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Ver productosLas síntesis culturales que Europa ha logrado realizar desde la antigua Grecia hasta nuestros días podrían resumirse en los siguientes modelos típicoideales -en sentido weberiano-.
LA GUERRA
El primero procede de la convicción de los diferentes pueblos asentados en suelo europeo de que entre ellos no es posible alcanzar ninguna síntesis cultural. Este modelo vale para la experiencia histórica de conflicto y guerra entre diferentes pobladores de Europa: entre las poloi de la antigua Grecia; entre el Imperio Romano y las organizaciones sociales tribales aborígenes procedentes de la Edad del Bronce; entre los ciudadanos romanos cultivados y los seres bárbaros de fuera del Imperio; entre los reinos cristianos y los musulmanes en las fronteras de Europa, desde la Baja Edad Media -península Ibérica, Rusia- hasta nuestros días -Grecia-; entre los reinos de coronas cristianas que luchan entre sí en la Alta Edad Media y Renacimiento -Francia, Bretaña, España-; entre las diferentes monarquías nacionales en competencia por el dominio de la escena europea en la Edad Moderna; entre diferentes Imperios europeos nacionalistas -inglés, francés, prusiano, austrohúngaro, ruso, turco- durante la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del XX.
Las aludidas y otras experiencias históricas análogas habrían confirmado a los pueblos europeos en su convicción de la inexistencia entre ellos de elementos comunes y en la consecuente necesidad de recurrir a la violencia como única vía para dirimir sus diferencias.
LA COMUNIDAD JURÍDICA
Dondequiera que distintos pueblos europeos antagónicos han concluido pactos para resolver sus diferencias, allí se han referido al modelo pacífico de síntesis cultural al que quiero hacer referencia en segundo lugar en este ensayo: al modelo del pacto jurídico. Dondequiera que individuos de diferentes tribus, localidades, regiones, países, clases sociales, etc., han reconocido que entre ellos los acuerdos son posibles, por una parte; y que pacta sunt servanda -«Los pactos deben ser respetados»-, allí los medios violentos que las partes emplean habitualmente contra sus enemigos pierden su actualidad efectiva, y permanecen al fondo de la escena como medios utilizables sólo en caso de que la parte con la que se ha llegado al acuerdo incumpla los términos de éste. El entendimiento entre partes en conflicto para firmar tratados, constituciones, leyes, protocolos, etc., ha sido en toda civilización -también la europea- el paso previo hacia los primeros niveles de síntesis cultural.
LA ECONOMÍA
A los pactos políticos suele seguir un incremento de actividades comerciales y económicas de todo tipo entre aquellos que antes eran enemigos. Cuando la guerra ha terminado, en la vida ordinaria, cotidiana, todo el mundo está interesado en resolver sus apremios de subsistencia del modo más eficiente y placentero posible. Esta tendencia universal es la razón por la cual los individuos concluyen libremente pactos comerciales acerca de las utilidades que cada uno va a lograr de su contraparte por medio del intercambio. Y cuando esto ocurre de manera habitual, la confianza mutua e incluso una suerte de simpatía o amistad tipo clientela consolida una nueva síntesis cultural, más estable y densa que el mero respeto por la ley.
LA RELIGIÓN
La religión ha proporcionado en Europa la materia prima para otro modelo de síntesis cultural -el cuarto en nuestra lista-. En Europa, como en cualquier otra parte, las religiones se han revelado vigorosos referentes para las identidades sociales en toda suerte de grupos y países no sólo en sociedades tradicionales (E. Durkheim), sino en las modernas y en los nuevos tiempos, hasta el punto de haber podido contribuir al desarrollo de un elemento tan definitorio de la sociedad occidental contemporánea como lo es el capitalismo (M. Weber).
Más allá de la comunidad jurídica propiciada por el derecho romano y el canónico de la Iglesia Católica, y después de las invasiones de los pueblos bárbaros, la primera síntesis cultural europea se logró gracias a la cultura del monacato rural cristiano. Éste, que se había originado en la parte oriental del Imperio -en los desiertos del Medio Oriente-, se expandió con éxito por todos los países de Europa, y fue posteriormente completado en Occidente en las ciudades por la cultura de las catedrales y las órdenes de predicadores. Paulatinamente, desde la conversión del emperador Constantino al Cristianismo y durante la Edad Media, la mayoría de los ciudadanos europeos, de norte a sur y de este a oeste, vivieron en consenso acerca de la naturaleza de Dios y de las consecuencias que esta naturaleza divina imponía a los individuos y a las sociedades.
Pero a la universitas christianorum medieval siguió una cultura y organización política germánica y anglosajona que no sólo nacieron enfrentándose a la Iglesia Católica -protestando contra ella- sino que poco a poco se desarrollaron contra la cultura cristiana romana y los Estados vinculados a esa confesión -Irlanda en el caso de Inglaterra, España en el caso de los Países Bajos, Francia en el caso de Alemania-. Cada moderna nación europea moldeó sus propias costumbres sociales, su idea de legitimación política y su idiosincrasia mental y espiritual sobre la base de su religión particular: Cuius regio, eius religio -«En cada país, la religión del monarca»-.
No obstante, la religión nacional sustentadora de unos Estados armados expansivos se transformó en fuente generadora de nuevos conflictos y guerras, las que han recorrido el continente europeo y las islas británicas desde la Guerra de los Cien Años hasta la II Guerra Mundial y el Holocausto.
Exhaustas después de tan colosales desastres, numerosas naciones europeas han desterrado de sus constituciones políticas la referencia al protestantismo, al catolicismo, al luteranismo, a la ortodoxia, etc., como a religiones de Estado y sustancia ideológica de la correspondiente ciudadanía. En aquellos países europeos en los que el monarca jefe del Estado permanece vinculado a una confesión cristiana -Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Noruega, etc.-, este nexo ha perdido su significación original para ser sustituido en términos prácticos por una política de amplia tolerancia con cada una de las religiones practicadas en los límites del territorio del Estado.
La aconfesionalidad religiosa constitucional y práctica de la mayoría de los Estados europeos actuales fue precedida por la crítica filosófica del rol que la religión y, en particular, el estamento y las instituciones clericales -monjes, monasterios, órdenes religiosas- habían jugado en la sociedad europea moderna. Esta fue la labor de la Ilustración francesa, que posteriormente fue continuada bien teórica, bien prácticamente, por el Código de Napoleón, las revoluciones marxistas y el pensamiento político laicista en nuestros días.
LA CIENCIA POLÍTICA
Inspeccionemos nuestro siguiente tipo ideal, que se refiere a la filosofía. Como en los viejos tiempos, entre los pensadores atenienses, la filosofía ha reclamado en los tiempos modernos su derecho a ser considerada un nuevo modelo -el quinto en nuestra lista- de síntesis cultural. Pero para alcanzar la «cultura racional» que la filosofía política de nuestra época ha asegurado es realizable si se siguen sus principios generales enteramente racionales, era necesario que se presentase a sí misma como una «ciencia». Ni a partir de la tradición, ni a partir de la autoridad -eclesiástica o de cualquier otro tipo-, ni a partir de la credulidad supersticiosa: los principios y deducciones críticas defendidos por Voltaire, Hegel, Mill, Marx, los filósofos de la Escuela de Fráncfort o por Russel se han propuesto productos descendientes directos de la ciencia.
La experiencia personal individual, como en Kierkeegard, Nietzsche y en general en los filósofos existencialistas, lo mismo que el pensamiento político universalizante hasta el final del siglo XX, cuando ocurrió la caída del Imperio Soviético, han destrozado todas las certezas acerca de la aptitud de un pensamiento político científico y universalmente válido para organizar la vida política y social de las naciones europeas. En consecuencia, no hay en nuestros días sistema filosófico en el que quepa confiar como fuerza directiva de la organización social.
LA CIENCIA EMPÍRICA
El sexto modelo europeo de síntesis cultural que queremos presentar aquí tiene su fundamento en la metodología empírica. Dondequiera que medre la ciencia moderna, el empirismo se presenta como una fuerza capaz de remover las tradiciones sociales, la religión o la filosofía abstracta del lugar que éstas han ocupado alguna vez en tanto que principios sintéticos en la cultura europea. En este concepto típico ideal, la metodología de la Física moderna y de la Cosmología, primero; y la metodología de la Química, la Mineralogía, la Biología y en general la de las Ciencias Naturales, después, han sido propuestas como guías para la metodología de las ciencias históricas, sociales y antropológicas.
Ello dio origen a una de las principales preocupaciones de esa metodología elevada a sistema, que es el kantismo, y que concluyó por afirmar que la vida práctica de los individuos y de las naciones está sujeta sólo a la voluntad humana, pero no a la razón -empírica-, es decir: que no hay lugar para una filosofía práctica empírica.
El pensamiento sociológico europeo -la ciencia pos kantiana que empezó presentándose como una metodología «empírica», no filosófica, pero con amplitud suficiente para controlar intelectualmente el desarrollo social de las naciones-, es en nuestros días poco más que una técnica para la conducción eficaz de encuestas de opinión.
Por su parte, la antropología empírica ha resultado ser mucho más exacta cuando estudia pequeñas comunidades primitivas, ya desaparecidas, que al analizar las modernas sociedades industriales de masas, en que vivimos.
LAS ARTES
Hablemos del último modelo de síntesis cultural de nuestra lista, que engloba las distintas manifestaciones artísticas desarrolladas en suelo europeo. Para la mayoría de las más antiguas de ellas, el mundo «sagrado» proporcionaba el espacio fundamental donde podían desarrollar sus principios; y los príncipes eclesiásticos -o durante periodos históricos convulsos, los monasterios- devenían la principal fuente de financiación para llevar a cabo estas obras artísticas. En estas condiciones nacieron con propósitos litúrgicos las realizaciones de la arquitectura, la música, la pintura y la escultura desde los tiempos más o menos pacíficos de las catedrales medievales hasta el de las Misas escritas por Mozart por encargo del arzobispo de Salzburgo.
Cuando las monarquías asumieron la forma de Estados nacionales, el prestigio político del soberano y de su corte fueron los principales promotores de nuevas y más modernas manifestaciones artísticas como el teatro, el ballet, la ópera, que proveían de entretenimiento a las jornadas reales; o la ebanistería, la cerámica, la tapicería y la relojería preciosas que proveían sus palacios, sitios de caza o de recreo, etc., de objetos de lujo.
Mano a mano con el despertar de las revoluciones políticas y de la conciencia del papel que los individuos pueden jugar en la transformación de las estructuras políticas y sociales en que viven, la forma más moderna de arte -la novela del siglo XIX y de comienzos del XX en Europa- vino a mostrar cómo el héroe, la heroína «de nuestro tiempo» pelean contra su entorno social, o contra las ideas y emociones y costumbres que éste trata de imponerles.
Pero de nuevo la evidencia de que hay momentos en la historia de Europa, como durante la II Guerra Mundial, en los que los seres individuales son indistinguibles del grupo social al que todo el mundo los refiere -los individuos alemanes, a la Alemania nacionalsocialista; los individuos judíos, al pueblo encaminado al exterminio por el nazismo; los individuos ingleses o americanos, a las naciones obligadas a detener el nazismo y el fascismo en Europa; los individuos ucranianos y rusos, a las naciones que debían afirmar el socialismo por medio de la derrota del fascismo-: la monstruosidad del resultado de este proceso abortó el desarrollo de la novela en la forma que había sido cultivada en los periodos anteriores, orientándose hacia las conquistas psicológicas y espirituales del individuo.
En la cuenta posmoderna de nuestros días, una vez que los diferentes nacionalismos han agotado la capacidad de los ciudadanos de responder a ningún requerimiento vital extracotidiano, parece que el heroísmo, no importa de qué género, está también fuera de lugar.
AGOTAMIENTO DE LAS FÓRMULAS
En la actualidad, la construcción jurídica de Europa ha alcanzado en mi opinión su límite. Las dificultades para aprobar el Tratado Constitucional de la Unión Europea muestran a las claras qué lejos queda la simple elaboración de leyes por políticos profesionales del logro de una comunidad cultural efectiva.
Lo mismo cabría decir acerca de la aptitud de las actividades mercantiles, empresariales o financieras para crear una nueva síntesis cultural. Más bien hay que pensar que el éxito económico de la Unión Europea ha producido un problema cultural: el de la integración de los millones de individuos de otras áreas culturales, venidos hasta nosotros legal o ilegalmente para buscar oportunidades vitales.
Razones más poderosas nos permitirían sacar conclusiones todavía más sombrías al pensar en la religión como uno de los posibles principios para rellenar el vacío de cultura civil que se observa en la actualidad en Europa. No es sólo que muy probablemente sensibilidades religiosas de variado tipo estén en la base de la escasa o nula inculturación de amplios sectores de la población inmigrante en nuestro entorno: es más bien que el fanatismo religioso nutre sin duda el terrorismo que constituye la preocupación número uno de los actuales gobiernos europeos.
El hecho de que los sistemas filosóficos no pueden satisfacer con sus cantos de sirena las distintas formas de unidad que demanda Europa en nuestros días, se muestra palmariamente en las distintas formas que la filosofía ha adoptado para no desaparecer del mapa. Es evidente que desde el pensiero debole hasta la concepción habermasiana de la validez como metodología procedimental de discusión en público, la filosofía actual es incapaz de señalar ningún contenido significativo para la vida individual o social. La filosofía es un entretenimiento, o una plantilla para discutir con pulcritud en público, o no es nada.
Y por lo que se refiere a las ciencias empíricas, sigue siendo absolutamente válido aquello que Max Weber ofreció como conclusión de su estudio sobre los efectos de las ciencias empíricas en la sociedad de su tiempo -la nuestra-: que cuanto más eficiente y exactamente desarrollan las ciencias empíricas su materia específica por medio de un conocimiento cada vez más especializado internamente, menos sabe el ciudadano común, no especializado acerca de los fundamentos racionales de las esferas de acción tecnológica, económica o jurídica que resultan de aquellas ciencias y en las que se ve envuelto cada día. El ciudadano actual cree en la naturaleza racional del mundo práctico en el que vive, pero sabe de ella probablemente menos que el cazador primitivo sabía acerca de la condición mágica del medio en el que se movía, y en el que lograba hacerse valer con bastante solvencia, por cierto.
Quiero acabar este ensayo hablando de la belleza como posiblemente nuestra mejor oportunidad para alcanzar en un grado significativo cierta integración cultural en Europa.
AFIRMACIÓN DE LA SENSIBILIDAD Y DE LA IMAGINACIÓN
Así lo pienso, en primer lugar, porque las artes no impiden el libre progreso de las facultades de conocimiento sensible, como la ciencia filosófica siempre lo ha hecho, las religiones habitualmente y la ciencia empírica hasta cierto punto. Es por el contrario una cuestión de principio que las artes promueven toda suerte de conocimientos sensibles, caracterizados por su inmediata evidencia a las correspondientes capacidades humanas: la de ver, oír, palpar, intuir el espacio, percibir el volumen de los cuerpos o su movimiento, imaginar caracteres humanos extremos, etc.
Todos los conocimientos sensitivos se caracterizan además por estar al alcance de todo ser humano orgánicamente maduro; y por la gozosa conciencia, en principio también universal, de que la propia sensibilidad se va ensanchando gracias a la acumulación de experiencia de cualidades y armonías compositivas, que percibimos en cada forma particular de arte.
Las artes, pues, son formas democráticas de conocimiento.
EL PRINCIPIO DE NO CONTRADICCIÓN, INACTIVO
Además, y de modo contrario a lo que sucede en otro tipo de conocimientos, las artes no quedan sujetas al principio de no contradicción.
Una afirmación artística, no importa si relativa o absoluta, sobre determinada materia no es incompatible, como lo es en toda ciencia, con la afirmación simultánea del valor artístico de la cualidad opuesta aplicada a exactamente la misma materia. La apariencia grave y seria de una mujer retratada por Da Vinci no excluye la presencia en la misma figura y al mismo tiempo de otras cualidades contrarias a las mencionadas, como la ironía, la coquetería, etc. Más aún, la presencia simultánea de esas cualidades contradictorias referidas a la misma materia, incrementa la atención y el interés que tendremos que prestarle si queremos discernir a fondo esos contenidos, de modo que el efecto artístico de la obra como un todo queda reforzado.
De nuevo, un drama, una novela o incluso una película mostrará habitualmente los caracteres más nobles tratando socialmente con los más villanos, los cínicos en confrontación con los ingenuos, los débiles con los fuertes, la persona fiel obligada a convivir con un traidor. Ni el teatro ni la novela ni el cine deben demostrar, como sí tienen que hacerlo las ciencias filosóficas moral o política, que el cinismo o la infidelidad o la ruindad producen actos despreciables, cualidades odiosas en los seres humanos, de modo que esos actos deben considerarse vergonzosos y censurables ética o políticamente; ni deben demostrar tampoco que la sinceridad, la fidelidad o la justicia hacen dignos de amor a los seres humanos, y que por tanto son dignas de elogio y ética o políticamente recomendables.
Es verdad, pues, que las artes no juzgan las materias de las que tratan, sino que simplemente las muestran en su carácter de justas y elogiables o injustas y despreciables. No es el escritor, ni el dramaturgo ni el cineasta quien debe juzgar sus creaciones, sino los receptores de sus obras. Además, éstos no lo harán habitualmente, ni sólo ni principalmente, por medio de razonamientos, sino concediendo o denegando su simpatía a los caracteres que le son presentados y a la evolución de los mismos al interactuar con los avatares de la casualidad, el trato social con otros individuos, sus desarrollo individual mental o afectivo, etc.
LA INTUICIÓN ARTÍSTICA
Pero esta capacidad del artista para hacer convivir a dos o más cualidades opuestas en el mismo espacio o en la misma materia no sólo no le exime de un gran esfuerzo mental, antes al contrario: se demanda de él una síntesis intelectual más elevada que aquella que las ciencias reclaman habitualmente de quienes las practican. Lo que cada arte exige de sus practicadores tiene poco que ver con la facultad de deducción lógica a partir de determinados principios dados, que las ciencias demandan de los suyos. La creatividad artística solicita de cada persona que se le aproxima el descubrimiento mediante la intuición espiritual -emocional al tiempo que intelectual- de unos más amplios principios compositivos, que permitan observar los fenómenos de la vida como una nueva y más comprensiva síntesis.
O por decirlo de otro modo: las artes buscan principios que permitan componer cualidades nunca vistas, nunca oídas, nunca referidas en los respectivos dominios artísticos; o bien componer determinados fenómenos de un género con los de otro género con el que no se sospechaba que pudiera guardar relación alguna o que, inclusive, se supusiera que estaban en una, más bien, de antagonismo.
La intuición intelectual creativa tiene que ver, en último término, con la habilidad para establecer metáforas y contrametáforas que Aristóteles atribuía a los grandes poetas y a los grandes retóricos, pero en absoluto a los filósofos científicos.
Las metáforas hacen reconocible de manera sensible y consciente la similitud en una misma materia o sujeto de dos o más fenómenos considerados en la vida cotidiana heterogéneos o independientes: la relación entre las revoluciones políticas y la delación, por ejemplo, según mostró por primera vez y de la manera más clara Dostoyevski en Los demonios.
O bien, las metáforas muestran como dos fenómenos heterogéneos, haciendo manifiesta su disimilaridad, aquello que el sentir común supone ser lo mismo en una materia o sujeto. La idea de que la rectitud moral habita en todos los individuos de determinado grupo eclesiástico es la que, por ejemplo, trata de combatir como universal La Regenta de Clarín.
Si esa nueva síntesis intelectual, pero metaargumentativa acerca del modo como se componen o descomponen algunos rasgos o características de la vida humana, se logra hacer sensible o imaginable para el lector o el espectador, entonces todo ser humano podrá reconocerla y hacerse consciente de ella. Los descubrimientos intelectuales del arte tienen también, por tanto, su vertiente democrática.
Pero por importante que fuera ahondar aquí en cómo los dramaturgos o los novelistas o los realizadores de cine han hecho importantes descubrimientos acerca de la vida individual y social y los han comunicado a sus contemporáneos, quiero referirme ahora a un género de resultados más hondamente democráticos que cabe esperar de la intuición artística. Me refiero a los efectos que las obras de arte pueden tener y tienen en las esferas de la ética y de la política.
ARMONÍA SENSITIVA Y ARMONÍA MORAL
La armonía compositiva lograda por una obra de arte, gracias a la cual determinados elementos o conceptos opuestos se muestran viviendo uno junto al otro, referidos al mismo marco de espacio o de tiempo, en el mismo lienzo o en el mismo curso de acción, puede ser considerado como una suerte de guía espiritual para el manejo de las contradicciones morales.
Todo ser humano experimenta de vez en cuando el esfuerzo moral que tiene su origen en ese dualismo en el que parece hemos sido modelados. Podemos, por ejemplo, sentir atracción sexual por la mujer de nuestro vecino o la mujer de nuestro hermano, pero nuestra razón nos conmina a no ceder a ese deseo. O tenemos oportunidad de ganar ilegalmente cierta importante cantidad de dinero si nos aprovechamos de un secreto profesional sin hacernos, por lo demás, sospechosos ante nadie, pero al mismo tiempo nuestra conciencia moral puede no sentirse tranquila al verse siguiendo ese posible curso de acción. O sentimos que determinados deberes políticos, derivados de nuestra pertenencia al Estado, entran en conflicto con otros sentimientos que tienen su origen en la comunidad o localidad en la que hemos nacido. Para la resolución de estos y similares casos, la lógica de la ciencia nos será de poca ayuda: si aplicamos el principio de no contradicción y la capacidad de deducción lógica, no hay modo práctico de conjuntar las esferas antagónicas de acción en las que nos vemos envueltos.
CONVIVIR CON LA CONTRADICCIÓN
Por su parte, capaces como son de colocar cualidades antagónicas unas junto a otras, las artes sin embargo demandan de sus espectadores y lectores una amplitud de miras intelectual y emocional normalmente más comprehensiva que la que la ciencia demanda a sus cultivadores. El efecto continuado de la belleza sensible e imaginativa sobre el espíritu ensancha la liberalidad individual, gracias a la cual los beneficiados por ella tenderán a aceptar en sus mentes dos ideas opuestas sobre un mismo concepto, o a aceptar en su capacidad emocional dos movimientos afectivos opuestos acerca de la misma persona o un modo de comportarse.
Como en los productos de ficción creados por las artes, los conflictos reales -personales-, mentales tanto como emocionales que se ven forzados a convivir en nuestras almas pueden concluir en un drama colosal. O en una grave enfermedad. O en un crimen. Pero también pueden concluir en una sonrisa, o incluso en una sonora carcajada.
Más allá de las patologías clínicas o de las ofensas tipificadas como delitos penables, el resultado final de las energías que combaten como opuestos en nuestro ser depende de cada persona. No hay soluciones ni remedios universales, de esos que las ciencias han asegurado ser capaces de proporcionar, sino sólo soluciones personales. El rango de la amplitud espiritual de cada persona depende de su sensibilidad, de sus experiencias vitales y también de su experiencia en la percepción de producciones artísticas. Cuanto más acostumbrado esté uno a admitir en su sensibilidad y en su imaginación fenómenos de ficción contradictorios, tanto mejor podrá gobernar sentimientos e ideas realmente contradictorios.
Cuando menos, a esos individuos les cabe esperar que las contradicciones que están experimentando en carne propia en la hora presente se verán resueltas, o disueltas, en el futuro. La esperanza es uno de los grandes efectos que artes de todo género han alumbrado en los espíritus humanos. Si la experiencia sensitiva o imaginativa de productos de ficción abandona a los espectadores sin paz mental o emocional, sin esperanza de que en último término todas las contradicciones y fenómenos opuestos alcanzarán reconciliación, en ese caso, esos productos podrán difícilmente ser llamados artísticos -resultado de la proporción y la armonía en cualidades y cantidades perceptibles compuestas-. Esto es al menos lo que Aristóteles exigía de la catarsis, un momento enteramente subjetivo pero esencial en la experiencia de toda obra poética.
Además, es difícil imaginar a nadie saliendo de un teatro o de un cine, después de haber presenciado la representación o la proyección de una obra maestra, con ánimo de pelear contra nadie. Lo contrario es lo más usual, porque la experiencia personal de la armonía y la proporción en materias sensiblemente perceptibles favorece en nosotros una amnistía siquiera temporal con la humanidad, con los conflictos que teníamos pendientes de juicio con ella. Por descontado que no hay ninguna relación causal directa, razonable, entre los dos fenómenos -una buena sesión de cine y la benevolencia universal-, pero a pesar de todo es verdad que las experiencias estéticas nos reconcilian con la vida en general, y por tanto con los seres humanos en particular.
Además, una elevada educación estética, desarrollada con éxito entre los ciudadanos de un país produce, sin duda, numerosos beneficios políticos.
ARMONÍA SENSITIVA Y ARMONÍA POLÍTICA
Un ciudadano que se ha desarrollado y madurado a la luz de las experiencias estéticas no se precipitará, por ejemplo, a demandar de la comunidad civil la realización inmediata y absoluta de eso que las así llamadas ciencias sociales han declarado «consecuencias lógicas» de sus principios. Al menos, ese ciudadano o ciudadana no condenará a la manera hegeliana todo aquello que no sea racional, dando por supuesto, como Hegel lo hizo, que «la razón» y «la ciencia» están enteramente de nuestra parte, mientras que ellos -la otra parte- están desprovistos de todo asomo de racionalidad. Éste es el motivo por el cual el ciudadano de alto desarrollo estético actuará aún menos en sentido marxista, es decir, dándose prisa en emplear medios violentos para alcanzar inmediatamente ese estado social final que la así llamada ciencia histórica de Marx sostiene que es por necesidad el final lógico del proceso -la única solución social enteramente racional-.
No es mi propósito discutir aquí si las revoluciones políticas violentas que han tenido lugar en Europa, y de las que han resultado en gran parte los sistemas de representación política democráticos de que gozamos en nuestros días, pueden ser justificados o, por el contrario, condenados con base en razones solamente estéticas. La realización del ideal de Justicia -así, con mayúscula, por representar toda la belleza social que cabe imaginar-, ¿demanda toda esa fealdad moral que las revoluciones han generado y arrastrado consigo, para lograr hacerse efectivas? No puedo entrar en esta importante cuestión, que enlaza directamente con el problema planteado por Platón en la República y con Tolstói en Mi confesión; sino concluir sólo a manera de tentativa provisional que si el conjunto de la población europea coetánea de esas revoluciones hubiese conocido un mayor desarrollo en valores estéticos -un desarrollo reservado entonces, como es sabido, a la clase de la aristocracia-, esas revoluciones políticas podrían haber tenido unos resultados más enriquecedores.
En todo caso, si hace dos o tres siglos la belleza y los bienes artísticos no estaban suficientemente democratizados, en nuestros días ya lo están y ahora podemos exigir de esa democratización nuevos resultados políticos.
FINAL DEL BIPOLARISMO LÓGICO
Especialmente si prestamos atención al hecho de que, en la mayoría de las artes, las cualidades o condiciones opuestas entre sí no constituyen habitualmente un par de elementos contradictorios, omniabarcantes y excluyentes entre sí, como ocurre en las ciencias, sino que crean un campo complejo de relaciones de oposición abierto y de juegos indirectos.
Por ejemplo, tratándose de los colores, lo opuesto a una mancha roja es una mancha azul no menos que una mancha amarilla: los colores básicos irreductibles entre sí no son dos, sino tres. Más aún, estos colores básicos se encuentran los tres en relación de oposición con el negro y con el blanco, que a su vez son opuestos entre sí. O tratándose de las figuras perceptibles, el círculo se opone al cuadrilátero tanto como al triángulo, y el punto a la línea no menos que al volumen. En el drama, el personaje liberal se opone al avaricioso tanto como al pródigo y al nuevo rico. Tratándose de sonidos musicales -y refiriéndonos sólo a la cultura occidental-, hay siete sonidos perceptibles como tonos completos, que pueden combinarse entre sí armónica o disarmónicamente.
En cambio, si en la ciencia Física, por ejemplo, un fenómeno se explica con ayuda del modelo corpuscular, no puede ser explicado al mismo tiempo de acuerdo con el modelo ondular. Al menos, como cuando se trata de la luz, si nos vemos obligados a explicar diferentes aspectos de un mismo fenómeno con la ayuda de modelos opuestos, debemos admitir que la naturaleza final, real del fenómeno permanece ignota para nosotros.
Algo análogo sucede con la lógica de la vieja política, para la cual la afirmación del Reino Unido, o de España, o de Alemania, o de Turquía en Europa equivalía a la negación -en términos de política pragmática: aniquiliación- de Irlanda, de los Países Bajos, del pueblo judío, de Grecia.
Esta lógica política forma parte del pasado; en nuestros días, la lógica creativa de las producciones artísticas señala el camino hacia la composición de oposiciones múltiples entre partes o partidos que, tomados como elementos no binarios de un conjunto más amplio, no son enteramente contrarios entre sí ni enteramente contradictorios: las oposiciones son siempre relativas, abiertas a ulteriores determinaciones a cuenta de otros elementos y paralelas a unas fuerzas de atracción que, por lo mismo, tampoco son exclusivas sino abiertas a posibles contradicciones parciales y llamadas a crear síntesis superiores, al modo de las buenas obras de arte.
Que en el espacio político europeo actual intervengan veinticinco unidades nacionales, cada una con sus propios intereses, con sus viejas amistades y sus enemistades viejas; con sus nuevos socios y sus secretos o declarados competidores; con inéditas vías de circulación, central o periférica: toda esa diversidad de la multiafirmación particular y de la multinegación también particular es la condición de posibilidad de un juego constructivo a partir de elementos opuestos y sin embargo constituyentes de un espacio de convivencia atractivo y sólido.
Finalmente, las artes prometen que en Europa recuperaremos el espacio público para la religión. No, desde luego, para el uso monopolístico de una religión oficial, sino para la tolerancia mutua de variadas y numerosas prácticas y ritos religiosos, unas privadas y otras públicas. Esto hará justicia al sentir de aquellos ciudadanos para los cuales la religión es importante civilmente, sin inquietar al mismo tiempo a aquellos otros que se reconocen «faltos de oído musical en materia religiosa» (L. Tolstói) o a aquellos que simplemente quieren negar la existencia de Dios, lo mismo en público que en privado: si la esfera pública no está enteramente consagrada al teísmo o al ateísmo, al judaísmo o al mahometanismo, a la mentalidad protestante o a la mentalidad católica, sino a todos ellos por igual, la religión en su conjunto creará en Europa un escenario público más rico, más ampliamente diferenciado y por tanto más atractivo y hermoso.
Rafael Llano, director durante los últimos siete años de Nueva Revista, ha decidido dedicarse por entero a sus labores docentes como profesor de la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense. Rafael, doctor en Filosofía con una memoria sobre Max Weber y autor del trabajo sobre el sociólogo alemán La sociología comprensiva como teoría de la cultura, posteriormente traducido y publicado en alemán, se incorporó en 1997 al Consejo de Dirección de la revista formado entonces por Manuel Barranco Mateos, Manuel Fontán de Junco y Javier Gomá Lanzón. Fue entonces cuando inició un extenso elenco de artículos de sociología y de filosofía de la cultura, centrados en países de la Europa Oriental y del Sur: Rusia, Grecia… A ellos se suman además aquellos que han sido fruto de su especial interés por las grandes figuras del mundo del arte: desde Dostoievski hasta Picasso, pasando por Bresson, Strand o Turguénev.

Años más tarde, en julio de 2000, asumió en solitario la dirección de la revista desarrollando una excelente labor que se ha visto reflejada en una adaptación de la publicación a los nuevos tiempos. Más de la mitad de la historia de Nueva Revista ha pasado por sus manos, y treinta y tres de nuestros ya ciento tres números han sido obra suya, como bien saben los miembros del Consejo Editorial y nuestros colaboradores.
En este largo periodo de tiempo, Rafael ha compartido con nosotros sus múltiples facetas. No sólo sus conocimientos filosóficos y culturales sino también su pasión por el realizador de cine soviético Andrei Tarkovski. La obra del cineasta ruso le llevó a trabajar en una monografía que finalmente fue publicada en dos volúmenes por la filmoteca de la Generalitat Valenciana, con prólogo de Víctor Erice, y que le valió la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos en 2003 por la mejor contribución literaria al cine.
En esta nota editorial hemos querido incluir la portada del número en el que Rafael se hizo cargo de la revista y la del último número en el que ha ejercido como tal. La primera —el número 70 (julio-agosto 2000)— fue un epecial sobre la Sociedad del Conocimiento que tuvomucho éxito entre los lectores y obtuvo el Premio Autel a la Difusión de las telecomunicaciones.
Además de su completa formación humanística, Rafael ha puesto de manifiesto en Nueva Revista su excelente calidad humana en el trato diario con los más cercanos y en su preocupación por los temas sociales, la defensa de los valores y de la dignidad del ser humano.
A partir de ahora Rafael pasará a formar parte del Consejo Editorial. Desde Nueva Revista, queremos agradecerle toda su labor de estos años y desearle, por supuesto, lo mejor en su carrera académica. Como queda patente en este número, seguiremos contando con sus valiosas colaboraciones, su talento y su experiencia.
Gracias, Rafael.
Los centenarios y otras conmemoraciones semejantes ofrecen ocasión para reflexionar sobre acontecimientos del pasado y la huella que han dejado en la historia hasta el momento presente.
QUINIENTOS AÑOS DE COLÓN
En este 2006 se cumplirán quinientos años de la muerte en Valladolid, el 19 de mayo, de Cristóbal Colón, el famoso «descubridor» del Nuevo Mundo, el orbis novus que decían en la lingua franca que era entonces el latín los escritores y los políticos de la época.
Desde poco después de su hazaña marinera, Colón fue reconocido en España y en todo el mundo como uno de los grandes de la humanidad. Sus excepcionales dotes humanas, su tenacidad y su energía, su ambición y sus acreditados saberes de la mar, su firme convicción de estar llamado por la providencia a un glorioso destino y el trascendental éxito de sus navegaciones hicieron pronto de su figura y de su obra patrimonio de la humanidad. Fue el primer marino que cruzó el Océano -el mare tenebrosum de los siglos precedentes- y fondeó sus naves en la otra orilla. Con él y con sus hechos dio principio la Edad Moderna, que desde el «descubrimiento» viviría Europa a la par con el «nuevo mundo» del oeste del mar.
Gracias a ello la milenaria civilización grecorromana y cristiana ha llegado a cubrir tres veces más espacio que en la edad anterior. En los cinco siglos del XVI al XX, el Atlántico, como llamaría Cicerón -quizá en homenaje a su admirado Platón y a la mítica isla del Timeo– al mar que bate las costas de Europa y de África, se convirtió en el nuevo Mediterráneo, el nuevo mare nostrum del mundo occidental.
Poco importa a estos efectos que, con las tres naves y los hombres que puso a su disposición la Corona de Castilla, Colón, en su primer viaje, se encontrara con unas tierras distintas de las que él buscaba, que estaban bastante más lejos de lo que se creía y que, como se supo después, tenían por medio el nuevo continente y un mar mucho mayor que el que había atravesado con las carabelas andaluzas el recién nombrado Almirante de la Mar Océana. En todo caso, es oportuno en este año del centenario colombino recordar que, como él mismo gustaba de repetir, «el nuevo mundo estaba ahí, y antes de mí nadie dio con él, pero después de mí todos se lo encuentran ya descubierto».
RECUPERAR EL ATLANTISMO
Los hechos de Colón son hechos españoles. Durante siglos han sido españoles los que trabajaron y se establecieron en más de medio continente americano, llevaron allí misiones y escuelas, enseñaron la lengua castellana, y vivieron y sufrieron la misma historia que sus compatriotas, los peninsulares de Europa. De vez en cuando, desde la independencia americana de principios del siglo XIX se levantan voces, indigenistas o no, de acerba crítica a la gestión de gobierno o a los abusos ocurridos durante la colonización. En no pocos casos tienen razón. Pero es toda la historia de la humanidad la que está plagada de dolores y de errores. En la cuenta final de la obra de España en América, la realidad -siempre insatisfactoria, como toda obra humana- es que ahí están casi cuatrocientos millones de hombres y mujeres que hablan nuestra lengua y tienen en común con los hispanos de Europa una de las grandes culturas que ha creado y desarrollado el género humano.
Esos hispanos de América, con sus hermanos «lusitanos» de Brasil y los anglosajones del norte, cristianos y europeos también, junto a las naciones del viejo continente, cierran el cuadro de los pueblos que han determinado esa hazaña histórica que es la existencia del llamado mundo occidental, con tradiciones espirituales y costumbres compartidas y un común respeto por los valores éticos y sociales que hacen de estas naciones atlánticas, con todas sus deficiencias, un conjunto bastante homogéneo, casi diríamos unitario, y en todo caso bien diferenciado, de los otros grandes espacios culturales del presente y el futuro de la humanidad «globalizada». En muchos importantes aspectos superior a ellos, como prueba la historia de estos siglos.
La vocación atlántica debería ser una de las principales direcciones históricas que tendría que seguir la política exterior española, por tradición y por afinidad y también por interés y por responsabilidad histórica. Otras naciones de la Unión Europea, quizá podría decirse la mayoría de ellas, salvo Inglaterra y Portugal, son sólo de este continente -la Guayana francesa, Haití y unos departamentos insulares galos cuentan poco-. Fuera de él tienen relaciones políticas, económicas y culturales, y ese elemento básico de comunidad que es compartir unos principios de antropología y ética humanista -derechos humanos y dignidad de las personas, valores sociales de solidaridad, democracia y libertades públicas y privadas-.
El caso de España es diferente. Los pueblos de la América latina son nuestros pueblos. Su gente es nuestra gente. En las metrópolis hispanoamericanas hay más españoles que en la mayor parte de nuestras ciudades. Hasta tiempos recientes se mantuvo una cierta corriente migratoria hacia las orillas orientales del Atlántico: gallegos, vascos, cántabros, asturianos, canarios han seguido trasladándose a aquellas acogedoras repúblicas en la primera mitad del siglo XX, antes de la guerra civil, y luego en mayor número los políticos e intelectuales republicanos exiliados de España que encontraron allí nuevos hogares y en muy destacados casos prestaron meritorios servicios a la cultura de aquellas naciones.
El atlantismo hispano se ve en estos dos últimos años puesto en riesgo por la política manifiestamente contraria u hostil a los Estados Unidos que se postula y se practica, con evidente torpeza, desde el actual ejecutivo socialista. Podría decirse que es más una política de gestos que de hechos, más retórica y de signos que de acciones efectivas, pero esa es quizá la única política que una nación de nivel medio puede hacer contra un gigante del que no se quiere ser amigo.
Ahora se han invertido las tornas de los movimientos hispanos de uno al otro lado del Atlántico. Los españoles no emigran y los «latinoamericanos» de las diversas nacionalidades y etnias -blancos, mestizos «cuarterones», indios, «morenos»- invaden las ciudades españolas, donde actualmente se encuentra casi un millón de ellos; en muchos casos con las familias total o parcialmente aún en su lugar de origen, en espera de reunirse según las circunstancias laborales lo permitan en un lado o en otro. Esos «hispanos» transatlánticos son en general bien recibidos aquí, donde la eventual integración está más que facilitada por la comunidad de lengua, de religión y de hábitos sociales.
Una política atlantista española constructiva es difícilmente compatible con una política verbal o de pequeños hechos antinorteamericana en aquellas repúblicas del sur del continente. Muchos gestos y ciertas acciones del Gobierno parecen diseñados para incomodar al gigante americano sin ventaja para nadie, y menos para España, que no ganaría nada y perdería mucho convirtiéndose en una especie de cuarta pata europea del claudicante trípode que forman la dictadura comunista de Cuba, la vocación de «banquero del petróleo» del otro dictador populista de Venezuela y la nuez por cascar del recién elegido presidente indigenista y reivindicativo universal de la república «mediterránea» de Bolivia.
Una rectificación esclarecedora de la política antiatlantista de un gobierno que se sienta en los gabinetes y en los cuarteles generales de la OTAN es una urgente asignatura pendiente del actual ejecutivo.
EL RESPETO POR LAS LIBERTADES
Los responsables del poder de una nación, es decir el parlamento y los ministros con su presidente al frente, suelen tener que abordar unas cuestiones de Estado y unos asuntos de gobierno. Estos últimos son más hacederos. Pueden en otra coyuntura parlamentaria recibir unas soluciones distintas e incluso contrarias a las anteriores. Se suelen resolver por la regla de las mayorías, pero son de más delicado tratamiento cuando se trata de materias en las que se juega el futuro como ocurre con la educación y la cultura, en el más amplio sentido de este término.
Las leyes educativas españolas han de hacer posible -y no especialmente dificultoso- que se cumplan los artículos 16 y 23 de la Constitución que amparan «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». En España, donde mucho más de la mitad de la ciudadanía se reconoce católica, es exigible que en todos los centros, si los padres de los alumnos lo desean, se enseñe la religión católica, sea público o privado el colegio, y que ésta sea una asignatura de verdad, es decir evaluable.
El amparo y el respeto a valores morales -de la moral cristiana y de la natural- son también unos principios por los que deben velar los responsables del poder. No ha dejado de penetrar en ciertos sectores de nuestra sociedad ese aparentemente novedoso relativismo del «vale todo» que en algunas culturas occidentales ha superado en permisividad al más relajado epicureísmo de la Antigüedad. Los poderes públicos han de respetar todas las libertades, pero sin que el Estado y las autoridades promuevan o fomenten acciones antisociales ni miren para otro lado cuando habría que velar por las libertades de todos, no sólo por los transgresores de la libertad.
VOLVER AL CONSENSO
Las cuestiones de Estado van a estar planteadas con cierta urgencia y gran visibilidad en los próximos meses. Su análisis, discusión y soluciones exigen un amplio consenso para el que no es suficiente la actual mayoría parlamentaria gubernamental ni aunque se le sume alguno más de los grupos menores, que no son de estricta obediencia socialista. Con arreglo a la letra de la Constitución sería posible aprobar la reforma de un estatuto de autonomía con una mayoría de un solo voto de los diputados del Congreso, incluso aunque el Senado hubiera opuesto un veto. Pero es de sentido común y de respeto a los ciudadanos que las cosas no se hagan así. Y menos aún con un mayoría parlamentaria prendida con alfileres y expuesta a toda clase de cambalaches de cromos al votar. Menos aún todavía si se hace en unas Cortes Generales, como sería en las nuestras, a las que apenas quedaría año y medio de existencia cuando se sustanciaran finalmente el proceso de los sucesivos trámites, con las incertidumbres de los referendos y la espada de Damocles del Tribunal Constitucional sobre la cabeza de las decisiones parlamentarias. Operaciones políticas paraconstitucionales de la envergadura histórica del que sus ponentes llaman nuevo estatuto catalán sólo se podrían acometer, si fuera preciso, con un consenso como el del 78 y poca gente en contra.
El Gobierno actual, con sus palabras, sus gestos y los compromisos adquiridos en la compraventa de votaciones parlamentarias a que le obliga su precaria mayoría, más las resistencias internas que se advierten en las filas de su propio partido no parece estar en condiciones de salir él solo del laberinto de Creta en que se ha metido. Si no hay una generosa Ariadna que le tienda un hilo se quedará en la caverna del Minotauro.
La «rigidez» es sin duda -junto con su carácter de «marco»- una de las características que justifican la existencia de un texto constitucional. De ambos elementos cabe derivar una consecuencia doble, que no parece superfluo recordar en el actual escenario de revisión del durante veinticinco años ensalzado Estado de las Autonomías. Todo ordenamiento jurídico se autopresenta como un «mínimo» ético. No aspira a producir ciudadanos perfectos, felices o santos, sino a garantizar sólo un marco de convivencia; dentro de él cada cual podrá decidir si -y cómo- le interesa ser perfecto, feliz o santo. Como fundamento del ordenamiento jurídico, la Constitución se limita también a establecer unos límites -rígidos, por supuesto- por debajo de los cuales los ciudadanos quedarían bajo mínimos.
RIGIDEZ CONSTITUCIONAL
La aludida «rigidez» no es sino la garantía de que tales límites no se verán supeditados ni cronológica ni espacialmente. No podrán ser cuestionados por mayorías parlamentarias coyunturales, ni estarán a disposición de quienes habiten en parte del territorio, sea cual sea su número o su denominación de origen. Baste recordar cómo el artículo 87.3 de nuestra Constitución, tras exigir no menos de quinientas mil firmas acreditadas para que pueda ponerse en marcha una «iniciativa popular», excluye la posibilidad de que pueda plantearse en materias propias de ley orgánica -derechos fundamentales, ámbito de juego de los poderes del Estado…- o «tributarias» -la tan debatida financiación-.
Como -aun siendo rígida- la Constitución pretende ser sólo un marco delimitador de mínimos, entra en juego el llamado «principio de conservación de la norma». Como muestra del respeto que le merece el poder legislativo, el Tribunal Constitucional buscará afanosamente siquiera una posible interpretación que permita considerar constitucional lo que ha sido fruto de sus tareas; aun admitiendo que otras interpretaciones del mismo texto lo situarían bajo mínimos. Igualmente, el Tribunal sólo se considerará llamado a subsanar vulneraciones efectivas de la Constitución y de los derechos por ella protegidos, renunciando tajantemente a intervenir para soslayar el riesgo, por obvio que resulte, de que lleguen a verse vulnerados.
Parece oportuno resaltarlo, para no depositar desorbitadas esperanzas en que el Alto Tribunal pueda poner remedio a determinadas irresponsabilidades políticas, una vez convertidas en ley. Si se diera tal escenario, la presunta rigidez constitucional puede acabar convertida en alarmante «flacidez». Arquetípico al respecto resulta el vigente sistema de elección de doce jueces como vocales del Consejo General del Poder Judicial. El Constitucional dictaminó en su día que su elección por las Cortes -y no por los jueces mismos, como se diseñó y llevó originariamente a cabo- sería inconstitucional si reflejara el juego de las fuerzas políticas presentes en las Cámaras; que es lo que reconocidamente viene ocurriendo a través de las notorias cuotas partidistas. Al estimar, sin embargo, que ello no tenía por qué producirse necesariamente, optó por no dictaminar una vulneración formal. Si la Constitución se está hoy viendo vulnerada, no formal pero sí de manera fáctica, un día sí y otro también, queda a juicio de cualquier sagaz observador.
CONSTITUCIONALIDAD: CONTROL O PRONÓSTICO
El asunto no es baladí. Se aludió reiteradamente, en el arranque de la elaboración del proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña, a los dictámenes emitidos sobre su constitucionalidad: bien al del Consejo Consultivo de la Generalitat, que para algunos parece hacer superflua la intervención del Tribunal Constitucional; bien al elaborado para el partido socialista por cuatro catedráticos de Derecho constitucional. Parecía darse por hecho que en ellos se señalarían qué aspectos del texto del proyecto desbordaban o no el rígido marco constitucional; no creo que así fuera. En realidad pronosticaban más bien las posibilidades existentes de que el Alto Tribunal llegara -tras respetar, con la máxima flexibilidad, el principio de conservación de la norma- a dictaminar una ineludible vulneración. Aun dentro de ese horizonte de previsión, uno y otro han llegado a barruntar por decenas, vulneraciones difícilmente soslayables.
Esto no hace sino agravar la responsabilidad de quienes, desde esos poderes legislativos tan delicadamente respetados, vienen jugando uno y otro día con fórmulas que de modo deliberado desafían abiertamente el marco constitucional. Más aún cuando los grupos con los que pactan no ocultan su intención: dar paso a una nueva ley de la reforma política; pero no para posibilitar una transición del autoritarismo a la democracia, sino para catapultar a una comunidad autónoma desde el marco constitucional a un extrarradio secesionista.
La posibilidad de que esa previsible y obligada flexibilidad de un futuro control de constitucionalidad acabe degradando dicho marco a la pura flacidez es elevada. A los cerebros jurídicos de la operación hay que agradecerles, al menos, una encomiable sinceridad.
Carles Viver, considerado mentor del proyecto, no oculta la situación: «Tras el paso por Doménico Scarlatti -donde fuera magistrado constitucional-, para mí cada vez hay menos "cosas" inconstitucionales». Tras esta declaración de principios llega como conclusión la apoteosis de la flacidez. Dado que una reforma de la Constitución exige un trámite tan complejo como detallado, empeñarse en hacerlo cumplir «supondría supeditar la resolución del problema planteado» -las pretensiones nacionalistas- «a una circunstancia política» -la falta del necesario acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales-. Francisco Balaguer, que prestigia al no muy conocido cuarteto al que acabaron acudiendo -al menos explícitamente- los responsables socialistas, es aún más claro: «Desde luego, la opción por racionalizar el Estado Autonómico resolviendo sus problemas estructurales no tiene más que un camino posible: la reforma constitucional»; pero «si tenemos en cuenta que el consenso entre las dos grandes formaciones políticas del Estado va a ser necesario», «mientras esa reforma constitucional no sea posible», «su inviabilidad no puede condicionar el desarrollo de las reformas estatutarias». Aún más claro: sería deseable que, «si la reforma constitucional se sigue manifestando como una vía imposible de seguir en la actualidad, se estableciera algún tipo de fórmula de coordinación de las reformas estatutarias»1.
Flácido silogismo: el rígido marco constitucional quiso hacer muy difícil la reforma de aspectos básicos de su texto; es así que ahora constatamos la dificultad del empeño; luego qué menos que tomarse políticamente dicho texto a beneficio de inventario. El rígido marco constitucional ha venido condicionando el ámbito de juego estatutario; en adelante deberán ser los estatutos los que acaben decidiendo dónde comienza y dónde acaban sus perfiles, dotados ahora de nebulosa contextura: si sale con barbas, tendremos un San Antón; si no, lo vendemos como Purísima Concepción. Siempre habrá algún devoto que se anime. De ahí que, cuando se pretende tranquilizar a la ciudadanía garantizando que este Estatuto -y los que ya van haciendo cola- será constitucional, lo razonable sea echarse a temblar: qué acabará diciendo la pobre Constitución después de que cada cual haga de su capa un sayo.
Quizá no resulte excesivo preguntarse por qué hemos de embarcarnos en una arriesgada caída al vacío. Hay quien justifica este puenting constitucional porque el Estatuto tiene ya veinte años, estableciendo así una inquietante y periódica fecha de caducidad. Pero, cuando los expertos resumen los motivos que justificarían la reforma, parece que acaban confundiendo el tocino con la velocidad; helos: «Es notorio que en los últimos años se han producido -¿sólo en Cataluña?- múltiples cambios que afectan a nuestra realidad política y social: la integración europea, la inmigración, el desarrollo de las telecomunicaciones, el envejecimiento de la población». Por lo visto es la solución de estos problemas la que convierte en «lógico» que muchos de los cambios requeridos «para atender más eficazmente a las demandas de los ciudadanos se manifiesten como iniciativas de reforma estatutaria». Curiosa exposición de motivos…
FUNDAMENTALMENTE DESIGUALES
En este contexto, no deja de llamar la atención el claro interés en hacer llegar a la opinión pública la idea de que sólo están en juego dos cuestiones: si España se convertirá en un bazar de naciones y quién acabará costeando las exigencias de solidaridad, satisfechas hasta ahora -parece olvidarse- con fondos europeos. Siendo muy graves ambos problemas, se están ocultando así otros hasta el punto de aplicar en algún caso silencio informativo a enmiendas formalmente ya planteadas al respecto.
Pretenden fabricarnos un Estado cuyos ciudadanos no gozarán de idénticos derechos fundamentales. Se debe por lo visto a pobreza imaginativa y no a aplastante sentido común, que el Estatuto de mi Andalucía natal dedique al asunto un modesto epígrafe de su artículo 11: «Los derechos, libertades y deberes fundamentales de los andaluces son los establecidos en la Constitución»; así de fácil. Los redactores del proyecto que comentamos, convencidos sin duda de que son más que un club, han preferido no quedarse cortos: cinco capítulos, con un total de cuarenta artículos -reiterativos, eso sí, hasta la saciedad- se dedican a «derechos, deberes y principios rectores».
Viver reconoce que la cuestión «suscita» algunos problemas. Piensa que cabría resolverlos entendiendo tales artículos como «norma dirigida primordialmente a los poderes públicos de Cataluña»; sobre todo, si «se trata en su mayoría de derechos distintos de los derechos fundamentales proclamados en la Constitución»2. Lamentablemente, nada más ajeno a la realidad. Se abordan, uno tras otro, todos los derechos reconocidos en la Constitución, dándoles redacción y alcance diverso. En consecuencia, el poder judicial -único no compartimentado autonómicamente en nuestra Constitución- se verá obligado a aplicar en Cataluña, a la hora de garantizar los más fundamentales derechos, textos normativos distintos de los de la Constitución. Ello generará inevitablemente dos jurisprudencias paralelas, lo que en la práctica acabará implicando la existencia de un nuevo poder judicial autonómico delimitador de derechos. Para Balaguer las identidades autonómicas parecen cobrar fuerza telúrica: «La incorporación de derechos a los Estatutos debería formar parte también de las señas de identidad de la comunidad constitucional que el Estatuto define».
«UTÓPICA» FLACIDEZ
Dado que es «la nación catalana» la que «ha construido un sistema de derechos y libertades», los ciudadanos no deberían olvidar para qué los tienen: «Estos derechos se ejercen conjuntamente con la responsabilidad individual y el deber cívico de implicarse en el proyecto colectivo, en la construcción compartida de la sociedad que se quiere alcanzar». Derechos pues en beneficio del grupo, y no frente a unos poderes santificados por él.
Aunque este mismo preámbulo no se priva de señalar que «el derecho catalán es aplicable de forma preferente», cabría aducir que el texto constitucional seguirá demarcando rígidamente el ámbito de estos derechos. Por desgracia, los redactores del proyecto han abierto unas vías de flacidez, que no respetan siquiera los valores superiores del ordenamiento. Como los cuatro recogidos por el primer artículo de la Constitución les saben a poco, añaden «la solidaridad, la cohesión social, la equidad de género y la sostenibilidad».
Hay derechos, nada irrelevantes, respecto a los que ya existe clara doctrina sentada por el Tribunal Constitucional. Así ocurre, desde 1985, al establecerse que -en casos de aborto- ha de ponderarse la vida del no nacido, como bien constitucionalmente protegido, con los derechos de la mujer; sin establecer a priori una jerarquía a favor de uno de ellos. El artículo 41.5 del proyecto impone por su cuenta una diáfana jerarquía: «Los poderes públicos deben velar para que la libre decisión de la mujer sea determinante en todos los casos en cuanto a las cuestiones que puedan afectar a su dignidad, integridad y bienestar físico y mental, en particular en lo que concierne al propio cuerpo y a su salud reproductiva y sexual». Ya me contarán qué hará el buen juez de turno.
También en lo relativo a educación pueden acabar teniendo los catalanes derechos dispares a los del resto de los españoles. Quizá sea el afán de «establecer un modelo educativo de interés público» (Art. 21 del Proyecto), el que lleve a olvidar que los poderes públicos «ayudarán» a los centros docentes que reúnan determinados requisitos (Art. 27.9 CE), haciendo que todo quede en un nada sinónimo «pueden ser sostenidos». Dado que «todas las personas tienen derecho a disponer, en los términos y condiciones que establezcan las leyes, de ayudas públicas para satisfacer los requerimientos educativos», nada parece impedir que en Cataluña el régimen de centros concertados, abiertos a todos los alumnos, pueda verse sustituido por la mera asignación de becas a quien las precise -en centros públicos, por supuesto-. Como colofón, se pretende hacer misteriosamente factible la garantía del derecho de los padres a que «sus hijos e hijas reciban la formación religiosa y moral que vaya de acuerdo con sus convicciones en las escuelas de titularidad pública», pese a que en ellas «la enseñanza es laica».
Curiosamente, ese continuo paralelismo entre los derechos fundamentales de españoles y catalanes se rompe al llegar a uno; y no a cualquiera, sino al segundo de la relación constitucional. Los catalanes verían sustituida la libertad religiosa por una invitación a la alianza de civilizaciones. Pasen y lean (Art. 42.7 del Proyecto): «Los poderes públicos de Cataluña deben velar por la convivencia social, cultural y religiosa entre todas las personas en Cataluña y por el respeto a la diversidad de creencias y convicciones éticas y filosóficas de las personas, y deben fomentar las relaciones interculturales mediante el impulso y la creación de ámbitos de conocimiento recíproco, diálogo y mediación. También deben garantizar el reconocimiento de la cultura del pueblo gitano como salvaguarda de la realidad histórica de este pueblo». No sé si a los gitanos les llegará a entusiasmar.
Como en ningún caso nos hallaremos ante vulneraciones constitucionales necesariamente consumadas, flacidez mediante, tendría que ser Estrasburgo quien acabara poniendo orden en un pintoresco Estado con más de una decena de cartas de derechos fundamentales. Pero que nadie se preocupe; lo que hay en juego, según se nos pretende hacer creer, es un mero problema de financiación. Los catalanes, ya se sabe…
NOTAS
1 En C. Viver PiSunyer, F. Balaguer Callejón y J. Tajadura Tejada, La reforma de los Estatutos de Autonomía. Con especial referencia al caso de Cataluña, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005, págs. 14 y 13, así como 4142 y 54. Tajadura se desmarca claramente, en la pág. 72, de estas propuestas de «auténtica mutación constitucional».
2 Cfr. en esta y subsiguiente ocasión las págs. 31 y 32, así como la 53, de la obra ya citada.
Si algo ha quedado claro en el ya largo procedimiento de oferta pública de adquisición de acciones de Endesa por parte de Gas Natural es que el asunto va mucho más allá de una simple operación mercantil. Y el hecho de que, desde el Gobierno, se insista una y otra vez en que la operación no tiene componente político alguno sólo sirve para reforzar la idea de que lo cierto es justamente lo contrario. Y el tema es grave, no sólo porque este gobierno haya intervenido de forma abierta en la OPA, sino también porque, para ello, no ha dudado en utilizar en su propio interés instituciones de las que, en principio, debería esperarse un mínimo de neutralidad política; y el resultado de una parcialidad tan manifiesta no puede ser otro que la pérdida de credibilidad de tales organismos en un grado tal que difícilmente podrán recuperarla en mucho tiempo.
El pasado mes de noviembre conocimos el dictamen de la Comisión Nacional de la Energía sobre esta OPA; y a nadie sorprendió, desde luego, el hecho de que el informe de la Comisión fuera muy favorable a los intereses de Gas Natural, cuya estrategia en ningún momento ha dejado de apoyar el gobierno. Como tampoco extrañó que los votos a favor de este documento fueran los de los cuatro miembros nombrados por el PSOE y el del consejero nombrado a instancia de Convergencia y Unión. Estaba en el guión y habría sido realmente extraño que las cosas pudieran haber tomado un rumbo diferente.
No voy a profundizar en este artículo en los aspectos técnicos de esta OPA. Mi opinión como economista que ha dedicado bastante tiempo al estudio de problemas de organización industrial es que la desaparición de un operador en un mercado oligopolístico en el que existen fuertes barreras de entrada y serios problemas de apertura al exterior supone una seria amenaza para la competencia; y que las ventas propuestas por Gas Natural no constituyen un freno suficiente para evitar posibles abusos futuros de posición dominante. Pero poca duda cabe de que la cuestión es compleja y de que tanto Gas Natural como el consejo de administración de Endesa pueden presentar argumentos de peso a favor de sus particulares posiciones. Mi reflexión se dirige, en cambio, a un problema mucho más general, y de mayor calado, del cual las actitudes del gobierno español y de la Comisión Nacional de la Energía constituyen sólo una manifestación más. La cuestión relevante no es que un organismo público adopte, en un momento concreto, una decisión determinada, que favorezca o perjudique a una determinada empresa o grupo social. Lo grave es que sepamos con certeza que, en aquellos órganos cuyos miembros nombra el gobierno, no existe la menor posibilidad de que se adopte alguna decisión, del tipo que sea, que no haya sido dictada previamente por aquél. Por ello resulta increíble que, desde el Ministerio de Economía, se formularan en su día quejas por la actitud de quienes, desconfiando de los reguladores españoles, encontraban la única posibilidad de un análisis imparcial del caso en la Comisión Europea. El vicepresidente económico llegó incluso a considerar «lamentable» tal actitud. Pero lo lamentable no es que la gente piense y diga abiertamente que no cree en la supuesta imparcialidad de la Comisión Nacional de la Energía y de otras instituciones similares. Que estos organismos no actúan con independencia lo sabe el vicepresidente al igual que lo sabe todo el mundo. Así son las cosas y si se quiere encontrar una solución a un problema que considero muy grave no deberíamos tratar de ocultar la realidad con argumentos poco serios.
A principios de enero se hizo público el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia sobre la OPA. En este caso el dictamen ha sido muy contrario a los intereses de Gas Natural, ya que en él se recomienda expresamente al gobierno que prohíba la operación por suponer ésta una grave amenaza a la competencia en el sector de la energía en nuestro país. Parece, por tanto, que, en este caso, el tribunal ha adoptado su decisión sin ceder a las presiones del ejecutivo. ¿Significa esto que estamos ante una institución realmente independiente, en cuya imparcialidad futura podemos confiar? No, por desgracia. La única diferencia entre la Comisión Nacional de la Energía y el Tribunal de Defensa de la Competencia es que, en este último, al gobierno todavía no le ha dado tiempo a nombrar un número suficiente de vocales como para alcanzar la mayoría. Y nadie duda de que, tan pronto como llegue el momento de sustituir a algunos de los vocales actuales, se nombrará a personas de fidelidad probada que voten en línea con las preferencias de quienes les dieron el cargo. Es sólo cuestión de tiempo. El hecho de que dos de los tres miembros del tribunal que votaron en contra del informe mayoritario fueran precisamente las dos únicas personas que este gobierno ha nombrado refleja, con bastante claridad, en qué situación nos encontramos y cuál va a ser la evolución futura de esta institución.
Y no se trata de criticar aquí a un gobierno o a un partido concreto. Sinceramente me gustaría poder hacerlo y pensar que lo que está ocurriendo es sólo un hecho excepcional y que las cosas cambiarán en el plazo de unos años. Pero no es así. Lo que está sucediendo demuestra que, tras casi tres décadas de democracia, nuestro país ha sido incapaz de crear instituciones que puedan actuar con un mínimo de independencia frente al partido que nombra a sus miembros. Y una prueba más de que nuestro sistema funciona muy mal en este aspecto es que todo el mundo da por supuesto que esto es inevitable y a nadie le extraña. Vivimos en una nación en la que la prensa, las emisoras de radio y los restantes medios de comunicación hablan de los miembros de las comisiones reguladoras, de los vocales de los consejos audiovisuales o de los magistrados del Tribunal Constitucional como de personas sujetas a la disciplina de partido, de quienes nadie espera otra cosa que el voto favorable a los intereses de quienes en su día les nombraron. Si algún miembro de estas instituciones tratara de actuar de forma realmente independiente sería considerado, seguramente, como un tipo excéntrico al que no habría que hacer demasiado caso. Y si hubiera un cambio de partido en el gobierno de la nación y éste se esforzara en conseguir que los organismos reguladores actuaran con verdadera autonomía, sería tachado de ingenuo y se le pronosticaría poco tiempo en el poder. ¿A quién se le ocurriría luchar por la independencia en las grandes instituciones del país, cuando sabido es que el partido que le sustituya en el gobierno va a hacer todo lo posible por utilizarlas en su propio beneficio?
Ya no se pretende siquiera disimular. Si, al menos, se tratara de aparentar que las cosas son de otra manera, no se nombraría a ex diputados para presidir, por ejemplo, el Tribunal de Defensa de la Competencia o la Comisión Nacional de la Energía. Si esto se hace, se debe, sin duda, a que la imparcialidad de tales organismos preocupa muy poco y que lo que se busca es situar en los puestos relevantes a personas que tengan reconocida fidelidad al poder en cada momento. Que el precio a pagar sea que los españoles cada vez crean menos en sus instituciones y que, para la gran mayoría de nuestros conciudadanos, es lo mismo presidir un órgano regulador supuestamente independiente que desempeñar un cargo en el gobierno no parece despertar preocupación alguna. Sinceramente, visto lo visto, ¿qué hemos ganado con el hecho de que, en el papel, no sea el gobierno el que tome de forma abierta determinadas decisiones y que sea un órgano falsamente imparcial quien lo haga? ¿Qué diferencia hay entre lo que está sucediendo en la actualidad y nuestro viejo sistema en el que el ministro o el director general de turno adoptaban las medidas que consideraban pertinentes sin mayores problemas?
Sé que la solución no es fácil, y por ello soy bastante pesimista. Lo que pudo haberse hecho en su momento con la colaboración de todos resulta hoy muy difícil, una vez que la práctica política se ha orientado por caminos tan poco recomendables y -lo que es aún más preocupante- una vez que casi todo el mundo considera normal, o al menos inevitable, que un gobierno pretenda aparecer como un árbitro imparcial tras haber saltado al campo con la camiseta de uno de los equipos que juegan el partido.
DEL LAICISMO HOSTIL A LA LAICIDAD POSITIVA
Se observa hoy un discreto renacer de la noción de laicidad como contrapuesta a laicismo. El concepto emergente haría referencia a una laicidad nueva, de modo que se observa un esfuerzo para repensarla. Se entiende así que el Tribunal Constitucional español haya puesto el acento en su vertiente positiva, recalcando que la aconfesionalidad -laicidad- del Estado no implica que las creencias y sentimientos religiosos no puedan ser objeto de protección sino que, antes al contrario, el respeto de esas convicciones se encuentra en la base de la convivencia democrática. Frente a ella, todavía en España el laicismo negativo quisiera volver a encerrar a Jonás en el oscuro vientre de la ballena, es decir, relegar los sentimientos religiosos al plano privado, vetando su presencia en la plaza pública. Por decirlo con otras palabras, lo que antes podría aparecer como garantía de una libertad común, se está transformando en una ideología que empieza a hacerse dogmatismo, poniendo en peligro la libertad religiosa.
CONVICCIONES SINCERAS Y «ANTIMERCANTILISMO MORAL»
En la actualidad se vislumbra el peligro de dos fuerzas contradictorias entre sí, pero ambas igualmente peligrosas para la democracia pluralista y para un Estado -como el español- que quiera conservar su identidad. La primera es la que desarrolla en bastantes estratos de la población lo que viene denominándose el «antimercantilismo moral»; la segunda que, como reacción ante una conciencia civil vacía de todo valor religioso, se produzca un renacer de esa enfermedad del alma religiosa que hoy se denomina fundamentalismo. El «antimercantilismo moral» se ha definido como el miedo, por parte de las Iglesias y sus adeptos, a entrar en el juego de la libre concurrencia de las ideas y los valores morales, que suele decidirse más allá de los refugios de la decencia moral. Miedo que esconde una desesperanza con respecto a la fuerza atractiva de los valores, de lo que cada uno tiene por bueno. Al convertirse en una premisa del Estado o, mejor, del aparato ideológico que lo soporta, la idea de que sólo es presentable en la sociedad una religiosidad light, dispuesta a transigir en sus creencias, las personas que mantienen convicciones religiosas profundamente arraigadas inmediatamente son marcadas con la sospecha de la intolerancia, es decir, con el estigma de un latente peligro social. Sospecha que les lleva con demasiada frecuencia a esa posición, que Tocqueville llamaba la «enfermedad del absentismo», por la que el hombre se repliega sobre sí mismo encerrándose en su torre de marfil, ajeno e indiferente a las ambiciones, incertidumbres y perplejidades de sus contemporáneos, mientras la gran sociedad sigue su curso.
Charles Taylor señala como una de las tres formas de malestar de la cultura contemporánea ese despotismo blando del Estado que convierte a parte de los ciudadanos en un tipo de individuos encerrados en sus propios corazones; con lo cual el propio Estado pierde el concurso de un estrato de población, empobreciéndose en su propia entidad. Aquellos ciudadanos sólidamente religiosos que podrían aportar muchas cosas al torrente circulatorio de la sociedad quedan marginados. Sin embargo, este estigma bastante difundido comienza a ser desautorizado, simultáneamente, tanto desde instancias jurídicas como sociológicas. En la Corte de Derechos Humanos Europea, por ejemplo, se insiste cada vez más en que no se pueden restringir la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Lo que implícitamente viene a afirmar es que el Estado debe correr el riesgo de la libertad en sus relaciones con las Iglesias: de otro modo cabe el peligro de la discriminación por intolerancia. Por ejemplo, cuando Régis Debray, nada sospechoso de clericalismo, preconiza el paso de
una laicidad de incompetencia o de combate a una laicidad de inteligencia en materia de educación religiosa apunta a un problema no sólo de Francia sino también de España. No se entiende bien la reticencia del gobierno de Zapatero a conceder un puesto digno a la enseñanza de iniciativa expresión. social y a la enseñanza de la religión, en un contexto europeo en el que hasta el laborista Blair en Inglaterra acaba de anunciar una reforma «crucial» de la enseñanza secundaria basada en la libertad: variedad de escuelas, libertad de elección, autonomía escolar, más poder para los padres y apertura a instituciones como iglesias, fundaciones, etc., para que puedan hacerse cargo de colegios financiados por el Estado.
Pero no sólo desde una perspectiva jurídica hoy viene matizándose la difundida idea de que constituyen un peligro para la comunidad civil los adeptos a las Iglesias, que mantienen y propagan convicciones religiosas sinceras y firmes. También se está llegando a la misma conclusión desde la vertiente sociológica. Hace un tiempo, un sondeo de Gallup vino a demostrar en Estados Unidos el tópico al que vengo refiriéndome. Esta organización ha desarrollado una escala de doce grados para medir el segmento de población considerado más religioso –highly spiritually commited-. Conclusión: aunque representan sólo el 13% de la población, estas personas, que podrían ser descritas como aquellas que tienen una «fe transformadora», son más tolerantes que la mayoría, más inclinadas a hacer actos caritativos, y más preocupadas por la mejora de la sociedad. Un 83% de los norteamericanos dice que sus convicciones religiosas -en la medida que son sinceras- les exigen respetar a las gentes de otras religiones. «La firmeza de las convicciones no excluye el respeto a los demás: lo favorece». Naturalmente, no ignoro que esta posición podría ser acusada de algo así como «ingenuidad axiológica», si estamos al tanto de lo acontecido por ejemplo -hace no demasiado tiempo- con los «Adoradores del Sol» en Suiza y, antes, en la Guayana con los seguidores del «reverendo» Jones, o con los fanáticos que sumieron el centro de Nueva York en un caos. Pero esto supondría que el Instituto Gallup o yo mismo estuviéramos aquí confundiendo «convicciones sinceras» con fundamentalismo, que es lo que realmente se oculta en los dos últimos ejemplos enunciados.
EL PELIGRO DEL FUNDAMENTALISMO
Con esto llegamos ahora al segundo peligro al que el Estado se expone manteniendo y fomentando esta visión negativa de la neutralidad. Es decir, cuando confunde laicidad con laicismo hostil. Me refiero al avance de los fundamentalismos. En este punto parece necesario trazar bien la línea divisoria que separa esta recusable posición, ciertamente patológica, de la anteriormente enunciada, esto es, de las personas con religiosidad firme.
En el plano de las convicciones -incluidas las religiosas- existe una doble patología: la del fundamentalismo y la del relativismo. Los fundamentalistas afirman una verdad que no necesita el consentimiento de la libertad de los otros para ser asumida y los relativistas afirman una libertad que no tiene el deber de reconocer la verdad. La posición intermedia es la unidad de verdad y libertad. La libertad del hombre tiene una necesidad interior de reconocer la verdad, allí donde la encuentra. Pero, por otro lado, no es posible imponer la verdad, hay que proponerla, que es algo muy distinto.
Cuando se confunden ambas mentalidades y el Estado reacciona intentando, indiscriminada e irreflexivamente, con una suerte de «fundamentalismo de la purificación social», arrojar fuera del ámbito de lo público todo valor moral o religioso, entonces es cuando el peligro se torna mayor, es decir, entonces es cuando el otro fundamentalismo -por reacción- pasa de ser un peligro latente para el Estado a un peligro efectivo. Revel ha precisado que el enemigo del Estado no es la religión sino su corrupción, que es la teocracia. Esto conviene entenderlo, porque, después de la caída del muro de Berlín, se ha difundido en la cultura europea lo que se ha llamado una cierta «mentalidad de bunker», tras la que alguna
intelligentzia se atrinchera, y que arroja en el mismo saco esas dos categorías tan diversas entre sí. «Mentalidad de bunker» que -como se ha hecho notar- tiene como resultado de su latente agresividad la estimulación de ciertas fuerzas internas de las religiones, que llevan a algunas personas, por reacción irracional, a la búsqueda de lo religioso de manos de fundamentalistas prontos a aprovecharse de la imagen hostil con la que se les ha etiquetado.
Para prevenir este peligro es necesario, ante todo, redescubrir la verdadera laicidad e instar a los Estados a que «corran el peligro de la libertad» en sus relaciones con las Iglesias. Por lo menos en la misma medida en que las Iglesias han sabido, frente a los Estados, correr idéntico riesgo. Pero, sobre todo, debe elaborarse una noción de tolerancia para que no sea intolerable la acción de los ciudadanos con convicciones. Se trataría de que la famosa expresión de Pilatos en su diálogo con Jesús: «¿Qué es la verdad?», no sea un punto y aparte, sino seguido. No el final de la cuestión sino -como observa Neuhaus- «el principio».
RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y LAS IGLESIAS
Llegados a este punto conviene explicar lo que deben ser los puntos clave en un correcto planteamiento de la relación de los Estados y las Iglesias hoy en día, incluidos, claro está, el Estado español y las confesiones religiosas que aquí operan. Entre lo temporal y lo espiritual hay una región fronteriza incierta. Como se ha dicho, «es natural que donde hay frontera, también haya incidentes». Ante estos incidentes, la historia anota dos reacciones que no han sido desgraciadamente infrecuentes: para el Estado la tentación extrema ha sido desembarazarse de lo religioso; para el poder religioso la tentación ha sido sofocar la necesaria e imprescindible autonomía del poder político. A la larga, ambas posturas han costado caras tanto al Estado como a las Iglesias. El equilibrio se centra hoy en la libertad religiosa, una noción que tenemos que volver a descubrir como el primero de los derechos humanos.
El gran novum, en el principio del tercer milenio, es el resurgir de las grandes religiones. De modo que la sociología cada vez más individualiza la desecularización como uno de los hechos dominantes en el mundo de finales del siglo XX.
Tal vez por ello, el núcleo duro de las relaciones entre el Estado y las Iglesias sea la libertad religiosa. En esta línea coincido con Neuhaus cuando establece las siguientes reglas del juego:
Primero: La soberanía, el Estado y el ámbito político deben ser definidos cuidadosamente, de modo que los temas más profundos, en torno a los que con frecuencia los hombres litigan ideológicamente, queden más allá de sus propios fines, lo que supone una revitalización de las instituciones intermedias.
Segundo: El proceso político debe quedar abierto a todos los ciudadanos de todas las convicciones, sin premios ni castigos basados en las convicciones religiosas o en la ausencia de las mismas.
Tercero: Las Iglesias deben reconocer los límites de sus competencias en la vida política y económica, orientando a sus fieles para que sean ellos los que actúen en la plaza pública.
Es decir, debemos superar con habilidad esa guerra fría religiosa que quieren imponer los extremistas de la «moralidad sin límites», y los fanáticos de la «cultura sin religión». O si se quiere, debemos huir de dos perversiones. La primera, esa corrupción de la religión, que es el fanatismo y el fundamentalismo integrista. La segunda, esa perversión de la verdadera laicidad que es el laicismo o la intolerancia secularista.
L a aprobación en el seno de la Comisión de Sanidad del Congreso del Proyecto de ley 121/000039, Técnicas de reproducción humana asistida -incorporadas las enmiendas de los diversos grupos-, remite ahora al Pleno del Congreso, al avocar éste, contra pronóstico, su debate y su votación. Aprobado el texto, éste pasará al Senado. Es previsible que antes de junio tengamos nueva ley, la tercera de la democracia en la controvertida cuestión de los embriones. En este provisional apunte sobre la nueva norma, el autor renuncia a comentar los aspectos jurídicos y de derecho comparado, como asimismo los aspectos hirientes para la población de convicciones cristianas; y sólo centrará su análisis sobre las más graves reservas éticas -aún mejor, bioéticas- del texto aprobado. Para otro momento queda el trasfondo social y político de esta ley y un análisis más profundo de su rechazo moral.
Las presentes reflexiones se realizan, pues, a la luz del texto aprobado en la Comisión de Sanidad, lo que significa que no estamos ante una redacción final de la ley. Para quienes lo contemplamos de forma crítica, persiste la esperanza de algún cambio para mejor. Pero esto puede ser ilusorio, porque estamos en presencia de una voluntad política que parece ir más allá del articulado del proyecto, ante una voluntad, no ya de ruptura con la Reforma Pastor, cuanto de transformación del sentido originario de estas leyes, limitado al marco reproductivo, a la ayuda a las parejas con infertilidad.
El nuevo articulado parece abrirse a una concepción utilitaria y cosificada de los embriones que, sobre la base de ampliar la ayuda a minoritarias patologías, se dispone a desenrollar la alfombra introductoria de una ley ulterior, sobre investigación, que permita la experimentación con embriones humanos vivos. Es bastante verosímil que el texto no sufra cambios importantes y que las enmiendas injertadas -de ocurrir- tengan mero carácter cosmético. Con todo, hay que felicitarse por la avocación del texto al Pleno del Congreso, en último momento, ya por ceder a la presión de los distintos grupos ya por superar la tentación de una reforma subrepticia ajena al pulso de la opinión pública -de luz y taquígrafos- que, sin duda, merece una ley tan importante, tan vital, cuyo norte debiera ser la búsqueda sincera de un consenso amplio y real.
PRESUPUESTOS DE LA NUEVA LEY
En efecto, una primera aproximación al documento impone el diagnóstico de rupturista, de portillo a un rodillo deslizante que, en poco tiempo, se expansione hacia un amplio portón por donde cuele cualquier tipo de manipulación imaginable sobre el embrión. De forma opuesta a lo afirmado por la ministra Salgado -la idea de debatir con los sectores interesados y buscar un amplio consenso-, el legislador ha renunciado a todo diálogo con el principal partido de la oposición, eludiendo un acuerdo con la mitad de la población1, pese a las tibias y circunspectas enmiendas procedentes del Partido Popular. Aquí la fuente inspiradora del proyecto, por lo que se ve, parece huir de toda «contaminación» con los principios determinantes de la Reforma Pastor. Y es por esto que, aunque brevemente, sea necesario aclarar las diferencias.
La Reforma Pastor fue una reforma pacata, titubeante y coja que, como otras leyes de la derecha, nunca cogió el toro por los cuernos. Por eso no transformó la ley socialista 35/88, de 22 de noviembre, y mantuvo esa caricatura de la ciencia que es el concepto de «preembrión», un término equívoco según se quiera meramente acotar el periodo preimplantatorio de un embrión tras un contacto natural -desde el primer día tras la fecundación hasta el quinto o sexto en que comienza la implantación y que se completará al término de dos semanas2– o, por el contrario, se le interprete como una fase no humana del ser embrionario, del embrión in vitro, durante la cual éste no habría consolidado su individualidad, condición imprescindible para poderle manipular o destruir. Fue por los años setenta cuando una hábil interpretación de la genetista MacLaren, en cuya historia no podemos entrar3, instrumentó los argumentos para desidentificar el carácter de organismo del embrión precoz y facilitó las bases de las leyes de reproducción asistida, primero en Inglaterra y después en el resto del mundo. Aunque la argumentación científica está superada4 y el término apenas tiene acomodo en la práctica científica, sigue siendo imprescindible para los legisladores como ficción necesaria desde donde pender la normativa manipuladora. La Reforma Pastor no cambió el concepto porque representaba un esfuerzo identificador demasiado poderoso para el gobierno de Aznar que, a toda costa, buscó con sinceridad un cierto pacto imposible. La nueva ley hace del término un sistemático manejo, aunque sus redactores parecen conscientes de la caducidad del concepto y con no menos ingenuidad lo definen aceptablemente, en una sorprendente ambivalencia que desvela su debilidad5.
El Proyecto Salgado de Reproducción Asistida no ha sorprendido a los que conocen y ponderan este tipo de leyes. En el fondo, más que en la forma, la ley oculta una verdadera transformación de los contenidos previos y se adecua a las demandas de los científicos y de las industrias de la reproducción asistida. Se puede decir que el proyecto participa de ese creciente plegamiento de los partidos socialistas, contra su tradición histórica, a la ciencia y, más que a la ciencia, al «cientifismo» de la ciencia, de la tecnociencia vinculada al mercado6, aunque el discurso político destacara, ante los medios, que el objetivo de la ley era facilitar que las parejas con infertilidad pudieran tener hijos -también mujeres solas-, aplicar estas técnicas a la prevención y tratamiento de algunas enfermedades, incrementar la seguridad de los procesos y ofrecer una mejor información a los usuarios7.
Pero la sencillez de estas intenciones oculta al desinformado ciudadano el deslizamiento ético que, cual caballo de Troya, encubre el proyecto: incremento de los depósitos de embriones sobrantes -y nueva espiral de embriones congelados-, legalización de la selección embrionaria, legitimación del uso de los nuevos embriones sobrantes para la experimentación, persistencia del riesgo de gestaciones múltiples8, apertura a la clonación y otras lindezas; corregidas, evitadas o prohibidas en numerosas leyes de nuestro entorno cultural9. Desde una perspectiva moral, viejas y nuevas agresiones a la vida humana incipiente y menosprecio de las reservas y preocupaciones éticas, dentro y fuera de España, presentes en las más importantes legislaciones del mundo occidental.
UNA NUEVA ESPIRAL DE EMBRIONES CONGELADOS
A nuestro juicio, el daño esencial en el que recae la ley es una encubierta apertura a la libre producción de embriones, con el previsible retorno a la acumulación de embriones sobrantes que la Reforma Pastor había intentado suprimir. A las protestas de los biólogos de la reproducción asistida, el Gobierno ha respondido no con una normativa acotada a la producción de tres, cuatro, cinco embriones -mal, pero mal menor- sino transformando el sentido de la norma. En ésta no se limita ya el número de los producidos, se limita -eso sí- el de los que pueden ser transferidos al seno materno, no más de tres por cada ciclo reproductivo. Pero la producción de embriones queda circunscrita al número «razonable» para garantizar el éxito en cada ciclo reproductivo, obviamente a juicio del técnico. Pero ¿quién garantiza cuál es ese número «razonable»? ¿O quién lo controla? Y aún mejor, ¿quién lo denuncia si se produce una corruptela?
Puestos a interpretar el designio del legislador sobre la incongruencia de volver a incrementar los depósitos de embriones crioconservados, uno se ve obligado a recordar que es opinión bastante común, entre investigadores, la idea de la escasa «calidad» de los embriones largos años sometidos a congelación, llegándose a decir que ni un 3% de los mismos serían verdaderamente válidos para la experimentación10. Ahora sí se percibe más claro el estímulo -y si no, la carencia real de control- a la libre producción de embriones. Se trata, por vía indirecta, de disponer de suficientes embriones frescos, nuevos, y de embriones útiles para la investigación, para detraer resultados verificables y cambiar, tal vez, el signo decepcionante de las expectativas de las células madre embrionarias.
En efecto, el capítulo IV remite a la «investigación con gametos y preembriones humanos», donde lo más específico es la autorización para investigar o experimentar con embriones vivos sobrantes de la reproducción asistida. Otro punto capital de la ley. A mi juicio el proyecto amplía el portillo abierto por la ley del 88 -que permitía la investigación con embriones «no viables»- y la rendija de la autorrestringida Reforma Pastor y, por primera vez, transforma el significado reproductivo que fundamenta la creación artificial de un embrión -en las leyes de reproducción asistida- e introduce un nuevo significado fundante, el significado de la investigación embrionaria: los individuos humanos incipientes, a los que llamamos embriones, podrán ser producidos en un tubo de ensayo y servir como material de experimentación.
El significado profundo de la creación artificial de un embrión en la esperanza de su acceso a la vida, se diversifica ahora en el proyecto con la expectativa de un destino hacia la muerte. Los embriones pasan de ser «individuos» a los que tratamos de que nos revelen y resulten útiles a un proyecto de vida, para convertirse también en «cosas» que producimos para morir, con la esperanza de que sus misterios nos revelen el secreto de la inmortalidad. La nueva ley se promete, desde una probada experiencia, que al cabo de poco tiempo un amplio stock de neoembriones vivos y sanos, con escaso daño congelativo, estará al servicio de los investigadores que todavía creen en los usos terapéuticos de las células madre embrionarias.
Producir embriones sobrantes -o perseguirlo sólo sobre el papel- con el secreto designio de disponer de embriones vivos y frescos, válidos para investigar, ha sido la pretensión del cientifismo en muchos países del mundo, Norteamérica el primero. Pero ha venido siendo el muro de separación de lo moral sobre lo inmoral, de lo justo sobre lo injusto. Así lo comprendió la Comisión Asesora de Bioética de Estados Unidos -la NBAC- cuando, presidida por Shapiro y en respuesta a Clinton, rechazó la producción libre de embriones para investigación, aceptando el uso de los sobrantes viejos de la reproducción asistida. Y como ésta, otros muchos comités de bioética de todo el mundo, con mayor o menor capacidad de cinismo, todo hay que decirlo. También la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (CNRHA) se opuso a la libre producción embriones para investigación. La Ley Salgado tampoco lo acepta directamente -ya lo hemos comentado- pero al no fijar el número y las condiciones para la producción de los embriones que luego se irán a insertar, garantiza de hecho un plus de más, un excedente de embriones que inexorablemente se producirá y que -como en aquel salomónico juicio de la madre buena y la madre mala- se someterá a la ley, con la dificultad de que aquí no disponemos de un rey Salomón. En algunos casos los padres optarán por cederlos para investigación, porque, desde ahora, las leyes del Estado no les garantizarán sus vidas, aunque sólo fuera como «bienes» jurídicamente protegidos.
¿Que la ley establece cautelas para legitimar el acto? Ciertamente, pero esto parece lo lógico. Los requisitos son los habituales, que los padres «biológicos» -o la madre aisladamente- deben autorizar la experimentación de sus hijos embriones una vez hayan sido informados, que los embriones no tengan más de catorce días en el momento de la investigación y que ésta se produzca de forma reglada, previo informe favorable de la CNRHA o del órgano competente en el caso de investigar con células embrionarias. Todo parece adecuado y políticamente correcto. Pero no pasa de ser la reglamentación de lo injusto: que el embrión humano, por mor de un prestidigitador, deje de ser un bien protegido por la ley y pase a bien jurídico desprotegido, aherrojado al far-west de un proceso de inseguridad jurídica perfectamente calculado.
Las diferencias con el espíritu de la Reforma Pastor son, en este punto, radicales. La reforma del PP nunca incluyó, ciertamente, una clave interpretativa que recondujera, desde un punto de vista ético, la aparente y subrepticia legitimación de la investigación embrionaria. Es por esto que muchos la interpretaron como una legalización de facto. Pero no iba a ser así al parecer, pues el proceso de descongelación de los embriones -en un centro específico- se hubiera llevado a cabo de acuerdo con un protocolo que no presumía la recuperación biológica de los embriones congelados, viables y no viables. El protocolo habría permitido recuperar productos del embrión, células, núcleos, ciertamente, pero nunca embriones vivos. Por lo tanto, la Reforma Pastor había ideado un campo de nadie y de todos -legítimamente ético- que hubiera permitido algún grado de investigación con productos embrionarios, pero nunca la determinada experimentación destructiva que ahora se pretende.
Finalmente, el articulado contempla unos requisitos para la investigación embrionaria que sancionan como falta «muy grave» el incumplimiento de los límites y procedimientos contemplados en la norma. Algo que nos parece bien, pero ¿hasta cuándo esto podrá ser verdaderamente controlado y controlable? Entreabierto el portillo del fraude se abre el portón de la frivolidad más irracional, casi imposible de perseguir. Y si no que se contemple y reflexione sobre lo que ha dado de sí, entre nosotros, el control legal del aborto. Con la desvirtuación de la ley y con la parálisis de la justicia en este tipo de leyes hay que contar siempre; y ésta es una cuestión que exige de un debate profundo y radical en la sociedad. Que los que nos oponemos a legislaciones que ignoran la dignidad de la vida humana embrionaria, veamos nítidamente quién está a favor o en contra de estas leyes, que tengamos claro a quién hay que votar o no votar en los próximos comicios.
SE PERMITIRÁ LA SELECCIÓN EMBRIONARIA
El tercer contenido crítico de la presunta ley es la «selección embrionaria». Otro ámbito de debate que ha consumido ríos de tinta en las últimas décadas y que el Proyecto Salgado supera con la más tranquilizadora trivialidad. En efecto, la ley legitima el diagnóstico preimplantatorio o preimplantacional (DPI), uno de los aspectos más controvertidos de las leyes de reproducción asistida y que, de alguna forma, ya se llevaba a cabo en España. Se trata de producir un número generoso de embriones, y estudiarlos desde el punto de vista genético, antes de proceder a la inserción de los mejores -de los sanos- en el seno materno. El chequeo genético es una intervención por la que se somete al embrión de 6-8 células a la separación y extracción de una de ellas, lo que se ha venido a llamar una biopsia embrionaria. Su fundamento nace del deseo de tener hijos sanos por parte de una pareja portadora de un gen patológico y dominante que, de transmitirse, convertiría al embrión hijo primero y al niño después en enfermo de la patología genética.
Tras el estudio de esta célula de cada embrión, los tres, seis, nueve embriones sanos son seleccionados, en tanto los portadores del gen patológico -los enfermos- son congelados y la mayor parte de las veces destruidos. Si se tratara de «cosas», de embriones de animales, de ratas, perros, etc., nadie lo vería mal. Pero aquí los embriones que se destruyen están vivos y darían lugar a un bebé vivo, y son individuos humanos a los que cabe considerar personas, sólo que portadores de la anemia de Fanconi, del grave déficit inmunológico inducido por un gen dañino o de otra enfermedad genética -cualquiera que sea- y con una previsible «mala calidad de vida», término en Medicina que se ciñe únicamente a la mera condición física o corporal del sujeto, independiente de sus condiciones psíquicas, su inteligencia, su grandeza de alma o su espiritualidad que bien pudieran llegar a ser excepcionales.
Para un buen utilitarista conseguir un bebé sano es lo único importante. La forma y el medio son secundarios, y obviamente no experimenta la menor reserva ante el proceso selectivo y la destrucción práctica de los embriones patológicos. Ni comprende ni estima la reserva moral grave que sostiene una parte de la bioética ante lo que es una verdadera eugenesia -se diga lo que se diga-, aunque no sea comparable o ponderable con otras formas crueles y sádicas de la historia de la eugenesia11. Volvemos a lo mismo: hoy es un portillo, una rendija de la eugenesia «humanista»; mañana, pasadas dos décadas y asumida como algo natural -como antes el aborto eugenésico-, ¿qué grado de insensibilidad o de inclemencia podrá cristalizar en esa sociedad en el trato de los ancianos, de los disminuidos psíquicos, de los pacientes terminales y en tantas otras muestras de extrema debilidad de los seres humanos en la agonía o en el tramo final de la vida?
La selección embrionaria que, en el DPI, encuentra la justificación para su legalidad, abre el portillo de la habilitación de equipos técnicos para esta tarea que, dada la infrecuencia de los casos límites, escudriñarán nuevos contenidos para el ejercicio de las aptitudes adquiridas o de las inversiones realizadas. Pronto, el «bebé a la carta» podría no verse como algo incongruente, y desde la demanda de la «elección de sexo» a otros disparates, nada tendrá fuerza de razón para evitarlo, pues si se legitima destruir vidas humanas porque están enfermas ¿por qué no poder elegir a voluntad el sexo de los embriones hijos y, en todo caso, congelar los del sexo preferido y que sirvan para la investigación? Además, la ley permite la selección del sexo embrionario con fines terapéuticos, cuando la patología genética que se pretende evitar vaya ligada al sexo, aunque parece precisar de una autorización legal. La lógica del utilitarista es ésta, que el fin justifica los medios, y que un buen resultado vale más que cien verdades. Cuando a la ficción del preembrión se le dio contenido científico, comenzaba el largo y cálido verano de un agostante declinar moral en la defensa de la dignidad humana, a hechuras del desarrollo tecnocientífico, del creciente dominio de la ciencia sobre las ideologías, la filosofía y la política. Pero ésta es nuestra realidad y de poco vale quejarse.
No es necesario profetizar para asumir que el denominado bebé de diseño –a la carta– será en pocas décadas un producto rutinario de nuestra modernidad tardía, caprichosa, descreída y relativista. De ahí la frivolidad de la Ley Salgado, cuando en el artículo 12 del capítulo II y en los puntos 1, 2 y 3 legaliza la práctica del DPI aunque, como siempre, lava la cara de la mayor con la menor, con aquello de que la autoridad sanitaria deberá informar a la CNRHA, si bien no explicita si ésta debe emitir algún dictamen que, en cualquier caso, no sería vinculante. Nuevo sarcasmo, dado que la citada comisión se nombra casi a dedo por el poder y está hegemonizada por técnicos de la fertilización in vitro que, obviamente, suelen barrer para casa, salvadas las escasas bocas disonantes de la comisión.
TAMBIÉN TERAPIA GÉNICA Y CLONACIÓN
Para finalizar, en este breve apunte no deben faltar los dos últimos toques de gracia de la ley. Me refiero a la introducción de la terapia génica o genética y a la clonación. La terapia genética es una tecnología ambiciosa pero controvertida, muy incipiente, limitada a poquísimos grupos en todo el mundo y sin un bagaje de experiencia en cuanto a enfermos. Pero en nuestra presunta ley no puede faltar nada que reste vitola de progreso al legislador y, cómo no, lo que es una tecnología punta se desflora y oferta ya al ciudadano como una tecnología de utilidad inmediata. Como si de una técnica más se tratara y sin saber nadie qué será a la larga de estos niños, en cuya etapa de embriones han sobrevivido a la poderosa manipulación de sus genomas por la llamada «cirugía genética».
De nuevo la obsesión por las rentas de imagen enamoran al legislador, y levanta un nuevo portillo, esta vez del «amejoramiento» genético, una extensión del «bebe a la carta» en el que no vamos a detenernos y que, obviamente, también resulta sancionable en el artículo 25. En efecto, la ley reserva acomodo a esta técnica en el artículo 13 del capítulo III y de alguna forma la legitima como terapéutica, cuando en verdad sólo está siendo un proyecto de perspectivas terapéuticas superrestringidas, que no precisaba de su inserción en esta ley que, como su nombre indica, se refiere a la reproducción asistida.
Por otra parte, aunque desde el punto de vista de la ética la resolución individual y prenatal de un defecto congénito, genético y abordable no ofrece reservas morales -porque la dignidad de un embrión ya constituido y en la existencia parece reclamar, de suyo, los intentos curativos si son responsables-, la terapia génica es hoy más investigación que un verdadero ámbito terapéutico. Pero los redactores del proyecto quieren deshacer cualquier atadura que pueda obstaculizar aquello de «manos libres» en estos ámbitos novedosos de la dinámica embrionaria. Atrás queda eso de la prudencia y la sabiduría, de la oportunidad o no oportunidad de contemplar estas fronteras de la técnica en la nueva ley; pero eso es algo que huele a virtudes aristotélicas y éste fue un prócer de la filosofía que ya nos queda muy lejos. Menos mal que la realización de estas prácticas exige un dictamen previo y favorable de la CNRHA y que hasta nos prometen un reglamento.
Por fin, el último contenido crítico de la presunta ley, al que quiero aludir, es la apertura a la clonación. La presunta ley de reproducción humana asistida no deja fuera la clonación, aunque prohíbe la práctica de técnicas de transferencia nuclear con fines reproductivos, es decir, la denominada «clonación reproductiva». No así la «terapéutica», que no es aludida y que por lo tanto no se prohíbe. La cuestión merecería un espacio que no ha lugar. Baste decir que, tras el fraude de los científicos coreanos dirigidos por Hwang Woo-suk y el escepticismo que impera entre científicos sobre la dificultad de conseguir núcleos clonados verdaderamente humanos, el propósito de legitimar la denominada clonación «terapéutica» aparece bastante deslucido. No se puede hacer otra cosa que repudiar de la forma más enérgica esta vereda paralela e inmoral del cientifismo recalcitrante. Muchas son las voces que se han alzado contra la clonación y las reflexiones públicas en los países de nuestro entorno cultural que la han prohibido, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos y la propia ONU en una resolución de la Asamblea General, también el Consejo de Europa y la UNESCO y muchos otros más, la mayoría.
Para la ministra Salgado -imagen elegante de ocultos y radicales asesores- la apertura a la clonación humana es una inversión con éxito y vitola de progreso garantizados. Da lo mismo que, en la Asamblea General de la ONU (2005), tres cuartas partes del mundo la hayan rechazado como práctica repudiable e insten a los gobiernos a que prohíban todo tipo de clonación humana; que voces eminentes del socialismo hayan elevado reservas justificadas contra la misma12; da lo mismo que España contribuyera a frenar en la ONU los intentos legislativos de Francia y Alemania -de Gerhard Schroeder, después resignado a su prohibición-; da lo mismo el rechazo vigoroso de todas las morales religiosas del mundo; da lo mismo, en fin, lo que sea, si su aprobación incorpora el beneplácito de algunos científicos y el ciudadano de la calle, en la ignorancia más absoluta, queda impactado por el impulso legislativo del gobierno y de lo que es capaz de hacer por el «progreso» de los ciudadanos, la marca de la casa.
Eso sí, para un lector superficial, el artículo 25 del proyecto declara infracción «muy grave», «la práctica de técnicas de transferencia nuclear con fines reproductivos» -todo un exceso de celo-, como si la ley pudiera prohibir el matrimonio de los varones españoles con las mujeres nacidas en el planeta Marte. Esto es, cuando lo único que se puede aprobar hoy son los intentos por conseguir una verdadera y verificable clonación humana -esto es, la clonación de investigación o terapéutica-, la que el proyecto no prohíbe. Prohibir el futurible de un clon aparentemente imposible no deja de ser una broma, aunque bueno sea prevenir, en un país de bandazos, como el nuestro. Demos paso, en fin, a los trámites del proyecto y esperemos que algo o alguien nos levante el ánimo. No perdamos la esperanza.
NOTAS
1 «Es difícil ver cómo puede la democracia, que descansa sobre el principio mayoritario, mantener la vigencia de los valores morales no apoyados por la convicción de la mayoría sin introducir un dogmatismo que le es esencialmente extraño» («La libertad, la justicia y el bien», discurso en el Institut de France en 1992, por Joseph Ratzinger, En Verdad, Valores, Poder, Ediciones Rialp, 1995.
2 Cfr. Natalia López Moratalla y María J. Iralburu Elizalde, Los quince primeros días de una vida humana, Eunsa, 2004, págs. 131172.
3 Cfr. Modesto Ferrer Colomer y Luis Miguel Pastor García, «Antecedentes e historia del preembrión», en La Bioética en el milenio biotecnológico, Editores L. M. Pastor García y Modesto Ferrer Colomer, Sociedad Murciana de Bioética, 2001, págs. 105138.
4 Cfr. Piotrowska et al., 2001, Development 128, 37393748.
5 El preembrión es interpretado «como el embrión in vitro constituido por el grupo de células resultantes de la división progresiva del ovocito desde que es fecundado hasta 14 días más tarde».
6 Cfr. Jurgen Habermas, Ciencia y técnica como «ideología», Tecnos, 4.a ed., 2002.
7 Cfr. Declaraciones de la ministra Elena Salgado, Europa Press, 8205.
8 Según un estudio de la revista Medicina Clínica, los partos múltiples se han incrementado considerablemente en España en los últimos veinticinco años. Una tendencia que no frenará la legislación ahora propuesta. Inglaterra se plantea la conveniencia de limitar la transferencia al seno materno mediante la inserción de un solo embrión por ciclo reproductivo, a causa de los partos múltiples y los peligros para la madre y los hijos. Bélgica, Holanda, Finlandia y Suecia ya han adoptado medidas similares.
9 Nos desmarcamos de EE.UU. (Human Reproduction Bill de 2001: penas de cárcel para quienes producen embriones con fines diferentes al reproductivo o mediante técnicas que no sean la fecundación del óvulo), de Italia (Ley de 2004, que prohibe cualquier experimentación sobre el embrión, la selección embrionaria, la clonación terapéutica, la producción de embriones sobrantes, etc.), de Alemania (Ley 745 en vigor desde 1991, que prohibe la investigación con embriones, la producción de embriones sobrantes, la clonación y otras normas restrictivas), también de Polonia, Lituania y Eslovaquia, y de Suiza y Francia (la ley prohíbe la clonación y la producción de embriones para investigación, etc.). Nos hacemos compañeros de viaje de Finlandia, Grecia, Dinamarca y Suecia y, sobre todo, de Inglaterra que, en 2005, parece haber superado, en medio de no escasa polémica, los obstáculos para la legalización de los bebés de diseño, especialmente de los bebés «terapéuticos». Y obviamente, en su espíritu, la Ley Salgado parece ignorar la prohibición del Convenio de Oviedo de producir embriones para investigación y el rechazo de todo tipo de clonación por el Parlamento Europeo (2000) y Naciones Unidas (2005).
10 Cfr. entrevista a Josep Egozcue, La nueva ley de reproducción asistida, www.eugin.net/castellano/articulos/josep Egozcue (31-12-2005).
11 Interesante aportación en Derecho y nueva eugenesia, de M.a Cruz Díaz de Terán Velasco, Eunsa (2005). Y en La Bioética en el milenio biotecnológico, por Gonzalo Herranz Rodríguez.
12 Jurgen Habermas, El futuro de la naturaleza humana, ¿hacia una eugenesia liberal?, Paidós, 2001.
Estas líneas se escriben con motivo de la publicación del tomo II/1 de Política, cultura y sociedad en la España de Franco (1939-1975) cuyo autor es el profesor Gonzalo Redondo (Universidad de Navarra) y que narra el devenir histórico de España entre agosto de 1947 y junio de 1951.
Ciertamente se puede afirmar que «la Historia no sirve para nada», pero, a la vez podemos asegurar, que si se quiere ayudar a configurar el futuro, es necesario saber historia. Toda persona interesada en conocer «su tiempo» e intervenir en él, encontrará en este libro una ocasión de reflexión, una herramienta útil de manera especial para todos aquellos interesados hoy en participar en la «cosa pública».
Es inevitable, casi biológico, que cada cierto tiempo los españoles nos planteemos la pregunta ¿qué es España? Y ¿quiénes somos los españoles? La identidad de una sociedad desde el punto de vista cultural y político es un proceso de siglos; ¿quién podrá fijar la fecha que marca el inicio de nuestra realidad histórica actual?
La reflexión sobre el ser histórico de España es el argumento con el que se inicia el libro de Gonzalo Redondo. El autor estudia las respuestas que entre 1947 y 1956 formularon tres personalidades de la cultura española -Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz y Américo Castro- a esa problemática. No obstante sus diferentes peripecias y vicisitudes personales, los tres intelectuales estaban de acuerdo en la existencia de una «conciencia nacional» en los españoles, y en el papel rector que debían asumir las minorías dirigentes para conformar esa conciencia nacional. Tres personalidades liberales, bien en el exilio o centradas exclusivamente en su trabajo, coincidían en una visión que armonizaba conciencia nacional y minoría dirigente.
A la configuración de esa «conciencia nacional» empeñaron su esfuerzo las diversas y minoritarias «minorías dirigentes» del franquismo desde distintas instituciones del Estado o provinciales. Se trataba de imponer desde el Estado a los ciudadanos una conciencia «nacional y católica», que entendían como única y verdadera, y que cuyo abandono y negación por parte de liberal-demócratas, socialistas, demócratas radicales y comunistas había sido el origen de los problemas de España.
Gonzalo Redondo individualiza y presenta las iniciativas que con este objetivo fueron formuladas en España por las minorías dirigentes desde 1947. Unas minorías que, entre 1947 y 1951, mantuvieron una colaboración absoluta y estrecha. No será sino a partir de 1951 cuando se produzca la fractura y, finalmente, la confrontación total. Hasta 1951 esa unión básica va ser completa en lo que consideraron la oportunidad excepcional de construir lo que el autor denomina «Estado tradicional» . Es decir, una respuesta cultural y política que pretendía cimentar de modo definitivo la historia de España y consolidar un régimen duradero por ser el «verdadero». Se trató del intento de imponer una particular interpretación de la historia sobre la sociedad, al mismo tiempo que se controlaba la vida social para garantizar que se recibía y se aceptaba la adecuada interpretación histórica.
Aquel intento es la historia de un gran fracaso, a pesar de que en él pusieron su empeño las principales figuras intelectuales y políticas de España: Pedro Laín, Calvo Serer, Ruiz-Giménez, Ángel Herrera, Pérez-Embid, Tovar, José Luis L. Aranguren, Alfredo Sánchez Bella…
Este volumen, unido al que abarca el periodo 1951-1956, supone un paso de gran alcance en el estudio que Gonzalo Redondo ha realizado en los últimos veinte años en la Universidad de Navarra sobre política y cultura, desde 1931 hasta 1956. Como realidades unidas a su trabajo investigador, el profesor Redondo ha consolidado un grupo de investigadores en Historia de España en el siglo XX, siempre en un contexto europeo, y un fondo histórico de archivos personales en el que ya están integrados más de ciento cuarenta archivos. Estamos, por tanto, ante la obra de un gran académico.
Este segundo tomo de la vida cultural y política de la sociedad española durante cuatro años de mandato personal y autoritario de Francisco Franco es realmente «una obra mayor».
El hecho de haber utilizado más de un centenar de archivos personales, que muestran las ideas de buena parte de los dirigentes que trataron de configurar en esos años la vida política y cultural -en su sentido más amplio-, bastaría para constatar la importancia y novedad de esta publicación.
Hablar de política y cultura en la sociedad significa abarcarlo todo, porque todo importa a la hora de analizar cómo se intentó configurar desde el Estado una sociedad -en aquellos años, la española- de acuerdo con unos determinados planteamientos. Un proyecto político y cultural que era mayoritario, podemos decir único, en los políticos, intelectuales, universitarios, personas de cultura de España desde 1947. Quizás el único proyecto un tanto divergente, iniciado por Ortega y Marías, también estudiado por Redondo, se agostó al poco de nacer.
El lector tiene la impresión de que Gonzalo Redondo ve España en el tiempo de Franco como un campo de pruebas privilegiado para el historiador. Es un ámbito bien delimitado cronológicamente; además, los grupos y personalidades que buscaron conformar política y culturalmente la sociedad eran limitados e identificables. Por ello, el estudio de sus proyectos «sólo» exige paciencia, dedicación y esfuerzo, que es lo que transmite Redondo en estas páginas, aunque todo historiador sabe que en el fondo siempre hay aspectos y cuestiones que quedan en penumbra por no haber podido consultar un archivo u otros motivos.
Si, como es ya sabido, la ética del historiador está en agotar las fuentes, la utilización de un centenar de archivos personales, con correspondencia privada, diarios inéditos o que sólo se conocen parcialmente, ha permitido a Gonzalo Redondo renovar los enfoques historiográficos y superar los excepcionales trabajos que nos había ofrecido desde 1992. Su rigor y capacidad de matizar, en lo referente a los conceptos empleados, sitúan al profesor Redondo en la frontera de la renovación de la historiografía sobre la España del siglo XX, desde aquel inolvidable libro Las empresas políticas de José Ortega y Gasset en 1970.
El fondo de archivos y documentación para la historia del siglo XX en la Universidad de Navarra exige dos palabras. Hecho realidad por el trabajo de Gonzalo Redondo, con la ayuda de la extraordinaria «archivera-conservadora» que es Inés Irurita y del profesor Fernando de Meer, es una gran instalación para la investigación avanzada en historia, a partir de fuentes primarias, única en el mundo académico continental.
En esta obra de Gonzalo Redondo nos encontramos ante un historiador que entiende que «la Historia es el campo de la acción libre de Dios y de los hombres», y además «no existen leyes de ningún tipo a las que la Historia deba ajustarse». Por tanto, para el autor el hombre no está solo, pero es completamente libre para llevar a cabo las decisiones y proyectos con los que desea comprometerse. Es libre, incluso, para ignorar que no está solo.
Estamos ante un historiador de personas y de los proyectos de las personas, convencido de que ni el presente ni el futuro se ganan llenando el recuerdo de explicaciones falsificadas. Redondo entiende que el valor de la historia no está en servir de apoyo a proyectos políticos o discursos sobre la normalidad o anormalidad de la historia de España, por poner un ejemplo. Tampoco como instrumento para la creación de una supuesta conciencia nacional. La historia tiene sentido al tratar de comprender y rastrear en su profundidad las decisiones libres que las personas adoptaron y cómo trataron de hacerlas realidad en el ámbito en el que les tocó vivir, y de acuerdo a qué parámetros. La consecuencia de esas acciones es el presente. No somos el resultado de corrientes de la historia sino de decisiones libres tomadas por personas como nosotros.
En consecuencia, Gonzalo Redondo narra una historia de España en la que se van entrelazando las personas y sus proyectos políticos y culturales. Entendiendo política y cultura en su sentido amplio y profundo. Esto hace que, por un lado, no estemos ante una historia de las minorías, sino de las personas que integran esas minorías. No obstante, el objeto de estudio son todas las minorías que trataron de conformar esa conciencia nacional. Dentro de las minorías que existieron le merece una atención especial aquella que gozaba de un mayor grado de autonomía respecto del Estado: la eclesiástica.
La totalidad del volumen es como una sinfonía en la que de modo armónico aparecen, al compás riguroso de la cronología, los personajes, las iniciativas con las que desde instituciones estatales o provinciales, pretendieron conformar la sociedad española, los dirigentes eclesiásticos -esenciales para configurar esa determinada conciencia nacional, que era entendida como católica- y las minorías monárquicas -imprescindibles para asegurar el futuro de un Estado que se ha constituido en reino-. Todos ellos desarrollando sus acciones al mismo tiempo y en un contexto internacional determinado -guerra fría- y condicionados por un Vaticano que seguía viendo como transitorio un régimen, que hacía de su pretendido carácter católico una de sus señas de identidad política.
El lector se introduce inmediatamente en el diálogo planteado por Redondo, pues los problemas que analiza son de un alcance permanente. ¿Cuál es la función de la minoría que se dedica a la vida pública? El autor es absolutamente claro en este aspecto. El único sentido que puede tener es ayudar a promover el desarrollo libre, la vida social y nunca condicionarla, predeterminarla o anularla.
Son las personas que componen la sociedad las que deben decidir qué quieren ser y cómo se quieren organizar, y no unas minorías las que pretendan hacer escribir al resto al dictado de sus proyectos. Es la vida libre de las personas en sociedad, problemática, contradictoria y difícil, lo que debe centrar la labor de las minorías y no la imposición de sus particulares proyectos. Esa tentación en la que cayeron tantos ejemplares y sus dóciles.
Se ha dicho de un conocido intelectual francés del siglo XX que era como una «planta vieja de un mundo más viejo que florecía misteriosamente en un suelo pobre; sin embargo, esa vieja planta era necesaria para proteger a los árboles más jóvenes». Creo que esa expresión también puede ser válida para Gonzalo Redondo. Sus obras transmiten pasión por la persona y por su libertad, condición imprescindible para que ésta pueda tomar decisiones responsables, verdadero camino para la mejora de la sociedad.