Pausa ecológica:¿Reflexión para la supervivencia?

Recientemente, el profesor González Bernáldez y Arturo López Ornat describían los cambios de actitud en las campañas conservacionistas de algunas organizaciones no gubernamentales (ONG), a lo largo de las últimas décadas: en los años sesenta eran protagonistas las especies animales, en los setenta se centraban en los hábitats, más tarde «se abre paso la convicción de que la conservación de hábitats y especies, sin integrar las poblaciones humanas ni atender sus necesidades, era empresa imposible».

¿Se podría escribir una historia similar de las actitudes de los gobiernos en esos mismos años? Tarea más fácil o más difícil, según se mire; en cualquier caso con menor contenido, porque las políticas ambientales han ido siempre a remolque de las presiones de las ONG, con etapas inevitables de críticas a su «catastrofismo» y cánticos al desarrollo versus la conservación de flores y pajaritos. De todos modos, tal historia podría resumirse en que primero en los países desarrollados, en goteo temporal directamente relacionado con su renta per cápita, y luego en algunos de los países en vías de desarrollo, se han ido estableciendo figuras y estructuras administrativas directamente encargadas de lo ambiental, o vinculadas a la consideración de los valores ambientales en la toma de decisiones. Surgen así las Agencias, Ministerios o Secretarías de Medio Ambiente, las evaluaciones de impacto ambiental (EIA), las redes de espacios protegidos, etc.

Problemas globales

Habría que completar este panorama, sin embargo, señalando que los actores no son solamente las ONG y los gobiernos, sino que también participan las organizaciones e instituciones internacionales: Consejo de Europa, Comunidad Europea, OCDE, Unesco, Naciones Unidas con su Programa para el Medio Ambiente, PNUMA, y la Comisión Económica para Europa, CEPE, etc, todas ellas en una postura mucho más próxima a los criterios de las ONG que a las actitudes de los gobiernos. Esto es así, sobre todo, desde la reciente aparición de los problemas ambientales «globales» en el primer plano de las inquietudes científicas y de las páginas y ondas informativas.

Problemas ambientales globales son aquéllos que afectan a todo el planeta, que tienen incidencia en magnitudes medias o procesos de funcionamiento a escala del globo. Son, por tanto, problemas ambientales globales el posible cambio climático por el incremento en la atmósfera de gases productores del efecto invernadero, la aparición de los ya célebres agujeros de la capa de ozono en la altura de las latitudes polares, la desaparición de la reserva genética depositada en las especies animales y vegetales ya inexistentes, el avance galopante de la desertización, las lluvias ácidas, la contaminación prácticamente irreversible de acuíferos….

Todo aquel interesado en la producción científica sobre temas ambientales en los últimos 30 años puede constatar que todos esos problemas estaban anunciados e iban siendo progresivamente detallados en cuanto al conocimiento de los procesos y plazos de agravamiento en función de las circunstancias de actuación humana. Desgraciadamente, al igual que sucede de igual forma que con las más expresivas denuncias de las ONG, los gobiernos tampoco parecen fiarse mucho de este elenco científico, aunque ahora, ciertamente, tienen más fácil la inhibición porque las instituciones internacionales antes mencionadas han tomado las riendas, y poco menos que continuamente promueven reuniones para ponerlos de acuerdo en convenios y tratados.

¿Cómo exigir a los países amazónicos que conserven las selvas tropicales, si los países desarrollados han eliminado sus propios bosques?

Otra cosa es el cumplimiento de estos acuerdos. Dos de los más paradigmáticos, uno ya vigente y otro en fases previas de discusión, son el protocolo de Montreal (relativo al control de sustancias que afectan a la capa atmosférica de ozono), y el posible convenio relativo al cambio climático, cuyas bases científicas están siendo tratadas por el PICC (Panel Internacional para el Cambio Climático). Durante los últimos meses, verano de 1990, algunas reuniones sobre ambos asuntos han supuesto un duro revés para la esperanza de una asunción de responsabilidad ambiental ante el futuro por parte de los gobiernos: guerras de cifras técnicas, discusiones de plazos («¿qué son 10 años más o menos si llevamos haciéndolo tan mal durante siglos?»…) y ¡atención!, quién carga con los costes. Porque cuando el tradicional «el que contamina paga» se aplica a los gobiernos, el principio parece que pierde la virtualidad tan clara que se le atribuye cuando se aplica a empresas individuales. Mas ¿cómo exigir a los países amazónicos que conserven a sus expensas, y limitando su precario desarrollo, el sumidero de carbono que es la selva tropical húmeda, porque «la necesitamos todos», para luchar contra el efecto invernadero en «toda la tierra», porque los países desarrollados, por estar tan desarrollados, hemos eliminado nuestros bosques y estamos emitiendo el CO2 de nuestras centrales energéticas?

Este es el problema de solidaridad, actual y diacrónica, de reconocimiento de causas o culpabilidades, y de asunción de responsabilidades que se plantea. Y que los gobiernos deben aceptar, en su más pleno sentido, porque hasta ahora, no nos engañemos, no lo han aceptado.

Futuro

Aceptar eso, significaría situar estos problemas en el nivel de prioridad que les corresponde, que es muy alto: nos estamos jugando el futuro del planeta, no un resultado electoral. Aceptar eso, significaría asumirlo conceptualmente, y entonces no podríamos escuchar como argumento de autoridad que una alternativa de una obra ingente, el Tren de Alta Velocidad, de enormes repercusiones ambientales, es preferible a otra «porque podría llevarse a cabo un año antes», por ejemplo.

Ante estas situaciones de responsabilidad global y generacional, los ejemplos de buenos propósitos nos vienen, otra vez, de los sufridores, de los países no desarrollados. Brasil se ha lanzado al establecimiento de una zonificación de carácter económico y ecológico que permita la ordenación de las actividades humanas en la Amazonia brasileña. Y, Bolivia, un paso aún más trascendente por lo que significa de congruencia con la lógica de actuación frente a los procesos destructores actuantes: Por Decreto Supremo N.º 22407 de 11 de enero de 1990, el presidente Constitucional de la República, Jaime Paz Zamora, ha dispuesto la vigencia, en todo el territorio nacional, de una Pausa Ecológica Histórica de cinco años de duración. «Esta determinación se funda en la necesidad de establecer el espacio de tiempo indispensable para permitir una reordenación de todos aquellos procesos que, por su impacto sobre la naturaleza, hacen peligrar la sustentabilidad de la base material de la vida humana y del patrimonio natural boliviano.»

La «pausa ecológica histórica» se inicia con la prohibición de nuevas concesiones forestales por un período de cinco años, y en dicho período habrán de redactarse reglamentos específicos concernientes al sector forestal, los recursos hídricos, la flora y la fauna, las áreas protegidas y otros, con un tratamiento multisectorial, considerando especialmente las causas generales de los problemas en cada uno de estos temas, antes que sus manifestaciones puntuales. «Aceptamos el criterio de la corresponsabilidad internacional frente al deterioro global del medio ambiente. El progreso y la tecnología han traído también degradación ambiental y, lo que es peor, no han resuelto el problema de la marginalidad y la pobreza en países como los nuestros. ¡Qué paradoja escuchar de Bolivia semejante aceptación!» El resumen de estos planteamientos es: pensar antes de actuar de forma irreversible sobre recursos valiosos, escasos, algunos renovables pero todos agotables hoy día con nuestras disponibilidades tecnológicas.

Es muy probable, conociendo la idiosincrasia, que en más de un despacho decisorio afloren sonrisas ante la «ingenuidad» de la «pausa» boliviana. Pero, se quiera o no se quiera entender, ese decreto está haciendo más peaje por nuestro futuro y por nuestro desarrollo, mucho más, que bastantes miles de kilómetros de autopista de peaje.