de desenvolvimiento económico por caminos ahorradores de energía. Lo que supone intensificar la investigación para mejorar la relación producto/consumo energético, con el fin de disminuir relativamente la demanda de energía.

De otro, intensificar los esfuerzos y prioridades hacia un desplazamiento a las fuentes de energía sustitutivas.

Pese a todos los planes energéticos nacionales, de los que el último es el del periodo 1983-92, los resultados no pueden en modo alguno considerarse satisfactorios, si nos detenemos en el análisis de sus magnitudes.

En cuanto al ahorro de energía en las actividades económicas, es conveniente no olvidar que frente a una evolución del Producto Interior Bruto al coste de factores y a precios constantes cuyo índice en 1989 se sitúa en 157,9 (siendo 1970=100), la demanda de energía primaria en el país alcanza para el mismo año 89 el índice de 149,5 (siendo también 1970=100). Con dos periodos claramente diferenciados: el del mayor peso del crecimiento industrial 1973/1983 y el del crecimiento acelerado de los servicios en el periodo 1984/1989.

En el primer tramo, los índices de la evolución de la demanda de energía se sitúan por encima de los índices del PIB, excepción hecha de los años 1974 y 1975 (anómalos por su puntualidad histórica), mostrando una elasticidad apreciable tanto al alza como a la baja respecto a la tendencia del PIB.

La dependencia del petróleo hace peligrar cualquier proceso de crecimiento económico.

En el segundo periodo, donde gana espacio el sector servicios, de escaso consumo energético, los índices del PIB se sitúan por encima de los de la demanda de energía, si bien manteniendo ésta su misma tendencia.

Cabe pues afirmar que la política energética, en cuanto a ahorro de energía se refiere, ha tenido, si es que lo ha tenido, un escaso efecto positivo. Sí se ha mejorado por contra el nivel de reservas petrolíferas frente a la situación de 1973, ya que en este caso el total almacenado se eleva a casi 10 millones de toneladas. Lo que equivale a un consumo nacional próximo a los 90 días.

La participación del petróleo en la demanda total de energía primaria en España en el año 1973, año de la crisis del petróleo, se cifraba en un 68,1 por 100, estimándose esta participación para el año 1989 en un 53,4 por 100. Participación muy alta que sitúa a la economía española con un lazo de dependencia de los países productores de petróleo que puede hacer peligrar cualquier proceso de crecimiento económico de la economía nacional. Piénsese que la media de la CEE se estima en un consumo petrolífero en el entorno del 45 por 100 de la demanda energética total.

En el carbón, casi nada se ha hecho. El 17 por 100 a que asciende la participación del carbón en la demanda de energía en 1973, para el año 1989 esta cuantía no llega a alcanzar el 22 por 100. Siendo la gran asignatura pendiente la de la energía nuclear que en 1989 alcanza su techo máximo del 14,5 por 100 de la demanda energética total. Porcentaje a todas luces insuficiente que nos arroja en las manos del petróleo, frente a países de nuestro entorno, como Suecia, en donde la energía nuclear supone algo más del 41 por 100 de toda la demanda energética, Suiza un 40 por 100, Francia un 37 por 100, Finlandia un 33 por 100, Bélgica más de un 22 por 100, Hungría más de un 15 por 100, etc. Nuestra participación es semejante a la de Alemania Federal que ha visto mediatizada la expansión nuclear como consecuencia de las imposiciones de las potencias después de la Guerra Mundial.

Lo que resulta incomprensible es que este escaso desarrollo de la energía eléctrica de origen nuclear se atribuye a los llamados costes sociales de la misma. Coste social que políticamente no se llega a poner en relación con el mayor coste social que supone la escasez y dependencia energética. Pero quizá es que una vez más, en este país importa más la política (y específicamente la electoralista) que la política económica, en este caso energética, que proporcione al país una base sólida y duradera en la que edificar su economía.