José Manuel Cuenca Toribio

La moderación, cualidad fundamental del libro de José María Aznar, hace que éste pueda ser no sólo un lugar de encuentro para las legítimas aspiraciones de gobierno y de acción política, sino también un foro para la reflexión sobre los problemas e interrogantes que tiene planteados nuestra sociedad en este fin de siglo. En general, los políticos españoles realizan aquella definición del hombre que una leyenda bufonesca atribuye a Platón: son bípedos implumes, ciudadanos que no escriben. No se creen nunca obligados a exponer formalmente el organismo de sus pensamientos, los principios, que de sus acciones públicas emanan. Les aterra parecer ideólogos. Palabras éstas de Ortega un tanto inmatizadas, pero que, como siempre ocurre en la caracterización de algunos fenómenos claves de nuestra historia debida a la pluma del autor de La rebelión de las masas, dan en la diana. Comparada con la clase política británica, francesa o lusitana, la española no ha encontrado casi nunca en su amor por la cultura y, sobre todo, en su afición por el dulce tormento de la escritura una señal distintiva. Hubo, sí, una línea de conducta aflorada en los altos medios políticos de mediados del siglo XIX que, con discontinuidad e intermitencia, se ha mantenido, con desigual fortuna, repetiremos, hasta la actualidad. Tal costumbre radicó en que en los inicios de carreras públicas que se adivinaban fulgurantes y llamadas a un gran destino, el joven político o algún redactor a sueldo… daba a la luz un libro en el que se abordaban los problemas más candentes de la actualidad nacional e, incluso, a las veces, se diseñaba en sus páginas todo un programa de actuación futura. En la etapa finisecular, esta corriente creció anchamente, registrando tal literatura su época quizás de mayor esplendor. Doctorado muy notablemente en Bolonia y con ambiciones inembridables acerca de una desbordada vocación política, Alvaro de Figueroa, futuro conde de Romanones, publicó en el intervalo de un lustro dos obras de indudable relevancia El régimen parlamentario y Biología de los partidos políticos, en las que se demostraba un acabado conocimiento de las cuestiones más candentes del panorama político europeo; centradas, esencialmente, en la pasajera crisis del sistema representativo de corte liberal ante el embate de una democracia imparable. Un correligionario del conde, dotado de prendas y talento igualmente descollantes para la acción pública, su coetáneo José Canalejas y Méndez, se serviría primordialmente de las columnas de la prensa para reflexionar, coram populo, sobre la inflexión del canovismo en la crisis finisecular, y para lanzar a los cuatro vientos un mensaje más inconformista y radical que el de Romanones. Programa que veía como punto final de la acción del partido liberal el nacionalizar la monarquía alfonsina, esto es, ensanchar su base social, desprendiéndola del dogal oligárquico. Tiempo adelante, Manuel Azaña se valió, en la dirección de la célebre revista España, del predicamento del que ésta gozaba aún en su fase terminal en los círculos universitarios e intelectuales para, burla burlando, con la glosa de la política del día al día en la España inconsciente de Primo de Rivera, abocetar el cuadro de su España ideal. Por su parte, los políticos catalanes han destacado en el cultivo de esta tradición, como lo demuestran, entre otros muchos ejemplos, uno mayor y otro mayor, los de Cambó y Eduardo Aunós, alineándose en el mismo surco figuras de otros cuadrantes ideológicos, a la manera, v. gr., de Pi i Margall o Tarradellas. El libro de Aznar: la moderación En tal trayectoria que bien pudiera denominarse clásica, se inserta, pues, con plenitud de títulos, la obra del joven líder del partido que en nuestros días constituye la oposición del PSOE, del que, en cualquier momento, puede convertirse en sustituto, conforme generalizada opinión. Este comentarista ocasional quisiera subrayar ante todo en ella la cualidad de la moderación, nota fundamental en cualquier tiempo, y aún más en el presente, en el que del mundo occidental ha desaparecido o va camino de desaparecer la polarización social, hasta ha poco factor decisivo de la dialéctica política. Esta moderación hace que su libro, teórico y práctico al mismo tiempo, pueda ser lugar de encuentro no sólo para las legítimas aspiraciones de gobierno y de acción política de una gran cantidad de ciudadanos españoles, sino también foro y palestra para la reflexión acerca de los problemas que atraviesa nuestra sociedad y de algunos de los interrogantes que, como los de todos los países de su entorno histórico y cultural, tiene planteados en este fin de siglo y de milenio. El máximo contemporaneísta español del novecientos, el sevillano Jesús Pabón, gustaba de hablar y de escribir sobre el poder creador de la política y los políticos moderados. Estudioso de períodos de cambio y transición, la apología del moderantismo realizada por el autor de Cambó no sólo rendía justicia a muchas figuras y etapas del mundo contemporáneo occidental, sino que también intuía el futuro de su país. Para que éste se constituyese en paz y libertad era necesario que las opiniones remplazasen a los dogmas y el centro a los extremos. En la dialéctica del proceso histórico de los dos últimos siglos las síntesis más fecundas se han llevado siempre a cabo por las posiciones moderadas. Más allá de una simple adjetivación cronológica en la política del ochocientos hispano la década larga que va de 1843 a 1854, el moderantismo en el poder se identifica en ancha medida con las fases de mayor prosperidad material y mayor equipamiento social de los pueblos de Occidente en las dos últimas centurias. Las colectividades adultas se reconocen en el espejo de las políticas de centro, abstracción hecha de su mayor tendencia o capacidad asimiladora hacia la izquierda o a la derecha. Mucho ha costado evidentemente llegar a tal estadio en un país como el nuestro, con incoercible proclividad en tiempos no muy lejanos por los maximalismos. Hoy es una realidad venturosa, desde la que se puede y se debe atalayar el porvenir con gravedad al par que con optimismo. Este es el mensaje tal vez capital que se desprende de la lectura de una obra que, como decíamos más arriba, no se limita a recorrer las vertientes conceptuales o teóricas de la política, sino que, muy por el contrario, no esquiva el recorrido, a las veces detenido, por los asuntos con mayor incidencia y preocupación para el hombre y la mujer de la calle, que son, en definitiva, el sujeto de toda acción política democrática. Justamente el título España. La segunda transición alude de manera clara a ello. Constitucionalizado el país y penetrado en sus hábitos de convivencia por una cultura política moderna y con todas las señas de identidad de las naciones avanzadas, la nuestra puede lanzarse a la excitante aventura de lo que el autor denomina una segunda transición. Las metas de este ambicioso empeño redundarán, una vez alcanzadas, en el logro de un equilibrio entre el Estado y la sociedad, entre grupos e instituciones, entre individuo y colectividad, un equilibrio, en fin, de las lógicas tensiones que el nacimiento y consolidación de la monarquía democrática han provocado en nuestra comunidad, necesitada de nuevos objetivos ilusionantes. Uno a uno, los temas que constituyen el torso de la política española son convocados a revista por José María Aznar. Con sobria y directa escritura, el autor analiza sus principales vertientes, aportando en todos los casos soluciones bien definidas a los interrogantes o disfunciones que, a sus ojos, su dinámica plantea. España: nación plural La síntesis fecunda entre las legítimas aspiraciones autonómicas y la realidad vigorosa del primer Estado verdaderamente nacional registrado por los anales de la historia europea, suscita la atención del dirigente de un gran partido con vocación de gobernar a un país al que ya los antiguos conocían como la tierra de las mil ciudades… Cara a la construcción europea y al formidable desafío que el remate de ésta implicará para colectividades como la española, la británica o la francesa, edificadas sobre los cimientos del EstadoNación, todo el esfuerzo que al tema se dedique será siempre escaso. El lúcido interés consagrado por José María Aznar a esta magna quaestio de la política del próximo quindecenio es, sin duda, uno de los grandes aciertos de su libro. De la definición del ser histórico español, de la noción que de nuestra patria tengamos, dependerá, en verdad, el edificio que se construya para albergar la convivencia y proyectar la acción de España en el mundo durante los próximos años. Buen conocedor de la temática por su feliz experiencia al frente de una de las Comunidades más entrañables de este viejo país, las propuestas e iniciativas del autor son muy pertinentes en orden a un mayor desarrollo del Estado de las Autonomías y a una más engrasada integración de sus piezas. La colectividad que protagonice la inmediata andadura de una de las cuatro o cinco naciones que han creado la cultura contemporánea, tendrá que basarse en la vigencia de unos valores cívicos con capacidad movilizadora y alentadores de la lucha por las mejores causas en que se encuentran empeñados nuestros contemporáneos. Canales y vehículos de estas aspiraciones habrán de ser un sistema parlamentario verdaderamente representativo y unos partidos políticos fuertes y audaces, que den como resultado el tonificar y potenciar la acción surgida de la entraña misma del cuerpo social. Modernizar la economía También en primera persona habla el joven líder de la oposición de la problemática concerniente al ámbito de la economía. Tanto por edad como por profesión y entrega, el autor conoce bien los efectos estragadores del paro y de la economía sumergida, así como los peligros de una sociedad subsidiada y, por ende, carente de mentalidad e impulso para reformas profundas. Muchas serán las medidas que en este orden de cosas habrán de adoptarse, dentro, por supuesto, de una ortodoxia económica que hoy prácticamente se extiende por todo el mundo. Todas las fórmulas expuestas y las argumentaciones aducidas para introducir correctivos o savia nueva en muchos planos del equipamiento económico y social de la España de fines de los años noventa son dignas, desde luego, de reflexión y es asaz probable que, una vez pasadas por la piedra de toque de los hechos y las realidades cotidianas, se revelen en gran medida eficaces y oportunas. Tanto, por ejemplo, en la vertiente sanitaria como en la educativa no es lábil el compromiso adquirido por el autor frente a una eventual acción de gobierno. Cabe, obviamente, albergar alguna duda acerca de la viabilidad de tal o cual proyecto, ya que toda iniciativa, y más aún en las materias aludidas, tiene una traducción presupuestaria que no es siempre fácil de conseguir. Pero, en conjunto, el marco reformador dibujado en las páginas de la obra respecto a las citadas facetas y a otras muchas de igual o semejante entidad, es firme y, en buena proporción, convincente. En particular, por el plausible ardor de Aznar en ponderar la limitación de las riquezas y recursos y en exaltar el esfuerzo individual y colectivo que ha de realizarse para alcanzar, en las sociedades postindustriales, un bienestar digno y estable. Esta moral del trabajo y la austeridad, à rébours del discurso dominante en las comunidades hedonistas del mundo, ofrece incuestionablemente, uno de los aspectos más sugerentes y positivos de una obra de la que el utopismo o la demagogia están ausentes. Al enfrentarnos a la tarea de la modernización de nuestra economía es necesario tener muy claros cuáles deben ser los objetivos primordiales: necesitamos, por un lado, crear empleo, necesitamos más y mejores empleos; hay que asegurar un crecimiento estable a largo plazo, y, finalmente, es imprescindible garantizar, y mejorar, los servicios públicos, especialmente los sociales, que disfrutan los españoles. Estos tres objetivos están estrechamente relacionados. Ninguno de ellos es independiente de los otros. Si no conseguimos un crecimiento que permita la creación de empleos, las prestaciones sociales se podrán ver amenazadas en el futuro […] Las carencias presupuestarias han abierto el debate en torno a la crisis del Estado del bienestar. Esta crisis no es, en mi opinión, sino el reflejo de la que se deriva de una economía incapaz de generar empleo para todos y del crecimiento desmesurado del gasto público […] Hablar de economía no es otra cosa que hablar del bienestar de los españoles. Por eso, cuando oigo hablar del Estado del bienestar, me importa muy poco que éste sea Estado, y mucho que sea del bienestar. Creo que es urgente un debate en profundidad sobre el modo de prestar, de una manera más eficiente, los servicios sociales. No se trata de contraponer doctrinalmente lo público y lo privado sino de encontrar el modo mejor y más barato de asegurar las prestaciones. Los costes crecientes y sin control están impidiendo la mejora de los servicios y comprometiendo su futuro. La introducción de competencia en la prestación de los servicios públicos puede ser un factor decisivo tanto para la mejora de la calidad como para el control de los costes. En cualquier caso, creo que el que exista mayor libertad para elegir es siempre un factor decisivo de bienestar […] Una idea elemental, que muchas veces he repetido, es que en economía no existe la gratuidad. Cualquier nueva inversión, cualquier nuevo servicio, cada nuevo funcionario o edificio público, son pagados por los contribuyentes, que se ven obligados a renunciar a una parte de sus ingresos para financiarlos. […] Siempre he tenido claro que un gobernante responsable es el que tiene en todo momento presente que está administrando recursos ajenos, de cuyo uso tiene que dar cuenta. Los recursos provienen de los contribuyentes y, al ser necesariamente escasos, un destino concreto de los mismos excluye todos los demás usos alternativos posibles, tanto públicos como privados. A veces parece que algunos ciudadanos, cuando piden a los poderes públicos más y más servicios, no tienen presente esta realidad. Demandan un beneficio propio con la esperanza de que sean otros los que soporten su coste. Es verdad que el Presupuesto ha de ser un instrumento de la solidaridad social con aquellos que en un determinado momento se ven en dificultades y en situaciones de necesidad por contingencias de la vida. Salvadas esas situaciones de necesidad, como todos los que con nuestros impuestos financiamos el gasto público del que todos, en principio, nos deberíamos beneficiar. […] Una economía sin ahorro disponible en cantidad y precio adecuados termina finalmente estancada. Es algo así como la situación de un conductor al que se va racionando la gasolina y, a la vez, subiéndole su precio; tarde o temprano tendrá que detenerse para seguir a pie… Larga es la cita; pero responde al interés despertado en toda sociedad moderna y, muy especialmente, en las presididas por el dios del consumismo, por las cuestiones atañentes al desarrollo de los pueblos y a la necesidad creciente de satisfacer sus demandas materiales. España en el mundo Afortunadamente, esta lógica y natural atención por los asuntos concernientes a la economía no hace olvidar al autor, según lo hemos visto, otras materias. Era un dogma en la antigua estasiología el que la política interna de una nación imponía las premisas de la internacional. Todavía sigue conservando parte de su vigencia el viejo axioma; aunque en un mundo de absorbente interdependencia, las fronteras entre una y otra se presentan muy difuminadas. Aznar le dedica la quinta y última parte de su libro, con atención condigna a su trascendencia. Europa, en primer lugar; luego, Iberoamérica; después, el Mediterráneo; y, en fin, las relaciones de España con todo el ancho mundo, merecerán parágrafos muy enjundiosos en los que se perfilan los grandes rasgos que la opción política por él representada daría a la acción internacional de una potencia media como España, pero grande universal, diríamos por su historia y cultura. El equilibrio y la moderación vuelven a ser aquí los quicios en que se articula la meditación de Aznar. Apertura, paz, solidaridad, atención permanente por las naciones que un día pertenecieron al añoso tronco de España; atención también y solicitud por todo lo que afecta al Mare Nostrum; y, finalmente, disponibilidad absoluta en la cooperación con los organismos tutelares de la concordia que, en tratados y deseos más que en hechos y realidades, guía los anhelos de los líderes de la comunidad internacional. Una política cultural para España Concluida en este importante puerto la navegación por el presente y el futuro inmediato de España acometida por Aznar en las densas páginas de su libro, su terminación apendicular no suscita menos interés. Entre las tres piezas que integran este retablo postrero no dudaríamos en destacar la segunda: Una política cultural para España. Con perspicacia y alteza de miras, Aznar se plantea nada menos que una rendición de cuentas de nuestro inmenso acervo cultural al servicio de la reconciliación definitiva con nuestra historia. Pocos, pero firmes puntales le prestarán su concurso para la tarea: Menéndez Pelayo, Ortega y Gasset, Sánchez Albornoz, Menéndez Pidal, Américo Castro, Laín Entralgo, Julián Marías… Entrar en el tercer milenio con una visión distorsionada de la historia y la cultura española a causa de las malformaciones introducidas en su fisonomía por sectarismos y descalificaciones partidistas, equivaldría a un acto de inadmisible insolidaridad con las próximas generaciones. Cualquier descripción maniquea del pasado nacional debe ser desterrada antes de llegar a esa fecha palintocrática del año 2000, mirada por tantos contemporáneos como efemérides catárstica y lustral a un tiempo. Por instinto de supervivencia y de una elemental justicia, el sentido integrador tiene que imponerse en el balance de la actividad de nuestros antepasados y el signo + debe ser el más utilizado. Han sido ya muchos años, siglos casi, en los que los españoles apenas si han desplegado otro afán que el de la limpieza étnica del pensamiento y el sentir de los compatriotas en coordenadas distintas a las suyas. Ruptura y anatemas se desbordan por cualquier capítulo de ese ayer sin excepción de paisaje y de época. La tolerancia es también una gran virtud política. Los gobernantes de raza siempre lo han sabido… y practicado. Historia y cultura, ecos y mensajes del pasado que, fielmente interpretados y seguidos, impulsan a nuevas andaduras. Independientemente de los avatares electorales, todo el programa expuesto en la obra que acabamos de glosar tiene un escenario natural: el siglo XXI, un tiempo que llama ya a las puertas del presente. A construir ese futuro convoca el autor del libro y joven líder de un partido que agrupa a muchos millones de españoles. Gran empresa, si las hay, a la que deseamos feliz travesía.

Alberto Míguez

La crisis del peso con que se cerró el año y se abrió 1995 constituyó el fin del sueño mejicano, una quimera sabiamente alimentada durante su sexenio por Salinas de Gortari y cuyos frutos recoge ahora su hijo clónico, el novato presidente Ernesto Zedillo.

Definitivamente, los fines de año no le sientan bien a México y a los mejicanos. Cuando rompía aguas 1994, en el Estado de DChiapas, uno de los más pobres del país, un grupo hasta entonces desconocido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLNse alzó en armas pidiendo pan, tierra y libertad. Horas después entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, que consagraba según el presidente Salinas de Gortari y sus amigos la entrada de México en la modernidad y su salida del Tercer Mundo. A lo largo de los doce meses siguientes el país vivió en el filo de la navaja: fueron asesinados el candidato presidencial del PRI (semipartido único), Luis Ronaldo Colosio, y su secretario general, José Francisco Ruiz Massieu; altos cargos del partido fueron acusados de la segunda de esas muertes, el EZLN siguió campando por sus respetos en Chiapas y se celebraron elecciones presidenciales y para gobernadores, en las que, como estaba previsto, ganaron de nuevo los oficialistas. Como escribió un conocido analista francés, el país pasó en unos meses de la envidiable estabilidad a la radical imprevisibilidad. Y eso se produjo precisamente en un ambiente de fin de reino, cuando Salinas, el reformador, hacía las maletas. Pero todos estos hechos, con ser graves, fueron incomparablemente menos trascendentes para el futuro del país que la crisis del peso con que se cerró el año y se abrió 1995. Para algunos, lo ocurrido entre el 22 y el 31 de diciembre de 1994 constituyó el fin del sueño mejicano, una quimera sabiamente alimentada durante su sexenio por Salinas de Gortari y cuyos frutos recoge ahora su hijo clónico, el novato presidente Ernesto Zedillo. Salinas intentó marchar por la senda que su antecesor, Miguel de la Madrid, había iniciado en el terreno de la liberalización económica: alineó el peso con el dólar norteamericano, abrió la economía a los mercados internacionales e inició un ambicioso programa de privatizaciones. Las consecuencias no se hicieron esperar: en menos de seis años la inflación pasó del 130% anual al 10%, el déficit público se redujo espectacularmente, la deuda externa se aligeró y afluyeron las inversiones extranjeras, sobre todo las norteamericanas. Claro que muchas de estas inversiones tenían mas que nada carácter especulativo. En 1992, la economía mejicana había adquirido una velocidad de crucero que la mayoría de los países iberoamericanos a excepción de Chile envidiaban: estabilidad monetaria, crecimiento acelerado del PIB (entre el 3 y el 4% año), baja inflación, deuda externa controlada, déficit público en descenso, etc. Claro que estaba la otra cara de la moneda: el milagro mejicano tenía altísimos costes sociales. Una parte importante de la población (40 millones sobre un total de 85) vivía y vive en condiciones de pobreza, y 15 millones en situación de extrema pobreza. El poder adquisitivo de los trabajadores descendió entre 1987 y 1994 un 32,6% y el llamado sector informal, donde se localizan los salarios más bajos o el subempleo, representa hoy nada menos que el 40% de la población activa. Las raíces de la crisis Es difícil saber si fueron estas deterioradas condiciones de vida las que despertaron a ese México bronco que en los albores del año pasado todo el mundo pudo ver en la figura embozada del misterioso subcomandante Marcos, o si lo ocurrido en Chiapas fue apenas una revuelta campesina más de esas en las que la historia mejicana es tan pródiga. El caso es que la rebelión se produjo en un momento especialmente delicado para el futuro del país, cuando se trataba de hinchar pecho ante los nuevos socios norteamericanos y canadienses, ofreciendo una imagen de estabilidad y progreso. Pero las causas de la crisis eran más profundas que la asonada del subcomandante (lidiada por Salinas con relativa habilidad), los asesinatos de relevantes políticos o las guerras internas entre narcotraficantes, un asunto, por cierto, nada banal en la realidad mejicana. Salinas y sus colaboradores sobre todo los ministros Jaime Serra y Pedro Aspe, miembros relevantes de la generación del (libre) cambio repitieron por activa y por pasiva que el peso no sería devaluado, pese a que todos los especialistas vaticinaban que no quedaba más remedio que hacerlo a causa de la paulatina agravación de la situación financiera. A mediados del año pasado las inversiones externas de carácter especulativo habían emigrado hacia climas más benignos. Y la capacidad del país para soportar los servicios de la deuda dependía del flujo de capitales como única fórmula de enjugar el déficit comercial. A finales de año, el nerviosismo en los medios financieros mejicanos (y también en los norteamericanos relacionados con México) era creciente. Hasta que, finalmente, el nuevo presidente del país cuyo mandato se había iniciado infelizmente dos semanas antes no tuvo más remedio que rendirse a la evidencia: el 22 de diciembre, el gobierno decidió autorizar el flotamiento del peso. Ese día, un dólar equivalía a 3,4 pesos. El día 27, por un dólar se pagaban 6 pesos. La brutal caída de la moneda nacional (una depreciación inicial de un 43%) tuvo consecuencias dramáticas tanto para la Bolsa de México como para las acciones mejicanas en la Bolsa de Nueva York y, obviamente, para los industriales endeudados en dólares. La subida de precios en todos los artículos, incluidos los de primera necesidad, provocó una honda preocupación social, sobre todo en los sectores menos favorecidos. Salinas en el banquillo La brutal devaluación del peso tiró por tierra todos los objetivos macroeconómicos que el bisoño presidente de la nación había proclamado en su toma de posesión. Y sobre todo hizo que el desánimo general alcanzara a la inmensa mayoría de la población. La inquina hacia las autoridades y, sobre todo, contra el expresidente Salinas de Gortari, a quien se convirtió, no sin razones, en chivo expiatorio y hacia el partido de gobierno creció como la espuma. Todos reprochan ahora al poder que en México parece inmutable y eterno aunque sea versátil haber engañado a la población durante estos años milagrosos, haciéndoles creer que la prosperidad macroeconómica y de algunas minorías llevaría ineluctablemente a la prosperidad de todos. Al final quienes sufrieron más intensamente las consecuencias de la modernización económica y del rígido mantenimiento de la paridad monetaria con el dólar fueron precisamente quienes menos tenían. Días antes de abandonar la presidencia, Carlos Salinas de Gortari pronunció un discurso triunfalista en el que cantaba las glorias de su reforma y describía un horizonte prometedor. Nunca se sabrá por qué lo hizo: sabía mejor que nadie que el uso y abuso de la financiación exterior para corregir el déficit por cuenta corriente (algo más de 28.000 millones de dólares) llevaba inevitablemente a la devaluación de la moneda y a un reajuste inclemente. La economía ficción en que vivió el país durante los últimos dos años nada tenía que ver con la rebelión campesina de Chiapas aunque, obviamente, la guerrilla del Sur ayudó poco a la recuperación inversionista. Salinas prefirió sacrificar la verdad al triunfo de su partido en las elecciones presidenciales que dieron la victoria a uno de sus delfines. Sabía de sobra que la descripción de la cruda realidad hubiera impedido que, de nuevo, el PRI ganase los comicios. Pretendía también promover su imagen internacional con vistas a dirigir la futura Organización Mundial de Comercio. Algunos de los empresarios y políticos que en su momento cantaron las glorias de Salinas son precisamente los que ahora condenan con mayor rudeza sus errores y le responsabilizan de haber arruinado al país. Salinas es ahora el gran culpable y tanto el izquierdista Partido de la Revolución Democrática como el conservador Partido de Acción Nacional han llevado su gestión a los tribunales. Hasta el actual presidente, Ernesto Zedillo, ha lanzado algunos dardos envenenados contra quien fué su maestro y mentor, acusándole de no haber diagnosticado los desequilibrios acumulados en los últimos años, de postergar las soluciones y de haber dejado la economía mejicana prendida con alfileres. Aunque, claro está, estas acusaciones fueron genéricas y el nombre del expresidente no apareció en ningún momentó. No podía ser de otro modo: tanto Zedillo como el destituido ministro de Hacienda, Jaime Serra, y su sustituto, Guillermo Ortiz, formaron parte del gabinete económico de Salinas y tienen graves responsabilidades en la crisis actual. Otros fueron más lejos y han acusado al gran reformador de haberse lucrado él y sus colaboradores más íntimos con algunas privatizaciones, siempre en la tradicional línea de la mordida {coima), en modo alguno desterrada de la vida política y económica mejicana. (Por cierto: el modelo de estabilización seguido en México desde 1991 a 1994 se parece bastante al que el gobierno socialista aplicó en España desde los fastos del 92 y que culminó con sendas devaluaciones de la peseta). Un programa de emergencia A la caída libre del peso sucedieron la afanosa búsqueda de dólares para enjugar el déficit y el lanzamiento de un Plan Económico de emergencia, traumático y algo incierto. Los mecanismos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá liberaron en los primeros días de enero 7.000 millones de dólares, previstos para apoyar al peso en caso de inestabilidad financiera. Pero la interesada generosidad de los dos socios del Norte permitió que otros 3.500 millones suplementarios llegaran a las exhaustas arcas mejicanas, a las que pronto se añadieron 8.000 millones más, procedentes de los bancos comerciales internacionales y de algunos gobiernos europeos, entre ellos el español. Por su parte el Fondo Monetario Internacional avaló el programa de emergencia que el nuevo ministro de Hacienda, Guillermo Ortiz, presentó en Washington para evitar, entre otras cosas, que los inversores retiraran el dinero colocado en bonos del Estado y provocasen una verdadera catástrofe. México, que tiene ya una deuda de 3.807 millones con el FMI, superará los diez mil millones una vez que el Fondo habilite el nuevo crédito. También Japón ha respaldado al gobierno mejicano en su programa de emergencia y salvación. Tras un viaje a Tokio, el ministro de Asuntos Exteriores, José Angel Gurría, declaró que contaba con la solidaridad y el apoyo del ejecutivo nipón: no en vano los intereses económicos en México del gran país asiático son importantísimos. El Plan de emergencia del gobierno mejicano sacrifica el crecimiento en beneficio de la lucha contra la inflación: obviamente, todos los sectores de la población deberán pagar un alto precio para evitar una nueva devaluación del peso. Por de pronto, el incremento de los salarios no podrá superar el 10% y el peso seguirá flotando libremente en los mercados internacionales para aumentar las reservas de divisas. El crecimiento se limitará entre el 1,5 y el 2% y el gasto público no podrá superar el 1,3% del PIB. Para abrir el país a una mayor inversión privada se pondrán a la venta en subasta pública las frecuencias de radio y se autorizará la propiedad privada de los satélites de comunicaciones. Se privatizará la red ferroviaria y se acelerará la venta de las terminales de contenedores de los puertos y los servicios telefónicos locales.También algunos aeropuertos o sus servicios serán privatizados. Nada se habla de la industria petrolera, nacionalizada desde 1938, pero no se descarta que algunos segmentos de Pemex (Petróleos Mejicanos) puedan ser comprados por inversores privados. La estabilidad y el cambio Ni que decir tiene que la recuperación económica y social tras el terremoto de diciembre pasado sólo será posible si, además del apoyo exterior, el gobierno mejicano es capaz de llevar adelante con disciplina el plan anunciado, y si la agitación social, las rebeliones campesinas y las tentativas subversivas se moderan hasta desaparecer. Por de pronto el EZLN, tras haber amenazado con una nueva ofensiva, ha decretado una tregua, sin duda convencido de que enfrentarse a las fuerzas armadas desplegadas en la región sería suicida. Pero las raíces del problema de Chiapas serán difíciles de arrancar: exigirá un cambio radical en los usos y costumbres tanto de la oligarquía política como del poder económico y financiero. Armonizar este cambio con el ajuste en marcha no será precisamente fácil. Es lógico que la crisis del peso mejicano haya preocupado considerablemente tanto a Estados Unidos como a ciertos países iberoamericanos que intentan modernizar su economía y que habían logrado hasta ahora un éxito notable. Me refiero lógicamente a Brasil y Argentina, líderes del Mercado Común Sudamericano (MERCOSUR). En ambos países se practica con parecido rigor lo que terminó por llevar a México al despeñadero: reducir la inflación mediante un tipo de cambio rígido. Tanto los organismos financieros internacionales como los bancos e inversores privados observan en este momento con enorme preocupación lo que allí sucede. Y, sin duda, al menor signo de alarma retirarán los fondos invertidos en busca de países o regiones más seguras. El gran reto de Iberoamérica una de las zonas del mundo con mayor crecimiento en los últimos cinco años sigue siendo conciliar modernización económica, reforma social y estabilidad política. Algo nada fácil, por cierto.

Arturo Moreno Garcerán

El progresismo inicial con que Felipe González entró en 1982 en el Gobierno estuvo a punto de morir de éxito; ahora que sólo aspira a administrar su decadencia puede morir de honor, aunque por lo actuado hasta ahora no lleve ese camino.

Quizá todo empezó cuando Felipe González pronunció, hace muy pocos meses, la racial advertencia de que se iría con honor dejando entrever un doble mensaje subliminal: no toleraría un hostigamiento personal continuado en su más amplio sentido (menos Gólgota y más Caribe tal vez llegó a pensar un melancólico González) y que si, por razones de distinta índole, no fuera posible o conveniente agotar su mandato nunca dejaría el poder como consecuencia de un asunto vergonzante. Dicho de otra forma: Señores de la oposición desvinculemos mi salida del poder de cualquier escándalo concreto me voy, pero para poder volver, si no les importa me llevo mi cabeza y demos la versión de que la disolución ha sido por motivos políticos, por la falta de una mayoría estable para gobernar, al no garantizar los nacionalistas catalanes el apoyo parlamentario a los próximos presupuestos (p. ej.). En el supuesto de que este planteamiento pueda tener verosimilitud, el mantenimiento de una posición exclusivamente personal por parte de Felipe González podría entenderse, si en vez de ser Presidente del Gobierno de España, fuera el Product Manager de una multinacional negociando una indemnización por despido después de haber sido sorprendido en un renuncio. En cualquier caso, las circunstancias políticas que atraviesa España podrían aconsejar una salida pactada aunque fuera moralmente tan poco decorosa como la que se intuía en el pronunciamiento de González.

Pues bien, en esas estábamos, pensando que con el acuerdo de todos la legislatura se prorrogaba hasta la celebración de las elecciones en el primer trimestre de 1996, cuando un asunto oscuro y vergonzante originado en el año 83, el mismo año del paseillo a Montesquieu parece como si la consigna gubernamental de ese año fuera algo así como Montesquieu al hoyo y el GAL al bollo saltaba en la última semana del año a las primeras páginas de los medios de comunicación abriendo una crisis política de gran magnitud, con proyección internacional clara y de consecuencias insospechadas para el futuro de España.

Es verdad que llovía sobre mojado y que la erosión del sistema y de la superficie política del país era muy grande; pero la sospecha de que el Gobierno podría haber combatido al terrorismo practicando, desde el mismo corazón del Estado, la modalidad de terrorismo de ocasión superaba cualquier situación política imaginable, que al margen de herir la sensibilidad del espectador, abría una crisis de Estado, del Estado de Derecho, al lesionar su mayor valor, su superioridad moral sobre cualquier otra forma de organización social.

Tomando como base esta última reflexión quisiera ahondar en el triángulo Estado de Derecho legitimidad democrática concepción del poder. No sé si éste sería el orden, o debe ser al revés, pero el desmenuzar breve pero adecuadamente estos conceptos nos pueden situar en el camino correcto para comprender la actual situación.

Las secuelas del abuso de poder

Sólo desde una concepción del poder patrimonialista, donde por la dificultad de controlar política y socialmente al poder se favoreciera la impunidad, puede entenderse que un gobierno de origen democrático se instalara primero en el abuso de poder y posteriormente diera un paso más y se situara al margen de la ley renunciando a combatir al terrorismo desde la legalidad, compartiendo incluso sus métodos y comprometiendo de esta forma la legitimidad del Estado que tiene un origen y una constitución paralela a la democracia, a la democracia parlamentaria. No es admisible tampoco ni la Razón de Estado, más bien actuando así el Estado se queda sin razones, ni la lamentación, muy spanish por otro lado, de los que dando por buena la existencia del GAL reprochen su falta de profesionalidad; la victoria sobre el terrorismo nunca se producirá haciendo lo mismo que hacen los terroristas y no parece que ni Amedo ni Domínguez ni su jefe ideológico y operativo Sancristóbal, si actuaron como se presume, lo hicieran para estirar las piernas sino dentro de una trama organizada con una determinada finalidad política.

Ojalá, en cualquier caso, que este dramático episodio de la democracia española, ocurrido bajo mandato socialista, solo sea un mal sueño, una pesadilla. Pero ya, irremediablemente, estos hechos políticos están produciendo una serie de derivaciones, secuelas y efectos algunos de los cuales se pueden agrupar bajo los siguientes epígrafes:

1. Gobernabilidad. El precario acuerdo PSOECIU no puede fundamentarse en la argumentación de Convergencia de que este acuerdo pretende asegurar la gobernabilidad y aprovechar la recuperación económica. C.I.U. en su tipificado papel de cooperador necesario, está no sólo asegurando la ingobernabilidad y apuntalando la inestabilidad, sino que además con su apoyo al PSOE está contribuyendo a erosionar la democracia en España que es también la de Cataluña. Como lo es también su déficit público, su inflación y su moneda. Pero el contumaz apoyo de Pujol a González da que pensar.

2. Nuevas elecciones. El recurso a la tergiversación al que muy habitualmente echan mano los socialistas tiene, en estos momentos, terreno abonado en la discusión entablada sobre la conveniencia de celebrar nuevas elecciones. Dicen los socialistas que los que piden elecciones están intentando deslegitimar la victoria electoral socialista del 6 de junio de 1993, ya que el mandato era por 4 años. Es patético que el Partido Socialista se agarre a una cuestión meramente administrativa para justificar la no convocatoria de elecciones. Sólo habría que decirle que en el contrato de representación que suscribió con el pueblo éste no sólo desconocía las implicaciones políticas del GAL sino que, además, en ningún caso los ciudadanos le otorgarían el poder para que se gobernase al margen de la ley, es decir para que se crease un GAL. Más bien le dieron su apoyo para acabar con la lacra del terrorismo no para convertirse supuestamente en terrorista ocasional.

Las dudas, las sospechas, quizás las evidencias en asunto tan grave hacen necesario el buscar una salida política a esta crisis y que devuelva a los españoles la confianza en un proyecto político que supere divisiones, decepciones, miedos, desentendimientos y desafecciones.

3. Economía. El efecto más claro y concreto de la gravedad de la situación política es sobre la economía. Este artículo se podría haber titulado Acuérdate de Chiapas. No voy a entrar en comparaciones sobre la mayor o menor importancia de los asuntos en litigio; sólo en lo que es verdaderamente importante en las consecuencias de dos crisis políticas serias.

Es evidente que la crisis política que vivió México y que duró en plena virulencia, hasta la intervención de Camucho, no más de tres meses, motivó la desconfianza de los mercados internacionales, que son neutrales e inmisericordes y que cotizan la situación y las perspectivas, provocando una masiva y continuada salida de capitales. Conocida la situación y ante la imposibilidad de poder seguir financiando su endeudamiento los mercados dictaminaron sobre el verdadero valor de su moneda depreciándose en unos días más del 60% sobre su valor anterior; y la vuelta atrás empieza: recurso al olvidado FMI, tensiones inflacionistas, impacto sobre el empleo, etc.

España, también tiene el talón de Aquiles del déficit público y de la inflación y las consecuencias sobre la moneda (incluyendo posibles devaluaciones no competitivas) y sobre los tipos de interés pueden ser devastadoras. A principios de enero de 1995, todavía seguimos perteneciendo al S.M.E. Por último, para cerrar el apunte económico, me referiré a lo que significaría una involución económica en nuestro país sobre el Estado de Bienestar que haría difícilmente viable su financiación lo cual tendría unas consecuencias sociales y políticas horrorosas. Un paso atrás tremendo.

La solución: diálogo y elecciones

Las salidas a esta situación política todos sabemos cuales son: voto de confianzamoción de censura, gobierno de coalición o de concentración, investidura de un nuevo presidente designado por el partido mayoritario, o nuevas elecciones. Pero en medio de cualquiera de estas medidas, antes o después incluso, diálogo, diálogo de todos con todos, de todos juntos para buscar la mejor salida para España.

En el supuesto de que se decida la convocatoria de elecciones y que éstas sean en el mes de mayo coincidiendo con las Autonómicas y Municipales conviene hacer las siguientes precisiones: la coincidencia remarcaría el caracter político de estas elecciones, frente a la vertiente de gestión; incrementaría fuertemente la participación (7580%) lo cual quiere decir como ocurrió el 6 de junio que el PER, el Inserso y él recuerdo de la Guerra Civil harán de las suyas. Otras consecuencias más puramente electorales serían: la convocatoria conjunta favorecería al bipartidismo en mayor medida que si se celebraran las elecciones separadas, al acentuarse el caracter político eliminando casi totalmente a los partidos regionalistas, pero en Cataluña y el País Vasco, sin embargo, los beneficiados serán los partidos nacionalistas, dentro del espacio conservador, recogiendo el fruto de su potente organización repleta de alcaldes y concejales en los núcleos rurales.

En la Izquierda, la concentración electoral en el mes de mayo, limitaría la pérdida electoral del PSOE que mantendría una hegemonía menguante, pero mayoritaria, en el seno de la izquierda sirviéndose de su fortísima implantación municipal en relación a la muy débil de Izquierda Unida. Si las elecciones fueran todas en mayo, el PSOE, a nivel nacional, conservaría un cierto suelo al producirse la sinergia porque todos los candidatos municipales socialistas harían campaña para ellos y para Felipe González a la vez, por lo tanto la movilización sería enorme. En todos los escenarios previsibles, el mejor para el PSOE es el de la convocatoria electoral conjunta el 28 de mayo de 1995. El Partido Socialista y Felipe González, muy particularmente, están obligados a actuar con una mínima generosidad y altura de miras para facilitar la salida de la crisis que amenaza el futuro de España. Felipe González no puede permanecer atrincherado como parece, doblando la apuesta: todos por el precio de uno. De él. Además está posiblemente obligado, después de la celebración de las elecciones, y por la grave situación en la que deja el país que va a pagar la factura económica actual en un futuro muy próximo, a comprometerse a firmar un acuerdo, en nombre de su partido, junto con el resto de las fuerzas políticas y sociales para que el primer gobierno Aznar pueda gobernar España con políticas de futuro sin el coste de la hipoteca de asumir en exclusiva el coste político de una situación especialmente dura creada por Felipe González.

El progresismo inicial con que Felipe González entró en 1982 en el Gobierno se fue desfigurando pqco a poco y en pleno auge de la cultura de la pasta gansa estuvo a punto de morir de éxito; ahora que sólo aspira a administrar su decadencia puede morir de honor, aunque por lo actuado hasta este momento no lleve ese camino. Como dijo Machado:

¡Oh! fin de una aristocracia

la barba canosa y lacia

sobre el pecho

metido en tosco sayal

las yertas manos en cruz

¡tan formal!

el caballero andaluz.

Luis García San Miguel

La intimidad ha de ser protegida también en los lugares públicos: la legitimidad de las cámaras de vigilancia callejera necesitaría garantizar su buen uso y demostrar su eficacia. l anuncio de la posible instalación de cámaras de TV en las calles para un mejor control de la delincuencia probablemente Edesatará las críticas (si no las ha desatado ya) de quienes ven en ello un atentado a la intimidad. Lo que sigue es una reflexión improvisada sobre ese posible atentado. Convendrá comenzar por algunas consideraciones sobre el derecho a la intimidad (de lo que me ocupé más ampliamente en el libro Estudios sobre el derecho a la intimidad, Tecnos, 1993). Se suele definir la intimidad como el derecho a estar solo, lo que, si no se toma al pie de la letra, equivale a algo así como el derecho a que algunos aspectos de nuestra vida (lo que hacemos, lo que somos) no sean conocidos ni divulgados por los demás. La distinción entre conocimiento y divulgación es pertinente. En principio, es posible que alguien tenga derecho a saber algo de alguien, pero eso no significa que tenga derecho a publicarlo en un medio. El derecho a la intimidad consiste, por tanto, en una especie de cerca o de muro protector del que el individuo puede rodearse (puede, porque, si lo desea, nadie le impedirá franquear el paso a los visitantes) a fin de que otros no conozcan lo que es o lo que hace dentro de aquél. Cabe sospechar que, si se rodea del muro, es porque tiene algo que ocultar: algún vicio (el juego, la bebida, un comportamiento sexual deshonroso), quizás alguna desdicha (acaso su matrimonio va mal, sus hijos no son buenos estudiantes). Eso no ocurrirá siempre, pero puede ocurrir en ocasiones, y la intimidad se configura como un instrumento ofrecido al ciudadano para cubrir sus miserias y procurarse el buen nombre a que, según algunos, no tiene derecho. Esto es lo que hace antipático el derecho a muchas personas: ¿por qué no van a conocer los demás aquellas miserias? ¿Por qué puede disfrutar el ciudadano deshonesto de un buen nombre que no se merece? Si los demás pudieran conocer cómo es y cómo se comporta realmente, ¿no se vería forzado a corregirse? Sin negar que haya algo de razón en este argumento, habrá que preguntarse si un mundo en el que todos estuvieran sometidos al control de los demás (como en el Panóptico de Bentham o en la novela 1984 de Orwell) sería mejor que otro en el que cada uno pudiera, al menos en ciertas situaciones, hacer con su vida lo que quiera, sin que nadie le inspeccione ni le vigile. Para mí, la respuesta no ofrece dudas: el segundo mundo es mejor que el primero, por la sencilla razón de que en ese mundo es posible una mayor libertad individual que en el primero. Si nos vigilan o inspeccionan nos coaccionan. Para decidir libremente acerca de la propia vida es preciso, o al menos conveniente, evitar la presión de la mirada ajena con su inevitable cortejo de sanciones sociales. Por otra parte: ¿hay garantías de que la presión social va a ejercerse de manera adecuada o correcta? ¿Es seguro que esa presión va a redimirnos de nuestras miserias, en vez de empujarnos a ellas? Ciertamente, la presión social nos inducirá al conformismo (a hacer lo que los demás quieren que hagamos); pero, ¿no habrá desaparecido con ello nuestra libertad, la posibilidad de configurar nuestra vida como queramos, que incluye la posibilidad de disentir y equivocarnos? El problema casi nunca se planteará en términos tan radicales: toda o ninguna intimidad. Lo que se discutirá es cuanta. Y, dando por supuesto que la mayoría de las Constituciones reconocen el derecho a la intimidad, el problema que se plantea inmediatamente es el de los límites del mismo, es decir: dónde y cuando el individuo tiene derecho a ver protegido ese derecho. Hay algo que pocos discutirán: el individuo puede disfrutar de intimidad en el interior de su vivienda y en sus comunicaciones telefónicas y postales. La trilogía casa, teléfono y carta constituye el reducto privilegiado de la intimidad. ¿Siempre y en toda circunstancia? Sin duda que no. Si hay indicios razonables de que en la vivienda se celebra una reunión terrorista o mañosa, será legítimo violar la intimidad, siempre con las debidas garantías. El ciudadano no puede pretender mantener secreta una actividad que claramente se encamina a hacer daño a terceros. Ese es un límite que tiene todo derecho. Nadie puede invocar su libertad para robar o matar a otro. Intimidad y lugares públicos El problema que realmente se plantea en la práctica es el de si la intimidad ha de ser protegida también en lugares públicos. La respuesta dependerá de la mayor o menor protección que queremos otorgarle al derecho. Se trata de una cuestión de preferencia, en la que pocos pretenderán establecer criterios absolutos o apriorísticos. Y hay argumentos para todos los gustos. Hay quien mantiene una postura negativa, argumentando aproximadamente de la siguiente manera: quien frecuenta un lugar público o simplemente sale a la calle se expone voluntariamente a la mirada de los demás, que tienen el mismo derecho a frecuentar esos lugares y a quienes no se puede exigir que miren para otro lado. Quien estando casado, pongamos por caso, frecuenta un lugar público (o se sienta en un parque) con quien no es su cónyuge, en actitudes que revelan una relación personal, no podrá pretender que un periodista que le vea no lo publique, si es que lo considera noticia (algo que tiene interés para el público). Al cuidado del ciudadano ha de quedar el proteger su intimidad, no exhibiéndola donde cualquiera pueda conocerla. La postura favorable a la protección de la intimidad, incluso en lugares públicos, que he mantenido en otros trabajos, pudiera basarse en las siguientes razones: si tenemos derecho a que los demás no invadan nuestra intimidad, ¿por qué no protegerla también en lugares públicos? Si, por ejemplo, dos homosexuales frecuentan un lugar público, ciertamente será inevitable que otros (que también tienen derecho a frecuentarlo) los vean, pero ¿es igualmente inevitable que un medio le de publicidad, manchando el buen nombre de aquellas personas? ¿Por qué no van a mantener reservada una actividad cuyo conocimiento puede crearles problemas? Si queremos otorgar una amplia protección a la intimidad (a la libertad individual, en definitiva) la respuesta será que pueden hacerlo. Si tenemos en cuenta especialmente que la vida del hombre moderno (a diferencia de la del señor feudal que vivía en su castillo) transcurre en lugares públicos, comprenderemos que una protección amplia de la intimidad ha de extenderse a los mismos. Pero ¿por qué ha de ser amplia? ¿Por qué ha de prevalecer ese derecho sobre el de los demás a ser informados, a conocer lo que otras personas hacen y sobre el derecho de los periodistas de darlo a conocer y opinar sobre ello? Aquí vuelvo a lo que dije más arriba: todo depende de los valores que queramos proteger y de la mayor o menor importancia que concedamos a unos y a otros. Si partimos de la base de que, en alguna medida, queremos proteger la intimidad, el juego de valores correspondiente a las dos posiciones anteriores pudiera articularse así: la primera deja en manos del individuo la protección de su intimidad; si alguien quiere protegerla, que no se exponga a las miradas ajenas; esta postura concede mayor peso a los derechos de información y de expresión, lo que incluye el conocimiento de lo que cualquiera hace, con sus nombres y apellidos. La segunda concede mayor peso al resguardo de la intimidad, y subordina a la misma las libertades de expresión, opinión e información, en aquellos asuntos que competen exclusivamente a los individuos y no inciden en la vida de los demás. Otra cosa será si incidieran: así, por ejemplo, si alguien ha cometido un delito, no podrá invocar su intimidad para mantenerlo oculto. Cámaras de vigilancia callejera Las dos posturas que he esbozado inciden directamente sobre el problema de la colocación de cámaras para controlar algunas calles o lugares públicos. Para la opinión más restrictiva de la intimidad, el problema se resuelve fácilmente, en mi opinión, pues si la calle es de todos y cualquiera puede conocer y divulgar lo que en ella ocurre no parece que el Ayuntamiento o el Estado deban ser menos que el periodista: en realidad no habrá violación de la intimidad, pues tal cosa no existe en lugares públicos. Para la segunda opinión las cosas son algo más complicadas: si la intimidad ha de ser protegida en la calle, la instalación de cámaras constituye una intromisión en la misma, porque la información así obtenida puede ser divulgada. Ahora bien: que haya intromisión en la intimidad no significa que esa intromisión sea ilegítima, pues, como dijimos, en algunos casos (el de quien comete un delito en la vía pública, el de quien lo planea en su casa) será legítima. De nuevo se trata de valores en conflicto: ¿se puede violar la intimidad del ciudadano por razones de seguridad, para proteger vidas y propiedades en la calle? Si la medida fuera eficaz (mucho dependería de que realmente lo fuera) yo no tendría inconveniente en que se adoptara, pero con una condición: que, al igual que las informaciones acumuladas en los bancos de datos, las obtenidas de ese modo fueran debidamente protegidas para evitar intromisiones injustificadas o abusivas. Se puede justificar el empleo de cámaras para prevenir o castigar los tirones de bolsos, pongamos por caso, pero no, a mi juicio, para divulgar que dos homosexuales se pasearon juntos por la calle. Sencillamente porque aquello interesa a los demás y esto último, no o, si les interesa, ese interés (el simple cotilleo) no será legítimo, o, mejor dicho, a mí no me lo parece.

Ramón Parada

La figura del Gobernador Civil es impugnada desde el bando nacionalista con el argumento de que constituye una distorsión del Estado de las Autonomías, mientras que desde la nostalgia de la eficacia del centralismo se defiende su pervivencia en los términos actuales o en una nueva versión más provisional y funcionarial de la figura.

En todas las guerras suele ocurrir que, de pronto, una posición se convierte en algo crucial y es atacada y defendida con especial ímpetu y medios de combate, como si de su mantenimiento o pérdida dependiera el éxito o fracaso de la batalla o, incluso, de la guerra. Algo parecido, salvata distancia, está ocurriendo con la figura del Gobernador Civil en el organigrama del Estado español que es, una y otra vez, impugnada desde el bando nacionalista con el argumento de que constituye una distorsión en el Estado de las Autonomías, mientras que desde la nostalgia de la eficacia del centralismo se defiende su pervivencia en los términos actuales o en una nueva versión, más profesional y funcionarial de la figura. Se trata desde el bando nacionalista de un objetivo bien elegido: el Gobernador Civil es una de las piezas maestras y uno de los últimos bastiones que restan del modelo de Estado centralista que nos legaron, importándolo de la vecina Francia, y, en mi opinión, para nuestra modernidad, los primeros Borbones y los mejores liberales decimonónicos; y lo mismo puede decirse de Bélgica o Italia, a los que se trasplanta en el siglo pasado la figura del prefecto, una de las vigas maestras en la edificación de esas modernas nacionesestado. Por ello, es oportuno valorar lo que significó esa figura dentro de ese proceso histórico y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, reflexionar también sobre el estado actual de la confrontación entre centralismo y descentralización.

El proceso de centralización

Si el Gobernador Civil es una copia del Prefecto francés, éste es casi una fotocopia del Intendente, una segunda edición corregida, para no exagerar, porque tanto el Prefecto francés como su primo hermano, nuestro Gobernador Civil, tiene un padre indubitado en aquella figura del Ancien Régime. Sobre la autoridad del Intendente, situada al frente en las généralités francesas demarcaciones de tipo histórico regional, superior a los actuales departamentos, desde su creación en el siglo XVII, como elemento de la política de centralización de Richelieu se va a iniciar un proceso de centralización rigurosa (el Intendente será le Roy présent dans la province), una centralización que para en seco la demagogia revolucionaria de la Asamblea Constituyente en 1789. Como refiere Chapman (1) el cargo de Intendente será abolido, pero esto únicamente hará surgir el afán autonomista de las antiguas provincias. Se vio entonces el peligro de que territorios extensos y dotados de asambleas poderosas amenazasen la supremacía de la Asamblea Constituyente y la unidad de Francia. Consecuentemente con la derrota de las provincias y de la proscripción del federalismo como un crimen, el 1 de Agosto de 1789, la Asamblea Constituyente declaró solemnemente que una constitución nacional y la libertad pública son más ventajosas para las provincias que los privilegios que algunas de ellas vienen disfrutando cuyo sacrificio es ahora necesario para la unión íntima de todas las partes de imperio. En consecuencia, decretaron que todos los privilegios particulares de las provincias, principados, países, cantones, villas y comunidades de habitantes, ya sean pecuniarios o de cualquier otra clase, sean abolidos sin posibilidad de retorno, permaneciendo confundidos en el Derecho común de todos los franceses.

Superada la desigualdad fuerista, se crean 83 departamentos, antecedente de nuestra división provincial, originando una nueva pesadilla política, pues se cae en la ingenuidad de establecer una administración descentralizada, atribuyendo el gobierno de los departamentos a unas Asambleas electivas de treinta y seis consejeros que nombrarían entre sí un Consejo Ejecutivo de ocho miembros. Las asambleas departamentales se empeñaron de inmediato en el particularismo localista con desatención de los intereses nacionales y fue su rotundo fracaso lo que llevó a Napoleón a rescatar la figura del Intendente para asentar de nuevo la gobernabilidad del Estado sobre la periferia. La restauración del Intendente se hizo, no obstante, con importantes retoques: uno relativo a la denominación, que será la de Prefecto, que evocaba la autoridad romana y encubría lo que había de restauración de una odiosa figura del Anden Régime, como la del Intendente, pero a la que realmente equivalía, pues el Prefecto será el responsable único de toda la Administración (art.3 de la Ley de 17 de febrero de 1880, relativa a la división del territorio de la República y de su administración); un segundo retoque fue el de adjuntar a la autoridad del Prefecto dos grupos colegiados, pero no electivos: el Consejo de Departamento, de carácter consultivo integrado por notables, y el Consejo de Prefectura, a modo de tribunal administrativo para resolver conflictos entre la Administración y los particulares y como parapeto o fuero frente a los tribunales ordinarios. La tercera novedad frente a la figura del Intendente la constituye, sin duda, la organización de la prefectura como una carrera funcionarial sobre el principio del mérito y la capacidad, Yo utilizaré dijo Napoleón a cualquiera que tenga la capacidad y la voluntad de marchar adelante con nosotros. Estos puestos están abiertos a todos los franceses cualesquiera que sean sus matices de opinión, siempre que cuenten con la instrucción, la capacidad y la integridad precisas.

También en España contamos desde comienzos del siglo XVIII con la extraordinaria figura del Intendente que, desde su instauración, fue pieza clave en la metrópoli y en ultramar (2) para impulsar el proceso de centralización que llevaría a la creación del Estado nacional en el siglo XIX. Ya en el constitucionalismo, la figura de una autoridad del Estado en la periferia provincial se regula en la Constitución de Cádiz con la denominación de Jefe Superior (art. 324 a 336) que, al igual que el Prefecto francés, es asistido de una Asamblea, aunque electiva, que preside, la Diputación Provincial. Compete al Jefe Superior el gobierno de la provincia y el control de la Administración local. Después, la figura de una autoridad provincial se asienta definitivamente gracias a la extraordinaria labor de Javier de Burgos que se refirió a él con el nombre de Subdelegado de Fomento en el Decreto de 30 de noviembre de 1833, fecha en que otro decreto aprueba la división provincial.

La figura del Jefe Superior, Subdelegado de Fomento y después Gobernador Civil se convierte así, como el Prefecto francés aunque no se llega nunca a constituir un cuerpo de funcionarios, siendo nombrados los Gobernadores en función exclusiva del principio de confianza política en pieza esencial del sistema administrativo centralista. Por medio del Gobernador Civil el Gobierno controla y vigila sus propios órganos en la provincia y ejerce el mando de la fuerza pública, al subordinarse al Gobernador Civil todas las policías. El Prefecto y el Gobernador van también a ser las piezas clave para el control de la Administración local que sin ellos hubiera constituido un problema de especial envergadura porque en Francia se crearon, nada menos, que unos cuarenta mil municipios en aplicación del demagógico criterio establecido por la Asamblea Constituyente en la noche del 12 de noviembre de 1989 de poner un ayuntamiento dans chaqué ville, bourg, village ou communauté de campagne. En términos parecidos, el artículo 310 de la Constitución de Cádiz dispuso que se pondrá ayuntamiento en los pueblos que no lo tengan y en que convenga que lo haya, no pudiendo dejar de haberlo en los pueblos que por sí o con su comarca lleguen a 1.000 almas, con lo que se alcanzó una cifra en torno a los nueve mil municipios. Ciertamente sobre esa masa inmensa de municipios los Prefectos y los Gobernadores Civiles ejercieron poderes omnímodos que dejaron reducido a cenizas el dogma de la autonomía local. Ya lo advirtió Ganilh, miembro del tribunado, al oponerse a la creación del cuerpo prefectoral: ¿No darán lugar los prefectos y los subprefectos a todos los abusos, las vejaciones, las calamidades que afligieron a Francia durante tanto tiempo bajo los intendentes si se mantienen exentos de la fiscalización electoral local?. Pero la respuesta que ha dado la historia no es negativa: gracias a que Prefectos y Gobernadores consiguieron embridar férreamente el minifundismo local, Francia y España se han librado de una desorganización de gigantescas proporciones en el nivel municipal.

Dos siglos después de esta gran creación napoleónica de los Prefectos franceses y de los Gobernadores Civiles cabe preguntarse ¿en qué medida siguieron una evolución parecida?; ¿qué queda de su versión originaria?; ¿cuál es su futuro?

Prefectos y Gobernadores Civiles han fracasado juntos en su pretensión de convertirse, trascendiendo su condición básica de delegados del Ministerio del Interior, en los verdaderos jefes de toda la Administración estatal en las provincias. El crecimiento imparable de la Administración periférica del Estado y su natural tendencia a relacionarse directamente con su respectivo Ministerio ha hecho vana la pretensión, siempre reiterada, de Prefectos y Gobernadores Civiles de interferir en las relaciones jerárquicas entre los ministerios y sus Delegaciones Provinciales convirtiéndose en una especie de Jefes de Gobierno Provincial.

La moda descentralizadora

Como era previsible, Prefectos y Gobernadores Civiles se han visto notablemente afectados por las modas descentralizadoras. Aunque el proceso de regionalización francés ha sido muy débil comparado con el nuestro y ha salvado enteramente la figura del Estado nacional, lo que entre nosotros es ya discutible, el Prefecto perdió, además de su nombre de pila a cambio del de Comisario de la República, su carácter de órgano ejecutivo del Departamento y los poderes de tutela preventiva sobre los entes locales, ejercitados ahora, a posteriori, mediante la impugnación de los actos de los municipios y departamentos ante los tribunales administrativos. Sin embargo, el Estado sigue controlando los presupuestos locales de forma preventiva y el Prefecto mismo cumple importantes misiones de arbitraje entre las corporaciones locales en materia de urbanismo, de establecimiento de servicios, etc.

En compensación a la pérdida de la tutela sobre los entes locales, el Prefecto ha visto incrementado su papel como representante del Estado. La normativa descentralizadora (Decreto 82389 de 10 de mayo de 1982) lo califica de depositario de la autoridad del Estado en el departamento, Delegado del Gobierno, y representante directo del Primer Ministro y de cada uno de los ministros. Desde ese supremo carácter, el Comisario de la República en el Departamento, como el Comisario de la República en la Región, constituyen los principales agentes de información del Gobierno al que deben comunicar todo lo que ocurre en su circunscripción (manifestaciones, huelgas, movimientos de opinión, etc.) para lo cual deben estar en contacto con todo tipo de personas y analizar todas las informaciones; el Comisario de la República cumple asimismo importantes funciones de policía judicial y en esa condición tiene la misión de constatar los delitos y poner a disposición de los tribunales a sus autores; como responsable de las máximas funciones administrativas vigila la ejecución de las leyes y los reglamentos, asume la representación jurídica del Estado en todas las relaciones convencionales y jurisdiccionales siendo el representante ordinario del Estado en los tribunales; es también titular de los poderes de policía general, debiendo tomar todas las medidas necesarias para asegurar el orden, la seguridad y la salubridad pública, como asimismo de policía especial en materia de extranjería o para la expedición de permisos o autorizaciones en las más diversas materias (establecimientos clasificados, carnet de identidad, pasaportes, recepción de declaraciones de asociación etc.).

Después de la Constitución de 1978, el Gobernador Civil también ha visto mermado notablemente su posición en la Administración local, perdiendo su condición de Presidente nato de la Diputación y las facultades de la tutela preventiva sobre los municipios que ejercía a través del eficacísimo Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales. Además, sobrevolando la figura del Gobernador Civil, el artículo 154 de la CE ha creado la figura del Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas con la doble misión de dirigir la Administración periférica del Estado y coordinarla con la Administración autonómica. Los Delegados del Gobierno dependen de la Presidencia del Gobierno y orgánicamente del Ministro del Interior. Bajo su presidencia se encuadra la Comisión de Coordinación, integrada por todos los Gobernadores Civiles de las provincias comprendidas en el territorio de la Comunidad.

Como jefe de fila de la Administración del Estado en la provincia, el Gobernador Civil ha visto también disminuidas sus potestades en la medida en que el proceso de trasferencias en favor de las Comunidades Autónomas ha ido adelgazando la Administración periférica del Estado en favor de la Administración periférica de las Comunidades Autónomas. En las materias no trasferidas y sobre las Direcciones Provinciales de los Ministerios en la provincia, el Gobernador ejerce la superior dirección y coordinación a través de una Comisión provincial de Gobierno. Pero queda, y esto es lo fundamental, la posición del Gobernador Civil como representante jurídico del Estado (potestad expropiatoria, sancionadora, de suscitar conflictos de atribuciones) y, sobre todo, como Delegado o Director Provincial del Ministerio del Interior, en base a la cual se le atribuyen las más importantes funciones, como la de dirigir y coordinar los servicios de protección civil, mantener el orden público y ejercer la jefatura de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (Real Decreto 31171980, de 22 de diciembre).

La batalla sobre la organización del Estado

Esta es, más o menos, la realidad política y administrativa de los Gobernadores Civiles sobre la que se plantea ahora el pleito acerca de su supresión o mantenimiento; un pleito que, como decíamos al principio, se presenta como la más importante batalla sobre la organización del Estado y la profundización todavía más, del proceso de descentralización política iniciado en 1987, cuestión que cabe afrontar desde los parámetros de su constitucionalidad o de su oportunidad. La primera perspectiva llevaría a argumentar que los artículos 141 (la Provincia como división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado) y 154 de la Constitución parten de la existencia de la Provincia como ente local pero también de la existencia de una Administración periférica del Estado y que tanto éstas previsiones como la competencia exclusiva del Estado sobre la seguridad pública prevista en el artículo 149.1,29, exigen mantener la figura del Gobernador Civil o sustituirla por alguna otra que se le parezca.

Desde el punto de vista de la oportunidad o del mérito, la respuesta que haya de darse al futuro del Gobernador Civil dependerá de la posición doctrinal que se adopte sobre el modelo de Estado: si se quiere que éste siga deslizándose por la pista de la descentralización, sin duda será un importante paso y conquista la supresión de los Gobernadores Civiles porque de esa forma se elimina la presencia del Estado en la provincia y de paso en todo el territorio nacional. El Estado perdió ya su presencia como tal en los municipios, al abandonarse por la Ley de las Bases del Régimen Local de 1985 el principio del doble carácter del Alcalde, representante del Estado y jefe de la administración municipal, principio ridiculamente sacrificado en aras de una concepción dogmática de la autonomía local. Hasta ahí no llegaron Francia ni Italia, países en los que el Alcalde sigue siendo en el Municipio el representante del Estado y ejerciendo determinadas funciones propias de éste, sin que se haya cuestionado como contrario a la autonomía local, ni a la democracia, su doble carácter, como parece haberse dado por supuesto entre nosotros. Si ahora, y después de abatido el Alcalde como representante del Estado, las barbas del Gobernador Civil se han puesto a remojar es porque se trata del último bastión del Estado español a nivel provincial que no encuentra un contrapeso suficiente en otra figura análoga de a Comunidad Autónoma, salvo la figura del propio Presidente de la Comunidad en las Comunidades Autónomas de carácter uniprovincial. Pero, sobre todo, la desaparición del Gobernador Civil es un objetivo prioritario porque allanaría el camino para la regionalización policial que es el objetivo más deseado, de momento, por las Comunidades Autónomas en línea nacionalista.

Para los que, por el contrario, creen que el proceso de descentralización política, que a imagen y semejanza de la Constitución Italiana siguió la Constitución de 1978, es, como en Italia, un proceso de degeneración del Estado nación, el mantenimiento de la figura del Gobernador Civil no ofrecerá la menor duda pues, desde el bando centralista, el Gobernador Civil se ve como la última trinchera, el último mohicano, de lo que va quedando del Estado español que con tantos esfuerzos, y pese a la cruenta oposición carlista, pusieron en pie los liberales españoles en el siglo XIX. Pero, ¿quiénes tienen razón?: ¿está justificada la satanización de la centralización que se ha producido entre nosotros?; ¿qué porvenir espera a España como estadonación si se profundiza aún más en el proceso de descentralización. La respuesta a estas cuestiones tiene mucho que ver no sólo con la idea que el opinante tenga de España, como nación política y cultural, y también, al margen de opiniones políticas, con lo que desde la ciencia administrativa se enseña acerca de la utilidad y eficacia de uno y otro principio organizativo.

En cuanto a lo primero, para mi es evidente que el paso de las Españas a España, o, si se quiere, el paso histórico de España como nación de naciones a una única nación política y cultural, es fruto de un proceso histórico de centralización, cuya aceleración y consolidación definitiva se produce en el siglo XIX, que es cuando las Españas dan paso, de verdad, a una sola nación política y cultural, a España.

Porvenir de España como Estado-Nación

Los primeros artículos de la Constitución de Cádiz y el constitucionalismo subsiguiente, hacen ciertamente de las Españas una sola nación política. Asimismo a la hoy tan denostada Administración centralizada española, que consolidan los liberales moderados, rigurosa copia de la francesa, debemos el ser cultural y social de la España contemporánea, que es un producto directo de sus tutelas sobre los municipios, de sus Gobernadores Civiles, de sus Cuerpos de Ingenieros, de su Servicio de Correos, de sus policías estatales y Guardia Civil, de su Ejército y Marina, por primera vez sólo de españoles, de su servicio militar obligatorio, de su sistema fiscal, de sus jueces, sus maestros nacionales, sus catedráticos de instituto y universidad, sus planes de estudios uniformes e iguales para todos, etc., etc. Esta formidable Administración consigue a muy bajo coste la homogeneización política y cultural que permite hablar, hoy, de España como una verdadera nación, única en su territorio. García de Enterria (3) lo dijo en 1961 de forma rotunda: permítaseme afirmar calurosamente que somos deudores al siglo XIX de una permanente gatitud por haber consumado el proceso de centralización que impidió la definitiva desintegración de nuestra patria, y sobre el cual pudo únicamente montarse la vida civil que aún disfrutamos. Solo apoyados sobre ese vasto proceso centralizador, que es una ganancia definitiva de nuestra historia y que por su trascendencia pudo justificar eventuales sacrificios, que, en sí mismos, hubiesen sido innecesarios, podemos hoy plantearnos romántica o políticamente el tema de una posible descentralización.

Por si fuera poco, cuando se aprueba la Constitución de 1978, la sociedad española había sido influida por nuevos aceleradores culturales, como las emigraciones interiores hacia Madrid, Cataluña y el País Vasco, la generalización del automóvil y la masificación del turismo interior, por el disfrute en común de las nuevas formas de comunicación cultural (la radio y la televisión), como por los efectos de la cohesión originada gracias a las competiciones deportivas, vividas como una diaria competición interior y un discontinuo enfrentamiento internacional. Todas estas circunstancias ha hecho que todos los españoles sean hoy culturalmente tan compactos, tan iguales entre sí en valores, formación y gustos, como lo son los franceses, los alemanes, los ingleses y los norteamericanos, y, salvo las diferencias lingüísticas, que no dan para tanto, ningún sentido tiene hablar hoy de la existencia de diferentes culturas y de ahí saltar a un concepto de España como nación de naciones; en mi opinión, se trata, cuando así se habla, de nostalgias historicistas y de expresión de un deseo que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad económica, sociológica y cultural que vivimos en la actualidad, y la que nos espera en el futuro, preñado de signos de universalismo cultural y económico.

Desde la alcanzada unidad política y cultural de España, la descentralización realizada apoyándose en la Constitución de 1978, se presenta como un proceso inverso al de los Estados federales que caminan hacia la construcción de un centro cada vez más fuerte, la federación. Ahí está el ejemplo de los Estados Unidos que lleva décadas de aceleración centralista, mediante la creación de una red de Agencias Independientes, que no son otra cosa que organismos formidables de Administración federal, dotados de extraordinarios poderes cuasilegislativos y cuasijudiciales, lo que permite hablar del federalismo como un imparable proceso centralizador. Por el contrario, la descentralización que España está viviendo con fe casi religiosa supone una manifestación evidente de lo que Alain Mine (4) califica de retorno a la Edad Media, que consiste en la desaparición de cualquier tipo de centro, un nuevo Sacro Imperio, una red de metrópolis que emergen, como las ciudades, de la Edad Media. Si desde hace tres siglos, el orden europeo ha ido de la mano del reforzamiento del Estado nación, incluso al precio de conflictos entre ellos, ahora asistimos a una descentralización o deshilachamiento donde caben los divorcios de terciopelo, pues un Estado puede optar por la partogénesis, como los checos y los eslovacos, que han hecho posible lo improbable. Después de su ejemplo se pregunta Mine ¿quién puede asegurar que Italia no está reviviendo la época de Cavour, pero a la inversa, pasando de status de Estado nación, reciente para ella, al que es más familiar de una nación llena de Estados?. Según este agudo observador, España estaría en un proceso de introspección y revisión histórica mayor que el italiano y, con Bélgica, estaría a punto de hacer saltar, de seguir por ese camino, el Estado nación. Una fórmula centralista que, por el contrario, Francia conserva como la mayor de sus ventajas frente a sus socios europeos, pues, en contra de todos los prejuicios vigentes, está claro que Francia tiene un don especial, tiene un ángel derivado de la perennidad de nuestro Estado nación y de su aptitud para aguantar, al menos mejor que los demás, el paso de las borrascas. Y en un mundo lleno de tensiones y conflictos, ésta es una ventaja excepcional. Una ventaja que no se sopesa sólo y exclusivamente con datos económicos, sino también en influencia, en seguridad y en poder. Cuanto más se descompone Europa, prisionera del mercado que la domina y de las microcomunidades que se emancipan, tanto más se vuelve fuerte la Francia unitaria y centralizada.

La cita ha sido larga pero merece la pena; del enemigo el diagnóstico y el consejo: los girondinos pierden, los jacobinos ganan.

Los vendedores de la descentralización se cuidan de no entrar a valorarla como simple técnica organizativa; y hacen bien, pues es un lugar común que en el mundo informatizado de las comunicaciones instantáneas en que vivimos inmersos, ninguna organización en su sano juicio apuesta por fraccionar el poder y multiplicar los centros de decisión. En este sentido, todas las organizaciones privadas multinacionales ofrecen la prueba del nueve del absoluto dominio de la centralización, pues todas las decisiones, desde las más trascendentes, hasta las más pequeñas, se toman a diario desde los grandes centros de poder de sus sedes centrales en Nueva York, Tokio, París, Londres, Frankfurt o Amsterdam.

Si las organizaciones privadas repudian la descentralización y si desde la perspectiva de la eficacia los mismos principios organizativos son aplicables al sector público, no se comprende, desde la racionalidad administrativa, la moda descentralizadora cuyos inconvenientes tantas veces han sido denunciados: reduplicación de competencias y acciones sobre las mismas materias, crecimiento vertiginoso de los costes, riesgo de cantonalismo y desgobierno, tristes realidades en todo proceso y sistema descentralizado, sin que tampoco deba olvidarse el escaso entusiasmo que, en la actualidad, despierta la descentralización, consecuencia directa de la desaparición vertiginosa de los particularismos locales, arruinados, primero, por los traslados masivos de población provocados por la industrialización y ahora por una oferta cultural planetaria, única y mercantilizada que exhiben los medios de comunicación. Justamente, la descentralización ha llegado a España cuando las diferencias culturales han sido ya arrasadas y el apego a la tierra, sostén de la descentralización tradicional, ha cedido el puesto a esquemas de vida y cultura mucho más artificiales y generalizados. Todo lo cual repercute sobre una ciudadanía que no tiene tiempo, ni humor, ni interés en preocuparse de los asuntos locales, ni de recuperar y solazarse con su peculiar cultura. En todo caso, como dijo Stannyer (5), «los sistemas de devolución de poderes, como aquellos que reconocen un mayor poder a los gobiernos locales o federales, son necesariamente más complicados que los sistemas centrales y unitarios. Son más costosos en tiempo, dinero y en personal, favorecen la creación de bestias negras entre las diferentes autoridades, producen desigualdad y, en general, reducen la responsabilidad».

Gobernadores Civiles frente a tardocarlistas y federalistas dogmáticos

Hay que advertir, además, que el proceso descentralizador español, a diferencia de lo ocurrido en Francia, en que se sometió a referéndum como única cuestión por el General De Gaulle en 1969 un proyecto de descentralización política, dimitiendo al ser rechazadas sus propuestas, y en Inglaterra, donde, el 1 de marzo de 1979, los británicos se opusieron, también en referéndum, a la devolución de poderes a Gales y Escocia, la descentralización política del Estado español se englobó en un solo paquete, es decir, en la aprobación de una constitución democrática, de forma que no fue posible rechazar la descentralización que suponía el desequilibrado Estado de las Autonomías, sin rechazar al mismo tiempo el restablecimiento de las libertades políticas. Los posteriores procesos de aprobación de los estatutos de autonomía permitieron una generalización autonómica que no se hubiera producido si se hubieran seguido los trámites y exigido los niveles de participación popular más rigurosos previstos en la Constitución de 1931 (el Estatuto de Autonomía de Galicia se aprobó con sólo el 14 por ciento de votos positivos). Las picardías y trampas que este proceso supuso, dadas las especiales condiciones en que se hizo la transición política, arroja una sombra de ilegitimidad sobre el Estado de las Autonomías por lo que no sería aventurado mantener que la clase política debe al pueblo español una consulta frontal y sincera sobre el modelo de Estado.

Pero volvamos, después de este y largo excurso, y para concluir, a nuestros Gobernadores Civiles: ante el panorama descrito, de clara ventaja del centralismo como técnica organizativa tanto en la ciencia empresarial como en la ciencia política y administrativa, ante las evidencias de ilegitimidad de que está sembrado el proceso autonómico y su evidente desprestigio a nivel popular, no parece muy prudente, ni muy democrático, favorecer, aún más, a costa del Estado, el poder de las Comunidades Autónomas, apartando a los Gobernadores Civiles de sus competencias para calmar la insaciable voracidad nacionalista, o por caminar en pos de esa administración única, plagiada del federalismo alemán, pero que olvida que la ejecución exclusiva a cargo de los Länder se compensa allí con un práctico monopolio legislativo de la Federación; lo que no se da, desgraciadamente, entre nosotros, por lo que dicha propuesta, al sumar la ejecución única a cargo de las Comunidades Autónomas, a un alto grado de competencias legislativa autonómica, nos llevaría a un nivel de descentralización muy superior al del federalismo alemán e insoportable para el esta donación que todavía es España. Por todo ello, parece más sensato dejar a los Gobernadores Civiles tal como están y precisamente por aquello por lo que son denostados por los nacionalistas, tardocarlistas y federalistas dogmáticos: por ser todavía, dentro del Estado de las Autonomías, el mejor, y quizás el único instrumento, la sola pieza centralista de la acción del Estado en todo el territorio; y también por su valor simbólico, por haber sido, no obstante sus miserias, un órgano fundamental en la construcción de España como esta donación, algo que para la Constitución vigente y, sobre todo, para la gran mayoría de los españoles, sigue teniendo un valor fundamental.

1) Cf. Los Prefectos y la Francia Provincial, Instituto de Estudios Políticos (Madrid, 1959).

2) Claudio Véliz, La tradición centralista de América Latina, Ariel (Madrid, 1984).

3) La Administración Española, Instituto de Estudios Políticos (Madrid, 1961).

4) La Nueva Edad Media: el gran vacío ideológico, Temas de Hoy (Madrid, 1994).

5) Le débat britannique sur le régionalisme et la dévolution, en Les Estructures locales en Grande Bretagne et en France, en La Documentation Frangaise, octubre 1982.

La eficacia de la economía de libre mercado es indudable. Y está injustificada la sospecha de que necesitaría el control público porque es un mal necesario sin principios éticos: es la propia tutela pública politizada lo que ha ocasionado a veces los abusos del mercado.

Los últimos y bien conocidos acontecimientos por los que sendas crisis empresariales han terminado con el reciente ingreso en prisión de destacados personajes de la economía española ponen de nuevo en duda, ante la opinión pública, dos principios básicos de la economía de mercado: la legitimidad del enriquecimiento y la eficacia del mercado para resolver en solitario las patologías que en él puedan aparecer.

Aceptada por casi todos la mayor eficacia del mercado como instrumento de asignación de recursos para algunos más por la evidencia de las experiencias históricas recientes que por convicción intelectual-, ahora surgen con más fuerza las críticas basadas en su presunta carencia de principios éticos en los que sustentar su funcionamiento. El mercado se convierte así en un mal necesario con el que nos vemos obligados a convivir, y del que constantemente hemos de desconfiar para evitar a tiempo sus mayores abusos. Los fenómenos de enriquecimiento rápido, los especuladores, la «cultura del pelotazo» parecen ser para algunos las indeseables pero inevitables consecuencias de una forma de organizar la actividad económica al margen de consideración alguna de justicia pero que, eso sí, parece eficaz.

Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad que los anteriores planteamientos. La economía de mercado basa su legitimidad en la libre aceptación de todos y cada uno de los intercambios realizados. Capitalistas, trabajadores, empresarios y consumidores, entendidos no como grupos de personas diferentes sino como distintas posiciones económicas que todos los individuos simultánea o sucesivamente ocupan, disponen libremente de sus recursos ahorrando, invirtiendo, trabajando o consumiendo en la medida de sus respectivas posibilidades, y en función de la capacidad conjunta de generar riqueza. La libertad para aceptar las transacciones propuestas, y para rechazarlas cuando no se estimen favorables, garantiza que de todas ellas se derive un beneficio mutuo.

En este marco de libertad, la función empresarial resulta crucial. Descubrir las demandas de los consumidores y satisfacerlas de manera eficiente es el reto del empresario. No es esencial que posea capital propio, puesto que podrá reclamarlo en préstamo para desarrollar su proyecto; sí es imprescindible que no se equivoque en sus hipótesis de trabajo. Si produce bienes o servicios no demandados, o lo hace ineficazmente, a un coste superior al de sus competidores, se verá condenado a la quiebra. La retribución por el riesgo asumido es el beneficio, y la justicia de su percepción deriva de una mayor satisfacción social, producida como resultado de su actuación.

El empresario que es capaz de intuir la demanda de un bien, y que lo produce a un coste tal que los compradores consideren que el precio pagado es inferior a la ganancia obtenida por su adquisición, es un empresario eficaz y es justamente retribuido por la sociedad a través del beneficio.

Beneficios mutuos o enriquecimiento propio

¿Qué tiene todo esto que ver con lo ocurrido en la economía española? Posiblemente nada, aunque en ocasiones las interpretaciones escuchadas tiendan a confundir algunas ideas. Los dos casos más relevantes tienen aparentemente en común una misma cosa: directivos más preocupados por sus respectivos intereses que por los de las empresas que administran aprovechan su poder de gestión en beneficio propio, a costa del resto de los accionistas. Las operaciones realizadas carecen de la legitimidad descrita para las transacciones que se verifican a través del mercado; no existe intercambio mu- tuamente beneficioso, sino enriquecimiento de uno a costa de otros, producido como consecuencia de la deslealtad en la gestión de intereses parcialmente ajenos: como consecuencia, por tanto, del engaño.

El inmenso desarrollo de las economías modernas ha hecho necesaria la aparición de grandes entidades en las que el ahorro perteneciente a un gran número de sujetos es administrado por algunos individuos, elegidos por ellos. Esta disociación de propiedad y gerencia es una característica típica del capitalismo contemporáneo, y una consecuencia necesaria de la utilidad que se deriva de la puesta en común de grandes cantidades de capital. Esta realidad novedosa obliga a adaptar constantemente nuestras leyes, para hacer posible que los accionistas minoritarios puedan controlar sus intereses de modo efectivo, poniendo en sus manos instrumentos adecuados y sancionando rápida y suficientemente los incumplimientos.

Aparentemente, el caso Banesto ha puesto de manifiesto la necesidad de una tutela pública directa para alcanzar esos deseables objetivos de control. Sin embargo, conviene recordar en qué medida la actuación de la Administración ha contribuido o ha permitido llegar a la situación en la que finalmente se ha desembocado. Hay que recordar que fue una decisión política la que desató unos procesos de fusión en el sector bancario al margen de la voluntad de los accionistas implicados, tal y como se puso de manifiesto posteriormente. Los equipos de gestión destituidos alcanzaron sus puestos encabezando un movimiento de contestación de los accionistas contra algunos intentos fraguados al margen de voluntad de éstos y que desde el poder político se les trató de imponer. La necesidad de actuar coactivamente se deriva en buena medida, por lo tanto, de las dificultades existentes para sustituir con normalidad a un mal equipo gestor -unas dificultades que son consecuencia de las suspicacias de aquellos que temían ser, de nuevo, manipulados-.

Conviene tener presente también que el mal funcionamiento de distintas instancias públicas ha podido incidir en un exceso de confianza por parte de los accionistas. Hay pocas actividades económicas tan intervenidas y tuteladas en todas sus etapas como las financieras en general y las bancarias en particular. Auditorías anuales legalmente exigidas y públicamente supervisadas, inspecciones del Banco de España, controles fiscales, aprobación administrativa previa de las sucesivas ampliaciones, etc.: todo ello puede razonablemente ofrecer a los ciudadanos interesados la impresión de que alguien en la Administración vela por sus intereses. Pero la solu ción traumática a una crisis en estado avanzado pone de manifiesto que esa impresión era un error, pues la ineficacia de esos controles previos es evidente: al contrario de lo que se pretendía, tal vez hayan contribuido a debilitar las peticiones y demandas de control desde dentro de la propia entidad.

En todo caso, lo importante no es tanto denunciar los claros errores de los mecanismos públicos de control, como más bien destacar la falta de relación entre estos fenómenos y el funcionamiento de una economía de libre mercado. El engaño puede existir en cualquier actividad humana, también en la económica, pero no es consustancial a ellas. Lo que ahora debería demandarse, a la vista de lo acontecido, es una estructura legal e institucional más justa y eficaz que la existente en la actualidad, que garantice a los pequeños accionistas la efectiva protección de sus intereses, que posibilite en su caso la rápida exigencia de responsabilidades y que sancione las conductas punibles. Esa reforma no puede ser rectamente concebida como un límite al funcionamiento del libre mercado, sino como una mejor configuración de sus cauces naturales de desarrollo.

vertido la fábula del aprendiz de allá del status y del funcionamiento brujo en una realidad modélica. de la justicia como poder indepenLa recuperación del ideal del Esdiente del Estado. Pero resulta difítado de Derecho se ha convertido, a cil discutir que los avatares que sulos tres lustros del nacimiento de fre hoy la institución de la Justicia nuestra Constitución, en una tarea están quebrantando nuestro modelo urgente y prioritaria. Ciertamente constitucional de Estado. • E. N. comprende aspectos que van más La legitimidad del mercado La eficacia de la economía de libre mercado es indudable. 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La concepción de la democracia que Madison y Jefferson llamaron el «despotismo electivo» ha ejercido tradicionalmente una gran atracción sobre el pensamiento socialista español, y se convirtió en una de las fuentes que inspiraron la política de construcción y articulación del Estado llevada a cabo por los gobiernos socialistas desde su famosa mayoría electoral de octubre de 1982.

Como es sabido, esa concepción se basa en la idea de que una mayoría lograda en las urnas posee la máxima legitimación para ordenar la sociedad mediante el ejercicio del poder. Los socialistas, con sus diez millones de votos, se creyeron legitimados para llevar adelante sus proyectos y transformar la sociedad española conforme a sus deseos. Esa legitimidad hacía irresistibles las decisiones de esa mayoría, al convertirlas, formalmente, en leyes.

Algunas de las tesis mantenidas por significativos e influyentes autores socialistas son reveladoras de estos planteamientos. Por ejemplo, en las dos posturas tomadas en la polémica académica sobre la obediencia al derecho, que mantuvieron a comienzos de los años ochenta F. González Vicén y Elias Díaz. Según el primero, la desobediencia, en caso de disociación entre mi conciencia moral y la norma jurídica, constituía siempre un deber. El segundo, en cambio, se resistía a admitir la posibilidad de la desobediencia a la ley, si ésta poseía legitimidad democrática, es decir, si era expresión de la voluntad de la mayoría. De este modo, la problemática relación entre moral y derecho quedaba resuelta, en el supuesto de que la ley emanara de verdad de la «voluntad general».

Frente al irreductible individualismo de González Vicén, la tesis de Elias Díaz conducía a defender la superioridad moral (al menos formal) de la norma dictada por la mayoría. Los fenómenos de desobediencia al derecho ya no tendrían, en consecuencia, justificación. Lo único que podrían hacer las minorías (y cada individuo) sería intentar convertirse en una nueva mayoría que desplazase a la anterior. El sistema democrático garantizaría esa posibilidad mediante la celebración de elecciones periódicas, auténticamente libres y competitivas.

En esa misma línea, Gregorio Peces-Barba ha defendido, de acuerdo con su versión de la «teoría democrática de la justicia», que «si no podemos formular criterios de justicia objetivos, permanentes y abstractos como modelos del derecho positivo, hagamos que el derecho positivo creado por el poder tenga el apoyo de la mayoría». «El fundamento de un derecho justo -continúa- es un poder democrático».

Todos estos planteamientos conducen, a la postre, a una hipervaloración de la regla de la mayoría, devastadora para todo el edificio del Estado de Derecho. Jefferson advertía ya, en su primer «Discurso inaugural», que «aunque la voluntad de la mayoría debe prevalecer en todos los casos, para que sea justa debe ser razonable». El criterio de justicia no puede nunca descansar exclusivamente en los números.

La regla de la mayoría no puede considerarse el único principio legitimador de un Estado democrático de Derecho. Porque salvaguardar la libertad y evitar un gobierno tiránico no son capacidades que residan sólo en el establecimiento de mecanismos para determinar «quién» debe ejercer el poder, sino también en impedir que alguien tenga «todo» el poder.

La gran lección que puede extraerse de lo sucedido en el período de gobierno socialista, es que todas las medidas que debiliten el sistema de contrapesos concebido para evitar la concentración del poder dañan a la esencia misma del Estado de Derecho.

La justicia como espejo del poder

Con la euforia de una desbordante victoria electoral, la regla de la mayoría legitimó la tesis de que todos los poderes del Estado debían funcionar en sintonía con la voluntad expresada en las urnas. El poder judicial no podía ser ajeno a este principio democrático. La modificación del sistema de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial obedeció claramente a esa inspiración. La idea central de la política judicial se hizo consistir en que el autogobierno de los jueces debía adaptarse al principio superior de la legitimidad democrática. El gobierno de los jueces debía reflejar, de alguna manera, la mayoría del Parlamento. Sin esta justificación carece de sentido la reforma de la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, que con celeridad llevó a cabo el primer gobierno socialista.

Este planteamiento, que conduce inexorablemente a una politización del gobierno de los jueces, desvirtúa el sentido para el que fue creado su órgano de autogobierno: exclusivamente para garantizar la independencia judicial.

La independencia de la justicia es un requisito esencial para que funcione el mecanismo de contrapesos del Estado de Derecho. Pero la independencia de la justicia es la independencia de cada juez, porque cada uno de ellos personifica en su plenitud al poder judicial. Por ello, la Constitución ha querido que los jueces estén alejados de las contiendas políticas: a tal fin, no pueden pertenecer a partidos políticos mientras se hallen en activo, y deben someterse a un sistema de incompatibilidades que asegure su total independencia.

Las leyes que han desarrollado esos preceptos constitucionales no han respondido al espíritu de la Constitución. El «malestar de la justicia» es uno de los síntomas del deterioro del Estado de Derecho. La falta de voluntad para hacer realidad el esquema diáfano de la división de poderes, causada por la creencia en que la regla de la mayoría lo justificaba todo en democracia, ha generado una situación potencialmente explosiva. El «caso Garzón» ha con vertido la fábula del «aprendiz de brujo» en una realidad modélica.

La recuperación del ideal del Estado de Derecho se ha convertido, a los tres lustros del nacimiento de nuestra Constitución, en una tarea urgente y prioritaria. Ciertamente comprende aspectos que van más allá del status y del funcionamiento de la justicia como poder independiente del Estado. Pero resulta difícil discutir que los avatares que sufre hoy la institución de la Justicia están quebrantando nuestro modelo constitucional de Estado.

El país necesita un nuevo discurso político: la claridad de sus fines y la firme voluntad de cumplirlos debe llegar con nitidez a todos.

Mil novecientos noventa y cinco promete ser un año arduo para España. Los indicadores económicos, sociales y políticos presentan signos pesimistas. En el orden político planea sobre la vida nacional el gran interrogante de unas posibles elecciones generales. Pero ni siquiera el Presidente del Gobierno, que es quien habría de disolver las Cortes y convocar los comicios, se halla en condiciones de responderlo. Tanto él como su gobierno y su partido, seguros de perder, prefieren seguir como están. Desde la oposición, por el contrario, convencidos de que ganan -ganar del todo o ganar mucho-, se quiere que se vote, y cuanto antes.

Con el calendario en la mano y la obligada fecha de las municipales y autonómicas de mayo, sólo habría tres momentos para esas eventuales elecciones: marzo, el propio mayo y octubre. El primero de estos meses requeriría una temprana disolución de las Cortes, durante las vacaciones de enero. Pero un gobierno precario como el actual, si las circunstancias no le obligan, aplazará una disolución que no le reportaría ventajas, con tanta gente como tiene colocada.

Más fácil sería convocar para mayo o para octubre. Se habría dejado algo más de tiempo para ver en qué paran -si es que paran- los ajetreos judiciales de estos meses. La presidencia de la Unión Europea del segundo semestre no es ningún obstáculo. Alemania ocupaba esa función en el 93 y tuvo elecciones en pleno mandato. Igual va a suceder ahora en Francia. La tarea de presidir la Unión es más administrativa que política, especialmente cuando el turno toca a una nación como la nuestra, que no pertenece al club de los tres grandes. Las elecciones administrativas de mayo tampoco constituirían mayor dificultad. Menos gastos para todos con la coincidencia de comicios. Y el país saldría beneficiado con un gobierno nuevo, más apoyado en la nación.

El Presidente, sin embargo, se inclina por continuar con el parlamento actual hasta que las coyunturales mayorías que lo sostienen se quiebren. Pero haya o no elecciones este año, lo que más interesa a los españoles es saber a dónde quieren dirigir el país los diferentes partidos. En su reciente libro sobre Maura, Javier Tussell ha recuperado una frase del estadista mallorquín, digna de ser meditada y convertida en lema para la acción política. En un discurso parlamentario, cuya fecha no recoge el biógrafo de don Antonio, éste dijo que «gobernar no es desear las cosas buenas y a la menor resistencia abandonarlas. Gobernar es tener un concepto perfectamente claro de lo que se persigue y una voluntad firmísima de llegar a donde se quiere»: eso debería ser lo primero que propusieran los partidos y los políticos encabezando sus ofertas.

Hay que conocer la bases de partida y el punto de destino de los posibles gobiernos: no basta con saber que el PP ya no es AP y que el PSOE rio son los rojos.

Después de 1979, nuestros socialistas proclamaron que abandonaban el discurso ideológico marxista. De la mano de su líder, almacenaron en el baúl de los recuerdos las recetas de sus mayores, pero sin definir ni conocer bien su nuevo itinerario, para embarcarse, más ligeros de equipaje, en la ambigua nave de la socialdemocracia. Ya Churchill había dicho que los pilotos de estos socialismos democráticos se parecían a Colón, que no sabía adonde iba, ni donde llegó, pero hizo todo el viaje por cuenta del gobierno, o sea, de la nación.

La gran oportunidad de la oposición «popular» española es que los socialistas han agotado su discurso y que su credibilidad se halla muy mermada. Más que por el desgaste del poder y lo dilatado de su mandato, por la desproporción entre las ilusiones que en algún momento suscitaron y lo exiguo de sus realizaciones. Los escándalos, además, dañan siempre al gobierno bajo cuya égida se producen, y más cuando se compara la situación con la decencia de la época -hoy casi mitificada- de Suárez y de la UCD.

La oposición debe presentar ante el país el nuevo discurso político para la segunda mitad de los noventa. Y tiene que hacerlo con nitidez y conseguir que llegue a todo el mundo.

Hay unos valores éticos y humanos que no han perdido nunca su vigencia en España, y hay otros que han ganado terreno en estos años democráticos. Entre los primeros se encuentran núcleos sociales básicos como la familia y los círculos próximos que la amparan y la envuelven. Igual ocurre con valores morales tan históricos y vigentes como los cristianos, que son compartidos y respetados por una inmensa mayoría de los españoles, practiquen luego o no la religión. Otro es el patriotismo, también en sus versiones menores de nivel local o regional, que no dejan de ser igualmente historia y espíritu. Y así en muchos más campos de la vida del país.

Pero a esa serie de valores han de añadirse los que han sido promovidos o alentados por la experiencia de la transición y que antes no brillaban entre las virtudes nacionales. Son el principio de la legalidad, tantas veces proclamado en las invocaciones a la Constitución y a lo constitucional. El respeto a la Corona, que no tiene nada que envidiar al que en sus buenos tiempos disfrutaban en el Reino Unido los Windsor. La aceptación del Parlamento como instancia superior del debate político y de la representación de la nación. La tolerancia y el reconocimiento del derecho de los demás a mantener sus propias opiniones, etc.

Esos valores y otros de género semejante, constituyen las piezas del concepto perfectamente claro que decía Maura que debe perseguir un político, para poner luego al servicio de su realización una firme voluntad de llegar a la meta propuesta.