Hacia un nuevo modelo demográfico

La rapidez y la profundidad con que se han producido las transformaciones caracterizan la evolución reciente de la población española cuyo modelo demográfico dista mucho del correspondiente al periodo anterior a 1975. Todas las variables demográficas han experimentado sensibles modificaciones cuantitativas y cualitativas que en la dirección adoptada e ininterrumpidamente sostenida, aún les queda, probablemente, un cierto camino por recorrer.

Viejas calificaciones socio-demográficas de nuestro país, pertinentes en un pasado no tan lejano, han quedado definitivamente arrumbadas: ya no somos un país natalista, ni prioritariamente de emigrantes, ni por la localización y actividad básica de sus gentes eminentemente agrario, ni por su estructura etaria, joven, ni tantas otras cosas que hace algunos lustros ejemplificábamos de manera clara. Para bien o para mal (con toda seguridad para bien y para mal, según los casos) la población española ya no es lo que era… ni lo que será.

Una población modesta y desigualmente repartida

El último Padrón Municipal de habitantes realizado con referencia al 1 de abril de 1986, dio una población «de hecho» para el conjunto del país de 38,8 millones de personas. Somos el tercer país europeo en superficie, pero tan sólo el octavo en población absoluta.

Nuestra densidad es moderada (77,05 habs./km²), se aleja de la media europea y nos relega a las últimas posiciones del continente.

Pero no sólo somos un país de efectivos demográficos modestos; además nuestra población está bastante mal repartida por el territorio. La presente situación es el final de un largo proceso de concentración-despoblamiento cuyas direcciones básicas resultan bastante claras: el interior pierde habitantes en beneficio de las zonas litorales, las áreas rurales en favor de las industriales y turísticas, el campo en provecho de las ciudades. La desigualdad más llamativa es la que se da entre el «centro» y la «periferia». Las 19 provincias peninsulares con fachada marítima y las tres insulares reúnen casi el 60 por 100 de la población sobre una superficie inferior a un tercio del total; su densidad media es el doble de la del país y tres veces y media superior a la del «interior». Pero aún en las provincias litorales se da un contraste notorio entre la franja estrictamente costera y el postpaís; sobre una estrecha banda de una anchura media de cuatro o cinco km desde la línea de costa, se concentra más de la mitad de los efectivos sobre una parte del territorio realmente exigua.

A esta oposición prioritaria se añaden otras que la complementan, complican o matizan. El reparto de los efectivos por Comunidades Autónomas (cuadro 1) refleja también desequilibrios notables y la mayor o menor importancia que las áreas urbanas suponen en cada unidad territorial. Por su lugar preferente de residencia la población española es ya netamente urbana (91 por 100), pero también la oposición centro-periferia afecta a este estrato de población ya que las provincias de la España interior (incluyendo Madrid) sólo reúnen un tercio de los habitantes que viven en las áreas metropolitanas, las capitales de provincia y los municipios no capitales de más de 100.000 habitantes, es decir, la población plenamente urbana.

Un crecimiento natural que se acerca a la situación cero

El crecimiento natural es el resultado de la diferencia entre los índices de natalidad y mortalidad. La mortalidad de conjunto de la población española ha llegado felizmente en los años ochenta a situarse en los valores históricos más reducidos (entre siete y ocho por 100 de tasa bruta). Y lo mismo puede decirse de la mortalidad infantil, que hoy se sitúa en un índice del ocho por 100 (181 por 1.000, en el primer quinquenio del siglo). Quizá este último indicador pueda descender algo aún, pero no ocurrirá lo mismo con la tasa de mortalidad general, que por mor del envejecimiento demográfico tenderá a crecer (ya lo está haciendo) en el futuro. Por la muerte nos situamos plenamente a nivel europeooccidental. Un español o española que nazca hoy puede esperar vivir como media 76 años, prácticamente los mismos años que un francés/a, un inglés/a o un alemán/a y puede suponer, como ellos, que tiene entre un 60 y un 70 por 100 de probabilidades de morirse de alguna dolencia del aparato circulatorio o de algún tipo de tumor maligno (cáncer). Las enfermedades «exógenas», en especial las de carácter infeccioso, aparecen hoy afortunadamente relegadas a lugares muy secundarios del catálogo de agentes mortales entre los cuales los accidentes de carretera, en particular entre los jóvenes, han adquirido un triste protagonismo.

El acercamiento a Europa se ha producido también por la vía de la fecundidad-natalidad, pero en este caso el proceso a la baja ha sido tan veloz e intenso que nuestra experiencia adquiere en el contexto occidental caracteres de excepcionalidad nada envidiables. No es bueno que la natalidad haya bajado tanto, en tan poco tiempo y que la situación, todo parece indicar que va a ser así, se vaya a mantener todavía (¿agravada más?) en el futuro inmediato. La brusquedad del proceso queda adecuadamente ejemplificada con estas cifras: en 1976 nacieron en España 670.000 niños (tasa bruta del 12,1 por 100); en 1987 (hoy, probablemente menos) tan sólo 421.098 (tasa del 10,84 por 100). La disminución en poco más de 10 años ha sido del 37 por 100. Además desde el año 1981 aproximadamente, no renovamos ya las generaciones. El número medio de hijos por mujer necesario para ello se sitúa en 2,1. Hoy estamos probablemente en torno a 1,3 hijos por mujer que nos aleja mucho de ese umbral crítico y hace difícil una hipotética recuperación.

Los autores, que ven en la fuerte crisis económica de mediados de los setenta un factor esencial del declive, juzgan que, superados sus efectos más dramáticos, la recuperación económica podría ser la antesala de una cierta rehabilitación demográfica.

En mi opinión, la caída de la natalidad ha tenido agentes más poderosos que han provocado un cambio sensible en las mentalidades y modelado una actitud distinta de una buena parte de los españoles ante la natalidad, como lo reflejan las encuestas recientes sobre la fecundidad. La progresiva igualdad entre los sexos, la promoción de la mujer y su incorporación al mundo del trabajo, el descenso de la nupcialidad, una creciente inestabilidad de la unión entre las parejas, la debilitación de actitudes y creencias religiosas anteriormente más identificadas con la doctrina de la Iglesia Católica, todo ello unido ciertamente a las dificultades que los jóvenes tienen para incorporarse decentemente al mercado de trabajo, perfilan un modelo aproximado de la desnatalidad en la que el uso creciente y legalmente posible de los modernos y eficaces métodos anticonceptivos ha jugado más el papel de instrumento que de agente causal.

Cerca de la línea de flotación

Todas estas circunstancias nos han franqueado el paso hacia el bloque de países de natalidad más reducida, en cuyo interior escalamos posiciones hacia los lugares de cabeza. No obstante, tal situación no puede considerarse satisfactoria. Quizás a corto o medio plazo pueda venir a resolver problemas serios con los que hoy debemos enfrentarnos: el de la fuerte masificación de nuestras aulas universitarias o el de los fuertes niveles de desempleo de la población joven pero a más largo plazo el fortísimo declive de la fecundidad, unido al acelerado envejecimiento de nuestra población, planteará otras y más graves consecuencias cuyos efectos podrían (deberían) amortiguarse mediante la adopción de una política demográfica imaginativa.

La no renovación de las generaciones no impide que el crecimiento natural tenga todavía un valor positivo, aunque muy bajo, merced al efecto dulcificador de una mortalidad piadosa. En 1987 el índice de crecimiento fue del 0,28 por 100. Apenas emergemos de la línea de flotación del crecimiento cero que dentro de muy poco tiempo acabará por anegarnos; mucho antes probablemente de lo que preveían hace algunos años las proyecciones del INE que, conocedoras del cambio, no estimaron adecuadamente su intensidad.

España, país de inmigración

Otro de los rasgos históricos de nuestra demografía, el de la España peregrina, suministradora generosa de emigrantes, primero a las Américas y después a Europa, se ha modificado también en tiempos recientes. Pasada ya la época de fuerte éxodo a los países europeo-occidentales, producidos los retornos que la crisis de 1973 provocó y razonablemente adaptada la población española con residencia en el exterior, nuestro país se ha convertido en tierra de inmigración, modesta aún, pero ya significativa. En 1988 vivían en España 360.000 extranjeros «oficiales» a los que hay que añadir un número, difícil de estimar, pero por lo menos similar al anterior, de extranjeros ilegales o indocumentados. La mayoría de los inmigrantes legales son europeos (alemanes, franceses, portugueses, británicos…) y latinoamericanos, mientras que los inmigrantes ilegales proceden fundamentalmente de Marruecos, Portugal, Filipinas y, por supuesto también de América Latina.

La emigración legal no tiene nada de singular, salvo quizás su modestia. Es el resultado de contracorrientes originarias de nuestros principales destinos emigratorios; de continentes y países a los que nos han unido y unen fuertes vínculos entrelazados por los intereses económicos o las relaciones familiares que la propia migración creó. El tratado de adhesión de España a la CEE, que incorpora el principio de la libre circulación de trabajadores, intensificará probablemente la presencia de europeos en España y alumbrará nuevas salidas de españoles a Europa, aunque en proporciones modestas. La economía española, todavía imperfecta, desequilibrada e injusta, está dotada, sin empbargo, de mecanismos que hacen prácticamente imposible un éxodo masivo como el que se produjo en los años sesenta.

La Inmigración clandestina es mucho más inquietante. Aun cuando no es bien conocida, sabemos de ella lo suficiente para definirla como una de las formas de marginación y pobreza más claras de la España actual. Teóricamente, la economía española con los niveles de paro y subempleo que mantiene, no necesitaría utilizar la mano de obra extrajera. No obstante, a pesar de las incertidumbres del mercado de trabajo en el que menudean todavía los empleadores sin escrúpulos que pagan salarios muy bajos y no ofrecen ningún tipo de seguridad a sus trabajadores, las condiciones de empleo aún más difíciles de los países de origen, alimentan estas corrientes de base fundamentalmente en el país. El inmigrante ilegal lo es a pesar suyo, pero esa condición le depara una situación difícil definida por la incertidumbre de la permanencia, la pobreza económica y una cierta marginidad social. La ley de extranjería de 1985, generosa en la concesión de derechos y libertades a los extranjeros «legales», en consonancia con el artículo 13 de nuestra Constitución, es cicatera para los extranjeros que no tienen regularizada su situación (permisos de residencia y trabajo), que viven por este motivo bajo la amenaza permanente de la expulsión.

La inmigración clandistina es una de las formas de marginación y pobreza más claras de la España actual.

Para la mayoría, además, las condiciones laborales y económicas son bastante malas, ocupan los puestos más bajos de la escala laboral (minería, construcción, venta ambulante), desempeñan actividades ilegales o en situación de ilegalidad (economía sumergida) y están afectados fuertemente por el desempleo. Y todo ello con salarios de miseria que condenan a una buena parte de estos trabajadores y a sus familias a condiciones de extrema pobreza. Esta marginalidad social es reforzada en el caso de algunos colectivos (especialmente los negros africanos) por un cierto rechazo racial por parte de la población autóctona. El marco de injusticias, discriminaciones y sinsabores bajo el que se desenvolvió la vida de nuestros emigrantes en Europa en los años del éxodo masivo, se reproduce ahora en nuestro país cuando hemos dejado de ser únicamente periferia, para convertirnos también en centro receptor de una periferia emigratoria más deprimida.

Una sociedad que envejece

Vejez y envejecimiento son términos cada vez más usados con significados objetivos e intenciones diversas. Quizá por ello, convenga hacer una precisión terminológica. Habitualmente se considera población vieja la que tiene más de 65 años. La vejez se define, por lo tanto, a partir de un concepto de edad puramente cronológico en el que no entran consideraciones psicológicas, económicas o funcionales. El envejecimiento es un proceso caracterizado por el aumento de la proporción de viejos en una población que es definida como envejecida cuando las personas mayores de 65 años representan más del 10 por 100 del total de habitantes. Hacia 1986 habría en España casi 4,7 millones de personas con 65 y más años. El valor porcentual que sobre la población española suponían era del 12,20, el cual nos sitúa en el pelotón de las naciones con estructura envejecida, si bien, nuestra situación es más favorable que la de otros países europeos con las excepciones (para todo casi siempre son las mismas) de Grecia, Portugal, Irlanda e Islandia.

La nota distintiva del envejecimiento español es la fuerte aceleración que adquiere en las dos últimas décadas. Aunque el porcentaje de población vieja ha ido creciendo a lo largo de todo el siglo, el valor que tenía en 1970 (9,7 por 100) no nos identificaba todavía como un país «viejo». Sólo a partir de entonces, atravesamos la frontera de tal estado en el que escalamos posiciones cada día.

El envejecimiento de la composición general por edades ha estado acompañado por un envejecimiento de la propia vejez y, por una pérdida de importancia del grupo de población joven (los de menos de 15 años). Cada vez son más las personas que cumpliendo los 65 años rebasan los 75. La «tercera edad» (65-75 años), incorpora más gente a la «cuarta» (75 años y más) que hoy reúne en nuestro país a más de 2 millones de personas y representa el 40 por 100 del total de individuos de 65 años y más.

Algunos datos más pueden ayudar a perfilar la imagen sociodemográfica de la vejez en España (la información procede del Padrón Municipal de 1986). Nuestro país, como la inmensa mayoría de las naciones desarrolladas, tiene una estructura por sexos en la que dominan las mujeres sobre los varones, pese a que todos los años nacen más hombres que féminas. Esta desigualdad alcanza su mayor intensidad en el grupo de personas de 65 años y más, entre las que sólo hay 68 varones por cada 100 mujeres (en cifras absolutas hay casi 900.000 mujeres más que hombres en el conjunto de la tercera y cuarta edad). La mayor longevidad de las mujeres determina cambios significativos en el estado civil a partir de los 65 años. En ambos sexos, los porcentajes de solteros se mantienen prácticamente iguales a cualquier edad desde los 65 años. En cambio, los valores porcentuales de casados/as disminuyen y aumentan los de viudos/as. El fenómeno es particularmente acusado en el caso de las mujeres. A los 64 años (la antesala de la vejez estadística) el porcentaje de viudas sobre la población femenina de esa edad es del 23 por 100; a los 75 años asciende al 50 por 100 y a los 90 ya alcanza el 82 por 100. La sobremortalidad masculina, que se intensifica en las edades altas, es la responsable de tal situación. Finalmente, una circunstancia dolorosamente singular que afecta a la población vieja es su bajo nivel de instrucción. Las personas de 65 años y más reúnen la mitad de los analfabetos españoles y de esa mitad 3/4 partes son mujeres. Sin duda, en el futuro, tendrá que (deberá) reducirse este volumen.

El envejecimiento de la población española, causado básicamente por el retroceso de la fecundidad, tiene importantes consecuencias económicas, sociales y políticas. Algunas personas ven en la reciente caída de la natalidad un factor positivo por cuanto la reducción de niños-jóvenes puede contribuir a desmasificar las congestionadas aulas universitarias y aliviar la presión sobre un mercado de trabajo que tiene entre sus mayores desheredados precisamente a los jóvenes. No obstante, debe tenerse en cuenta que las transformaciones de las variables demográficas se producen con lentitud y que sus consecuencias van más allá del corto plazo. Por ello una visión más enfocada del binomio desnatalidad-envejecimiento, a la media y larga distancia, ofrecerá imágenes menos positivas y dignas de consideración. Probablemente, a partir del primer decenio del próximo siglo (o antes) la llamada tasa de dependencia tenderá a crecer hasta situarse en una de las más altas de Europa. Ello, en lenguaje menos técnico quiere decir que el número de personas no activas (jóvenes y especialmente viejos) que deberá soportar la población activa (adultos) será tan elevado que la misión de sostén económico de esta última se verá seriamente amenazada.

Esta referencia nos lleva directamente de la mano al tema de las pensiones que hoy preocupa tanto a los trabajadores que se acercan a la edad de la jubilación. Los logros alcanzados en este terreno han sido importantes a lo largo de los ochenta; pero los esfuerzos deberán intensificarse en el futuro, no sólo porque el número de pensionistas va a crecer de forma considerable, sino porque habrá que mejorar la cuantía de muchas de las pensiones actuales, que resultan insuficientes para permitir unas condiciones de vida dignas a sus beneficiarios. E igualmente, el envejecimiento provocará el crecimiento de otra de las partidas de los gastos sociales: la relativa a la sanidad ya que, como es sabido, la población vieja consulta más al médico que los adultos o jóvenes, consume muchos más medicamentos y tiene una tasa de hospitalización superior.

Desde el punto de vista laboral, el envejecimiento general de la población provoca el específico de la masa laboral. Los trabajadores (cada vez más) que se sitúan en los grupos etarios terminales aportan conocimientos, habilidades y experiencias que constituyen un haber indudablemente positivo; pero, al mismo tiempo, suelen tener un menor dinamismo y espíritu emprendedor, lo cual entorpece el proceso técnico y la modernización. El hecho no es anecdótico en ciertas empresas y sectores donde la renovación tecnológica exige actitudes y habilidades que son difíciles de encontrar entre las personas mayores. El envejecimiento de la masa laboral origina, por otro lado, una elevación de los costes salariales medios que puede combinarse con una reducción de la productividad, lo cual repercute negativamente sobre la competitividad de las empresas.

Pese a todo, la consideración de los inconvenientes que genera el envejecimiento no debe hacer olvidar el análisis de las consecuencias que para ellos mismos provoca el fenómeno, incluido el problema social de su marginación. La salida de la actividad constituye un duro golpe para las economías de los individuos y de las familias. La mayoría de las pensiones son modestas y, únicamente representan entre el 20 y el 50 por 100 de los ingresos que percibía un trabajador en los años previos a la jubilación. El modo y la calidad de vida tienen que adaptarse a la nueva situación económica que para muchas personas supone grandes estrecheces. El deterioro económico puede ser agravado por la soledad, que no constituye un patrimonio exclusivo de los viejos, pero sí uno de sus atributos más amargos. El cambio de modelo de la familia en España, desde un tipo anteriormente más difundido de familia extensa a otro predominante de familia reducida, ha multiplicado considerablemente el número de personas que viven solas, más de la mitad de las cuales pertenecen a la tercera y cuarta edad.

Por último, y desde el punto de vista sociopolítico, es preciso considerar la influencia que la población vieja puede ejercer en la vida pública española, puesto que ya representan el 17 por 100 de los votos, porcentaje que, sin duda, tenderá a crecer en el futuro.

El paro que no cesa

El año 1985 se alcanzó la tasa de paro más alta desde la transición. El índice llegó a ser del 22 por 100 con una cifra de parados en torno a los tres millones. El fuerte crecimiento de los salarios, la crisis energética, la rigidez inicial del mercado de trabajo y la entrada en él de las generaciones más numerosas de la etapa del «baby boom» español (finales de los cincuenta mediados de los sesenta) constituyen las razones básicas de esta situación, sin olvidar las repercusiones provocadas por el retorno de emigrantes y la creciente incorporación de la mujer a la vida activa fuera del hogar.

Desde entonces, la situación fue mejorando paulatinamente hasta 1989, que registró una tasa media de paro del 17 por 100 y una cifra absoluta de parados de 2,5 millones. Se produjo un notable aumento del empleo originado por un crecimiento de la producción y de forma especial por el fuerte tirón de los servicios. En los meses iniciales de 1990 el proceso de recuperación del empleo se mantuvo, pero en el pasado mes de agosto la cifra de parados volvió a aumentar como consecuencia de la recesión observada en el sector turístico, cuyas consecuencias quizás se vean agravadas por el conflicto del Golfo Pérsico. Así pues, el paro no cesa y sigue constituyendo un triste protagonista que ensombrece con sus secuelas de marginación, pobreza y frustración, el (mal) funcionamiento de la economía y la vida de la sociedad.

El paro no cesa y sigue constituyendo un triste protagonista que ensombrece con sus secuelas de marginación, pobreza y frustración, el (mal) funcionamiento de la economía y la vida de la sociedad.

El desempleo varía con la edad, el sexo, el sector de actividad, el nivel de instrucción y el territorio.

Los jóvenes son los más afectados por el paro, aun cuando su situación ha mejorado. A mediados de los ochenta la tasa de paro de las personas entre 16 y 19 años era del 56 por 100 y la del segundo grupo de actividad (20-24 años) del 45 por 100. En 1989 los valores se habían reducido respectivamente a un 38 y a un 32,5 por 100. Ahora bien, esta reducción del desempleo se ha producido con frecuencia a través de modalidades de trabajo eventual y precario, cuando no de ocupaciones sumergidas. Desgraciadamente desempleo, subempleo y precarización del trabajo constituyen notas distintivas que definen todavía la actividad (inactividad) de la juventud española. No sólo, pero en parte, ello contribuye a franquear la puerta a la delincuencia y las toxicomanías que afectan en proporciones tan sensibles a nuestra juventud.

En general, las mujeres y en particular las más jóvenes tienen tasas de paro más altas que los varones. En 1989 el índice de desempleo de los hombres fue del 13 por 100 y el de las féminas casi del doble. No obstante, hay que señalar que el crecimiento de la actividad femenina, tanto en cifras absolutas, como relativas, constituye uno de los aspectos más significativos de la evolución reciente de la actividad en nuestro país. La incorporación de la mujer al trabajo ha sido facilitada por razones económicas (proceso de terciarización) e ideológicas (cambio de actitud respecto del papel y la función que la mujer ha de desempeñar en la sociedad). Pero tal incorporación se ha visto mediatizada (y por ello no alcanza los valores que en otros países del entorno) por la rigidez del mercado laboral que no oferta suficientes actividades a tiempo parcial y no facilita la entrada y salida del trabajo a las mujeres casadas, a las que no resulta hacer fácilmente compatible el trabajo en el hogar y el desarrollado fuera de él.

Es preciso considerar la influencia que la población vieja puede ejercer en la vida pública española, puesto que ya representan el 17 por 100 de los votos, porcentaje que, sin duda, tenderá a crecer en el futuro.

En cuanto al nivel de instrucción, el paro afecta de manera más intensa a las personas que tienen niveles inferiores de estudios. La competencia por los puestos de trabajo es grande y el mercado laboral concede más fácilmente sus favores a las personas más preparadas, muchas de las cuales acaban desempeñando ocupaciones alejadas de su preparación o sus intereses.

El sistema educativo proporciona lo que mejor consume el sistema productivo del país, pero en cuantía que éste (sobre todo en determinadas actividades) no es capaz de absorber. Ahora bien, decir que los centros que imparten estudios medios y superiores constituyen una fábrica de parados es sólo una verdad a medias. Los jóvenes se han incorporado masivamente a ellos, especialmente a la Universidad, en parte como una alternativa a la falta de expectativas laborales y además como una manera de adquirir los conocimientos (y el título) que faciliten el logro de un trabajo, aunque sea en puestos de categoría inferior. Que un nivel de instrucción más alto es un buen remedio contra el paro lo prueba el hecho de que a todas las edades las personas analfabetas o las que no tienen estudios son las más repudiadas en el mercado laboral.

Por sectores de actividad, la tasa de paro más alta corresponde a la construcción (alrededor del 15 por 100 en 1989), seguida por la agricultura (12,5 por 100), la industria (8,7 por 100) y los servicios (8,5 por 100) tienen niveles más bajos.

Las regiones más afectadas por el paro son Andalucía (tasa del 27,25 por 100) y Extremadura (26,32 por 100), con cifras que rebasan ampliamente la media nacional. Las zonas más industrializadas (País Vasco, Barcelona) presentan igualmente cifras de paro superiores a la media del país sin alcanzar valores tan altos como aquéllas. Las tasas más pequeñas se localizan en algunas provincias rurales y envejecidas del interior y de Galicia, con índices de actividad elevados.

Este es a grandes rasgos el panorama que ofrece la evolución reciente de nuestra demografía que, afectada por transformaciones poderosas, quizás necesitaría de un encauzamiento sensato para que alguna de sus consecuencias no resultasen irremediables. En este trabajo me he limitado a realizar un diagnóstico de la situación con el fin de dar a conocer los perfiles y la magnitud de los problemas existentes.

Dejo para otra ocasión la oferta de posibles soluciones que se hacen cada día más urgentes y necesarias.