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Escenario radical de la política española

Cómo sobrevive -incluso óptimamente- la democracia liberal en un escenario sociopolítico de orden radical como el que están implantando José Luis Rodriguez Zapatero y el PSOE en España?

La cuestión se plantea cuando se cumple algo más de un año de este «experimento» y una vez que los resultados de las elecciones de Galicia abrieron a finales de junio la posibilidad de un nuevo frente de poder de la izquierda y el nacionalismo gallego.

Esta experiencia gallega y otros casos próximos nos ayudarán a ilustrar cuatro ideas básicas sobre las que se sustenta el modelo radical llamado por sus mentores «nuevo radicalismo», «democracia radical», o por otros, como Zapatero, «nueva izquierda», y cómo se está llevando a cabo su implantación para sustituir de facto a la democracia liberal.

La primera de estas ideas es debilitar el Estado. La segunda, implantar una realidad artificial que niega la existencia de la propia realidad, personal y general, e impone el control y dominio de la «nueva realidad». La tercera es hacer irreversible lo que se quiere imponer, antes de empezar, para que efectivamente el proceso sea considerado por la mayoría como algo imparable. Y la cuarta es la sustitución del principio representativo y de gobierno de la «voluntad de las mayorías» por el de la «suma de minorías».

Estos cuatro ejes-motor son los que actúan simultáneamente en la aplicación del modelo radical. En la campaña electoral gallega los socialistas pusieron una vez más en circulación el mensaje del cambio. ¿Existía realmente una demanda social y política mayoritaria en la dirección que proclamó sin cesar el candidato socialista, Emilio Pérez Touriño?

UN CAMBIO DE PODER, SIN UN CAMBIO SOCIAL SUBYACIENTE

Los resultados de las elecciones demostraron que no. Después de gobernar durante quince años consecutivos el Partido Popular ha vuelto a ser la fuerza con más representación parlamentaria con mucha diferencia (45,2% y 37 escaños). Seguida del PSdeG-PSOE (33,2% y 25 escaños) y del BNG (18,7% y 13 escaños). Los socialistas ni siquiera han llegado a alcanzar su techo de 1989, cuando obtuvieron 28 escaños. Lo que han hecho ha sido recuperar parte de su terreno perdido.

Sin embargo, nada más conocerse los resultados finales, los socialistas volvieron a hablar de su candidato como del «presidente del cambio» (José Blanco) y de «un cambio radical» (Jordi Sevilla). De hecho no hubo un socialista que no repitiese el mismo mensaje. ¿Pero de qué cambio hablaban si no habían ganado y se habían quedado a 12 puntos y 12 escaños de diferencia del primero? Esa es precisamente la forma de imponer su realidad artificial.

El hecho de que el sistema electoral español permita a dos minorías gobernar si tienen un escaño más que el ganador, supone que la suma aritmética de los socialistas y nacionalistas les permite gobernar en alianza. Este cambio de poder lo presentan como un «movimiento por el cambio» de la sociedad y, sin más, lo asocian a sus propios objetivos políticos de un cambio del modelo de Estado y constitucional. Hasta el socio nacionalista (BNG) que ha llegado a perder en estas elecciones cuatro escaños y 35.000 votos con relación a las de 2001, pide un nuevo estatuto en el que Galicia pase a tener categoría de «nación» y 21.000 millones de euros de una teórica «deuda histórica» del Estado con esta comunidad.

Se comprueba así cómo funcionan los cuatro ejes-motor del modelo radical que está implantando Zapatero. Hace realidad un cambio social que no se manifiesta en las urnas; impide que gobiernen los que han ganado por una mayoría amplia sustituyendo la «voluntad de la mayoría» por la «suma de minorías»; y todo ello se asimila a los objetivos de poder el proyecto Zapatero, haciendo ver que ahora es más irreversible que nunca. La debilidad del Estado es una consecuencia de todo lo anterior. El propio jefe del Gobierno de la nación ha admitido que no tiene inconveniente en que las comunidades autonómicas pasen a denominarse nación cada una de ellas.

De esta forma una crisis de diseño como la implantada por la izquierda y los movimientos separatistas y antisistema, en su oposición al último gobierno de Aznar, se convierte en una crisis real.

Todo pasa a ponerse en cuestión. El modelo de Estado, la familia, la lucha antiterrorista, la justicia, la política exterior, la Constitución… El paradigma radical se va imponiendo de manera efectiva en el día a día. Más de la mitad de los medios de comunicación actúan sistemáticamente como una maquinaria con el objetivo de implantar el mensaje radical. El hecho de que algunos no sean conscientes de ello no implica que no participen de esa estrategia, pues el desconocimiento del objetivo último forma parte de los libros y manuales teóricos y prácticos que sirven de guía al movimiento radical.

UNA CRISIS CRÓNICA

El proceso de implantación de un modelo radical hace que el escenario esté marcado por una crisis crónica. Es una consecuencia lógica de tratar de imponer un modelo incompatible con lo que representa una democracia liberal en su concepción, valores y funcionamiento del sistema. Pero quienes dirigen un proyecto radical tienen en el escenario de crisis su medio favorable. Son ellos quienes utilizan el divide y vencerás, el todo vale, el saltarse las reglas.

Así, las minorías, que en su representación parlamentaria no llegan a superar el dígito, tienen más poder que una oposición que representa a casi diez millones de votantes y el 38%. El Tribunal Supremo condena al presidente del Parlamento vasco, pero la sentencia nunca se ejecuta. El Gobierno y el fiscal General del Estado no instan a los jueces a la investigación e ilegalización de un partido sobre el que las fuerzas de seguridad informan a Zapatero de ser una sucursal de la banda terrorista ETA.

Hace algo más de un año analizaba en estas mismas páginas los efectos derivados de la masacre terrorista del 11-M en Madrid (192 muertos y más de 1.500 heridos) con el objetivo político de influir en el resultado electoral y sustituir al gobierno popular por otro de izquierdas y radical: Los que diseñaron el atentado consiguieron su objetivo de debilitar a España en su política exterior e interior.

Si aquello fue un atentado contra el gobierno del Partido Popular, no es casualidad que quienes se beneficiaron políticamente del mismo hayan llegado a unas conclusiones en sus investigaciones parlamentarias de que el culpable fue el PP. A Zapatero y sus socios no les ha interesado descubrir quién fue el cerebro de los atentados y otros vericuetos -porque han cerrado la comisión-, sino culpar al PP. Esto forma parte de la estrategia de implantar una realidad artificial: se atribuye al otro lo que no se quiere que descubran en uno mismo.

En todo esto hay mucha sofisticación y ciencia. En la psicología política está muy estudiada la eficacia de representar dos modelos para manipular las conciencias y sentimientos. Uno es el modelo simpático y que cae bien a primera vista; y el otro el que produce antipatía y rechazo (en las prácticas suelen utilizar animales, pero seguro que a la hora de pensar en la política actual al lector le resultará fácil poner rostros conocidos que representan los dos casos). La opinión pública reacciona mayoritariamente en relación con estos dos modelos. Por eso el modelo radical identifica enseguida el hombre a destruir. Convierte su imagen en algo antipático, malo, detestable.

Días antes de escribir este artículo acudí con mi esposa a una tienda de alimentos después de dejar la oficina, y la dependienta nos informó que no podíamos adquirir la botella de vino que deseábamos comprar. Una amable señorita nos informó que desde que se implantó la «ley Aznar» no se podían adquirir bebidas alcohólicas a partir de una hora. Al decirle que no sabía que existiera tal ley, me comentó que es «como la conocen los jóvenes». En realidad, según pude descubrir, Aznar nada tenía que ver con unas medidas que habían sido adoptadas por algunas comunidades para frenar el abuso masivo de bebidas alcohólicas entre los jóvenes, pero sus enemigos han conseguido que muchos jóvenes le culpabilicen de ello, gracias a su campaña sistemática, larga, y bien pagada, para destruir su figura (hasta el diario El País le llegó a comparar en un editorial con el terrorista más buscado del mundo, Bin Laden).

Es el mundo de lo radical. En él, el terrorismo es parte del «juego». Es utilizado como fuerza de intimidación y mediatización del sistema y de la población. El País Vasco es un caso muy ilustrativo de cómo un modelo radical utiliza el terrorismo e implanta un poder antidemocrático dentro de un sistema constitucional y democrático. De tal forma que un 50% de la representación política ejerce el poder del 100%, con capacidad para influir en la política nacional de una manera decisiva.

En ese mundo radical, el proyecto de Zapatero hoy se considera una avanzadilla. Hace unos meses unos portavoces de Batasuna (organización ilegalizada por terrorismo) habían declarado en una rueda de prensa que Zapatero suponía una oportunidad, porque era una referencia en el mundo radical y de los movimientos antiimperialistas. Arnaldo Otegi, en el momento de ser acusado por el juez de ser un dirigente de la banda terrorista ETA, se identificó como interlocutor de Zapatero y su gobierno.

El resultado de este proceso es que Zapatero rompió su pacto de Estado con el PP por las libertades y contra el terrorismo, y al mismo tiempo aprobó con sus socios comunistas y separatistas una resolución en el Parlamento que abría la posibilidad al diálogo con la banda terrorista ETA. La primera exigencia de ETA y de los movimientos comunistas y separatistas es romper con el PP, porque es la única fuerza política, junto a lo que representa socialmente, que no se ha doblegado a sus objetivos rupturistas. Al contrario, cuando cayó el PP del gobierno, los terroristas estaban en fase terminal, gracias a la ofensiva desplegada por el Estado en todos los frentes, internos y exterior.

¿Cómo sobreviven entonces la democracia liberal y sus ciudadanos en este escenario hostil? La experiencia conocida no deja lugar a dudas: la batalla de la democracia frente al radicalismo de la izquierda y los nacionalismos se gana con más democracia. Dando la batalla ideológica y de la comunicación por los valores democráticos, éticos, y morales, en todos los órdenes y momentos.

La clave de esta batalla no radica en la fortaleza del modelo radical sino en la del sistema liberal y de quienes lo defienden (defendemos).

POTENCIAR LA SOCIEDAD CRITICA

La manipulación de los conceptos, de las conciencias y de los sentimientos forma parte de la estrategia radical, y Zapatero ha envuelto sus negociaciones con el mundo de ETA en un lenguaje pacifista. De esta forma «compra» la teoría etarra de que están en guerra contra España, algo que como es natural el Estado no ha reconocido nunca a los delincuentes por terrorismo, y al mismo tiempo trata de hacer creer a la opinión pública que el fin del terrorismo no llegará con el PP sino dialogando con los terroristas.

La respuesta de la mayoría social fue clara, cuando cientos de miles de personas se manifestaron el 4 de junio en las calles de Madrid contra ese propósito de Zapatero. El presidente del Gobierno tuvo que escuchar más tarde la respuesta a su teoría pacifista de la portavoz de una fundación de víctimas del terrorismo: «Las víctimas del terrorismo no queremos ser víctimas de la paz».

La democracia liberal no se gana con la mera gestión de las instituciones y del poder, se gana movilizando la libertad y dando la máxima transparencia a cualquier proceso. Si hay transparencia y los ciudadanos saben que detrás de las exigencias para tener más autonomía e independencia se esconde implantar un nuevo sistema de privilegios y control partidista del poder, con perjuicio para la mayoría, ésta estará en contra.

Para defender la democracia hay que exigir a los partidos políticos que sometan sus propuestas al electorado. Los radicales no lo hacen nunca, porque saben que pierden. En la campaña electoral gallega se volvió a dar el caso. Los socialistas y BNG sabían de antemano que no ganarían y su única posibilidad sería gobernar juntos. Pero no presentaron un proyecto común a los electores. Los nacionalistas se presentaron de nacionalistas y radicales, y como hemos visto descendieron de forma significativa.

Nada de lo que están desarrollando Zapatero y sus socios en esta legislatura les fue propuesto a los electores, a pesar de que representa un cambio del modelo constitucional y del Estado autonómico. Sin embargo, antes de ser sometido a la aprobación del Parlamento autonómico catalán se diagnosticaron hasta veintisiete casos de inconstitucionalidad en el nuevo proyecto de Estatuto. La estrategia radical de la izquierda y los separatistas consiste en hacer campaña «contra la derecha» para conseguir los votos, y una vez en el poder utilizarlos para cambiar el sistema político de forma unilateral y partidista. Es una estrategia de ocultación y hechos consumados.

Uno de los datos más significativos para entender la batalla ideológica del liberalismo contra el radicalismo es que el desarrollo y la fortaleza de la democracia liberal es coincidente con los países o espacios en donde más se ha desarrollado lo que conocemos como sociedad del conocimiento (consecuencia de la sociedad de la información). La razón es sencilla, el conocimiento potencia una sociedad crítica, que es exactamente la que rechaza un modelo radical.

El poder radical busca dominar el pensamiento débil, sabiendo que es fácilmente manipulable y que en la mayoría de los casos ni percibe que lo es, con lo cual no reacciona en contra. Los rasgos de su personalidad coinciden con frecuencia con lo que filosóficamente ha sido definido como «personalidad autoritaria». Personas conformistas y sumisas hacia el poder, que tienden a la resignación y el desestimiento. Con predisposición al mismo tiempo a la agresividad con aquellos que «deben» ser atacados, y que en este caso suelen coincidir con los líderes y políticos rivales que son objeto de campañas de acoso y derribo por parte de los radicales.

Una sociedad crítica trasciende las fronteras partidistas y las barreras psicológicas más primarias, para defender los fundamentos y valores democráticos del sistema, porque sabe que en ello descansa su propia libertad, bienestar, seguridad, y capacidad de desarrollo. Una sociedad crítica es fuerte y defiende un Estado fuerte.

George W. Bush y Tony Blair lideran partidos de ideología diferente, pero han conseguido sucesivas victorias electorales con la mayoría de los medios en contra. ¿Por qué? Porque tienen el respaldo de la sociedad crítica, que es algo más de ser de derechas y de izquierdas.

La democrática rule of law, agua de borrajas para el gobierno

Una actitud muy extendida entre nosotros es considerar -cuando se consideran- los acontecimientos de la vida política por su contenido, con olvido de la forma en que se producen; esto es, desconsiderando las formas como si éstas fuesen algo adjetivo que pudieran tener interés, a lo sumo, para juristas vetustos pero no para modernos peritos en leyes; pues éstos centran sus afanes en cosas serias tales como hacer mejores las condiciones materiales de vida, una tarea ante la cual deben ceder los tiquismiquis formales ininteligibles y, por demás, inútiles para la opinión pública y para quienes están llamados a configurarla. Se trata, sin duda, craso error.

Pensar de semejante manera presupone dar por buena una frecuente e infecunda distinción entre fondo y forma que, si siempre está infundada, es por completo rechazable cuando se trata de la vida política -sobre todo, si esa vida política se centra en la persona, en el zoon politikon aristotélico-. Pues en ella, la forma dota de sentido a la materia. De ahí la importancia suma que tiene conocer y catalogar las formas, siempre expresivas de un significado de la acción. Esta valoración de la forma está en la base del ideal democrático que, no se olvide, antes que nada expresa el método idóneo para el proceso de toma de decisiones políticas. Pero esto no debe considerarse, como suele hacerse, como si las formas representasen las reglas del juego. La forma no tiene un valor meramente procedimental.

El desdén hacia las formas ha llegado a su apogeo con el actual Gobierno, lo que hace dudosos tanto la sinceridad de sus convicciones democráticas como el abandono definitivo de los perfiles totalitarios con que se alumbraron los partidos que lo sustentan.

LA RULE OF LAW COMO IMPERIO DE LA LEY

El primer principio ético-político del Estado de Derecho, y no sólo en el orden cronológico, es el que modernamente fue formulado por Harrington en primer lugar, y por Madison después, como «gobierno de la ley y no de los hombres», idea que acertó a expresarse de modo lapidario como rule of law.

He subrayado que ésta es una formulación moderna porque es indudable que tiene su precedente en el Platón de Las Leyes, cuando en el diálogo llama a los gobernantes «servidores de las leyes», porque, según el filósofo, en ello va la salvación de la ciudad «pues en aquellas donde la ley tenga condición de súbdita sin fuerza -argumenta Platón-, veo ya la destrucción venir sobre ella; y en aquella otra, en cambio, donde la ley sea señora de los gobernantes y los gobernantes siervos de la ley, veo realizada su salvación y todos los bienes que otorgan los dioses a las ciudades».

Son variadas las funciones del principio ético-político del «imperio de la ley» y esa variedad refleja las opiniones de los diversos autores que de este principio se ocupan. Pero creo que nadie se mostrará discrepante si se hace residir el núcleo del principio en la exclusión de cualquier poder arbitrario sobre los ciudadanos. Sustituir en el gobierno a los hombres por la ley implica poner a los ciudadanos al abrigo de cualquier subjetivismo arbitrario que pudiera ejercer coacción sobre ellos, limitando su libertad. Excusado es decir que para que dicha función pueda cumplirse la ley ha de estar fuera del alcance del arbitrio de los gobernantes. La ley antecede a los equipos de gobierno en garantía de la seguridad jurídica de los ciudadanos, que es presupuesto de su vida en libertad.

Para que aquel principio despliegue toda su eficacia, la ley ha de reunir unas notas que le doten de la objetividad indispensable para sujetar el poder de los gobernantes.

En su prístina formulación, la voluntad general no significaría más que cualquier ciudadano encontraría justificado el mandato legal, incluso si hubiere de serle aplicado a él.

No es mi propósito establecer aquí una crítica de las distintas posiciones doctrinales acerca de la rule of law en relación con las notas que han de definir a la norma jurídica llamada a presidir el gobierno de los ciudadanos, pero no es impertinente señalar que hay impulsos de un « «real-pragmatismo» desenfrenado hoy día, a consecuencia del cual queda apenas nada de las notas definidoras de la norma que ha de gobernar a los ciudadanos.

Es claro que el cuño anglosajón del principio ético-político en su formulación moderna fuerza a considerar que, con el término law, se expresa la norma jurídica no precisamente emanada del poder legislativo del Estado, sino «descubierta» en el proceso jurisprudencial propio del sistema de common law. En nuestro caso, pues, mejor que del imperio de la ley sería hablar del «imperio del Derecho» -como, por cierto, se interpreta aquella expresión cuando aparece en el artículo 117 de la Constitución en relación con la sumisión del poder judicial al imperio de la ley; y como el propio artículo 103 del texto fundamental recoge al señalar los límites dentro de los que debe mantenerse la actuación de la Administración pública-.

LA CERTEZA DE LA NORMA ESCRITA

Notemos que retener a la norma jurídica, descubierta en el proceso de common law, como la que gobierne según el «imperio de la ley», no significa demérito para la nota de certeza que, sin duda, viene exigida por el mismo principio. Hoy día se considera que sólo la norma escrita puede resultar cierta. Pero esto no es de suyo así, ni lo ha sido nada menos que en Roma, en donde el poder de dictar leyes estaba restringido al ámbito público y no al del ius civile -de cuya certeza no se dudaba pese a ser también sus normas objeto de la tarea de los jurisconsultos-.

Mas no puede dudarse que la forma escrita añade certeza a la norma, y, sobre todo, a partir del tránsito del Estado absoluto al liberal; según los postulados de la Revolución, no es posible dejar de reconocer la supremacía de la ley en la jerarquía de las fuentes del derecho. En este sentido, puede admitirse que «el imperio de la ley» alcance el significado de excluir el poder arbitrario precisamente por referencia a la ley como norma jurídica escrita, emanada del poder soberano del Estado.

Cabalmente, por ello, y para mantener la funcionalidad de la rule of law, ha de establecerse una separación entre los poderes del Estado. Al poder legislativo corresponde la producción de la norma jurídica escrita que, con el carácter de ley, se impondrá a todos los miembros de la comunidad, incluidos por supuesto los gobernantes.

LA DURACIÓN DE LA LEY Y SU ESTABILIDAD

Pero con la separación de poderes no se satisface en su integridad la preservación del significado de la rule of law. Mientras se atenía a la norma descubierta por los juristas, la norma tendía a ser «duradera» y por consiguiente «estable». Además, que hubiera de ser descubierta suponía que la norma era fruto de la experiencia y por consiguiente su mandato tenía un referente objetivable. Ni la estabilidad ni la referencia a un mandato con contenido objetivo se garantizan a partir de la transferencia del monopolio del poder legislativo al poder soberano, ni siquiera en el sistema de separación de poderes del Estado.

Por lo pronto, concebirlo como soberano en el contexto de secularización y autonomía, propio del racionalismo protestante, supone reconocerlo como poder ilimitado respecto del contenido de los mandatos. De otra parte, el poder soberano no tiene limitaciones por lo que se refiere a la mudanza o al cambio que puede operarse en la legislación.

Sobre la señalada mutación a que se ha visto sometida la norma llamada a imperar según la rule of law por reducirla a la norma escrita, planean así dos consideraciones de la ley de índole fundamentalmente ideológica que, cada una en su orden, producen tan formidable impacto en el repetido principio ético-político que, en verdad, hacen dudar de su efectiva información del orden político de nuestros días.

De acuerdo con estas concepciones la ley es simplemente un tipo de norma capaz de expresar un programa político y, todavía más, es un instrumento al servicio de la ingeniería social que demanda unas acciones de  «providencia especial» que se ejerce mediante estas leyes-medida.

Me refiero, de un lado, a la concepción de la ley como fruto de la voluntad general; y, de otro, al abandono de las notas de generalidad y abstracción de la ley, según las cuales ésta se dicta sin conciencia de a quienes favorecerá o perjudicará su mandato.

De acuerdo con estas nuevas concepciones, la ley es simplemente un tipo de norma capaz de expresar un programa político y, todavía más, es un instrumento al servicio de la ingeniería social que demanda unas acciones de «providencia especial» que se ejerce mediante estas leyes-medida, dictadas con unos concretos y conocidos destinatarios, para remediar alguna necesidad que sentirían en ausencia de la ley de que se trate.

LEY COMO NORMA ESCRITA Y PRODUCIDA POR EL PODER LEGISLATIVO

Estas circunstancias reducen a dos las notas que cualifican a una norma jurídica para poder llamarla ley, a saber: que se trate de una norma escrita y publicada en un determinado medio de comunicación social, y que se haya producido a impulso de la cámara en la que reside el poder legislativo.

Como se ve, se trata de dos notas puramente formales, pero dando ahora a esta palabra el sentido de mero formulismo o rito capaz de revestir cualquier mandato que sólo por esas razones se erige en ley. Incluso es de notar que en el lenguaje corriente se habla entonces de ley en sentido formal. De ley en sentido material se habla para expresar el carácter de un mandato dirigido a conseguir un fin pragmático.

Con tales puntos de partida no puede sorprender que, frecuentemente, se mida el grado de eficacia de un Gobierno por el número de leyes que durante su mandato han sido promulgadas. Se trata de una ponderación meramente cuantitativa expresiva de la degradación a que ha llegado la ley; de hecho, ella es la expresión de la mera voluntad de un grupo de hombres, el que en cada momento ocupa el poder.

A efectos de la funcionalidad del principio expresado por el «imperio de la ley», el arbitrio del grupo no deja de ser arbitrio por el hecho de que el mandato arbitrario se exprese en forma escrita y se publique en unas determinadas condiciones. Quien acuda al dato cuantitativo como medio de medición de la eficacia del Gobierno está contribuyendo a aquella degradación que priva de funcionalidad a la rule of law.

A su vez, el mero hecho de que la ley proceda de la asamblea legislativa en que reside el poder de hacer las leyes no permite atribuir su procedencia a la voluntad general como algo que excluya el gobierno de los hombres y lo sustituya por el de la ley. El arbitrio de los hombres del gobierno es sencillamente mediado, pero no sustituido, por la ley porque ésta es fruto de ese arbitrio. El recurso a la voluntad general, que con abuso del sentido rousseauniano se hace para significar que el mandato legal responde a la voluntad de un sujeto colectivo, apenas oculta la realidad de que las personas que integran la asamblea legislativa son, por lo que aquí interesa, las mismas que ejercen el gobierno; la voluntad general no puede utilizarse como si fuera la de un fantasma dotado de voluntad porque, aparte de que es absurdo, la voluntad general en su prístina formulación no significa más que cualquier ciudadano encontraría justificado el mandato legal, incluso si hubiere de serle aplicado a él. La idea responde precisamente a una consideración general y abstracta de la ley fundamentalmente acogedora de mandatos de índole negativa. Cabalmente, pues, la invocación a la voluntad general está fuera de lugar una vez que se admiten las leyes-medida o de providencia especial.

LIMITAR EL PODER DE DICTAR LAS LEYES

Con relación a la ley que abre el matrimonio a personas del mismo sexo, prácticamente de modo literal dijo la vicepresidenta del Gobierno que se esclarecía el sentido de lucha política
que tenía la oposición a la ley, toda vez que ésta sólo afectaría a quienes estuvieran dispuestos a contraer matrimonio a su amparo. La idea de la voluntad general se habrá conmovido en su tumba.

Pues bien, es claro que, teniendo en cuenta las modificaciones sufridas por la ley, si se quiere continuar atribuyendo un mínimo sentido a la rule of law deben reforzarse las cautelas en el plano del proceso de formación y producción de la ley,a fin de preservarla en la mayor medida posible del arbitrio de los gobernantes como medio indispensable para librar a los ciudadanos de ese arbitrio. En definitiva, debe cautelarse la forma sustancial de que debe investirse el proceso en la asamblea que tiene conferido el poder legislativo. Tanto más necesrio es esto cuanto mayor es la relajación que forzosamente sufre el principio del imperio de la ley debido a la degradación de ésta.

No es discutible que, en relación con todos los puntos causantes de esa relajación, el actual Gobierno se muestra al menos indiferente, lo que dice mucho de su escaso aprecio por la funcionalidad de la rule of law. Sería de enorme provecho establecer, ahora que están tan de moda, un observatorio de la sujeción del Gobierno al imperio de la ley. Nos asombraría tanto el desprecio del principio por parte del Gobierno como por parte de los ciudadanos. Como no puede dejar de asombrarnos el concepto que del derecho tiene la vicepresidenta del Gobierno, que para, más inri ha ejercido de juez. Con relación a la ley que abre el matrimonio a personas del mismo sexo, prácticamente de modo literal dijo que se esclarecía el sentido de lucha política que tenía la oposición a la ley, toda vez que ésta sólo afectaría a quienes estuvieran dispuestos a contraer matrimonio a su amparo. La idea de la voluntad general se habrá conmovido en su tumba. Tal parece que para esta buena mujer la ley no es ya una norma configuradora del orden social por su eficacia general ordenadora.

Me interesa detenerme en el acontecimiento no único pero sí más rotundamente expresivo del desdén de nuestro Gobierno actual por el «imperio de la ley», en el último reducto que le queda. Me refiero al episodio creado a fines del año pasado alrededor de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Pero basta ese botón de muestra para sugerir la conveniencia del observatorio de que hablo. Porque supuesto que se ha recorrido todo el camino de degradación de la ley como norma objetiva a la que incumbe el Gobierno según la rule of law, no queda ya sino reforzar la consistencia de la forma en el proceso legislativo como única garantía de libertad de los ciudadanos frente al poder arbitrario de los hombres. Por eso en este momento me interesa detenerme en el acontecimiento no único pero sí más rotundamente expresivo del desdén de nuestro Gobierno actual por el «imperio de la ley» en el último reducto que le queda. Me refiero al episodio creado a fines del año pasado alrededor de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Cierto que hubo voces sobre la impertinencia o inoportunidad del cambio; cierto que no dejó de plantearse un problema por el Partido Popular acerca del procedimiento de urgencia que de hecho se siguió en la producción de la ley. Pero no se puso, a mi juicio, el énfasis suficiente en el descaro con que el Gobierno manifestó su desprecio por la rule of law al reunirse el consejo de Ministros con carácter inmediato a la devolución del proyecto por el Congreso a fin de volver a aprobar el mismo texto y enviarlo a las Cortes Generales acto seguido. ¿Acaso puede afirmarse ante semejante conducta que entre nosotros el «imperio de la ley» sustenta de veras un Estado de Derecho? ¿En qué queda mermado, no ya excluido, el arbitrio de los gobernantes?

Esta reflexión induce a considerar necesario complementar el sistema de separación de poderes en su versión clásica con un modo de limitar el poder legislativo para que pueda hacerse efectivo el «imperio de la ley» que es, no se olvide, el primer requisito de un orden de libertad, y no sea posible, en consecuencia, certificar la defunción de Montesquieu, como estaba dispuesto a hacer otro vicepresidente del Gobierno (del mismo signo que el actual) bastante menos hipócrita que todos los demás, aunque acaso dotado de excesivo desparpajo.

No pueden dejar de evocarse con envidia los usos de la Atenas de finales del siglo V a.C. que exigían a quien proponía un cambio en la legislación que señalara las ventajas de la nueva ley respecto de la vieja. Si aprobada aquélla, la realidad demostraba que tenía peores consecuencias que la vieja, el proponente podía ser castigado a duras penas -hay quien dice que hasta a la de muerte-.

O la cláusula que nos recuerda Cicerón que se incorporaba a toda ley escrita no obstante el limitado campo del poder legislativo en Roma. Mediante la fórmula en cuestión (si quid ius non esset rogarier, eius ea lege nihilum rogatum), quien proponía una nueva ley advertía que, de ser aprobada, se tendría incluso por no propuesta, en el caso de que la ley contradijese el derecho anterior.

Si no somos capaces de exigir la vigencia del «imperio de la ley», no nos quejemos de ser tratados como súbditos, pues a esa condición nos habrá conducido el envilecimiento o abyección subsiguiente al descuido en la vigilancia por la realización del derecho.

La fe en el disenso

La sacralización de la política exterior como política de Estado ha acompañado a la diplomacia moderna desde su origen en el Renacimiento. El supuesto de que el consenso interno en cada país refuerza la posición internacional de los Estados entre el resto de las naciones, se ha convertido desde entonces en un dogma de fe que perdura hasta nuestros días. Y gobernantes de todos los colores siguen todavía hoy apelando persuasivamente a este mito para acallar la crítica a su gestión de las relaciones con otros Estados.

Sin embargo, esta convicción universal choca contra la realidad reciente de muchos países. En España, sin ir más lejos, cada vez resulta más arduo ponerse de acuerdo sobre la acción exterior más conveniente. Asuntos como Irak, Estados Unidos, Europa, Cuba o Venezuela han abierto una brecha profunda entre nuestras principales fuerzas políticas. Incluso los ex presidentes de gobierno más recientes se atreven a llevar adelante diplomacias paralelas, contradictorias con la del Ejecutivo de turno. Y más allá de nuestras fronteras, por poner otro ejemplo, Francia y Holanda nos acaban de sorprender desgarrándose en torno a la Constitución europea.

Aquí y allá el consenso se ha marchado y no es probable que regrese, porque las premisas en las que se basaba han dejado de tener validez. La buena noticia es que la llegada del disenso a las relaciones exteriores no es tan mala noticia.

UN MITO SOBRE ARENAS MOVEDIZAS

Varios factores han confluido para acabar con los tiempos en los que los países tenían una sola política exterior. Primeramente, mientras el Estado-nación era un bloque monolítico, un puñado de mandatarios en los que se concentraba todo el poder promulgaba la ortodoxia de la acción exterior del Estado. Ahora, fenómenos como la democratización o los nacionalismos han difuminado el poder político dentro de los países. Aunque una buena parte del mismo sigue estando en manos de los gobiernos, los parlamentos y las regiones se han ido apropiando de facultades de imperio cada vez mayores. Por si esto fuera poco, la soberanía de facto ha dejado de ser un poder exclusivamente estatal para dispersarse hacia organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general. Consiguientemente, el Estado entero, y no solamente el Ejecutivo, ha perdido el monopolio de la acción exterior.

Mientras el Estado-nación era un bloque monolítico, un puñado de mandatarios en los que se concentraba todo el poder promulgaba la ortodoxia de la acción exterior del Estado. Ahora, fenómenos como la democratización o los nacionalismos han difuminado el poder político dentro de los países.

La diplomacia forma parte ya de la actividad cotidiana de numerosos agentes estatales y no estatales, en la que cada cual obra como mejor le parece. De este conglomerado variopinto difícilmente puede salir una posición nacional unívoca hacia el extranjero.

Asimismo, durante la era de la soberanía westfaliana los países eran compartimentos estancos sobre la Tierra, hasta que la globalización de las últimas décadas ha desdibujado los límites entre las políticas interna e internacional. Confundidas las dos, los antedichos múltiples agentes políticos han dejado de pensar en clave estatal para hacerlo en términos de intereses y objetivos parroquianos, que ya no se definen por su pertenencia a un ámbito geográfico delimitado por las fronteras. De este modo la acción exterior se ha convertido en un lugar más para las peleas fratricidas, en vez de aquel remanso en el que las naciones alcanzaban la concordia interior. Con frecuencia la diplomacia es ahora la política interior por otros medios, parafraseando a Clausewitz. Por eso hoy los países pueden llegar a tener tantas políticas exteriores como internas.

Con frecuencia la diplomacia es ahora la política interior por otros medios, parafraseando a Clausewitz. Por eso hoy los países pueden llegar a tener tantas políticas exteriores como internas.

En último término, y como consecuencia de estas transformaciones, el espejismo del interés nacional, antaño fundamento teórico de la política exterior como política de Estado, ha terminado entrando en crisis. Lo que era la piedra angular de las explicaciones realistas de las relaciones internacionales y aún sigue siendo moneda de uso corriente entre los diplomáticos, en un afán simplificador, se ha convertido en un ideal cada vez más indefinible e inalcanzable. Lo que podría existir en el mundo de las ideas de Platón no pasa de ser la sombra de una entelequia en la caverna de la realidad en la que vivimos. La fragmentación del poder estatal ha poblado los países de una multitud de intereses particulares frecuentemente irreconciliables entre sí, mientras lo transnacional no deja distinguir lo autóctono de lo foráneo. En este magma no resulta sencillo deducir un interés general, sin el cual a duras penas se puede levantar una política de Estado. Al cabo, la definición del interés nacional se convierte en una construcción mental o un ejercicio de relativismo para el que todos se sienten legitimados. Y así, sin los absolutos que constituían sus pilares filosóficos, las políticas de Estado están condenadas a morir.

La fragmentación del poder estatal ha poblado los países de una multitud de intereses particulares frecuentemente irreconciliables entre sí, mientras lo transnacional no deja distinguir lo autóctono de lo foráneo. En este magma no resulta sencillo deducir un interés general, sin el cual a duras penas se puede levantar una política de Estado.

Al mismo tiempo, en Europa el consenso ha dejado de ser vital. Cuando la supervivencia de la nación estaba amenazada, como sucedía por doquier hasta mediados del siglo pasado, los países tenían que mostrar hacia fuera un frente sin fisuras. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial ese estado de naturaleza hobbesiano en el que cada pueblo era un lobo para el otro se ha ido paulatinamente esfumando de nuestro continente, hoy pacificado alrededor de la democracia y el movimiento integrador. Sin enemigos mortales, la unidad nacional en torno al estandarte de la política exterior se ha vuelto innecesaria.

Finalmente, en el caso de España, han desaparecido las razones que nos llevaban a ser distintos de los demás. Durante el régimen anterior, era Franco quien dictaba la política exterior de su puño y letra. Tras su muerte, la conflictividad en el ámbito de la acción externa siguió largo tiempo proscrita porque podía reavivar, dentro y fuera de nuestro país, fantasmas de dictaduras y guerras civiles. Ni siquiera nuestro ingreso en la OTAN pasó de ser un mero episodio de aparente discordia. Pero desde que la alternancia de la izquierda y la derecha, primero con la victoria, del PSOE y luego con la del PP, confirmó el arraigo irreversible de la estabilidad democrática en nuestro suelo, también nosotros podemos discrepar sobre los asuntos extranjeros sin que cunda la alarma.

LA POLÍTICA EXTERIOR POR OTROS MEDIOS

Además de haberse convertido en misión prácticamente imposible, el consenso en política exterior no es deseable, en la medida en que reduce la fuerza y el margen de maniobra de los gobiernos en las negociaciones internacionales, contrariamente a lo que postula el tópico. En ellas es habitual que el negociador recurra exitosamente a las presiones de algún sector de su país radicalmente opuesto a hacer concesiones, con el objeto de evitar firmar las cláusulas menos favorables. Esto no sucede cuando reina el consenso, porque éste es generalmente un acuerdo de mínimos, y quien parte con una posición blanda empieza a jugar con desventaja. En la mesa internacional, salen ganando las palomas cuando tienen halcones en el nido. Los nuevos tiempos también permiten poner la política interior al servicio de la diplomacia.

A partir de la Segunda Guerra Mundial ese estado de naturaleza hobbesiano en el que cada pueblo era un lobo para el otro se ha ido paulatinamente esfumando de nuestro continente, hoy pacificado alrededor de la democracia y el movimiento integrador.

Los ejemplos abundan. Así, Estados Unidos, un país en el que el gobierno de la Federación está dividido entre el Ejecutivo y el Legislativo, dos instituciones a menudo en manos de partidos políticos distintos, traer a colación las pegas que pondrá el Senado para ratificar el tratado internacional que sus diplomáticos están negociando se ha vuelto una cantinela que ablanda con frecuencia a todos los que están en tratos con Washington.

En las rondas del GATT y luego de la OMC sobre agricultura, son numerosos los países que aducen con efectividad la imposibilidad de eliminar las subvenciones a los productos agrícolas debido a las movilizaciones de sus agricultores.

Suiza es otro caso de país que ha conseguido unos acuerdos más favorables con la Unión Europea arguyendo el riesgo real de que estos tratados pudieran o puedan ser rechazados en referéndum por una población escindida en torno a la cuestión europea.

Nuestro país, en fin, también resultó beneficiario del disenso cuando, en 1985, la posibilidad de un voto negativo en el referéndum sobre nuestra permanencia en la OTAN convenció a la Comunidad Europea de la necesidad de acelerar la tramitación de nuestra petición de ingreso en esta organización supranacional.

Además de haberse convertido en misión prácticamente imposible, el consenso en política exterior no es deseable, en la medida en que reduce la fuerza y el margen de maniobra de los gobiernos en las negociaciones internacionales, contrariamente a lo que postula el tópico.

No es casual que, tras el reciente rechazo francés a la Constitución europea, el primer ministro danés, Anders Fogh Rasmussen, se haya apresurado a pedir garantías de que ese texto no será modificado próximamente para contentar a quienes ahora voten negativamente. Sin duda este dignatario nórdico recuerda que, cuando su país se opuso al Tratado de Maastricht en un primer referendo, el Consejo Europeo adoptó una decisión interpretando tal acuerdo de forma más ventajosa para Dinamarca. Otro tanto sucedió cuando Irlanda rechazó el Tratado de Niza, lo que provocó una serie de declaraciones interpretativas del Consejo Europeo al gusto de Dublín.

Ahora y en el futuro, España puede seguir sacándole partido a la división, cosa que seguramente estará y continuará haciendo, en terrenos como los derechos humanos o las relaciones comunitarias, entre muchos otros. Por ejemplo, la existencia de acusaciones de contemporización con las dictaduras que se achaca a quienes mantienen políticas de diálogo constructivo con regímenes autoritarios, como China o Cuba, se puede transformar en un argumento convincente ante las autoridades de esos países, con vistas a conseguir liberaciones de presos políticos u otros avances en su situación de derechos humanos. De igual modo, las críticas habidas en nuestro país por haberse renunciado a ciertas ventajas adquiridas en Niza pueden ser esgrimidas por Madrid ante Bruselas, París y Berlín con el fin de obtener un proceso de desmantelamiento de los fondos de cohesión lo menos doloroso posible para España.

En la mesa internacional, salen ganando las palomas cuando tienen halcones en el nido. Los nuevos tiempos también permiten poner la política interior al servicio de la diplomacia.

Por añadidura, el disenso amplía la autonomía de los gobiernos, ya que les permite sacar de la baraja de todas las posturas con apoyos dentro de sus respectivos países aquella que más les conviene en un momento dado, aunque no comulguen plenamente con ella y lo hagan por razones tácticas. Así, el negociador internacional se puede escudar en los grupos de presión de la industria pesquera nacional para pedir cuotas de pesca por encima de las cantidades que sus autoridades de Medio Ambiente estarían dispuestas a tolerar, con vistas a terminar aproximándose a su objetivo ideal. El consenso, en cambio, introduce una rigidez perniciosa para la negociación internacional, puesto que una vez conseguido no resulta fácil para el Ejecutivo apartarse de él, ni para mal ni tampoco para bien.

BENEFICIOS COLATERALES

Aquí no se acaban las razones que militan a favor del disentimiento. Este, además, puede contribuir a que la política exterior sea más democrática, eficaz y estable. Más democrática, porque alienta y enriquece el debate nacional sobre los asuntos extranjeros en mayor medida incluso que la búsqueda del consenso. De esta manera, la acción exterior del Estado gana en legitimidad, para lo que basta y sobra esa reflexión conjunta entre el poder público y la sociedad con anterioridad a la adopción de la correspondiente decisión de política exterior. Por regla general, un plebiscito favorable para cada resolución gubernativa no es ni necesario ni conveniente, ya que los Ejecutivos deben conservar cierto margen de libertad en su actuación exterior para no quedar presos en la demagogia y del populismo. La reválida democrática les llegará oportunamente en el momento de las elecciones.

Sería más eficaz, porque el aporte de ideas y la puesta en tensión de los gobernantes inherentes a toda controversia mejora la calidad técnica del proceso de análisis y toma de decisiones en política exterior. Verbigracia, probablemente salga ganando nuestra política hacia La Habana si su rumbo está sometido a un mareaje permanente, lo que dificultará los pasos en falso. Nada obsta para que este diálogo nacional se beneficie con la participación en el mismo de antiguos presidentes de gobierno. Aun desprovistos de potestas, su experiencia como estadistas les provee de una auctoritas que sería una pena desperdiciar.

Y más estable también, porque una diplomacia paralela a cargo de guen plenamente con ella y lo líderes de la oposición, incluso en hagan por razones tácticas. contradicción con la política exterior oficial, puede ayudar a confinar eventuales tensiones con otro país a un plano estrictamente gubernamental. Facilita las relaciones entre las naciones al margen de los vaivenes en las relaciones entre los Ejecutivos. Por eso los contactos de antiguos dirigentes del PP con la Casa Blanca otorgan más credibilidad a las afirmaciones de los presidentes Bush y Zapatero acerca de la solidez de la alianza hispano-norteamericana.

Los vínculos de la oposición con terceros gobiernos también pueden contribuir a mantener los canales de comunicación con otros países en los momentos de dificultades en las relaciones bilaterales, como sucedió cuando el ex presidente demócrata estadounidense Jimmy Cárter fue recibido en Cuba por Fidel Castro, con todos los honores, en mayo del 2002, en plena era republicana. De todos modos, en la hipótesis de que ganen unas elecciones, los opositores llegarán al gobierno con un bagaje de contactos internacionales que les facilitará su andadura como estadistas.

LA LLAVE DE LAS RELACIONESI NTERNACIONALES

Por regla general, un plebiscito favorable para cada resolución gubernativa no es ni necesario ni conveniente, ya que los Ejecutivos deben conservar cierto margen de libertad en su actuación exterior para no quedar presos en la demagogia y del populismo.

La creencia generalizada de que las divisiones internas disminuyen el peso relativo del Gobierno, y por ende del país, en sus relaciones bilaterales es otro temor sin fundamento. ¿Acaso la fractura de la sociedad estadounidense durante el mandato de George W. Bush ha restado peso internacional a la superpotencia o a su líder supremo? No lo ha hecho, porque es el Gobierno de turno quien posee el control de las relaciones internacionales del país en el plano oficial. Él es quien puede votar a favor o en contra de una resolución en Naciones Unidas, quien puede llamar a consultas a su embajador, quien puede conceder un préstamo a otro país, quien puede firmar un tratado con otro Estado o quien puede decidir la aplicación de sanciones contra otro país. Que un Felipe González en la oposición pudiera desplazarse o no a Marruecos en algún momento delicado de nuestras relaciones bilaterales con el régimen alauita, difícilmente hubiera podido afectar al vínculo entre Madrid y Rabat. Que ahora José María Aznar censure al Gobierno actual por haber retirado las tropas españolas de Irak tampoco tiene nada que ver con la supuesta frialdad de Washington hacia Madrid.

Es más, la falta de popularidad de un jefe de gobierno por sus lares apenas afecta a su capacidad de liderazgo internacional, siempre y cuando su permanencia en el poder esté asegurada. Véase sino cómo un presidente Clinton debilitado en su feudo por un escándalo con una becaria y el boicoteo sistemático de los sectores más radicales de la derecha, consiguió sin demasiadas dificultades el respaldo de la OTAN para poner orden en Kosovo. Esto ocurre porque los dirigentes mundiales no se miden entre sí con patrones internos, sino internacionales. Lo que cuenta son las capacidades del país que tienen detrás, así como su red de contactos por el mundo y su reputación entre sus pares, que no tiene por qué coincidir con su popularidad doméstica.

Lo que cuenta son las capacidades del país que tienen detrás, así como su red de contactos por el mundo y su reputación entre sus pares, que no tiene por qué coincidir con su popularidad doméstica.

La unidad interna confiere a una nación más influencia en el mundo únicamente cuando peligran su integridad territorial, sus valores más esenciales, o sus intereses más vitales. Cuando un país está en guerra es imprescindible cerrar filas en torno a los líderes, como bien recordaban Astérix y Obélix a unos compatriotas no siempre bien avenidos. Por este motivo pocos dudan que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam más en Norteamérica que en el Lejano Oriente. De ahí igualmente que los contendientes traten de dividir internamente al enemigo, como intentaban hacer recíprocamente Saddam y Bush en la fase previa a la invasión de Irak, porque saben muy bien que la cohesión interior refuerza la determinación y, por consiguiente, la capacidad de lucha del adversario. No obstante, no hay que olvidar que este tipo de situaciones es excepcional en la actividad diplomática cotidiana de la mayoría de los países, incluido el nuestro.

LA SOMBRA DE LA POLÍTICA INTERIOR

¿Por qué, a pesar de todas estas razones, nos empeñamos en mantener la ficción que hace de la diplomacia una cuestión de Estado? No es casualidad que quien ocupa el poder, independientemente de su ideología, abandere automáticamente el consenso, puesto que éste proyecta una imagen de funcionamiento bien engrasado de la maquinaria del servicio exterior que se traducirá previsiblemente en réditos electorales. Por ello donde el disentimiento duele a los países es en las cosas de casa, no en las de fuera. Este intento de subordinación de la política exterior a la interior no es sorprendente, habida cuenta de que mantenerse en el poder es posiblemente el objetivo primordial de los regidores.

Cuando un país está en guerra es imprescindible cerrar filas en torno a los líderes, como bien recordaban Astérix y Obélix a unos compatriotas no siempre bien avenidos.

Más llamativa empero es la facilidad con la que incluso la oposición se deja seducir en el plano dialéctico por la coartada del consenso esgrimida habitualmente por los gobiernos, aunque luego la ignore en la práctica. Probablemente, los esquemas mentales con los que operamos todavía no han asimilado la erosión de los pilares que la justificaban en el pasado. A este desfase se añade la tendencia natural a extrapolar mistificadoramente a la conducta de los pueblos determinados instintos arraigados en la psicología individual. Así, el tentador argumento de que los trapos sucios sólo se lavan en casa es válido para el ámbito privado, pero no para el público en el que se mueven todas las políticas, incluida la exterior. Igualmente, el gregarismo como reacción ante el miedo casa mal con las relaciones internacionales contemporáneas, más basadas en la cooperación que en el conflicto. Por pudor colectivo o porque suena escasamente patriótico, airear desavenencias internas no es de buen tono.

La relación con el extranjero termina siendo víctima del disenso solamente cuando éste se convierte en un fin en sí mismo. La contestación por principio distrae energías públicas e incluso puede llevar a la parálisis gubernamental. En cualquier caso, distorsiona la acción estatal en su totalidad, tanto en su dimensión interna como externa, porque puede provocar una espiral de negativismo en la que la oposición arremete sistemáticamente contra todas las decisiones del Ejecutivo y éste basa su actuar en el desmantelamiento porque sí de toda la labor de su predecesor: si con Venezuela sí, con Venezuela no; si con Francia no, con Francia sí. Tampoco debería extrañar que en muchas de estas ocasiones sea la oposición quien pretenda el sometimiento de la acción exterior a consideraciones domésticas, puesto que alcanzar al poder suele ser su prioridad.

Salvando estas circunstancias extremas, la política exterior reclama disenso, por lo que no conviene relegarla al cajón de las políticas de Estado. Forzar una identidad entre estos dos términos constituye un falso silogismo que conduce a la peligrosa conclusión de hacer de las relaciones con el extranjero un tabú. Las eventuales consecuencias nocivas de la disensión tienen remedio si se toman algunas precauciones. Ante todo, para evitar toda posibilidad de que la diplomacia sucumba a la política interna, la crítica tiene que ser responsable y estar bien fundada, tanto en términos de ética como de lógica. Debe hacerse en y a conciencia. No debe convertirse en un instrumento para conseguir fines espurios o partidistas ni tampoco ser banal, porque así no se mejora la calidad de las decisiones de política exterior.

A la cosa pública tampoco le vendría mal acostumbrarse a vivir en un estado de concordia discors horaciano, en una armonía en la discordia que no perturbe el funcionamiento de la maquinaria estatal, e incluso lo mejore. Al fin y al cabo, como venía a decir William Fulbright, en una democracia el disentimiento también es un acto de fe, porque, como una medicina, la prueba de su valor no reside en su sabor, sino en sus efectos. Quizá haya llegado el momento de sustituir un dogma obsoleto por otro inevitable.

La cultura durante los gobiernos del Partido Popular

El período entre 1996 y 2004 es ya un período extraordinariamente singular en nuestra historia reciente. Sólo aquellos que se dedican con entusiasmo y mala intención a distorsionar los hechos pueden negar las enormes mejoras que experimentó España durante esa época. Sin embargo, como la historia siempre depende de algún modo de lo que la sigue, ha calado en algunos ambientes una cierta versión de esos años en la que predomina la música de oposición que alcanzó la victoria en marzo de 2004, aunque todos sabemos que lo hizo con la inestimable ayuda de unos efectos escénicos extraordinarios.

Los gobiernos de Aznar
no hicieron prácticamente
nada por modificar lo que
podríamos llamar el
componente ideológico
en la situación de la cultura
española, un legado
que aceptaron como un bien
más que había que gestionar
con eficacia, sin reparar
suficientemente en el valor
político que comporta
cualquiera de las mínimas
cosas que se mueven
en tan variopinto mundo.

Una de las ideas centrales que han construido esa imagen, machaconamente repetida por el hoy presidente Rodríguez cuando era ZP, es que Aznar había crispado la vida política española gobernando al margen de la opinión pública, silenciando al Parlamento, tratando de destruir la pluralidad de España y traicionando a nuestros aliados tradicionales (¡!) en la Unión Europea para arrojarse en brazos de la extrema derecha norteamericana. Esta imagen tan interesada y demagógica no llegará a consolidarse, entre otras cosas, porque la historia real nunca se detiene y, a poco más de un año del cambio político, se dispone ya de suficientes elementos de contraste como para que sea realmente improbable una decantación de ese tipo. Fue una imagen que sirvió, con ayuda de inestimables errores propios, para movilizar a un electorado radical en el momento de las urnas y no debería servir para mucho más.

En relación con ella hay, sin embargo, una pregunta realmente importante: ¿cómo es posible que llegase a ser una imagen eficaz, pese a ser tan extraordinariamente contraria a hechos bien constatables? La respuesta a esta pregunta tiene que ver, a mi entender, con uno de los fallos políticos de mayor calado en los ocho años de gobierno del Partido Popular. No me refiero ahora a la política de comunicación, que casi siempre suele emplearse como pagana gustosa de esta clase de descalabros. Creo que hay un escalón un poco más hondo y que tiene que ver con el tema de este artículo, con la política cultural.

Hay que empezar por afirmar que los errores que se han cometido en este terreno, si es que, como yo creo, de errores se trata, no eran nada fáciles de evitar. No se trata, por tanto, de poner en cuestión la gestión personal de quienes se han encargado de protagonizar esa política en las dos anteriores legislaturas. Estoy convencido de que hicieron lo que pudieron y de que, con criterios de gestión ordinaria, su trabajo no ha desmerecido en nada respecto del resto de los equipos de los gobiernos de Aznar.

Convencidos como estaban de la superioridad intelectual y moral de las doctrinas liberales sobre sus alternativas de izquierda (una posición muy cómoda y razonable para vivir en Cambridge o en Chicago, pero arriesgada hasta el suicidio en Madrid y no digamos en Barcelona) no hicieron gran cosa por explicarse.

Sería absolutamente injusto pensar que lo que se ha hecho no ha servido de nada, entre otras cosas porque el hacer bien lo que hay que hacer tiene siempre influencias más profundas de lo que parece; y porque, además, el empeño del Gobierno en algunos proyectos de gran calado, como han sido los desarrollados en el Museo del Prado o en la Biblioteca Nacional, ha sido acompañado por el éxito. El Partido Popular ejerció muy bien una política cultural de Estado aunque se haya olvidado en buena medida de sus propios intereses, que en alto grado coincidían con profundos y muy reales intereses de la sociedad española. Los gobiernos de Aznar se preocuparon también de aumentar significativamente nuestra proyección cultural en el exterior potenciando extraodinariamente las exposiciones y giras internacionales de nuestros artistas y el visionado de películas españolas en el extranjero. El Instituto Cervantes, que fue otra de sus grandes preocupaciones, pasó de tener treinta sedes en 1995 a contar con más de cincuenta al acabar la legislatura y multiplicó muy significativamente el número de alumnos. En suma, en el terreno de las cifras el balance cultural de los gobiernos de Aznar ha sido tan favorable como en cualquiera de los demás aspectos de su gestión.

La expresión «política cultural» es singularmente ambigua puesto que con esa expresión se puede querer decir varias cosas bastante distintas, lógica consecuencia de la polisemia irrefrenable que arrastra la palabra «cultura». De lo que aquí nos interesa dejar constancia es que los gobiernos de Aznar no hicieron prácticamente nada por modificar lo que podríamos llamar el componente ideológico en la situación de la cultura española, un legado que aceptaron como un bien más que había que gestionar con eficacia, sin reparar suficientemente en el valor político que comporta cualquiera de las mínimas cosas que se mueven en tan variopinto mundo.

El Partido Popular ha tardado en comprender que no basta ganar, sino que es necesario convencer y eso es imposible sin una intensa política cultural.

La política general de los gobiernos de Aznar ha estado presidida por la convicción de que gestionando bien los problemas económicos, sometiendo al terrorismo y trabajando por el prestigio y el bien de España en el ámbito europeo e internacional, el resto de las cosas se encauzarían solas, sin necesidad de enfrentarse directamente con sus adversarios en un terreno como el cultural en el que una buena parte de sus actores, aunque ni tantos ni tan eximios como se suele presumir, lo eran de oficio.

El error político estuvo, probablemente, en que los gobiernos de Aznar no valoraron adecuadamente la importancia de los aparatos ideológicos, ni siquiera de los que controlaba el propio Gobierno. Es verdad que los informativos de TVE no les eran siempre desfavorables, pero el resto de la programación estaba en manos de gente convencida de esa cosmovisión (tan contraria al buen sentido) según la cual, si se daba el caso de que tuviera que aparecer en una serie de TVE un personaje, por ejemplo un concejal maligno y corrupto, cualquier espectador tendría que entender sin muchas dificultades que el malvado era de derechas, como siempre.

Convencidos como estaban de la superioridad intelectual y moral de las doctrinas liberales sobre sus alternativas de izquierda (una posición muy cómoda y razonable para vivir en Cambridge o en Chicago, pero arriesgada hasta el suicidio en Madrid y no digamos en Barcelona, salvo que uno sea millonario y no se dedique a la política) no hicieron gran cosa por explicarse. En consecuencia, los valores políticos de los españoles no se encontraban, a marzo de 2004, un poco más a la derecha de lo que estaban en 1996.

Cuando la segunda legislatura se sometió a las urnas ya eran muchas las voces en el gobierno y en el PP que advertían el riesgo que iban a correr porque no se había hecho pensar a los españoles en las razones del éxito evidente de ciertas políticas, porque no se había gastado ni tiempo ni energía en haber explicado a fondo las razones culturales de esos éxitos, y esa labor no se había hecho con la previsible disculpa de estar ocupados en cosas más importantes.

Los gobiernos de Aznar partían de un buen diagnóstico de la situación cultural de España; pero tardaron en entrar a fondo en el asunto y cuando se lanzaron las reformas pecaron de ingenuidad, confiaron en que sus adversarios iban a practicar el mismo juego limpio que ellos propugnaban.

El Partido Popular ha tardado en comprender que no basta ganar, sino que es necesario convencer y que eso es imposible sin una intensa política cultural, algo muy distinto del buen llevar con los demandantes de subsidios públicos que, travestidos de creadores con mejor o peor fortuna, se dedican a enunciar las grandes verdades/bobadas del estilo de Paz infinita y Alianza de civilizaciones, que ahora han encontrado una solemne investidura presidencial.

Los gobiernos de Aznar partían de un buen diagnóstico de la situación cultural de España. Sabían que una de las raíces de los males estaba en la deficiente educación, en la escasa capacidad de una buena parte de españoles para afrontar el análisis de cuestiones un poco complejas. Tardaron en entrar a fondo en el asunto y cuando se lanzaron a reformar estas cosas pecaron de ingenuidad, confiaron en que sus adversarios iban a practicar el mismo juego limpio que ellos propugnaban. Como es evidente, no ha sido así y los mismos que dialogaban amablemente con el Gobierno a la espera de lo que la ley de presupuestos les pudiera reservar, se lanzaron inmisericordes a su cuello en cuanto vieron que los ocho años insoportables se podían convertir en doce, y que hasta ahí podíamos llegar.

 

Desde un cierto punto de vista, el comportamiento del electorado español, negando la mayoría al Partido Popular, puede entenderse como un rechazo al protagonismo económico e internacional que Aznar estaba empezando a procurar para España, un protagonismo que chocaba de frente con algunos de los dogmas del pensamiento de izquierda siempre bien dispuesto a identificarse, sin mayores precauciones, con la democracia y con la misma decencia. Una parte del electorado no estaba dispuesto a endosar las empresas en que Aznar nos estaba metiendo y no estaba dispuesto no porque se lo pensase bien y no le pareciese oportuno, sino porque eso contradecía la autoimagen de un progresismo paleto y maniqueo con que siempre está dispuesta a identificarse la izquierda, sobre todo si ese es el precio que hay que pagar para conquistar el poder. Aznar se metió valientemente en aventuras que un país cobarde no estaba dispuesto a secundar. Aquí, lo estamos viendo ahora, la culpa es siempre de los americanos y los radicales islámicos no hacen otra cosa que defenderse de las gratuitas agresiones (bueno, gratuitas no, que es por el petróleo) de unos vaqueros egoístas, ignorantes y sin cultura.

Desde un cierto punto de
vista, el comportamiento del
electorado español, negando
la mayoría al Partido Popular,
puede entenderse como un
rechazo al protagonismo
económico e internacional
que Aznar estaba empezando
a procurar para España,
un protagonismo que chocaba
de frente con algunos de los
dogmas del pensamiento
de izquierda siempre bien
dispuesto a identificarse,
sin mayores precauciones,
con la democracia y con
la misma decencia.

Ese macizo de la raza no podía entender las políticas de Aznar y las confundió con un afán de protagonismo, no se conmovió con ellas, sino que las vio solamente como un riesgo innecesario. Como para buena parte de la izquierda española la derecha no puede tener ningún acierto; y como la derecha tampoco se tomó muy a pecho la obligación de explicar la razón de ser de sus éxitos, el electorado de izquierda vio la posibilidad de administrar bien ellos mismos, pero sin dejar de ser de izquierdas, signifique eso lo que signifique, que ya se está viendo cómo depende del caso. A la ausencia de nervio ideológico en las propuestas del Gobierno, cierto electorado no respondió desideologizándose sino, muy al contrario, radicalizando su actitud hasta convencerse de que había que combatir lo que, con su clarividencia crítica, empezaban a identificar como el fascismo.

La izquierda estaba en una verdadera bancarrota intelectual, ha sabido redefinirse y se las ha arreglado para pactar con dos de sus enemigos históricos: el mundo del dinero y el nacionalismo de raíz burguesa.

El fair-play de los gobiernos de Aznar en los asuntos culturales, su liberalismo práctico dando juego a todos sin favorecer de ninguna manera a los amigos (si acaso, a los más atravesados) no sirvió de nada. No ha cundido el ejemplo y el nuevo gobierno ha convertido a Felipe González en un estadista liberal al superarle en todos los terrenos en cuanto a prácticas sectarias que ahora nadie denuncia porque hay miedo a la represalia.

Durante los ocho años de gobiernos de Aznar la izquierda, que estaba en una verdadera bancarrota intelectual, ha sabido redefinirse y se las ha arreglado para pactar con dos de sus enemigos históricos: el mundo del dinero y el nacionalismo de raíz burguesa. Son pactos que dan muy bien la medida de su desinhibición, de lo que están dispuestos a hacer por seguir en la Moncloa, como ya estamos viendo. El Gobierno de Rodríguez no va a subir, de momento al menos, los impuestos ni va a amenazar a los más afortunados ya que puede vivir bien de las rentas de ocho años económicos extraordinarios. Pero sí va a hacer, y muy intensamente, una política cultural bien definida y sin ninguna clase de complejos porque se toman muy en serio la idea de que la cultura es cosa suya. Los intelectuales que han colaborado de una u otra manera en actividades e iniciativas de los gobiernos anteriores ya están empezando a sentir lo que pesa la mano del castigo de muy distintas formas y sin excepciones. Un entendimiento excesivamente institucional de la política cultural está siendo substituido a toda prisa por una política de partido y de camarilla que no le hace ascos a nada que pueda parecer liberador o moderno: que semejantes monsergas cursen sin que pase nada da una idea muy precisa de lo que realmente valemos, de cómo un paletismo neo-casticista se enseñorea de todo y provoca exclamaciones y arrobos a los del talante de tanto verse en el espejo. Como la Biblioteca Nacional ya ha organizado, por ejemplo, una versión hiphop de la obra cervantina, la presumible disculpa será que hay que acabar con las viejas erudiciones y dejar el paso a la cultura viva. Para este plan no se puede negar al presidente Rodríguez haber escogido a las personas adecuadas.

La mayoría de edad de Las Edades del Hombre

La primera época de Las Edades del Hombre, que se cerrará el próximo 2006 en Ciudad Rodrigo, nació como una empresa aventurada el 24 de octubre de 1988 en la catedral de Valladolid. Los resultados sumados desde entonces hasta hoy han desbordado las esperanzas más optimistas.

UN MODELO A SEGUIR

Al examinar la cantidad y calidad de los trabajos realizados en estos años se percibe la dificultad de resumir, en el espacio de unas breves líneas, las aportaciones que el proyecto de Las Edades del Hombre ha ofrecido a los hombres y las tierras de Castilla y León. La dificultad aumenta si consideramos que ese proyecto, después de superar ampliamente las fronteras regionales, ha llegado a convertirse en un modelo para otras iniciativas dentro y fuera de España. Así lo demuestran las solicitudes presentadas a la dirección de Las Edades para el montaje de otras exposiciones, como las de Amberes y Nueva York, lo mismo que la instalada actualmente en la catedral de la Almudena, de Madrid, dentro de los actos del ciento cincuenta aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción.

Al evaluar las diez exposiciones que han recorrido durante los últimos años las diócesis de Castilla y León, junto a las dos citadas de Amberes y Nueva York, se registran unas cifras tan significativas que apenas necesitan mayor comentario.

En números redondos, son casi ocho millones los visitantes que han tenido la oportunidad de contemplar las tres mil piezas expuestas, entre esculturas, pinturas, retablos, orfebrería, custodias, tapices, monumentos sepulcrales, códices miniados, incunables; instrumentos y partituras de música sacra, textos y documentos. Todos estos objetos fueron seleccionados para integrarse en cada una de las catedrales, como el auténtico marco natural para el que fueron creadas y donde adquieren su más pleno sentido histórico, artístico y religioso.

LA DIGNIDAD DE UN PUEBLO

Se cumplen así los propósitos que movieron a los fundadores de Las Edades del Hombre -el sacerdote José Delicia (fallecido en 1996, a los 65 años) y el escritor y periodista José Jiménez Lozano (Langa, Ávila, 1930)- a impulsar un proyecto tan ilusionado como de incierto final. En una larga conversación de amigos en torno a una mesa camilla, sacerdote y escritor habían decidido rebelarse contra el difundido prejuicio de considerar a Castilla y León como un cadáver, más o menos glorioso, del pasado. En realidad, no aceptaban los crueles versos de Antonio Machado cuando hablan de una Castilla que «envuelta en sus harapos desprecia cuanto ignora». El proyecto de las Edades, como avanzadilla de la cultura y recuerdo de la historia, ofrecería la posibilidad de vencer la ignorancia y cambiar el desprecio por un admirado aprecio. Y es que, conscientes de la riqueza de su patrimonio, estaban seguros de que el pueblo ya no sería acusado de refugiarse en sus harapos. Nunca más.

Velicia y Jiménez Lozano pusieron manos a la obra. La cuestión no era tanto reunir los elementos artísticos, disponibles en cantidades abrumadoras, sino habilitar el modo, la forma de darlos a conocer, para que fueran bien comprendidos y no simplemente «contemplados» como puro objeto. El problema fue más bien el «cómo» habría de hacerse para cumplir los objetivos deseados, puesto que se trataba de poner en relación la obra con sus autores, los hombres que la hicieron posible y comprender la fuerza de los sentimientos que aspiraban a transmitir, de acuerdo con los valores vigentes en la época en que esas obras se crearon.

Valores, sentimientos, historia que, en el caso de Castilla y León, nos descubren una elevada forma de ser hombre, en toda la dignidad que el término comporta. En definitiva, se trataba de recordar, con palabras del mismo Jiménez Lozano, la realidad que un mundo banalizado parece olvidar, a saber: que «el hombre es el capital más preciado».

José Velicia se refería a este proyecto de Las Edades del Hombre como «un pan amasado por muchas manos para recuperar la dignidad de un pueblo». En términos reales, bajo el símbolo de ese pan, se escondería, tal vez, el propósito de que sirviera de alimento sabroso, como lo sería también para el espíritu el rico patrimonio artístico, amasado por muchas manos, durante siglos, en las tierras castellanoleonesas.

LA MEMORIA HISTÓRICA

Situado, como base de partida, el hombre en el papel de verdadero protagonista y motor del proceso creativo, cada una de las exposiciones era concebida como un gran capítulo de la historia, plasmado en la expresión artística reflejada en pinturas, esculturas, retablos, libros litúrgicos y partituras musicales, ordenados siguiendo un criterio narrativo que permitiría captar la más plena dimensión humana -o «humanizada»- de las obras expuestas. De ahí el acierto del rótulo que abarca el conjunto del proyecto: Las Edades del Hombre, pues atribuye al paso histórico del hombre sobre la tierra -en este caso, la de Castilla y León- su camino auténtico hacia la trascendencia.

Para los dos contertulios, los ingredientes se encontraban disponibles con una abundancia abrumadora. Sólo había que trabajar para mostrar aquellos tesoros en calidad de testimonio visible, capaz de despertar la memoria histórica y devolver el orgullo de su identidad al pueblo castellanoleonés que, a lo largo del tiempo, con gran esfuerzo, tesón y fina sensibilidad, había generado aquel patrimonio, lo había custodiado y conservado como un tesoro que transmitir a las generaciones futuras.

Velicia y Jiménez Lozano coincidían en el propósito de no presentar las piezas agrupadas con criterios académicos -siempre fríos- según estilos, escuelas o épocas, sino disponerlas de modo que fueran capaces de recordar al hombre de hoy el mundo de valores religiosos, artísticos y culturales del que son herederos. Jiménez Lozano lo expresaba magistralmente el explicar los propósitos que les movieron: «No se trataba de una didáctica ni de una formación acerca de esa evolución artística formal sino del mundo y trasmundo en el que esas obras artísticas habían nacido, determinando incluso su forma y a veces hasta la misma técnica. Se trataba de evitar cualquier reduccionismo o falseamiento de la naturaleza de los iconos que se mostraban y de permitirlos hablar y decir en un ámbito o clima cultural y espiritual que fue el suyo».

SIGNOS SUTILES

Para cumplir esos fines, cada una de las exposiciones procedería a desarrollar, en varios capítulos, un argumento o tema central, en torno al cual las obras seleccionadas cobrarían su más pleno sentido. Jiménez Lozano fue el narrador que compuso el guión para las siete primeras exposiciones -Valladolid, Burgos, León, Salamanca, Amberes, Burgo de Osma y Palencia- y que sirvió como pauta y modelo en las sucesivas de Astorga, Zamora, Nueva York, Segovia y Ávila.

En todos los casos, al redactarse el guión narrativo, se valoraban debidamente las circunstancias específicas de las catedrales y templos donde se iban a celebrar las exposiciones, así como el carácter, cualidades y rasgos definidores de las obras que se encontraban disponibles.

Posteriormente, se trataba de acomodar los espacios disponibles a las exigencias del guión y disponer en ellos las obras de arte seleccionadas, que nos permiten comprender el particular lenguaje que dejaron escrito para nosotros los arquitectos, escultores, pintores, músicos, grabadores y orfebres castellanoleoneses.

No es difícil comprender que la preparación y montaje de cada una de las exposiciones resulte una tarea muy compleja, en la que participan equipos de expertos, diseñadores, decoradores, técnicos en iluminación y, sobre todo, restauradores dedicados a recuperar la belleza original, muchas veces afectada por el deterioro del tiempo, las condiciones del clima, la suciedad o el abandono. Localizar, valorar, acreditar la autenticidad, estudiar y catalogar cientos de obras, muchas de ellas desconocidas, ha sido una de las tareas de rescate que ya justificarían, por sí mismas, la existencia de Las Edades del Hombre.

Al éxito del proyecto han contribuido numerosos factores que es de justicia reseñar. Además de la genial visión debida a los fundadores -José Velicia y José Jiménez Lozano-, las Edades recibieron el respaldo entusiasta, primero de los obispos de las diócesis de Castilla y León, y después de la Conferencia Episcopal Española. Hay que consignar también el apoyo incondicional recibido en los primeros años a través de la presidencia de la Junta Autonómica, que en 1988 desempeñaba José María Aznar, ayuda que ha sido renovada, hasta el momento presente, por los sucesivos gobiernos de esa autonomía. Contribuyeron a sufragar los gastos, además de las citadas instituciones y diputaciones provinciales, otras entidades financieras, como las cajas de ahorro locales y empresas privadas.

Mención especial merece el sacerdote vallisoletano don Antonio Meléndez, que ha ejercido durante diecisiete años, con sumo acierto y máxima fidelidad a las ideas fundacionales, la gestión eficaz del proyecto, hasta su dimisión reciente. La labor realizada, merece el reconocimiento público de los actuales administradores, que habrán de velar porque Las Edades del Hombre respondan siempre al principio de que es el hombre «el capital más preciado».

Poema de ida y vuelta

 

Voy siempre por la misma, la larga carretera

que me lleva en los viajes de ida o de regreso
rumbo siempre a las mismas, por ella separadas
o juntas pero siempre las mismas dos ciudades.

Voy y vengo por esta carretera de siempre
que atraviesa los páramos cruzando las anchuras
con el sol y el silencio de los llanos apenas
como solos testigos que acompañan la ruta.

(Solos… hoy: ya hace mucho —la carretera traía
los rumbos del espacio pero también del tiempo—
que sobre esta calzada se cerraban los oímos
y el rumor circulaba por un claustro de sombras).

Ahora nada se oculta porque en la luz no hay nada,
ni en el aire que mide lo profundo del cielo,
que detenga a los ojos cuando a lo lejos vuelan
por campos de matices de cambios infinitos.

Tanto es así que puedo, cuando los días crecen
y verdean los cerros con facetas moradas,
recontar, en las copas de los chopos, los nidos
que, puntuales, cada año, regresan la vida.

Y allí, junto a uno de esos escasos accidentes
—en invierno, una pértiga congelada y desnuda—
hay una casa en ruinas que busca mi costumbre
como si allí encontrara refugio mi mirada.

Como si…: Cuántas veces he pasado por ella;
cuántos días delgados, del otoño, cobrizos,
o de la primavera, restallantes y malvas;
cuántas tardes cualquiera me he fijado en su rostro

y enseguida he soñado con tejer una historia
hilvanada en las leyes del ayer y el mañana:
En un día primero —como siempre pensamos—
los muros con firmeza derrotaban al viento…

Después, la lluvia, el peso de la nieve en las cámaras
filtrada por rendijas cada noche más hondas
las rendijas abiertas por el polvo de agosto…
Y luego
—en ese sueño todo va hacia otra nada—

la llave que se oxida sobre el brocal del pozo,
la boca de la puerta, sin labios, las ventanas
como cuencas vacías que miran con fijeza
desde una calavera clavada sobre el páramo…

Como si…: Cuánta imagen ordenada en secuencias
prisioneras de un sueño, tan humano, y del hábito
del relato del tiempo con su efecto y sus causas.
Cuánta gris carretera para no darme cuenta

de que allí, en el recodo, sobre la áspera loma,
por entre los oteros que arrugan la meseta
y donde al fin espero ver hundida la casa,
todo allí, sin que nadie lo haya visto, regresa.

Todo ha estado volviendo, pero ahora sin tiempo:
los cimientos han ido fraguando en la argamasa
y el mortero ha trazado las paredes de nuevo
con el pobre aparejo de las piedras y el barro;

en el techo, los nudos de las vigas, dorados,
ya sin tiempo rezuman otra vez la resina,
y las tejas han dado trabazón a su urdimbre,
y de nuevo ha encajado, sobre el quicio, la puerta.

Cuánto viaje por esta carretera de siempre
sin pensar que aquí mismo, en el campo, a mi paso,
todo lo liso y llano, lo sucesivo acaba,
lo que tienen de tiempo mis palabras se acaba

pero entonces, vacías, en silencio, obedientes,
despertarán si escuchan decir a otra palabra
que la muerte se cierra como zarza entre ruinas
y una vida entreabre su camino al que espera.

(1998-2005)

Y un año de Gobierno socialista

Me permitirá el lector que, antes de entrar en la materia que reza en el título de esta colaboración, dedique unas pocas palabras -siempre serán insuficientes- a Nueva Revista, cuando esta publicación alcanza su número 100. Cualquier centenario es de por sí elocuente acerca de la fortaleza de una vida, y ocurre también en este caso, aun cuando se trate de un proyecto editorial. Nueva Revista empieza a ser ya longeva, sin duda, habida cuenta de la volatilidad que conoce el sector. Creo que esa solidez se explica por tres importantes razones. Primero, por la profunda valía humana e intelectual de su fundador y aliento permanente, don Antonio Fontán; luego, por la consistencia intelectual del proyecto, capaz de matizar sus perfiles en circunstancias distintas y que ha permitido sucesiones en la dirección, conjugando continuidades y cambios con un gran equilibrio; finalmente, también por un sólido Consejo editorial, constituido por grandes profesionales -y estupendas personas-, cuyo abrigo cálido y consistente tanto me acompañó durante el tiempo en que, gracias a la generosidad y apoyo de don Antonio Fontán, dirigí Nueva Revista. Todas esas condiciones, a buen seguro, permitirán ir sumando más y más números de esta publicación, con la que muchos nos sentimos tan identificados.

Y abordo ya la razón de estas reflexiones. El análisis de los resultados de cualquier elección pueden hacerse desde muy distintas perspectivas, pero los siguientes me parecen tres de los más elocuentes: a) qué es lo que nos indican sobre el presente y el futuro de la política, en el ámbito local donde han tenido lugar los comicios; b) en qué medida sirven sus resultados para evaluar la situación de los apoyos electorales de los partidos nacionales, en un ámbito político más amplio; y finalmente, c) sus posibles consecuencias para el futuro inmediato de la política nacional.

Comencemos, así, por la primera de estas aproximaciones, es decir, por los resultados desde, en y para el futuro de Galicia.

Los datos, sin ulteriores precisiones, nos dicen que la participación se ha incrementado de una manera significativa respecto de las últimas elecciones autonómicas. Un 4% más de votantes respecto al año 2001 significa, si incluimos el conocido como voto CERA (Censo de Residentes Ausentes), casi 140.000 votantes más que en el 2001 (una cifra con la que se puede operar en los análisis sin graves distorsiones, aun cuando, en puridad, haya que ajustarla según los saldos que arrojen las salidas y entradas en el censo electoral a lo largo de los últimos cuatro años, como consecuencia de las defunciones y mayorías de edad).

Esa variación es muy similar a la que tuvo lugar en las elecciones autonómicas gallegas del 2003 respecto a 1989; en aquella ocasión, la participación de la primera en relación a la última subió en casi cinco puntos y recordemos cómo, a efectos de posibles impactos de esos cambios en la afluencia de votantes, el PP conoció entonces un incremento del 6% de sus apoyos electorales -exactamente al contrario de lo que ahora ha ocurrido-.

El análisis del voto por formaciones políticas nos muestra a un Partido Popular que mantiene una sólida base electoral tras cuatro periodos consecutivos en el Gobierno de la Xunta, aun cuando ha perdido 35.000 votantes -(6,3%) de votos-. Quedar a un escaño de la mayoría absoluta tras dieciséis años de Gobierno llevaría en cualquier elección, y en cualquier lugar, a considerar que estamos ante un gran resultado. Y efectivamente, así es, es por más exista una imposibilidad fáctica de que el PP sigua gobernando en Galicia. Don Manuel Fraga deja la presidencia de la Xunta de Galicia con un muy alto nivel de reconocimiento de los electores gallegos -un hecho, a mi entender, excepcional y que no hay que dejar de subrayar-.

El Partido Socialista de Galicia (PSG) salda esta cita electoral con un importante incremento de votos, prácticamente 220.000 -procedentes mayoritariamente del incremento de participación-, si bien se sitúa todavía a distancia considerable del PP (los populares los superan en algo más de 200.000 votos).

La tercera fuerza política importante -los nacionalistas del BNG- han concurrido a las elecciones con un cambio significativo de liderazgo, después de un largo periodo vinculados a la imagen del señor Beiras; y respecto de las anteriores elecciones autonómicas, han perdido un 10% de sus votos y un total de cuatro escaños (en lo fundamental, orientados ahora hacia al PSG).

En relación a la campaña electoral y al voto, destacaría tres aspectos significativos por sus consecuencias en distintos ámbitos y dimensiones. Primero, el impacto de la campaña personal de Mariano Rajoy: algo que, en mi opinión, contribuye decisivamente a llevar al PP desde una sólida mayoría hacia el umbral de la mayoría absoluta. En segundo lugar, la tendencia a la baja del nacionalismo. Finalmente, la definitiva irrupción en la competencia electoral de los emigrantes censados.

Me refería unas líneas más arriba a que una primera perspectiva de interés en la reflexión sobre los resultados electorales estaba ligada a sus consecuencias «ad intra» -en la propia región-; y, desde esa aproximación, señalemos en primer lugar que contravendría a la opinión expresada por los electores gallegos el que un futuro gobierno PSG-BNG hiciera una opción radical, tanto en política económica y social como en lo referente a la política territorial. En relación a lo económico y social, hay una práctica división en dos grandes bloques del electorado, según reflejan los distintos porcentajes de votos. Y respecto a la segunda cuestión, poca equivocación cabría en afirmar que el porcentaje de los que encuentran un acomodo sin problemas sustantivos en el modelo estatutario actual, constituye una consistente mayoría de los votantes gallegos.

¿Hasta qué punto los resultados en Galicia indican cambios en la evolución de los apoyos electorales del PSOE y el PP, respecto de las últimas elecciones generales?

Si consideramos los resultados de las tres consultas electorales que han tenido lugar durante el primer año de gobierno socialista -las elecciones europeas, para el Parlamento en el País Vasco y las de Galicia- es plausible concluir que la correlación de fuerza de ambos partidos en el ámbito electoral nacional es, hoy por hoy, básicamente similar al resultado que arrojó las elecciones del 14 de marzo del 2004. Ni la erosión de los apoyos del PP aparece como significativa y, por tanto, el acercamiento del PSOE a una posible mayoría absoluta parece de momento lejano.

En otro orden de consecuencias -y vamos ya a la última ventana desde la que observar los resultados electorales en Galicia-, el Partido Socialista añadirá otra comunidad autónoma (que además es una de las tres históricas) a su cuota de gobierno regional; y en este caso, coaligado también a un formación nacionalista que ya ha dado dos avisos: que quieren que Galicia se denomine «nación» y que su apoyo a los socialistas a no les va a salir barato. Sumado lo anterior a la orientación radical que el Gobierno socialista de la nación está imprimiendo a importantes políticas sociales y al futuro de la propia organización territorial del Estado, cabe esperar que el próximo Gobierno de Galicia se convierta en un ariete más en la línea de radicalidad, división de los españoles y nula eficiencia en todo lo que sea trabajar sólidamente desde el Gobierno de la nación por el progreso y el futuro de la sociedad española en su conjunto.

Causa verdadera perplejidad, y desde luego preocupación, observar cómo, ante dos posibles caminos en cualquier materia, el presidente Rodríguez Zapatero y su Gobierno optan sistemáticamente, y además con una mayoría propia relativa, por la solución que más divide a la sociedad, la que es más conflictiva, de consecuencias más impredecibles y más temeraria.

En un rápido vistazo a las decisiones que el Gobierno socialista ha tomado en su primer año, nos encontramos básicamente con que unas se han orientado a yugular, sin que parezca importar a qué precio, las leyes que el Parlamento aprobó bajo el último Gobierno del PP. Ejemplos paradigmáticos de ello son la Ley de Calidad y el Plan Hidrológico Nacional. Otras decisiones se han orientado a satisfacer las demandas de sus socios catalanes de ERC (así, el traslado del Archivo de Salamanca); a poner en zozobra el entero equilibrio constitucional de nuestra Carta Magna; a plantear muy peligrosas aventuras en relación a la lucha contra el terrorismo de ETA. En otros casos, se ha propuesto desbaratar en alto grado la política exterior y, con ello, la credibilidad de España (véanse las grandes amistades de este Gobierno con algunos dictadores y sus erráticas actuaciones en Europa); y finalmente, otras que gratuitamente hieren valores y creencia de una parte bastante superior de la sociedad española de lo que parece considerar gobierno socialista cuando, además, hay soluciones que resolverían los problemas siendo mucho menos conflictivas.

No sé si el PSOE está convencido de que, procediendo así, suma inequívocamente votos; en mi opinión, por más que pudiera haber algunos resultados en el plazo breve, esta estrategia es de corto alcance porque -eso es seguro- las energías que se están gastando con tanta tensión, división e incertidumbre dejan de ser invertidas en las direcciones más eficaces para conseguir prosperidad y bienestar futuras para los españoles. Y esto también es seguro: que las acciones tienen consecuencias.

Convertir la crisis en una nueva oportunidad

Crisis, bloqueo, parón… El pasado 17 de junio se clausuraba la última cumbre europea con una dolorosa falta de acuerdo entre los Veinticinco para concluir las negociaciones del presupuesto comunitario y definir los pasos a seguir tras la resaca del no francés y holandés a la Constitución. Los periódicos de toda Europa espolvoreaban un día después la sensación de fracaso y desaliento con que sus líderes volvían a casa. ¿Nos encontramos ante una verdadera crisis en la UE? Sin duda es demasiado pronto todavía para aventurar el alcance de los últimos acontecimientos o proponer soluciones milagrosas, pero sí podemos reflexionar sobre las raíces que han motivado el doble no a Europa y barajar alternativas que puedan servir de respuesta para todos los que hoy miran al viejo continente y se cuestionan: y ahora… ¿qué?

Tras la sorpresa inicial, los principales analistas europeos coinciden hoy en señalar que el rechazo de franceses y holandeses al texto constitucional fue más fruto de un malestar real de los ciudadanos hacia problemas de carácter social y económico, como lo son el paro, la deslocalización de empresas a consecuencia de la globalización, el miedo a una inmigración creciente y el recelo a los nuevos miembros de la UE y a la política de ampliación. Fue, en definitiva, un rechazo al contexto actual de la Unión más que un rechazo del texto constitucional en sí.

Por otro lado, tras una larga época de recesión económica generalizada y falta de líderes de talla en la UE, quizás haya que buscar las razones del rechazo social a Europa como una respuesta a las pulsiones nacionalistas que suelen afectar a los países en tiempo de crisis: los seguidores de Le Pen en Francia, la lista del asesinado Pim Fortuyn en Holanda, el resurgir de partidos más radicales en las últimas elecciones al Parlamento europeo en junio del pasado año —por ejemplo los británicos del partido euroescéptico UKIP; los ultraconservadores polacos de la Liga de las familias  (LPR); o el partido de agricultores Legítima Defensa (Samoobrona), también polaco— podrían ser indicadores de una brecha más profunda en la identidad europea y del avance del populismo en nuestro continente.

En todo caso, el rechazo al texto constitucional en dos de los países fundadores de la UE deja en evidencia la lejanía de los líderes nacionales con respecto al ciudadano: si ambos países hubieran utilizado la vía parlamentaria para ratificar la Constitución en lugar del referéndum, un 85% de los diputados hubiera votado a favor del texto en Holanda y aproximadamente el 80% hubiera hecho lo mismo en Francia.

LLEGÓ EL  «NON»…

El pasado 30 de mayo, el «no» ganaba en Francia con un nada desdeñable 54,87%, sobre todo teniendo en cuenta que la participación fue del 69,74% —más alta que en las elecciones europeas del año pasado—. Si bien debemos admitir que la campaña previa al referéndum consiguió librarse en buena parte de los fantasmas habituales de la política nacional y supo centrar su debate en temas genuinamente europeos —varios libros sobre la UE llegaron a desbancar a otros superventas de no ficción—, la verdad es que la respuesta que motivó al electorado fue más bien un rechazo a los problemas estructurales a los que el país se enfrenta en el terreno socioeconómico y de los que se culpa a Europa: el miedo a una crisis económica, a perder los fondos agrarios de los que Francia es primera beneficiaria y a los riesgos de la globalización de un mercado de servicios que a menudo identifican con la figura del «fontanero polaco». Por otro lado, grupos más radicales, como el liderado por el mítico Le Pen, se encargaron de teñir con tintes xenófobos la campaña de rechazo: «no» a la llegada masiva de inmigrantes, «no» al ingreso de Turquía en la UE, «no» a más ampliaciones.

Las cifras sirven de ejemplo: El «no» ganó en dieciocho de las veintidós regiones francesas, pero fue especialmente contundente en regiones rurales con un alto nivel de desempleo —que ya supera al 10% de media en el país— y mayor presencia de inmigrantes —se estima que uno de cada veinte habitantes franceses es hoy musulmán, y uno de cada doce procede del norte de África—. Así, en Languedoc-Rousillon (región del sur que posee un nivel de paro superior a la media y donde actualmente se sufren las amenazas de deslocalización de empresas como Perrier), el 62,37% optó por rechazar la Constitución.

Sólo en las regiones más ricas —Bretaña, Alsacia, el País del Loira e Isla de Francia— venció el «sí». El apoyo al texto constitucional estuvo también muy presente en las grandes ciudades francesas, como París (donde el «sí» obtuvo el 66%), Lyon, Burdeos, Estrasburgo y Toulouse. Marsella, urbe con un gran núcleo obrero, fue la excepción entre las ciudades, con un rechazo a la Constitución del 80% de los votos.

Por último, el referéndum francés ha dejado también un sabor a desencanto que, para muchos, pone de manifiesto la creciente pérdida de identidad en Francia. «La sociedad francesa está en un estado depresivo preocupante que la convierte en aurista hacia el proyecto europeo», destacaba un editorial del diario Libération. «Esta frustración deriva también de la dificultad de Europa a repensarse y definir el porqué de una unión más allá de intereses económicos». Más dramático fue el escritor galo Nicolás Baverez en un artículo del Abe: Tras el rechazo a la Constitución «se esconde la grave crisis moral y de identidad de una nación que ya no sabe quién es ni a dónde va». El «no» francés, en fin, ha sido visto por el país fundador como una señal de divorcio, de desorientación ante la pérdida de la grandeur francesa, un «no me reconozco en la Europa de hoy».

Y DESPUÉS EL  « NEE »

Tres días después, la victoria del nee en Holanda (61,6% a favor del «no») obedeció a razones parecidas y siempre pragmáticas: los holandeses quieren dejar de ser contribuyentes netos en la Unión en una época de recesión económica generalizada. El miedo a la inmigración que en su día espoleara el asesinado líder populista Pim Fortuyn sirvió también de munición para la campaña del «no». El diputado populista independiente Geert Wilders basó por ejemplo su campaña contra la ampliación a Turquía. También defendieron el «no», por diversos motivos, los grupos de extrema izquierda, así como las plataformas defensoras de animales y los protestantes ortodoxos que defendían «la preservación de su identidad».

Sólo 25 municipios de los 450 que componen Holanda votaron sí al tratado constitucional. En los diarios nacionales, sin embargo, lejos del derrotismo francés, podía palparse cierto orgullo nacional. «El pueblo holandés pega el tiro de gracia a la Constitución», estimaba el periódico Algemeen Dagblad. «Un «no» duro como una roca», titulaba el diario más leído, Telegraaf. Cuando quince días más tarde era el primer ministro Peter Balkenende quien se enrocaba con tenacidad para defender una reducción de la contribución presupuestaria de su país durante la cumbre europea de Bruselas, fue acusado de egoísmo nacionalista en los pasillos por líderes como Chirac. «En casa lo entenderán», fue toda su respuesta durante una rueda de prensa.

PESIMISMO, ESE VIRUS CONTAGIOSO

El sentimiento de pesimismo y el miedo de los líderes al rechazo constitucional se extendieron como la pólvora en los días previos a la cumbre, donde debían negociarse las «perspectivas financieras» que dotarán de presupuesto a la UE del 2007 al 2013.

El Reino Unido fue el primero en anular su referéndum sobre la Constitución, seguido de cerca por Dinamarca —cuyo plebiscito estaba previsto para el 27 de septiembre— y por Portugal —que pensaba celebrarlo en octubre, coincidiendo con sus elecciones municipales—. Tras «el periodo de reflexión» que los Veinticinco decidieron darse para retrasar el proceso de ratificación al menos hasta mediados del 2007, esperando a que concluyan las próximas presidenciales francesas, queda por ver qué harán el resto de Estados miembros que también habían anunciado referendos: Luxemburgo, Polonia, Irlanda y la República Checa. Además, otros seis países deben pronunciarse a través de sus parlamentos nacionales.

Al fin y al cabo, en una Unión de 455 millones de personas estamos hablando de un rechazo al texto de sólo dos países de la UE, que supone el «no» de 76 millones, mientras que otros diez países (que suman 225 millones de ciudadanos) ya lo han ratificado. España es, además, el único país que ha logrado la ratificación por referéndum, pues los demás lo hicieron por vía parlamentaria.

Si bien un éxito a favor del tratado en nuevos referendos supondría un respiro y algo de esperanza para que la Constitución sobreviva al vendaval del «no», también lo es que los líderes de dichos países se lo pensarán mucho antes de utilizar este instrumento democrático de ratificación. En el caso de Luxemburgo, que ostenta la presidencia de la UE hasta el 1 de julio, su presidente, Jean-Claude Juncker, decidió dejar en manos del Parlamento la decisión de posponer o no el plebiscito, previsto inicialmente, y confirmado al cierre de este número, para el 10 de julio. La Cámara deberá pronunciarse este verano.

En la República Checa, la oposición al Gobierno es de carácter conservador, hace campaña contra la Constitución y había pedido un referéndum para finales del 2005. Las últimas encuestas de opinión en el país sugieren otra victoria del «no», con el 29% de los votos. Sólo el 19% votaría a favor y el 27% se siente indiferente. En todo caso, la celebración de un referéndum en dicho país requeriría la adopción de una nueva ley sobre la que el Parlamento aún no se ha pronunciado.

En Polonia, la consulta electoral estaba prevista el mismo día que los comicios presidenciales (9 de octubre). En las elecciones parlamentarias previas (25 de septiembre) todos los sondeos prevén el triunfo de una coalición entre conservadores y liberales —hoy en la oposición—, de marcado carácter euroescéptico. Sin embargo, en una encuesta realizada tras los referendos en Francia y Holanda y publicada el 14 de junio, los sondeos sorprendieron a todos con un triunfo masivo del «sí» en Polonia: 57% a favor frente al 19% en contra. Sin embargo, el Gobierno polaco ha desconvocado temporalmente el referéndum.

Por último, la celebración de un referéndum en Irlanda sería obligatoria para ratificar el texto constitucional, puesto que supone una modificación de su propia Constitución. Los resultados son aún inciertos, aunque una encuesta del 14 de junio habla de un 35% a favor del «no» y 30% por el «sí». Todos recordamos aún con recelo el rechazo irlandés al Tratado de Niza en 2001.

Ni siquiera los países que ya han ratificado el tratado consiguen librarse del virus del pesimismo que reina estos días en la opinión pública. En Alemania —el mayor país de la UE en términos de población y cuyo Parlamento concluyó la ratificación de la Constitución el pasado 27 de mayo— un reciente sondeo de opinión realizado por la televisión pública ha revelado que la mayoría de los alemanes habría votado contra el texto constitucional de haberse celebrado un referéndum tras la debacle en Francia y Holanda.

CONCLUSIONES

Seamos claros: lo que hoy está en juego en Europa es el modelo de unión que queremos, no la Unión Europea en sí. Tras el doble rechazo al texto constitucional, un sondeo de la Comisión Europea demostraba que la mayor parte de franceses (62%) y de holandeses (65%) cree que su particular victoria ayudará a renegociar un texto más social. Además, una aplastante mayoría en ambos países considera positiva su pertenencia a la UE. Otro dato optimista: en los dos países la movilización para acudir a las urnas fue notable, con una tasa de participación de 69,74% en Francia y de 62,8 % en Holanda, ambas muy superiores a la participación registrada en los últimos comicios europeos. Por primera vez en mucho tiempo, los ciudadanos se han interesado, incluso apasionado, por la cuestión europea.

Sin embargo, muchos no han sabido entender las prisas de una ampliación a diez países de golpe y los compromisos prematuros con Turquía. Para resolver estas cuestiones, quizá debamos diferenciar entre la adhesión de países en el pasado reciente (que ha correspondido más al concepto de «reunificación de Europa») y el debate sobre futuras ampliaciones.

Tampoco se ha sabido digerir el descontento de los Estados tradicionalmente más proteccionistas hacia medidas económicas que abren el mercado (recordemos las constantes protestas contra la temida China en el sector textil o del calzado) o que dejan abierta la puerta del sector servicios al «fontanero polaco». De hecho, en Francia hubo dos proyectos de directiva europea que funcionaron como caballo de Troya para introducir el «no» en el corazón de los pesimistas: el proyecto de ley comunitaria sobre la liberalización del mercado de servicios (conocida como la «Directiva Bolkenstein») y otra directiva sobre la regularización de las horas de trabajo en Europa.

España, único país que ha logrado ratificar la Constitución por referéndum, tiene la oportunidad política de servir como elemento catalizador de los países donde existe un consenso a favor de la Constitución y donde aún no se desea enterrar el texto en vida. El proceso, aunque ralentizado por esa «pausa de reflexión», continúa. El eje franco-alemán no funciona últimamente. Toni Blair trata de ganarse la confianza perdida en Irak con una defensa a capa y espada de su cheque británico, y en la lucha se ha quedado aislado, tal y como demostró la cumbre y ya ha reconocido la prensa inglesa. Además, soplan vientos de cambio en Europa y el eco trae los nombres de Sarkozy en Francia, Angela Merkel en Alemania y quizá Prodi en Italia.

En este nuevo paisaje, ¿qué amigos tiene España?, ¿qué aliados supo encontrar a la hora de negociar su parte de los presupuestos? Ciertamente ninguno, excepto el luxemburgués Juncker que ejercía de mediador como presidente de la UE. La escena geopolítica se mueve deprisa en Europa y nuestro país tiene hoy la oportunidad de liderar el optimismo moderado que, tarde o temprano, ha de volver a la Unión cuando la crisis se relaje. Pero necesita más amigos y un mayor esfuerzo diplomático para labrarse su propia red de alianzas.

En definitiva, si deseamos apaciguar el descontento de algunos y el creciente «ombliguismo» de otros que tan fácilmente retoman el discurso del Estado-nación, se impone entre los líderes de Europa un esfuerzo mayor para reconocer que hay problemas —algo que todos supieron escenificar con el fracaso de la cumbre y el bloqueo de las negociaciones presupuestarias—, fomentar el debate público sobre ellos (que no se baje el telón, que no se apaguen los focos), y tratar de definir, con algo más de coraje político, dos preguntas fundamentales: cuáles son las fronteras de Europa y qué modelo socioeconómico queremos.