Crisis del ahorro familiar

Un reciente informe de la Comisión Europea revela que el volumen de ahorro en los países comunitarios crece a un ritmo muy lento, un 1,8 por 100 de media, desde 1982, una vez superadas las consecuencias de las primeras graves crisis del petróleo. Según este estudio, en 1990 se producirá un estancamiento y en 1991 el aumento será moderado.

Conviene advertir que tales estimaciones se hicieron antes del pasado 2 de agosto, fecha en la que Irak invadió Kuwait y abrió un nuevo periodo de incertidumbre que incide seriamente en todas las economías occidentales y, por supuesto, también en la nuestra. De acuerdo con el informe, la tasa de ahorro española cayó en más de ocho puntos respecto de la década 1960-1970 y se ha recuperado en un 3,8 por 100 a partir de 1982, aunque la evolución revela una práctica regresión en el ahorro doméstico en beneficio de un fuerte impulso de la demanda interna. Para frenar ésta e incentivar el ahorro de las familias aconseja el estudio la suavización de los correspondientes regímenes fiscales.

Este es el marco general delineado por los expertos de Bruselas antes de que se produjeran los últimos acontecimientos. No ha habido tiempo aún para pronunciarse seriamente sobre la incidencia de la crisis, cuya intensidad y duración son una incógnita en el momento de escribir estas líneas. En cualquier caso no parece que el futuro inmediato se pueda contemplar con optimismo desde la perspectiva de un ahorro que lógicamente se verá castigado por el recrudecimiento de las tensiones inflacionistas.

Consumo

Veamos ahora cómo se viene comportando esta variable en el caso concreto de nuestro país. En el último informe anual del Banco de España se subraya que el conjunto de familias y empresas registró en 1989, por primera vez desde 1977, un saldo negativo de su cuenta de capital, con caída de 2,7 puntos del PIB, caída sólo comparable por su magnitud a la registrada en 1974, tras la primera crisis del petróleo. El descenso de la tasa de ahorro de las familias se debe, sobre todo, a una aceleración de los gastos de consumo, especialmente notable en el primer semestre del pasado ejercicio, favorecidos por el retraso en la presentación de las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por el acceso relativamente fácil al crédito bancario. En el segundo semestre, el Gobierno adopta diversas medidas de carácter restrictivo para evitar el recalentamiento de la economía y frenar la expansión de la demanda interna. Sin duda, el proceso se desacelera aunque no en la medida deseable. El Banco de España señala que la tasa de ahorro de las familias aparece estabilizada en niveles insuficientes para financiar el proceso de inversión que sostiene actualmente el sector privado. El informe añade, textualmente: «Es posible, no obstante, que si la economía española consolida su crecimiento en tasas reales, pero sobre todo nominales, moderadas, el ahorro de las familias se recupere gradualmente en la medida en que una parte sustancial de los gastos de consumo realizados en los últimos años ha supuesto un adelantamiento del poder de compra destinado a adquirir bienes de uso duradero que, en gran medida, seguirán prestando sus servicios en el futuro».

La coyuntura, sin embargo, no parece propiciar estas tendencias. Las perspectivas no son favorables y, en este sentido, tanto el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 1991 como el proyecto de reforma de la normativa que rige el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no contienen mecanismos incentivadores del ahorro y de la inversión. Por otra parte, el recrudecimiento de las presiones inflacionistas no estimula tampoco el espíritu ahorrador.

También hay que recordar que la expansión del consumo ha tenido un importante soporte crediticio. Las tasas de crecimiento del crédito concedido por bancos y cajas de ahorro para actividades no productivas registran una trayectoria significativamente alcista con porcentajes sobre el trimestre anterior que van del 16,92 en los primeros tres meses de 1989, al 21,27, 21,86 y 18,93 en el último como consecuencia de las disposiciones de signo restrictivo adoptadas por las autoridades económicas en julio de ese año, restricciones que se han mantenido a lo largo del actual ejercicio. Lo cierto es que hasta el momento en que se instala en el sistema la restricción crediticia, la demanda de préstamos por parte de particulares ha sido muy fuerte. En ello, sin duda, influía de un lado la menor sensibilidad al coste de la financiación -la escalada de los tipos de interés ya se estaba produciendo y de otro la mejora de sus expectativas de mayor renta futura. Se incrementaba así la capacidad de endeudamiento de las economías domésticas, teniendo como principal objetivo el consumo y, por tanto, en detrimento del ahorro puro.

Conviene además tener en cuenta a este respecto que según los datos del informe económico elaborado por el Banco Bilbao Vizcaya, el poder adquisitivo real de los españoles fue en 1989 de 10.137 dólares por habitante y año, lo que equivale al 74 por 100 de la media de los países de la Comunidad Económica Europea, un punto porcentual por debajo del nivel alcanzado en 1988. El poder adquisitivo medio español superó en 1989 al irlandés en un 17 por 100; al griego en un 40 y al portugués en el 44 por 100, pero equivalía, por ejemplo, al 70 por 100 del francés o al 48 por 100 del norteamericano.

Resulta aconsejable tratar de moderar el crecimiento de la imposición directa sobre las familiar. La evidencia muestral indica que la rápida escalada de la fiscalidad ha contribuido de forma importante a la caída del ahorro familiar.

Esta regresión tiene un reflejo en las cuentas de las entidades de crédito. Los créditos morosos acumulados en el primer semestre del actual ejercicio -según datos del Banco de España- ascendían a casi 900.000 millones de pesetas, con aumento de 114.000 millones en el periodo de referencia. De esa cifra, aproximadamente el 48 por 100 correspondía a los bancos; un 45 por 100 a las cajas de ahorro y el resto a las cooperativas. En la fecha de referencia, los clientes poseedores de tarjetas de deuda tenían pendiente de pago algo más de 140.000 millones de pesetas: 94.000 millones a bancos y 48.000 a cajas de ahorro.

Presión fiscal

Como ya hemos dicho, a partir de 1985 el ahorro doméstico viene contrayéndose, coincidiendo precisamente con la trayectoria alcista de la presión fiscal directa sobre las familias. En un trabajo reciente, el profesor Raymond llega a la conclusión de que 100 pesetas adicionales de impuestos directos personales detraen 75 pesetas del ahorro familiar y 25 del consumo. Un crecimiento rápido de la fiscalidad, señala, puede originar que el incremento de recaudación se financie con minoración del ahorro, manteniéndose el consumo relativamente invariable. Lo que ha venido sucediendo en nuestro país en los últimos años responde de modo muy aproximado a esta formulación. En sus conclusiones, José Luis Raymond dice: «Resulta aconsejable tratar de moderar el crecimiento de la imposición directa sobre las familias. La evidencia muestral indica que la rápida escalada de la fiscalidad ha contribuido de forma importante a la caída del ahorro familiar.

Adicionalmente, en el caso de España, a pesar de los elevados tipos nominales de interés, la conjunción de inflación y progresividad comporta que la rentabilidad real neta de impuestos sea muy baja y a partir de determinados niveles de renta, prácticamente nula o negativa. En este sentido, una rebaja de tipos marginales es necesaria para establecer condiciones objetivas para que el ahorro se produzca. La moderación de la imposición directa puede financiarse a través de la sustitución de impuestos directos por indirectos. Ello no debería comprometer la recaudación y, por tanto, el ahorro público, al propio tiempo que constituye un acicate para el ahorro privado».

Conviene, sin embargo, advertir que es premisa esencial para que el beneficio de este proceso recaiga sobre la mejora del ahorro nacional que la mayor presión fiscal no debe traducirse en aumento inmoderado del gasto público, especialmente el de carácter consuntivo, no productivo.

Ni el vigente Presupuesto del Estado para 1990 ni el Proyecto de Ley que contempla ingresos y gastos para 1991 se alinean con las tesis estimuladoras del ahorro de los particulares y las circunstancias de crisis a nivel mundial trazan horizontes de incertidumbre en el futuro inmediato y alimentan, al tiempo, las expectativas inflacionistas, expectativas que en muchos casos alientan el consumo hasta el límite en que éste se ve frenado por la severa restricción en la concesión de créditos. De modo que no sólo el ahorro sino también la actividad inversora productiva se ven parcialmente constreñidos por la adversa coyuntura.

Pero es que tampoco la propuesta reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuya aplicación, por cierto, se va a retrasar un año más para discutirla con sosiego y serenidad en el Parlamento; tampoco en este proyecto, repetimos, aparece en principio adecuadamente incentivado el ahorro familiar, aunque la opinión de los expertos se manifiesta unánime en la especial consideración que debe tener esta rúbrica fundamental de la vida económica.

«Supercuentas»

Por otra parte, hay que señalar que la aparición hace más de un año del fenómeno de las «supercuentas» en el escenario español ha producido serias distorsiones en el comportamiento habitual de los ahorradores, especialmente los de carácter modesto, los cuales, por tradición vienen a identificarse mayoritariamente con la variable de ahorro familiar. Se han producido trasvases en la colocación de los depósitos, atraídos éstos por el señuelo de remuneraciones por encima del nivel normal. Sin embargo, en muchos casos se trata de un puro espejismo porque tales retribuciones no amparan a la totalidad de los recursos y, por otra parte, los teóricos beneficios se encuentran sometidos a fuertes retenciones y a pagos, no siempre bien explicitados, de determinadas comisiones y de supuestos servicios.

De modo que no sólo el ahorro, sino también la actividad inversora productiva se ven parcialmente constreñidos por la adverdsa coyuntura.

Vamos a terminar estas reflexiones con un sucinto análisis de la evolución de los depósitos en bancos y cajas de ahorro procedentes del sector privado. En primer lugar, recogemos la posición y evolución de los recursos ajenos de la banca privada y de las cajas de ahorro en los primeros seis meses de 1990 y 1989, contabilizados en millones de pesetas: (ver figura).

La estructura financiera del saldo global de los 37,3 billones de pesetas de recursos ajenos acreditados por el sector privado, también en millones de pesetas: (ver figura).

La distribución del incremento neto contabilizado en el primer semestre presenta desviaciones que son atribuibles a la aparición de las supercuentas. En este sentido, el incremento más sensible se observa en el apartado de cuentas corrientes, tradicionalmente de bajo costo y gran liquidez, condiciones que en la actualidad han desaparecido ya que la alta rentabilidad se corresponde con una práctica estabilidad de los saldos.

Desde el punto de vista de las entidades, la estructura de los depósitos del sector privado en bancos y cajas confederadas ofrece las variaciones en el primer semestre del ejercicio: (ver figura).

Como puede verse, las variaciones revelan una orientación clara hacia las cuentas corrientes especialmente afectadas por retribuciones elevadas. Pero no cabe duda de que este fenómeno es coyuntural y tiene carácter transitorio, por la fuerte incidencia en la cuenta de resultados de las entidades. Sin embargo, las cuentas de ahorro que tradicionalmente se asimilan en términos generales al ahorro doméstico sufren un sensible retroceso.

Esta es la situación cuando el porvenir de la economía española aparece ensombrecido por la propia evolución de la coyuntura y la incidencia de la crisis externa. En estas circunstancias una pronta recuperación del ahorro familiar parece utópica y, sin embargo, el crecimiento estable de la economía española requiere el retorno a los niveles de hace más de cinco años.