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La ciudadanía democrática ante las nuevas desigualdades

En una de las últimas encuestas de la Universidad de Chicago para conocer las opiniones de su panel de expertos académicos sobre políticas públicas y cuestiones de actualidad, nueve de cada diez economistas entrevistados se mostraban de acuerdo con la afirmación de que «el aumento de la desigualdad está tensionando la salud de las democracias liberales».

En su respuesta, el economista del MIT (Massachusetts Institute of Technology) Daron Acemoglu resumía el sentir de esa abrumadora mayoría: «la ausencia de participación en los beneficios del crecimiento, especialmente cuando se derivan del poder político de los ricos, destruyen la confianza en las instituciones democráticas».

Resulta hoy poco controvertido vincular el generalizado aumento de las desigualdades en las sociedades ricas de las últimas décadas a las tensiones sociales y políticas que aquejan a los sistemas democráticos.

Como una amplia literatura en ciencia política, sociología y economía ha documentado, la desigualdad puede dificultar el funcionamiento de la democracia a través de varios mecanismos. Por un lado, la mayor polarización económica deteriora el capital social y la confianza interpersonal en la ciudadanía. Llegar a acuerdos sobre la necesidad de proveer bienes públicos, y sobre qué naturaleza han de tener esos bienes públicos se hace más complejo cuando las condiciones de vida de los individuos son muy diferentes entre sí.

En segundo lugar, si la democracia consiste en gestionar a través de canales institucionales el inevitable conflicto de intereses consustancial a las sociedades pluralistas, esa tarea se vuelve más difícil a medida que las diferencias de ingresos entre grupos sociales se amplían, y ese conflicto por tanto se agudiza. Con la desigualdad, las políticas públicas se vuelven políticamente más divisivas. Así, por ejemplo, establecer un seguro público de desempleo financiado mediante un impuesto sobre la renta no genera mucha controversia en una sociedad en la que sus miembros tengan ingresos similares y la misma probabilidad de beneficiarse en algún momento de ese programa, pero sí es muy probable que genere conflicto en una sociedad (desigual en nivel y seguridad de la renta) en la que solo unos pagarían ese impuesto y solo otros se beneficiarían de él.

En este artículo tratamos de discutir de forma más específica los efectos de lo que llamaremos las «nuevas desigualdades», es decir, de las formas específicas que están tomando las brechas económicas en las sociedades posindustriales contemporáneas.

Para ello, primero definimos qué hay de especial en la forma de la nueva desigualdad, y exploramos sus implicaciones en varias direcciones.

La mayor polarización económica deteriora el capital social y la confianza interpersonal en la ciudadanía

Poniendo en cuestión la idea de Kuznets de que las fases avanzadas del proceso de desarrollo económico llevan asociadas una reducción estructural de las diferencias de ingresos, a partir de los años setenta del siglo pasado las democracias avanzadas empezaron a presenciar cómo la desigualdad aumentaba de manera sistemática. Una primera diferencia era que buena parte del aumento de la desigualdad no se debía a cambios en la retribución de los factores de producción clásicos (capital y trabajo), sino que las desigualdades estaban creciendo dentro del grupo de trabajadores.

En España este nuevo aumento de las desigualdades se dilató durante dos décadas.

Primero porque el desarrollismo franquista tuvo consecuencias relativamente igualitarias, al ofrecer oportunidades de empleo industrial urbano a amplias capas de población rural pobre; y después porque la llegada de la democracia provocó un cambio brusco en las políticas fiscales y de bienestar con fuertes consecuencias redistributivas. Pero aunque llegaran tarde, las nuevas desigualdades asociadas a las transformaciones postindustriales acabaron también emergiendo en nuestro país: a partir de los noventa, los indicadores de desigualdad crecieron con fuerza en España.

¿Por qué ha aumentado la desigualdad intrafactorial, y más concretamente entre tipos de trabajadores? Evidentemente, antes de los setenta no todos los trabajadores tenían las mismas cualificaciones ni cumplían el mismo papel en la economía, pero había condiciones estructurales del trabajo que facilitaban la coordinación política de sus demandas. Su interdependencia económica (los procesos industriales hacían de los trabajadores de cualificaciones bajas e intermedias actores imprescindibles en las cadenas de producción) facilitaba la organización política de los sindicatos de clase y la existencia de instituciones de negociación colectiva que fortalecían a los trabajadores económicamente más vulnerables. Dicho de otra forma, las diferencias de cualificaciones en la industria no eran un gran impedimento para la organización del conjunto de la clase trabajadora, en la medida en que las cualificaciones de unos y otros eran complementarias, y el entorno de negociación de las condiciones de trabajo favorecía la coordinación de sus demandas.

TECNOLOGÍA Y TRABAJADORES MENOS CUALIFICADOS

A partir de la década de los setenta, varias transformaciones de naturaleza estructural hacen que esta complementariedad entre trabajadores cualificados y no cualificados se haya ido progresivamente erosionando en las economías avanzadas. En primer lugar, la desindustrialización y la transición hacia una economía de servicios y más centrada en el conocimiento permitía que la productividad de los trabajadores más cualificados se independizara de la colaboración de los menos cualificados.

La existencia de nuevas tensiones distributivas está íntimamente relacionada con la dificultad de los grandes partidos para articular mayorías alrededor de un único programa

En segundo lugar, los avances tecnológicos han logrado sustituir trabajadores menos cualificados por máquinas, y son precisamente los trabajadores no cualificados que antes complementaban a los cualificados uno de los grupos más afectados por estos cambios.

Por último, la internacionalización de los mercados de bienes y servicios y la creación de cadenas de valor global ha permitido a muchas empresas separar físicamente el proceso de producción entre diferentes países. Así, la deslocalización (que de nuevo ha afectado especialmente al trabajo menos cualificado) ha contribuido también a romper la coalición natural de intereses entre trabajadores cualificados y no cualificados a escala nacional.

Aunque el ritmo y la magnitud de estos cambios han variado en el tiempo y el espacio, las consecuencias han ido siempre en la misma dirección: un continuo deterioro del poder de negociación de los trabajadores menos cualificados, no solo porque se vuelven menos necesarios para las empresas, sino también porque su presencia en el proceso de producción es cada vez menos necesaria para que los trabajadores más cualificados sean productivos.

Las dinámicas en los mercados laborales de las economías avanzadas son en buena medida reflejos de estas nuevas tensiones. En muchos países se ha ido consolidando una brecha entre trabajadores regulares (insiders) y precarios (o outsiders). Los primeros tienden a tener niveles de cualificaciones más altos, salarios mejores, y mejores niveles de protección en sus empleos y de una mayor estabilidad laboral; mientras que los segundos tienen carreras laborales erráticas, menores salarios y menor protección social frente al desempleo u otros riesgos asociados al mercado de trabajo. Las regulaciones del mercado de trabajo, como la permisividad española con la expansión del trabajo temporal, pueden contribuir a magnificar y a cronificar estas brechas entre tipos de trabajadores, pero no son sus causas últimas, que tienen más que ver con los cambios estructurales mencionados anteriormente.

La segunda especificidad de la desigualdad contemporánea es su cada vez más visible dimensión geográfica. De acuerdo con los modelos clásicos de crecimiento, la existencia de rendimientos decrecientes al capital implica que las regiones menos desarrolladas deberían crecer más rápido que las más ricas. Dentro de áreas geográficas que compartían un marco institucional similar, la evidencia avaló hasta los años ochenta en líneas generales la existencia de este proceso de convergencia. Sin embargo, este proceso se ha frenado o incluso revertido en las últimas décadas: mientras que las grandes metrópolis crecen y atraen población, las regiones geográficamente distantes de ellas ven languidecer sus economías y ven emigrar a sus habitantes.

La explicación más parsimoniosa de este proceso tiene que ver con lo que se ha venido en llamar las «economías de la aglomeración». En la sociedad del conocimiento, el rendimiento de los factores de producción depende de complementariedades espaciales: los trabajadores cualificados son más productivos no cuando son escasos, sino cuando están rodeados de otros trabajadores también cualificados, cuando tienen a su disposición buenas infraestructuras y con fácil acceso a la inversión.

Esto hace que la actividad económica tienda a concentrarse en unos pocos nodos abundantes en trabajo cualificado, bien conectados internacionalmente y con capacidad para beneficiarse de mercados globales, y en los que se concentran las buenas oportunidades de empleo. Paradójicamente, un mundo más interconectado es un mundo en el que la geografía se vuelve más importante. La nueva economía ha traído la preocupación por lo que en el Reino Unido se han llamado «los lugares dejados atrás», en Estados Unidos «el país que se sobrevuela» o en nuestro país, la «España vacía».

DOS GRUPOS DE PERDEDORES

En resumen, podemos identificar dos grupos perdedores de esta nueva economía: los trabajadores menos cualificados y los residentes en zonas alejadas de los grandes centros económicos. ¿Cómo cambiará la demanda de políticas como respuesta a estas nuevas desigualdades?

Para entender cómo estas desigualdades se traducen en nuevas demandas, es preciso incorporar en qué medida estas nuevas desigualdades van a entrar en conflicto (o no) con las demandas de los grupos no perjudicados por los cambios y en qué medida el sistema político es esperable que privilegie unas demandas sobre otras. Así, la capacidad de estas nuevas desigualdades para alterar los equilibrios políticos dependerá de dos factores: 1) el grado de conflicto de las nuevas demandas con los grupos de población «centrales», y 2) cómo las instituciones de representación de intereses hacen más fácil o más difícil la articulación efectiva de los intereses de los nuevos grupos agraviados. Vayamos por partes.

El primero de los grupos penalizados estructuralmente en la nueva economía, los trabajadores menos cualificados, no son ni electoralmente pivotales, ni forman parte del núcleo central de ninguno de los partidos tradicionales existentes. Esto no hace que sus demandas sean políticamente irrelevantes, pero sí dificulta su asunción por los partidos y gobiernos, en la medida que entren en conflicto con los intereses de otros grupos. Y es razonable pensar que las políticas necesarias para satisfacer sus demandas sí lo hagan: unas políticas activas de mercado de trabajo más ambiciosas y una mayor generosidad en la protección social a los grupos económicamente más vulnerables exigen, inevitablemente, o impuestos más altos o un rediseño del Estado del bienestar que detraiga recursos del uso que las clases medias más acomodadas ahora hacen de él.

Este conflicto va más allá de la política fiscal o presupuestaria: una legislación laboral que promueva salarios más altos en los sectores intensivos en trabajo poco cualificado traerá consigo subidas de precios de los servicios y bienes que consumen las clases medias, y cualquier restricción a la competencia internacional con el fin de proteger a los trabajadores nacionales acarreará un encarecimiento de productos para los consumidores.

Así pues, la clave es que las nuevas desigualdades imponen un inevitable conflicto distributivo entre trabajadores menos cualificados y trabajadores cualificados. Y en nuestras democracias, no es previsible que los intereses de los primeros vayan necesariamente a prevalecer sobre los de los segundos, por varios motivos.

En un contexto de incertidumbre política, los ciudadanos valoran aquellas políticas públicas que sean socialmente transversales y por tanto electoralmente creíbles

Primero, por meros números: los trabajadores menos cualificados no constituyen una mayoría electoral en las democracias europeas. Segundo, porque, como recuerdan Iversen y Soskice, un elemento central que ha configurado la identidad política de las clases medias contemporáneas es su dimensión aspiracional: los electorados de las sociedades capitalistas han apoyado políticas económicas orientadas a garantizar la inversión y el crecimiento porque al beneficiar a las clases medias la movilidad social hace que todos sean potenciales beneficiarios de ellas. Y tercero, porque la desigualdad económica tiende a ir de la mano de una cierta desigualdad política: los perdedores de las nuevas transformaciones económicas están peor organizados, son menos influyentes mediáticamente y tienen menos recursos materiales y culturales para lograr que sus preocupaciones ocupen la agenda política.

Pero que estos grupos no logren imponer sus preferencias en el juego democrático no significa que su progresiva insatisfacción con el equilibrio político existente sea irrelevante. Al contrario, la existencia de estas nuevas tensiones distributivas está íntimamente relacionada con las dificultades de los grandes partidos para articular amplias mayorías alrededor de un único programa político, lo que podría explicar al menos parte de la actual desafección ciudadana hacia el sistema político, la creciente volatilidad electoral y la inestabilidad programática y de liderazgo de los grandes partidos.

Es esperable que las consecuencias de la dificultad para canalizar estas demandas varíen en función del sistema electoral y del sistema de partidos asociado a él. En los sistemas proporcionales que facilitan la creación de nuevos partidos, estas nuevas divisiones económicas provocarán una mayor fragmentación partidista: la incapacidad de los partidos tradicionales de articular propuestas atractivas para los nuevos «perdedores» abre una ventana de oportunidad para la aparición de nuevos partidos.

Aún no está nada claro en qué medida estos nuevos movimientos políticos emergentes (partidos verdes, de derecha radical o izquierda alternativa) estén logrando construir una agenda programática coherente de defensa de los intereses de estos grupos frente a los de los votantes más «centrales», pero lo que sí parece evidente es que el éxito de estos partidos se nutre desproporcionalmente de la insatisfacción de determinadas capas de la población con el equilibrio económico-político actual.

REGLAS INSTITUCIONALES Y ELECTORALES

En los sistemas mayoritarios, que de forma casi mecánica fomentan una competición electoral entre dos grandes partidos, la aparición de estas nuevas brechas distributivas va acompañada de una mayor tensión dentro de los grandes partidos tradicionales. Las contiendas por el liderazgo de estos partidos se vuelven más polarizadas, y han de acomodar esta nueva pluralidad de intereses económicos: lo vemos en los debates internos de los partidos laborista y conservador en el Reino Unido y en el seno de los Demócratas y Republicanos en Estados Unidos. En estos sistemas, una posible victoria de los sectores rupturistas dentro de un partido puede ayudar a que su agenda pase a primer plano, especialmente cuando la polarización política hace que los segmentos más moderados de los partidos se vean obligados a avalar electoralmente a su candidato «populista», incluso cuando discrepen de su agenda económica.

La traducción de las nuevas desigualdades en la competición política dependerá, por tanto, de las reglas institucionales y electorales que regulen la oferta partidista, pero las demandas distributivas de los grupos agraviados por las nuevas desigualdades deberán afrontar una realidad política en la que los intereses de los grupos no agraviados siguen siendo centrales. Dicho de otra forma, la vulnerabilidad electoral de estos perdedores, que es en cierto sentido estructural por los motivos mencionados más arriba, hará que sus demandas serán tanto o más efectivas cuanto más logren presentarlas como atractivas para capas más amplias de la sociedad.

Es así como hay que entender que muchas de las nuevas políticas demandadas por estos grupos tomen la forma de políticas universales, incluso cuando este tipo de intervención no es el más efectivo ni el más eficiente para mejorar el bienestar de los grupos más afectados por las nuevas transformaciones económicas.

Un buen ejemplo de esto es la centralidad de la cuestión de las pensiones en el actual debate político. Parece evidente que, desde el punto de los grupos más directamente afectados por las nuevas desigualdades, deberían existir políticas de gasto mucho más coste-efectivas para mejorar su bienestar: políticas de formación, de acceso a la vivienda, ayudas directas a las familias, transferencias a hogares con niños… Sin embargo, la protección de las pensiones permite expandir la coalición de potenciales beneficiarios de estas políticas, lo que aumenta su probabilidad de éxito dentro de los partidos y gobiernos de diferente signo.

En un contexto de nuevas vulnerabilidades económicas y de creciente incertidumbre política, los ciudadanos valoran especialmente aquellas políticas públicas que sean socialmente transversales y por tanto electoralmente creíbles; y están seguramente dispuestos a pagar un precio en términos de progresividad. Es así como podemos entender la aparente paradoja de que a medida que las desigualdades crecen, no lo hace la demanda por políticas netamente redistributivas, y sí la de políticas de «seguro» que pueden de hecho contribuir a mantener o consolidar las brechas económicas existentes.

Queda por analizar qué tipo de respuestas políticas generarán las nuevas desigualdades de naturaleza geográfica. En este caso, la situación de debilidad estructural de los «perdedores» de estos cambios es menos evidente: la gran mayoría de los sistemas electorales de nuestras democracias tienden a privilegiar los intereses concentrados espacialmente, y muchos de ellos están de hecho explícitamente diseñados para dar más peso en las instituciones representativas a los residentes en áreas menos pobladas y por tanto más alejadas de los grandes nodos beneficiados por las economías de la aglomeración.

No parece razonable esperar una fácil corrección de las nuevas desigualdades a través de la demanda social por nuevas políticas públicas, al menos en el corto plazo

Cabría pensar que cuanto más sobrerrepresentados estén los territorios «perdedores», mayor será su capacidad de obtener contraprestaciones en forma de transferencias a los residentes o infraestructuras. España, con una de las tasas de malapportionment mayores de Europa (es decir, donde la relación entre número de votantes y de representantes varía más en función del territorio) debería ser el contexto más propicio para observar la emergencia de estas formas de compensación geográfica, que además ya tienen un cierto recorrido en nuestra historia reciente. No es casual que España sea líder mundial en infraestructuras físicas (trenes de alta velocidad, autovías, aeropuertos) alejadas de los grandes conglomerados urbanos.

Sin embargo, y como también nuestra experiencia muestra, no está nada claro que estas políticas territorializadas logren revertir los procesos de divergencia económica, por dos motivos. Primero, porque no es evidente que en el seno de estos territorios, los grupos previsiblemente más afectados por las economías de la aglomeración —los jóvenes que se ven forzados a emigrar a las grandes ciudades— se beneficien de estas políticas. Y segundo, porque no disponemos de mucha evidencia acerca de la capacidad del gasto en transferencias e infraestructuras de limitar o revertir los procesos de concentración de la actividad económica ya en marcha.

Conocer las formas concretas que están tomando las nuevas desigualdades es clave para entender la naturaleza de los conflictos políticos con los que están aprendiendo a convivir nuestras democracias. A pesar de que las diferencias entre las condiciones de vida de los grupos más acomodados y más vulnerables están aumentando, el hecho de que los nuevos perdedores en el mercado de trabajo no sean una mayoría electoral clara y que además sean organizativamente débiles provoca dos cosas: en términos de competición electoral, dificultad de los partidos para promover agendas inclusivas ambiciosas y polarización y fragmentación electoral que esa dificultad indirectamente genera; en términos de políticas, y auge de propuestas que no son muy eficientes a la hora de corregir las nuevas desigualdades, pero que son las únicas con capacidad de concitar apoyo transversal entre la ciudadanía.

Las nuevas desigualdades territoriales, por su parte, sí pueden bajo determinados contextos institucionales promover una demanda clara de compensación hacia las zonas «dejadas atrás», pero somos escépticos sobre la capacidad de estas políticas de corregir unas dinámicas económicas que son mucho más poderosas.

En definitiva, bien porque no es previsible que los perdedores de las nuevas desigualdades se vuelvan electoralmente centrales, o bien porque las políticas territoriales que demandan en las áreas geográficas castigadas por la concentración de la actividad económica son inefectivas para revertir los procesos de aglomeración, no parece razonable esperar una fácil corrección de las nuevas desigualdades a través de la demanda social por nuevas políticas públicas, al menos en el corto plazo.

La fatiga de los partidos

La inestabilidad de las democracias consolidadas, como la española, tiene diversas explicaciones, pero en todas ellas aparece un elemento común: el debilitamiento de los partidos y sus limitaciones para representar a unos electores cada vez más heterogéneos y polarizados. A menudo, los partidos son vistos como los responsables, por acción u omisión, de las tensiones y bloqueos políticos del momento, cuando no como el chivo expiatorio del malestar que sufren los ciudadanos ante la incertidumbre generada por la gran crisis económica y otros fenómenos paralelos de cambio general. Tras el fracaso de la formación de Gobierno, los españoles los consideraban el segundo gran problema de España (45,3%), solo por detrás del paro (60%), según el Barómetro del CIS de septiembre de 2019. Se trata de niveles de crítica a los partidos sin apenas precedentes desde el inicio del período democrático. La situación no es muy distinta en otros países: en 2013 la confianza en los partidos políticos apenas alcanzaba el 20% de media general en los países de la OCDE, más de diez puntos por debajo de la que los ciudadanos tenían depositada en sus gobiernos.

Este panorama coincide con cambios organizativos de calado en los partidos, encaminados a reforzar los instrumentos de participación y representación de los afiliados en las decisiones más importantes de la vida interna de las formaciones como mecanismo para superar el creciente alejamiento de los electores. Los propios partidos son los principales agentes de estas transformaciones, aunque muchas veces influidos por iniciativas surgidas desde la sociedad civil (como +Democracia, en España, o el National Democratic Institute, en EE.UU.). Los ensayos para profundizar la democracia interna se vienen extendiendo entre partidos de signo ideológico diverso, con una variedad notable en los instrumentos y en los resultados. Los resultados a menudo son inciertos y variables entre partidos con culturas y entornos institucionales diferentes. Este artículo tratará de hacer un repaso de las principales palancas organizativas que los partidos están ensayando a fin de adaptarse a un contexto de cambio político y social cada vez más adverso para las formas tradicionales de representación de los ciudadanos.

Lo que no nos gusta de los partidos

Aunque existen causas y problemas concretos, en cada caso, que contribuyen a explicar los riesgos y desafíos que los partidos deben afrontar, detrás de ellos siempre suelen aparecer constantes de fondo que alimentan el descontento con los partidos. Estas tienen que ver con su funcionamiento interno y con las contradicciones a las que tienen que hacer frente para mantener el equilibrio entre satisfacer, a la vez, las aspiraciones de sus votantes y las de sus miembros.

Robert Michels, en su clásico estudio sobre la socialdemocracia alemana a principios del siglo XX, acuñó el término ley de hierro de la oligarquía, sintetizada en esta máxima: «Quien dice organización dice oligarquía»

Una de esas constantes es la inevitable percepción de los partidos como aparatos de poder alejados de los ciudadanos, antes que como instrumentos o plataformas colectivas en manos de sus afiliados para defender causas políticas. Esta crítica ya fue anticipada por Robert Michels en su clásico estudio sobre la socialdemocracia alemana a principios del siglo xx. Mediante la conocida ley de hierro de la oligarquía, sintetizada en la máxima «quien dice organización dice oligarquía», Michels señalaba la paradoja de que todos los partidos, imprescindibles para el funcionamiento de la democracia, no podían funcionar de forma genuinamente democrática en su interior. A medida que las organizaciones crecen, segregan burocracias especializadas que se vuelven imprescindibles para la supervivencia del partido. Como resultado, la participación de sus miembros acaba sacrificada en aras de la eficiencia y del protagonismo de los líderes, que monopolizan el poder y la voz de la organización ante el resto de la sociedad.

Otra constante es la opinión negativa que muchos votantes y potenciales afiliados poseen de la participación en los partidos y de sus militantes. Los activistas más implicados en la vida interna de los partidos suelen moverse por motivaciones mucho más ideológicas y solidarias que los líderes o que el votante medio. Su papel es clave para mantener la vida de la organización y las campañas electorales. Pero en ocasiones también son una fuente de contradicciones ideológicas y estratégicas para el propio partido. Las diferencias ideológicas y de preferencias entre líderes, militantes y votantes ya fueron identificadas por John D. May mediante la denominada ley de la disparidad curvilínea, según la cual los militantes tienden a tener posiciones ideológicas más extremas que los electores y que los propios dirigentes, que tratan de reflejar mejor las ideas de los votantes. De ahí los dilemas a los que se enfrentan los partidos cuando tienen que gestionar las divergencias políticas existentes entre sus militantes, sus votantes estables y sus votantes potenciales. Ello da lugar a mensajes adaptables a la audiencia, giros políticos a veces poco coherentes y un discurso demasiado vago para ciudadanos que esperan respuestas demasiado concretas para problemas específicos.

Cuando ese dilema entre flexibilidad y rigidez se tiene que trasladar a decisiones sobre formación de gobiernos o agendas de políticas públicas, no es extraño que las posiciones de los distintos grupos de la base suelan diferir, hasta el punto que cualquier decisión tienda a ser interpretada por unos o por otros como una traición a los principios y las promesas políticas.

John D. May señaló que los militantes tienden a posiciones ideológicas más extremas que los electores y que los propios dirigentes. Estos segundos tratan de reflejar mejor las ideas de los votantes

Esas contradicciones lastran constantemente la imagen de los partidos y su atractivo. No obstante, si algo define a los partidos es su predisposición a la adaptación lampedusiana frente a las mutaciones y movimientos que se producen en la sociedad y que pueden alterar su relación con los ciudadanos. Y aquellos que se resisten al cambio o no aciertan a renovar su vínculo representativo, se arriesgan a quedar rápidamente eclipsados por nuevas organizaciones más ágiles y acordes con los nuevos tiempos y con las demandas de los electores, como señalan José Feliz Tezanos y César Luena en una reflexión reciente sobre la capacidad de cambio de los partidos.

Una prueba de ello es la transformación que estas organizaciones políticas están experimentando en los últimos años, como reacción a los cambios sociales y culturales de fondo que se vienen dando en las democracias contemporáneas. Podemos identificar tres tipos de palancas que los partidos están utilizando para adaptarse al cambio cultural y tecnológico en marcha desde la entrada en el nuevo siglo.

¿Digitalizar los partidos?

La llegada de Internet y, en general, de las nuevas tecnologías aparejadas al nuevo mundo digital, ha ido redefiniendo el entorno de los partidos. Como resultado, los partidos se han lanzado a la experimentación en el uso e importación de estos instrumentos, fijando el rumbo hacia la progresiva digitalización en su manera de funcionar.

No debe sorprendernos que el ámbito donde la mutación digital está siendo más rápida es en el diseño y organización de las campañas electorales. La evolución de los medios de comunicación a finales del siglo XX había ido convirtiendo a los partidos políticos en organizaciones esencialmente orientadas a las campañas electorales permanentes, algo que, de hecho, no deja de encontrarse en el origen decimonónico de estas organizaciones. Sin embargo, la extensión de Internet y de las nuevas tecnologías eleva esta evolución a una nueva categoría. No solo se trata de difundir mensajes en las redes, sino sobre todo de sacar rendimiento, mediante aplicaciones analíticas, de las bases de datos masivos procedentes de orígenes diversos. Como ha detallado Daniel Kreiss (2016), estas innovaciones digitales y el uso de tecnología intensiva en las campañas electorales van a perfilar un nuevo papel tanto para los partidos como para los propios electores en la competición política. De este modo, las tradicionales técnicas basadas en encuestas y en la segmentación de electores van a ceder paso a las estrategias de marketing personalizado, donde el elector ya no será visto como el representante típico de un grupo social, sino un ciudadano único y específico. Tomando como referente el caso norteamericano, Kreiss ha llamado la atención sobre el nivel de innovación que aplicaron los partidos en las recientes elecciones presidenciales de 2012 y 2016, que culminaron los ensayos que se habían introducido en las estrategias de los partidos desde la campaña presidencial de 2004.

Las tradicionales técnicas basadas en encuestas y en la segmentación de electores van a ceder paso a las estrategias de marketing personalizado, donde el elector ya no será visto como el representante típico de un grupo social, sino un ciudadano único y específico

Un ejemplo de ello son las aplicaciones que el Partido Demócrata desarrolló para la campaña de reelección de Barack Obama en 2012. Por ejemplo, el proyecto Narwahl trató de conectar diferentes bases de datos de votantes, activistas tradicionales, voluntarios o donantes a partidos para ofrecer mensajes personalizados según la posición de cada individuo en cada momento específico. En cambio, el programa Dashboard permitía coordinar las decenas de miles de activistas de la campaña, esparcidos por todo el territorio, con los posibles votantes —recogidos en las bases de datos— de sus barrios próximos. De forma parecida, la aplicación de móvil Pollwatcher ayudaba a los representantes en cada colegio electoral a ir actualizando instantáneamente la base de individuos que iban votando en las diferentes mesas, permitiendo al equipo de campaña nacional dirigir sus actuaciones orientadas a movilizar a los posibles votantes de una forma centralizada. Todas ellas apuntan hacia nuevas estrategias electorales donde los partidos tratarán por igual a los votantes online y offline.

De puertas adentro, la adopción de las nuevas tecnologías también ofrece un enorme potencial para la regeneración interna de los partidos, aunque la práctica, de momento, queda lejos de ello. La mayoría de partidos limitan todavía el uso digital a un complemento de las formas de funcionamiento tradicionales en algunos ámbitos relevantes, como la selección de cargos o la comunicación de los dirigentes con sus bases (como explicamos en las siguientes secciones). Por el contrario, algunos de los nuevos partidos aparecidos en los últimos quince años han adoptado un nuevo modelo de organización que los expertos han denominado ciberpartido, partido digital o Internet party. Estos se caracterizan por la conversión del partido en un formato virtual más propio de las plataformas digitales como Google, Facebook o Amazon, tal como explica Paolo Gerbaudo (2019).

La recuperación organizativa de los partidos es un elemento necesario para la reducción de la polarización social

El ejemplo más genuino de estos nuevos partidos de organización virtual lo deparan el Movimiento 5 Estrellas (m5s) y, en menor medida, Podemos. El funcionamiento de estos partidos se basa en plataformas digitales que remplazan las tradicionales estructuras burocráticas de las organizaciones de masas, y que vehiculan toda la participación interna. El m5s surgió al mismo tiempo que su plataforma Rousseau, una aplicación digital a través de la cual los miembros participan, deciden, se informan y lanzan propuestas para que los representantes públicos las defiendan o promocionen en las instituciones. Con un alcance más limitado, el portal Participa es el gran instrumento de funcionamiento interno y de conexión de los registrados con el resto de miembros de Podemos. En este último caso, la aplicación virtual se combina, de forma algo problemática, con una progresiva implantación territorial mediante una estructura organizativa de tipo más clásico. En ambos casos, la experiencia del activista se inicia en el momento de descargarse la aplicación que abrirá la puerta a una forma más desintermediada de deliberación y decisión dentro del partido.

¿Abrirlos a nuevos miembros?

Las nuevas tecnologías y los nuevos partidos plataforma también están favoreciendo otras innovaciones organizativas, como las nuevas formas de vinculación a los partidos.

Tras décadas en los que los partidos de masas, con una elevada afiliación e implantación entre su electorado, simbolizaron el modelo ideal de cómo debía ser un partido democrático, el último tercio del siglo XX estuvo caracterizado por un declive general del número de afiliados y un debilitamiento de las fuerzas políticas respecto a sus bases sociales tradicionales. Según Jonathan Hopkin (2020), ese debilitamiento del vínculo entre partidos y sociedad facilitó, en el caso de la izquierda, la adopción de programas más económicos neoliberales y, en último extremo, les perjudicó electoramente. Pero también los partidos liberales y conservadores han sufrido el encogimiento de su militancia. Para adaptarse a ese escenario, los partidos están tratando de incrementar los beneficios y contraprestaciones a los afiliados, y de reducir el coste de la participación.

Estos cambios comienzan por nuevas narrativas sobre lo que las organizaciones pueden ofrecer a y esperar de sus miembros (Scarrow, 2015: 21). En el pasado los partidos aparecían principalmente como vehículos de movilización de causas ideológicas, a los que se unían los adherentes o afiliados, o como representantes de clivajes sociales basados en una comunidad de miembros alineados de acuerdo con esas fracturas (trabajadores, empresarios, agricultores, nacionalistas o republicanos). Este tipo de vínculo implicaba condiciones exigentes, como el pago de una cuota, presencia y compromiso, y registro tutelado.

En cambio, muchos de los nuevos partidos ejercen como plataformas personalistas (Forza Italia) —como los viejos partidos élites de antaño—, como agentes que responden a una demanda electoral fluctuante (République en Marche), o como clubes que buscan presión e influencia en contextos favorables. Para esas nuevas organizaciones, los afiliados son percibidos más bien como fans o hinchas dispuestos a apoyar sus acciones y seguir su información, pero no a implicarse en la vida interna. Su vínculo será más laxo que el de los militantes tradicionales pero más dispuesto recibir y difundir lo que le llegue desde la dirección del partido. Se parecerán más a seguidores de un equipo de fútbol que a activistas de causas tradicionales.

Si bien no hay alternativa a los partidos en nuestras democracias, sí hay alternativas para que los partidos se adapten a las mutaciones de la política contemporánea. Los partidos no desaparecerán adaptarán, a lo bueno o a lo malo

Lo importante es que, para la mayoría de partidos, disponer de ambos tipos de vinculación no solo es compatible sino incluso deseable, para extender su base social y sacar mayor rendimiento de esta. Por esta razón, empieza a emerger lo que Susan Scarrow ha denominado el modelo de partido con miembros a velocidad múltiple (multi-speed membership party). La figura 1 trata de representar la nueva geometría variable de las bases sociales para este tipo emergente de partidos. Su principal rasgo distintivo es la concepción plural con que se concibe la figura del afiliado, de tal modo que se ofrecen diversos niveles de alistamiento con diversas opciones de derechos y requisitos: desde el militante activo tradicional hasta los seguidores (followers) menos comprometidos y que se conectan al partido a través de las redes sociales. Además, a diferencia del pasado, no se trata de categorías de afiliados ordenados desde una lógica concéntrica, donde una categoría más amplia incluya necesariamente a todos lo miembros de categorías más reducidas, sino que distintos individuos pueden utilizar distintos niveles de compromisos según sus necesidades y circunstancias personales variables. No obstante, este patrón quizá no diluya del todo el modelo tradicional. El caso de Podemos muestra que las innovaciones en materia de afiliación no impiden que muchos miembros sigan ordenándose en categorías concéntricas según la intensidad de su participación (Ramiro y Gómez, 2019).

Figura 1: el modelo de velocidad múltiple (multi-speed) en la afiliación de partidos

Las páginas web de los partidos son una herramienta fundamental para promover esta afiliación a distintas velocidades. Los estudios recientes muestran que, en general, suelen estar aún muy infrautilizadas para este propósito, ya que todavía se diseñan desde una perspectiva unidireccional, pensada para difundir mensajes e información desde el partido al público y no como un instrumento de intermediación entre partidos y potenciales seguidores. En este sentido, algunos partidos comienzan a utilizar redes de ámbito más restringido, como Whatsapp o Telegram, entre otros, para construir comunidades digitales entre seguidores, que no necesariamente han de convertirse en agrupaciones territoriales clásicas de militantes sobre el terreno.

¿El poder para las bases?

Las palancas de reforma organizativa más utilizadas por los partidos en la última década y media están relacionadas con la apertura de los mecanismos de decisión y participación al conjunto de los miembros, en detrimento de las tradicionales instancias de poder reservadas a las élites centrales e intermedias. Hasta el momento, la cuestión tiene que ver con cómo se participa y cómo se legitiman las decisiones en tres áreas clave de la vida interna de los partidos: la selección de sus líderes y candidatos, la definición de su programa y de sus propuestas políticas y la adopción de las decisiones estratégicas más importantes, como, por ejemplo, las reformas organizativas o la política de coaliciones. Como mencionamos en páginas anteriores, la digitalización de los partidos favorece estas estrategias de democratización y amplía los potenciales espacios de la organización para desarrollarla.

El principal ámbito donde se han aplicado medidas de democratización se encuentra en los procesos de designación de sus candidatos y de elección de sus líderes organizativos.

Para medir su grado de apertura, y los modelos de democratización que se han derivado de él, las medidas de reforma han afectado a las cuatro dimensiones fundamentales que organizan todo proceso de selección: quién selecciona, quién puede ser seleccionado, con qué fórmula electoral y en qué nivel se realiza la votación.

Por otro lado, en los últimos años, los partidos también han emprendido cambios en la forma de abordar la confección de su oferta política encaminados a abrir el proceso de recepción de ideas e iniciativas a sujetos no afiliados, lo que se ha denominado por algunos como «externalización» de la agenda política (policy outsourcing). Esta apertura adquiere diversos formatos. Por un lado, se organizan comunidades de consulta en las que el partido pone sus propuestas a debate de expertos, grupos y ciudadanos ajenos al partido. Ejemplos de ello han sido las iniciativas del Partido Laborista británico The Big Conversation, Let’s Talk o Fresh Ideas (Gauja 2013, pp. 102ss.). También se han puesto en práctica «jurados populares», formados por decenas de ciudadanos seleccionados por el partido (pero ajenos a la organización e incluso no necesariamente simpatizantes suyos), para valorar decisiones y servicios implementados desde el Gobierno. La implicación más estable de simpatizantes, ciudadanos y agentes externos mediante «redes de políticas» en la confección de la agenda del partido también puede estar orientada a ampliar la representatividad social y política de las bases de los partidos. En ocasiones, la experiencia no acaba de funcionar. Podemos preparó su programa europeo en 2014, pero luego prefirió preparar la propuesta económica de Vistalegre con la participación principal de expertos.

Todas estas iniciativas favorecen la participación de los miembros y ayudan a integrar mejor la diversidad de opiniones internas en la agenda política de los partidos. Pero el modelo de ‘externalización’ de la confección programática de los partidos también significa alterar la lógica organizativa de los partidos y los equilibrios internos, en la medida en que las bases de afiliados a la organización dejan de operar como correa de transmisión de la base electoral, la cual puede llegar a convertirse en una fuente de ideas y proyectos alternativa a la base militante (Gauja 2013, p. 111). En algunas ocasiones, la externalización puede ser un mecanismo encubierto para reclutar nuevos militantes o grupos escindidos de otros partidos.

Si la implicación de las bases, en sus diversos formatos mostrados, resulta un potente instrumento de legitimación y eficacia para seleccionar cargos o definir las políticas de un partido, ¿por qué no extenderla a otras decisiones estratégicas? En este sentido, los partidos europeos empiezan a someter al veredicto de las bases otro tipo de cuestiones (Caul Kittilson and Scarrow, 2006). El caso más claro es el de la decisión sobre política de alianzas o pactos poselectorales, como el referéndum interno del SPD respecto al acuerdo de coalición de gobierno alcanzado con la CDU-CSU en diciembre de 2013, o las consultas internas de PSOE, Podemos o la CUP a lo largo de 2016 para resolver sus apoyos parlamentarios al inicio de legislatura. Otras decisiones de enorme trascendencia estratégica son igualmente susceptibles de ser resueltas por el conjunto de afiliados, como el cambio de denominación de un partido o su refundación (como los democristianos belgas o el Partit Demòcrata Europeu Català tras la refundación de CDC), o bien la posición de ERC en el referéndum del Estatuto de Autonomía catalán en junio de 2006 (decidida en asambleas locales).

No hay futuro sin partidos, pero hay partidos sin futuro

Como apunta Fernando Casal Bértoa en un estudio reciente, la recuperación organizativa de los partidos es un elemento necesario para la reducción de la polarización social.

También hay indicios de que allí donde los partidos políticos son instituciones organizativamente fuertes es más difícil que los países sucumban a los liderazgos caudillistas propios del populismo (Krauze, 2018). Desde esa perspectiva, las palancas de cambio organizativo vistas en la sección anterior sugieren que, si bien no hay alternativa a los partidos en nuestras democracias, sí hay alternativas para que los partidos se adapten a las mutaciones de la política contemporánea. Los partidos no desaparecerán porque se adaptarán, a lo bueno… o a lo malo. Ciertamente, algunas de las innovaciones mencionadas pueden producir efectos inciertos. Como mencionan estudios recientes, la digitalización de los partidos va a comportar una aceleración de los tiempos en la vida interna de los partidos y puede alterar los equilibrios de poder internos de un modo distinto al perseguido, favoreciendo el auge de hiperlíderes y reduciendo la participación a meros actos plebiscitarios que ratifiquen las decisiones de los dirigentes. Por el contrario, la diversificación en las formas de vinculación al partido puede contribuir a recuperar su capacidad de integración social y reforzar la idea del partido como comunidad social. Con todo, persiste la duda: ¿deben los partidos encaminarse más hacia sus militantes o hacia sus votantes?, ¿de quién son los partidos, de quienes los mantienen electoralmente o de quienes los hacen funcionar organizativamente? Ese es el dilema que los partidos deberán seguir afrontando con la ayuda de los ciudadanos.

Referencias bibliográficas:
Casal Bértoa, Fernando (2019): «Causas y consecuencias de la polarización: ¿qué es lo que sabemos?», Cuadernos de Pensamiento Político, 64. Madrid. FAES.
Gauja, Anika (2013): The politics of party policy: from members to legislators. London: Palgrave.
Gómez, Raul y Ramiro, Luis (2019): «The limits of organizational innovation and multi-speed membership: Podemos and its new forms of party membership». Party Politics Vol. 25(4) 534–546
Gerbaudo, Paolo (2019): The digital party: Political organisation and online demo-
cracy. London: Pluto Books.
Hopkin, Jonathan (2020): Anti-System Politics: The Crisis of Market Liberalism in Rich Democracies. Oxford University Press.
Krauze, Enrique (2019): El pueblo soy yo. Barcelona: Debate.
Kreiss, Daniel (2016): Prototype politics. Technology-Intensive Campaigning and the Data of Democracy. Oxford: Oxford University Press.
Rodríguez Teruel, Juan y Óscar Barberà (2017): «Modelos, alternativas y consecuencias de la participación directa de las bases en los partidos», Zoom Político, 31. Madrid: Fundación Alternativas.
Scarrow, Susan E. (2015). Beyond Party Members. Changing Approaches to Partisan Mobilization. Oxford: Oxford University Press.
Tezanos, José Félix y César Luena (2017): Partidos políticos, democracia y cambio social. Madrid: Biblioteca Nueva.

Los organismos públicos: eficiencia y control0

La manera de organizar la prestación de los servicios públicos debe hacerse respetando, al menos, dos principios fundamentales: eficiencia en la gestión de los recursos utilizados y control democrático. Sobre esos vectores han girado la mayor parte de las reformas administrativas impulsadas en los últimos años sobre la materia, con dos elementos en común: primero, todas han intentado «huir» del derecho administrativo, por considerarlo excesivamente rígido y lento para una adecuada gestión de las cosas.

Segundo, la utilización para estos nuevos entes de una regulación más próxima a la del sector privado ha permitido focalizar en una tarea específica a cada nuevo organismo público creado, encargándole unos objetivos concretos, medibles y, por tanto, más fácilmente controlables que las definiciones genéricas que suelen definir a los ministerios. El caso más evidente es el de los contratos programa en los que la financiación recibida por el organismo queda vinculada al cumplimiento de los objetivos definidos.

Así, se supone que definir un objetivo medible y dotar a los responsables del organismo de un margen mayor de maniobra que el disponible en el derecho administrativo, en asuntos como la contratación con terceros o las relaciones laborales, mejorará la eficacia en la prestación de dicho servicio, así como el control una vez se compare los resultados con los objetivos marcados. Esa fue, al menos, mi intención cuando impulsé, como ministro de Administraciones Públicas, la aprobación de la Ley de Agencias en 2006.

En la misma, favoreciendo la autonomía y la flexibilidad en la gestión, se pedía establecer fines claros, responsabilidad de los gestores en función de los resultados, control de eficacia, y no solo de legalidad, como suele ser frecuente en el sector público estándar, y una evaluación permanente sobre la gestión y el impacto de las políticas encargadas al nuevo organismo. A la vez, se buscaba ordenar el profuso marco legal que define cada uno de los diferentes organismos existentes: entes públicos, agencias solo de nombre, organismos autónomos, etc.

La intención quedaba reforzada por la constitución de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, que tuve el honor de crear en enero de 2007, y que terminaba de redondear una ambiciosa reforma de los organismos públicos emprendida en aquellos años para dotar de herramientas concretas que mejoraran la eficiencia en la prestación de determinados servicios públicos; dejando el control democrático de los mismos a su dependencia orgánica de un ministerio de tutela, encargado de marcar los objetivos y de evaluar su cumplimiento, dando cuentas de todo ello al Parlamento.

Las primeras propuestas académicas defendiendo la independencia de los bancos centrales explicitaban una profunda desconfianza respecto a los políticos

En paralelo, y de la mano de un cierto liberalismo anglosajón, se fue imponiendo otro modelo de organismos públicos que organizaban de manera distinta la asunción de determinadas competencias: los organismos independientes, cuya autonomía frente al poder político del momento quedaba blindada. Más o menos. A estos organismos se les asignaba el cumplimiento de una tarea pública importante y el Gobierno se comprometía legalmente a no interferir en su manera de gestionarla. A veces, hasta quedaban al margen del Parlamento y, con ello, del control democrático. El caso primigenio fueron los bancos centrales y, de manera especial, el Banco Central Europeo, cuya autonomía quedó establecida en el propio Tratado de Maastricht: se le encarga una función pública, controlar la inflación dentro de unos márgenes y se le permite que utilice (casi) con total autonomía los instrumentos de la política monetaria como estime oportuno para conseguirlo.

Recuerdo tres anécdotas cuando se discutió este importante asunto en las negociaciones del tratado que dio lugar a la Unión Económica y Monetaria. La primera es que en ese momento, salvo EE.UU. y Alemania aún con diferencias entre ellos, no había ningún otro país del mundo que tuviera un banco central independiente. La segunda es que no existía evidencia empírica internacional consensuada que avalara una correlación significativa entre independencia del banco central y control de la inflación.

La tercera, como muestra de las resistencias que esta medida generaba entre los responsables políticos europeos, recuerdo la pregunta que hizo el entonces presidente del Gobierno español, Felipe González, como portavoz de quienes no acababan de entender el sentido de una reforma como esa. Dijo algo así: es decir, que los presidentes de gobierno y los ministros debemos rendir cuentas de nuestras decisiones económicas en el Parlamento de forma habitual y ante los ciudadanos cada cuatro años en las elecciones, y ahora vamos a nombrar a un presidente del banco central que dispone de la mitad de los instrumentos de la política económica y que no rinde cuentas ni ante el Parlamento (no le pueden destituir), ni ante los ciudadanos, ¿es eso?

Y sí, era y es eso. Porque las primeras propuestas académicas defendiendo la independencia de los bancos centrales explicitaban una profunda desconfianza respecto a los políticos y a su proceso de toma de decisiones en una democracia. En el fondo, el argumento en favor de la independencia era: la política monetaria es algo demasiado importante como para dejárselo en manos de unos políticos considerados irresponsables e incapaces de hacer frente a presiones de sus votantes.

Ese origen introdujo, desde el principio, un sesgo escasamente democrático en la teoría de los organismos públicos independientes, que se fue generalizando conforme aparecieron otros organismos independientes para regular la competencia, los mercados o algunos sectores como el energético. La idea era que sacrificar el control democrático y blindar el puesto de los que adoptan las decisiones les hacía ganar independencia de criterio frente a la presión de los grupos de interés y, con ello, se obtenía más eficiencia y equidad en las decisiones y un mayor beneficio colectivo.

Todavía estamos discutiendo si entregar a expertos independientes la toma de decisiones sobre asuntos públicos importantes es mejor; y de ser así, si son tan independientes, sobre todo en países como el nuestro donde no siempre el criterio exclusivo de nombramiento de consejeros en estos organismos tan poderosos se hace en función del mérito y la capacidad acreditados, al margen de la colonización partidista. Y ahí lo dejo.

Las administraciones públicas son fábrica de derechos, garantía de libertades y proveedoras de servicios colectivos que suponen casi el 50% del PIB

Las administraciones públicas son fábrica de derechos, garantía de libertades y proveedoras de servicios colectivos que representan casi el 50% del PIB. Pieza vertebral, por tanto, de una convivencia social armónica. Por ello, su funcionamiento adecuado nos debe importar a todos. Empezando por una correcta estructuración en sus tres niveles: el político, representado por el Gobierno que les dirige y su control parlamentario; los ministerios como reguladores y supervisores; y las agencias u otro tipo de organismos públicos encargados de gestionar recursos públicos en el marco de la regulación y sometidos al control político.

Por poner un ejemplo claro: el ministro de Cultura marca unos objetivos de política cultural en el marco del programa del Gobierno y en función del Parlamento; el ministerio de Cultura que debe transformar esos objetivos en medidas, reglas, presupuestos y actuaciones concretas coordinadas, en su caso, con las comunidades autónomas o con las fundaciones privadas; y un organismo autónomo encargado, por ejemplo, de la gestión dentro de esos parámetros del Museo del Prado. Los principios y procedimientos de funcionamiento y de control a los que debe someterse cada uno de los tres niveles son diferentes y, a pesar de que tengan relación evidente, conviene no confundirlos.

Si aceptamos que una parte de la regulación y de la supervisión de determinadas políticas o de sectores económicos o sociales concretos deben sacarse de este circuito para encargarse a organismos independientes, como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, hay que asegurar que su justificación es sólida por criterios de mayor garantía para los intereses colectivos.

Y, en todo caso, si la razón de ser de su excepcionalidad es asegurar una menor dependencia del ciclo político y, con ello, una capacidad técnica de decisión imparcial superior a la que se le supone a los políticos e, incluso, a los funcionarios, hay que asegurar que el procedimiento de nombramiento de los responsables está alineada con ese principio; y, sobre todo, que se establecen procedimientos adecuados de rendición de cuentas para asegurar que son organismos que ejercen el poder que se les ha atribuido de manera independiente, sí, pero no arbitraria.

Instrumentos que incentiven la eficacia y mecanismos adecuados de rendición de cuentas (no solo de legalidad) son las dos herramientas claves para mejorar el funcionamiento de los organismos públicos en una democracia.

Tho Bishop: «Anatomía del colapso. La crisis financiera de 2020»

Ron Paul, congresista por Texas, candidato presidencial, anunció recientemente el fin de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el equivalente al Banco Central Europeo. ¿Por qué ese pronóstico?, se pregunta Tho Bishop (editor) en el prefacio de «Anatomía del colapso. La crisis financiera de 2020» (de momento solo disponible en inglés: Anatomy of the Crash.The Financial Crisis of 2020). Su respuesta resumida: porque la Reserva Federal ha tensado demasiado la cuerda de la creación del dinero de la nada. El «hágase dinero» sin respaldo, al margen de cualquier comprensión racional de lo que significa esa palabra, «dinero», nos aboca al desastre.

En 2008 se conmovió el mundo. En 2020 se vuelve a tambalear y de forma más temible. Si nos circunscribimos a lo económico, argumenta Bishop, habrá que convenir en que ya no convencen las explicaciones al uso de casi todos los políticos (Ron Paul es una excepción) y de la mayor parte de la prensa financiera sobre lo que está aconteciendo.

El coronavirus ha servido como catalizador para que se manifieste una pésima política económica (también desde 2008), según Bishop. Pero más alarmante (añade) es que la respuesta que están dando los banqueros centrales, los gobiernos y las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional no hará sino empeorar la situación. Conseguirán, afirma, que «el dolor sea mucho más intenso», porque los que toman las decisiones son «individuos solo versados en las mismas ideologías fallidas que nos han llevado a donde estamos ahora».

La primera sección de Anatomy of the Crash es una mirada histórica a las decisiones de política económica hasta 2020 desde una perspectiva global. Se critican no solo las medidas de la Reserva Federal, «sino también las de sus colegas en el Banco Central Europeo, en el Banco de Japón y en otros lugares». Los ensayos en este apartado son de los economistas Ryan McMaken, Daniel Lacalle, Brendan Brown, Thorsten Polleit, Alasdair Macleod, Philipp Bagus, Ronald-Peter Stöferle y Mark J. Valek. Estos autores ponen de manifiesto, según Bishop, «el intento coordinado de los banqueros centrales de todo el mundo para tratar de impulsar los mercados ocultando el riesgo financiero subyacente, que solo ha servido para que se multiplicara la fragilidad de la economía global» y se apuntalaran «las burbujas financieras».

En la siguiente sección, Arkadiusz Sieroń, Joseph T. Salerno y algunos de los autores anteriores, analizan los últimos movimientos y los movimientos en ciernes de los bancos centrales. Finalmente, en la tercera y última parte de Anatomy of the Crash, ensayistas ya citados a los que se unen Claudio Grass y Jeff Deist tratan sobre la fracasada economía del «neoliberalismo».

En la «Introducción», Jeff Deist insiste en que el colapso de 2020 ha sido precipitado por el coronavirus, pero «empeorado por las decisiones enloquecidas de los gobiernos de todo el mundo», que ya eran especialistas en la promoción de «demasiada deuda, demasiada mala inversión y muy poco honestidad en los precios de los activos y de las tasas de interés».

El presidente Nixon, en 1971, eliminó la posibilidad de convertir dólares en oro. Menos de veinte años después, en octubre de 1987, el Black Monday se llevó de por medio el 20 por ciento de las valoraciones del mercado de valores de EE.UU. El entonces presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, prometió a Wall Street que tal cosa nunca volvería a suceder. Pero sucedió con el colapso de las acciones tecnológicas en 2000. La Reserva Federal siguió creando más dinero de la nada. Nueva crisis en 2008, con Ben Bernanke.

Ahora se da otra vuelta a la tuerca. Escribe Deist: «De hecho, cualquier artículo sobre la Reserva Federal se vuelve obsoleto en pocos días, ya que anuncia nuevos programas, líneas de crédito y compras a un ritmo vertiginoso. En las últimas seis semanas, la Reserva Federal ha anunciado 700 millardos de dólares en nuevas rondas de compras de activos de los bancos, hasta el punto de que la prensa financiera ha perdido la cuenta de la «ronda» de flexibilización cuantitativa en la que nos hallamos». Como resultado, «el balance de la Reserva Federal ha subido a más de 6 billones de dólares a mediados de abril de 2020».

Continúa Deist: «Por supuesto, ni el Congreso ni la Reserva Federal pueden poner en orden las cuentas de la nación, sin importar cuánto impriman ni gasten. De hecho, el déficit federal de 2020 se estima en 4 billones de dólares, lo que representaría más del 100 por ciento de los posibles ingresos fiscales… El efecto en cascada en los negocios minoristas y restaurantes, los propietarios y las compañías hipotecarias, la industria de viajes y los ingresos fiscales locales será abrumador».

Deist advierte que hay que estar atentos primero a la hiperinflación, y cuidado, también desde 2008 «ha habido una inflación de precios significativa en una gama de activos». En segundo lugar, hay que fijarse en «la voluntad de la Reserva Federal de comprar bonos del Tesoro, a los bancos comerciales, en grandes cantidades». Pero si la Reserva Federal compra «activos a un precio determinado, sin importar lo que hagan los mercados, no «invierte», más bien adquiere un activo con ventaja garantizada y pérdidas socializadas: cada desventurado tenedor de dólares se convierte en una garantía de facto para el Tesoro de los Estados Unidos».

¿Qué sucederá, por ejemplo, si los compradores extranjeros, que poseen casi el 40 por ciento de la deuda de los Estados Unidos, ya no compran más deuda, porque ya no confían en que el despilfarrador Gobierno de los Estados Unidos sea capaz de poner en orden su contabilidad, ingresos y gastos?, se pregunta Deist. Subirían los intereses de la deuda. «Eso también enviaría una señal al mundo, y una mala señal. El aumento de las tasas de interés de la deuda del Tesoro sería una calamidad para el presupuesto del Gobierno Federal, ya que incluso las tasas históricamente promedio superiores al 5 por ciento aumentarían el servicio de la deuda por encima del billón de dólares anualmente. Todo el programa inflacionario, que utiliza el estímulo monetario para apuntalar la demanda decreciente, depende por completo de un mercado estable para la deuda estadounidense, que paga intereses casi nulos. De Keynes a Krugman, este es el programa».

Se supone que la Reserva Federal tiene un balance ilimitado, capaz de proporcionar a los mercados financieros «liquidez» según sea necesario, en cualquier cantidad y por cualquier periodo de tiempo. «Pero la liquidez no es más que dinero listo para la inversión y el gasto. En el entorno actual es un eufemismo para liberar el maná del cielo. Es dinero «gratis», no ganado, que no representa un aumento en la producción o la productividad. No tiene respaldo ni «se puede redimir» [por oro, por ejemplo, como hasta Nixon]. Y no solo no hay nuevos bienes y servicios en la economía, hay muchos menos debido al bloqueo».

La Reserva Federal, concluye Deist, «ya no persigue ninguna política pública identificable que no sea la simple conveniencia política… Sirve como una línea de crédito ad hoc extraña para el sector financiero de los Estados Unidos, completamente abierta, sin verificación del crédito, sin límites de crédito, sin requisitos de garantía, sin pago de intereses y, en algunos casos, sin ningún tipo de reembolso. Es el prestamista de último recurso, una especie de casa de empeño inversa que paga buenos dólares por activos que disminuyen rápidamente en su valor. La Reserva Federal es ahora el Banco Infinito. Está dirigido por teleevangelistas, no por banqueros».

El razonamiento de Deist para la Reserva Federal, los Estados Unidos y el dólar se puede aplicar, incluso endureciéndolo, para el Banco Central Europeo, los gobiernos de los Estados del euro y el propio euro como moneda. Daniel Lacalle es en esto uno de los paladines.

Los procedimientos arriba expuestos, por lo demás, son la actualización de una constante universal, en todo tiempo y lugar. Un ejemplo:

Julio Camba, en Sobre casi todo (Austral, Madrid, 3.ª edición, 1961, pp. 71-73), un libro publicado en 1946 que recopila columnas suyas de los años veinte, dice en el artículo titulado «Sobre los duros falsos»:

«Según Alfonso Ródenas, la plata falsa de los duros auténticos es mejor que la plata auténtica de los duros falsos. Toda moneda acuñada por el Estado «esté hecha con lo que esté hecha —dice el señor Ródenas—, es buena, y toda la que no salga de allí, sea el que sea el metal que la constituya, es mala». «Un duro que el Estado fabrique, aunque sea de cartón, es legítimo y vale cinco pesetas, y, en cambio, un duro fabricado por un particular con el mejor metal y la mejor ley, es falso y no vale las cinco pesetas»».

[Alfonso Ródenas era entonces un alto cargo del Tesoro en España. La peseta, la moneda española, en principio convertible, equivalía a 4,500 gramos de plata. Un duro eran cinco pesetas. Y había auténticos duros de plata en circulación.]

Massimo Recalcati: «Las manos de la madre. Deseo, fantasmas y herencia de lo materno»

El italiano Massimo Recalcati (1959), director del Instituto de Investigación en Psicoanálisis Aplicado (con sedes en Milán y en Grottammare) y profesor en la Universidad de Pavía, especializado en temas de familia, publica Las manos de la madre, como obligada continuación de su libro precedente, El complejo de Telémaco. Padres e hijos tras el ocaso del progenitor (2013), en el que constataba la caída de la autoridad paterna como característica propia del momento actual: «La autoridad simbólica del padre ha perdido peso, se ha eclipsado, ha llegado irremisiblemente a su ocaso».

Massimo Recalcati: «Las manos de la madre. Deseo, fantasías y herencia de lo materno». Anagrama, 2018

La evaporación del padre

Este nuevo libro, dedicado «a todas las madres que he escuchado», es la respuesta a una doble demanda. En primer lugar, la reiterada exigencia de sus lectores y alumnos, que conocedores de su amplia investigación y profundos conocimientos sobre la relación paterno-filial y la crisis actual de los padres o el fenómeno que él mismo denomina «la evaporación del padre», llevaban tiempo solicitándole que investigara ese complemento, indispensable y equilibrador de la paternidad, que es la figura materna. Y, en segundo lugar, el deseo personal que latía en su interior de rendir el merecido homenaje a las mujeres que han sido madres porque, como señala en la introducción, «los cuidados maternos, al contrario de lo que sucede en todas las esferas de nuestra vida individual y colectiva, nunca son anónimos, genéricos, protocolarios, estándares; nunca se insistirá lo suficiente acerca de la importancia de la atención materna que nunca es cuidado de la vida en general, sino siempre y únicamente cuidado de una vida en particular».

La reflexión profunda sobre la condición femenino-maternal es un tema que constituye sin duda una emergencia de nuestro tiempo y que no se puede postponer más, pues la mujer es esa parte del género humano que «concede (o no) el acceso a la vida» (Ceriotti) o como dice el propio Recalcati, «es quien ofrece sus manos a la vida que viene al mundo, que responde a su invocación, que la sustenta con su propio deseo».

El problema, tal como lo expone el autor, se presenta cuando la mujer, tras engendrar y dar la vida a sus hijos, se niega a separarse de ellos y los retiene como posesión obsesiva, transformándolos en meros apéndices propios, sin autonomía ni independencia.

La hospitalidad sin propiedad

El libro pivota prácticamente en su totalidad en torno a esta dialéctica: la maternidad como permanente oscilación entre el goce del hijo, su apropiación y la separación, el regalo de la pérdida, el reconocimiento del hijo como vida ajena, como alteridad irreductible; entre la pulsión de la muerte y la pulsión de la vida, entre el impulso de poseer la vida mortificándola y el dejar que se marche la vida que ha generado. El equilibrio de toda madre debe encontrarse entre la entrega amorosa hacia su hijo y la disponibilidad y apertura a perderlo, a dejarlo ir cuando sea el momento oportuno; dejar que el hijo emprenda su propio vuelo, permitirle marchar después de haberlo engendrado y atendido: «hospitalidad sin propiedad es lo que debe definir a la madre».

La relación materno-filial es esencial en la historia de cada persona, tanto desde un punto de vista físico, como espiritual. Pero toda madre debe ser consciente de la necesidad de conjugarla con ciertas dosis de «desapego» para que la relación sea equilibrada y sana. La relación madre-hijo debe ser transitoria y no «totalizadora». Así como se construye de forma progresiva, también se debe disolver progresivamente para permitir que el hijo crezca y adquiera su propia autonomía. Desde el primer momento, la madre debe hacer frente al desafío de lograr “la justa distancia emotiva y física…vigilarla continuamente y redefinirla en función del momento evolutivo del hijo” (Ceriotti). En palabras del autor: «Es necesario que la oferta materna de presencia deje espacio asimismo a su ausencia».

Pero por desgracia, la maternidad patológica y desviada, que asume al hijo como propiedad, es típica de nuestro tiempo hipermoderno; «tiempo del colapso de lo simbólico…tiempo cínico y perverso de un goce que se quiere libre de todo vínculo» (Recalcati).

Psicoanálisis de las mujeres de la Biblia. La buena madre

Entre las virtudes de la maternidad a las que Recalcati dedica más atención, destaca la sacrificial y generosa capacidad de aquellas madres que, en contra de su instinto de posesión, dejan ir al hijo, favorecen el desapego desde que nace para que adquiera su propia autonomía y su independiente configuración personal; «ejemplo de sublimación materna».

Esto será más fácil, como señala a su vez Osvaldo Poli, para aquellas madres que tienen la convicción de que su hijos están en buenas manos. En este sentido, «la fe religiosa favorece los mecanismos psicológicos para una sana separación emotiva del hijo…los hijos no pueden representar el fin último de la vida, el sentido total de la existencia. La distancia progresiva inducida por su crecimiento reabre la búsqueda espiritual relativa al propio destino personal. El tener un fin trascendente de la vida ayuda a dar a los hijos la justa importancia, sin hacer de ellos el propio absoluto» (Osvaldo Poli: Corazón de padre. Palabra, 2012).

El autor navega psicoanalíticamente por las páginas de los Libros Sagrados, tanto del Antiguo como del Nuevo testamento, para mostrar ejemplos históricos de auténtico y generoso amor maternal: desde la Virgen María, hasta Sara, pasando por la madre que en el juicio de Salomón renunció a su hijo para que no fuera partido en dos por la espada del Rey (aunque el autor no lo hace, podríamos incluir también a Isabel, madre de San Juan). Todas ellas sabían que «dar a luz un hijo…supone ya desde el principio perderlo, reconocerlo como pura trascendencia, generarlo como una alteridad…absoluta inmanencia y absoluta trascendencia».

El juicio de Salomón

En el juicio de Salomón, una de las mujeres está dispuesta a desprenderse por amor de su propio fruto; mientras que la otra reclama el derecho a la posesión exclusiva de aquel a quien se supone que ha generado. La primera representa a la «buena madre»; mientras que la segunda representa la maternidad patológica que reduce al hijo a objeto de su propio disfrute.

En este pasaje bíblico, se observa la sutil relación entre generación y libertad; solo una de las mujeres es la verdadera madre y, por lo tanto, la que está dispuesta a perder al hijo para regalarle la vida y eximirle de la muerte. Pero desde el psicoanálisis, estas dos mujeres son en realidad las dos caras de una misma mujer y reflejan el debate interior de toda madre, en permanente dialéctica entre el apego total y sofocante con el hijo y el necesario desapego paulatino, generoso y liberador.

El profundo nexo entre la maternidad y la necesidad de pérdida está asimismo claramente presente en el relato bíblico del sacrificio de Isaac. Como señala el autor: «En su centro no se halla en realidad un Dios despiadado que impone la absurda muerte del hijo más amado para poner a prueba la fe de su padre y de su madre, sino la necesidad de que los padres, Abraham y Sara, den su consentimiento a la pérdida del hijo, a su abandono, a su sacrificio para permitirle que se emancipe de los vínculos familiares y pueda encontrar su lugar en el mundo».

Es el regalo más grande que una madre puede hacer: donar la libertad, ser capaz de dejar que su propio hijo se vaya, sacrificar toda propiedad sobre ellos. En el momento en que la vida crece y quiere ser libre, más allá de los estrechos confines de la familia, la tarea de una madre es dejar marchar a sus hijos, saber perderlos. «Esto es el núcleo más profundo de la escena del sacrificio de Isaac: al hijo más amado; al más esperado; al hijo de la promesa hay que dejarlo marchar, no es su vida la que debe ser sacrificada, sino su propiedad…su dependencia de los lazos familiares primarios».

Sara, está dispuesta a perder al hijo más deseado, más amado. Por ello, representa las dos vertientes en las que se divide el ser de la madre equilibrada: por un lado la entrega amorosa, por otro, la disponibilidad a perderlo.

Como en el caso de Sara, también la enseñanza de María, con su entrega absoluta, implica que el hijo nunca puede ser propiedad de la madre. El acontecimiento de ser Madre de Dios implica para María saber, desde el primer instante de la gestación, que va a perder a ese hijo, y que lo hará con un dolor humanamente inabarcable («una espada te atravesará el corazón»). Y, a pesar de todo, no impide la marcha del hijo hacia su doloroso calvario; un acontecimiento que la desborda. María recibe, sin oponer resistencia, la vida de un hijo que no le pertenece y que está destinada a cambiar para siempre el sentido del mundo. En este caso, lo que el autor nos muestra es que para ser madre, no basta con poner a disposición el propio cuerpo, sino que es necesario un radical «¡Sí!», «una aceptación sin reservas de la vida que se espera».

En los tres supuestos expuestos, la indicación bíblica es aquí psicoanalíticamente precisa: «Solo la que sabe perder lo que ha concebido puede ser una auténtica madre. Esta es, de hecho, la mayor prueba que le espera a toda madre; dejar marchar a su hijo después de haberlo engendrado y atendido, regalarle la libertad como señal de amor».

Desviaciones patológicas de la maternidad

Pero Recalcati analiza no solo las virtudes de la maternidad, sino también las deformaciones y desviaciones que los complejos tiempos que nos han tocado vivir traen consigo sobre la figura materna.

En la actualidad, como expone también Ceriotti, «se está produciendo una transformación progresiva en nuestros principales códigos simbólicos» y nos encontramos con mujeres que renuncian abiertamente a tener hijos, porque entienden que «maternal es sinónimo de sacrificial»; mujeres que interpretan la maternidad como una amenaza contra un «ideal estéril de feminidad» y rechazan al niño como causa de la mortificación del cuerpo femenino. Y, paradójicamente, al mismo tiempo, es usual encontrar otras mujeres que sufren desviaciones en el ejercicio de la maternidad, como es la posesión obsesiva de los hijos, ocasionando una simbiosis madre/hijo «sofocante y antivital» (Claudio Risé). En estas circunstancias, el hijo no es más que un pedazo, un apéndice de la madre; no tiene autonomía, no tiene independencia.

Como sucedía con la «mala madre» del Juicio de Salomón, por desgracia, es algo habitual en la actualidad que el sueño, siempre presente, de la omnipotencia materna se haga terrible realidad; «secuestro arbitrario del hijo como propio que define la declinación patológica de la maternidad, y que consiste en poseer, devorar, sofocar al hijo, reducirlo a objeto de su propio goce». Esto sucede con especial intensidad entre aquellas madres que han optado por la maternidad en soledad. En este sentido, señala Recalcati, que para estas mujeres que son madres de manera ajena a toda relación amorosa, «es mucho más probable que resulte dominante el deseo de querer tener un hijo respecto del deseo real de la maternidad y los hijos estarán más expuestos a convertirse en objetos exclusivos del goce de la madre…El derecho de propiedad sobre el hijo autoriza a la madre a caer en la pura arbitrariedad, en el capricho insensato, en la aniquilación del otro, en su sometimiento». La madre se convierte en la prisión de sus propios hijos. Están cerrados en un vínculo sin aire.

Se produce una «simbiosis mortífera» que anula las respectivas identidades. La madre aprisiona al hijo que se convierte en su «pareja cerrada, hipnótica, fusional», su paño de lágrimas, su confidente. Algo para lo que el niño no está preparado. Aquel quedará sometido al insoportable peso y responsabilidad de «dar sentido» a la vida de su madre. Versión patológica del amor que solo genera esclavitud bidireccional, de la madre hacia el hijo, y de éste hacia la madre: «La maternidad da paso a un instinto devorador, recíproco por lo general: la madre asfixiante, la madre que no respeta la distancia simbólica necesaria en la relación con su hijo, absorbe al hijo en ella misma dejándose absorber íntegramente por el hijo…un espejismo de recíproca dependencia…El efecto es el de una confusión que elimina toda diferencia simbólica».

El padre como libertad y equilibrio

Ya en sus obras precedentes (tanto en El complejo de Telémaco. Padres e hijos tras el ocaso del progenitor, 2013; como en ¿Qué queda del padre? La paternidad en la época hipermoderna, 2015), Recalcati había destacado el importante papel equilibrador del padre en su intervención frente a la relación fusional madre-hijo. Ahora, en esta obra, vuelve a insistir en su trascendental papel como tercero capaz de separar a la madre del hijo impidiendo su absorción mutua. El padre como «brújula que guía la vida del hijo más allá del horizonte cerrado de la familia».

El padre es quien permite enfrentar la realidad y la separación o insertar entre la madre y el hijo un espacio que libera de la inmediatez y la fusión con los seres y las cosas. El padre representa la libertad, tanto para el hijo como para la madre: libera al hijo de la excesiva dominación de su madre, corta el cordón umbilical y le permite sentirse como un ser pleno y autónomo, lo que le ayudará a su vez a madurar. Concede libertad a sus hijos para tener sus propias experiencias, incluyendo riesgos, fracasos y sufrimientos; lo que sin duda ayuda al hijo a percibir sus propias limitaciones y le fortalece. Desafía los límites del universo materno, lo separa. Sin separación no hay crecimiento y el individuo no consigue jamás despegarse de los niveles psicológicos de la infancia. Los hijos no desvinculados psíquicamente de su madre permanecen como «lactantes psíquicos» (Luigi Zoja).

El efecto del desenganche realizado por el padre será siempre beneficioso, no mortifica la relación materna, sino que la vivifica sustrayéndola al empaste necesariamente incestuoso de la identificación indiferenciada con el propio hijo. En este sentido, el padre ayuda a reconducir a la madre a su posición de «mujer» anulando un crecimiento desmesurado y excesivo de su dimensión materna capaz de ahogar su crecimiento como fémina (algo ya mantenido por otros autores como Mariolina Ceriotti Migliarese o Vittoria Fornari).

La mujer que respeta al hombre y le permite cumplir el cometido que le corresponde, en complicidad y complementariedad con ella, será una buena madre en la medida que le permite a él ser padre y concede al hijo la merecida y precisa libertad.

La pareja, primero

La conclusión a la que nos conduce el autor es clara: para que la relación del hijo con la madre y viceversa, sea saludable, no debe ser nunca una relación de dos, sino de tres: «Todo hijo debería ser el indicio de una trascendencia; la metáfora del amor entre sus padres».

El mayor regalo que podemos hacer como madres a nuestros hijos es que aprendan a prescindir de nosotras. Y el mayor regalo que nos puede hacer el padre de nuestros hijos es ayudarnos a prescindir de los hijos. La gran revolución del hombre como padre es, precisamente, la liberación de la mujer como madre. Para ambos, la consigna debería ser: «La pareja, primero» (Aldo Naouri). No se trata de un eslogan, es algo que debemos buscar, una medida de sabiduría. Una sana relación de pareja es el mejor antídoto contra los excesos del dominio materno, y garantía de libertad y autonomía para el hijo en un marco de seguridad y felicidad.

Un nuevo ser humano cambia al mundo entero

La maternidad cambia a la mujer que la experimenta, y asimismo al varón que ha sido padre; pero, como señala Recalcati, lo trascendental es que cambia al mundo entero, pues el nacimiento de un hijo no consiste solo en la llegada al mundo de alguien que estábamos esperando, sino que trae consigo la transformación del mundo tal y como era antes, hace posible otro mundo respecto del que ya conocíamos. La propia faz de la tierra ya no volverá a ser la misma: «Es el milagro de la generación como corte irreversible en el discurrir del tiempo, como transformación sin retorno de la faz del mundo».

Merece pues la pena la lectura de este ensayo, en el que se conjugan con preciso equilibrio el rigor científico con las experiencias personales y vivencias espirituales del autor, para dar lugar a una merecida defensa, hoy imprescindible y urgente, de la maternidad (generosa), de la paternidad (sin complejos), de la relación entre ambas (esencial, simbiótica y sinérgica), de la pareja (como núcleo esencial e insustituible de la familia) y del resultado no programado de su amor: la vida.

Crisis de gobernanza y democracia representativa: el efecto de la globalización

No es necesario embarcarse en un análisis muy profundo para poder afirmar que estamos ante una crisis de la democracia representativa, no solo en España, sino también más allá de nuestras fronteras. No se trata tanto de una crisis respecto del concepto formal de democracia como de su gobernanza real.

En esta crisis de gobernanza de la democracia representativa conviven diversos factores externos e internos. De los internos nos tendremos que ocupar nosotros mismos porque son precisamente aquellos que podemos mejorar y decidir en nuestro propio espacio nacional. Por eso, aunque parezca sorprendente, son los menos difíciles de mejorar; sin embargo, los factores externos, los sobrevenidos, los aspectos nuevos, son los que están impactando sobre la gobernanza, y son estos los que exigen mejorar nuestra comprensión de lo que llamamos la nueva realidad o, en términos más comunes, globalización.

En las líneas que siguen, trataré de analizar y descomponer los factores que constituyen esta nueva realidad, apuntando las deficiencias del sistema de mercado global y evaluando la distribución desigual de sus beneficios. El papel del Estado, la supranacionalidad, la revolución tecnológica y la cohesión social son las categorías que, de algún modo arbitrarias, desde mi punto de vista, interconectan las diversas áreas problemáticas.

La democracia no es una ideología, sino una forma de organizar la convivencia a través de gobiernos representativos

A veces la gente se frustra con la democracia cuando esta es presentada como la solución ideológica a sus problemas, precisamente porque la democracia no es una ideología, sino una forma de organizar la convivencia a través de gobiernos representativos. Una de las ventajas de la democracia como forma de organización de la convivencia es que, a medio y largo plazo y en términos de respuesta a las necesidades ciudadanas, siempre aporta un valor muy superior frente a los sistemas autoritarios o totalitarios. Aunque no puede garantizar el buen gobierno, sí nos permite reemplazar a los que lo hacen mal. Y como a los gobernantes no nos gusta que nos reemplacen, es un mecanismo que nos empuja a tratar de hacerlo mejor y corregir nuestros errores.

En el ámbito de la crisis de gobernanza, se produce a su vez una crisis de las propuestas de la socialdemocracia, y nos preguntamos cuál debería ser la respuesta más adecuada a la insatisfacción de los ciudadanos ante este sistema económico global que pierde su sentido social y que hace que las desigualdades aumenten progresivamente. Quizá parte de esta crisis sea también de diálogo, fundamento de la vida en democracia, porque no se trata de hacer monólogos sucesivos, sino del esfuerzo por comprender al otro, respetando siempre el marco legal existente —incluso para reformarlo si fuese necesario—, y el pluralismo de ideas propio de las sociedades libres.

A lo largo de los años, mi compromiso con la democracia crecía, pero también mi preocupación por estos elementos de crisis que se producían al mismo tiempo. Para los que compartimos una manera de ver la política desde el espacio socialdemócrata, el sistema democrático es absolutamente determinante. Por ello, mi postura y mi reflexión, que prioriza la defensa de los valores de la democracia, me lleva a defender ese compromiso cada vez más fuerte con el modelo que tenemos, sin que ello signifique dejar de buscar elementos correctores.

Nuestra responsabilidad es, por tanto, defender las libertades democráticas como nuestro espacio vital donde desarrollar proyectos políticos e intentar mantener una economía de mercado en lugar de una sociedad de mercado en la que el ser humano es considerado como una mercancía más. Responder, en definitiva, a los desafíos sin prostituir el valor de la democracia.

Desde esa convicción llamo la atención sobre la crisis de gobernanza de la democracia representativa, a la que solo encontraremos respuestas si somos capaces de hacer un análisis más afinado.

El modelo económico global está dominado por la economía financiera, la cual prevalece sobre el modelo de economía real productiva generadora de riqueza y empleo

No se puede dudar de que la integración global ha traído tremendos beneficios; sin embargo, la economía de esta globalización ha traído consigo diversos problemas. El modelo económico global está dominado por la economía financiera, la cual prevalece sobre el modelo de economía real productiva generadora de riqueza y empleo. Estos mercados financieros son inherentemente inestables, más si cabe en el caso de los internacionales. Su concepción teórica se ha construido sobre la idea del equilibrio, lo cual, desde mi punto de vista, está fuera de lugar. Tal cosa no existe porque, de hecho, los propios participantes del mercado tratan de dar por supuesto un futuro construido en sí mismo por las propias expectativas del mercado.

Del mismo modo, existe una tendencia natural hacia el surgimiento de monopolios y oligopolios, pero en el ámbito global, por ser un fenómeno reciente, desconocemos a quién corresponde el trabajo de prevenir la excesiva concentración de poder y quién, al mismo tiempo, preserva la estabilidad en los mercados financieros. Como consecuencia de todo lo anterior, se está produciendo una redistribución negativa del ingreso, tanto en las etapas de crisis como en las de crecimiento. El modelo sigue concentrando la renta, dejando una creciente desigualdad que se ha incrementado por efecto de la crisis del 2008. La cuestión es qué debemos hacer para avanzar en la lucha contra la desigualdad, teniendo en cuenta que la revolución tecnológica ha provocado un fenómeno de concentración de la riqueza, sobre todo de la financiera y de las grandes tecnológicas.

La concentración de la riqueza se encuentra en el sistema financiero informal, más que en el formal. Los bancos tradicionales lo están pasando peor que los sistemas parafinancieros, desde los llamados fondos de inversión hasta los sistemas financieros ligados a Amazon o semejantes. Además, el Big Data, lo que podríamos llamar el petróleo del siglo XXI, acumula datos personales de todos nosotros desde que nacemos hasta que nos morimos, todo ello de manera gratuita. No puede ser que no nos planteemos cómo se traducen nuestros derechos fundamentales en la sociedad digital. Si el concepto de «propiedad privada», el más respetado de los conceptos de la economía de mercado, se aplicara al Big Data, nadie podría usar nuestros propios datos sin una autorización informada y consciente. Habría que partir de un reconocimiento de esa naturaleza privada y otorgar a esos datos un tratamiento distinto; esto cambiaría la economía de las grandes empresas tecnológicas, pero también abriría un abanico de posibilidades para los propietarios de los datos, los ciudadanos, que los podrían incluso monetizar. Más allá del debate —importante— sobre la fiscalidad de estas empresas, propuestas en esta dirección son a lo que me refiero cuando hablo de hacer política para defender iniciativas innovadoras y evitar que sean engullidas de manera salvaje por las grandes compañías.

Por otro lado, la Internacional Socialista aprueba la economía de mercado, pero sostiene que el mercado no constituye en sí mismo un valor. Por el contrario, lo considera como un instrumento al servicio de la sociedad, cuyo potencial puede verse mejor realizado y favorecer a un mayor número de personas cuando los ciudadanos mismos, actuando de manera libre y a través de instituciones cívicas y políticas de carácter democrático, son los responsables de desarrollar su potencial. La economía de mercado global actual solo puede sostenerse por medio de esfuerzos deliberados y persistentes por corregir y contener sus deficiencias. Por ello, me encuentro en un lugar opuesto a la ideología del laissez-faire, que afirma que el libre comercio es autosustentable y los excesos del mercado se corrigen por sí solos, implicando que los gobiernos o los reguladores no deben interferir con el sistema de autocorrección.

Al contrario, debe haber un marco regulatorio para los movimientos de capital, que no puede ser de carácter nacional, ni siquiera regional, sino que debe venir de las grandes autoridades mundiales en la materia. Es imprescindible que haya un mecanismo de prevención de conflictos financieros y de respuestas rápidas a esos conflictos, porque esos conflictos se van a seguir produciendo. La globalización no es simplemente la ampliación del comercio de bienes y servicios, sino más bien un fenómeno que pone de manifiesto el destino común de la humanidad y que requiere de una solidaridad aún mayor en el ámbito internacional, en el nacional y entre los ciudadanos de todo el mundo.

EL PAPEL DEL ESTADO

El Estado facilita la creación del capital físico y el capital humano. El capital físico es la infraestructura material que facilita el desarrollo, desde el transporte a las telecomunicaciones o la energía. Con capital humano nos referimos a educación, pero también a salud y protección social. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Estado ha jugado un incesante papel por mantener la estabilidad económica, asegurar la igualdad de oportunidades y proveer de una red de seguridad social, sobre todo en los países altamente industrializados de Europa y América. A pesar de ello, la capacidad del Estado para vigilar el bienestar de sus ciudadanos ha sido severamente perjudicada por la globalización, como lo demuestra la facilidad con la que el capital escapa de los impuestos y concentra la necesaria fiscalidad en las rentas del trabajo con efectos poco equitativos que además pueden ser perjudiciales para la tasa de empleo. Por ello, más que encallarse en discutir sobre si queremos más o menos Estado o más o menos mercado, tendríamos que debatir sobre cómo podemos tener mejor mercado y mejor Estado: uno propio del siglo XXI que pueda ejercer su papel fundamental de garante del Estado de derecho y de facilitador de oportunidades y de capital social.

Hay países donde el Estado carece de capital local. Esto es contrario a la teoría de la competencia perfecta, pero ha llevado a una estrategia exitosa en países como Japón, Corea y a los variados «tigres» del sureste asiático. Mientras el modelo funciona pone de relieve algunas preguntas importantes acerca de la relación entre la economía de mercado y la democracia. Claramente, un régimen autocrático es más favorable para la rápida acumulación de capital, mientras que un país democrático y próspero es más favorable para el desarrollo de las instituciones democráticas. Por ello, parece razonable prever un patrón de desarrollo que vaya desde la autocracia y la acumulación de capital hasta la prosperidad y la democracia. Aunque la transición desde la autocracia hasta la democracia está lejos de ser segura, solo es natural para aquellos que son capaces de no aferrarse a su poder. En este contexto, poner el énfasis en valores culturales como pasa en algunos países asiáticos puede servir como un pretexto conveniente para resistir a las aspiraciones democráticas.

No obstante, también existen amenazas respecto al papel que juega el Estado como garante de derechos. Me refiero, por ejemplo, a problemas como la politización de los tribunales, la simplificación de la tarea legislativa y la deficiencia en la transparencia.

En este sentido, nos encontramos con un síntoma que cada día está más extendido: la política, cuando fracasa, se judicializa. Llevamos a los tribunales lo que no conseguimos validar en las urnas, en el debate parlamentario o en el diálogo para encontrar consensos básicos. Y después nos quejamos y nos lamentamos de que los tribunales se politicen. Sin embargo, la realidad es que avanzamos hacia una creciente judicialización de la política que trae consigo como respuesta la politización de la justicia. El desafío viene de atrás y afecta a todos los poderes que configuran la democracia representativa, produce un impacto externo y, por tanto, se hace necesaria una revisión que permita mejorar el funcionamiento de la representación parlamentaria a través de fórmulas de acogida más fáciles tanto con relación al control del gobierno como a la tarea legislativa.

Una ley no se hace para resolver la coyuntura de la emoción de un momento, sino para ordenar la convivencia a medio y largo plazo

En la tarea legislativa se requiere que los representantes sean conscientes de que una ley no se hace para resolver la coyuntura de la emoción de un momento, sino para ordenar la convivencia a medio y largo plazo. La cuestión es que no es posible que todos los problemas que encontramos en la tarea de gobierno puedan resolverse haciendo una ley. Parecería que una vez que hacemos esa ley, nos quedamos tranquilos, pensando que ya hemos cumplido, sin analizar cómo estas mecánicas permean la sociedad en la que vivimos. En el caso de la crisis política española hemos dado respuestas simples a problemas complejos, y por ello la prolongación de dicha crisis política ha contribuido a un mayor deterioro institucional, entre otras cosas, debido a la falta de respeto por las normas. Existe, además, una dificultad para llegar a consensos que representen a la centralidad del país a causa de la radicalización de posiciones, lo cual se atribuye a la división en bloques que a su vez hace el gobierno menos proclive a hacer políticas de Estado.

Tenemos la responsabilidad de respetar las reglas del juego y, en el ámbito español, existen tres de ellas que en mi opinión son clave para gobernar. La primera, el gobierno debe funcionar de acuerdo con el ordenamiento jurídico. La segunda, el presidente debe tener la facultad de nombrar y de cesar al ministro que crea conveniente. Tercera y última, las decisiones deben ser del Consejo de Ministros.

Además, los gobiernos tienen que ser eficientes en su toma de decisiones y actuar de manera transparente, precisamente para combatir la desconfianza producida por la corrupción. La transparencia es necesaria, además de que constituye una asignatura pendiente, pero en el debate político actual solemos confundirla con exhibicionismo. Hay que exigir previsibilidad a los poderes ejecutivos en su proceso de toma de decisiones para generar una normatividad previsible y que tiende a cumplirse para que pueda generar confianza. En el caso de la crisis venezolana, por ejemplo, nos encontramos ante el final del régimen. Sin embargo, no se puede predecir cuándo llegará realmente a su fin. Dentro del proceso del diálogo, lo importante es tener claro los objetivos y su perímetro. Si el diálogo es solo retórico podemos encontrar casos como el de Venezuela donde la apelación del diálogo por el diálogo beneficia a la supervivencia de la tiranía de Maduro, que en un plazo relativamente corto de tiempo y sin guerra de por medio ha convertido a Venezuela en un Estado fallido, donde las instituciones no resultan representativas de la ciudadanía, el aparato productivo ha sido destruido y se ha provocado un éxodo bíblico.

SUPRANACIONALIDAD Y DESCENTRALIZACION

Como decíamos más arriba, estos impactos externos sobre la gobernanza de la democracia representativa nos llevan a una crisis del Estado-nación como ámbito de realización de la soberanía, de la democracia y, en muchos casos, de la identidad. Nos amenazan nuevos conflictos que Samuel Huntington definió como «choque de civilizaciones». No hay bipolaridad, pero tampoco un nuevo equilibrio. Como consecuencia, dos tensiones críticas surgen al mismo tiempo y ponen en cuestión el concepto tradicional del Estado-nación. Por un lado, la intranacionalidad representada por la descentralización; y, por el otro lado, la supranacionalidad representada por el regionalismo.

Esta presión interna sobre el Estado se produce a través de la descentralización política. Por ello, parece razonable pensar que los Estados tenderán a ser realmente federales y que la descentralización política es un fenómeno imparable. Por otro lado, la aproximación del poder al ciudadano, del representante al representado, es un signo de nuestro tiempo que hace más complejo el ejercicio del poder. La reclamación identitaria frente a la homogeneidad de la globalización tiende asimismo a generar cambios en la distribución interna del poder. Sin embargo, en España existe una falta de armonización sobre varios asuntos que contribuye a nuestro deterioro institucional. Hay diferencias radicales, por ejemplo, en la fiscalidad de cada comunidad autónoma, normas distintas sobre la formación profesional o sobre el uso del transporte. En cualquier caso, debería existir una armonización que permitiera moverse por todo el territorio y que proporcione oportunidades homogéneas para todos los ciudadanos. Respetar el derecho a la diferencia sin diferencias en derechos, ese es el equilibrio, difícil pero conveniente.

Al mismo tiempo, esta crisis de supranacionalidad ha hecho que dependamos de factores que no están en las urnas, produciendo un rechazo creciente de los ciudadanos precisamente porque no encontramos una solución que pueda satisfacer nuestras necesidades y confrontar nuestros miedos. Por otro lado, las aspiraciones integracionistas reales de América Latina, que nunca se transforman en realidades operativas y que generan frustraciones, están marcando una doble y contradictoria tendencia. La primera consiste en responder a los desafíos de la globalización desde un espacio mayor que el nacional; la segunda consiste en una falta de comprensión respecto al hecho de que, para realizar espacios supranacionales y enfrentar con más eficiencia esos desafíos, tenemos que aceptar una armonización común y razonable de las reglas de juego de nuestros países.

Actualmente Europa se ve desafiada por la reaparición de nacionalismos excluyentes frente a los valores de la Unión y su incapacidad para enfrentar la economía de la globalización. En la Unión Europea, hay que reforzar los elementos comunes en mayor medida que los intergubernamentales. Tenemos que descargar la unión de estos elementos que se están acumulando con los años, y que hoy probablemente no son necesarios. Parece conveniente pensar en un buen reglamento común en agroalimentación, pero también en funcionarios en Bruselas que tengan la capacidad de implementarlo en los veintisiete países. Este tipo de asuntos, por ejemplo, se podría descentralizar para gobernar mejor nuestra diversidad de competencias y compromisos. Pero solo con estas reformas nos quedaríamos cortos. La Unión Europea creó la economía social de mercado, pero nos encontramos con un vacío absoluto en lo que se refiere a la propuesta de introducción de elementos de cohesión social, y no va a funcionar si no incluimos esta dimensión en su funcionamiento central.

No se puede negar que la Unión Europea ha afrontado mal distintos desafíos, como la crisis del 2008, la crisis migratoria y sus conflictos en el sur del Mediterráneo. Debemos avanzar en las diversas formas de atender a las nuevas realidades y a los nuevos desafíos. Un regionalismo abierto —político, económico y comercial— es lo que más se acerca, en un contexto internacional, a una respuesta adecuada a este desorden que genera el mal llamado «multilateralismo puro».

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

La revolución de la comunicación consiste en que por primera vez el ser humano se comunica con el otro sea cual sea la distancia a la que viva ese otro, eliminando dos barreras en una: tiempo y espacio. La revolución de la comunicación entre los seres humanos ha acelerado todos los cambios y ha impactado sobre nuestras vidas en todas sus dimensiones. Por sí misma es, sin embargo, un instrumento neutral, depende de quién y para qué se utilice. La red puede ser utilizada por un terrorista o un cártel de la droga, por alguien que quiera llevar a cabo acciones humanitarias o prestar cualquier tipo de servicios con eficacia. La red puede ayudar a tener más información o a intoxicar de basura y mentiras. Como es evidente, esta revolución plantea problemas críticos, difíciles de equilibrar, que se representan en la inmediatez de las redes sociales.

En la actualidad, los máximos responsables políticos comunican sus posiciones por Twitter, muchas veces sin reflexionar antes de publicar lo dicho. Trump es en esto el ejemplo paradigmático. En el otro extremo, nos encontramos a otros pocos políticos que han utilizado esta herramienta de la comunicación de manera comprometida. La excepción es Obama, que respondía a todo aquel que se comunicara con él en lo referente a sus propuestas.

En una democracia representativa, el legislativo no puede y no debe seguir la inmediatez que imponen las redes sociales en el debate político

En una democracia representativa, el legislativo no puede y no debe seguir la inmediatez que imponen las redes sociales en el debate político. El control del ejecutivo aún permite seguir el ritmo de lo inmediato, pero en su misión legislativa la representación supone una mediación entre el ciudadano que vota y la ley que hay que aprobar; una mediación que serena el ánimo para no legislar a golpe de emoción o a golpe de coyuntura. Por tanto, para el poder ejecutivo debemos pedir mejoras en la previsibilidad, en la eficiencia y en la transparencia; para eso debemos aprovechar todas las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías. Por ello hay que modernizar y actualizar la legislación, pero tiene que ser con esa pauta temporal que permite una reflexión más serena y profunda que el arrebato de un momento.

Quien no se adapta a los cambios tecnológicos con un proceso permanente de reconversión y de reestructuración queda tarde o temprano fuera del mercado. Y nadie es, en realidad, capaz de cerrar las fronteras en una imperial autarquía, salvo a costa de un retraso histórico todavía mayor y a veces irrecuperable. Por ello, no resulta posible rechazar o negar el cambio tecnológico, sino que hay que prepararse para enfrentar los cambios.

VALORES Y COHESIÓN SOCIAL

Toda sociedad requiere de algunos valores compartidos para permanecer unida. Aunque nuestra sociedad global incorpora muchas y diversas costumbres, tradiciones y religiones, nos articulamos en torno al concepto de la sociedad abierta, en el que creo y sobre el que debemos seguir trabajando.

Esta idea de sociedad abierta abarca distintos propósitos. En primer lugar, podría servir como un valor compartido por toda la humanidad que funcionase como base conceptual para las instituciones que nuestra sociedad global requiere. Es también un modo de describir y agrupar los aspectos positivos de la democracia, la libertad y la justicia social. Y, además, debe estar caracterizada por el dominio de la ley, el respeto a las minorías, a las opiniones minoritarias y a la división de poderes, y por una economía de mercado. Dado que los principios de esta sociedad abierta son ambiguos en sí mismos, es necesario establecerlos por consentimiento común. Sabemos que los reaccionarios se aprovecharán del miedo que surge derivado de los cambios en nuestro entorno. Se cerrarán fronteras, se volverá al proteccionismo y se provocarán guerras comerciales, como así lo demuestran los movimientos de nacionalismo excluyente, como es el caso de Trump en los Estados Unidos y del Brexit en Gran Bretaña, que proponen soluciones que niegan la globalización en lugar de intentar gobernarla.

Para que el sistema de mercado global sobreviva, debe satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus participantes. Hoy en día lo hace, pero según pase el tiempo, sus deficiencias podrán hacer sentir su efecto, y su propio auge llegar a convertirse en una quiebra. No obstante, esa quiebra, que siempre está a la vista, podrá sortearse si somos capaces de reconocer los defectos a tiempo. Por ese motivo, y para sobrevivir el sistema capitalista global, necesitamos una sociedad también global que se esmere constantemente en corregir sus deficiencias.

CONCLUSIÓN

Nosotros, los dirigentes de ese amplio espacio de la socialdemocracia, no hemos identificado las aspiraciones de la sociedad que hemos contribuido sustancialmente a cambiar para mejor. De este modo, nos encontramos con un desfase entre nuestra visión de la sociedad, que ya no es la sociedad que contribuimos a cambiar, y las aspiraciones de la sociedad actual. Y en este desfase, nuestras posiciones se debilitan. La globalización es un fenómeno que ha venido para quedarse y, por tanto, el desafío consiste en qué debemos hacer para gobernarla, para que se convierta en un ingrediente de nuestra tarea de gobierno en el contexto de la democracia representativa y, de este modo, conseguir ponerla al servicio de los ciudadanos.

Todos necesitamos reformas para superar la crisis de la gobernanza, tanto en sus factores endógenos como en los factores exógenos que afectan a nuestra realidad y a nuestro proceso de toma de decisiones. Al contrario de lo que sucede en una sociedad de mercado, donde el ser humano es considerado una mercancía más, ese mismo sistema puede verse mejor realizado y favorecer a un mayor número de personas cuando son los propios ciudadanos los responsables de desarrollar su potencial.

También debemos hacer políticas que defiendan iniciativas innovadoras, pero a la vez debemos preservar los derechos fundamentales de nuestras democracias representativas. El sistema global de mercado pone en peligro la capacidad del Estado para mantener la estabilidad económica, asegurar la igualdad de oportunidades y proveer una red de asistencia social.

Por consiguiente, no podemos dar respuestas simples a problemas complejos, debemos comprendernos a nosotros mismos y avanzar con políticas reformistas, a través del diálogo y de la conformación de mayorías sociales. Es nuestra obligación resolver los desafíos en espacios más amplios que vayan más allá del Estado-nación, con una supranacionalidad inteligente y ordenada con reglas, sin caer en la tentación cada día más aguda de volver a encerrarnos en nuestras fronteras.

La revolución tecnológica proporciona nuevas herramientas que se deben canalizar en favor de implicar a más ciudadanos y mejorar los planteamientos colectivos, pero nunca para sustituir la toma de decisiones de un gobierno. Gobernar implica marcar prioridades, tiempos y equilibrios, a pesar de que estos a veces puedan resultar imperfectos e incluso contradictorios.

Necesitamos establecer valores compartidos, incluso aunque el sistema actual los excluya y olvide la importancia de la cohesión social. Necesitamos una sociedad abierta que se concentre en reformarse constantemente frente a las consecuencias de los cambios vertiginosos que vivimos y que es probable que se aceleren en las próximas décadas.

En definitiva, la política debe volver para rescatar a la democracia de las pulsiones reaccionarias que se extienden actualmente por el mundo.

Dorothy L. Sayers: «Aprender y trabajar»

La británica Dorothy Leigh Sayers (1893–1957) no solo fue una famosa escritora de novelas policíacas y una célebre traductora de Dante. Dorothy L. Sayer se adentró con éxito en el ensayo. Propuso en The Lost Tools of Learning («Las herramientas perdidas del aprendizaje», 1948) cómo cambiar la educación. The Lost Tools of Learning ha sido traducido recientemente al castellano e incluido en el volumen Dorothy L. Sayers: Aprender y trabajar (Eunsa, 2019), con un estudio introductor, traducción y notas de Javier Aranguren.

Sayers propone volver al Trivium (gramática, lógica (dialéctica) y retórica) pero sabiendo lo que es el Trivium: un método de aprendizaje que actúa sobre materias de estudio, no tres asignaturas fijas llamadas gramática, lógica (dialéctica) y retórica. En el plan de instrucción medieval el Trivium precedía al Quadrivium (aritmética, geometría, astronomía y música).

Sayers se imagina el Trivium como un mecanismo en el que hay una entrada, una asignatura, a la que se aplica un primer proceso de instrucción: la gramática. Esta define y explica el «idioma» de esa asignatura: qué términos la componen, qué reglas siguen esos términos y cómo se relacionan. Con la lógica (dialéctica), el segundo eslabón, aprendemos a construir frases y argumentos de la asignatura en cuestión y a detectar falacias. La dialéctica así entendida abarca la lógica y el arte de la discusión. Finalmente está la salida, el saber comunicar lo aprendido: la retórica. El estudiante se expresa por medio del lenguaje oral y escrito de una forma elegante y persuasiva.

Lo anterior se puede aplicar a cualquier disciplina, ya sea hebreo, japonés o física cuántica. Es posible estudiarlo todo con tiempo y trabajo. Cuando uno empieza a sentirse perdido en el estudio de un tratado, física cuántica por ejemplo, normalmente lo que le falla es la «gramática» de esa ciencia. Tendrá que dar marcha atrás cuantas veces sea necesario para ir cimentando cada vez mejor la «gramática cuántica», y de ahí pasar a la «dialéctica cuántica» y a la «retórica cuántica».

Subraya Sayers: «La primera cosa de la que nos damos cuenta es de que por lo menos dos de estas «asignaturas» [se refiere a la dialéctica y a la retórica del Trivium] no son en modo alguno lo que deberíamos llamar «asignaturas»: son solamente modos de tratar con sujetos. La gramática, en efecto, es una «asignatura» en el sentido de que supone aprender de verdad una lengua… Pero el lenguaje en sí mismo considerado es simplemente un medio por el que se expresa el pensamiento» (pp. 55-56).

Sayers se pregunta: «¿No es el gran defecto de nuestra educación hoy… que aunque a menudo triunfamos en la tarea de enseñar a nuestros discípulos «asignaturas», fallamos de forma lamentable cuando hay que enseñarles cómo pensar?» (p. 54). Esa duda la plantea en el contexto del enorme éxito de la propaganda nazi, y en general de la propaganda. Téngase en cuenta que su ensayo es de 1948. Ella veía a toda una nación, la alemana, que apenas había manifestado mentalidad crítica ante Hitler. En algo pues, y muy grave, erraba la educación. Con las palabras de Sayers: «No nos escandalizamos cuando chicos y chicas jóvenes son enviados al mundo para luchar contra la propaganda de masas con las rudimentarias nociones de las «asignaturas». Y tenemos la desvergüenza de quedarnos perplejos si clases completas y naciones enteras son hipnotizadas por las artes de un hacedor de hechizos» (p. 60).

A Sayers, por supuesto, no le importa «volver» a la Edad Media: «¿Significa «volver» una regresión en el tiempo o la corrección de un error? Lo primero es claramente imposible per se; lo segundo es algo que las personas sabias hacen cada día» (p. 61). A la escritora británica no le quedan dudas de la superioridad del método medieval del Trivium: «La educación moderna se concentra en enseñar asignaturas mientras que la educación medieval se concentra en primer lugar en forjar y enseñar cómo usar las herramientas del aprendizaje, usando cualquier asignatura que tenga a mano como una pieza de material sobre el que se ensaya hasta que el manejo de la herramienta se convierte en una segunda naturaleza» (p. 57).

Extractamos a continuación las ideas que completan las propuestas de Sayers. Ella las aplica al plan de estudio de los niños una vez que han aprendido a leer y a partir de ahí durante toda la enseñanza secundaria, pero sus recomendaciones sirven igual mutatis mutandis en la universidad.

Gramática y latín desde el principio

«Comencemos, por tanto, con la gramática. Esto supone, en la práctica, estudiar la gramática de algún lenguaje en particular. Y tiene que ser un idioma con conjugaciones y declinaciones. La estructura gramatical de una lengua sin declinaciones o conjugaciones es demasiado analítica para que la aborde alguien sin una práctica previa en dialéctica» (p. 63).

«Tengo que decir ya, y con firmeza, que el mejor fundamento para la educación es la gramática latina. Lo digo no porque el latín sea tradicional y medieval, sino sencillamente porque incluso un conocimiento rudimentario de latín disminuye —al menos en un cincuenta por ciento— el trabajo y los sufrimientos del aprendizaje de casi cualquier asignatura. Es la llave para el vocabulario y la estructura de todas las lenguas germánicas, así como para el vocabulario técnico de las ciencias y de la literatura de la civilización mediterránea, junto con la totalidad de sus documentos históricos» (p. 64).

«Debería comenzarse con el latín lo antes posible. En ese momento en el que el lenguaje con declinaciones no parece más sorprendente que cualquier otro fenómeno en un mundo que es sorprendente de por sí» (p. 65).

«Si tenemos que aprender una lengua extranjera contemporánea deberíamos empezar ahora, antes de que los músculos de la cara o de la mente se hagan rebeldes a las entonaciones extrañas» (p. 66).

Historia, geografía y matemáticas

En la lengua nativa, «entre tanto, pueden aprenderse de memoria verso y prosa… Debería practicarse el recitado en voz alta, individualmente o en coro, pues no debemos olvidar que estamos preparando el terreno para la disputa y la retórica» (p. 66).

«La gramática de la historia debería consistir, me parece, en fechas, sucesos, anécdotas y personalidades. Un conjunto de fechas al que cualquiera pueda después vincular todo su conocimiento histórico posterior será de enorme ayuda cuando más tarde se establece la perspectiva de la historia» (p. 66).

«De modo similar, la geografía será presentada en sus aspectos más relacionados con hechos: mapas, características naturales, la presencia visual de costumbres, ropajes, flora, fauna, etc. Y creo que la desacreditada y pasada de moda memorización de unas cuantas capitales, ríos, zonas de montañas, etc., no hace daño a nadie» (p. 67).

«La gramática de las matemáticas empieza, por supuesto, con la tabla de multiplicar, que no se aprenderá jamás con placer si no se aprende ahora. Y también con el reconocimiento de los perfiles geométricos y la agrupación de números» (p. 68).

«Sin la teología toda la estructura de la educación necesariamente perderá su síntesis final» (p. 69).

Las lecturas incitarán a escribir y a establecer debates. Por ejemplo: ¿cuál fue el efecto de una determinada ley? ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de esta o de aquella forma de gobierno? (p. 72).

Las matemáticas (álgebra, geometría y las formas más avanzadas de aritmética) tomarán su lugar como realmente lo que son: un subdepartamento de la lógica. Las matemáticas no son «ni más ni menos que la regla del silogismo en su aplicación particular a los números y medidas, y debería ser enseñada así en vez de convertirse para algunos en un misterio oscuro y, para otros, en una revelación especial que ni ilumina ni es iluminada por ninguna otra faceta del conocimiento» (p. 71).

«La lógica es el arte de argumentar correctamente… hoy la utilidad práctica de la lógica formal consiste no tanto en la capacidad de establecer conclusiones positivas como en la detección precoz de inferencias inválidas y su desenmascaramiento» (pp. 70-71).

Todo lo anterior, en su conjunto, fomenta «el desarrollo espontáneo de la facultad de raciocinio y de la sed natural y adecuada de la razón que despierta hacia la definición de términos y la exactitud de las afirmaciones. Todos los hechos son alimentos para ese tipo de apetito» (p. 73).

La actitud del profesor

Los profesores «deben mirar hacia estas actividades menos como «asignaturas» en sí mismas y más como ir juntando material para su uso en la siguiente parte del Trivium» (p. 68).

En las etapas más avanzadas, «tanto el profesor como los alumnos tienen que estar listos para detectar falacias, razonamientos chapuceros, ambigüedades, cosas irrelevantes o redundancias, y abalanzarse contra ellas como ratas. Ese es el momento en el que pueden empezarse con utilidad la escritura de resúmenes; junto a ejercicios como la escritura de un ensayo y la reducción del mismo —cuando se haya terminado de redactarlo— en un 25 o 50 por ciento» (p. 74).

«Una vez más, los contenidos del plan de estudios en esta etapa pueden ser cualquier cosa que ustedes deseen. Las «asignaturas» proveen de material; pero todas ellas deben ser consideradas como simple molienda sobre la que tiene que trabajar el molino mental» (p. 74).

«Nuestra dificultad será mantener las «asignaturas» separadas: porque la dialéctica habrá mostrado que todas las ramas del saber están relacionadas entre sí, de modo que la retórica tenderá a mostrar que todo conocimiento es uno» (p. 76).

El fin de la educación

«Las armas del saber son las mismas en todas las asignaturas. Y la persona que conoce cómo usarlas conseguirá, a cualquier edad, el control de cualquier nueva asignatura en la mitad de tiempo y con un cuarto del esfuerzo gastado por la persona que no tiene esas armas bajo su control» (p. 78).

«El único fin verdadero de la educación es simplemente ese: enseñar a los seres humanos cómo aprender por sí mismos; y cualquier tipo de instrucción que falle a la hora de hacer esto no es más que esfuerzo gastado en vano» (pp. 81-82).

«Máquinas como yo», de Ian McEwan, distopía sobre la inteligencia artificial

Máquinas como yo, última novela de Ian McEwan (Aldershot, Reino Unido, 1948), aborda el tema de la inteligencia artificial y, más concretamente, la fabricación de androides. Se trata de una distopía ambientada en el Londres de los años ochenta en la que los acontecimientos no discurren tal y como fueron realmente, ya que según estas páginas Inglaterra perdió la Guerra de las Malvinas y los británicos contemplaron el final de Margaret Thatcher.

Además, el científico Alain Turing, descifrador de los códigos de la Segunda Guerra Mundial, no se suicidó sino que está muy activo y ha logrado importantes logros tecnológicos como fabricar unos prototipos sintéticos a los que denomina Adán o Eva, según su sexo. Es una época de grandes avances mientras en las calles londinenses crecen la agitación social y las protestas contra la guerra. En esta atmósfera McEwan sitúa esta perturbadora historia.

McEwan construye una ingeniosa trama en la que plantea la responsabilidad y la culpa, así como la posibilidad de que un androide o máquina actúe contra el hombre

El protagonista es Charlie Friends, un abogado treintañero y casi arruinado que se gana la vida pujando en la Bolsa, vive en un pequeño apartamento y su único aliciente es la relación sentimental con su vecina, una estudiante llamada Miranda. También le apasiona la tecnología punta y decide concederse su gran capricho: comprar uno de los androides que fabrica Turing, en el que gasta gran parte de la herencia de su madre, aunque en realidad no sabe bien si lo quiere a modo de juguete o como persona de compañía.

La máquina, una vez cargada, se puede configurar de forma que Charlie y Miranda, según el manual de instrucciones, escogen los rasgos que más les gustan. Inicialmente, Adán solo es capaz de realizar tareas manuales, pero poco a poco va adquiriendo autonomía y comienza a mostrar grandes dotes intelectuales, incluso compone multitud de haikus que dedica a Miranda de quien se ha enamorado. Charlie contempla horrorizado lo inevitable pues nunca pensó que su máquina fuera capaz de amar. Comienza entonces un complejo triángulo amoroso, situación peliaguda que sobrelleva con resignación mientras contempla cómo el sentimiento por parte del androide hacia su amante se manifiesta cada vez más efusivamente.

Adán continúa ganando terreno y le dice a su dueño que Miranda le ha mentido acerca de un oscuro secreto del pasado, tema que más adelante se explicita como un turbio asunto relacionado con una violación sufrida por ella y que tuvo consecuencias judiciales. Charlie vive sumergido en un clima de desconfianza y sobresalto, dominado por un ser que él ha comprado y cuya actuación se le escapa de las manos. Esto siente: «Miedo, falta de confianza en mí mismo, furia». Y su pensamiento acerca de la bondad de las máquinas comienza a quebrarse: «Los teóricos predijeron una inteligencia artificial refinada, guiada por principios bien conocidos; inteligencia con un aprendizaje de consulta de miles, de millones de dilemas morales. Tal inteligencia podría enseñarnos cómo ser, y cómo ser buenos. Los humanos éramos éticamente defectuosos: incoherentes, emocionalmente lábiles, proclives a la parcialidad, a los errores de cognición».

Adán, además de ayudar en las tareas domésticas es un genio para las finanzas y ha conseguido una fortuna de forma que Charlie comienza a gastar desenfrenadamente e, ilusionado por mejorar su estatus económico, proyecta mudarse de casa. Pero el dominio del androide sobre la pareja es cada vez mayor, sus dotes mentales han progresado y si es capaz de amar y enriquecerse quizá también sea capaz de traicionar.

Y la venganza llegará de una forma tan poco sutil y tan dura que descoloca totalmente a su dueño: «Se suponía que Adán era superior a mí moralmente. Nunca encontraría a nadie mejor. Si hubiera sido mi amigo, habría sido culpable de un desliz cruel y terrible. El problema es que yo lo había comprado; era un pertenencia costosa y no estaba claro cuáles eran sus obligaciones para conmigo, más allá de una vagamente asumida disponibilidad para serme útil». Quien parecía que podía ser su compañero o incluso su esclavo se había convertido en su amo. La angustia es tan fuerte que decide destruir a su querido y a la vez odiado androide, tarea que le acarreará serios problemas, entre ellos una agria discusión con Turing, gran defensor de sus creaciones: «Usted no solo destruyó la cabeza de su juguete como un niño mimado… trató de destruir una vida. Su Adán era un ser sintiente. Tenía un yo… ¿cree usted que somos los únicos con un don especial?».

McEwan construye una ingeniosa trama en la que plantea un elenco de cuestiones éticas de diferente signo: la responsabilidad y la culpa, la débil frontera entre el amor y el desengaño, los secretos de pareja que dañan una relación, así como la posibilidad de que un androide o máquina actúe contra el hombre. Tecnología versus humanidad. La novela, inquietante de principio a fin y ácida en ocasiones, ofrece una reflexión acerca de cómo la utopía caprichosa de un inocente personaje concluye en una auténtica pesadilla.

ZOZOBRA SOBRE LAS POSIBIBILIDADES DE LA TECNOLOGÍA

El autor, que nunca ha eludido en su literatura cuestiones de alto nivel imaginativo o extremadamente espinosas, explora ahora las ventajas y limitaciones de la inteligencia artificial desde una óptica que se adelanta a un futuro incierto y presenta a unos androides que son capaces de amar, trabajar, tomar decisiones e incluso hacer todo eso mejor que el hombre. Hay unas palabras de Turing que resultan ilustrativas respecto a esta cuestión: «Millones de seres mueren de enfermedades que podemos curar. Millones de seres viven en la pobreza cuando existen medios para abolirla. Degradamos la biosfera cuando sabemos que es nuestra única casa, nos amenazamos con armas nucleares cuando sabemos adónde podrían llevarnos tales amenazas. Amamos las cosas vivas pero permitimos la extinción masiva de especies. Y todo lo demás: genocidios, torturas, esclavitudes, asesinatos de género, abusos de menores, tiroteos en escuelas, violaciones y otras muchas atrocidades diarias. Vivimos en estos tormentos y no nos asombramos cuando aun así encontramos la felicidad e incluso el amor. Las mentes artificiales no saben defenderse con tanto éxito».

Máquinas como yo resulta interesante por los temas planteados aunque queden simplemente esbozados y siembra la zozobra acerca de las posibilidades de la tecnología mientras pone el acento en las carencias del hombre. Todo descrito ágilmente, con la pluma afilada de McEwan que en este caso resulta extremadamente versátil y exhibe una voz casi siempre provocadora, en muchas ocasiones humorística y que en algunos casos roza lo siniestro. Esta sería, quizá, la gran pregunta: ¿la máquina a favor del hombre o contra él?